Es libertad de expresión, estúpidos

Ana Valero Heredia

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acaba de abrir diligencias contra la revista satírica El Jueves, por un presunto delito de injurias ante el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado por los principales cinco sindicatos de policía en el que se denuncia el artículo publicado el pasado 5 de octubre bajo el título: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Con el tono propiamente satírico de la revista, el artículo señala que los cárteles colombianos han advertido que son “incapaces de abastecer tanta demanda” tras la actuación policial contra la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña. Tras abrir diligencias, la juez ha citado como investigado al director de la revista.

Asimismo, ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra doce raperos que integran el grupo llamado La insurgencia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía solicita dos años y un día de prisión para cada uno de los integrantes del grupo musical por estimar que las letras de sus canciones hacen apología de la violencia y ensalzan a la organización terrorista GRAPO.

Como es sabido, estos dos nuevos casos no son los primeros ni los últimos pues se suman a los del rapero Valtonyc, César Strawberry, Pablo Hásel, el del concejal Zapata, Cassandra, los titiriteros, Rita Maestre, Abel Azcona, Javier Krahe, Leo Bassi, los manifestantes que quemaron la foto del rey, el autobús de Hazte Oír y tantos otros. Algunos de ellos han sido condenados penalmente, otros han sido absueltos. A algunos se les imputan delitos como el escarnio religioso, las injurias, el enaltecimiento del terrorismo, o, el discurso del odio, pero en todos ellos subyace, la limitación de un derecho fundamental: la libertad de expresión.

Ante esta realidad, una empieza a preguntarse con preocupación a qué responde este evidente retroceso en la protección de tal derecho en nuestro país, pues es evidente que la Fiscalía y determinados órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 31 de julio de 2015 relativa a la quema de fotos del rey, parecen haberse empeñado en contradecir uno de los principios definitorios del sistema constitucional español, el de que España no es una “democracia militante”, lo que significa, a diferencia de otros modelos de nuestro entorno cercano, que aquí cabe la defensa de cualesquiera ideas y opiniones, incluso, aquéllas que contradigan el propio modelo constitucional democrático, siempre que se haga respetando los procedimientos previstos para ello y sin emplear la violencia.

En este sentido, parece que procede reiterar, una vez más y hasta la extenuación si es necesario, que el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión de nada nos sirve respecto de ideas u opiniones generalmente aceptadas por la sociedad, o consideradas inofensivas por ésta. La verdadera utilidad y eficacia de este derecho radica, precisamente, en relación con el tratamiento que reciba la manifestación de aquellas expresiones más radicales o extremas respecto del propio sistema democrático.

Centrándome ahora en el artículo de la revista El Jueves, es importante recordar que el artículo por el que se ha citado a su director por incurrir en un presunto delito de injurias, se sitúa bajo el paraguas del ejercicio de la sátira y la caricatura como manifestación de la libertad de expresión.

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que

“la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar. Por lo que, es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista -o de cualquier otra persona- a expresarse por este medio”.

Ello significa que, al ya carácter preferente que de por sí goza la libertad de expresión en todo sistema democrático, cuando además la misma se ejerce en el marco del humor, los límites que le son aplicables son todavía más restringibles.

Sin embargo, es evidente que nuestros tribunales no parecen tener muy en cuenta esta jurisprudencia. Baste recordar la reciente condena penal de un año de cárcel a César Strawberry por parte del Tribunal Supremo por sus tuits relativos a víctimas de ETA o de los GRAPO, sin tener en cuenta su perfil artístico ni su actitud no violenta. Y no hay que olvidar, tampoco, que en el año 2007 los dibujantes de la revista El Jueves, Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, ya fueron condenados por un delito de injurias a la Corona por la portada de los entonces príncipes de Asturias en actitud sexual.

El caso de los raperos del grupo La Insurgencia es todavía más grave, pues el delito que se les imputa es el de “enaltecimiento del terrorismo”, que lleva aparejada pena de privación de libertad. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 578 del Código Penal, a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio, humillación u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública.

Como señalé en posts anteriores, si se observa la interpretación que los tribunales han hecho del artículo 578 del Código Penal al aplicarlo, se llega a la conclusión de que éste establece un verdadero delito de opinión pues, para poder ser aplicado no es necesario que el discurso o las expresiones emitidas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o a la incitación al uso de la violencia.

