La criminalización del rap

Ana Valero

Si se repasan los casos en los que la libertad de expresión ha sido limitada en los últimos años en España, que son muchos, no es difícil reparar en el hecho de que, de todos ellos, los únicos que han derivado en una condena penal privativa de libertad han sido los de los raperos.

La lista, como decía, es amplia y en este blog hemos dado cuenta de la mayoría de ellos. Haciendo una revisión de los mismos no es difícil agruparlos en tres grandes categorías en función del delito atribuido a sus autores:

En una primera categoría englobaríamos todos los casos en que el motivo de la judicialización ha sido la supuesta comisión del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525 de nuestro Código Penal. En ella incluiríamos los casos de: Javier Krahe -juzgado por un vídeo en el que enseña “cómo cocinar a un Cristo”, filmado en el año setenta y siete y que fue emitido en el 2004-; Rita Maestre -concejala del Ayuntamiento de Madrid, procesada por realizar un acto de protesta en la capilla de la Universidad Complutense en el que se desnudó de cintura para arriba-; Abel Azcona -artista plástico y de performance que compuso con 242 hostias consagradas la palabra “pederastia”, como una de sus obras creativas-; y Leo Bassi -actor cómico que en el año 2010 protagonizó en público una parodia de Juan Pablo II y consagró preservativos que distribuyó en Paraninfo de la UVA-.

En un segundo grupo estarían todos aquellos casos en los que el delito de enaltecimiento del terrorismo o la incitación al odio y a la violencia son las conductas perseguidas, las cuales se encuentran tipificadas en los artículos 578 y 510 del Código Penal respectivamente. Aquí cabría mencionar: el caso de los titiriteros que fueron encarcelados preventivamente porque en su obra de teatro aparecía un guiñol de trapo que exhibía una pequeña pancarta  en la que se decía “Gora Alka ETA”; el del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que fue juzgado por chistes sobre el Holocausto o Irene Villa publicados desde su cuenta de Twitter en el marco de un debate y reflexión sobre los límites del humor negro; y el caso de Cassandra, la joven que publicó en su cuenta de Twitter diversos tuits en tono satírico sobre la figura de Carrero Blanco.

Al enaltecimiento del terrorismo y la incitación al odio en ocasiones se ha sumado el delito de injurias a la Corona o injurias a las Instituciones del Estado, como en el caso del director de la revista satírica El Jueves por publicar un artículo satírico titulado “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Pero en este artículo vamos a centrarnos exclusivamente en el examen de los casos en los que los autores de los delitos imputados son raperos y ello porque, como señalaba al inicio, curiosamente son ellos los únicos que han sido finalmente condenados penalmente por los tribunales. Asumiendo el riesgo de poder ser tachada de excesivamente subjetiva en los argumentos que voy a esgrimir a continuación y aceptando la posibilidad de que se trate de una mera coincidencia, pretendo barajar distintas variables que deberían ser tenidas en cuenta en el análisis de esta, a primera vista “casual”, realidad.

 En primer lugar nos encontramos con el caso del rapero Valtonyc, que ha sido condenado a tres años y medio de prisión por haber cometido, según el Tribunal Supremo, los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona a través de las letras de sus canciones publicadas en Youtube con mensajes como “en el palacio del Borbón, Kalashnikov”, “un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO” o “que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”, entre otras.

Por los mismos delitos ha sido condenado a dos años de prisión por la Audiencia Nacional el también rapero Pablo Hasel, al que este órgano judicial le aplica la “doctrina Valtonyc” por el contenido de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción en YouTube que incluyen frases como “Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”; “La Guardia Civil, como hasta el tribunal europeo ha dicho, ha torturado”; “la policía asesina con total impunidad”; “Las manifestaciones son necesarias pero no suficientes, apoyemos a quienes han idos más allá”.

A los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Instituciones del Estado y a la Corona se suma el de discurso del odio en el caso del rapero César Strawberry, condenado por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por varios comentarios que publicó en su cuenta de Twitter en los que ironizaba con la vuelta de ETA y los GRAPO. Entre ellos se pueden mencionar: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”; “Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”; “Ya casi es el cumpleaños del Rey ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”; “Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”.

