El lento camino de Marruecos en derechos humanos

Diego Blázquez

Tras nueve largos años de gestación, el Plan Nacional de Democracia y Derechos Humanos del Reino de Marruecos fue presentado el 13 de diciembre pasado en sociedad, antes de ser elevado al Consejo de Gobierno para su adopción oficial, el 21 de diciembre. Por el momento no ha sido publicado, aunque el pasado 8 de enero sí se ha mantenido una reunión informativa de trabajo con la sociedad civil respecto de su puesta en marcha.

Sorprende la fecha de la adopción cuando, según la prensa marroquí, tan solo una semana antes un grupo de diputados de los dos grupos mayoritarios en la Cámara de representantes, a través de la Comisión de Legislación de esta cámara, había solicitado al Ministro Delegado de Derechos Humanos, Mustapha Ramid, una revisión y actualización de este antiguo proyecto.

Hay que recordar que la elaboración de una Estrategia Nacional sobre Derechos Humanos comienza en 2008 con un diálogo nacional, en forma de gran seminario. Durante prácticamente tres años, una comisión de elaboración formuló una propuesta para un Plan de Acción Nacional de Democracia y Derechos Humanos que, finalmente, fue presentado en 2011 al Primer Ministro.

Sin embargo, paradójicamente, las convulsiones sociales y políticas de la Primavera Árabe hicieron que ese proyecto quedará en un cajón tras las primeras elecciones legislativas celebradas bajo el marco de la Constitución del 2011, elecciones que ganaron los islamistas moderados del PJD y que les llevaron a formar Gobierno en una compleja coalición. Desde entonces, y a pesar de los muchos intentos de sacar adelante este documento estratégico de planificación de políticas públicas de derechos humanos, todo esfuerzo ha sido en vano… hasta este momento.

De nuevo, nos encontramos con otra de las paradojas tan propias de la política. Y es que Mustapha Ramid, quien durante la legislatura pasada protagonizó desde el Ministerio de Justicia alguno de las polémicas mediáticas más importantes en materia de derechos humanos, es quien ha sido capaz de recuperar el dossier y hacerlo aprobar por el Consejo de Gobierno.

Lo cierto es que este éxito se basa en la retirada de algunos de los asuntos más espinosos, que incluía el proyecto original, como la abolición de la pena de muerte, la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, la revisión del estatuto personal; o algunas suscitadas a lo largo de este largo proceso de elaboración: como la igualdad entre mujeres y hombres en la herencia, las garantías de la paridad; o fruto de las recomendaciones de los órganos de DDHH, como la ratificación del Tratado de Roma.

Durante su presentación en sociedad, el Presidente del Gobierno afirmó que estas y otras cuestiones no se habían abordado en el Plan porque la sociedad todavía no había generado el adecuado consenso. Efectivamente, como ya señalé en un post previo sobre las elecciones legislativas de 2016, Marruecos se encuentra en un momento de importante división social, propia seguramente del mismo dinamismo de los últimos años y de su mayor inserción internacional.

Sin embargo, en materia de derechos humanos, como en tantos otros países, el debate se centra en las cuestiones que polarizan más el debate político y social, y respecto de las cuales es más difícil poder llegar a acuerdos maduros. En este sentido, la adopción del Plan de Derechos Humanos marroquí es una buena noticia ya que permite desbloquear un importante proceso, o incluso culminar algunas de las medidas en curso, como puede ser paradigmáticamente cerrar el proceso de reparación de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los conocidos como “años de plomo”.

Aunque es necesario ser optimista, y todo paso en la mejora en la eficacia y garantía de derechos humanos es importante, no obstante, la desproporcionada duración del proceso (¡NUEVE AÑOS!), el singular sistema de adopción y hasta los personajes implicados en esta importante tarea pueden hacer resonar viejos ecos desde que en los años 90 Marruecos decidió poner en marcha una política de derechos humanos: la centralidad de la acción estatal, el uso de instrumentos esencialmente legales, básicamente formales y un enfoque internacional.

Así, el Plan se refiere en su mayor parte a acciones cuasi internas al Gobierno y la administración, y en algo más de un 70% son reformas legales. Estas características son congruentes con el principal objetivo estratégico de la política de derechos humanos: la sociedad internacional. Lo cierto es que Marruecos ha desarrollado un importante número de acciones hasta convertirse en un activo e importante sujeto del sistema multinacional de derechos humanos. No debemos olvidar que la polémica más importante que afecta desde hace varios años al conflicto del Sahara es la aplicación o no de un enfoque de derechos humanos, y que se centra en el debate sobre la ampliación del mandato de la MINURSO y los complejos procesos judiciales ante la Corte Europea de Justicia, primero sobre el acuerdo comercial y actualmente el acuerdo pesquero.

En definitiva, una buena noticia cuya puesta en práctica debemos seguir día a día, más allá de los debates mediáticos y del escenario geoestratégico.

Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo 

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia.

“Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. Al brindar especial atención al testimonio de las víctimas, las comisiones aseguran su reconocimiento; con frecuencia después de largos periodos de recibir estigmatización y ser escuchadas con escepticismo”, define el Centro Internacional para la Justicia Transicional -ITCJ-, organización internacional especializada en la justicia en periodos de transición.

En síntesis, este tipo de comisiones tienen iniciativa pública, no sustituyen a la justicia penal, ponen el foco en las víctimas y en las violaciones de los derechos humanos, y suelen recopilar un gran volumen de datos, con miles de víctimas, y a menudo durante un periodo de tiempo muy amplio que puede contemplar décadas. Entre sus objetivos figuran afrontar la impunidad y obtener una imagen más o menos clara de sucesos violentos que permanecen en disputa o son negados, proteger y reconocer a las víctimas y supervivientes, proponer políticas y promover cambios también sociales.

Tras el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016, y recogido entre sus compromisos, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue creada en Colombia por un decreto presidencial en abril de 2017, un mecanismo entre otros -como la búsqueda de desaparecidos-, contempla un periodo de seis meses para entrar en funcionamiento y tres años de mandato que culminarán con la elaboración de un informe final.

“Satisfacer de manera oportuna los derechos de las víctimas”, insiste el decreto de creación, además de “garantizar el derecho a la verdad como un pilar fundamental para la consolidación de la paz”.

Entre los objetivos se mencionan “contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido”, “el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país” y “promover la convivencia en los territorios y la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”.

“La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado”.

En noviembre de 2017 el Comité de Escogencia ha seleccionado a los 11 integrantes de la Comisión, que incluye religiosos -la preside un sacerdote jesuita-, periodistas, sociólogos y militares entre sus perfiles.

Estas comisiones dan voz y protagonismo a las víctimas de la represión y audiencia que en algunos casos se produce en la televisión pública en horario de máximo impacto, como está ocurriendo actualmente en Túnez.

El Gobierno tunecino creó la llamada Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), en diciembre de 2014, con las funciones de identificar y juzgar a los responsables de los abusos cometidos durante los régimenes de Habib Burguiba (1957-1987) y Zine el Abidine ben Alí (1987-2011).

La comisión cuenta con activistas pro derechos humanos, opositores a Ben Alí, jueces, abogados, y representantes de colectivos de víctimas de la represión.

