La Iglesia despide profesoras de religión porque puede

Fernando Flores

La Iglesia acaba de retirar la idoneidad como docente de religión en un colegio público a una profesora, por estar separada, por tener hijos con su nueva pareja y por recurrir a la fecundación “in vitro”. La Iglesia ha perdido su confianza en ella, pues no se comporta según sus reglas y su conducta no es testimonio de vida cristiana, y ella, en consecuencia, ha perdido la missio canonica.

No es la primera vez que sucede algo así. Todavía colea desde 2001 el caso de Resurrección Galera, profesora de religión en Almería, despedida por contraer matrimonio civil con un divorciado. El Tribunal Supremo dio la razón a la profesora, pero ni aún así la han readmitido y, si se me permite el espoiler, no la van a volver a contratar.

Yo creo que en ambos casos (en el de Galera a pesar del Supremo), a la Iglesia le asiste la razón para no hacerlo. Porque, me pregunto: ¿Es coherente que una profesora que imparte una asignatura cuyo objetivo no es enseñar historia de la religión sino formar a los alumnos en los valores y creencias del catolicismo (“el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”- Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria) no cumpla con los principios básicos de aquello que imparte? Más aún ¿no es consciente un profesor que opta a dar clase de religión católica que su idoneidad la concede la Iglesia (el Obispo de la Diócesis), y que ésta está basada en “criterios de índole moral y religiosa”, es decir, en la observación de la “recta doctrina y testimonio de vida cristiana”? Yo estoy seguro de que nuestra profesora de religión, que además ha escolarizado a sus hijos en un colegio del Opus Dei, es muy consciente de todo ello.

La cuestión de fondo, en mi opinión, no es si la Iglesia puede retirar o no la idoneidad a la profesora (otra cosa es si para conseguir la información que sostiene su decisión ha vulnerado derechos fundamentales como su intimidad o su derecho a la protección de datos), sino cómo es posible que una organización privada como la Iglesia decida docentes y asignatura en las escuelas públicas. Porque si aceptamos esto, que es lo más, tendremos que aceptar lo menos.

Ya explicó Ana Valero en este mismo blog (A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución) que la obligación de impartir religión católica en la escuela pública no procede del (ambiguo y suprimible) art.27.3 CE, sino de los Acuerdos con la Santa Sede, acuerdos de carácter internacional que, eso sí, no obligan a que la asignatura sea evaluable y computable para la nota media. De modo que solucionar el sinsentido que supone que la Iglesia despida de la escuela profesoras (casi nunca profesores) porque no llevan una vida según “la recta doctrina” solo tiene un camino: denunciar esos Acuerdos.

España sigue siendo, a pesar de lo que diga nuestra Constitución, un Estado confesional de facto. Esta realidad no es inocua, supone la vulneración silenciosa y diaria de la libertad de conciencia y religiosa de muchas personas, que sufren la confusión entre las instituciones públicas y la religión católica. La escuela pública no debe ser un instrumento que perpetúe esta situación. Mientras en los colegios los niños tengan más claro el significado de Dios –¿?– que el de la Constitución, el avance democrático de nuestra sociedad será una ilusión.

Fotos: Misiones pedagógicas (1931 – 1936)

El manoseo a la Constitución: el referéndum y el Matadero

Ana Valero

El manoseo de la Constitución está de moda…Tomar el nombre de la Constitución en vano es algo a lo que siempre ha sido muy propicia la derecha política española, y que alcanza su máxima expresión cuando de la unidad territorial del Estado se trata. Pero lo más preocupante es que a ello se han sumado algunos sectores del Poder Judicial.

El último ejemplo lo encontramos en auto dictado el día de ayer por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, por el cual declara la suspensión, sin posibilidad de recurso, de la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid de un acto de apoyo al referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre, como consecuencia del recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular.

El juez José Justy Bastarreche declara, para justificar dicha suspensión, que se trata de un acto de apoyo a la Ley 19/2017, del Parlamento catalán, que regula la celebración del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, la cual ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y es claramente contraria a la Constitución española en lo referente al principio de soberanía e indisoluble unidad de la Nación española. De este modo, concluye que, los actos de apoyo a un referéndum ilegal no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.

Las barbaridades jurídicas no me sorprenden cuando del partido gobernante se trata, pues es conocida su facilidad para retorcer las normas y la Constitución y hacer decir a esta última lo que a ellos se les antoja, en orden a satisfacer sus intereses partidarios. Pero cuando semejantes interpretaciones proceden del Poder Judicial y, además, afectan directamente a derechos y libertades de la ciudadanía, después del sonrojo lo que a una provocan es una inmensa indignación.

De sobra debería saber el señor juez firmante del presente Auto, que vivimos al amparo de una Constitución que, además de proclamar la libertad de expresión como uno de sus derechos fundamentales dotados de la máxima protección y garantías jurídicas, el Tribunal Constitucional ha dicho hasta la saciedad que el nuestro no es un modelo de democracia militante. Esto es, que en la medida en que la Constitución española es reformable en todos y cada uno de sus preceptos, la lealtad a la misma lo único que exige es el respeto a los procedimientos previstos para su reforma y no una adhesión acérrima a los principios y valores por ella proclamados.

Esto es lo que permite que en España no se ilegalicen los partidos de corte falangista –siempre que no se utilicen medios violentos para defender sus objetivos, o se incluya la violencia entre sus fines-, o puedan quienes todavía añoran la dictadura manifestarse, con el consentimiento consistorial, para homenajear al dictador en el aniversario de su muerte.

