Las niñas dormidas de Afganistán

Fani Grande

La idea de que el periodo de gestación sea alargado durante un tiempo indefinido para que el nacimiento de la criatura no signifique un problema para la madre se llama raqed en sociedades àrabès y bereberes del Magreb. Los fetos son dormidos en el vientre, en una práctica considerada como “técnica de empoderamiento femenino”, pues pone a salvo a la mujer de alguna circunstancia que pudiera representar un peligro para su vida. En la película Lenfant endormi, se muestra desde el punto de vista cinematográfico con una historia potentísima, el artículo que leí de Ángeles Gónzalez Vázques lo describe de una manera extraordinaria (La idea del niño dormido: Embarazo, estrategias sociales femeninas e Islam en el norte de Marruecos) y en un Fémur de hace tiempo traté el tema, aunque me fui por otros derroteros argumentales.

Me he acordado de esa idea leyendo sobre lo que está sucediendo en Afganistán desde que los talibanes retomaron el poder, sin despeinarse. Lo he rescatado de la memoria en ese ejercicio estéril mío de necesitar aportar algo, sabiendo que no haré más que coser una palabra a otra que poco ayudará a las mujeres y niñas afganas. Me he acordado escuchando a la experta y curtida periodista en ese complejísimo terreno, Mónica Bernabé, explicando el momento con la rabia de quien conoce bien los finos hilos de la trama, detallando cómo se han dejado fuera a las mujeres en el proceso de negociación de Doha entre talibanes y EEUU. Me he acordado viendo el fade out en redes sociales las voces de las activistas afganas, a la vez que sube a todo volumen el relato de los voceros talibanes. Me he acordado de la periodista de la CNN, Clarissa Ward, que no seguirá informando del daño causado, ni incomodará con su presencia a quienes contaban los minutos para que desapareciera de Kabul. Me he acordado escuchando a Pilar Requena, teñida su voz de dolor y enfado en sus intervenciones, desgranando las claves de lo sucedido y detallando cómo hemos ignorado la difícil situación de las afganas durante años, y describiendo el trato despectivo recibido por aquel talibán al que entrevistó.

Me he acordado de las imágenes del aeropuerto de Kabul y de quienes lanzan sus bebés en brazos de soldados extranjeros con la desesperación de quien intuye que no despegará jamás del infierno prometido talibán. Y me he acordado de las mujeres afganas embarazadas, y he querido tocar su angustia, aumentada quizás por si llevarán una niña en su vientre y nacerá esa niña en un lugar donde no le permitirán elegir su vida. Y vuelvo a la sensación de lo estéril de coser palabras cuando la aguja ahora sólo tendría que enhebrar derechos y coserlos bien fuerte a esos vientres llenos de futuro. Y me pregunto si las mujeres embarazadas de Afganistán conocerán el raqd y podrán dormir a sus hijas hasta tener garantía de parirlas libres. Y me he acordado entonces de todos los hombres que participaron en las negociaciones de Doha y que son cómplices de quienes, en el Siglo XXI, niegan los derechos a las mujeres y me gustaría entender en nombre de qué o de quién han firmado esos acuerdos. Y también me pregunto cómo pueden dormir tranquilos sabiendo a qué han sentenciado a tantas niñas antes de nacer.

Ilustración: Ali Divandari

«Johnny Depp» en Zinemaldia: derecho, fantasmas, cultura de la cancelación y nueva sensibilidad

Jesús García Cívico

La discusión en torno a si el Festival de Cine de San Sebastián debe dar marcha atrás a la concesión del premio Donostia a un actor acusado de maltratador vuelve a poner de actualidad eso que en EE. UU. se conoce con la neo-expresión «cultura de la cancelación». De un lado, sus más firmes detractores dan sólidos argumentos para tildar este peculiar formato de la sanción social de censura. Pensadores como Justin Tosi o Brandon Warmke lo definen como «exhibicionismo moral» mientras que Noam Chomsky –American power and the new mandarins– lo trata como el punitivismo de los nuevos burócratas de la corrección. De otro lado, plataformas feministas (más allá del movimiento #MeToo) insisten en que se trata de una forma de hacer visible formas de opresión que permanecían ocultas, disimuladas o tácitamente permitidas y señalan que la crítica a su crítica es lo que constituye propiamente una limitación a la libertad de expresión cuando no una forma de cinismo irresponsable.

La aproximación más cortés y respetuosa con el estado de cosas parece exigir la apertura de paréntesis: Una de las causas más justas de la historia de las ideas es el feminismo: reivindicación –la de la igualdad y liberalización de la mujer– sobre la que todos deberíamos mantener una postura inequívoca porque tanto la discriminación social, económica, laboral, política y simbólica como la agresividad sexual masculina son un gravísimo problema. Pero, por poner solo un ejemplo bien conocido del peligro que supone el uso del «yo te creo» como modo de pasar de la condena en abstracto al caso particular, muchas personas revisaron en cuestión de horas su opinión sobre el director de cine y guionista Woody Allen (antes famoso precisamente por la forma de reivindicar y potenciar magníficas actuaciones de las protagonistas femeninas) muchos años después de una acusación de abuso sexual que no prosperó judicialmente… ¡sin que apareciera ni una sola nueva prueba en su contra!

Como quiera que nuestro fenómeno va mucho más allá de las acciones concretas de individuos más o menos famosos para adentrarse en el terreno de las opiniones ofensivas o políticamente incorrectas, no hace mucho, en «A Letter on Justice and Open Debate» (Harper´s Magazine) una serie de representantes del mundo de la cultura abogaron por el intercambio libre de información e ideas, una suerte de columna vertebral de las sociedades liberales frente a lo que consideraban tendencias a la humillación pública y a la simplificación de problemas políticos complejos en una sola posición moral «cegadora» (blinding). También sobre el eje de la libertad de expresión, en Kindly Inquisitors y en «The Cancel Culture Checklist» el periodista norteamericano Jonathan Rauch, trazaba una serie de diferencias conceptuales entre la cancelación como «linchamiento» y la crítica propia de la libertad de expresiónl: esta presenta pruebas y argumentos en un esfuerzo por persuadir. La cancelación, en contraste, no busca la verdad sino organizar el ámbito mediático con el propósito de castigar simbólica o económicamente.

Es posible que haya muchos casos en que suceda así (que se produzca una desproporción, un «linchamiento», un injusto y un tanto enloquecido castigo como irracional afrenta a la presunción de inocencia, o simplemente a la distinción entre la complejidad del ser humano y algunos de los actos que realiza) sin embargo, las personas que defienden de forma honesta que hay que señalar con el dedo o con el emoticono de disgusto los comportamientos racistas, machistas, etc. de la gente del mundo del cine, el arte, la música o la literatura se mueven también habitualmente con una buena intención. Incluso cuando recogen firmas para retirar «Thérèse soñando», la pintura de Balthus del Metropolitan de Nueva York bajo la interpretación (un tanto reductiva y posiblemente fútil de que se trata de una complaciente visión romántica del voyerismo y de la cosificación de las mujeres menores de edad) están guiados por algún tipo de convicción no solo (o incluso no tanto) de una moral individual sino también (o sobre todo) de una moral social cargada de razón (con toda la inquietante plurivalencia del verbo). ¡Tan grave es la pederastia! ¡Tanto daños se ha hecho a tantos seres humanos por oscuros y enfermizos odios raciales, machistas y homófobos! La «cultura de la cancelación» con todas las pegas léxicas, morales, estéticas y jurídicas no se puede entender sin atender a una larga historia de injusticias, abusos y vilezas.