Y, por último, cabe señalar la condena por parte de la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión de los doce integrantes de la banda de rap La Insurgencia, por el delito de enaltecimiento de terrorismo en el que, según este tribunal, incurrían las letras de sus canciones. En ellas se pueden escuchar frases como estas: “Yo soy un romántico de la lucha armada, chico, te lo explico, revolución o nada”; “Somos comunistas no librepensadores, contra los opresores violencia legítima”; “Mis héroes no son capos, mis héroes son GRAPOS, lánzame el tirito que yo no entro al trapo”; “Somos el vuelo de Carrero, el deseo de un golpe certero”.

El activismo político y social siempre ha encontrado en la música su banda sonora. Desde el juglarismo medieval a la canción protesta de los años 60 y 70, desde el reggae de los 70 al punk de los 80 y 90, en todas las épocas encontramos himnos generacionales vinculados a movimientos sociales. Y el rap no es una excepción, es más, es uno de los géneros musicales donde dicha vinculación se produce más nítidamente pues sus letras se distinguen por mantener una constante crítica y rebeldía.

El rap nació en los años setenta en el Bronx negro de Nueva York. Proviene del acrónimo del inglés Rhythm And Poetry (ritmo y poesía) o Rage Against Police (rabia contra la policía) y desde sus inicios tuvo un contenido contestatario que lo unió inmediatamente al grafiti.

En la actualidad si hay algo que caracteriza al rap a nivel mundial es su profundo carácter anticapitalista y, a nivel estatal, su orientación antifascista, su carácter de altavoz de las quejas de las clases desfavorecidas y, sobretodo, y esto es muy relevante por el tema que nos interesa, su llamamiento a la movilización, algo que lo convierte en especialmente atractivo para la juventud. Podríamos decir que es combativo y, por tanto, molesto para el poder.

Dicho carácter podría explicar nuestra hipótesis de partida: ¿existe algo más a parte de lo que, desde mi punto de vista, es una mala praxis en la aplicación de un Código Penal como el español que además contiene “delitos de opinión? ¿podría ese carácter combativo y movilizatorio propio del rap influir en las decisiones de los jueces? Porque si algo es cierto es que, habiéndose dado casos similares en los que los delitos atribuidos eran los mismos, la respuesta judicial ha sido diferente.

A este respecto debemos señalar que es innegable que se ha producido un cambio de doctrina en la Audiencia Nacional con respecto a la interpretación que sus jueces hacen del enaltecimiento del terrorismo, lo que explica que mientras la banda terrorista ETA estaba en activo apenas había juicios y condenas en aplicación de este delito. Sin embargo, a partir del 2011, año en que la organización terrorista dejó las armas, las sentencias condenatorias no han hecho más que incrementarse hasta llegar a multiplicarse por cinco, siendo los condenados personas ajenas al terrorismo.

Un claro ejemplo de lo afirmado es lo sucedido en el Caso Strawberry, en el que el Tribunal Supremo ratifica una interpretación del artículo 578 CP que, desde mi punto de vista es, además de inconstitucional, muy peligrosa. Y ello porque la sentencia condenatoria afirma que no es importante el contexto en el que se producen y plasman las afirmaciones que suponen una humillación a las víctimas o si el acusado tiene o no afinidad con una organización terrorista, lo importante es la literalidad del mensaje publicado en las redes sociales o a través de una canción. Esta doctrina contradice frontalmente la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual, la “intención” del emisor del mensaje y el “contexto” en que lo emite son dos elementos determinantes en este tipo de delitos y en los delitos de odio.

Algo similar sucede con la aplicación del artículo 510 CP que tipifica el discurso del odio. No es este el momento de extendernos en el análisis del tenor literal de este artículo ni de los riesgos que el mismo conlleva, baste con señalar que la interpretación judicial que se está haciendo de él lleva a que se esté condenando penalmente la expresión de una opinión o adhesión ideológica. Y ello porque no se requiere que el discurso supuestamente odioso provoque una incitación “real” a la violencia o a la comisión de delitos, algo que a todas luces contradice la doctrina del “clear and present danger”.

Según esta doctrina, para que un mensaje, manifestado públicamente en cualquier formato, no quede protegido por la libertad de expresión debe generar una incitación directa al odio y no la mera posibilidad de que ésta pudiera producirse. Algo que parece desconocer la Audiencia Nacional cuando condena a los doce miembros del grupo La Insurgencia, aun afirmando en su sentencia que no hay un riesgo concreto de que las letras de los raperos animen a la comisión de nuevos atentados y que se trata, más bien, de un “riesgo abstracto” a que las canciones del grupo pudieran animar al público a seguir el ejemplo de los GRAPO. En definitiva, un riesgo potencial que no tendría por qué llegar a concretarse.