Es por ello que, con independencia de la opinión que el Juez Bastarreche tenga sobre la constitucionalidad o no del referéndum que pretende celebrarse el próximo 1-O, sobre la que nadie le ha preguntado y al que no corresponde pronunciarse, su obligación hubiera sido dictar resolución en este caso concreto de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y, en este sentido, el camino es uno y es claro: un acto ciudadano de apoyo al movimiento político que pretende la independencia de Cataluña, aun cuando su impulso haya caído en la ilegalidad, incluso catalana, es un acto de libertad de expresión perfectamente compatible con la Constitución española en tanto en cuanto los organizadores no hayan previsto el empleo de la violencia en la celebración del mismo, de conformidad con la legislación reguladora de reuniones y manifestaciones.

Foto: Preámbulo de la Constitución. Grabados de Acaymo S. Cuesta.

Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil.

La soberanía existe y vale “porque se ejerce” (o “cuando se ejerce”) me decía el otro día un jurista independentista (más independentista que jurista) aunque no exista norma alguna que la habilite (sic). Esto de normas y poderes, poderes y normas, no vale según ellos para este acto “originario” del pueblo catalán. Recuerdan, en el mejor de los casos, a la concepción de la soberanía del siglo XVII, con Hobbes y su Leviatán. El problema es que no estamos en el siglo XVII (ni siquiera en el XIX), ni en el estado de naturaleza, ni Cataluña y su autogobierno han caído del cielo, sino que es la Constitución de 1978 la que ha dotado de legalidad y legitimidad a sus instituciones, entre ellas a la Generalitat y al Parlament. En esto, y por esto, hay también no poco de deslealtad, de “juego sucio” en el sentido rawlsiano: no es éticamente aceptable traicionar un sistema que ha creado las condiciones para que llegues a cotas de autogobierno que nunca tuviste, desconocidas hasta la fecha.

Hay también mucho desconocimiento, en algunos casos consciente, acerca de lo es (debe ser) hoy una democracia. Ésta es impensable sin respeto a las normas, a las reglas del juego, a las competencias de cada uno, a la filosofía de los límites al poder, a los pesos y contrapesos… Desde 1945 no hay democracia sin Estado de Derecho y no hace falta que recuerde por qué.

Podríamos pensar entonces que quizá lo que han hecho los secesionistas es ascender por la pirámide que dibujó Kelsen (saltándose, eso sí, el escalón de la constitución y de su estatuto) hasta el vértice del Derecho Internacional, pero este recurso tampoco vale porque es falaz. Y lo es porque, primero, lo que encuentran allí es menos de lo que ya tienen (autogobierno, instituciones propias y autonomía en un país de la UE -qué ironía-), y segundo porque el derecho de autodeterminación de los pueblos que recoge la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no está pensado para territorios de Estados de la UE, de democracias constitucionales, espacios que, aún con la crisis y la enorme corrupción, se sitúan entre los más prósperos y abiertos del mundo. Recordemos íntegro el texto de la Resolución por si alguien duda de lo que digo:

“El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra, y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios (…).

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén dotados por tanto de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.”

Cataluña, ni es una colonia ni es un territorio no autónomo, ni los catalanes tienen un estatus inferior al resto de españoles por motivo de raza, credo o color, u otra condición personal, social o cultural, y España sí es un estado soberano, con unas instituciones en las que llevan participando las fuerzas políticas catalanas y los ciudadanos de Cataluña desde 1977…

Podríamos pensar por tanto que en realidad los secesionistas no nos hablan de un derecho legal a la autodeterminación de Cataluña que en efecto no tienen, sino de un derecho moral, de un derecho a la autodeterminación que deben tener a partir de esa soberanía de facto que proclaman ejerciéndola. Pero permítanme que les diga que no, que tampoco, ni siquiera tienen ese derecho moral aunque tengan la libertad para expresarlo. Cuando pensamos en un derecho moral estamos pensando en una pretensión justificada ética o políticamente que el Derecho todavía no ha reconocido. Piensen por ejemplo en el sufragio universal mientras las mujeres o los pobres estaban excluidos, o en la libertad de prensa o de pensamiento durante la dictadura franquista. Eran derechos morales que terminaron siendo derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, el derecho de autodeterminación de Cataluña en el siglo XXI no puede compararse a estos casos. Sus defensores no se parecen, aunque les gustaría, ni a las sufragistas del XIX ni a Martin Luther King ni a Nelson Mandela.

El derecho de autodeterminación de Cataluña no es un derecho moral ni lo puede ser porque carece de justificación ética. No sólo porque es poco ético que un territorio próspero se quiera desentender del conjunto (en buena medida menos próspero), sino porque para que tuviera justificación debería cumplir al menos dos requisitos racionales que no cumple:

  1. Que la pretensión fuera susceptible de generalización (si es bueno para ti, debe serlo para mí) algo que ningún Estado democrático del mundo puede aceptar sin poner en cuestión su propia existencia. Con ese reconocimiento, que racionalmente habría que generalizar por razones básicas de igualdad, se abriría una “caja de Pandora” autodestructiva incompatible con la idea de España y de la Unión Europea.
  2. Que ampliara el espacio de libertades sin causar un menoscabo a terceros, que uniera y que no separara, que favoreciera la convivencia, la complejidad y la cohesión y no el enfrentamiento y la simplificación. No hemos llegado todavía al 1 de octubre y es evidente que hay cada vez más crispación, más división, menos afectos… La pretensión de la secesión, incluso la del referéndum de autodeterminación, no expande la libertad, no abre nuevos espacios que multipliquen las posibilidades identitarias y culturales, sino que construye muros, marca fronteras, aumentando la incomunicación, obligando a elegir a quien no quiere elegir, entre otras cosas porque eligiendo se empequeñece, se reduce.