Más allá de los argumentos esgrimidos por ambas posturas (interpretados bajo el respeto a lo que Rorty y otros articularon como «principio de solidaridad), creo que la cuestión de fondo de la «cultura de la cancelación» no solo debe situarse en el marco de la evolución de una serie de asimetrías reversibles, neo-democratización y efectos laterales de los empoderamientos sino que como parte de un fenómeno más amplio que algunos llamamos «nueva sensibilidad», apunta a un orden de cosas particularmente comprensible desde el solapamiento de transformaciones culturales de signo muy distinto: desde las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación a los cambios culturales insertos en la subjetividad posmoderna estudiada por Fredric Jameson, de la hipervisibilidad a las nuevas representaciones ficcionales y multiculturales del mundo, del recelo y el desprestigio del discurso meritocrático –la «aristofobia» expresada en la malicia contra el intelectual y la suspicacia insalvable que levanta la idea de «elitismo»– al malestar del gran precariado entre crisis, del cambio de rumbo de la izquierda –desde la redistribución y la lucha de clases, al identitarismo– al deterioro de la capacidad crítica y lectora (por ejemplo en lo que toca al género de la auto-ficción), desde el «giro afectivo» y ese victimismo del que (entre otros) habló tempranamente Pascal Bruckner a la pérdida de peso de la verdad de los hechos en favor de una suerte de política de las emociones en una tradición de excesos hermenéuticos de textos combativos muy discutibles por parte de ensayistas influyentes (de Michel Foucault a Judith Butler) y otros de los que no resulta posible dar cuenta aquí.

En todo caso, si tratamos de no salirnos de la expresión bajo la que se debatiría el último caso (el de Johnny Depp) encontramos un continuo. Desde el boicot a J. K. Rowling, la autora de la serie Harry Potter, por algunos comentarios interpretados como transfóbicos a la retirada de reconocimientos público al gran filósofo escocés David Hume por alguna nota a pie de página con tufillo a racismo etnocéntrico, de las velocísimas lecciones de moral impartidas a Maradona mientras ingresaba en su tumba, a las cobardes palas de porquería lanzadas contra el poeta Gil de Biedma, ¿debe la esfera privada del creador interferir en la valoración o el reconocimiento de su obra?

Creo que hay algunos marcos argumentales que todavía ayudan a situar la cuestión: El primero es la separación entre el autor y la obra (porque tan erróneo es menospreciar la obra como lo es blanquear la figura del autor): el regate de Maradona, el cuadro de Picasso (menospreciado recientemente entre distintas reivindicaciones de Dora Maar), el poema de Gil de Biedma, los tratados sobre la tolerancia de Voltaire o el cine de Polanski no se resienten por la vida privada de sus autores. En el terreno de la filosofía fue Hans Gadamer –sucesor y discípulo del autor de Ser y tiempo– quien intentó cerrar uno de los casos más famosos afirmando que «Martin Heidegger era el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres». Efectivamente, el filósofo es autor de una de las obras más importantes de la historia de la metafísica, pero al mismo tiempo se comportó de forma vergonzante y servil durante el nazismo. Lo ha expresado felizmente José Luis Pardo: el principio en virtud del cual los tribunales dejaron de juzgar a las personas por su biografía para hacerlo exclusivamente por sus acciones es el mismo que, en el dominio de la cultura, determinó que los tribunales con jurisdicción dejasen de considerar a los autores en función de su vida y lo hiciesen únicamente de acuerdo con su obra. En estas coordenadas propias de la teoría del derecho (me refiero a la separación de los distintos órdenes normativos) es donde puede elucidarse primeramente la cuestión de la naturaleza del homenaje (no se homenajea a un hombre a una mujer por su vida sino por su carrera profesional).

Una segunda vía (poco relevante en el supuesto de Johnny Depp) es retener que la idea de que belleza y la bondad (de la obra o del autor) van unidas es, en algún imprescindible punto, claramente contrafáctica: no nos gusta solo lo moral, lo legal o lo que adelgaza, sino que acostumbra a suceder al revés. Quizás la enunciación más célebre acerca de esto la hiciera el sociólogo Max Weber: algo puede ser sagrado, no solo aunque no sea bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. «Lo hemos visto realizado en Las flores del mal: algo puede ser verdadero aunque no sea ni bello, ni sagrado, ni bueno».

Una tercera vía, expresada mucho tiempo atrás por Hegel (Fenomenología del espíritu) y por la que siento una íntima predilección apunta a lo que nos perdemos al detenernos solo en las «manchas» (soy consciente del eco del título de Philip Roth) de la vida privada, cuando absortos en los defectos de los demás, presos de envidia o resentimiento, cegados por ímpetus justicieros o por bajezas del alma no somos capaces de ver más allá. El ayudante de cámara (el sirviente) de Napoleón no conoce sus hazañas, no sabe del Código civil, no retiene el impacto en el mapa de la historia sino tan solo una mancha en el uniforme o la forma afectada en que se coloca el peluquín. Fijarse en la vida privada en lugar de en una carrera cinematográfica es adoptar el punto de vista del subalterno.

La noción de la cultura de la cancelación (me parece muy luminosa la inversión de la expresión: cancelación de la cultura) también podría observarse a la luz de una tipología de la sanción propia de la teoría del derecho de inspiración sociológica. Lo que en ningún caso parece deseable es importar el tipo de sanción jurídica (rodeada de un serie de garantías, entre ellas el principio de contradicción –el hecho de que ambas partes sean igualmente escuchadas– y la presunción de inocencia). ¿No es raro sentenciar globalmente en términos de culpable o inocente?

Entonces, ¿se resuelve el asunto definitivamente así?

El director de la Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha escrito, en mi opinión, una respuesta impecable: justa, sensible, elegante. El estupendo protagonista de Donnie Brasco o de Ed Wood se ha expresado con contundencia racional: ningún tribunal lo ha condenado. ¿Añadimos que denuncias tan visibles pueden resultar perversas (inmunizar o dejar de sensibilizar frente un problema de enorme gravedad como el machismo o la violencia de género)? ¿Habría que mencionar que la comprensión en clave personal de problemas estructurales que requieren profundas reformas institucionales se sitúa en una suerte de individualismo metodológico de inspiración neoliberal dañino para la cohesión social?

Pero, ¿y si los excesos de racionalización esbozados (me refiero a los míos) de esta «cultura de la cancelación» fueran más inútiles de lo que nuestra vanidad podría aceptar? En el interior uno intuye que detrás de la cancelación respira el pulmón de una minoría que teme que nunca tendrá justicia porque la experiencia les muestra que nunca la ha llegado a tener. ¿Qué significa la expresión «yo te creo»? ¿Es una inversión de la presunción de inocencia del acusado? El teórico del derecho dirá que sí (y no le faltará razón), pero el que sepa escuchar más allá de la teoría, sabrá que ese «yo te creo» es una inversión de la presunción de culpabilidad no del acusado… ¡sino de la víctima! Porque históricamente, en el campo de la discriminación racial y de la violencia sexual se ha culpabilizado y sospechado de la víctima Se trata de invertir esa desconfianza hacia la mujer (tantas veces repetida) de policías, jueces, familiares y amigos por la que se inhibía, se miraba a otro lado o se culpabilizaba directa o sutilmente a la víctima de maltrato o de violación. Lo que se expresa con ese «yo te creo» no es una presunción formal si no una presunción moral, emocional si se quiere así, que haríamos mal en interpretar en los estrechos márgenes del vocabulario procesal.

Con ese apoyo abstracto (a pesar de su aparente concreción) y moral, con las llamadas a la «cancelación» quizás se viene a expresar sencillamente que hay gente que sabe de qué va la historia de la larga noche de muchas mujeres, tan similar a la noche en la que un policía blanco cose al chico negro a balazos por llevarse la mano al monopatín. «Yo creo» al chico negro, a la mujer violada, en abstracto. Con ello se quiere decir que hay razones para aumentar la sensibilidad social e implementar políticas específicas: contra el racismo, contra la violencia de género.

La «cultura de la cancelación» está mal porque es consecuencia de un mal mayor y nada bueno surge de la discriminación porque nada bueno surge del mal. Nada bueno surge de la miseria, de la humillación social, cultural o laboral, de las risas, de los látigos, de la burlas, de los golpes, del ninguneo, de la explotación. El éxito de este tipo de sanción social radica en que supone una contra-experiencia: una imagen de la justicia inmediata (no la justicia misma), un simulacro, una aparición, un phantasmata, afín a la nueva velocidad de esta época de ilusiones banas y horizonte terminal.