También se trata de un mecanismo entre otros, como la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción; y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos hacia el final de la dictadura.

Creada en 2013, la Instancia tunecina ha recopilado más de 62.000 denuncias presentados por víctimas de todo tipo de abusos, y realizado más de 48.000 audiencias.

Unos años anterior a las dos mencionadas es la comisión de la verdad creada en Marruecos en los primeros años de reinado de Mohamed VI para investigar nada menos que los denominados “años de plomo” del reinado de su padre Hasán II, llamada Instancia Equidad y Reconciliación. Fue instaurada en enero de 2004 y entregó un informe final al rey en diciembre de 2005 con el balance de unos trabajos desarrollados con el objetivo de arrojar luz sobre las graves violaciones de los derechos humanos entre 1956 y 1999, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y proponer reformas.

Como resultados más directos, la comisión marroquí consiguió determinar las circunstancias de la muerte de alrededor de 800 víctimas mortales (desaparecidos forzosos), se abrieron 17.000 investigaciones individuales y se indemnizó a más de 10.000 víctimas.

Una peculiaridad de la comisión marroquí fue que contempló la reparación comunitaria, la represión de ciertas regiones y comunidades (por ejemplo el Rif y grupos de víctimas como las mujeres), para lo que recomendó programas de desarrollo socioeconómico y cultural.

Las organizaciones de derechos humanos de Marruecos se preocupan desde entonces en seguir el cumplimiento de aquel informe final de una comisión que cuenta con una web algo congelada en cuatro idiomas, entre ellos el español.

Tres casos diferentes los de Colombia, Túnez y Marruecos: el final de una guerra civil, la caída de un dictador, la reinvención de una monarquía autoritaria.

“Una comisión de la verdad puede verse como la ruptura con un pasado violento, una restauración de los cimientos morales de la sociedad que merece el nivel más alto de reconocimiento y apoyo”, nos dice el ITCJ.

La reconciliación no es una consecuencia directa de este tipo de comisiones de la verdad, aunque ayudan a crear un nuevo clima político y a recuperar la dignidad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

En España no se celebró en el paso de la dictadura a la democracia iniciativa comparable a las tres comisiones de la verdad reseñadas.

La equidistancia, hoy convertida en un insulto en el marco de la crisis independentista en Cataluña, fue una marca de fábrica de la transición política española, en lo referido al franquismo y sus delitos, o al abandono de sus víctimas aún mal enterradas por millares en cunetas y barrancos.

Lo más parecido vivido en España a una comisión de la verdad, por su contenido y objetivos, es la llamada Ley de la Memoria Histórica que acaba de cumplir diez años desde su entrada en vigor tras la publicación en el BOE de 27 de diciembre de 2007, con el largo nombre de Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura; la ley recibió el apoyo de todos los grupos (PSOE, IU-ICV, CiU y PNV) salvo PP y ERC; los partidos ya emergidos entonces no existían.

Además de contribuir a generar un debate público, son indudables los logros de una ley en cuyo articulado se incluye el fomento de la memoria democrática, proclama el carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia por motivos políticos o ideológicos durante la guerra civil y la dictadura posterior; se declara la ilegitimidad de sus tribunales, sanciones y condenas; se establece el reconocimiento de diversas mejoras de derechos económicos de las víctimas (orfandad, años de cárcel); se concede la nacionalidad española a descendientes de exiliados y los miembros de las Brigadas Internacionales; la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca, el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados…

Capítulo especial y polémico mereció la retirada de más de medio millar de símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura (más de 400 de instalaciones militares o dependientes del Ministerio de Defensa).

Entre las críticas hay que mencionar la moderación de la ley en cuestión de fosas comunes (anima a las administraciones públicas a que faciliten a los interesados su localización, y se hizo un mapa) y una serie de recomendaciones en relación con el mausoleo del Valle de los Caídos sin resultado una década después.

Todas estas iniciativas fueron recogidas en una página web, de la que han desaparecido los enlaces desde los organismos públicos aunque sigue viva en el ciberespacio, también congelada, porque el actual gobierno del Partido Popular se ha dedicado a congelar su aplicación y hasta el presidente Rajoy ha llegado a presumir de no destinar un euro a su cumplimiento, caso sólo similar a la Ley de Dependencia y nunca equiparable a la pedagogía pública necesaria con la Ley General Tributaria, por poner un ejemplo.

La Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue un ejercicio positivo con un exceso de prudencia que como ocurre a menudo no es reconocido ni por los propios porque se queda corta ni por los extraños a quienes cualquier paso les parece excesivo. Lo peculiar de este asunto es la distinción entre propios y extraños en la defensa de la democracia.

Los últimos coletazos parlamentarios sobre esta Ley han sido la aprobación en el Congreso, con ánimo reformista, de una proposición no de ley promovida en septiembre por el Grupo Socialista y de una proposición de ley el pasado noviembre impulsada por el PDCat.

Se habla últimamente con frecuencia de brechas generacionales, que haberlas haylas, aunque en este y otros casos (violencia machista) se puede interpretar también que las sociedades evolucionan y hacen inadmisible lo que se aceptaba hasta ese momento.

En el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 aún existen iniciativas que pretenden impulsar una comisión de la verdad en España sobre los crímenes del franquismo (aquí, enlace la Plataforma que agrupa a muchas de ellas, y aquí un post publicado al respecto). Independientemente de su recorrido, sería positivo en cualquier caso en el corto plazo la aplicación completa de la Ley de memoria histórica, reformada o no; y podría ser aconsejable que el Gobierno español se implicara con su apoyo material y político en procesos de transición como los mencionados, aprovechando el reciente asiento conseguido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020.

En su mensaje navideño el rey Felipe VI animaba a recuperar el protagonismo internacional de España, de donde se deduce que lo tuvo y se ha perdido.

Como ocurre cuando se estudia una lengua extranjera, que te ayuda a conocer mejor la propia, la implicación española en procesos de carpetazo a la violencia en Colombia, Túnez, Marruecos u otros lugares apoyaría a los ciudadanos de esos países y al tiempo aumentaría la sensibilización de nuestros responsables políticos hacia las víctimas nacionales de un pasado que se resiste a abandonarnos.

 

La información es una amenaza

Fernando Flores

Cuando leo una noticia en los grandes medios de prensa escrita, lo primero que me pregunto es si lo que dice será verdad o mentira, o cuánto de cierto y de falso habrá en ella. Me pasa igual con los informativos –públicos y privados– de televisión, aunque es cierto que cuando veo Informe Semanal ni siquiera tengo dudas. Tal es la situación.

Los medios mezclan impúdicamente información, opinión, comunicación -que es como llamamos a la propaganda del siglo XXI- y entretenimiento, están vendidos al capital y al gobierno que eventualmente los controla, y maltratan especialmente a las opciones políticas que intentan limitar la influencia del dinero en las decisiones públicas que nos afectan (pongamos aquí y en adelante todos los matices que nos hagan sentir más cómodos: hay algunos que no, en todos hay buenos profesionales, etc.).