Por tanto, a mi juicio, la autodeterminación de Cataluña no es posible, de ninguna manera entendida en esos términos soberanistas originarios, unilaterales y excluyentes. No cabe ni en la normativa vigente (interna, europea o universal) ni constituye una pretensión moral justificada, legítima, una suerte de derecho moral con posibilidades de convertirse en una realidad política y jurídica que amplíe los espacios de libertad asegurando al tiempo la imprescindible solidaridad interterritorial y la convivencia. Va justo en la dirección contraria. Por cierto, como iría también cualquier tentación (re)centralizadora, uniformadora, aplastadora de la diversidad.

Sólo tenemos, por tanto, un camino y cuanto antes lo veamos mejor, un gran camino, una ancha avenida: la del mutuo y leal reconocimiento, la de la unión federal y orgullosa de nuestra diversidad, la del acuerdo y las mayorías, la de la “España nación de naciones”, con esta hermosa expresión o con otra.

Ojalá en pocas semanas podamos ponernos manos a la obra y encontremos más pronto que tarde una fórmula que nos asegure vivir en paz y en libertad al menos otros cuarenta años! Depende de todos que sigamos conviviendo aumentando los afectos, los lazos cooperativos y solidarios y el mutuo respeto. No es tarea menor.

Fotos: 1 y 2. Fernando Flores. 3. Catherine Salsbury.

Publicar fotos de muertos y heridos

Joaquín Urías

Los atentados del verano en Cataluña han abierto un cierto debate público sobre la publicación de fotos y vídeos de víctimas de atentados, de los cadáveres de sus autores y de menores implicados en los hechos. El debate ha sido especialmente virulento en las redes sociales, de modo que la polarización ha sido instantánea.

Por un momento pareció que todo el que fuera más o menos conservador o “de orden” tenía que estar a favor de que se publicara todo tipo de imágenes horribles. Primero de las víctimas del atentado, luego de los cuerpos de sus autores. Por otro lado, cualquiera que se calificara de progresista o de izquierdas parecía obligado a indignarse con la publicación de cualquier representación, siquiera lejana, de personas heridas o muertas por esta causa.

A decir verdad, el debate no parecía sincero. La polarización parecía sugerir, de algún modo, que quienes vinculaban a sus autores con el Islam o incluso con la acogida de refugiados tenían determinado interés en la difusión de imágenes tan terribles que golpearan la conciencia de la población para inclinarlos a su causa. Respecto al bando contrario, se ha llegado a insinuar que la oposición a que se viera la tragedia en todo su detalle respondía al deseo de minimizar el impacto público de los atentados. Sin llegar tan lejos, hubo quien apreció en la postura restrictiva de la publicación un cierto buenismo, al parecer propio de sociedades demasiado sensibles y débiles a la hora de responder a las amenazas reales de nuestro tiempo. Incluso un gran escritor y académico recurrió a la publicación de espeluznantes vídeos de ejecuciones para –supuestamente- demostrar que no hay que arredrarse ante la visualización de la violencia explícita y visualizar que estamos en guerra.

En realidad, si descartamos oscuras motivaciones políticas y obviamos las referencias a una sociedad cada vez menos viril, el debate tiene cierta enjundia desde el punto de vista de la ética y del derecho. Para apreciarla habría que abordar la cuestión de modo un poco más sosegado y fijándose en los matices, antes que en el trazo grueso y superficial.

Con esa perspectiva, quizás el debate hubiera debido plantearse entre el daño y la utilidad social que conllevara la publicación de cada imagen. Así, seguramente, dejando de lado intereses políticos más o menos legítimos, puede partirse de que hay dos grandes grupos de intereses en juego: de una parte están los intereses vinculados con el derecho de la sociedad a estar informada; de otra parte los que están relacionados con el derecho de las víctimas y sus familiares a vivir su duelo en la intimidad y a que no resulten expuestos públicamente sus heridas e incluso cuerpos.

Basta esta aproximación para solucionar muchos de los casos supuestamente polémicos. Hay imágenes que no tienen ningún valor informativo, igual que hay otras que no dañan en absoluto los derechos de las víctimas. Unas no deben publicarse, mientras que frente a la difusión de las otras no cabe oponer ninguna pega.

Así, la publicación de primeros planos de una herida o de un cuerpo destrozado parecen responder exclusivamente a un interés morboso que no aporta nada nuevo a la publicación. No pueden venir legitimados por el derecho a informar y recibir información. Por el otro lado, la publicación de imágenes en las que se aprecia a numerosas personas en el suelo, o atendidas por los servicios de asistencia, sin que ninguna de ellas resulte especialmente identificable, no daña los derechos de ninguna víctima concreta y –en cambio- permite a la sociedad entender con fundamento la dimensión de la tragedia y del daño causado.

Así, las imágenes publicadas en las portadas de algunos periódicos, que mostraban Las Ramblas a los pocos minutos del atentado, con numerosos heridos y cadáveres diseminados, sin centrarse específicamente en ninguno de ellos, deben poder publicarse. No hay obstáculo ético o jurídico frente a su difusión y, en cambio, aportan información sobre los efectos reales del atropello. Gracias a esas fotos uno puede hacerse una idea cabal de lo sucedido.

En cambio, la difusión del rostro desfigurado de un terrorista muerto por los disparos de la policía, no tiene ninguna justificación ética ni jurídica. No aporta realmente ningún dato nuevo al hecho mismo de esa muerte y sus circunstancias y, en cambio, puede dañar derechos de su familia, que también los tiene, evidentemente.

