Ladrillo en vez de política social: el psiquiátrico penitenciario

Ana Sánchez Guerrero

Pepe Reig Cruañes

Si no sabes bien cómo afrontar un problema social o socio-sanitario, construye un macro-centro lo más vistoso que puedas. Luego llámalo hospital Zendal o Súper Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas.

El anuncio de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia), con una capacidad prevista para 500 plazas, forma parte de ese síndrome nacional consistente en desarrollar obras en vez de políticas públicas. Pensado en principio como centro penitenciario convencional, se anuncia su conversión en macrocentro psiquiátrico, con resonancias del viejo institucionalismo que creíamos superado entre las corrientes psiquiátricas actuales. Máxima perplejidad y hasta indignación entre las asociaciones de profesionales, de familiares y usuarios de salud mental. Por no hablar de las ONGs y asociaciones del ámbito penitenciario y ciudadano, comprometidas con los Derechos Humanos de las personas con sufrimiento psíquico y encarceladas, que se han expresado a través de la firma de un manifiesto (disponible aquí). El proyecto va, a juicio de profesionales y usuarios, justo en la dirección contraria de lo que todos los sectores involucrados en la salud mental proponen y de lo que vienen confirmando desde hace decenios estudios y evidencias. Ignora, dicen, las recomendaciones y estudios de los organismos internacionales (ONU, OMS, Comité Europeo para la prevención de la tortura o Consejo de Europa). Se salta a la torera orientaciones de la Estrategia de Salud Mental prevista en el Sistema Nacional de Salud, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Todos ellos han señalado que el enfoque penitenciario no es el más adecuado para el manejo de situaciones de criminalidad con trastorno mental. Y, sobre todo, han advertido de que se están vulnerando de los Derechos Humanos (DDHH) en la población afectada por sufrimiento psíquico y este ya no es un asunto que interese solo a profesionales.

Todo es cuestión de enfoque o, como diría un teórico de la comunicación, de cómo construyes el “marco lingüístico”. En vez de interrogarse acerca del deterioro social y la desigualdad, acentuadas por decenios de neoliberalismo, que coadyuvan al delito y se ceban en las personas con antecedentes de trastorno mental. En vez de preguntarnos porqué los delitos de las personas con problemas mentales apuntan siempre a la búsqueda de abrigo y alimento (Warner, 2018) y sacar de ello la debida consecuencia. En vez de observar que estas personas visitan antes la prisión que los servicios de salud mental comunitarios (un 67% de ellos nunca fue atendido antes de ingresar) y recordar lo que sabemos sobre internamientos penitenciarios tempranos y cómo juegan en favor de la reincidencia. En vez de considerar la complejidad socio-sanitaria del asunto y desmentir la asociación mecánica entre enfermedad mental y delito, como señala la propia Fundación Abogacía, quien insiste en que “las razones que le llevan [al enfermo mental] a delinquir no difieren significativamente de las que conducen al crimen a los sujetos sanos o imputables”. En vez de considerar el fondo del asunto, hagamos un macro centro.

Las deficiencias de las políticas preventivas y las carencias de la atención primaria convierten a la prisión en la “única alternativa realmente disponible” (Ministerio del Interior). Consecuentemente, la tasa de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias no ha dejado de crecer y este hecho presenta dos caras a cuál más deprimente: es sabido que esta clase de internos, que a menudo empeora con el tiempo, acceden cada vez menos a los beneficios y derechos penitenciarios del resto de la población reclusa. Los organismos de vigilancia de los derechos humanos vienen alertando de la sistemática violación de los derechos de este colectivo. Y, cuando finalmente, salen de la institución, estas personas deben cargar con el doble estigma de enfermo y ex preso.

Es necesario un nuevo enfoque que deje de apostar por medidas punitivas, de aislamiento y marginación. Es preciso superar la obsesión por el “ladrillo”, que refleja ese macro proyecto de Centro Psiquiátrico Penitenciario, y avanzar de verdad en el cumplimiento de las normas y recomendaciones nacionales e internacionales, basadas en las evidencias científicas y en el respeto a los DDHH de las personas con problemas de salud mental.

Se precisan menos edificios y más recursos humanos que garanticen la atención comunitaria para la prevención de patología mental y la continuidad de cuidados necesaria para la reducción de la reincidencia de delitos. Se precisa una búsqueda activa del enfermo en su entorno, que facilite el seguimiento y adherencia terapéutica con el equipo sanitario, sociosanitario y los recursos comunitarios. Del mismo modo se ha de desarrollar la coordinación de todos los recursos asistenciales, con los penitenciarios y judiciales, cuando sea necesario por estar sometidos a medidas de seguridad. Y no podemos olvidar la acción coordinada del conjunto de administraciones públicas, para desarrollar campañas de sensibilización que contrarresten la doble estigmatización que sufren los enfermos mentales que están sometidos a un proceso judicial.

La grandilocuencia de las fórmulas es directamente proporcional al vacío de las soluciones que aportan. Como nuestro sistema de salud no funciona correctamente en lo que se refiere a la salud mental, el debate público deriva hacia enfoques centrados en la seguridad, en vez de lo sanitario. Y cuando la seguridad es lo primero, la salud nunca es lo segundo, sino que queda bastante más allá. Antes quedan el gueto, la exclusión y el estigma. Por esa vía se acaba imponiendo el “marco lingüístico” de la derecha más conservadora, que en realidad es un marco mental y nos instala en el populismo punitivo y en el atajo de las infraestructuras en lugar de las políticas sociales. Ningún gobierno progresista puede asumir sin daño ese marco mental. Al contrario, tiene que superarlo en nombre de la ciencia y los derechos.

Jugando entre la bruma (Jorge J. Fernández Barreiro, ca. 2010)

Entrada: 283. “Fondo de armario”. Exposición de Jorge J. Fernández Barreiro.

2º Premio Psiquifotos 2015, coordinador Óscar Martínez Azumendi

España no es racista…¿o sí?

Ángeles Solanes

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha, en 2021, es “la juventud se alza contra el racismo” en un intento de involucrar a cada uno de nosotros en el fomento de una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación, a través del lema #LuchemosContraElRacismo (#FightRacism). Recordar esta fecha supone insistir en la importancia de luchar contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Combatir el racismo y la discriminación exige abordar la diversidad desde un punto de vista positivo (como variedad y riqueza, no como diferencia excluyente) y hacerlo desde el principio de igualdad (formal y material), con el derecho antidiscriminatorio. Por eso, es importante recordar los sucesos que dieron lugar al día que hoy celebramos: la manifestación contra las leyes del apartheid, el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), durante la que fueron asesinadas 69 personas. Esta masacre provocó tal indignación que hizo que, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Resolución número 2142 XXI, y declarara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1979, dicha Asamblea instó a todos los Estados a desarrollar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra la discriminación racial, a través de la realización de actividades que dieran comienzo cada 21 de marzo.