Sabemos que la gestión de la información se ha convertido en uno de los grandes problemas de los sistemas democráticos, pero la verdad es que el diagnóstico no nos soluciona el problema, pues al tratar de resolverlo nos enfrentamos a un dilema al que no hallamos solución satisfactoria: si de alguna manera se implementan instrumentos de control sobre los medios (instrumento que sin duda manejaría el poder), la libertad de información y expresión, por viciada que ya éste, quedará herida de muerte; si no se hace nada al respecto, la herida abierta en el sistema por esos mismos medios (en buena parte ya manejados por el poder, fundamentalmente el político-financiero) terminará con lo poco que queda de la democracia.

A este aparente dilema sobre intervenir o no intervenir no se le había encontrado una buena solución hasta ahora, un motivo que diese lugar a una respuesta razonablemente justificada, una respuesta que explicase de forma convincente una intromisión decidida en la libertad y el derecho a la información… Algo así como lo que está siendo el discurso del odio o el enaltecimiento del terrorismo para la libertad de expresión u opinión.

Pero parece que ya está, que ya se ha dado con una salida. Hemos descubierto –nos han descubierto– las fake news. Éstas son esas informaciones falsas que, dice el Partido Popular, “pueden poner en peligro la estabilidad institucional en España… pues son capaces de crear conflictos, introducir división en las sociedades e influir en la opinión pública”.

Así es, desde hace unas semanas, los mismos responsables de las noticias falsas nos informan de que existen las noticias falsas y, además, de que son una amenaza. Por una vez saben de lo que hablan. Sin patrimonio moral que defender y sin temor a recibir mal alguno por las medidas que puedan adoptarse al respecto, los sepultureros de la libertad de prensa nos hacen saber por medio de sus gabinetes de comunicación y plataformas convertidas en tabloides que el carácter abierto y plural de las democracias liberales puede transformarse en una “vulnerabilidad estratégica” (atentos al lenguaje securitario) de las mismas… Obviamente, frente a esta grave amenaza, deben tomarse medidas que eviten daños mayores.

Hace un par de días un investigador del CIDOB publicaba en El País un artículo en el que consignaba los siguiente: “Las redes sociales ofrecen un entorno que puede ser saturado, fácilmente y a bajo coste, con noticias falsas y narrativas insidiosas, un acceso libre al corazón de las democracias liberales “. Y ahí queda el agudo análisis. Como si el entorno de los medios tradicionales no estuviera saturado desde hace tiempo, fácilmente y a bajo coste, de noticias falsas, narrativas insidiosas y silencios clamorosos. Como si ello no fuera desde hace tiempo una ¿vulnerabilidad estratégica? de las democracias liberales. Como si los informativos de radio y televisión cumplieran mínimamente con su función (obligatoria) de servicio público. Como si nunca hubiéramos sentido vergüenza al leer el mismo día la misma noticia distorsionada en todas las portadas de los grandes periódicos. Como si no existieran campañas orquestadas para acabar con opciones políticas peligrosas para la corrupción (política, económica, mediática) establecida…

Sin embargo, pronto advierte uno que este hilo argumentativo resulta erróneo, porque el término fake news no se refiere a las manipulaciones informativas tradicionales. Estas últimas no son perseguibles, deben considerarse consustanciales al sistema, al darwinismo democrático (mola el oxímoron) que en él tiene lugar, y es por eso que los movimientos políticos (partidos u organizaciones sociales) que por debilidad o incompetencia no las superan, en realidad no merecen ocupar espacio de reivindicación pública. Por el contrario, las novedosas fake news (otra vez el inglés para nombrar lo que ya pasa pero que parezca otra cosa) se refieren a un solo tipo de intoxicación, el que se lleva a cabo en redes sociales. Redes que son, casualmente, las que albergan los medios de información y opinión más libres, las que utilizan los movimientos sociales y políticos más críticos y reivindicativos con el poder.

Al pensar en todo esto no se me va de la cabeza la página web “versión original” que el Ayuntamiento de Madrid propuso crear en 2015 para desmentir noticias que afectaban a su gestión, así como la reacción de los partidos opositores y la propia FAPE, que hablaban indignados (y durante muchos días) de censura y ataque a la libertad de información. Pues bien, comparado con el planteamiento de las fake news, –la nueva Estrategia de Seguridad Nacional menciona la desinformación como pieza de caza, el Gobierno ya ha anunciado que va a crear un centro de operaciones para combatirla en Internet y la ministra de Defensa las ha mencionado en su discurso de la Pascua Militar–, lo de los comunistas del Ayuntamiento de la capital parece un juego de niños. Lo que ahora se propone desde el poder (el político, el económico, el mediático) no es solo desactivar las noticias que le incomoden, es controlar la información, controlar las redes y controlar a los informadores que circulan en ellas, es decir, vigilarlos (con la colaboración de las empresas propietarias de infraestructuras y servicios en Internet) y, a su tiempo, sancionarlos. La autocensura vendrá por añadidura.

Con todo ello, los mimbres del lazo se van cerrando. Llegado el momento, solo habrá que estirar del extremo.

Imágenes: Fotogramas de Buenas noches, y buena suerte, George Clooney (2005).

Los derechos, conquista y defensa

Fernando Flores

Sabemos que el poder puede acabar con los derechos de las personas y anular su libertad. De hecho, somos conscientes de que esa inclinación siempre late en su seno. Para impedirlo se creó hace más de doscientos años el Estado constitucional, y más tarde, para evitar que la libertad de los más fuertes impidiese la justicia y la igualdad material de los más débiles, se conquistó el Estado social.

Con el primero se alcanzó la división de poderes –que evita su abuso– y el principio de legalidad –que destierra los privilegios–, y se sembró la democratización de la política y la reivindicación por la garantía de los derechos. Con el Estado social se incorporó la idea de justicia como valor común, y con ella el compromiso colectivo de no dejar a nadie a un lado, de vincular la dignidad del individuo a la dignidad social.

Estos logros no han conseguido la supresión de grandes injusticias, como la pobreza, la desigualdad global y local, la discriminación y violencia contra las mujeres o el rechazo de inmigrantes y refugiados, pero han procurado dignidad a muchas personas y han señalado un camino correcto hacia el respeto y la protección de los derechos humanos.

Hoy ese camino se ha detenido, la fuerza que lo construía frente a poderes ilegítimos bien conocidos ha sido reducida o desactivada por quienes manejan el dinero. Ellos y sus reglas (es falso que exijan la ausencia de reglas, imponen las suyas) nos están empujando hacia atrás, como en un juego perverso, hacia la casilla de salida.

Desde hace unos años venimos sufriendo la reducción, cuando no la pérdida, de los derechos sociales, un retroceso que nos traslada a los comienzos del capitalismo. Nos han demostrado –vía Grecia por si no quedaba claro– que las decisiones fruto de la participación democrática del pueblo soberano tienen sus límites en las cuentas financieras de unos pocos y el equilibrio de su sistema injusto, un bloqueo que nos sitúa en el liberalismo conservador del siglo XIX. La reivindicación y la queja de los ciudadanos contra este atropello ha producido como reacción del poder un estrechamiento y acoso a las libertades públicas, una situación que nos recuerda a los Estados policiales de antaño, pero en nuestro caso dotados de la tecnología y la justificación securitaria antiterrorista que les permite vigilarnos muy de cerca y cortar de raíz las disidencias peligrosas.