La «cancelación» (el boicot emocional y colectivo) aparece en tiempos de «síntomas mórbidos» (por decirlo con Gramsci: una época que termina y otra que no acaba de despegar). Emerge y triunfa informal, fugaz o al menos coyunturalmente como micro-experiencia de un simulacro de justicia: rápida, visible y en algún punto que tiene que ver con la desproporción… eficaz. Presenta una dimensión pública pero también, íntima, privada (en su doble acepción como límite y como privación), porque la privación es el ámbito de la vida que el desposeído conoce mejor. Al otro lado del «estrado social», en ese proceso sin garantías, no es descartable que la eliminación de la presunción de inocencia (quizás solo la eliminación de la inocencia –nadie es inocente o nadie es suficientemente inocente) constituya en sí misma el contenido de esta nueva forma de sanción.

El castigo que mejor conocen aquellos que nunca han sido escuchados es privar a alguien de voz.

La ratificación de la Carta Social Europea revisada: un paso más en el compromiso con los derechos sociales

María Dalli

El 1 de julio entró en vigor el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea revisada por parte de España. La Carta Social Europea contiene el catálogo de derechos sociales más amplio del ámbito europeo, y en este sentido su ratificación supone un compromiso imprescindible para los Estados en relación con estos derechos. La Carta Social Europea tiene dos versiones, una original y una revisada, encontrándose hasta ahora España solo vinculada con la Carta Social Europea original, de 1961. La versión revisada, aprobada en 1996, entró en vigor en 1999, pero España solo había firmado este texto en el año 2000, sin haberlo ratificado hasta el pasado 1 de julio.

A partir de este momento, comienza una etapa en la que el Estado español deberá poner en aplicación los compromisos asumidos con el instrumento de ratificación. En relación con las diferencias que la Carta Social Europea revisada introduce en comparación con el texto original de la Carta, se trata fundamentalmente de la inclusión de nuevos derechos: el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de despido, el derecho de los trabajadores a la protección de sus créditos en caso de insolvencia del empresario, el derecho de los representantes de los trabajadores a contar con protección efectiva por parte de la empresa; el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas trabajadoras, el derecho a la dignidad en el trabajo, el derecho a la información y consulta en caso de despido colectivo, el derecho a la vivienda y el derecho a la protección contra la pobreza.

Además de la inclusión de nuevos derechos, los Estados que ratifican la Carta Social Europea revisada tienen la posibilidad de ratificar asimismo el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, de 1995. En efecto, en España se ha optado por esta vía al haberse aprobado la aplicación de este protocolo. A través de este mecanismo, las organizaciones sindicales, empresariales y sociales pueden acudir ante el Comité Europeo, sin necesidad de agotar las vías judiciales internas, para presentar reclamaciones colectivas por vulneración de los derechos contenidos en la Carta. Las organizaciones autorizadas son, por ejemplo, aquellas organizaciones no gubernamentales con estatuto consultativo en el Consejo de Europa o las organizaciones de empleadores y sindicatos que actúen en el Estado en cuestión.

El Comité también tiene habilitado el proceso de presentación de informes estatales, en este caso obligatorio para todos los Estados que hayan ratificado la Carta original o la Carta revisada. Estos Estados deben presentar anualmente un informe explicando la aplicación de la Carta en relación con un grupo temático de derechos. A continuación, el Comité publica sus conclusiones en atención a una serie de indicadores para cada derecho, lo cual resulta de gran utilidad para, de un lado, poder valorar el comportamiento de los Estados, así como, de otro lado, para identificar estándares que permitan definir y entender el contenido de los derechos.

La ratificación de la Carta Social Europea revisada supone, además, un ejercicio de coherencia por diversas razones. En primer lugar, porque España ya se encuentra vinculada por otros tratados internacionales que reconocen asimismo derechos sociales. Además de la Carta Social Europea original, y por lo que se refiere al ámbito de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales reconoce derechos sociales, así como la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores reconoce asimismo derechos de carácter social, si bien limitado en su ámbito subjetivo por el grupo de titulares de los derechos a los que dirige su protección.

En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas es el tratado internacional por excelencia para el reconocimiento y protección de este tipo de derechos. España se encuentra obligada al cumplimiento de este tratado, así como a cumplir con sus mecanismos de control puestos en marcha por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además de la presentación de informes periódicos, España ratificó en 2013 el Protocolo Facultativo al Pacto que habilita el mecanismo de presentación de denuncias individuales ante el Comité.

En segundo lugar, asumir compromisos con los derechos civiles y políticos y no con los derechos sociales sería insuficiente para la protección de todos los derechos humanos, porque todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. España ratificó en su día tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce fundamentalmente derechos civiles y políticos, así como, en las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así pues, el principio de indivisibilidad e interdependencia entre los derechos consagrado internacionalmente reconoce que existen relaciones de dependencia e invisibilidad fuertes entre todos los derechos. Por ejemplo, entre el derecho a la salud y el derecho a la vida, entre el derecho a la vivienda y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, o entre el derecho a la educación y el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, económicos y culturales no pueden entenderse como compartimentos estancos.

Asumir la protección de los derechos civiles y políticos y no de los derechos sociales sería más bien propio de Estados de inclinación liberal sin estructuras del bienestar consolidadas. Por el contrario, como Estado social y democrático de Derecho y como Estado del bienestar, se han desarrollado en España los principales cuatro pilares del bienestar, esto es, asistencia sanitaria, educación, seguridad social y servicios sociales, todos ellos de carácter público. La conocida como Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre), aprobada en 2006, se aprobó consolidando un cuarto pilar de bienestar y complementando los servicios sociales ya existentes a nivel municipal. Incluso, esto se hizo sin que, a nivel constitucional, se reconociese un derecho a la protección frente a la situación de dependencia, más allá de la obligación de desarrollar servicios sociales del artículo 50 (así como sí se reconocen los derechos a la asistencia sanitaria, a la seguridad social, o el derecho a la educación, en este último caso como derecho fundamental).

Sin embargo, no se han cumplido los objetivos perseguidos con la aprobación de esta Ley, especialmente la profesionalización del sector de los cuidados pues las familias siguen asumiendo las cargas mayoritariamente, tanto de cuidado como económicas al no haberse eliminado el copago de los beneficiarios, y siguen existiendo personas mayores sin los cuidados adecuados que necesitan. En este sentido, y más allá de los preceptos constitucionales mencionados, la Carta Social Europea reconoce derechos específicos en esta materia por lo que España se encuentra obligada a una mejora en la actuación en este ámbito. Por ejemplo, el derecho de las personas en edad avanzada a la protección social del artículo 23 de la Carta, o el derecho de las personas con discapacidad a la autonomía y a la integración social del artículo 15.

Además del desarrollo de nuevas prestaciones sociales y del reconocimiento de los derechos hace falta dar pasos más allá en el compromiso con los derechos sociales. Se trata de no permitir que, ante presentes y futuras crisis económicas y sociales, se produzcan cambios legislativos y normativos que impliquen retrocesos. Sin embargo, estos retrocesos son desafortunadamente comunes para los derechos sociales. Por ejemplo, las medidas de ajuste económico que se aprobaron en 2012 y que implicaron retrocesos en derechos como la asistencia sanitaria, el derecho a la vivienda o la dependencia. Que estos cambios ocurran, que se produzca la regresividad en los derechos sociales a pesar de que su reconocimiento es claro, puede estar relacionado con la falta de garantías adecuadas para los derechos sociales.

A nivel interno, las garantías previstas en el artículo 53 de la Constitución son diferentes para los derechos fundamentales (que mayoritariamente incluyen derechos civiles y políticos) y para los principios rectores de la política social y económica (que reconocen derechos sociales). Mientras que los derechos fundamentales solo pueden desarrollarse por Ley Orgánica, que debe respetar el contenido esencial, y pueden ser reclamados a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, los principios rectores de la política social y económica pueden desarrollarse a través de ley ordinaria, no pueden ser objeto de recurso de amparo y únicamente pueden ser invocados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen.