Un año después de los acontecimientos de Sharpeville, en 1961, en Israel, se iniciaba el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la II Guerra Mundial. En este contexto, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Para Arendt, Eichmann era un burócrata, sin ser inocente, que trabajó al servicio de un sistema articulado para el exterminio. De ahí la importancia de reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y de estar alerta para evitar ese mal que subyace en ella, sin banalizarlo. Este es el aprendizaje imprescindible para afrontar los actuales prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Desde los mencionados acontecimientos hasta el reciente movimiento Black Lives Matter, múltiples sucesos han conmocionado a la opinión pública a nivel mundial y han impulsando el derecho antidiscriminatorio, sin que se haya conseguido superar las desigualdades basadas en la raza y la etnia. ¿Por qué persiste la discriminación racial o étnica, acaso no tenemos la percepción de que somos racistas? En nuestra cotidiana existencia ¿entendemos que esta es una cuestión que afecta a países como Estados Unidos, que tiene una deuda con la comunidad negra desde las promesas de los founding fathers, pero que queda lejos de la realidad española? Ciertamente podemos pensar que España no es racista (la tendencia positiva en la tolerancia de los españoles hacia la inmigración en algunos momentos, así podría avalarlo) ¿o sí? Una radiografía rápida de la situación española actual ofrece una nítida respuesta.

España recibió en el último Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 257 recomendaciones propuestas por 110 Estados para mejorar en la garantía de los Derechos Humanos. De ellas, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que se encuentran las relativas a incorporar en la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad y la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial; continuar con los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en aspectos como al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica; y aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías.

Estas recomendaciones no son nuevas. En su último informe sobre España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ya había insistido a las autoridades españolas sobre cuestiones como, entre otras, la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación y atender así a su Recomendación nº 7 de política general; penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo; sancionar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público; adoptar medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea totalmente independiente y actualizar la estrategia de lucha contra el racismo.

Desoyendo esas llamadas de atención, España se abstuvo en la votación de la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 31 de diciembre de 2020, en relación al llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aunque la resolución fue finalmente aprobaba con el apoyo de 124 Estados.

De este contexto internacional se desprende un doble racismo evidente y latente en la política española, que puede constarse también en la dimensión social. Los datos a nivel nacional avalan la persistencia de prejuicios raciales y actitudes intolerantes, y vienen a confirmar que en España sí hay discriminación racial y étnica, con una tradicional falta de voluntad política para combatirla, aunque no siempre sea fácil detectarla.

Como se constata en el último Informe sobre la evolución de delitos de odio en España (Ministerio del Interior, 2019), de los cuatro ámbitos que mayor número de incidentes registraron en 2019, el de “racismo/xenofobia ” es el que presenta un mayor aumento, en concreto del 20,9%. Este informe recoge por primera vez el nuevo ámbito “antigitanismo”, con 14 hechos conocidos y evidencia así la tradicional discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en España. De hecho, la primera sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla directamente de racismo institucional y lo conecta con el perfil étnico utilizado por la policía en sus actuaciones se refiere precisamente al pueblo gitano, en el caso Lingurar c. Rumanía.

En el mismo sentido, el reciente informe presentado por el CEDRE sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, apunta que los colectivos que se perciben más discriminados por el color de piel y rasgos físicos son las personas de África no mediterránea (82%) y las personas del pueblo gitano (71%); los ámbitos en los se percibe mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda (31%), el de establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%); los límites de detección y percepción de la discriminación se vuelven más difusos, siendo cada vez más patentes los “micro-racismos”; y persiste la infradenuncia.

Ante esta realidad, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada a nivel nacional por el grupo socialista en enero de 2021 y que se encuentra en trámite parlamentario, puede suponer un avance hacia la mayor igualdad si se atienden las recomendaciones internacionales y las demandas sociales. Ciertamente dicha proposición abre la posibilidad de tener una norma más garantista, ese mínimo común normativo que permita la protección real y efectiva de las víctimas, respaldada por una autoridad independiente (que denomina Comisionado) y en el marco de una estrategia estatal. Sin embargo, queda mucho por concretar.

Tendrá que plantearse la discusión sobre cuestiones como si ese Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del que habla la propuesta, como órgano específico, debe o no integrarse dentro del Defensor del Pueblo. Con ello se evitaría solapamientos, se garantizaría la independencia y se avanzaría en la línea del exitoso modelo francés. Habría que salvar en tal caso inconvenientes como el que se desprende del artículo 54 de la Constitución, según el cual el Defensor puede supervisar solo la actividad de la Administración, además del hecho de que el Defensor no tiene capacidad sancionadora, de mediación, arbitraje y asistencia a las víctimas. Otras alternativas serían también posibles, si no se vinculara a dicha institución, a partir del actual CEDRE, siempre que se respetara la imprescindible independencia.

Sin una normativa antidiscriminatoria garantista, ni un organismo fuerte, puede considerarse que no importa que las Administraciones públicas o las empresas discriminen porque esa actuación no genera responsabilidad. Es igualmente fundamental reforzar la tutela política y jurídica de los rasgos protegidos (los factores exclusógenos) por el derecho antidiscriminatorio. Dichos rasgos son abiertos y tienden a expandirse. Las discriminaciones sociales mutan y aparecen nuevas formas a las que habrá que prestar atención, como las derivadas de los sistemas automatizados de datos, la inteligencia artificial o la discriminación “genética”.

Esta estrategia de política pública, con garantías normativas e institucionales, tiene que venir acompañada de la acción social, para la prevención, la sensibilización y la denuncia (también en el ámbito virtual en el que ha crecido el discurso de odio y se ha aprobado un protocolo para combatirlo. Solo la conjunción de ambas permitirá frenar el racismo y la xenofobia manifiestos, y combatir las prácticas y actitudes de discriminación líquida, esa que pasa prácticamente desapercibida, que es banalizada, pero conduce a un mal mayor. Quizás así llegue el día en el que no sea necesario recordar esta fecha.

La excepción española, último capítulo

Jorge Rodríguez Rodríguez

España como excepción puede ser leída en numerosas claves; desde aspectos absolutamente banales, hasta situaciones que han puesto en riesgo el disfrute de los más elementales derechos humanos, como las que aquí se tratarán. Excepciones, en fin, que se corresponden con actuaciones que se distinguen totalmente del ejemplo que, en determinadas situaciones, representan lo que se ha venido denominando comúnmente “los países de nuestro entorno”. Así, por ejemplo, podremos mencionar todas aquellas ocasiones en las cuales, habiendo ganados las elecciones un partido que había sido ilegalizado por la dictadura y sus miembros exiliados, una vez ha llegado al poder nunca ha llevado a cabo las políticas necesarias y suficientes para, al menos, reparar y reconocer el daño que desde 1936 se ha infringido a todo un espectro de la sociedad española. La vigencia de nuestra Ley de amnistía da buena muestra de ello.

Sin embargo, la excepción española va más allá, porque la misma ha traspasado ya nuestras fronteras y ha quedado tristemente instalada en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En efecto, pese a la más reiterada jurisprudencia, asentada en nuestros sistemas universal y europeo de protección de derechos humanos, que obliga a los Estado a investigar las violaciones de derechos humanos (con especial ahínco en el caso de las desapariciones forzadas) ocurridas en el territorio bajo su jurisdicción, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el pasado (especial referencia al caso Canales Bermejo en 2012), ni ahora el Comité de Derechos Humanos, han aplicado esta dilatada práctica al respecto a los casos que se les han presentado sobre hechos ocurridos desde la Guerra Civil y durante el franquismo; y con unos razonamientos, de hecho, bastante parecidos.

La puerta cerrada hace pocos días por el Comité de Derechos Humanos, encargado de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido especialmente (como poco) decepcionante. Y es que estamos hablando de un órgano que en 2015 decía sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: “El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.”