Pues bien, letras como

“Leyendo a presos de los Grapo entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas”, o

“Yo no lleno salas, diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional”, o

“Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero, vuelos altos bajo esta dictadura. Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura”,

han llevado a la Fiscalía a afirmar, en su escrito de conclusiones, que estas composiciones “propagan un método violento para combatir un sistema que (los acusados) consideran injusto”, y que “enaltecen al grupo terrorista PCE(r)-Grapo y a miembros del mismo que llevaron a cabo múltiples secuestros, atracos y asesinatos”. Así, continua que “los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos”.

Este escrito de la Fiscalía, así como las sentencias condenatorias o de imputación relativos a otros casos anteriormente citados, se empeñan en desconocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia del discurso del odio, según la cual, lo será el desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Algo a tener en cuenta ya que en el cálculo del cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos parece que nos encontramos enfrascados.

Ilustraciones: 1. Eneko. 2. Hermano Lobo. 3. Rac.

 

Maternidad subrogada, ¿derecho o mercado?

Pepe Reig Cruañes Alicia Fuentes

El debate público sobre la maternidad subrogada ha venido, y todos saben cómo ha sido. El pasado mes de junio, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso registró una proposición de ley para legalizar la gestación subrogada de carácter “altruista”. Fue admitida a trámite y se encuentra a la espera del criterio del Gobierno, antes de su toma en consideración por el Pleno de la Cámara.

La propuesta de Ciudadanos es a favor de una de las variantes de la gestación subrogada, aquella que excluye el interés crematístico de la gestante. Se autoriza si es altruista, pero no si es retribuida. Lo que pasa es que, a la vez, se prohíbe entre consanguíneos, que es donde resulta más probable el altruismo. En Gran Bretaña existe una regulación parecida y todo el mundo sabe que se utiliza poco, porque muchos preferían ir a la India, convertida hasta hace poco en proveedora mundial, donde la pobreza femenina hace milagros.

No lo va a tener fácil esta Ley, ya que los partidos mayoritarios no se muestran muy favorables, por distintas razones, a respaldarla en su formulación actual. El PSOE en su 39ª Congreso Federal, tras un intenso debate, rechazó la maternidad subrogada por 171 votos contra 31. En las filas del PP y PODEMOS, no se han definido oficialmente, pero en ambos casos hay controversia. Mientras llega el debate parlamentario no está demás que los/as ciudadanos/as de a pie pensemos un poco en ello no vaya a ser que nos coja distraídos.

Para ir aclarando términos, la “maternidad subrogada” hace referencia a la implantación por fecundación in vitro o inseminación artificial de un embrión en una madre gestante, con la que los padres de intención, o comitentes, han firmado un contrato previo. Subrogarse implica, en derecho, sustituir a otro en una situación jurídica. Cuando se habla de maternidad, subrogarse no es otra cosa que sustituir en la gestación, ponerse en el lugar de otro que no puede gestar. No es, pues, una situación jurídica, sino una función vital, para la que el término subrogación parece un mero eufemismo.

En España es “nulo de pleno derecho” cualquier contrato de subrogación de la gestación y además “a filiación de los hijos nacidos así viene “determinada por el parto”. Eso es lo que dice taxativamente la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida humana, en un artículo, el 10, que no ha sido modificado en las actualizaciones posteriores (2007, 2011 y 2015). Aunque en la práctica, una Instrucción de la Dirección general de Registros y del Notariado, de 5 de octubre de 2010 facilitó, en atención a los derechos del menor, la inscripción de hijos habidos en el extranjero por este procedimiento, dejando sin efecto la prohibición y creando de facto una laguna notable en nuestro ordenamiento. Para terminar de complicarlo, una Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 febrero de 2014, deniega la inscripción en un caso de subrogación bajo la ley californiana, por ser “contraria al orden público internacional español”, dejando la cosa casi en un limbo legal.

Hay, por supuesto, conflicto de intereses, porque esos son los dos límites de la cuestión planteada: por un lado el contrato de gestación y por el otro la filiación del producto resultante de ese contrato, es decir, el niño que nacerá.