De este modo, indagar en el posible daño individualizado o el posible interés informativo podría servir para resolver el debate en términos de lógica democrática menos burdos que el apoyar o repudiar genéricamente la difusión de cualquier fotografía en la que aparezcan víctimas de los atentados.

Respecto a la posibilidad de que una misma imagen tenga interés informativo y al mismo tiempo lesione la dignidad o la intimidad de la persona que aparece reproducida, lo cierto es que es un supuesto muy excepcional. Sólo se plantearía en casos en los que la persona resultara perfectamente identificable y al mismo tiempo la imagen en sí tuviera un contenido informativo propio más allá de la mera narración. No se me ocurre ningún caso de estos días en que suceda algo así, pero el criterio para resolverlo no debería ser muy distinto: plantearse los posibles beneficios y daños específicos que podría causar la difusión de la imagen y decidir en consecuencia.

De lo que no hay duda es de que este tipo de cuestiones no pueden resolverse en una sociedad abierta y plural, ni apelando a instintos más o menos bajos, ni aferrándose a un mundo ideal en el que no puedan verse la maldad y el sufrimiento. Las imágenes de un atentado –como las de una guerra u otra tragedia– no pueden usarse como arma arrojadiza para hacer daño a unos u otros, pero tampoco pueden ser un tabú que oculte la realidad. La justicia social se construye con responsabilidad, asumiendo la auténtica dimensión del derecho a la información y sus consecuencias y evitando daños gratuitos a personas concretas.

Desde luego, mientras estos debates no se aborden con cierta distancia crítica y se sigan generando en el ámbito de unas redes sociales polarizadas y agresivas estaremos muy lejos de esa sociedad responsable capaz de avanzar hacia la justicia social.

Ilustraciones: 1. Joann Sfar. 2. Charlie Ebdo. 3. Jose Sacco. 4. Jonh Romita Jr.

derechos sin Derecho, emoción sin razón, terror sin «por»

Jesús García Cívico

En un ensayo que tuvo gran predicamento a final del pasado siglo, el pensador francés Gilles Lipovetsky describía el advenimiento de una era donde el antiguo deber moral, rigorista y categórico, quedaba eclipsado en beneficio de una cultura inédita incapaz ya de renunciar al bienestar y por ello tendente a una suerte de ética indolora y a una concepción del deber que no sabía ni podría renunciar al hedonismo.

Creo que aquel tratado sobre los nuevos «nuevos tiempos» (con todos los excesos y ambigüedades típicas de la filosofía francesa del momento) incluía, junto a no pocos desatinos y alguna simplificación, un diagnóstico más que certero de las mutaciones en lo que podemos llamar expresión exterior de la moral, canalizada incipientemente entonces en manifestaciones solidarias del tipo macro-conciertos de ayuda al SIDA, loterías con fondo benéfico frente al hambre, subastas televisivas de enseres de famosos, etc.

No era, pues, difícil acordarse de El crepúsculo del deber estas semanas de gestos, micro-textos, imágenes, declaraciones y editoriales emotivas sobre fenómenos aparentemente desconectados entre sí, como eran la extraordinaria indignación social ante el (mal llamado) «caso Juana Rivas», la profusión inmediata de gestos estéticos de solidaridad tras los atentados de Barcelona y, como colofón natural de éstas (enseguida diré por qué), la integración de banderas independentistas o contra-independentistas en una acto cuyo motivo principal no estaba desligado, sino más bien al revés, del elemental respeto a los muertos de un crimen excesivamente reciente.

Sobre el «caso Juana Rivas», mal llamado así, digo, porque es propio de casos de naturaleza similar la existencia al menos de dos partes (y, concretamente en su «caso», la existencia de dos casos) y de otros bienes (básicamente, y como se dijo prontamente y bien: el bienestar de los menores); sobre ese caso, decía, no es mi intención entrar en cuestiones de derecho procesal o filosofía del derecho (ya tratadas extensa y lúcidamente en este mismo blog) sino sólo señalar que era evidente la impresión de que se estaba extendiendo en esa parte de la ciudadanía visibilizada en los canales de participación social on line, la idea, ciertamente rara para los juristas, de que es posible hablar y defender «derechos» al margen del Derecho.

Esa interpretación lega de lo que aquellos que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho entendemos por derechos subjetivos no apuntaba a las facultades de un sujeto protegidas o legitimadas por el Derecho, sino que se parecían inquietantemente más a una inolvidable (inolvidable en un sentido negativo) respuesta por parte de un alumno que tuve hace años en la asignatura Teoría del Derecho: derechos subjetivos son «lo que cada uno opina de los derechos».

Paralelamente, y ya en lo que toca a los atentados de Barcelona, quizás todo empezara con una, para mí igualmente desconcertante, prioridad, expresada en cascada por diversas redes sociales: había que impedir, velar o condenar la difusión de las imágenes de las víctimas del atentado. Prioridad, ya digo, para mí singular por innecesaria y que me recordaba, a su vez, aquel ensayo de otro coetáneo francés, Baudrillard, sobre la falsa guerra de Irak, y, sobre todo, el lema con música de oxímoron, de las «guerras sin víctimas» o «guerras sin muertos», con el que el mundo convive tras la tremendamente perjudicial, en términos de imagen e imaginario colectivo de la belicosa política exterior de EEUU, guerra de Vietnam.

En ese mismo contexto de reacciones tras el atentado criminal de Barcelona la narrativa de la realidad semejaba ese uso cinematográfico de la pantalla fraccionada o split-screen (explorada por cierto ya en el Napoleón de Abel Gance, 1927) con la que coquetearon en los años 60 y 70 directores tan distintos como Richard Fleischer o Brian de Palma: todos los actores se movían sincrónicamente, con distintas intenciones y desde distintos lugares, hacia al foco de la noticia. La aparente unidad, como se demostró pronto, era tan solo una cuestión de superposición temporal de movimientos en espacios emocionales muy distintos.