Con todo lo anterior como marco general, en 2019 se presentó ante el Comité de Derechos Humanos el primer caso sobre estos hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo: el caso Francisca Alomar et al c. España, presentado por la hija y la nieta de Antoni Alomar y Margalida Jaume, ambos desaparecidos en Mallorca desde 1936. Veremos a continuación porque este caso representa la penúltima excepción española:

Estamos hablando de unos hechos que, efectivamente, comenzaron antes de la entrada en vigor del mencionado Pacto para España, sí. Pero esta situación no es nueva para el Comité, pues no son pocas las ocasiones que este órgano ha admitido casos ocurridos antes de la fecha en cuestión. Sin embargo, en el que aquí nos ocupa, el Comité interpreta que estamos ante hechos que ocurrieron “hace tanto tiempo”, que no se considera competente para pronunciarse sobre ellos; incluso, de hecho, si la inacción del Estado al respecto llega hasta nuestros días.

Y es que, esta inadmisibilidad es aún más excepcional al estar tratando un asunto de desaparición forzada, y donde el propio Comité ha reconocido siempre el sufrimiento de las víctimas por el desconocimiento del paradero de la persona desaparecida y, también, el carácter continuado de la misma. Práctica del Comité que, por lo visto, es desconocida para nuestra Abogacía del Estado, que afirmó durante el procedimiento que este órgano carecía de competencia material para conocer de un caso de desapariciones debido a que existe un Comité de Desapariciones Forzadas… Razonamiento que sorprende ya que el Comité de Derechos Humanos lleva conociendo de casos de desapariciones forzadas desde los años 80.

Pese a ello, y a todas las trabas que este órgano ha reconocido a lo largo de los años que existen en España para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Comité considera “que, incluso comunicaciones que aleguen desapariciones forzadas no deberían de ser presentadas con una excesiva o inexplicada demora por parte de los autores, una vez que se den cuenta, o que deberían de darse cuenta, de que no se ha iniciado ninguna investigación o (…) no haya perspectiva realista de investigación efectiva sobre la suerte de las víctimas”. A este respecto, las demandantes desarrollan todo un largo periplo de recursos judiciales y administrativos orientados a la búsqueda de sus familiares (lo que se conoce en el argot del Comité “la necesidad del agotamiento de los recursos internos” antes de acudir ante su jurisdicción), siendo el último de ellos una denuncia en el Juzgado de Instrucción núm.1 de Manacor, la cual fue archivada el 3 de agosto de 2017 alegando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en la conocida sentencia de 2012 sobre el caso Garzón. La pregunta que se presenta entonces es: ¿cuál habría de ser esa fecha? ¿Cuándo las víctimas deberían haberse dado cuenta de ello? ¿No han mostrado una diligencia más que debida para resolver su caso en la jurisdicción española? Todo parece indicar que sí, pero para el Comité, no.

Otro de los asuntos que suscitan más desconcierto es el referente a la falta de agotamiento de recursos internos sobre la otra gran queja de las víctimas: el sufrimiento, similar a una tortura, que les produce la desaparición de sus familiares. Una conexión, entre desaparición y tortura, que fue realizada en su momento por el propio Comité y que, de hecho, reconoce que se está produciendo en España. Por ello, causa estupor que dicho Comité alegue la falta de agotamiento de recursos internos, como manifiestan algunos de sus miembros en un voto disidente. Y es que, ¿cuáles habrían de ser esos recursos? La pregunta no es baladí porque la mayoría del Comité no dice nada al respecto. Según sobreentendemos, en España no hay más recursos que los ya agotados por las víctimas. Por ello, los miembros disidentes del Comité califican los argumentos de la mayoría como “desconcertantes”, ya que es perfectamente “demostrable” que las víctimas sí los han agotado. Como ejemplo de todo ello, bastaría con aludir, como se hace en el voto particular, tanto a la Ley de amnistía, como a la referida sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que “condicionó la posición de los tribunales de inferior instancia en relación a la demanda de las víctimas”. Es decir, según alegan estos miembros del Comité, y concuerdo, en España “no hay recursos efectivos que agotar”, lo que debería haber llevado al Comité a admitir la demanda, al menos, por el sufrimiento que las víctimas siguen padeciendo hoy en día.

Además, estamos hablando de dos víctimas que forman parte de la querella argentina; que forman parte del colectivo de víctimas que, ante la ausencia de justicia en su propio país, han tenido que acudir a los tribunales de un tercero. ¿Por qué cree el Comité que dos personas, rebasando una de ellas ya la barrera de los noventa años de edad, acuden a los tribunales de otro país, si no es porque consideran que no hay futuro posible para su causa en el suyo propio?

En definitiva, la ausencia de respuesta a nivel de protección internacional de los derechos humanos se ha erigido como la penúltima piedra en el camino en esta odisea que es la búsqueda de justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Piedra inesperada por todo lo ya relatado, sí, pero piedra, al fin y al cabo. Retomando el inicio de este artículo, el caso de España es una auténtica excepción en materia de búsqueda de los más elementales derechos de las víctimas; derechos de obligatoriedad jurídica indiscutible e inexcusable (que no ya solo moral o etérea) pero que vienen siendo negados tras cada una de las puertas que las víctimas tocan; incluso en aquellas que parecían (y deberían) estar de su lado, como la puerta del Comité y anteriormente la del Tribunal Europeo. Pues, recordemos, son órganos de derechos humanos. Se dedican a ello. Aunque a veces, como esta, cueste creerlo.

A vueltas con el burka

Ana Valero

El domingo Suiza aprobó en referéndum -con el 52 % de votos- la prohibición del uso del velo integral o burka en los espacios públicos, algo que ya habían hecho anteriormente países como Francia o Bélgica. Quiero comenzar mis reflexiones al respecto reafirmando mi condición de mujer progresista y feminista, atributos que bien podrían predisponer al lector, para desilusionarlo después, sobre la inclinación con la que abordaré una cuestión tan polémica. Sé que me adentro en un debate especialmente sensible en entornos feministas, pero trataré de salir indemne siendo fiel a mi propósito: hablar a favor de la igualdad y la libertad de la mujer musulmana desde una posición que rechaza todo tipo de paternalismo hacia ellas.

Dilucidar si una prohibición de este tipo vulnera derechos fundamentales, requiere comenzar dejando claro que ataviarse con el velo integral constituye una manifestación de la libertad de conciencia de quien lo hace. Por ello, su prohibición no puede entenderse más que como una limitación de ésta que debe, para ser constitucionalmente legítima, cumplir dos requisitos: por un lado, perseguir la protección de otro u otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos; y, por otro, ser una medida proporcional, esto es, necesaria e idónea para alcanzar dicho fin.

El primer derecho en conflicto aducido por los partidarios de la prohibición sería la dignidad y la igualdad de la propia mujer musulmana, al entender que el velo que cubre el rostro es un instrumento de opresión sexista y un símbolo del fundamentalismo islámico, que evidencia cuán lejana se encuentra dicha cultura de los valores de la sociedad occidental. Sin entrar a valorar el significado real del burka y su carácter más o menos imperativo, me limitaré a apuntar la hipocresía de una medida que, adoptada en pro de la mujer, deja de lado su voluntad. Si su finalidad es garantizar la libertad de la mujer en el espacio público, parece incoherente adoptar una medida que puede conducirla a su aislamiento en el ámbito familiar o cultural del que presuntamente proviene la discriminación.