De modo que la propuesta de regulación Ciudadanos llega oportunamente y se beneficia del caos reinante. El debate es imprescindible, porque, se decida lo que se decida, deberá tener el consenso público y eso, en democracia, solo se alcanza deliberativamente.

Un debate apenas comenzado

Tenemos dos posturas de difícil conciliación, una representada por colectivos como la Asociación por la Gestación Subrogada en España que promueve una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la legalización de la maternidad subrogada, y basa su argumentación en la libre elección y consentimiento de la mujer gestante y el derecho de los padres de intención. La asociación Son Nuestros Hijos, que reúne a familias creadas por gestación subrogada, pide la legalización de este tipo de contratos “para evitar la discriminación de aquellas familias que no se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras”.

Por otro lado, la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV), y plataformas y organizaciones feministas como No somos Vasijas, que se posicionan en contra de legalizar cualquier forma de alquiler o cesión de la capacidad de gestar de la mujer, ya que supone una vulneración de los derechos de las gestantes y del nasciturus. Para estas organizaciones, la maternidad subrogada es otra forma más de control sexual de las mujeres y, potencialmente, un vehículo de tráfico de personas.

Para el Comité de Bioética de España, cuyo informe resulta demoledor en muchos sentidos para la gestación subrogada, la reforma de la Ley 14/2006 debería orientarse a la nulidad también de los contratos celebrados en el extranjero y sancionar a las agencias que lo promueven. El comité sugiere en sus conclusiones ir hacia la “prohibición universal de la maternidad subrogada internacional”. Por último, ocupándose de no desproteger a los niños nacidos en estos procesos, sugiere que la “filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo”, para que pueda ser reconocida en nuestro país.

Que el debate no es abstracto o futurible lo demuestra el hecho de que se estima en más de un millar los niños que llegan a España nacidos por maternidad subrogada cada año, desde los países en que se permite. No tiene nada de extraño que así sea cuando coincide con la bajada de más del 50% en las adopciones internacionales, por las crecientes dificultades burocráticas y legales que deben afrontar los padres adoptantes. Esas dificultades se deben, en algún caso, a controles y garantías para evitar abusos y proteger derechos del niño, pero también a menudo, son legislaciones conservadoras contra la adopción por homosexuales o, simplemente, personas solteras.

La tecnología abre ventanas (e interrogantes)

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida vinieron para resolver problemas de fertilidad, pero van provocar más de un cambio de concepto en algunas de nuestras pretendidas seguridades. Lo que vamos a tener aquí es una asociación y una disociación:

Por un lado, con esta cosa hedonista del consumismo neoliberal, asociamos técnica y derecho: si deseo hacerlo y la técnica lo permite, entonces tengo derecho a hacerlo. Todos podemos ser padres/madres, independientemente de lo que nos haya tocado en la lotería biológica. Estaríamos ante un nuevo eje liberador: la igualdad procreativa. Es el encuentro feliz entre capitalismo y patriarcado: si alguien desea y puede pagarlo, en alguna parte habrá una mujer necesitada que pueda prestarse.

Por otro lado, y de modo inverso, se produce una disociación con consecuencias en la forma dominante de familia: gestación y maternidad dejan de estar unidas en cuanto aceptamos la maternidad subrogada. Si bien es cierto que la familia se ha ido haciendo más y más plural, aún mantenía el hilo conductor de una filiación de los hijos vinculada al parto. Desde el derecho romano, sobre el padre puede haber dudas, pero la madre es la que pare. La pérdida de esta certeza pondrá en solfa algunas otras cosas. Abuelas que son a la vez madres de sus nietos, padres de intención que rechazan al hijo encargado o no pueden darle una filiación legal, gestantes que se arrepienten, hermanos que son padres de una misma criatura… Esto no ha hecho más que empezar. Habría que estar preparados para redefinir un puñado de conceptos éticos y jurídicos.

Los defensores de la subrogación tienen razón al criticar el contenido moral (“moralista”) del discurso anti subrogación, pero es que hay mucha ética en juego. Sin mencionar el hecho de que la opción por legitimar un contrato mercantil en este asunto es también una moral particular y, como tal, no tiene pretensión de universalidad.

¿Legalizar es proteger?