Nos están arrebatando nuestros derechos.

Decía Ihering que la vida del derecho es lucha, que todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, que todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y que todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.

Los derechos se tienen porque se han conquistado, y se mantienen si se han defendido. En la actualidad, en Europa, en los denominados Estados Sociales y Democráticos de Derecho, estamos en retroceso. Un poder no elegido, hoy más fuerte que el democrático, ha expulsado a la gente de sus casas, ha desmontado las garantías laborales, ha abandonado la educación y la sanidad públicas, ha ocupado los medios que nos daban información y criterio, ha desprestigiado la participación ciudadana … y ha armado con leyes y tecnología a las fuerzas del orden, para que puedan contener la resistencia del pueblo a perder sus derechos constitucionales.

Estamos en el momento de la defensa, de la lucha por la afirmación de lo que se ha logrado con el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo. La defensa se prepara y se trabaja.

Para aspirar a responder con eficacia al impacto poderoso de las acciones de quienes defienden sus intereses económicos, los ciudadanos dispuestos a defender sus derechos deben tener muy claro dos cosas. La primera es que la defensa –la lucha–, debe ser colectiva. La segunda es que debe abarcar la reivindicación y protección de todos los derechos.

La lucha debe ser colectiva, y persistente. La agresión debe combatirse por todos los afectados –que son casi todos–, desde todas las esferas, en todos los espacios, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en los medios, en las empresas, en las organizaciones civiles…, en lo público y en lo privado. Debe ser continuada y generosa, abierta de mente, ganando voluntades, creando el clima para que pueda ser posible. Y debe ser organizada y paciente, perseverante, sabedora de que el agresor es poderoso, carece de escrúpulos y es muy resistente.

La lucha debe ser por todos los derechos. Hay que ser conscientes de que los derechos son indivisibles e interdependientes, de que la división entre derechos civiles, sociales, políticos y económicos es una clasificación académica, cuando no interesada. Sin vivienda adecuada no existe intimidad familiar; sin información veraz no existe ni opinión ni participación política que merezca ese nombre; sin salud no ni hay trabajo ni libertad; sin condiciones laborales dignas no hay igualdad posible…

La protección de los derechos no puede bajar los brazos en momentos de crisis políticas, económicas o sociales, más bien al contrario. Es en estos contextos de dificultad cuando ellos deben afianzar su fortaleza (su normatividad, su justiciabilidad) y reivindicar su vigencia, pues los embates que sufren son más intensos y la vulnerabilidad de las personas a las que protegen mucho mayor.

El poder no tiene legitimidad para anular nuestros derechos, pero lo está haciendo, y debemos responder. Los derechos se conquistan y se defienden.

Ilustraciones: 1. David. El juramento del Juego de la Pelota: los representantes del Tercer Estado dando a Francia una Constitución, 20 de junio de 1789 (1791). 2. Siqueiros. Del porfirismo a la revolución (1957-1966). 3. Kristen Visbal. Fearless Girl (2017).

La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana

Ignacio Durbán Martín

Cuando el pasado miércoles 20 de diciembre la presidenta del Observatorio por el Derecho Universal a la Salud, María José Moya, calificó de “insensatez” la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el acceso universal a la atención sanitaria valenciana, no sólo hizo suyo el sentir de una gran parte de la ciudadanía a la que el tenor de esta resolución ha provocado una enorme indignación, sino que, además, demostró estar en sintonía con el grupo de cinco magistrados del propio Tribunal, que ha expresado abiertamente su disconformidad con este controvertido fallo.

Y es que, tras haberse conocido el contenido de la sentencia, hemos podido saber que la acompañan dos votos particulares (que son, en ambos casos, una remisión a los dos votos formulados a la STC 134/2017, relativa a un supuesto análogo que afecta al País Vasco): uno, más contundente y prolijo en su argumentación, respaldado por cuatro magistrados (Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer) y otro, más comedido y parco en su razonamiento, formulado por el magistrado Antonio Narváez. Pues bien, a la vista de la escasa atención mediática que se ha prestado a este reseñable desacuerdo en el seno del TC, parece pertinente dedicarle unas líneas a la cuestión para exponer sintéticamente cuáles son los motivos en los que se funda la posición discordante de este grupo de magistrados.

Como es sabido, la polémica sentencia declara la inconstitucionalidad del decreto-ley que el entonces flamante Govern del Botànic dictó en 2015 para proporcionar cobertura sanitaria a determinados colectivos (en particular a los inmigrantes sin papeles) que habían quedado desprotegidos tras la reforma que el Gobierno de Rajoy operó en el Sistema Nacional de Salud en 2012. La decisión del TC, conviene precisarlo, se ha adoptado por motivos estrictamente competenciales al entender que la vigente legislación básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas para determinar quién tiene derecho a recibir la prestación sanitaria fuera de la forma y los límites previamente configurados por el Estado.

No es de extrañar que esta interpretación expansiva de la legislación básica estatal –que a la postre ha constituido la ratio decidendi del asunto– sea el motivo central de las discrepancias plasmadas en los dos votos particulares que acompañan a la sentencia; y que, como ya se ha apuntado, en este caso, congregan a un total de cinco magistrados, es decir, a casi la mitad del Alto Tribunal. En esencia, los magistrados discrepantes manifiestan –con fundamento en abundante jurisprudencia del propio TC– su rotundo desacuerdo con una desmedida noción de las bases estatales –que comparan con “un muro rígido e infranqueable”– que restringe toda capacidad a las Comunidades Autónomas para establecer una normativa propia al respecto. Los magistrados denuncian que semejante línea interpretativa equivale a otorgar al Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad, lo cual, como resulta obvio, desvirtúa por completo el régimen de distribución competencial previsto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

El corolario del razonamiento anterior es claro y se expresa sin ambages en los dos votos particulares: la Comunitat Valenciana no incurrió en ningún exceso competencial por mejorar el estándar mínimo de cobertura sanitaria fijado en la legislación básica estatal. Lo vedado para el legislador autonómico –según reiterada jurisprudencia– habría sido precisamente lo contrario, esto es, empeorar el nivel mínimo homogéneo estatal, pero en ningún caso mejorarlo. Negar a una Comunidad Autónoma adoptar una decisión de esta naturaleza supone, según este grupo de magistrados y buena parte de la doctrina académica, una vulneración del principio de autonomía por verse lesionada la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad y la consiguiente capacidad para desarrollar políticas propias en dicho ámbito.

Ahora bien, no todas las discrepancias gravitan en torno a la problemática competencial: el primero de los votos particulares –es decir, el rubricado por cuatro magistrados– va aún más allá en su disconformidad con la fundamentación de la sentencia y apunta algunos motivos adicionales de desacuerdo de enorme peso e interés. Sin duda, el más llamativo y sugerente de todos ellos es el que invoca la relevancia del trasfondo material del caso para el adecuado enjuiciamiento de la contienda competencial. El argumento –que cuenta con algún precedente jurisprudencial– es contundente:

“La efectividad del derecho a la protección de la salud hubiera debido presidir la interpretación de los títulos competenciales confrontados, a fin de respaldar, de entre las diversas interpretaciones posibles, aquellas que razonablemente permitan cumplir el mandato proclamado en el artículo 43 CE [derecho a la protección de la salud] y alcanzar sus objetivos”.