El segundo de los motivos invocados no adolece del carácter paternalista del anterior, pero sí incurre en el desafortunado estereotipo que identifica Islam con terrorismo, pues apela a la seguridad y al orden público como bienes que pueden verse amenazados por el uso de la prenda. A este respecto conviene recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó en el año 2010, en el caso Arslan contra Turquía, que “el simple hecho de encontrarse en la vía pública un grupo de personas vestidas de una forma concreta -en este caso era un turbante y una túnica negra- no constituye una amenaza para el orden público -en su versión de seguridad pública- o una coacción sobre los demás”. Y ello porque no es admisible limitar “preventivamente” derechos fundamentales sobre la base de hipotéticos y futuribles riesgos o amenazas. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español, “para activar la cláusula de orden público no bastan las meras sospechas, sino que es preciso siempre una real alteración del orden (material), entendiendo por tal la que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que ponen en peligro la integridad de las personas o de los bienes”.

La necesaria lucha por la igualdad no pasa, en mi opinión, por la adopción de normas que proscriben el derecho de algunas mujeres musulmanas a exteriorizar sus convicciones, sino por favorecer su inserción de la forma que les resulte más cómoda en el espacio público. Lo que exige de su reconocimiento aunque sea a través de una rejilla. 

 

¿Qué hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats? Edadismo con mayúsculas

Sacramento Pinazo

Para entender cómo nuestra sociedad aborda las cuestiones que tienen que ver con la vejez es fundamental comprender cómo se ha construido y cómo se representa la imagen de esa etapa de la vida. La psicología social estudia el modo en que las personas elaboran sus propias explicaciones acerca de cómo funciona el mundo y sus relaciones. Es lo que se llama el estudio de la cognición social.  Lo primero que hay que entender para abordar la cognición social es que el pensamiento humano se construye con palabras y por tanto reposa en el uso de símbolos. ¿Cómo se construyen esos símbolos?

Para responder a esa pregunta Serge Moscovici, eleboró la Teoría las Representaciones Sociales. La respuesta, en su versión breve, es que esos símbolos se construyen en el proceso de la comunicación social en el que distintos grupos sociales confrontan su visión del mundo. Eso ocurre en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales, en las aulas, en las consultas médicas, en el Congreso de los Diputados, en definitiva, en un sinfín de conversaciones cotidianas. Otros autores, como Jerome Bruner, ya habían manifestado su preocupación por cómo se construyen, en el pensamiento de sentido común o en la folk psychology, los significados. En Actos de significado, Bruner plantea que nuestra mente es narrativa y que contando historias creamos significados, por tanto, símbolos.

Lo más interesante de la Teoría de las Representaciones Sociales es que identificó dos procesos en la construcción de esos símbolos: la objetivación y el anclaje. La objetivación es justo lo que ocurre cuando un concepto abstracto se resume en un icono y el anclaje es cómo un concepto abstracto se incorpora a nuestro almacen cognitivo estableciendo relaciones con otros conceptos que ya tenemos ahí. Esos dos procesos acaban arrojando una imagen, una representación social, que nos permite integrar un concepto abstracto en nuestras comunicaciones cotidianas. Estas representaciones sociales son fundamentales a la hora de determinar cómo nos relacionamos como el mundo e incluso cómo nos concebimos a nosotros mismos. Se entiende pues, la importancia que tiene la construcción de una representación social de la vejez tanto para la sociedad en su conjunto como para la vida de las personas concretas.

Quienes nos dedicamos a la Gerontología llevamos décadas advirtiendo del problema que supone sostener una imagen de la vejez que no se ajusta ni social ni individualmente a la realidad del siglo XXI, pero la semana pasada el tema saltó a la opinión pública porque el conocido presentador Matías Prats señalaba lo inoportuno que había sido el icono utilizado en la misma cadena de televisión en la que él trabaja, para representar a las personas mayores de 55 años en el protocolo de vacunación. El presentador tiene 71 años (más cerca de los 75 que de los 55), Pablo Motos tienen 55, Ana Blanco, 60, Iñaki Gabilondo, 76… y el icono no les representa. Ese grafismo era una representación sintética de una persona, con pocos trazos, en una figura encorvada y apoyada en un bastón.

Y yo me pregunto: ¿Representa esa imagen a las personas de más de 55 años? ¿Representa acaso a todas las personas mayores de 75 años? Pues no.  Lamentablemente si ponemos en el buscador de google “icono & persona mayor”, o si buscamos en señalética de tráfico, nos encontraremos con esas mismas imágenes: bastones, andadores, figuras encorvadas, moños. Pero… ¿es que aún no nos hemos dado cuenta de la heterogeneidad de los modos de envejecer?  ¿No sabemos que la vejez con dependencia afecta a un porcentaje de la población pequeño? ¿Sabemos que menos del 4% de las personas mayores viven en residencias? Dejemos de representar a la vejez de un modo que no la representa.

Es cierto que no debemos obviar las pérdidas funcionales o cognitivas que suceden en la vejez. No se trata de sostener una visión naïf. Todo no es envejecimiento exitoso ni todo es envejecimiento con dependencia, conceptos que, además, habría que redefinir. No quiero restar importancia a la necesidad de atención y cuidados de las personas en situación de dependencia, o al trabajo que realizan los profesionales de cuidados o los familiares cuidadores, pero la mayor parte de las personas mayores viven de manera autónoma en sus domicilios, acompañadas o solas.

Si además de los iconos hablamos de las palabras, los términos “ancianos”, “viejos”, “jubilados”, “abuelos”, “tercera edad”, o los posesivos “nuestros mayores” no son adecuados. ¿Por qué? Porque no representan las diferentes maneras de envejecer.

Los significados se construyen en los encuentros sociales. Vivimos en una sociedad diversa multigeneracional donde cabemos todos y donde todos nos necesitamos.

Matias Prats ha bromeado sobre el tema del icono. Comenta divertido que es “algo exagerado, algo negativo”… , y perdona al grafista por su descuido. Pero este tema no es una broma, porque no es la primera vez que ocurre. Es necesario dejar de usar un lenguaje que estigmatiza, excluye y daña. Lo que hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats es el Edadismo. Un prejuicio que hay que desterrar y que consiste en asumir que las personas de cierta edad no pueden o no deben hacer toda una serie de cosas.

Eso es lo que hay detrás de ese icono y palabras: EDADISMO con mayúsculas. Es necesario que entre todos y todas construyamos una nueva representación social de la vejez. De la variedad de modos de envejecer de hombres mayores y de mujeres mayores. Algunas autoras como Anna Freixas, en su libro Tan Frescas, ya han empezado. Recientemente, Mari Luz Esteba, ha seguido sus pasos con la obra Manifiesto de las Mujeres Viejas. Ahí les dejo unas interesantes lecturas. El camino está abierto, el esfuerzo ha de ser de todos y todas.

Icono de silueta con bastón

Fernando Flores

El icono de una silueta con bastón y algo encorvada para ilustrar al grupo de personas mayores de 55 años, que apareció ayer en un informativo, provocó cierta reacción de estupor en las redes sociales y una rectificación en clave de humor por parte del presentador del noticiero. — «Algo exagerado, ¿verdad?» — comentó divertido. La anécdota tuvo su gracia, y reconforta que los pequeños errores se rectifiquen con naturalidad y sin mayores aspavientos.