Existe una gran variedad de regulaciones, pero eso no ha impedido que la demanda de vientres de alquiler se haya incrementado en países con altos índices de pobreza femenina, en los que está o ha estado permitida la gestación por sustitución comercial como India, Tailandia, Kazajistan, Camboya o Vietnam. Tanto se ha incrementado, que algunos de estos países han empezado a restringir o incluso prohibir la subrogación internacional. Como recoge el Informe sobre Aspectos ético y Jurídicos de la Maternidad Subrogada, en estos países existen menos garantías para las gestantes. La desigualdad económica coloca en situación de especial vulnerabilidad a estas mujeres y convierte esta práctica en explotación, independientemente de que sea legal o no. Como señala Laura Nuño, “sólo en la India la industria gestacional genera una plusvalía anual cercana a los 140 millones de dólares con un crecimiento interanual del 20%”, el beneficio para las gestantes no llega al 1%.

¿Y la libre elección?

La propuesta de Ley de Ciudadanos, lógicamente, se asienta en el derecho de la mujer a decidir libremente qué hacer con su cuerpo. En personas adultas la capacidad para consentir se presupone, pero en la gestación subrogada comercial, en la que las gestantes se encuentran en situación de desigualdad, el consentimiento está viciado. La autonomía de la voluntad queda en entredicho cuando se ve afectada la dignidad de la mujer y sus derechos fundamentales.

En cuanto al nasciturus, ¿cómo puede ser objeto de un contrato un ser humano? En el balance entre el derecho de la gestante y el del bebé, resulta clave el momento del compromiso de cesión: antes del embarazo, durante éste o después del parto. El derecho de la mujer queda mejor protegido después, pero el del niño queda mejor si el compromiso es anterior.

Parece que para el capitalismo de nuestros días no existen las res extra commercium y todo se torna negociable. Resulta obvio que en los casos en los que media precio, se está legitimando la compraventa de un ser humano y su normalización sólo da cobertura a las necesidades del mercado.

¿Se está procediendo a una legalización de facto?

Pero mientras debatimos, puede estar produciéndose una legalización de facto, que acabe obligando a aceptar los hechos consumados. En esto, como en tantas cosas, la globalización impone su ley: la legislación puede evitar que la gestación subrogada se realice en territorio nacional, pero no que los hijos obtenidos por este medio en otro país sean registrados. La Propuesta de Ley de Ciudadanos no deja escapar semejante circunstancia en tanto le favorece: “la Instrucción de 5 de octubre ha dejado, en la práctica, sin contenido efectivo la nulidad del contrato de gestación subrogada contenida en la LTRHA”. Aunque en España sea “nulo” de pleno derecho cualquier contrato de subrogación de la gestación, la disparidad de legislaciones nacionales facilita un acceso casi irrestricto a hijos habidos mediante esta técnica en el extranjero. Estos hijos luego serán registrados aquí, porque el Estado viene obligado por la Convención sobre Derechos del Niño, que establece el derecho del menor a tener los mismos padres en cualquier país y a disponer de una nacionalidad. Por tanto, la administración acepta la atribución de filiación que estos bebés traen bajo el brazo desde el país donde se produjo el contrato de subrogación.

Si se quiere tener una criatura y la biología no lo permite, no hay problema. Ya dice la publicidad de las agencias intermediarias que la “infertilidad absoluta no existe”. Pero es que además, el procedimiento es tan sencillo como conectarse a una de sus webs y elegir el “paquete” más conveniente, en función de las posibilidades económicas del aspirante. Allí puedes ver las tarifas de entre 25.000 y 50.000€, alguna hay de 150.000, y la descripción de los servicios correspondientes a ese precio (chequeos, viajes, hormonación e implantación, vigilancia de la gestante, asistencia al parto…). El contrato está disponible en la propia web y no hay más que firmarlo, pero no es un contrato con la madre gestante, sino con la compañía intermediaria. Si se menciona a la mujer que aporta el útero, es para indicar que los expertos de la agencia vigilarán que no pueda “poner en peligro el embarazo”. Lo que no se verá allí es el contrato que la agencia firma con la mujer gestante.

Se entiende que podría resultar publicitariamente inconveniente y, de todas formas, ¿quién querría ver esas cláusulas? Eso sí, en vez de un contrato que podría parecer leonino, la publicidad y el marketing aseguran una idílica imagen de amistad y ternura con la lejana madre gestante, aunque esta venga cosificada con el lazo de un regalo.