Quizá en relación con esta cuestión suelen darse situaciones en las que una misma normativa es valorada de forma diferente por parte de organismos internacionales de derechos humanos y por parte del Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional juzgó la constitucionalidad del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que, entre otras medidas, restringió el acceso al Sistema Nacional de Salud a la población inmigrante en situación irregular en España, el Tribunal entendió, en su sentencia 139/2016, de 21 de julio, que la reforma sanitaria no vulneraba el derecho a la salud, que este derecho no tenía contenido esencial en nuestro ordenamiento jurídico pues no se trata de un derecho fundamental, y que las motivaciones económicas como la reducción del gasto son un fin legítimo para el establecimiento de restricciones. Sin embargo, la misma norma fue condenada internacionalmente por incumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España, como hizo el Comité DESC en sus Observaciones Generales a España de marzo de 2018. La mencionada norma regresiva se revirtió en 2018 con el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, pero ¿fue esto consecuencia de los pronunciamientos internacionales en contra de la misma, o más bien debido al cambio de gobierno en España?

En relación con ello, lo cierto es que las garantías que existen a nivel internacional para los derechos civiles y políticos, de un lado, y para los derechos sociales, de otro lado, también son diferentes, sobretodo en el marco de protección europeo. Los Estados no enfrentan las mismas consecuencias si incumplen uno de los derechos sociales de la Carta Social Europea, o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que si incumplen uno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ya se ha comentado que los Estados firmantes de la Carta Social Europea, como España, tienen la posibilidad de vincularse con el Protocolo de reclamaciones colectivas (en España se ha optado por esta vía), pero ni se trata de reclamaciones individuales (que sí existen en cambio ante el Tribunal Europeo y ante los Comités de las Naciones Unidas), ni se contempla como una cuestión obligatoria para los Estados. En contraste, tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se revisa el caso a nivel interno a través del habilitado recurso de revisión. Sin embargo, no existe un procedimiento equivalente para dar efectividad a las resoluciones de otros órganos de tratado, como las del Comité Europeo de Derechos Sociales o las del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

En la actualidad, se están dando pasos para aumentar la efectividad de estas resoluciones de los órganos de tratado, especialmente como consecuencia de la acción de la sociedad civil. La Plataforma DESC, un grupo de entidades y organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos sociales en España, elaboró un documento de posicionamiento frente a la Circular 1/2020 de la Abogacía del Estado, sobre la naturaleza jurídica de las resoluciones dictadas por los Comités encargados del seguimiento de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. En este documento la Plataforma proponía medidas concretas como la modificación de la Ley de Tratados (Ley 25/2014, de 27 de noviembre)  para establecer garantías para dar cumplimiento a estas obligaciones internacionales, o el establecimiento de un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos, siguiendo el modelo colombiano de la Ley 288 de 1996, que establece instrumentos para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Estas propuestas han sido incluidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.

Para finalizar, podemos tratar de concluir, de un lado, con las razones para ser optimistas por los avances realizados hacia el cumplimiento de los derechos sociales; y, de otro lado, con las tareas pendientes. Entre las razones para ser optimistas podemos mencionar, en primer lugar, la noticia más reciente, esto es, la ratificación por España de la Carta Social Europea revisada, así como la aplicación del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. Con ello, España habría ratificado el catálogo de derechos sociales más extenso que existe en Europa, y asimismo, con esta última ratificación, se han ratificado ya los tratados internacionales más relevantes que reconocen derechos sociales. Además, España se encuentra obligada a cumplir con los mecanismos de control de estos tratados, como el proceso de informes y el mecanismo de reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Sin embargo, no hemos de bajar la guardia. Para avanzar efectivamente en este camino hacia el cumplimiento de los derechos, debe progresarse en este sentido adoptando las medidas legislativas y políticas adecuadas, sin que haya lugar a retrocesos. Además, se ha de atender a las resoluciones y conclusiones de los órganos de tratado. Los poderes públicos deben tener presente no solo los principios rectores reconocidos constitucionalmente como parámetro de inspiración y de interpretación, sino también, que esos mismos derechos están reconocidos en tratados internacionales suscritos por España. El más reciente, la Carta Social Europea revisada y su Protocolo de reclamaciones colectivas. En definitiva, deberá avanzarse en la mejora de las garantías de los derechos, para que los compromisos y obligaciones adquiridas no se conviertan, una vez más, en palabras vacías.

 

Sobre ‘Vergüenza. El escándalo de las residencias’

Fernando Flores

Creo que es el momento de hacer por mi parte un comentario sobre el libro Vergüenza. El escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Hacerlo precisamente ahora, aparentemente a destiempo, cuando han transcurrido algunos meses de su publicación y el libro ha sido presentado por su autor en no pocos foros y medios de comunicación; cuando, poco a poco, temas menos urgentes pero más mediáticos van ocupando nuestra atención y alimentando el olvido de lo que quisiéramos olvidar.

El excelente trabajo de Rico nos habla de algo terrible que sabemos que ha pasado. Han muerto miles (y miles) de personas mayores en las residencias, sin la atención sanitaria a la que tenían derecho. Un desastre, una tragedia que podía haberse evitado y que, por eso mismo, es un escándalo.

Un escándalo como concepto, porque lo que no ha sido es un escándalo social. Recuerdo el impacto que me causó hace años la lectura de Aimé Césaire en la que afirmaba que, si los millones de víctimas del Holocausto hubiesen sido negras y no blancas, la Shoá hubiera sido fácilmente olvidada. Lo creo. Como creo que si los 20.000 fallecidos en los dos primeros meses de la pandemia encerrados en las residencias hubiesen sido niños, adolescentes o personas de mediana edad —y no viejos—, la reacción social hubiera sido diferente, quizás ¿legítimamente? brutal. No ha sido así, pero al menos tenemos un ejemplo práctico con el que explicar lo que es el edadismo, la discriminación, la indiferencia hacia las personas mayores.

Vergüenza nos dice qué ha pasado, dónde ha pasado, por qué ha pasado y quiénes son los responsables de que haya pasado. Con datos, sin aspavientos, sembrando tantas preguntas como razones para plantearlas. Primero nos habla de ‘lo circunstancial’ —unos protocolos mortalmente discriminatorios—; y después, de ‘lo estructural’ —un sector privatizado y un Estado social débil y en retirada—, si bien lo circunstancial no es más que la consecuencia de lo estructural ideológico.

Lo circunstancial fue la decisión por parte de algunos gobiernos autonómicos de no derivar a los hospitales a personas mayores contagiadas en las residencias. Con indicaciones que no alcanzaban ni la entidad de una resolución administrativa, se excluyó a los mayores con cierto grado de dependencia del derecho a la salud reconocido en la Constitución y en las leyes. Por ejemplo: en Madrid las residencias no fueron medicalizadas (como exigió el TSJ), no hubo derivaciones al hospital de Ifema (con camas sobrantes), y no hubo traslados a hospitales privados. Y todo ello sin más motivo que la carencia de medios o la decisión de escatimarlos. Es decir, no se repartió equitativamente la carencia de Estado social —‘lo estructural’—, sino que esa carencia se aplicó circunstancial y directamente a quienes, en la realidad, son considerados ciudadanos de segunda: las personas mayores.

Lo más llamativo es que estas decisiones político-administrativas no han dado lugar a ningún tipo de responsabilidad, ni política (elecciones autonómicas ha habido), ni jurídica. Por ahora la fiscalía ha entendido que, dadas las circunstancias, los centros residenciales denunciados cumplieron como pudieron su deber de cuidado y los protocolos establecidos por las autoridades, y que el exceso de muertes no pudo ser evitado. Al parecer, nada tiene que decir la fiscalía sobre las directrices discriminatorias que bloquearon que muchas personas mayores fueran atendidas por los servicios sanitarios. Directrices que vulneraron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y a la salud, de un grupo humano especialmente vulnerable.

Lo estructural es la respuesta a la pregunta ¿cómo se organiza esta sociedad para cuidar a las personas mayores? En un sistema dominado por las leyes de un mercado complementado y supervisado (teóricamente) por el Estado social, ¿puede ser el cuidado de las personas mayores un negocio? ¿Y un gran negocio? ¿Qué papel juega la Administración en la provisión y garantía de los cuidados a un grupo en situación de vulnerabilidad como lo es el de las personas mayores?

Lo cierto es que el de las residencias se está convirtiendo en un gran negocio, un negocio privatizado (solo el 13% de las plazas es de gestión pública) en proceso de concentración empresarial controlado, bien por una Iglesia opaca asociada al concepto de beneficencia del siglo XIX (ajena pues a la idea de derechos sociales); bien por fondos de inversión extranjeros y multimillonarios que, a pesar de recibir gran cantidad de fondos públicos, se dedican a aplicar un principio fundamental: obtener beneficios. Cuantos más y cuanto antes, mejor.