A la vista de lo expuesto me atrevería a decir que los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo parecen estar limitando el rap más allá de lo constitucionalmente admisible, tratando de evitar el riesgo “potencial” de que éste pudiera despertar más conciencias de las deseadas.

Fotos de Rosa Sánchez, en Muro Contra Pared : Paredes del Cabanyal

El Chojin – Libertad De Expresión

Matrimonios homosexuales en Europa: iguales en la libre circulación, iguales en derechos

Fabiola Meco

Hasta ahora las parejas del mismo sexo con ciudadanía europea no tenían la misma libertad de circulación y residencia que las parejas heterosexuales, en el ámbito de la Unión Europea. Se les negaba en varios Estados miembros el derecho de residencia sobre la base de la prohibición constitucional vigente en varios países en los que, como en Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia, se considera el matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer. En consecuencia, la denegación se motivaba en la imposibilidad de considerar cónyuge de un ciudadano de la UE, a quién esos países no reconocían como tal, por no aceptar esos Estados –los menos hoy- los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Como ya advirtiera hace meses el Abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Melchior Wathelet, el problema jurídico de estas situaciones no es la legalización del matrimonio, sino las normas sobre libertad de residencia de los ciudadanos de la UE y de los miembros de su familia. Y ésta es precisamente la línea seguida por el Tribunal en la reciente sentencia de 5 de junio de 2018, dictada a raíz de una consulta efectuada por el Tribunal Constitucional de Rumanía al que recurrió un matrimonio de homosexuales, uno de ellos de nacionalidad rumana y el otro estadounidense, tras la negativa de Rumanía a concederles el permiso de residencia. Las autoridades rumanas le denegaban la expedición de los documentos necesarios para poder trabajar y residir de forma permanente en Rumanía con base en la Directiva europea sobre libertad de residencia. La Corte europea, en cambio, ha establecido con suma claridad que la negativa “puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano [de la UE] a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”.

Es cierto, como señala el Tribunal, que “el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al matrimonio, es una materia competencia de los Estados miembros, no restringida por el Derecho de la Unión, de modo que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio homosexual”. Pero también es cierto, y en ello se hace especial hincapié, que la libre circulación y residencia no puede quedar al albur de las decisiones de un Estado miembro.

Apela para justificar su posición a lo dispuesto en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modificó el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogaron numerosas Directivas (64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/96). Una Directiva, dicho sea de paso, que vino a refundir medidas dispersas en la materia con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos en los países de la UE y a definir el estatuto de los miembros de la familia, limitando la posibilidad de denegar o poner fin a la residencia.El Considerando 5 de la Directiva reconoce que

“el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, debe serle reconocido también a los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad”.

Y es precisamente en la interpretación de esa denominación “miembro de la familia” en la que el fallo del Tribunal pone el acento. Destaca cómo el art. 2.2 considera “miembro de la familia” al cónyuge, que si bien apela al matrimonio como vínculo no clarifica el género del cónyuge ni refiere cuestión alguna que a modo de prerrogativa pudiera establecer el Estado de acogida como límite. En derecho es conocida la regla de dónde el legislador no distingue, el operador no debe distinguir.

Si el legislador comunitario quisiera haber efectuado algún matiz o precisión, podría haberlo hecho, como lo hace cuando se refiere a la pareja -otro vínculo distinto al matrimonio- como miembro también de la familia, pues su tenor es así de preciso: “pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida”.

El derecho de residencia permanente en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia sólo puede encontrar límites, según el art. 1.3 de la mencionada Directiva, en razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Parece evidente que los matrimonios del mismo sexo y el reconocimiento de los derechos a que la normativa comunitaria reconoce no parecen encuadrarse en ninguno de estos tres límites. El propio Tribunal apunta que “una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea“. Y como se puede comprobar el art.7 de esa Carta se establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”.

Por tanto, teniendo en cuenta el marco del respeto a la vida privada y familiar, que es donde cabe situar la protección debida a una pareja del mismo sexo que ha contraído matrimonio válido en un Estado miembro de la Unión Europea, no resulta factible que por ello pueda denegársele la libertad de circulación y residencia. Y además establece el Tribunal que la residencia deberá ser de más de tres meses pues “no puede estar sujeto a condiciones más estrictas que las establecidas en el artículo 7 de la Directiva 2004/38”.