Un aventurado y comprometido planteamiento que se sostiene, para los magistrados, sobre el consabido principio de unidad de la Constitución, según el cual ésta “sólo puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende como unidad”, lo cual implica que, en controversias de orden competencial como la presente, el TC también debería tener en cuenta el conjunto de principios constitucionales de orden material, o sea, en este caso, el derecho a la protección de la salud. Un enfoque que, en términos más coloquiales, cabría expresar del modo siguiente: el fuero y el huevo no son elementos que siempre puedan desgajarse en el desempeño de la labor interpretativa del texto constitucional.

Pero todavía interesa hacer referencia a un último y tajante reproche que el voto particular colectivo dirige contra la sentencia. Los magistrados disconformes recuerdan que, tras aprobarse la reforma sanitaria del gobierno de Rajoy de 2012 –que no dudan en calificar de “intenso retroceso”, “involución normativa” e “injustificado viraje”–, las Comunidades Autónomas han procedido a adoptar medidas de retorno al principio de universalidad de la asistencia sanitaria: unas de manera abierta y directa plasmando dichas medidas en disposiciones normativas (como es el caso de la Comunitat Valenciana); y otras adoptando medidas camufladas de carácter indirecto e informal. Pues bien, paradójicamente, arguyen los magistrados, con fallos judiciales como el que aquí se comenta, el TC no sólo castiga a las primeras, sino que, además, las aboca tácitamente a transitar la senda irregular recorrida por las segundas. Un horizonte, subrayan, que supone, a un mismo tiempo, la quiebra de dos pilares constitucionales: la cláusula social y el principio de seguridad jurídica.

Estas son, en síntesis, las razones aducidas en los votos particulares discrepantes contra la fundamentación de la sentencia que declara inconstitucional el decreto-ley valenciano de 2015. Pese a que, como es evidente, tales motivos de desacuerdo no alteran en nada los efectos de la resolución del TC, no puede negarse que poseen una gran relevancia tanto por su rotundidad y manifiesta sensibilidad social como por el número de magistrados que los respaldan (que, además, lo han hecho por duplicado en un corto espacio de tiempo, esto es, en el caso vasco y en el valenciano). Por ello, y al margen de otras variables de naturaleza política –que son, sin duda, las que terminarán por decantar, en un sentido u otro, la configuración normativa de esta materia–, habrá que prestar atención en los próximos tiempos al posible grado de incidencia que los argumentos plasmados en estos votos particulares puedan tener en el debate sobre las garantías jurídicas del acceso a la sanidad universal en el contexto del Estado autonómico.

Fotos: Eugene W. Smith. 1 y 3: De la serie “Country doctor”, 1948. 2 y 4: De la serie “Nurse Midwife”, 1951.

 

La alianza del PP y el Tribunal Constitucional contra las políticas sociales

Fabiola Meco Tébar

Las normas jurídicas son el instrumento mediante el cual un Estado social y democrático de Derecho marcado por el imperio de la ley reconoce derechos y consagra garantías para hacerlos efectivos. Es el mecanismo habilitado en democracia parlamentaria para la concreción de políticas.

La tarea del Legislador, como la del juez, requiere de marcos previos de actuación. Uno, el propio marco normativo superior en materia de derechos que viene determinado por normas bien estáticas, como la Constitución española, o bien dinámicas o en evolución, como los “olvidados” por “ninguneados” tratados internacionales ratificados por España. Se trata de un acervo jurídico que constituye, o debiera constituir, un significativo motor de cambio y renovación de nuestro ordenamiento. El otro marco relevante para todo legislador y juez es la propia realidad social a la que se va a dar respuesta.

Gobernar para las personas, ponerlas en el centro de la política, no solo es ser consciente de sus necesidades; sino principalmente cumplir con el compromiso adquirido de remover todos los obstáculos existentes para dotar de eficacia a los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Las políticas de cambio se sirven de las normas jurídicas para hacer efectivos principios y valores significativamente distintos a los que hasta ahora han marcado la suerte de nuestros derechos, los mimbres de nuestra democracia. La igualdad, la justicia social, la transparencia, la independencia judicial, la integridad pública y la participación ciudadana son, entre otras, banderas de identidad con las que liderar y defender un cambio de modelo.

La lucha contra la desigualdad es, sin lugar a dudas, el gran caballo de batalla de estas políticas del cambio. Normas como las de la pobreza energética, la función social de la vivienda o la sanidad universal para dar cobertura sanitaria a personas “sin papeles” en los distintos territorios son, entre otras, importantes regulaciones autonómicas de carácter social que afectan a derechos humanos y que son recurridas sistemáticamente de inconstitucionalidad.

Sobre algunas ya hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que las declara inconstitucionales (no sin significativos votos particulares) por invadir competencias de carácter general o básico. Normas dictadas en ejercicio de competencias autonómicas y en desarrollo del art. 2 de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Leyes que buscan blindar protección a la ciudadanía y remover los obstáculos de la desigualdad, son recurridas ante un Tribunal Constitucional politizado. Un juez éste, el máximo garante de la norma suprema, un “señor del derecho” al que Zagrebelsky le recordaría que a la hora de dictar sentencia no sólo hay que pensar en respetar la ley, sino también tener en cuenta la protección de derechos de los particulares y la búsqueda de la justicia.

Con esta técnica en diferido del recurso de inconstitucionalidad, el gobierno central del Partido Popular aplica un poder que no tiene en los territorios autonómicos donde no gobierna, en una clara ofensiva centralizadora de las políticas, en una negación misma de la capacidad de autogobierno de las autonomías. Una unilateralidad que amenaza lo construido en términos territoriales y trabaja por la desprotección de derechos antes reconocidos. Frente a ello, hoy más que nunca urge afrontar un escenario constituyente que no tenga las cartas marcadas.

Las instituciones son las personas que las componen, y cuando unas son lo que son y otras están teledirigidas, como es el caso de quienes integran el Tribunal Constitucional, es casi seguro que la espada de Damocles caerá sobre quien con políticas valientes combatan la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y se alejen de un camino establecido por el que no puede avanzar la mayoría social. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, les recordaría seguramente aquello de que “el poder no transforma a las personas, sólo muestra cómo son realmente”.

¿Quién protege al denunciante de corrupción?

Marifé Blanes Soliva y Fabiola Meco Tébar                

La corrupción es un fenómeno que aqueja a las sociedades democráticas y es un problema contemporáneo a escala global. Tan es así que desde 2003 existe un consenso internacional recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por el que se entiende que

“la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Uno de los ejes de esta Convención es la protección de las personas que denuncian la comisión de irregularidades o hechos delictivos relacionados con la corrupción y las políticas lesivas para el interés general. Sin embargo, tras su ratificación en julio de 2016, España sigue sin contar con una regulación que proteja de forma específica a los denunciantes de la corrupción.