La aplicación concienzuda de este principio tiene una repercusión directa sobre la cantidad de personal de las residencias, sobre su formación, sobre la institucionalización (y despersonalización) de los centros, sobre la calidad en la alimentación de los residentes… en definitiva, sobre la calidad del servicio y el bienestar de los ancianos. Porque, como señala Rico, la factura del enriquecimiento de unos pocos la pagan otros, en este caso las personas mayores.

Con razón se dirá que la función del mercado no es proteger los derechos de las personas. Pero sí lo es la función del Estado; de hecho, es una de sus principales razones de ser. Y aquí es donde falla la segunda parte de la ecuación. El problema no es tanto que el Estado deje el cuidado de los ancianos en manos de privados a los que transfiere fuertes sumas de dinero (tema que da para discusión), sino que, al hacer dejación de sus funciones de control y presupuestarias, desprotege a las personas mayores. Las desprotege al no controlar eficazmente que las residencias cumplen con los estándares mínimos de calidad que exige la ley, las desprotege al no sancionar adecuadamente los incumplimientos (sale a cuenta infringir los requisitos de calidad), y las desprotege, sobre todo, al no financiar adecuadamente el sistema de dependencia.

En este libro no se echa la culpa a unos y se absuelve a otros. No se dice que lo privado funciona mejor que lo público. No se dice que todos lo hicieron mal (al contrario, se señala que muchos, a pesar de la situación tan dura que se vivió en los primeros meses de pandemia, lo hicieron muy bien). No carga contra los responsables de un partido político y olvida el resto (qué curioso que hayan sido Madrid y Cataluña las dos autonomías, aun con distinta intensidad, que aprobaron protocolos discriminatorios de exclusión). Pone sobre la mesa los datos y las claves más importantes de lo que aconteció, para interpretarlos y que los interpretemos.

Si el periodista es, como aseguraba Camus, “un historiador sobre la marcha cuya principal preocupación es la verdad”, Vergüenza demuestra que Rico lo es. Y que practica su oficio. Investigación, objetividad y prudencia sostienen la solidez del que es para mi uno de los libros más importantes de esta época de confusión informativa, ética y política. Leerlo provoca el desconcierto de ánimo que le da nombre. Su contenido obliga a revisar de arriba abajo el modelo de los cuidados y, más allá, cómo piensa la sociedad a los mayores.

La crisis sanitaria pasará, y aunque hoy no lo creamos, en unos meses no será otra cosa que objeto de recuerdo y tergiversación político-electoral. No dejemos que lo sucedido caiga en el olvido, porque de hacerlo, renunciaremos a que se corrija todo aquello que lo provocó y que, cuando se conoce, produce tanta vergüenza.

Del poder del fusil al poder del olvido

Carlos Gil Gandía

Después de la II Guerra Mundial nació un nuevo Derecho Internacional centrado en los derechos humanos internacionalizados por la Declaración Universidad de los Derechos Humanos. A partir de entonces se ha elaborado un corpus iuris para la protección de tales derechos frente al Estado todopoderoso del antiguo Derecho Internacional y con el deseo de que la lógica de la justicia se imponga a la del olvido. Veamos algunos ejemplos de Estados que sí han asumido sus obligaciones internacionales respecto de sus tenebrosos y recientes pasados. Y comparemos, finalmente, con España. Hete aquí la máxima de que las comparaciones son odiosas.

            La Alemania de la posguerra confeccionó programas de reparaciones de carácter administrativo y legislativo para con la población judía que durará hasta 2030. Entre 2014 y 2017 se han pagado 772 millones de euros para que las víctimas de la persecución nazi que estuvieran enfermas reciban atención médica.

            Las Cámaras Especiales de Camboya están juzgando a los Jemeres Rojos por los crímenes que cometieron durante su dictadura (1975-1979). La condena de Duch es un ejemplo de no permitir la impunidad y de dignificar y reparar a las víctimas de la dictadura.

            Las comfort woman son las mujeres que fueron violadas en su infancia por el ejército nipón durante la II Guerra Mundial. En el año 2015 recibieron las disculpas públicas del gobierno nipón, lo que supone una reparación de carácter simbólico y un alivio para mujeres que, en su día, fueron no solo violadas sino también estigmatizadas por la sociedad y olvidadas por el Estado. Ítem más: El 8 de enero de los presentes, un tribunal de distrito de Corea del Sur consideró que el gobierno nipón debía indemnizar a 12 mujeres surcoreanas violadas por el ejército japonés. No obstante, dudo que se indemnicen por la inmunidad estatal.

Sudáfrica, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador… han elaborado programas administrativos o legislativos o derogado leyes de amnistía o condenado a los criminales de las dictaduras sufridas por las gentes de aquellos países con el objetivo de luchar contra la impunidad y salvaguardar y proteger los derechos de las víctimas.

Todas las atrocidades cometidas por los países mencionados ocurrieron hace 30 o 70 años. Mientras los nuevos gobiernos y las élites, junto con la ciudadanía, de los países citados han sido conscientes de la necesidad de afrontar su pasado sobre la base de lo ocurrido realmente y de conformidad con los derechos de las víctimas, aquí, en España, se considera la apertura de heridas.

Nuestro país ha pasado del poder del fúsil al poder del olvido de las víctimas. La Transición española significó paz en detrimento de la justicia. Son dos elementos que en época transicional deben converger, aunque, en ciertas ocasiones no sucede, como ha sucedido en nuestro país.

En España se han invisibilizado jurídica y, hasta hace no mucho, cultural y sociológicamente a las víctimas del franquismo y, en parte, a las de la Guerra Civil. Eso, evidentemente, implica el sufrimiento de los familiares y víctimas directas y tranquiliza también a algunas personas. Pero el hedor de tal invisibilidad, estremece. En este sentido se pronunció Pablo de Greiff, antiguo Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas, en su informe de 2014. El Relator instó a las autoridades españolas y a los responsables públicos a adoptar medidas en materia de verdad y justica, y dejar de lado la confrontación por algo que, realmente, debería unir para reconstruir una memoria conjunta a fin de visualizar un futuro que garantice la no repetición de lo acaecido.

Hablar de y con las víctimas, en sentido jurídico y moral, implica una ética del reconocimiento, la actualidad de sus negados derechos, consiguientemente, no se trata de abrir heridas. No se trata de cobrar subvenciones, Rafael Hernando y demás infaustos que han vertidos similares comentarios. Se trata, sencillamente, de cumplir con el Derecho Internacional, de salvaguardar los derechos de las víctimas reconocidos internacionalmente en tratados de derechos humanos, de elaborar una memoria colectiva sobre la base de hechos y no de mitos, de saber cómo, dónde y cuándo mataron a una persona para velarla, para que su rol de sombra se torne a fenecido con memoria. Es la Justicia y el Derecho, estúpido.

España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Por qué luchar sólo contra los delitos de odio no acabará con el racismo institucional y estructural

Youssef M. Ouled

El pasado 18 de marzo, un centenar de organizaciones lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, tendimos la mano al Ministerio del Interior, ofreciendo el apoyo de la sociedad civil para abordar un problema real en nuestra sociedad: poner fin a la discriminación racial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misiva se expone de manera justificada y objetiva la existencia del perfilamiento racial en España, si bien se trata de un problema global. En el texto se apela a un diálogo horizontal y constructivo con la administración, ante una práctica policial con graves consecuencias en las comunidades afectadas, en particular, y en toda la sociedad, en general.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la perfilación racial es una práctica policial discriminatoria a través de la cual las FCSE controlan, paran e identifican a personas únicamente en razón de sus características raciales. La policía identifica a personas racializadas sin tener realmente evidencias, convirtiendo en sospechosos a inocentes. Se trata de una actuación con múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, entre otras cosas, crea una división en la población al apoyarse en la necesidad de identificar a determinados grupos de personas para garantizar la seguridad de otras, puesto que esas personas controladas representan la inseguridad. Pero en realidad, lo que se consigue es romper la cohesión social al criminalizar a nuestros vecinos y vecinas, mientras se vulneran sus derechos y libertades individuales.