Que estas agencias intermediarias se anuncien en Internet y muestren tan sofisticados instrumentos legales y comerciales, que hayan podido organizar y realizar una Feria en Madrid, muestra a las claras que estamos asistiendo a una legalización de facto y a una normalización pública, que no ha pasado por los filtros del debate informado y abierto. Esto se llama votar con los pies.

Hay mercado para ese deseo, pero los deseos no son derechos

La disparidad de legislaciones garantiza que siempre habrá mercado donde surtirse, y hasta se puede decidir en función del precio. Esa realidad proclama a los cuatro vientos el triunfo del mercado. El capitalismo es lo que tiene: si alguna cosa tiene demanda, la presión para que sea legalizada será irresistible.

Estamos ante una suerte de nuevo “turismo reproductivo internacional”, como señala el Informe del Comité de Bioética. El mayor problema es la disparidad de regulaciones, pero eso es en realidad una ventaja para las empresas que explotan este nuevo mercado: el efecto global de la dispersión viene a ser equivalente a la des-regulación. Tal es la anarquía resultante que, en realidad, todo está permitido y nada está regulado. Es probablemente el peor de los escenarios. Como señala el Informe del Comité de Bioética “el nivel de protección de las partes afectadas en la maternidad subrogada lo acaban determinando los países que establecen regulaciones más laxas porque la demanda acude allí donde puede satisfacerse”. En un mundo cada vez más desigual, ¿alguien puede creer que la gestación subrogada no redunde en otra nueva explotación de las mujeres? El mercado manda y las legislaciones no alcanzan a corregir los abusos.

Las líneas divisorias en este asunto atraviesan a todas las fuerzas políticas y a muchas organizaciones cívicas. No es un debate izquierda-derecha al uso. Está la cuestión de la fertilidad como un bien escaso y también las nuevas formas de familia, pero también la cosificación de las mujeres y su potencial conversión en vientres impersonales para satisfacer requerimientos reproductivos del mercado. Está la cuestión de la infancia y su derecho a filiación y nacionalidad. Y está la liberación de la restricciones biológicas a la reproducción humana. ¿Qué es lo que se intenta, resolver casos de esterilidad que las TRHA pueden afrontar o satisfacer un deseo universal de paternidad/maternidad? Si todo ese maremágnum va a quedar fuera del debate público, si va a ser decidido por el libre comercio, por el “mercado realmente existente” de la subrogación y el tráfico, como parece plantear la proposición de ley de Ciudadanos, entonces, apaga y vámonos.

Subyace una economía de los deseos perfectamente individualista, muy de nuestra época. Una especie de “solipsismo sexual”, que diría Alicia Miyares, que todo lo cifra a la identidad y el deseo. El deseo de ser padre/madre, el deseo de transmitir los genes, el deseo de construir una familia… Son cosas respetables y merecen apoyo, pero hablando en serio, no pueden tomarse como derechos.

Francia: el estado de excepción normalizado

Fernando Flores *

Mañana, 1 de noviembre, se levantará de forma definitiva el estado de urgencia en Francia, una situación decretada el 13 de noviembre de 2015 por el Consejo de Ministros tras los atentados terroristas de París que provocaron más de ciento treinta muertos. La urgencia, en principio de carácter temporal (la duración inicial prevista por la Ley es de doce días), fue prorrogada varias veces por ley del Parlamento galo, primero a propuesta del Presidente Hollande y, más tarde, en julio de 2017, por Macron, su sucesor en el Palacio del Elíseo.

La Ley de 20 de noviembre de 2015 (que prorrogó la urgencia por tres meses), introdujo, además, algunas modificaciones importantes a la Ley del estado de urgencia (1955), unas modificaciones que afectan directamente a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo a los de “los sospechosos”, es decir, aquellas personas “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”. Imposición de residencia y limitación de la libertad de circulación, prohibición de mantener contactos con otros sospechosos, obligación de portar brazaletes electrónicos, disolución de asociaciones que“participen, faciliten o inciten” actos de gravedad contra el orden público, orden de registros en domicilios a cualquier hora (esto se declaró inconstitucional), bloqueo de páginas web que inciten a realizar actos terroristas o hagan apología de los mismos… Decisiones todas ellas de origen gubernamental (del ministerio del Interior) sin necesidad de permiso judicial.