La justicia comunitaria, por consiguiente, sienta un precedente importante para aquellos países europeos en los que el matrimonio homosexual aún no es legal, que es que tendrán que reconocer los efectos derivados de esas uniones matrimoniales legalmente celebradas en otros Estados miembros en lo que a concesión del derecho de residencia permanente de los cónyuges del mismo sexo se refiere, haciéndolas de la misma condición que los matrimonios heterosexuales. Gana la libertad de circulación y residencia europea. Gana la igualdad y la no discriminación en Europa.

Ilustraciones: 1. Joven con un cesto de fruta. Caravaggio. Galeria Borgese. 2. Miniatura de la Bible Moralisée, unos diablos tentan a varias parejas masculinas a ceder a “amor prohibido”. 3. Quema del caballero de Hohenberg y de su sirviente condenados a morir en la hoguera por sodomía junto a la muralla de Zúrich, 1482.

 

Desinformación: editores, plataformas y UE

Carlos Penedo

La Unión Europea media entre editores y plataformas por la desinformación, a favor de los primeros, se podría titular también esto; demasiado largo.

Demos por hecho que hay mucha gente con el propósito de desinformar a través de medios digitales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario no es convencer, sino confundir; y con más frecuencia aún, generar tráfico para obtener beneficio económico.

Y dejemos a un lado la influencia real de estos contenidos, porque difusión no es convicción, porque incluso el tráfico generado no ha sido en exceso relevante en procesos como las elecciones de EEUU o Cataluña (aquí alguna pista sobre el asunto).

Junto con lo anterior, cabe preguntarse quiénes están alimentando la desinformación como gran problema de nuestro tiempo, y así se comportan porque tienen un interés directo en el asunto, que es económico y es político, y es político-económico. Hay tres actores especialmente activos: las empresas editoras de noticias, las plataformas digitales (Facebook, Google) y en tercer lugar aquel llamado “complejo industrial-militar” del que alertaba en los años 50 el general de cinco estrellas y presidente de EEUU Dwight Eisenhower, el Ike que bendijo a Franco, complejo que evidentemente tiene terminales políticas, todo por supuesto versión 2.0.

La Unión Europea (léase Comisión) puede desesperar por orientación de sus políticas o velocidad de actuación, pero es universalmente reconocido que cuando se fija un objetivo no suelta la presa.

En materia de desinformación se ha puesto en marcha.

La Comisión Europea ha difundido este 26 de abril una Comunicación, que es un tipo de documento no vinculante, en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.

Con tal motivo, los servicios de prensa de la UE facilitan declaraciones de tres responsables políticos.

Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital:

“Las nuevas tecnologías, especialmente las digitales, han ampliado su alcance a través del entorno en línea para socavar nuestra democracia y nuestra sociedad. Puesto que la confianza en línea es fácil de romper y difícil de recuperar, el sector necesita colaborar con nosotros en esta cuestión”.

Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales:

“Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación. Seguiremos de cerca los progresos realizados y, si los resultados no fuesen satisfactorios, de aquí al mes de diciembre propondríamos otras medidas, en particular de carácter reglamentario”.

Julian King, comisario responsable de Seguridad (seguridad interior lleva este responsable de nacionalidad británica):

“La militarización de las noticias falsas y la desinformación en línea supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades. Las plataformas de internet desempeñan un papel esencial en la lucha contra los abusos de sus infraestructuras por agentes hostiles y en la preservación de la seguridad de sus usuarios y de la sociedad”.

Como se ve, opinan responsables del Mercado Único Digital, Economía y Seguridad; ponen el foco sobre las plataformas digitales; y les amenazan con elaborar normativa si en un semestre no hay resultados.

Con plazo fijo aparece ese Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación: de aquí al mes de julio, como primer paso y con efectos claros en octubre, las plataformas en línea deben desarrollar y aplicar un código común de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados, en particular la publicidad de carácter político; proporcionar una mayor claridad en el funcionamiento de los algoritmos y permitir la verificación por terceros; hacer que resulte más fácil para los usuarios encontrar y acceder a fuentes distintas de noticias que representen otros puntos de vista; introducir medidas para identificar y cerrar cuentas falsas; capacitar a los verificadores de información, los investigadores y las autoridades públicas para controlar permanentemente la desinformación en línea.