La respuesta de Interior rechaza un diálogo entre autoridades, policía y sociedad civil que es fundamental para inspirar y fomentar confianza y, además, nos recuerda al dicho: “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Por un lado, no se reconoce la existencia y el uso del perfilamiento racial por parte de la policía. Esta negación que resulta preocupante para quienes a diario son víctimas de esta práctica se ve contradicha por informes como «La apariencia no es motivo, identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña» elaborado por SOS Racisme Catalunya en 2019. El estudio reveló que por cada persona con nacionalidad española que se identifica, se para a 7,5 con nacionalidad marroquí. En este sentido, durante la pandemia de la COVID-19 el informe «Racismo y xenofobia durante el Estado de Alarma en España», elaborado desde RIS y el Equipo del Decenio Afrodescendiente para la ONU, mostró como el 70% de las personas interpeladas por la policía denunciaron haber sufrido identificaciones por perfil racial.

Si no se reconoce que hay un problema difícilmente se pueden abordar soluciones. Estas son solo algunas de las que se apuntan en la carta de la sociedad civil enviada a Interior: establecer mecanismos independientes de supervisión policial y denuncia; sistematizar el uso de formularios de identificación y garantizar que los agentes de policía puedan ser claramente identificados al realizar operaciones de parada y registro; o llevar a cabo estudios sobre las prácticas policiales a nivel nacional para obtener una visión general del uso de perfiles, recopilando datos desglosados y publicando los resultados para realizar el seguimiento pertinente.

No obstante, la respuesta del Ministerio pasa de puntillas sobre el racismo institucional en el que se enmarca esta práctica policial discriminatoria, sin hacer mención a su existencia y, por lo tanto, obviando la forma de hacerle frente. Mientras que sí se centran, desde Interior, en señalar los prejuicios de la sociedad al fundamentar su respuesta únicamente entorno al trabajo de las instituciones en contra de los delitos de odio.

Los delitos de odio son conductas violentas o actos criminales contra personas que se encuentran en un plano de desigualdad, expuestas a la discriminación por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para hacer frente a esta violencia se creó en el Código Penal una figura que permite proteger a las personas y grupos históricamente perseguidos y discriminados, con el fin de preservar su integridad física y moral.

La lucha contra los delitos de odio, por sí sola, no permite corregir las prácticas discriminatorias generadas desde y por las propias instituciones, como es el caso del perfilamiento racial. Es más, la existencia de una práctica policial discriminatoria que crea una distinción entre quienes componen la diversidad de la población, refuerza la discriminación racial en la sociedad y es un abono para los prejuicios que subyacen los delitos de odio.

El perfilamiento racial y los delitos de odio están estrechamente interrelacionados; el perfilamiento racial alimenta los delitos de odio y las víctimas de delitos de odio tienen altas probabilidades de ser víctimas de perfilamiento racial. Pero, luchar contra los delitos de odio no permite erradicar el perfilamiento racial. Igual que luchar contra las consecuencias del machismo no erradica de manera definitiva las raíces estructurales que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Con su respuesta, el Ministerio del Interior evidencia una falta de compromiso para erradicar el racismo y la discriminación más peligrosa de todas, la que emana de las propias instituciones que deberían protegernos. Es importante que el Estado persiga los delitos de odio, pero no se puede hacer de manera honesta y efectiva si no se ha reflexionado sobre el papel del propio Estado en su proliferación.

En estas circunstancias, ¿Cómo pueden las personas y grupos afectados denunciar o acudir a la justicia y confiar en que las instituciones abordarán de forma efectiva los delitos de odio cuando a diario son discriminadas por las propias instituciones? Si tampoco se fomenta un diálogo y acercamiento entre la población afectada e instituciones y la actitud de estas últimas exacerba el distanciamiento, sólo se contribuye a alimentar un caldo de cultivo para tensiones mayores.

Si desde las administraciones se quiere hablar de delitos de odio cuando se les interpela sobre qué están haciendo para poner fin al uso de perfil étnico-racial o en materia de brutalidad policial, deberían hacerlo únicamente cuando se tomen medidas efectivas para abordar la naturaleza estructural del problema. Está fuera de lugar tratar de dividir en pedazos un problema del que no se reconoce su existencia. Mientras no se dé ese reconocimiento, las respuestas de Interior a las propuestas de la sociedad seguirán siendo discursos vacíos que perpetúan las injusticias.

Ladrillo en vez de política social: el psiquiátrico penitenciario

Ana Sánchez Guerrero

Pepe Reig Cruañes

Si no sabes bien cómo afrontar un problema social o socio-sanitario, construye un macro-centro lo más vistoso que puedas. Luego llámalo hospital Zendal o Súper Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas.

El anuncio de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia), con una capacidad prevista para 500 plazas, forma parte de ese síndrome nacional consistente en desarrollar obras en vez de políticas públicas. Pensado en principio como centro penitenciario convencional, se anuncia su conversión en macrocentro psiquiátrico, con resonancias del viejo institucionalismo que creíamos superado entre las corrientes psiquiátricas actuales. Máxima perplejidad y hasta indignación entre las asociaciones de profesionales, de familiares y usuarios de salud mental. Por no hablar de las ONGs y asociaciones del ámbito penitenciario y ciudadano, comprometidas con los Derechos Humanos de las personas con sufrimiento psíquico y encarceladas, que se han expresado a través de la firma de un manifiesto (disponible aquí). El proyecto va, a juicio de profesionales y usuarios, justo en la dirección contraria de lo que todos los sectores involucrados en la salud mental proponen y de lo que vienen confirmando desde hace decenios estudios y evidencias. Ignora, dicen, las recomendaciones y estudios de los organismos internacionales (ONU, OMS, Comité Europeo para la prevención de la tortura o Consejo de Europa). Se salta a la torera orientaciones de la Estrategia de Salud Mental prevista en el Sistema Nacional de Salud, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Todos ellos han señalado que el enfoque penitenciario no es el más adecuado para el manejo de situaciones de criminalidad con trastorno mental. Y, sobre todo, han advertido de que se están vulnerando de los Derechos Humanos (DDHH) en la población afectada por sufrimiento psíquico y este ya no es un asunto que interese solo a profesionales.

Todo es cuestión de enfoque o, como diría un teórico de la comunicación, de cómo construyes el “marco lingüístico”. En vez de interrogarse acerca del deterioro social y la desigualdad, acentuadas por decenios de neoliberalismo, que coadyuvan al delito y se ceban en las personas con antecedentes de trastorno mental. En vez de preguntarnos porqué los delitos de las personas con problemas mentales apuntan siempre a la búsqueda de abrigo y alimento (Warner, 2018) y sacar de ello la debida consecuencia. En vez de observar que estas personas visitan antes la prisión que los servicios de salud mental comunitarios (un 67% de ellos nunca fue atendido antes de ingresar) y recordar lo que sabemos sobre internamientos penitenciarios tempranos y cómo juegan en favor de la reincidencia. En vez de considerar la complejidad socio-sanitaria del asunto y desmentir la asociación mecánica entre enfermedad mental y delito, como señala la propia Fundación Abogacía, quien insiste en que “las razones que le llevan [al enfermo mental] a delinquir no difieren significativamente de las que conducen al crimen a los sujetos sanos o imputables”. En vez de considerar el fondo del asunto, hagamos un macro centro.

Las deficiencias de las políticas preventivas y las carencias de la atención primaria convierten a la prisión en la “única alternativa realmente disponible” (Ministerio del Interior). Consecuentemente, la tasa de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias no ha dejado de crecer y este hecho presenta dos caras a cuál más deprimente: es sabido que esta clase de internos, que a menudo empeora con el tiempo, acceden cada vez menos a los beneficios y derechos penitenciarios del resto de la población reclusa. Los organismos de vigilancia de los derechos humanos vienen alertando de la sistemática violación de los derechos de este colectivo. Y, cuando finalmente, salen de la institución, estas personas deben cargar con el doble estigma de enfermo y ex preso.