Sin embargo, sería un error no tan irrelevante pensar que esta anécdota es un suceso aislado, sin conexión con una realidad social que, a menudo, por medio de estereotipos como el del bastoncito, discrimina de forma silenciosa a las personas mayores.

Los estereotipos negativos son prejuicios sociales que minusvaloran a ciertas personas o grupos, y están en la base del trato peyorativo y discriminatorio (por comportamientos sociales, pero también por decisiones normativas y judiciales) que no pocas veces reciben.

Las personas mayores son percibidas en muchas ocasiones —más de las que nos atrevemos a reconocer— como sujetos débiles, inútiles, lentos, improductivos y egoístas, que ya han vivido su vida y que, como dice la hermosísima película de Leo McCarey, deberían ‘dejar paso al mañana’. Esta percepción, que en absoluto se corresponde con la realidad, no es necesariamente obvia, más bien suele ser sutil, muchas veces inconsciente y en absoluto malintencionada. Pero sus efectos pueden ser devastadores.

Esta semana, por poner un ejemplo, la Fiscalía de Sala para la protección de las personas con discapacidad y mayores ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma categórica las resoluciones judiciales que están autorizando la administración forzosa o no consentida de la vacuna a personas residentes en centros de mayores. Las rechaza, con razón, por discriminatorias, pues el trato diferente al resto de ciudadanos se basa, exclusivamente, en tener una edad avanzada y vivir en una residencia.

No se trata de enumerar aquí y ahora una ‘lista de agravios’ (aquí y aquí un par de casos llamativos que ya comenté), pero sí de llamar la atención sobre el hecho de que los prejuicios de los que estamos hablando podrán ser invisibles y aparentemente anecdóticos, pero sumados y decantados en acciones concretas, en absoluto son indoloros para sus víctimas. Están detrás de la soledad y aislamiento involuntario de muchas personas; están detrás del modelo de cuidados —segregado, institucionalizado, a veces inhumano— de muchas residencias; están detrás del triaje mortal que ha tenido lugar al principio de la pandemia, y que ha sido denunciado por el periodista Manuel Rico.

Lo del icono del bastoncito es una anécdota, y hace gracia, pero sería triste que su simpática resolución encubriese o relativizase un problema al que va siendo hora de que nos enfrentemos como sociedad: la desconsideración hacia las personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida.

 

 

23F. Una experiencia compartida

Diego Blázquez

Durante la última semana, tanto los medios de comunicación como la agenda institucional han dedicado un valioso tiempo a la conmemoración de una efeméride particular: los cuarenta años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Quizás, para muchos recordar esta efeméride no tenga sentido, ya que evidentemente se trata de un suceso negativo para nuestra historia democrática. Para otros, se trata de un evento lejano en el tiempo y finalmente fracasado, por lo que tampoco le encuentran otro objeto a las páginas, bytes y minutos de información, más que dar cobertura a la agenda política. Finalmente, para otros muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, se trata de un suceso histórico más, del que pueden (o no) tener un conocimiento puramente académico.

Y, sin embargo, desde la perspectiva del fomento de la cultura de los derechos humanos, y especialmente los derechos civiles y políticos, esta conmemoración está plena de sentido.

Para comprender el sentido que tiene recordar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en primer lugar, tenemos que atender al carácter dinámico de la historia de los derechos humanos. Los derechos fundamentales no son ni un maná caído del cielo enviado por una divinidad celestial, ni fruto de la naturaleza, ni de la lógica, ni mucho menos regalos de quien ostenta el poder (cualquier tipo de poder). Por el contrario, la historia de los derechos humanos, y por lo tanto la historia de la democracia, es una historia de conquista, de lucha y de sacrificios personales y colectivos.

La difícil construcción de la democracia en España desde la muerte de Francisco Franco forma parte de esa lucha, y se explica en esa lucha. Ninguna esfera de libertad individual, colectiva o sus garantías venía dada ni garantizada por la evolución de los eventos políticos o sociales. El hecho de que un grupo de militares, utilizando las armas y la fuerza legítima que el Estado les había confiado, intentara secuestrar a los representantes del pueblo español y condicionar su voluntad, muestra como el reconocimiento de los derechos y sus garantías se hace contra y pese a la voluntad de fuerzas autoritarias, dogmáticas y antiliberales. Por eso, preservar en la memoria el intento de golpe de Estado de 1981 ha de servirnos para guardar cierta épica cívica en la construcción de nuestro sistema democrático frente a sus enemigos.

En segundo lugar, respetar esa épica no solo se debe a la naturaleza histórica dialéctica de los derechos; esa épica también nos tiene que servir como recordatorio de la fragilidad de la democracia y del sistema de derechos y garantías que implica. En este sentido, mantener la memoria del 23F es también mantener la memoria de la excepcionalidad histórica de la organización política, social y económica que suponen los Estados democráticos de Derecho. Todavía hoy, en febrero de 2021, según el Índice de Democracia de The Economist prácticamente la mitad de la población mundial no vive en sociedades democráticas y no llega al 10% la sociedades plenamente democráticas. Tenemos la suerte de vivir en una de ellas gracias los esfuerzos y desafíos que han tenido que superar muchas generaciones de españoles y españolas, y de demócratas a lo largo de todo el mundo.

En tercer lugar, esa épica puede y debe servir como elemento de cohesión en torno a un lenguaje común, como esa cultura de los derechos. Se trata de una épica inclusiva, que se fundamenta, precisamente, en el rechazo de todo discurso violento, excluyente y diferenciador. Es una épica moderna llena de valores profundamente éticos como es el rechazo a la violencia, el respeto a la democracia representativa y el Imperio de la Ley. Y, por tanto, quedan fuera épicas (y éticas) comprehensivas, propias de sociedades cerradas, basadas en identidades culturales, étnicas o religiosas.

Por último, y en esa misma línea, recordar el 23F nos tiene que servir para valorar, siempre con un sentido crítico, la evolución de la democracia en nuestro país. Tener presente que tan solo hace cuarenta años fue perfectamente posible que, por la fuerza de las armas, se violentara la soberanía del Parlamento, se intentará paralizar y subvertir un procedimiento constitucional y suspender el régimen de libertades de que disfrutábamos. Tener presente cuanto hemos andado desde entonces por el largo camino de la libertad y la igualdad, conocer los cambios operados en nuestra sociedad y garantizados por leyes e instituciones; y, evidentemente, también, y sobre todo tiene que servir para ser críticamente consciente de los desafíos que nos quedan por delante, bien por no superados, bien porque se trata de nuevos riesgos que plantea la evolución de la vida política, económica y social.

Para desarrollar esa visión en perspectiva crítica, no podemos olvidar la necesidad de una dimensión o contenido emocional, que también forma parte de cierto “pegamento” social. Todavía tenemos presente la memoria de quienes sintieron esa noche el miedo a la violencia política. Tenemos también entre nosotros el compromiso de los profesionales de los medios de comunicación que mantuvieron informados al país a través de la radio o la prensa escrita. Para toda una generación constituyó un vergonzoso recordatorio de la debilidad de las conquistas obtenidas, y la necesidad de reforzarlas. Frente a la división, se contestó con la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. No podemos olvidar que se trata de un patrimonio histórico con un valor incalculable, y que puede servir de útil recordatorio, como cimiento o fundamento, cuando las tensiones políticas y sociales se profundizan y agravan de forma estéril o banal.