Si se hace responsable a las plataformas de los contenidos que canalizan y se les imponen procedimientos rigurosos, las empresas periodísticas no tendrán muchos motivos para la celebración. Un ejemplo práctico: si Facebook acaba medio voluntariamente aumentando su transparencia sobre quién financia su publicidad en época electoral, o contenidos patrocinados, lo mismo deberemos pedir a los medios tradicionales, que tampoco nos lo cuentan. Un caso extremo sobre esto lo encontramos entre 2004 y 2005, cuando el PP inyectó 446.000 euros de su caja B en el periódico de Jiménez Losantos Libertad Digital, financiación directa, al margen de publicidad o licencias que recibió también generosamente.

En otro aviso sobre seguridad dura, la Comisión anuncia que informará en junio, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior (departamento de Mogherini, seguridad exterior), sobre los avances realizados en relación con las amenazas híbridas, que incluyen ciberseguridad, comunicación estratégica y contra inteligencia. En este apartado de la seguridad se mezclan con salero dos ingredientes: Rusia y su doctrina militar, más los casos contrastados del desvío de datos personales de usuarios de Facebook con fines económico-electorales (Cambridge Analytica). Es decir, se utiliza Rusia + FB / protección de datos para apuntalar las presiones contra las plataformas.

En todo este proceso puede ocurrir, como en la vida misma, que sea más útil y atractivo el camino que el destino final. Bajando hacia Andalucía, la playa y la tumbona, pocos kilómetros antes de llegar a Despeñaperros, término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), se encuentra el santuario llamado de Las Virtudes, con una plaza de toros cuadrada adosada a la ermita, un paraje ideal para filosofar o comerse un bocadillo de tortilla de patata con pimientos, traído de casa. Su recuerdo compite con el de la playa (o de la alcazaba de Málaga y su museo Picasso).

La sorpresa de Las Virtudes, hablando de desinformación y de la UE, no son las conclusiones que ha sacado en esa Comunicación el ejecutivo comunitario, sino el camino recorrido, el informe de especialistas presentado en marzo, que desbrozaba el tema con criterio periodístico riguroso; y otro informe de abril que nos descubre los intereses económicos que andan en juego.

Editores de noticias contra plataformas 

La Comisión Europea encargó un estudio a su Centro Común de Investigación (JRC) sobre las noticias falsas y la desinformación, más concretamente ha realizado una investigación sobre el impacto de la transformación digital de los mercados de noticias sobre la calidad de la información. En ese estudio publicado también en abril se indica que dos terceras partes de los consumidores de noticias en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales. También se afirma en ese estudio que el poder de mercado y los flujos de ingresos han pasado de estar en manos de los editores de prensa a las de los operadores de plataformas, que disponen de los datos para concordar a lectores, artículos y anuncios de la forma más eficiente. Aquí están las claves más importantes, las económicas y las prácticas: quienes distribuyen los contenidos no son quienes los elaboran.

La distribución digital de noticias ha disminuido el papel de los editores. Es decir, se ha separado la función de editor y gestor de contenidos y en gran medida se ha transferido la segunda hacia la publicidad conducida por algoritmos, que maximiza tráfico e ingresos.

En toda esta polémica de las noticias falseadas y la desinformación debatimos periodistas y lectores sobre contenidos, en un asunto agitado por intereses empresariales; a quienes se ha unido el grupo de presión sobre la seguridad, siempre ávido de argumentos.

No hay que subestimar el poderío de la industria nacional dedicada a la comunicación, empresas que consiguieron hace pocos años que Google cerrara en España su agregador de noticias -Google news- o al menos lo limitara y mucho. Ahora han encontrado como compañero de viaje al lobby de la defensa y la seguridad, claramente a sus terminales políticas, lo que tiene muchos riesgos, y no es el menor la credibilidad escasa de ambos sectores, la creciente distancia entre ciudadanos y medios de comunicación -a quienes se ve como una terminal del poder político y económico-, la creciente distancia entre ciudadanos y los responsables de la seguridad.

Podríamos resumir diciendo que la Unión Europea se ha animado a mediar entre editores y plataformas para abordar la desinformación, y se alinea con los primeros, y lanza también algún guiño sobre seguridad que siempre está de actualidad; lo más interesante son claramente los materiales intermedios del proceso, porque no toman partido, describen la situación y ofrecen datos para los interesados más en reflexionar sobre el tema que en defender banderas.