Es necesario un nuevo enfoque que deje de apostar por medidas punitivas, de aislamiento y marginación. Es preciso superar la obsesión por el “ladrillo”, que refleja ese macro proyecto de Centro Psiquiátrico Penitenciario, y avanzar de verdad en el cumplimiento de las normas y recomendaciones nacionales e internacionales, basadas en las evidencias científicas y en el respeto a los DDHH de las personas con problemas de salud mental.

Se precisan menos edificios y más recursos humanos que garanticen la atención comunitaria para la prevención de patología mental y la continuidad de cuidados necesaria para la reducción de la reincidencia de delitos. Se precisa una búsqueda activa del enfermo en su entorno, que facilite el seguimiento y adherencia terapéutica con el equipo sanitario, sociosanitario y los recursos comunitarios. Del mismo modo se ha de desarrollar la coordinación de todos los recursos asistenciales, con los penitenciarios y judiciales, cuando sea necesario por estar sometidos a medidas de seguridad. Y no podemos olvidar la acción coordinada del conjunto de administraciones públicas, para desarrollar campañas de sensibilización que contrarresten la doble estigmatización que sufren los enfermos mentales que están sometidos a un proceso judicial.

La grandilocuencia de las fórmulas es directamente proporcional al vacío de las soluciones que aportan. Como nuestro sistema de salud no funciona correctamente en lo que se refiere a la salud mental, el debate público deriva hacia enfoques centrados en la seguridad, en vez de lo sanitario. Y cuando la seguridad es lo primero, la salud nunca es lo segundo, sino que queda bastante más allá. Antes quedan el gueto, la exclusión y el estigma. Por esa vía se acaba imponiendo el “marco lingüístico” de la derecha más conservadora, que en realidad es un marco mental y nos instala en el populismo punitivo y en el atajo de las infraestructuras en lugar de las políticas sociales. Ningún gobierno progresista puede asumir sin daño ese marco mental. Al contrario, tiene que superarlo en nombre de la ciencia y los derechos.

Jugando entre la bruma (Jorge J. Fernández Barreiro, ca. 2010)

Entrada: 283. “Fondo de armario”. Exposición de Jorge J. Fernández Barreiro.

2º Premio Psiquifotos 2015, coordinador Óscar Martínez Azumendi

España no es racista…¿o sí?

Ángeles Solanes

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha, en 2021, es “la juventud se alza contra el racismo” en un intento de involucrar a cada uno de nosotros en el fomento de una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación, a través del lema #LuchemosContraElRacismo (#FightRacism). Recordar esta fecha supone insistir en la importancia de luchar contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Combatir el racismo y la discriminación exige abordar la diversidad desde un punto de vista positivo (como variedad y riqueza, no como diferencia excluyente) y hacerlo desde el principio de igualdad (formal y material), con el derecho antidiscriminatorio. Por eso, es importante recordar los sucesos que dieron lugar al día que hoy celebramos: la manifestación contra las leyes del apartheid, el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), durante la que fueron asesinadas 69 personas. Esta masacre provocó tal indignación que hizo que, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Resolución número 2142 XXI, y declarara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1979, dicha Asamblea instó a todos los Estados a desarrollar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra la discriminación racial, a través de la realización de actividades que dieran comienzo cada 21 de marzo.

Un año después de los acontecimientos de Sharpeville, en 1961, en Israel, se iniciaba el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la II Guerra Mundial. En este contexto, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Para Arendt, Eichmann era un burócrata, sin ser inocente, que trabajó al servicio de un sistema articulado para el exterminio. De ahí la importancia de reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y de estar alerta para evitar ese mal que subyace en ella, sin banalizarlo. Este es el aprendizaje imprescindible para afrontar los actuales prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Desde los mencionados acontecimientos hasta el reciente movimiento Black Lives Matter, múltiples sucesos han conmocionado a la opinión pública a nivel mundial y han impulsando el derecho antidiscriminatorio, sin que se haya conseguido superar las desigualdades basadas en la raza y la etnia. ¿Por qué persiste la discriminación racial o étnica, acaso no tenemos la percepción de que somos racistas? En nuestra cotidiana existencia ¿entendemos que esta es una cuestión que afecta a países como Estados Unidos, que tiene una deuda con la comunidad negra desde las promesas de los founding fathers, pero que queda lejos de la realidad española? Ciertamente podemos pensar que España no es racista (la tendencia positiva en la tolerancia de los españoles hacia la inmigración en algunos momentos, así podría avalarlo) ¿o sí? Una radiografía rápida de la situación española actual ofrece una nítida respuesta.

España recibió en el último Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 257 recomendaciones propuestas por 110 Estados para mejorar en la garantía de los Derechos Humanos. De ellas, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que se encuentran las relativas a incorporar en la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad y la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial; continuar con los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en aspectos como al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica; y aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías.

Estas recomendaciones no son nuevas. En su último informe sobre España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ya había insistido a las autoridades españolas sobre cuestiones como, entre otras, la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación y atender así a su Recomendación nº 7 de política general; penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo; sancionar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público; adoptar medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea totalmente independiente y actualizar la estrategia de lucha contra el racismo.

Desoyendo esas llamadas de atención, España se abstuvo en la votación de la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 31 de diciembre de 2020, en relación al llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aunque la resolución fue finalmente aprobaba con el apoyo de 124 Estados.

De este contexto internacional se desprende un doble racismo evidente y latente en la política española, que puede constarse también en la dimensión social. Los datos a nivel nacional avalan la persistencia de prejuicios raciales y actitudes intolerantes, y vienen a confirmar que en España sí hay discriminación racial y étnica, con una tradicional falta de voluntad política para combatirla, aunque no siempre sea fácil detectarla.

Como se constata en el último Informe sobre la evolución de delitos de odio en España (Ministerio del Interior, 2019), de los cuatro ámbitos que mayor número de incidentes registraron en 2019, el de “racismo/xenofobia ” es el que presenta un mayor aumento, en concreto del 20,9%. Este informe recoge por primera vez el nuevo ámbito “antigitanismo”, con 14 hechos conocidos y evidencia así la tradicional discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en España. De hecho, la primera sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla directamente de racismo institucional y lo conecta con el perfil étnico utilizado por la policía en sus actuaciones se refiere precisamente al pueblo gitano, en el caso Lingurar c. Rumanía.

En el mismo sentido, el reciente informe presentado por el CEDRE sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, apunta que los colectivos que se perciben más discriminados por el color de piel y rasgos físicos son las personas de África no mediterránea (82%) y las personas del pueblo gitano (71%); los ámbitos en los se percibe mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda (31%), el de establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%); los límites de detección y percepción de la discriminación se vuelven más difusos, siendo cada vez más patentes los “micro-racismos”; y persiste la infradenuncia.

Ante esta realidad, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada a nivel nacional por el grupo socialista en enero de 2021 y que se encuentra en trámite parlamentario, puede suponer un avance hacia la mayor igualdad si se atienden las recomendaciones internacionales y las demandas sociales. Ciertamente dicha proposición abre la posibilidad de tener una norma más garantista, ese mínimo común normativo que permita la protección real y efectiva de las víctimas, respaldada por una autoridad independiente (que denomina Comisionado) y en el marco de una estrategia estatal. Sin embargo, queda mucho por concretar.

Tendrá que plantearse la discusión sobre cuestiones como si ese Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del que habla la propuesta, como órgano específico, debe o no integrarse dentro del Defensor del Pueblo. Con ello se evitaría solapamientos, se garantizaría la independencia y se avanzaría en la línea del exitoso modelo francés. Habría que salvar en tal caso inconvenientes como el que se desprende del artículo 54 de la Constitución, según el cual el Defensor puede supervisar solo la actividad de la Administración, además del hecho de que el Defensor no tiene capacidad sancionadora, de mediación, arbitraje y asistencia a las víctimas. Otras alternativas serían también posibles, si no se vinculara a dicha institución, a partir del actual CEDRE, siempre que se respetara la imprescindible independencia.

Sin una normativa antidiscriminatoria garantista, ni un organismo fuerte, puede considerarse que no importa que las Administraciones públicas o las empresas discriminen porque esa actuación no genera responsabilidad. Es igualmente fundamental reforzar la tutela política y jurídica de los rasgos protegidos (los factores exclusógenos) por el derecho antidiscriminatorio. Dichos rasgos son abiertos y tienden a expandirse. Las discriminaciones sociales mutan y aparecen nuevas formas a las que habrá que prestar atención, como las derivadas de los sistemas automatizados de datos, la inteligencia artificial o la discriminación “genética”.