En este sentido, en la Convención se diferencia entre la protección de los testigos, peritos y víctimas en el artículo 32 y, la protección del denunciante recogido en el artículo 33. Respecto a la protección del denunciante se requiere a los Estados parte que consideren la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proteger contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables cuestiones relacionadas con la corrupción.

Han tenido que pasar diez años para que algunas normativas autonómicas (Ley 2/2016 de Castilla León, Ley 11/2016 de la Comunitat Valenciana, Ley 16/2016 de Baleares, y Ley 5/2017 de Aragón) hayan reaccionado y reconocido un derecho básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los delitos relacionados con el abuso de poder como es la protección de la persona denunciante. Son las primeras, las pioneras, esperemos que lleguen otras.

No son pocos los casos de gente valiente defensora de lo público que no ha dudado en dar un paso al frente y lo ha pagado caro. Son los casos de Azahara Peralta (AcuaMed) Ana Garrido (Gürtel) o Roberto Macías (cursos de formación de UGT), y otras tantas personas, cuyos nombres no han trascendido a través de los medios de comunicación, y que han denunciado distintos casos de corrupción. Tras sus denuncias se han enfrentado a amenazas, difamaciones, acoso, incluso a despidos.

Pero ¿a quién se debe proteger y en qué debe consistir la protección? Lo más acertado, por los resultados que puede dar, es ampliar al máximo el concepto de denunciante. No sólo se ha de proteger a denunciantes personas físicas, sino también a las jurídicas, y no circunscribirlo al ámbito público. Recordemos que muchos contratistas o subcontratistas pudieran ser, o mejor, son conocedores de prácticas que generan fraude y corrupción. Los hechos de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que en este tipo de delitos, también participa el sector privado, usualmente es en la interacción entre ambos cuando se producen las posibles corruptelas. Este es el caso de las empresas privadas que prestan sus servicios a las entidades públicas a través de procedimientos de contratación administrativa, los empleados y empleadas de estas empresas, en ocasiones, también son conocedores de las posibles irregularidades en la ejecución de las contrataciones administrativas, aunque no sean empleados públicos.

Entendemos también aconsejable favorecer como cauce posible las denuncias anónimas, pues ha de ser la verosimilitud de los hechos y no la identidad del denunciante la que determine que prospere la denuncia. La inacción ante casos de fraude y corrupción debe ser mínima y para eso han de habilitarse cauces de conocimiento seguros que mantengan la confidencialidad del denunciante.

En cuanto a las medidas de protección han de ir dirigidas a procurar que el denunciante quede indemne tras su denuncia, que no sufra ninguna consecuencia negativa, ningún trato discriminatorio, ninguna clase de intimidación, ninguna represalia ni física ni económica. Se trata de garantizarles defensa jurídica en las denuncias y frente a quienes vulneren sus derechos acosándoles, amenazándoles, calumniándoles o injuriándoles, así como frente a quienes no los protejan debidamente.

Aún no hay norma estatal aprobada que arbitre medidas avanzadas y efectivas de protección integral del denunciante. La iniciativa de Ciudadanos que se tramita en el Congreso en la actualidad está lejos de ser la norma que precisa un país donde la corrupción ha campado y sigue campando por desgracia en todos los niveles local, autonómico y estatal.

Proteger debidamente a la persona denunciante de la corrupción en el ámbito de lo público permite y favorece la participación activa de la ciudadanía española en la defensa de la integridad de sus instituciones públicas. En definitiva, es más que una cuestión de respetar los acuerdos internacionales que suscribimos, es fundamentalmente haber aprendido el daño que el fraude y la corrupción hacen a las arcas públicas; es legislar para prevenir, para hacer que las políticas sociales no se resientan por falta de recursos que se distraen en bolsillos particulares; es trabajar en el respeto al Estado de derecho, en la obligación de rendir cuentas y la transparencia pública. Para hacer todo esto posible sólo hace falta voluntad política. Es evidente que aún queda un largo recorrido por delante y que el contexto político actual favorece la pluralidad de voces en el seno de los Parlamentos, y permite la asunción de compromisos compartidos. Ha llegado el momento de reconciliar en la lucha contra la corrupción a la política y a la ciudadanía.

Ilustraciones de Jopep Renau: 1. El gran empresario, 1956. 2. Sociedad de provecho, 1952. 3. La corbata (detalle), 1949.

No acatar ideológicamente la Constitución es un derecho fundamental

Ana Valero

Un año más conmemoramos el aniversario de la Constitución, pero este no es un aniversario cualquiera, la crisis catalana ha hecho que no lo sea.

Muchos somos los que pensamos que ésta nos ha conducido a una auténtica crisis constitucional, pues ha puesto en jaque el pacto del 78; otros, sin embargo, se envuelven en la bandera de la Constitución para defender posturas inmovilistas; los más osados se atreven a afirmar que aquel pacto nació muerto por ser de herencia franquista y que ha llegado la hora de desprenderse de sus ataduras.

Sea como fuere, lo cierto es que la crisis catalana ha llevado a buena parte de la esfera política y mediática, tanto española como catalana, a generalizar una maniquea distinción entre ‘partidos constitucionalistas’ y ‘partidos soberanistas’. Mientras este último término es empleado para referirse a los partidos políticos que defienden la independencia, el término ‘constitucionalistas’ se emplea con alusión a aquéllos que se oponen a ella. Se trata de una distinción manipuladora que está haciendo creer erróneamente a la opinión pública que dentro de nuestra Constitución sólo caben determinadas líneas políticas.

Sin embargo, esto no es así, pues, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución española vigente no exige la adhesión ideológica hacia sus principios fundamentales. Es cierto que para el acceso a determinados cargos públicos resulta necesaria una declaración pública en forma de juramento o promesa de acatar la Constitución, pero, incluso en este caso, como ya señaló el Tribunal Constitucional, estamos ante una declaración formal que no entraña necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a su total contenido.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el deber de lealtad constitucional sólo puede ser entendido desde una perspectiva procedimental, esto es, en el deber de acatamiento de los procedimientos previstos por la Constitución para defender cualesquiera fines políticos, incluso aquellos contrarios a la misma. Por lo que, en nuestro modelo cabe la defensa de ideologías que pretendan, por ejemplo, instaurar la pena de muerte, defender la separación de una parte de España o acabar con el propio sistema democrático, basta con que se respeten los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar dicha aspiración.

De tal modo que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, sólo cabe ilegalizar aquellos partidos que incurren en alguno de los supuestos tasados en el artículo 515 del Código Penal (ilicitud penal), esto es, los que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidos, promuevan su comisión, empleen medios violentos o fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia; o en el artículo 9 de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos (la llamada ilicitud civil), que se resumen de la siguiente manera: la promoción, justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o la persecución de éstas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; el fomento, propicio o legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas; o complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines. Supuestos en los que no incurre, en ningún caso, la propuesta soberanista.

Por lo que se hace evidente que, tras el uso político y mediático que se está dando al término “constitucionalista” con motivo de la crisis catalana, se esconde la voluntad política manipuladora de defender una determinada interpretación de la Constitución en lo relativo a su organización territorial. Y ello porque, en la medida en que en el ordenamiento jurídico español cabe la defensa de cualesquiera ideas o fines políticos, los partidos que defienden la independencia de una parte de su territorio no dejan de estar fuera de la Constitución, -como no lo están los que defienden su unidad-, incluso si para alcanzar dicho fin defienden la necesidad de desbordar el marco jurídico vigente abogando por la desobediencia civil o por una declaración unilateral de independencia, pues el límite que no se puede traspasar se encuentra en la defensa del uso de la violencia para alcanzar dicho fin.