Personalmente, viví el intento de golpe de Estado en una pequeña ciudad de provincias, donde las primeras horas fueron de una confusión e incertidumbre que a pesar de mi corta edad pude sentir. Superadas esas primeras horas, tengo todavía el recuerdo de la aliviada alegría de mis padres en una fría mañana castellana. Al día siguiente, acudí a la que sería mi primera manifestación.

Creo que comparto esos recuerdos, sentimientos y vivencias con muchas personas de mi generación. Obviamente, lo viví de manera diferente a cómo lo harían mis padres y mis abuelos. Cada generación busca sus hitos sociales para refrendarse en sus valores. Para unos fue la lucha antifranquista, la consecución de la autonomía o de la amnistía, el 23 F, las protestas por salvar a Miguel Ángel Blanco, las manos blancas por Tomás y Valiente, el 8M, el No a la Guerra o la dignidad de las víctimas del terrorismo.

En todo caso, la lucha por los derechos, el compromiso por la libertad y la igualdad, además de la teorización filosófica, política y jurídica, necesita también esa dimensión personal. El sentimiento de saber que tu contribución es importante, de saber que haces historia, que con tu participación haces posible las conquistas de la libertad de los seres humanos.

No es necesario desterrar las vivencias de los demás. Por el contrario, es necesario generar ese patrimonio compartido de experiencias democráticas, de compromiso generacional e histórico en torno a unos valores comunes que articulen nuestro proyecto compartido como sociedad, y que están por encima de las diferencias.

La victoria de la democracia y los derechos humanos de hace 40 años se tiene que renovar cada día, a pesar de las diferencias y de las dificultades. Para ello, es esencial compartir no solo los valores, pero también una historia diversa y compleja en la que deben caber las vivencias y las aportaciones de todas las generaciones en la larga lucha por las libertades y la democracia. Junto a otros muchos jalones de la historia, el triunfo final de la democracia en España que supone el fracaso del 23F, y las actuaciones de algunos de nuestros representantes y de la sociedad civil, merecen un lugar en ese profundo recorrido.

A puta bandeira o la autodestrucción de un Tribunal

Ana Valero

Hace dos días el Tribunal Constitucional español ha dado a conocer su Sentencia en la que afirma que gritar en una concentración de protesta “hay que quemar la puta bandera” no es un acto de libertad de expresión. No han pasado ni tres años, sin embargo, desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España porque su Tribunal Constitucional había sostenido que quemar una foto del rey en una manifestación pacífica no constituía un ejercicio legítimo de tal derecho. Esta flagrante contradicción solo puede responder a dos hipótesis: la primera sería que el Tribunal Constitucional español no conoce la jurisprudencia del Tribunal Europeo, algo del todo improbable si tenemos en cuenta que cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que la jurisprudencia de Estrasburgo es canon interpretativo vinculante para el órgano constitucional; la segunda, más creíble pero grave, que el Tribunal Constitucional la conoce, pero se la trae al pairo.

Pues bien, antes de leer esta sentencia lo primero que una cree es estar ante “otra más” que sumar al cúmulo de sentencias constitucionales -siete desde el año 2000- que han propiciado la condena de España por vulnerar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Sin embargo, la presente Sentencia es mucho más que eso. Nos encontramos, quizás, ante la sentencia que confirma la autodestrucción de un Tribunal que, con buena parte de sus integrantes en situación de prórroga forzosa, viene mostrando desde hace tiempo sus horas más bajas.

Y ello porque en esta Sentencia el Tribunal Constitucional miente, y lo hace con esa técnica tan propia de los tiempos que corren que consiste en hacerlo citando previamente algo que es verdad, con el fin de que el lector piense que la globalidad de lo dicho lo es. Y miente, afirmo, porque creo que no puede ser la ineptitud de la mayoría de sus Magistrados lo que le ha conducido a emitir un Fallo tan radicalmente opuesto a la jurisprudencia de Estrasburgo, sino algo que es todavía más grave en el ámbito jurisdiccional, y que consiste en resolver un asunto en sentido contrario a Derecho, aun conociéndolo y apelando a él, por y desde la propia ideología. Y me explico.

Con esta Sentencia, el Tribunal Constitucional confirma la condena penal por un delito de ultraje a la bandera de España previsto en el artículo 543 del Código Penal, de un dirigente sindicalista gallego que, en el seno de una concentración de protesta pacífica por motivos laborales en las instalaciones militares de Ferrol profirió, a través de un megáfono, la frase “aquí tedes o silencio da puta bandeira” y “hai que prenderlle lume a puta bandeira”. Y ello durante el acto de izado de la bandera nacional con presencia militar.

En el que algún colega ha calificado gloriosamente como “el primer Voto Particular abiertamente punk” de la historia del Tribunal Constitucional, el Magistrado Ollero, redactor del primer borrador de la sentencia y que fue apartado de la ponencia, confiesa sin tapujos que un buen porcentaje del tenor literal de la Sentencia definitiva es de su autoría. Aquella parte de ésta, precisamente, en la que el Tribunal Constitucional recuerda y cita la doctrina del Tribunal de Estrasburgo en materia de libertad de expresión. Y es que el Magistrado Ollero se apoyaba en su borrador inicial en dicha consolidada doctrina para apoyar un fallo contrario al definitivamente emitido, es decir, un fallo que sí otorgaba el amparo al sindicalista gallego y reconocía su derecho a pedir quemar la puta bandera.

Huelga recordar que dicha doctrina sostiene que un acto de protesta que resulte ofensivo o desagradable para terceros es libertad de expresión; y que ese acto puede incluso consistir en la quema de una imagen o una bandera que simbolicen dicha protesta -SSTEDH de 2 de febrero de 2010, asunto partido demócrata cristiano del pueblo contra la República de Moldavia; y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España. Sin embargo, tras el citado repaso jurisprudencial, y antes de llegar a un fallo definitivo que contradice flagrantemente dicha jurisprudencia, el Tribunal Constitucional construye una tesis tan frágil como un castillo de naipes según la cual, ninguna de las sentencias europeas citadas tiene unos hechos similares a los del presente caso, lo que excluye su aplicación. Así, afirma que en el asunto Moldavia, existía una situación de violencia y de hostilidad hacia la bandera que convertía su quema en un acto de libertad de expresión. Algo no aplicable al presente caso donde nos hallamos, sostiene, “ante una concentración pacífica por motivos laborales”.

Ante semejante dislate solo cabe una pregunta, ¿de verdad es posible que la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional español desconozcan el histórico Fallo del Tribunal Supremo norteamericano del año 1989, en el caso Texas c. Johnson, del que bebe toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia? ¿de verdad existe alguna remota posibilidad de que la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional español no sepan que es precisamente al carácter pacífico del acto de quema de la bandera lo que lo convierte en deudor sin matices de la protección de la libertad de expresión? ¿Cómo puede, por tanto, la mayoría del Tribunal Constitucional español llegar a afirmar que pedir su quema en un en un acto pacífico de reivindicación laboral es un acto constitutivo de delito?