Esta estrategia de política pública, con garantías normativas e institucionales, tiene que venir acompañada de la acción social, para la prevención, la sensibilización y la denuncia (también en el ámbito virtual en el que ha crecido el discurso de odio y se ha aprobado un protocolo para combatirlo. Solo la conjunción de ambas permitirá frenar el racismo y la xenofobia manifiestos, y combatir las prácticas y actitudes de discriminación líquida, esa que pasa prácticamente desapercibida, que es banalizada, pero conduce a un mal mayor. Quizás así llegue el día en el que no sea necesario recordar esta fecha.

La excepción española, último capítulo

Jorge Rodríguez Rodríguez

España como excepción puede ser leída en numerosas claves; desde aspectos absolutamente banales, hasta situaciones que han puesto en riesgo el disfrute de los más elementales derechos humanos, como las que aquí se tratarán. Excepciones, en fin, que se corresponden con actuaciones que se distinguen totalmente del ejemplo que, en determinadas situaciones, representan lo que se ha venido denominando comúnmente “los países de nuestro entorno”. Así, por ejemplo, podremos mencionar todas aquellas ocasiones en las cuales, habiendo ganados las elecciones un partido que había sido ilegalizado por la dictadura y sus miembros exiliados, una vez ha llegado al poder nunca ha llevado a cabo las políticas necesarias y suficientes para, al menos, reparar y reconocer el daño que desde 1936 se ha infringido a todo un espectro de la sociedad española. La vigencia de nuestra Ley de amnistía da buena muestra de ello.

Sin embargo, la excepción española va más allá, porque la misma ha traspasado ya nuestras fronteras y ha quedado tristemente instalada en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En efecto, pese a la más reiterada jurisprudencia, asentada en nuestros sistemas universal y europeo de protección de derechos humanos, que obliga a los Estado a investigar las violaciones de derechos humanos (con especial ahínco en el caso de las desapariciones forzadas) ocurridas en el territorio bajo su jurisdicción, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el pasado (especial referencia al caso Canales Bermejo en 2012), ni ahora el Comité de Derechos Humanos, han aplicado esta dilatada práctica al respecto a los casos que se les han presentado sobre hechos ocurridos desde la Guerra Civil y durante el franquismo; y con unos razonamientos, de hecho, bastante parecidos.

La puerta cerrada hace pocos días por el Comité de Derechos Humanos, encargado de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido especialmente (como poco) decepcionante. Y es que estamos hablando de un órgano que en 2015 decía sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: “El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.”

Con todo lo anterior como marco general, en 2019 se presentó ante el Comité de Derechos Humanos el primer caso sobre estos hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo: el caso Francisca Alomar et al c. España, presentado por la hija y la nieta de Antoni Alomar y Margalida Jaume, ambos desaparecidos en Mallorca desde 1936. Veremos a continuación porque este caso representa la penúltima excepción española:

Estamos hablando de unos hechos que, efectivamente, comenzaron antes de la entrada en vigor del mencionado Pacto para España, sí. Pero esta situación no es nueva para el Comité, pues no son pocas las ocasiones que este órgano ha admitido casos ocurridos antes de la fecha en cuestión. Sin embargo, en el que aquí nos ocupa, el Comité interpreta que estamos ante hechos que ocurrieron “hace tanto tiempo”, que no se considera competente para pronunciarse sobre ellos; incluso, de hecho, si la inacción del Estado al respecto llega hasta nuestros días.

Y es que, esta inadmisibilidad es aún más excepcional al estar tratando un asunto de desaparición forzada, y donde el propio Comité ha reconocido siempre el sufrimiento de las víctimas por el desconocimiento del paradero de la persona desaparecida y, también, el carácter continuado de la misma. Práctica del Comité que, por lo visto, es desconocida para nuestra Abogacía del Estado, que afirmó durante el procedimiento que este órgano carecía de competencia material para conocer de un caso de desapariciones debido a que existe un Comité de Desapariciones Forzadas… Razonamiento que sorprende ya que el Comité de Derechos Humanos lleva conociendo de casos de desapariciones forzadas desde los años 80.

Pese a ello, y a todas las trabas que este órgano ha reconocido a lo largo de los años que existen en España para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Comité considera “que, incluso comunicaciones que aleguen desapariciones forzadas no deberían de ser presentadas con una excesiva o inexplicada demora por parte de los autores, una vez que se den cuenta, o que deberían de darse cuenta, de que no se ha iniciado ninguna investigación o (…) no haya perspectiva realista de investigación efectiva sobre la suerte de las víctimas”. A este respecto, las demandantes desarrollan todo un largo periplo de recursos judiciales y administrativos orientados a la búsqueda de sus familiares (lo que se conoce en el argot del Comité “la necesidad del agotamiento de los recursos internos” antes de acudir ante su jurisdicción), siendo el último de ellos una denuncia en el Juzgado de Instrucción núm.1 de Manacor, la cual fue archivada el 3 de agosto de 2017 alegando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en la conocida sentencia de 2012 sobre el caso Garzón. La pregunta que se presenta entonces es: ¿cuál habría de ser esa fecha? ¿Cuándo las víctimas deberían haberse dado cuenta de ello? ¿No han mostrado una diligencia más que debida para resolver su caso en la jurisdicción española? Todo parece indicar que sí, pero para el Comité, no.

Otro de los asuntos que suscitan más desconcierto es el referente a la falta de agotamiento de recursos internos sobre la otra gran queja de las víctimas: el sufrimiento, similar a una tortura, que les produce la desaparición de sus familiares. Una conexión, entre desaparición y tortura, que fue realizada en su momento por el propio Comité y que, de hecho, reconoce que se está produciendo en España. Por ello, causa estupor que dicho Comité alegue la falta de agotamiento de recursos internos, como manifiestan algunos de sus miembros en un voto disidente. Y es que, ¿cuáles habrían de ser esos recursos? La pregunta no es baladí porque la mayoría del Comité no dice nada al respecto. Según sobreentendemos, en España no hay más recursos que los ya agotados por las víctimas. Por ello, los miembros disidentes del Comité califican los argumentos de la mayoría como “desconcertantes”, ya que es perfectamente “demostrable” que las víctimas sí los han agotado. Como ejemplo de todo ello, bastaría con aludir, como se hace en el voto particular, tanto a la Ley de amnistía, como a la referida sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que “condicionó la posición de los tribunales de inferior instancia en relación a la demanda de las víctimas”. Es decir, según alegan estos miembros del Comité, y concuerdo, en España “no hay recursos efectivos que agotar”, lo que debería haber llevado al Comité a admitir la demanda, al menos, por el sufrimiento que las víctimas siguen padeciendo hoy en día.

Además, estamos hablando de dos víctimas que forman parte de la querella argentina; que forman parte del colectivo de víctimas que, ante la ausencia de justicia en su propio país, han tenido que acudir a los tribunales de un tercero. ¿Por qué cree el Comité que dos personas, rebasando una de ellas ya la barrera de los noventa años de edad, acuden a los tribunales de otro país, si no es porque consideran que no hay futuro posible para su causa en el suyo propio?

En definitiva, la ausencia de respuesta a nivel de protección internacional de los derechos humanos se ha erigido como la penúltima piedra en el camino en esta odisea que es la búsqueda de justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Piedra inesperada por todo lo ya relatado, sí, pero piedra, al fin y al cabo. Retomando el inicio de este artículo, el caso de España es una auténtica excepción en materia de búsqueda de los más elementales derechos de las víctimas; derechos de obligatoriedad jurídica indiscutible e inexcusable (que no ya solo moral o etérea) pero que vienen siendo negados tras cada una de las puertas que las víctimas tocan; incluso en aquellas que parecían (y deberían) estar de su lado, como la puerta del Comité y anteriormente la del Tribunal Europeo. Pues, recordemos, son órganos de derechos humanos. Se dedican a ello. Aunque a veces, como esta, cueste creerlo.