La cultura de la autodeterminación narcisista de la que hablara, con ambigüedad posiblemente calculada, Lipovetsky, parecía ya no manifestarse solo en la esfera de una moral desprovista de sufrimiento o sacrificio (tan extraña, por ejemplo, a la envergadura moral de los protagonistas de La peste, de Albert Camus), sino en el ámbito de la sensibilidad colectiva: las primeras, casi inmediatas, reacciones consistían en adhesiones de tipo ornamental: pintadas de apoyo en las Ramblas, dibujos, canciones y poemas en la red, gestos de futbolistas, tuits de famosos y un largo etcétera de guiños y mohines, tan bien intencionados como desconcertantes por la prioridad informativa que se les concedía. No todas las manifestaciones emotivas de la solidaridad estética (de deportistas, políticos, actrices, etc.) eran ni solamente estéticas, ni irreflexivas, ni insinceras ¡por supuesto que no! Tampoco se trataba en puridad de ninguna novedad. Lo que sí creo que constituye una novedad es el predominio de ese tipo de reacciones sobre la sobriedad del duelo, el luto, el sufrimiento, el silencio o la consternación.

A los pocos días, cerrada la ‘split-screen’, o cegada la polivisión, los ecos de la tragedia comenzaban a formar un extraño Babel de sentimientos, una cacofonía de emociones y se percibía débilmente el tránsito de aquella nueva «caridad sin deber» hacia una suerte de solidaridad ornamental como apéndice de un tipo de «obligación caritativa» o hacia algo que aún no conocemos bien del todo, y uno escuchaba así con creciente estupor en la televisión pública comentarios del tipo: «tal o cual ciudadano no se lo pensó dos veces y acudió a socorrer a las víctimas. Pero, ¿no es algo elemental, incluso obligado, socorrer a las víctimas de un atropello? ¿a qué pensarlo dos veces? ¿podría alguien no ayudar, no acudir ante un cuerpo pisoteado por una camioneta en pleno centro de la ciudad? ¿iban a actuar como esos jóvenes perfectamente ordenados en cordón mientras otros le propinaban a un joven italiano una paliza de muerte en una discoteca otro día de verano?

Como evolución imparable de esa «obligación caritativa», la solidaridad se mostraba en los medios de comunicación como solidaridad ambivalente. Una solidaridad, pronto lo comprobamos, mínima, intermitente y perfectamente compatible con la primacía del «yo» (como primacía del «nosotros» frente a los «otros» en la manifestación posterior) o, peor, aún, como primacía de un «yo» proyectado en el foco del dolor ajeno e incorporado a la manifestación de la «singularidad colectiva» bien a través de la expresión artística, o mejor, estética, bien indistinguible ya de una expresión de auto-afirmación identitaria.

Saben los que la han padecido, que la muerte abrupta de un hijo, de un hermano o cualquier ser querido es algo tan desgarrador e íntimo que jamás hay verdadero consuelo ni comprensión posible. De ahí, la inseguridad, la timidez, el silencio que, como señales de un profundo respeto, rodean desde antiguo los velatorios, los funerales y los homenajes a los cuerpos separados de forma criminal y abrupta de la vida como los de Barcelona. Algunos expresamos entonces la sincera convicción de que ponerse a menear una banderita (por supuesto, cualquier banderita) o a gritar algún tipo de eslogan o recriminación política más o menos oportuna nos parecía de una repugnancia moral realmente insoportable. Era una acción semejante a repartir flyers o a dar una clase de derechos humanos ante una concurrencia reunida para otra cosa, una acción instrumental afín a aquellos que reparten tarjetas de abogados entre las cenizas de un enorme incendio, un acto egoísta como el que insiste en hablar sólo de su libro aprovechando el escenario, sacando partido de que se haya reunido la gente o esté la televisión por ahí.

Era ese, justamente, el peligro del predomino de eslóganes positivos («No tinc por»), poemas sentimentaloides (que no sentimentales), reivindicaciones individualistas (deportistas saliéndose del guión para mostrar ante las cámaras su solidaridad con las víctimas), dibujitos inspirados en la muerte como expresión de un paradójico e improcedente deseo de regreso inmediato a la felicidad, obras artísticas que jamás trascenderían la exposición cautiva de un grupo de familiares y amigos de barrio, frases hechas como extraídas de un anuncio de colonia postmoderno, y otras expresiones auto-afirmativas del tipo de las que siguieron irreflexivamente a los atentados de Barcelona. Había, según lo veo, una relación compleja e inquietante entre esos dos tipos de reacciones que se dan en un contexto en el que las emociones, la «emopolítica» tal como expresa mi colega Pablo Miravet, sustituyen paulatinamente el uso de la razón.

En realidad, tanto las religiones como los nacionalismos atraviesan al menos un momento de su larga vida en el que se evidencia una naturaleza severa e intransigente. El peligro es que la mayor parte del tiempo esa naturaleza apenas está latente, esperando el momento irreversible, el grito afónico de la historia por decirlo en la bella expresión de ese magnífico escritor que fue W. G. Sebald. Lo preocupante entonces ya no es sólo el encaje de lo severo en el discurso público de la democracia, de la «emopolítica», sino el bolillo irresoluble que se forma de repente entre aquella suerte de neo-moralismo que describíamos al comenzar y los tics de una civilización hedonista, que paradójicamente en la época de las manifestaciones nacionalistas y las aspiraciones colectivas, sigue siendo sustancialmente individualista.