Ilustraciones: Vasíli Kandinsky.

Artículo publicado también en el blog Contextos: http://contextospnd.blogspot.com.es/

 

Sin intérpretes, no hay defensa

Asetrad

En octubre de 2010, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aprobaban la Directiva 2010/64 de la Unión Europea, relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales, una Directiva que «tiene por objetivo mejorar los derechos de los sospechosos que no entienden ni hablan la lengua del proceso». Sin entrar ahora en otro tipo de valoraciones, hay que señalar que esta Directiva no se cumple en España, por lo que aquel objetivo de mejora en los derechos de las personas que marcó la Unión Europea no se está cumpliendo.

Desde la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD) se quiere denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de España de una Directiva tan relevante. Esta se traspuso parcialmente mediante la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, pero se dejó pendiente la creación del registro oficial de traductores e intérpretes cualificados previsto en ella.

Este incumplimiento tiene consecuencias graves, ya que en ausencia de dicho registro, pueden ser contratados como traductores e intérpretes personas sin ninguna cualificación profesional ni conocimiento demostrado de los idiomas de trabajo. Recordamos que solo con traductores e intérpretes debidamente cualificados, y por tanto auténticos profesionales de la traducción y la interpretación, un procedimiento penal a un extranjero tendrá unas garantías de equidad.

Se da la circunstancia de que el pasado 28 de abril se cumplieron dos años de la fecha que el Gobierno se concedió para presentar un proyecto de ley para la creación de dicho registro, y en estos 24 meses no ha habido noticia de ningún texto. La directiva debería haberse traspuesto antes de octubre de 2013, tras un periodo extraordinario de tres años para hacerlo. Sin embargo, todavía esperamos las normas de aplicación que puedan hacer efectiva esta adaptación. Desde ASETRAD se recuerda no solo al Gobierno español su obligación de cumplir los plazos marcados en la directiva para su trasposición, sino también a la Unión Europea su papel para exigir a los Estados miembros el cumplimiento de sus compromisos.

La Directiva 2010/64 establece «normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea». En este sentido, la aplicación de la norma comunitaria es una aplicación del derecho a un juicio justo contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art.6) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art.47).

Se trata de una norma de gran relevancia. En primer lugar, porque, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal, los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros, y para que esta confianza exista, es imprescindible el cumplimiento de unos parámetros, entre los que sin duda se encuentran los mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas.

En concreto, la Directiva establece que los Estados miembros «velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora» de interpretación y de la traducción escrita en el transcurso del proceso penal. Se trata, además, del derecho a una interpretación que no se limita al procedimiento en sí mismo, sino que se extiende a la preparación de la defensa, es decir, a la comunicación entre sospechoso o acusado y su abogado. Porque para que esa defensa pueda garantizarse, el sospechoso o acusado debe poder, entre otras cosas, explicar su versión de los hechos al abogado, ponerle en conocimiento de todo hecho que pueda alegarse en su defensa, y señalar que no está de acuerdo con una u otra afirmación. Solo de esa manera podrá salvaguardarse la equidad del proceso.

En conclusión, este incumplimiento de la Directiva comunitaria, además de vulnerar la legislación europea, entorpece, de forma grave, el trabajo los traductores e intérpretes judiciales y vulnera el derecho a la defensa de los acusados.

Este será uno de los temas que ASETRAD debatirá en una de las mesas redondas programadas el próximo mes de mayo en el Congreso que celebrará, los días 18, 19 y 20, en Zaragoza. La mesa tendrá el título «El traductor e intérprete judicial como garante del derecho a la defensa» y participarán en ella María Jesús Ariza, profesora de derecho procesal en la Universidad Autónoma de Madrid; Celicia Limona, intérprete judicial y traductora jurada; Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Endika Zulueta, abogado penalista.

Ilustraciones: Señales marítimas internacionales.

La segregación por sexos es incompatible con una Constitución educativamente militante

Ana Valero Heredia

Con fecha de 10 de abril de 2018 el Tribunal Constitucional ha dictado la esperada Sentencia con la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado en 2014 por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra varios preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora la calidad educativa (LOMCE), entre los que se encuentran los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE, que dice lo siguiente:

“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.

En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad”.

Esta Sentencia da respuesta, desde mi punto de vista de manera errónea, a la cuestión de si la educación segregada por sexos es compatible con la Constitución y si, en consecuencia, los centros privados que la promueven pueden acceder a la financiación pública a través de conciertos con la Administración.