Y con respecto a la inaplicación en el presente caso de la doctrina Taulats, el Tribunal Constitucional sostiene, en un acto de desfachatez sin precedentes, que mientras la quema de la imagen del rey “es un ejercicio de libertad de expresión por tratarse de una crítica hacia personas que, por su función, están sometidas a un especial escrutinio ciudadano”, las expresiones objetivamente ofensivas dirigidas hacia un símbolo, la enseña nacional, en un marco reivindicativo completamente ajeno a los valores que la bandera representa, no son amparadas por dicho ejercicio. En este sentido, no puede ser más acertada la reflexión de los Magistrados Xiol Ríos y Balaguer Callejón en su Voto Particular conjunto, según la cual los actos, gestos y palabras de ataque a la bandera tienen tanta fuerza simbólica como la bandera misma y, por ello, son manifestación de una posición ideológica, la opuesta a la de quienes la defienden, indiscutiblemente constitutiva del derecho a la libertad de expresión. Recuérdese que la presente Sentencia tiene cuatro Votos Particulares firmados por cinco Magistrados de un total de doce.

En el año 1989 fue un Juez conservador de la Corte Suprema norteamericana, el Juez Kennedy, quien afirmó aquello de que “es irónico y a la vez fundamental que la bandera debe también proteger a aquellos que no la acatan”. En el año 2021, resulta más irónico todavía que vuelva a ser otro Juez “conservador”, el Magistrado Ollero, quien deba recordar a la mayoría de sus compañeros que el Tribunal que ocupan está obligado constitucionalmente a asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deudora de la afirmación de Kennedy.

La sentencia de la puta bandeira evidencia que nuestro Tribunal Constitucional está más necesitado que nunca de “esos buenos conservadores a quienes siempre lapidan sus correligionarios, y sin los cuales todas las revoluciones pasarían sin dejar rastro”. Lamentablemente ahora lo ocupan mayoritariamente esos “malos conservadores” que creen legítimo retorcer el Derecho hasta desnaturalizarlo en aras a hacer valer su estúpida concepción del patriotismo.

La ley Celaá: porque la libertad sin igualdad es libertad para unos pocos

Ana Valero

Irrita escuchar a los sectores políticos y educativos conservadores izar la bandera de la libertad en contra de la recientemente aprobada Ley Orgánica, 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, conocida como Ley Celaá. Y digo que irrita porque es precisamente esta Ley la que pretende acabar con un sistema, el promovido por la anterior ley educativa –Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE-, cuyos efectos han conducido a España a ser uno de los Estados de la Unión Europea con más altos niveles de segregación escolar. Y ello porque, entre otros motivos, la tan reclamada “libertad de elección” ha venido siendo real solo para unos pocos. Pero para entender las medidas introducidas por la nueva ley educativa debemos conocer, en primer lugar, cuál es la realidad que pretende modificar.

El debate sobre la libre elección de centro escolar apareció por primera vez en la década de 1950 en Estados Unidos, a partir de la publicación de “El papel del gobierno en la educación”, de Milton Friedman. Desde su punto de vista, si la prestación del servicio educativo permanece en manos del Estado carece de incentivos para un uso eficiente y efectivo de los recursos, ni para la innovación. La libre elección, por el contrario, según la orientación de Friedman y sus partidarios, introduce la competitividad entre las escuelas, lo que las obliga a mejorar su gestión y rendimiento, ampliándose con ello una oferta más eficiente e innovadora que atrae a nuevos estudiantes.

Siguiendo esta estela, en España la libre elección de centro educativo por parte de las familias se ha convertido, para los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo, en el derecho fundamental que enarbolar para: por un lado, justificar un incremento de la concertación de la escuela privada y; por otro, adoptar estrategias de promoción de la competitividad entre escuelas, incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y ranking; o, una financiación competitiva que premie a las escuelas que más demanda consigan.

Este es el planteamiento al que se adhería la anterior ley educativa conocida como Ley Wert, que otorgaba un papel preeminente a la libre elección de las familias, y condicionaba el incremento de los conciertos a la llamada “demanda social” -artículo 109.2-. De acuerdo con esta Ley, el diseño de la red de centros escolares quedaba subordinado a la demanda de las familias. De modo que, si éstas solicitaban más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debía realizar más conciertos, lo que dejaba a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada.

La realidad a la que pretende hacer frente la Ley Celaá refleja la preocupante concentración del alumnado socialmente vulnerable en la escuela pública, la cual acoge casi en exclusiva a los alumnos de entornos económicos desfavorecidos. Nueve de cada diez centros que concentran al alumnado de perfil socioeconómico bajo son públicos. Entre los factores que explican esta realidad se encuentra que el proceso de elección de centro escolar por parte de las familias es desigual, pues las más favorecidas económicamente tienen mayor acceso a la información relativa a las escuelas mientras que las familias más desfavorecidas, además, se ven disuadidas por el cobro encubierto de cuotas indebidas por parte de las escuelas privadas concertadas, las cuales han llevado a cabo en los últimos diez años una auténtica “selección” de su alumnado. Lo cual ha conducido a la consolidación en el tiempo de procesos de segregación que redundan en la pérdida de equidad y de igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país según el estudio “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico”. Estos datos convierten a nuestro país en uno de los más segregados de Europa, ocupando un sexto puesto que lo equipara a algunos de los países del Este y lo aleja de los países de su contexto más cercano.

La OCDE ha advertido que la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales y vitales completas; dificulta que el conjunto del alumnado tenga trayectorias educativas exitosas; y contribuye a mantener las menores oportunidades de los sectores más vulnerables. En suma, el fenómeno segregativo compromete la función de igualación de oportunidades propia de la educación.

Frente a ello, la nueva ley educativa elimina el concepto de “demanda social” y establece que las Administraciones garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes (la anterior ley hablaba solo de “plazas”) y promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública –artículo 109. Programación de la red de centros-. Lo cual resulta mucho más acorde con el modelo educativo que diseña nuestra Constitución en el que, al igual que el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del que trae causa -artículo 27.3 CE-, el derecho a la libre elección de centro escolar es en España un derecho de libertad y no de prestación, no existiendo la obligación constitucional de los poderes públicos de proporcionar los medios materiales que garanticen su satisfacción.

En palabras del Tribunal Supremo: “Este derecho no puede tener un valor absoluto, de modo que en todo caso deba respetarse la voluntad paterna por encima de cualesquiera circunstancias. Por el contrario, obvias razones materiales y presupuestarias hacen limitados tanto los centros existentes como las plazas en ellos disponibles”. -Sentencia de 29 de marzo de 1993-. Lo cual significa que el alcance constitucional del derecho a la libre elección de centro, a diferencia de lo que los partidarios de la educación concertada pretenden, se limita a garantizar que las familias puedan mostrar su preferencia por un determinado centro, y a que el sistema educativo esté configurado de tal modo que la opción realizada sea tomada en consideración por los poderes públicos, no siendo en ningún caso vinculante. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “no existe un derecho constitucionalmente reconocido a ocupar preferentemente una plaza en un determinado centro docente”.

Los datos evidencian que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. Como señala el Informe de la OCDE School and Equality, mientras las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos de acceso a la información necesaria para escoger un centro educativo, las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio, lo que favorece la segregación escolar y la aparición de “centros gheto”. Algo en lo que han incidido los sucesivos informes sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa.