En ese contexto complejo, se hacían pertinentes las reflexiones, por citar sólo algunas de las últimas y más conocidas, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han acerca del insaciable impulso hacia la divulgación voluntaria de todo tipo de información que raya en lo obsceno o en lo pornográfico. De acuerdo con La sociedad de la transparencia, los dictados de nuestra época imponen un sistema totalizante de apertura a expensas de otros valores sociales como la vergüenza, el secreto y la confidencialidad.

Han pasado ya suficientes días desde los asesinatos de Barcelona y Cambrils y parece que ya es posible hacerse una idea, entre perpleja y resignada, entre abatida y escandalizada, del estado de las cosas. Al mismo tiempo, es posible pensar que en el futuro seguirá siendo de agotadora actualidad el caso, mal llamado «caso de Juana Rivas», sólo que con otros nombres. Una noticia, o unas noticias que ilustrarán bien tanto la deformada percepción social más actual del llamado, entre nosotros, «fenómeno jurídico», como de aquella temprana advertencia de Sánchez Ferlosio (‘Vendrán más años malos y nos harán más ciegos’) acerca de que nuestra época no se caracterizaría por la invasión de lo público en lo privado, al modo de las siniestras policías de regímenes criminales como la España de Franco o la URSS de Stalin, sino por la invasión de lo público por parte de lo privado. El enemigo hoy no es lo público, lo público es lo agredido y el enemigo es lo privado. Es así, que la idea que de la realidad se puede hacer «una persona normal» a partir de esos medios de comunicación que tienen, recordémoslo, la obligación de ofrecer una información plural, objetiva y veraz, se construye a través del sumatorio de casos hiper-subjetivos, o, al menos particulares, situaciones no solo privadas, sino íntimas, comentadas, enfocadas no por expertos capaces de simplificar lo complejo sino por aficionados interesados en complejizar lo más simple…

Decir que se está contra el terrorismo de Daesh, cuando nadie a su lado está a favor del terrorismo de Daesh, como exclamar que no se tiene miedo ante un terrorismo global y desorganizado que no señala a nadie en particular, es una auténtica banalidad. El recurso a eslóganes excesivos como «el turismo mata», la inclinación a no juzgar de forma razonada, o peor, a hacer tabla rasa (como comparar, no hace tanto, alegremente a Hillary Clinton con el racista y misógino Donald Trump), los comentarios televisivos refractarios a la idea de igualdad (impagable el rótulo sobre el futbolista Lucas Digne bajando a las Ramblas «como uno más»: ah, ¿qué no es uno más? ¿por qué?), clubes de fútbol «mostrando el lado humano del deporte» (¿cuál es el otro?). La nómina es interminable.

Atentados que se apresuran a esconder las imágenes de las víctimas, titulares que se refieren a los asesinos en términos animalescos («Cazado» rezaba el titular de un medio que había interpretado como desafío bélico el «No tenim por»), apresurado terrorismo indoloro o «sin miedo» (en un formato extemporáneo mal importado de otro terrorismo, así el de la ETA más oscura y extorsiva, donde hablar de miedo sí tenía un triste sentido), solidaridad sin esfuerzo, ventajista o socialmente retribuida. Como me recordaba mi amiga Carmen Monteagudo, la obra de Susan Sontag Ante el dolor de los demás se volvía igualmente pertinente: «nuestra simpatía proclama nuestra inocencia además de nuestra ineficacia…» Sólo aquellos que jamás han hecho el bien desconocen las profundas desventajas que éste lleva consigo.

Las declaraciones del Jefe de los Mozos de Escuadra en Barcelona relativas, nada más ni nada menos, al ocultamiento de información de otras fuerzas policiales sorprenden no solo por su contenido, sino por la inmediata y frívola referencia a «las flores que la gente pone en los furgones», e inquietan, sobre todo, porque se sustancian en las coordenadas de un tipo novedoso de diálogo en el que la primera palabra es también la última palabra. Al salir de esa declaración, efectivamente, los vehículos de «sus», o «nuestras» fuerzas del orden se encontraban decorados con las mismas flores que protagonizaron no pocas de las imágenes de esas revueltas del 68 como precedente de nuestra ambivalente frivolidad.

De forma análoga, y por ir concluyendo, creo básicamente que el mal llamado «caso Juana Rivas» apuntará definitivamente en la dirección de las justicias sin Justicia o de unos derechos sin Derecho, como expresión de una hiper-subjetividad que afectará, ya no sólo a las interpretaciones y a las valoraciones, sino a la cuestión de los hechos, convertidos en superfluos frente a las emociones.

Con todo, la estrecha perspectiva temporal de ambas noticias aún aconseja no ir excesivamente lejos en algunas conclusiones. Nuestra época se caracteriza, entre muchas otras cosas, por una extraña urgencia por la formulación de juicios, por un raro apremio. Es evidente que el estado de algunas cosas aún pendientes relacionadas con los atentados en Cataluña tiene que ver con la frivolización de las convicciones morales, con la identidad, el exhibicionismo, la neo-victimización y con la emotividad (o la «nueva emotividad»), nociones difíciles que requieren perspectiva, pero sin las cuales parece improbable que podamos concentrarnos algún día para entender las urgencias de esta época de marginación, aplastamiento del débil, miseria, tortura, escandalosa desigualdad social e irreversible deterioro medioambiental que nos ha correspondido ¿felizmente? vivir.

Fotos: 1. Juana Rivas (EFE). 2. Pantalla fraccionada. 3. Manifestación de Barcelona (EFE). 4. Gol dedicado a las víctimas de los atentados. 5. Portada de La Razón. 6. Las Ramblas.