Para exponer con claridad mis argumentos en contra del fallo de la Sentencia, que declara la compatibilidad entre la educación segregada y los valores constitucionales, debo exponer, en primer lugar, cuáles son los motivos aducidos por los partidarios y detractores de la educación segregada por sexos desde una perspectiva pedagógica y social.

Entre los primeros, se encuentra el que apela a los beneficios que implica la educación separada para el rendimiento escolar de los alumnos y parte de la premisa de que las diferencias entre sexos son de tipo biológico y psicológico y que éstas influyen en el desarrollo personal y en el comportamiento. De modo que, a través de la segregación por sexos, los alumnos optimizan su capacitación y formación.

Los argumentos a favor de la coeducación mixta se basan, por el contrario, en la importancia que la convivencia en el aula tiene para que los alumnos se formen como auténticos ciudadanos comprometidos con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Ya que, para preparar al alumnado a interrelacionarse en una sociedad formada por hombres y mujeres, y para hacerlos conscientes de la pluralidad social derivada de la existencia de sexos, para eliminar los estereotipos y discriminaciones en la libre elección de estudios o destinos profesionales…, se hace precisa dicha convivencia desde la edad temprana.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, la cuestión se plantea de la siguiente manera:

Por un lado, los partidarios de la educación segregada fundamentan su opción pedagógica en la llamada “libertad de enseñanza” del artículo 27.1 de la Constitución, que engloba la libre elección de centro docente por los padres, para con ello elegir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, y la libre creación de centros educativos con “ideario”, que puede ser de tipo religioso, ideológico, filosófico o, incluso, pedagógico.

Frente a ello, los argumentos pedagógicos y sociales de la coeducación mixta podrían englobarse bajo el paraguas del “derecho a la educación” de los menores a recibir una educación integral, también reconocido en el artículo 27.1 de la Norma Suprema.

Si bien es cierto que la nuestra no es una “Constitución militante”, lo que significa que bajo su marco es posible defender cualesquiera ideas o creencias, incluso aquéllas que la contradigan, no lo es menos que la misma tiene un “ideario educativo” que vincula a todos los actores implicados en el proceso educacional, sean públicos o privados: las escuelas que participan del sistema educativo reglado deben impulsar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes a través de la transmisión de los principios democráticos de convivencia y de respeto a los derechos fundamentales y, solo de este modo, se garantizará el derecho a recibir una educación integral.

Descrita así la problemática, el siguiente paso es dilucidar si la educación segregada por sexos es compatible con dicho “ideario educativo constitucional”. Pues bien, la Sentencia 31/2018, que ahora analizamos, obvia este planteamiento que, desde mi punto de vista, es la piedra angular de la que debe derivar una respuesta constitucionalmente adecuada.

De hecho, el Tribunal Constitucional se centra únicamente en examinar si la educación segregada es contraria al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, para llegar a una conclusión negativa. Así, basa su fundamentación en el tenor literal de algunos textos internacionales llamativamente antiguos y que selecciona tendenciosamente. Por ejemplo, se apoya en la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” de la UNESCO, del año 1960, para llegar a la conclusión de que la separación de los alumnos por sexo no vulnera el principio de igualdad si queda garantizada la equivalencia en el acceso de los alumnos y alumnas a la enseñanza, en las condiciones de prestación y en los contenidos docentes.

Así, el Tribunal Constitucional basa su fallo en la idea según la cual, si dichas condiciones de igualdad están garantizadas, no hay incompatibilidad alguna entre la segregación por sexos y la Constitución. Sin embargo, obvia lo que realmente es importante a la hora de decidir sobre dicha compatibilidad, esto es, si un modelo pedagógico como el que propone la educación diferenciada, basado en una organización de la enseñanza que parte de las diferencias psico-biológicas derivadas del sexo, hace posible la garantía efectiva del derecho a la educación conforme al “ideario educativo constitucional” que requiere de una formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y del ejercicio de los principios democráticos de convivencia.

Y, a este respecto, llama la atención que el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia y de la última sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 10 de enero de 2017-, la cual es vinculante.

Pues en su importante Sentencia 133/2010, el Tribunal Constitucional había dicho que

“la educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae a un proceso de mera transmisión de conocimientos, sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros (artículo 2.1 b), c) LOE)”.