Como reacción a esta realidad, además de lo ya señalado en relación con su artículo 109, las principales medidas adoptadas por la nueva ley educativa incluyen: a) la cooperación entre Administraciones y entidades sociales para establecer actuaciones socioeducativas conjuntas en aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa para evitar la segregación de este alumnado dentro de los centros educativos -Artículo 81-; b)  el deber de las Administraciones educativas de regular la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados atendiéndose, en todo caso, a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo -artículo 84-; la constitución de comisiones u órganos de garantías que velen por la aplicación igualitaria de las normas de admisión por parte de los centros públicos y los privados concertados -artículo 86-; el establecimiento por las Administraciones de una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados, así como la reserva para este tipo de alumnado de una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados -artículo 87-; la prohibición de que los centros públicos o privados concertados perciban cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, o establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. De modo que las actividades extraescolares y los servicios escolares en todo caso tendrán carácter voluntario y las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. También se establece que las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro -artículo 88-; la Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias; y, por último, se prevé que los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos -Disposición adicional decimoquinta-.

El legislador del 2020 no sólo ha aprobado una ley educativa perfectamente compatible con la Constitución sino que, sin duda, ha promulgado la ley educativa más plus-constitucional de la democracia.

Misas en À Punt, entre el servicio público y el Derecho de Acceso

Pepe Reig Cruañes

Miembro del Consell de Ciutadania de Àpunt

La plataforma pública valenciana de comunicación À Punt lleva meses retransmitiendo celebraciones religiosas católicas y evangélicas y esto ha generado alguna polémica. Hay una recomendación del Consell de Ciutadania de no consolidar esas retransmisiones en la programación y dos votaciones aparentemente contradictorias en las Cortes: una en contra de consolidarlas y otra de suprimirlas. La razón que adujo en marzo el Consejo Rector de À Punt para autorizar la emisión de oficios religiosos fue que las restricciones de la movilidad a causa de la pandemia aconsejaban facilitar ese “servicio público”.

El “servicio público” es una de las dos formas en que puede verse este asunto de las misas: una prestación destinada a suplir una carencia, por ejemplo, la imposibilidad de acudir a los templos durante el confinamiento. La otra forma es verlo como un caso particular del “derecho de acceso” a las plataformas públicas de comunicación, que también correspondería a otros colectivos y minorías sociales o culturales.

El artículo 20.3 de la Constitución obliga a asegurar el “derecho de acceso” a los medios de comunicación públicos de “los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Para un buen desarrollo de este derecho, que deriva del de libertad de expresión, se habría necesitado de una ley orgánica que nunca ha llegado a aprobarse. En su lugar, contamos tan solo con la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal que, en su artículo 28 prevé la realización de espacios específicos fijados por el Consejo de Administración y dotados de los medios técnicos y humanos para ello. Parecidas regulaciones se han desarrollado en las plataformas de comunicación públicas de algunas comunidades autónomas.

La excepción religiosa

En un sistema comunicativo como el nuestro, que oscila entre la extrema politización y la tendencia al sensacionalismo o “populismo de los contenidos”, se echa en falta la presencia activa de colectivos y grupos sociales que den visibilidad a la verdadera pluralidad del mundo social. Como señala Callejo, catedrático de sociología de la UNED, sin un dispositivo de acceso de colectivos y minorías, el sistema se condena a sí mismo a una suerte de “retroalimentación en bucle”. Quizá la única excepción a esa persistente ausencia venga dada por la emisión de oficios religiosos, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes en La 2 de TVE.

La presencia de esos colectivos “con notorio arraigo” se ha venido concretando desde los años 80, a través de una interpretación particular del artículo 20.3 de la Constitución, en forma de cesión de espacios de televisión o tiempos de antena en los medios de comunicación públicos, según la “implantación de la confesión religiosa” y con autonomía de ésta acerca de los contenidos de la emisión. “Día del Señor”, “Culto evangélico”, “Shalom” o “Medina en TV”, son algunos de estos espacios. El mismo esquema se ha aplicado en las TV autonómicas.

Esta cesión se presenta como una suerte de “derecho de prestación” que obliga a la Administración a poner los medios, pero no casa con el “derecho de libertad” que el Tribunal Constitucional vio en el artículo 20 de la Constitución (SSTC 6/1981 y 86/1982). Un derecho de libertad implica que los poderes públicos no deben interferir o impedir arbitrariamente su ejercicio. No exige un determinado sistema de acceso, como lo exige un derecho de prestación, sino evitar cualquier exclusión arbitraria o discriminadora.

El principio constitucional de no confesionalidad del Estado se compadece mal con una interpretación expansiva del derecho de acceso que permitiera a las confesiones religiosas, o cualesquiera otros colectivos, convertir a los medios públicos de comunicación en plataformas de proselitismo, mediante la patrimonialización de espacios o tiempos de antena. Aunque también, ese mismo principio, impide toda “denegación discriminatoria” o arbitraria, porque invalidaría la obligada “neutralidad” de los poderes públicos.

Presencia y representación

Las formas concretas que acabe adoptando el acceso de colectivos sociales a la TV será una resultante de, al menos, dos vectores de fuerza: el grado de “representación” con que aparece el colectivo y el grado de “profesionalidad” con que se realiza la emisión. Esto es, si el actor colectivo aparece activamente (imagen+voz) o es solo referenciado (aludido) él mismo o su accionar. Y si el espacio es realizado con criterio profesional del medio o es decidido y realizado por los propios actores colectivos.

Estamos aquí ante la misma contraposición de intereses, entre actores del colectivo y profesionales del medio, que encontramos en las retransmisiones de actos políticos de partido. Estos últimos aspiran a menudo a patrimonializar la “señal” para asegurarse un producto final favorable. Los profesionales, en cambio, preferirán asegurarse suficiente autonomía operativa, empezando por producir su propia señal. Esta tensión permitiría dibujar un continuo que va desde el espacio cedido al colectivo y administrado por éste, hasta la cobertura realizada por el medio en la que el colectivo aparece como fuente o actor.

La información de un medio público tiene que ser sensible a aquellas realidades sociales que, por carecer de medios de comunicación propios, no tienen la visibilidad adecuada para ejercer su función de enriquecimiento de la conversación pública. Esa es una de las funciones que se asigna al servicio público de comunicación, asegurar una buena reproducción del pluralismo. Esa atención sensible hacia colectivos que son, a veces, poco determinantes socialmente o incluso culturalmente emergentes o vanguardistas, puede adoptar formas variadas que incluyan el acceso a espacios informativos y de infotainment, sin necesidad de marginalizar ese contenido en nichos autoadministrados, sin apoyo profesional, que pronto dejan de cumplir su función dialógica en el espacio público.

Ese mismo criterio podría ser aplicado a las confesiones religiosas. La información y, en general, la programación de una plataforma pública debe contemplar la realidad de las religiones presentes en la sociedad. Esto puede hacerse mediante espacios dedicados que fomenten el conocimiento y el respeto de las creencias, a través el debate y la información en profundidad. Y también aquí debería evitarse la creación de guetos o nichos a base de retransmisiones de rituales u oficios, cuyo carácter es bien distinto de la información y el conocimiento.

Una cosa es la información sobre un evento o un acto determinado, de cuya relevancia informativa entiende un Consejo de Redacción, y otra muy distinta es reservar una franja de emisiones para actos internos o externos de un partido, un sindicato o una iglesia.

No todo es servicio público, sin embargo, en una plataforma de comunicación. Entretenimiento, debate, cultura y, en fin, reconocimiento mutuo entre colectivos cívicos, justifican sobradamente la presencia de creencias religiosas … y ateas, pero no obligan a convertir la TV en un mosaico de nichos cerrados en sí mismos, mientras la vida transcurre fuera de la pantalla.