Tras un año de vigencia, en noviembre del 2016, Jean-Marc Sauvé, vice-presidente del Consejo de Estado, avisó de que “el estado de urgencia es una situación de crisis que no puede ser extendida indefinidamente”. Por ello, el recién llegado Macron decidió prolongar sus efectos solo unos meses, los suficientes para dar tiempo a elaborar una ley que introdujera en el ordenamiento francés algunas medidas para reforzar la seguridad en materia anti-terrorista. Esta Ley –Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme– ha entrado en vigor el 3 de octubre.

En realidad, lo que ha hecho Francia ha sido normalizar el estado de excepción, pues ha incorporado al Derecho comúnlas severísimas limitaciones de los derechos fundamentales recogidas en la Ley de urgencia tras su reforma en noviembre de 2015. Y aún ha añadido otras, como la posibilidad de cerrar lugares de culto cuando las ideas impartidas en ellos puedan provocar violencia, odio o discriminación; o la de realizar “visitas” domiciliarias y retenciones en ellas (hasta cuatro horas) para prevenir actos de terrorismo. De este modo, la Asamblea Nacional prorroga de forma permanente la excepcionalidad de la urgencia o, dicho de otro modo, anula la temporalidad del estado de excepción. Y lo hace con el voto aplastante de una mayoría parlamentaria (415 votos contra 127) que, a la vista de la presión mediática más conservadora, no quiere ser tachada de débil frente al terrorismo.

Se trata de un momento político muy grave para los europeos, un momento que está recibiendo muy poca atención fuera de las fronteras francesas. Al parecer, nos interesa e impresiona el ascenso de los nuevos partidos fascistas en las elecciones que tienen lugar en los Estados miembros (recientemente Austria, antes en Francia, Holanda o el Reino Unido), pero asistimos con indiferencia a las victorias que limpian su camino hacia el poder. Porque esta Ley antiterrorista francesa, en la línea de las que veremos en otros países europeos (incluida España), da forma a un cada vez mejor definido Estado policial en el que los partidos autoritarios se sienten como en casa y en el que, llegados al poder, aplicarán con toda la fuerza los mecanismos que lo han configurado. Eso sí, de forma legal  pues, llegado ese día, los partidos democráticos habrán dejado el ordenamiento jurídico listo para arrasar con las libertades de todos, no solo de los sospechosos.

Lo que ahora entra en vigor en Francia es una ley de sospechososque facilita (y banaliza) los controles étnicos, que permite la restricción arbitraria de la libertad personal y de movimiento, que limita el derecho de acceso a la justicia, que amenaza el derecho de asociación y la libertad de reunión pacífica, así como las libertades religiosa y de expresión. Y el detalle. Lo que entra en vigor es una Ley dirigida en principio a un grupo aparentemente muy determinado de personas(recordemos: “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”; y pensemos: ¿realmente es esto algo “muy determinado”?) que puede aplicarse a toda una población. Una población amedrentada que, no sintiéndose sospechosa, aplaude la instalación de unos barrotes que en el futuro (y ya mismo en numerosos casos concretos) acabarán con su libertad.

Sabemos que el terrorismo busca, sobre todo, respuestas inadecuadas al reto que plantea. Sabemos que como combatiente no tiene fuerza para acabar con un sistema político pero que, sin embargo, puede inducir a un sistema a acabar consigo mismo. Sabemos que si permitimos al Estado –al poder– entrometerse y violar las libertades de unos pocos, esa intromisión irá ampliándose a cada vez grupos más amplios de ciudadanos, pues quien gobierna usa todos los medios a su alcance para acallar a los críticos, sobre todo si quien gobierna es un partido fascista. Es por eso que el verdadero peligro del terrorismo, más allá del dolor e inquietud que provoca en cada acto asesino, se sitúa en la respuesta que busca provocar en el Estado democrático de Derecho. Una respuesta que, si es emocional, irracional y cortoplacista, permitirá el abuso institucionalizado del poder y dinamitará los propios pilares del Estado constitucional.