De esto se deduce que la educación es, entre otras cosas, el principal instrumento de socialización y una herramienta imprescindible para la convivencia democrática. La real formación de los estudiantes en valores democráticos requiere de su puesta en práctica, y siendo uno de estos valores la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación por razón de sexo, parece evidente que la segregación por sexos es un modelo que priva a los alumnos del escenario necesario para la interiorización de dicha igualdad a partir, por ejemplo, de la gestión democrática de situaciones de conflicto de género que pudieran producirse en el aula.

Por todo ello no cabe sino lamentar y desaprobar una decisión que da carta blanca a la financiación pública de los centros educativos que practican un modelo en nada acorde con los valores democráticos de convivencia. Una vez más el Tribunal Constitucional español resta puntos a su credibilidad y carácter institucional.

Ilustraciones: Luci Gutiérrez. Del libro Las mujeres y los hombres (Idea y texto: Equipo Plantel), Editorial MediaVaca, Valencia, 2015.

¡Qué tiempos nos toca vivir!

José Manuel López Blay

Señalar a las maestras y maestros, hacerlos responsables del envenenamiento de las almas de la infancia y la juventud, es un hecho, por desgracia, conocido en nuestra historia más reciente. Josefina Aldecoa, en su inolvidable Historia de una maestra apuntaba cómo fue frecuente, tras la revolución de 1934, leer en proclamas y editoriales de la prensa más cainita, alegatos denunciando la siembra en las aulas del germen de la rebeldía. Fue la macabra antesala del desproporcionado, arbitrario y devastador proceso de purga y depuración al que fue sometido el Magisterio en los primeros años del franquismo.

Mayo de 2018. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de presentar la campaña “No más adoctrinamiento en las aulas”, en la que se invita, a través de una plataforma alojada en su página web, a denunciar cualquier acto de adoctrinamiento sufrido en las aulas de las escuelas e institutos valencianos, garantizando el anonimato para evitar posibles represalias. Sigue leyendo

Involución

Ana Noguera

Nuestra España está viviendo una involución cultural y una contrarreforma política preocupante. Nos censuran y nos autocensuramos, porque es más importante decir lo “oficialmente correcto” aunque, paradójicamente, nuestro comportamiento sea cada vez menos racional y más exaltado.

Se penaliza el sentido del humor (afortunadamente todavía no lo hemos perdido). Es verdad que muchos chistes, tuits o canciones denotan un mal gusto y un humor negro poco recomendable, aunque si volviéramos la vista hacia los 80, todavía recién estrenada la democracia, veríamos humor incisivo en todos los medios de comunicación, incluida la televisión pública; pero estamos cayendo en una paranoia preocupante, sobre todo, si quien marca el decoro lo hace desde posiciones sancionadoras. Sigue leyendo

Violación en Manada

Juan Carlos Carbonell

La reciente Sentencia sobre el que ha dado en denominarse, por el apodo adoptado por el grupo de autores, “Caso Manada” ha sido recibida como un auténtico escándalo y ha generado una contestación masiva, tanto por el voto particular que viene a retrotraernos a tiempos no tan remotos en que cualquier mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo y en que la culpabilización de la víctima de un delito sexual era casi automática –no en vano la mujer era poco más que una “cosa” propiedad del padre primero y del marido después-, cuanto por el contenido de la condena cuya calificación jurídica convierte en abusos sexuales continuados once penetraciones de todo tipo: vaginal, anal y bucal, practicadas sobre una única mujer, en un patio oscuro y a las tres de la madrugada del día de San Fermín, en Pamplona. Sigue leyendo

Literatura y derechos

Patricia Goicoechea

Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Qué buena excusa para proponer desde aquí algunas obras literarias que tratan de derechos, del Derecho y del mundo de la Justicia.

Lo que encontrarán a continuación ni es, ni pretende ser, una de esas listas de “las 5 novelas imprescindibles sobre…”, por ello no verán citados ni El Proceso de Kafka, ni Matar a un ruiseñor de Harper Lee, ni El Extranjero de Camus, ni otras tantas tan conocidas. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque esas ya son de sobra conocidas y porque ya hay muchas listas por ahí de imprescindibles.

Lo que encontrarán a continuación son unas pocas novelas que a mí me han gustado y las comparto con ustedes, por si quieren animarse a leerlas o por si hoy desean regalar libros y, a estas horas del día, aún les viene bien alguna idea. Sigue leyendo

Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra. Sigue leyendo