Algo distinto, evidentemente, es la puesta en práctica del método propuesto, pues, en la medida en que, como he afirmado, el principio de “lealtad constitucional” es de carácter procedimental, esto es, requiere del respeto de los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar cualesquiera fines políticos, la subversión de estos hará que reaccionen legítimamente los resortes del Estado de Derecho. Sin embargo, lo que no puede perseguir el Estado es la mera reivindicación de la desobediencia.

Estos días estamos asistiendo a grandes debates en este sentido, siendo necesario arrojar algo de luz sobre los límites que el principio de lealtad constitucional establece en nuestro ordenamiento, junto con cómo deben interpretarse determinadas libertades de los actores implicados en el Procés.

En este sentido, el desaparecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, condicionó su petición de prisión provisional del expresidente Oriol Junqueras y los ocho exconsellers del Govern al acatamiento de la Constitución y a la búsqueda de sus objetivos políticos dentro de los cauces legales. Algo que ha reiterado el Auto del Magistrado del Tribunal Supremo que actualmente instruye la causa contra ellos y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Pablo Llanera. Haciendo depender de dicha declaración, entre otras cosas, el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión y sedición imputados.

Desde mi punto de vista, resulta cuando menos sorprendente que se haga depender de un “acto de fe” constitucional, claramente atentatorio de la libertad ideológica de los investigados, su propia libertad personal, teniendo en cuenta además que junto a ella se vulnera un derecho tan importante como el de negarse a declarar, ya que de no hacerlo en ningún caso deberían derivarse consecuencias sancionatorias como la prisión, incluso la provisional. Además, cuando los investigados comparecieron ante la Judicatura evidenciaron que reconocían la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que exigirles una manifestación verbal expresa al respecto, condicionante de su libertad, es una clara vulneración de su libertad ideológica. Libertad, esta última que, de acuerdo nuevamente con la jurisprudencia constitucional, se ve vulnerada por el mero hecho de que se deriven consecuencias de proceder o no a la declaración de las propias ideas o creencias.

Ahora bien, que no se lleven a engaño aquellos que afirman que Junqueras y los exconsellers están en prisión –a día de hoy se mantienen el exvicepresidente, el exconseller de interior y los dos Jordis– por sus ideas políticas. Pues lo están por sus actos que, en opinión del magistrado instructor de la causa, son constitutivos de los delitos de rebelión y sedición, con independencia de la opinión negativa que personalmente me merezca tal presunción. Cosa distinta es que éste, en una interpretación restrictiva de la libertad personal de los investigados, haga depender de su libertad ideológica y con carácter cautelar, algo que es perfectamente defendible en una campaña electoral, la vía unilateral hacia la independencia. Algo que, mientras no implique violencia en el método, tiene cabida en una Constitución no militante como la nuestra.

¿Presos políticos? Autos políticos

Joan Carles Carbonell Mateu

El Auto del Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo –en funciones de Juez Instructor- Pablo Llarena acuerda modificar la situación procesal de la mayoría de los presos preventivos implicados en la Causa contra “El Procés” independista de Catalunya, y mantener la del Vicepresidente (cesado) Junqueras, el Conseller (cesado) Forn y los ya popularmente conocidos como los Jordis (Cuixart y Sánchez).

La primera decisión es explicada por el Magistrado de forma análoga a la que sirvió para no decretar la prisión incondicional de los miembros de la Mesa del Parlament (incluida su Presidenta), no se dan de manera suficientemente intensa como para justificar una privación de libertad las tres causas que la justificarían: peligro de fuga, capacidad de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva. Y es esta última la que alcanza, a lo largo de todo el Auto, el mayor peso, descartadas prácticamente las dos primeras.  Y lo alcanza tanto para la revocación de la prisión provisional de unos como para la confirmación de las de los otros. Centrémonos en ésta.

En respuestas a los argumentos presentados individualmente por Jordi Cuixart, el Auto reitera una doctrina mantenida por la Fiscalía y confirmada por el Magistrado: estamos en la fase inicial de la investigación y no ante la elevación a definitiva de una calificación jurídica como acusación. Lo que parece permitir no descartar el delito de rebelión, aunque la concurrencia de todos sus requisitos –especialmente el uso de la violencia que en este delito debería identificarse con un alzamiento armado (“se alzaren violenta y públicamente”) con idoneidad potencial para derribar el sistema constitucional o declarar la independencia de una parte del territorio nacional– parezca realmente insólita.  Frente a eso, deberá recordarse justamente la excepcionalidad de la prisión en esta fase del proceso, cuando no se han confirmado la mayor parte de los requisitos típicos de los delitos de los que se acusa y que pudieran justificar la privación de libertad. Piénsese en el alcance del razonamiento: es muy probable que hubiera una explosión violenta en la manifestación del día 20 de septiembre en que se mantuvo detenida a la comisión judicial que investigaba hechos anteriores; es muy probable que el investigado hoy en prisión provisional la convocara y ostentara en todo momento el dominio sobre los asistentes; es muy probable que les incitara a la violencia o, al menos, que pudiendo evitarla no lo hiciera y, sobre todo porque de eso se trata; es muy probable que, si es puesto en libertad, reitere esos comportamientos. Como todo eso constituirían, de comprobarse, hechos de rebelión, no es posible conceder la libertad. Sinceramente, el razonamiento es insostenible.

Los argumentos que pretender justificar el mantenimiento en prisión de los cuatro que allí van a continuar se centran igualmente en el riesgo de reiteración delictiva. Y en el documento hallado en un registro informático titulado Enfocats, que parece constituir el manual de instrucciones hacia la independencia. El recurso a la violencia parece hallarse en las expresiones literales “la ciudadanía emerge como el agente político que impulsa el proceso de independencia” o “como último recurso deberá generarse un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano”.

Especial trascendencia tiene la afirmación contenida en el número 4 del Fundamento cuarto: “todos los investigados en el procedimiento comparten –y reconocen que todavía mantienen- la misma inspiración que impulsó el comportamiento que se investiga; esto es, la voluntad de que el territorio de la Comunidad Autónoma en la que residen constituya la base territorial de una nueva República”, lo que les lleva a mantener la necesidad de una plena determinación para la consecución de sus objetivos; determinación que debe compartirse con los ciudadanos que deben implicarse de una forma activa. La estrategia pasa por conseguir el control efectivo –se entiende que democrático- de todas las instituciones coordinadamente.  Por fin, las bases del soporte para lograr la desconexión forzosa se complementan previendo la necesidad de trabajar una credibilidad internacional. Y, recuérdese, el mantenimiento de la prisión provisional está fundado en la capacidad de reiteración de los hechos delictivos. ¿Es creíble esa capacidad en estos momentos? Y, sobre todo, ¿son hechos delictivos?  O ¿se trata simplemente de Política?