La banalización del estado de emergencia es la brecha por la que se cuela el totalitarismo, afirmaba el otro día Edwy Plenelen este mismo medio. Nada más cierto. El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos de los peligros que le amenazan, pero no puede vender sus principios a cambio de una insegura seguridad. Es importante que, por difícil e incómodo que sea, reivindiquemos el equilibrio. Para ello, defendamos la libertad de los otros y protegeremos nuestra libertad.

* publicado el 18/10/2017 en infoLibre,
en el blog del Foro Milicia y Democracia

El sexo en las mujeres a los 50 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Fernando Flores

Tras una operación quirúrgica por una enfermadad ginecológica, Maria Ivone Carvalho comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, pérdida de sensibilidad en la vagina, dificultad para andar y sentarse, incontinencia urinaria e imposibilidad de mantener relaciones sexuales. En tribunales se demostró que estos efectos habían sido causados o empeorados por mala práctica médica durante la intervención hospitalaria.

En primera instancia, el juez impuso una indemnización con que sufragar el coste de una persona que le ayudase en las tareas de la casa, así como por los daños físicos y psicológicos causados por el error médico. Sin embargo, la Corte de apelación redujo considerablemente dicha compensación, y lo hizo basándose en estos argumentos: primero, dado que sus dos hijos eran mayores, Maria solo tendría que cuidar de su marido, por lo que no iba a necesitar una gran ayuda para los trabajos caseros; segundo, a sus 50 años, la imposibilidad sobrevenida de mantener relaciones sexuales (relaciones de por sí disminuidas en una mujer de su edad) no podía tener la misma importancia que para una joven. De este modo, el tribunal de apelación consideró la edad y el sexo como factores decisivos para rebajar las espectativas de la demandante, y con base en ellos tratarla de forma desigual en comparación con personas de igual o menor edad y de sexo masculino.

El caso, sustanciado en vía ordinaria en Portugal, llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien hace unas semanas ha resuelto considerando vulnerado el derecho de Carvalho a no ser discriminada (art.14 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y a que se respete su intimidad personal y familiar (art. 8 CEDH). Se trata de una decisión importante, pues enfoca el no tan tratado tema en Estrasburgo de los prejuicios y estereotipos sociales en relación con el sexo y la edad. Estereotipos que provocan no pocas vulneraciones cotidianas –en este caso por parte del poder judicial– de los derechos fundamentales de las mujeres.

De hecho, el TEDH observa que el mismo tribunal que había reducido la indemnización a Carvalho por las razones indicadas, había resuelto tiempo atrás un par de casos similares en los que dos hombres –de 55 y 59 años–, habían quedado impotentes como resultado de errores médicos. En ambos casos los jueces portugueses habían considerado para establecer las indemnizaciones el “tremendo shock” o “tremendo shock mental” que suponía para los afectados el quedar desprovistos de su vida sexual. Un shock que al parecer se descartaba que pudiese concurrir en una mujer. Así, el tribunal portugués (no resuta muy arriesgado deducir que compuesto exclusivamente por hombres) asumía el prejuicio social según el cual para una madre de 50 años con dos hijos el sexo no es importante, entre otras cosas porque (para ellas al menos), las relaciones sexuales están ligadas a la reproducción.

Por otra parte, la Corte de Estrasburgo rechaza la consideración que asume que la demandante, por el solo hecho de ser mujer, es la responsable del cuidado de su marido, una argumento que tiene como consecuencia la reducción de la indemnización para pagar a una persona que la ayude en casa. Esa presunción, propia de una sociedad patriarcal con roles claramente determinados para las mujeres, no se basa en hechos objetivos, sino en estereotipos de género incompatibles con sociedades que pretenden garantizar la igualdad de derechos.

De este modo, aunque en su decisión no profundiza sobre la transversalidad de género ni sobre la doble discriminación que sufren las mujeres (en este caso sexo y edad), el TEDH establece un precedente para el rechazo de estereotipos que distorsionan la realidad y las discriminan. Además, también llama la atención sobre la especial gravedad que supone que esos prejuicios sociales contaminen o sean asumidos por los tribunales, aunque a decir verdad lo grave es que los tribunales se vean ocupados por personas ya contaminadas por aquéllos.

En fin, la conclusión es que los prejuicios de género, como los de edad, aun disfrazados de “cultura” o tradición populares, forman parte de las exclusiones estructurales que en muchos ámbitos sufren las mujeres, y de ningún modo pueden imponerse a la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Ilustración: ‘Tertulia’, Ángeles Santos (1929).