Tres notas sobre el caso Juana Rivas

Sobre derechos, desobediencia y tribunales de Justicia

 

Javier de Lucas

El debate en torno al caso Juana Rivas y digo bien, a su caso, que es sólo la cara visible del caso jurídico importante, el de sus hijos, ha alcanzado a mi juicio tal ruido mediático, que resulta difícil poner orden en lo que es, debe ser, un asunto de derechos y de Derecho.

La reciente decisión del juez de guardia, una vez que la Sra Rivas se personó y fue detenida, es el penúltimo ejemplo de polémica: frente a la petición del fiscal, el juez decide dejarla en libertad y, de momento sus hijos siguen con ella, con algunas medidas cautelares. Contra lo que proclamó la interesada con su conocido (y quizá comprensible) dramatismo, no le dio la razón. Simplemente adoptó una decisión provisional.

En una discusión pública con mi respetada amiga Cristina Fallarás, me echaba en cara que cuando sostengo que la prioridad en esta caso no son los intereses de Juana Rivas (ni siquiera como víctima de violencia de género, sino los de sus hijos), no sé lo que siente una madre (lo que es verdad), ni tengo la experiencia de las mujeres en su lucha contra la subordiscriminación. También es cierto, aunque creo que no poder tener esa experiencia no es óbice para analizar e incluso defender, como trato de hacerlo desde tiempo. También me recordaba Cristina Fallarás el déficit jurídico de las resoluciones españolas desfavorables a la Sra Rivas: el primero, no tener en cuenta que la otra parte en el litigio, su exmarido, tiene condena por mal trato; el segundo, la lentitud en la traducción y comunicación de esa condena a la jurisdicción italiana. Ambos argumentos han de ser tenidos en cuenta, sin duda (cfr su argumentada posición aquí). Y sin embargo, en mi opinión, el asunto, jurídicamente, tiene tres claves que creo que no acaban de entender ni los asesores legales de la Sra Rivas (en particular la peculiar asesora mediática) ni buena parte de quienes la defienden de buena fe, a capa y espada, con el argumento poderoso de ser víctima de violencia de género.

La primera consideración que debiera imponerse, a mi juicio, es que la cuestión jurídica prioritaria en este caso es el interés de los menores, los dos hijos de la Sra Rivas y el Sr Arcuri. Y a propósito de ello, cuando hay conflicto, no veo solución menos mala que entregar esa decisión a los tribunales. ¿Que se pueden equivocar? Sí, como en cualquier otro contencioso jurídico: para eso están los recursos jurídicos ante los diferentes tribunales, y la capacidad de argumentación procesal de los abogados que, en este caso, ha sido más que manifiestamente mejorable a propósito de sus recursos ante el Tribunal Constitucional. Alega en un comunicado la Asociación de mujeres juezas de España que la condición transversal de violencia de género debe imponerse como perspectiva básica y ofrecen razones jurídicas. No las impugnaré. Pero en mi opinión la cuestión decisiva aquí, como me ha hecho notar mi colega Toni Durán, no es la de víctima de violencia de género que concurre en al Sra Rivas, sino el interés de los dos menores. Como hay conflicto a ese respecto entre la Sra Rivas y su exmarido (condenado ciertamente por maltrato, lo que un juez debe tener en cuenta, sí o sí), no veo otra que confiar en que un tribunal decida cómo tutelar mejor el interés de los dos hijos.

El segundo error, en mi opinión, es la hoy cada vez más frecuente apelación a la desobediencia frente a la injusticia. A la desobediencia, así, sin más. A mi juicio, hay que decir que no, que la desobediencia sin más, como reacción a lo que uno cree injusto conduce directamente a la ley de la selva. Para que la desobediencia esté justificada no basta con que yo/ella/él diga que es una injusticia lo que me han hecho. Todos los que reciben una decisión desfavorable pueden alegar que se ha sido injusto con ellos. A veces tienen razón. No siempre. He dedicado mucho tiempo a estudiar la desobediencia a la ley. Y he escrito en defensa de la objeción de conciencia y de esa desobediencia que llamamos civil. También sé que hay contextos en los que no cabe ni una ni otra y la única alternativa es la impugnación directa del orden jurídico y político establecido, incluso armada: la revolución. No es el caso, claro. Insisto. La pregunta es: ¿está justificada la desobediencia a los tribunales que ha llevado a cabo la Sra Rivas? ¿Es un ejemplo de desobediencia amparada en buenas razones y practicada de forma que deba ser reconocida?

Alegan quienes así lo sostienen que es evidente que la tutela de los niños en caso de mujeres víctimas de mal trato no está suficientemente garantizada por el marco legal vigente. Pues bien, refórmese. Pero, a mi juicio, eso no autoriza a la Sra Rivas ni a nadie a saltarse según le parezca oportuno las decisiones de los tribunales, ni justifica sin más que el interés de los menores esté mejor garantizado manteniéndolos bajo su tutela en condición de clandestinidad. Se equivocan –también a mi juicio- quienes sostienen que la mejor defensa del interés del menor es proclamar que “Juana (y sus hijos, claro) está(n) en mi casa”. Me sorprende más todavía que una institución como la Junta de Andalucía apoye esa posición. No. Eso lo debe decidir un tribunal. Si pudiera hacerlo con una ley reformada, desde un marco legal más adecuado, seguramente la decisión tendría mejor fundamento. Por el momento la alternativa es ésta: o la decisión de un tribunal, o la justicia que la madre se toma por sí misma.