El Auto va a acabar con una alusión a Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se justifica una limitación al derecho a participar en elecciones democráticas que resulta, al menos en las presentes circunstancias, altamente inadecuado.

La reiteración delictiva es una fundamentación muy endeble. Y lo es en sus dos conceptos. En cuanto reiteración porque no parece darse la capacidad de los implicados para llevarla a cabo. Salvo, claro, que ganen las elecciones el 21 de diciembre y vuelvan a ocupar el poder. De ahí la afirmación rotunda del Magistrado: “el riesgo de reiteración delictiva va expresamente unido a las responsabilidades políticas a las que aspiran”. Pero, claro, la Justicia española es independiente y jamás tomaría decisión alguna en función de unos eventuales resultados de unas elecciones democráticas. Salvo, claro, que se considere que el propio programa electoral es constitutivo de delito. Y que la consecución de la independencia de una parte del territorio nacional por vías pacíficas lo es.

Y nos topamos aquí con la esencia de la discusión. ¿Puede defenderse electoralmente la independencia de Catalunya? Y si se ganan las elecciones, ¿puede pretenderse hacerla efectiva de acuerdo con la Constitución, aun cuando sea necesario modificar ésta para lograr aquélla? ¿Era sincero el mensaje que el Estado democrático enviaba a los terroristas de ETA señalando que la violencia sería inútil pero que con su abandono y la adopción de vías democráticas era posible absolutamente todo, porque absolutamente todo cabe en la Constitución Española?

El Auto del Magistrado del Tribunal Supremo parece anclado en que intentar –por las vías de que los hoy presos disponen- la independencia es por sí constitutivo de delito. Ya que, al menos en este momento, carecen de posibilidades para intentarlo de la manera en que lo hicieron. Y que vuelvan a tenerlas pasa por un pequeño detalle: ganar las elecciones. Pues bien, lo primero es falso y si lo que justificara la prisión fuese evitar que pase lo segundo estaríamos ante un Auto político cuya pretensión sería la injerencia en unas elecciones democráticas. Eso lo convertiría en un Auto político y a los presos en presos políticos. Pero, como diría Marco Antonio, eso es imposible porque “la Justicia española es independiente y políticamente neutra”.

Recuperemos la serenidad 

Gabriel Moreno González                                                                             @Gabri91MG

Montaigne, en el Capítulo XVII (De la presunción) de sus Ensayos, ilustra el encomiable vínculo entre la verdad y la libertad. No sólo disfruta de ésta el que dice la verdad, sino también el que simplemente está dispuesto a sacarla a la luz y defenderla. Las sociedades que quieran predicarse libres, dice el humanista francés, son aquellas en las que sus individuos pueden blandir alto y claro sus verdades para derrotar, en el foro público de la conversación, las mentiras que lo infectan. Y aunque el predominio de éstas ya se acusaba en la Antigüedad o en la época del mismo Montaigne, pareciera que el reino de la burda mentira, de la desinformación y el bulo no ha tenido nunca tanta impunidad como en nuestros días, con el peligro que ello comporta para la libertad, fuente primera de la democracia.

Lo curioso, y quizá lo que le otorga a este fenómeno una característica única, es que ello no se debe principalmente a un aumento desaforado de la capacidad o la intención de mentir, sino de la escasa disposición que muestran quienes pueden refutar y defender la verdad. El retraimiento de la opinión personal, fundada e informada, está cada vez más presente entre los que participan en las redes sociales y los múltiples espacios en los que la palabra hablada o escrita debieran ser los protagonistas. El miedo a quedar atenazado por las nuevas dictaduras de lo políticamente correcto y de las etiquetas, la ausencia de matices y posiciones intermedias en un debate cada vez menos sosegado, son elementos que cobran progresiva relevancia en un contexto en el que la inmediatez y la necesidad de emitir juicios rápidos se han elevado a los altares de la necesidad.

Parece que no hay margen para la argumentación. Si estoy en contra de una determinada acción, entonces estoy a favor de la contraria. Si no compartes mi postura al pie de la letra, entonces eres mi enemigo… El pensamiento binario, de negro o blanco, ha venido para quedarse, y con él los exabruptos, la hipérbole continua y el odio que se expande por las redes sociales en formas de memes o idioteces elevadas a unánime exclamación.

La base de cualquier democracia que valga la pena denominarse así es el valor que se le otorga a la palabra, trasunto de la verdad, y los españoles lo estamos desperdiciando a raudales. Si un blog, por cutre que sea, se inventa una noticia… allá que van prestos legiones de necios a compartirla. Si un escritor se aleja por un momento de lo políticamente correcto, allá que van los otros a descalificarlo y condenarlo a la hoguera de las inquisiciones mediáticas. Y delante: el silencio. El silencio de quienes sabiendo y conociendo la verdad no se atreven a defenderla, no se atreven a decirla por miedo al qué dirán o a perder unos likes en Facebook, por indolencia y pereza ante quienes ya creen que están perdidos para siempre.

Escribo estas líneas no por hacer sonar un sermón, sino para intentar difundir un exhorto de auxilio. En los últimos días he podido asistir a la descalificación grosera de quienes, juristas o abogados, han defendido las garantías procesales de los políticos catalanes en prisión y de los presuntos violadores de San Fermín. Ante tales casos, altamente mediáticos, se repite la misma nota que ya pudimos ver en el caso de Juana Rivas: quien intenta discernir los elementos jurídicos de las respectivas situaciones para hacer, sobre ellos, posibles juicios de valor no contaminados por la marabunta, queda completamente acribillado, etiquetado y descalificado. Defender que no cabe el delito de rebelión, o que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente, no te hace un temible separatista deseoso de acabar con la sacrosanta unidad de España, ni abogar por el recto proceder en un juicio con todas las garantías no te convierte en la condensación secular del heteropatriarcado.

La pasión desmedida parece dominarlo todo, y la necesidad de dar respuestas inmediatas nos lleva a juzgar cada hecho, cada circunstancia, con la misma inmediatez y falta de mesura, dejando que cada cual eleve a la máxima potencia la máxima idiotez. Así no hay diálogo ni debate posibles. Las esferas de autosatisfacción y complacencia son las antesalas de la intolerancia, de una intolerancia que, indolentemente, se deja crecer en medio de la impunidad dialéctica y de la negligencia, culposa, de quienes pudiendo refutar las mentiras se callan para no despertar sombras de etiquetamientos o la rabia de quien se siente contrariado.

Hace tiempo compartí en Twitter una entrevista de un conocido profesor sobre lo que está pasando en Cataluña y un amigo me escribió desconcertado porque nunca se habría podido imaginar que yo pensara igual que el profesor. Ajá… ¡eso es confundir todos los planos! Que alguien comparta el enlace de una entrevista no quiere decir que suscriba cada frase que dice el entrevistado; que alguien critique puntualmente una información o un comentario, por inexacto o falto de fundamento, no quiere decir que lo rechace totalmente… Parece que tenemos que volver a recordar, continuamente, lo que debería ser obvio, o lo que, al menos, parecía obvio para Montaigne y nuestros clásicos.

En fin: recuperemos la serenidad, leche.

Ilustración: Cicerón hablando en el Senado, Maccari, 1880.