La Iglesia despide profesoras de religión porque puede

Fernando Flores

La Iglesia acaba de retirar la idoneidad como docente de religión en un colegio público a una profesora, por estar separada, por tener hijos con su nueva pareja y por recurrir a la fecundación “in vitro”. La Iglesia ha perdido su confianza en ella, pues no se comporta según sus reglas y su conducta no es testimonio de vida cristiana, y ella, en consecuencia, ha perdido la missio canonica.

No es la primera vez que sucede algo así. Todavía colea desde 2001 el caso de Resurrección Galera, profesora de religión en Almería, despedida por contraer matrimonio civil con un divorciado. El Tribunal Supremo dio la razón a la profesora, pero ni aún así la han readmitido y, si se me permite el espoiler, no la van a volver a contratar. Sigue leyendo

El manoseo a la Constitución: el referéndum y el Matadero

Ana Valero

El manoseo de la Constitución está de moda…Tomar el nombre de la Constitución en vano es algo a lo que siempre ha sido muy propicia la derecha política española, y que alcanza su máxima expresión cuando de la unidad territorial del Estado se trata. Pero lo más preocupante es que a ello se han sumado algunos sectores del Poder Judicial.

El último ejemplo lo encontramos en auto dictado el día de ayer por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, por el cual declara la suspensión, sin posibilidad de recurso, de la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid de un acto de apoyo al referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre, como consecuencia del recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular. Sigue leyendo

Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil. Sigue leyendo

Publicar fotos de muertos y heridos

Joaquín Urías

Los atentados del verano en Cataluña han abierto un cierto debate público sobre la publicación de fotos y vídeos de víctimas de atentados, de los cadáveres de sus autores y de menores implicados en los hechos. El debate ha sido especialmente virulento en las redes sociales, de modo que la polarización ha sido instantánea.

Por un momento pareció que todo el que fuera más o menos conservador o “de orden” tenía que estar a favor de que se publicara todo tipo de imágenes horribles. Primero de las víctimas del atentado, luego de los cuerpos de sus autores. Por otro lado, cualquiera que se calificara de progresista o de izquierdas parecía obligado a indignarse con la publicación de cualquier representación, siquiera lejana, de personas heridas o muertas por esta causa. Sigue leyendo

derechos sin Derecho, emoción sin razón, terror sin «por»

Jesús García Cívico

En un ensayo que tuvo gran predicamento a final del pasado siglo, el pensador francés Gilles Lipovetsky describía el advenimiento de una era donde el antiguo deber moral, rigorista y categórico, quedaba eclipsado en beneficio de una cultura inédita incapaz ya de renunciar al bienestar y por ello tendente a una suerte de ética indolora y a una concepción del deber que no sabía ni podría renunciar al hedonismo.

Creo que aquel tratado sobre los nuevos «nuevos tiempos» (con todos los excesos y ambigüedades típicas de la filosofía francesa del momento) incluía, junto a no pocos desatinos y alguna simplificación, un diagnóstico más que certero de las mutaciones en lo que podemos llamar expresión exterior de la moral, canalizada incipientemente entonces en manifestaciones solidarias del tipo macro-conciertos de ayuda al SIDA, loterías con fondo benéfico frente al hambre, subastas televisivas de enseres de famosos, etc. Sigue leyendo

La Virgen María también abortaría

Joaquín Urías

El ordenamiento jurídico español protege la práctica religiosa incluso a través de normas penales que castigan a quien ofenda los sentimientos religiosos. Se trata, simplemente, del desarrollo de la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Así, constituye un delito la profanación de lugares de culto. También el que ofenda de manera grave y gratuita a quienes practican una religión, o a quien no lo hacen. Este tipo de ofensas se castigan en nuestro ordenamiento en la medida en que constituyan exclusivamente una burla grave e hiriente de los sentimientos religiosos -o areligiosos- de otra persona; sólo pueden apreciarse de manera muy excepcional: únicamente cuando no haya en juego ningún otro derecho constitucional. La Constitución en ningún caso permite utilizar este delito para limitar la libertad de expresión política o el derecho de crítica; mucho menos, para imponer a la generalidad de la sociedad los dogmas de determinada religión. Sigue leyendo