Sé que mi venerado Camus dejó escrito aquello de “entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre”. Es comprensible. Pero no vale como regla general si queremos convivir en paz. No por formalismo jurídico ni por rigorismos del tipo “fiat iustitia et pereat mundus”. Mientras no inventemos una solución menos mala, hay que atenerse a la que tenemos, la decisión vinculante de un tercero independiente de los intereses de las partes y guiado por lo que la mayoría entiende que es mejor: eso es la ley en un sistema democrático y esos son los tribunales en un Estado de Derecho.

Y esto me lleva a una tercera consideración que probablemente me aboque a la hoguera que atizarán los defensores de lo políticamente correcto. Una víctima de violencia de género debe ser ayudada y tiene todo el derecho a ello, a que se tenga en cuenta su condición, pero no por ello lleva razón en todo lo que haga. Estamos hartos de ver adónde nos conduce pensar que la condición de víctima es un pasaporte para validar cualquier pretensión y/o actuación. Pasa con las víctimas del terrorismo, cuya condición debe ser atendida, respetada, pero no les autoriza a erigirse en legisladores, ni jueces, ni a desobedecer a los tribunales ni a las leyes. Creo que aquí sucede también. No todo lo que haga Juana Rivas está justificado y es aceptable por el hecho de haber sido víctima de mal trato. Eso no le da el monopolio de la razón, ni de la justicia.

Ilustraciones: pinturas de Giotto de la Capilla Scrovegni. Injusticia, Pruencia, Inconstancia, Justicia (1302 – 1305)

Nuestros derechos y valores. Su terrorismo

Javier de Lucas

Una vez más, se ha cumplido el ritual. Ante el horror insoportable de un asesinato terrorista que se ha llevado las vidas de niños y adolescentes que disfrutaban de un concierto, hemos mostrado nuestro dolor y solidaridad con las víctimas, sus familias y amigos. Con la ciudad, Mánchester. Con el país, el Reino Unido. A los mensajes y actos de condolencia y solidaridad, han seguido las más firmes condenas, las llamadas a la unidad y la reafirmación de que ninguno de los actos de execrable y cobarde terrorismo van a cambiar nuestras vidas. Y que los valores (incluso hay quien precisa, “nuestros valores europeos”) prevalecerán…

No creo que sea sólo quien suscribe quien está harto de tanta palabrería hueca, falaz, ineficaz. Y por más que corra el riesgo de ser malinterpretado me parece una obligación disentir y razonar el porqué de esta crítica. Vayan por delante dos precisiones: en lo que sigue no hay ninguna pretensión de superioridad moral ni de ningún otro tipo. Pero tampoco es una reacción del denominado “victimismo occidental”, de ese mal entendido complejo de culpa, que se echa encima (nos echa encima) todos los males habidos y por haber. No: trato sólo de entender por qué, pese a que sabemos de los rasgos particulares de esta nueva modalidad de terrorismo barato –porque no precisa especial financiación, ni medios sofisticados, ni estructuras organizativas complejas-, individual, difícilmente previsible, vinculado al yihadismo pero no necesariamente en la forma de organización o franquicia de grupo armado leal al ISIS (antes a Al Qaeda), por qué, insisto, somos incapaces de dar respuestas aceptables, eficaces, duraderas.

Estoy convencido, en primer lugar, de que es un error seguir insistiendo en que estos actos no cambiarán nuestro modo de vida, nuestros ‘valores’ y que tales valores y principios prevalecerán contra su terrorismo. Porque es mentira. Primero, porque ya lo han cambiado: basta con acercarse a las medidas de control en el transporte aéreo. No digamos nada si la reacción ante los ataques consiste en recurrir al cierre de fronteras, a la suspensión de derechos, a modificaciones legislativas propias de estados de excepción o a la vigilancia de grupos de inmigrantes o refugiados por el hecho de serlo o de ciudadanos sin más, por su pertenencia religiosa al Islam. Todo eso cambia, ha cambiado nuestro modo de vida y ha llevado a matizar no poco nuestros valores y principios. No digamos cuando, en el colmo, se llega a declarar el estado de guerra, algo que hizo la Administración Bush en los EEUU tras los ataques del 11S y que ningún Presidente (Trump, menos, claro) ha derogado. Pero algo que decidió también el Presidente Hollande en sesión solemne ante las Cámaras, reunidas en Versalles. Y recordaré que una parte de los medios de comunicación y de los ‘especialistas’, ‘analistas’, ‘comentaristas’ que nos ilustran sobre la respuesta ante los ataques terroristas, alientan y justifican este tipo de respuesta: frente a la barbarie de los atentados, no cabe otra respuesta que la guerra, incluso a guerra. Y así, nos explican: esto es una disyuntiva clara: la civilización contra la barbarie. Es o ellos o nosotros. Porque son nuestros valores y derechos, nuestras libertades y garantías los que están en juego contra su terrorismo.

Y no. Para decir que defendemos derechos y valores es preciso un mínimo de coherencia en esa defensa. Lo que exige, por ejemplo, defender esos derechos para todos los seres humanos y luchar por protegerlos para todos, al menos para aquellos que están bajo nuestra soberanía. Llorar por igual, por ejemplo, la vida de mi hija, de nuestros niños y adolescentes que han estado en peligro en el Manchester Arena, y los niños, adolescentes, que mueren víctimas del terrorismo de Estado que practica Arabia Saudí en Yemen. O los que mueren como consecuencia de los efectos colaterales asumidos cuando se lanzan drones mortíferos en una boda, o contra un hospital o escuela, en Afganistán, en Gaza o en Siria. Defender los derechos suspendidos a refugiados e inmigrantes por razón de su pertenencia etnocultural, religiosa o nacional. Velar por la garantía de la libertad y los derechos cuando se suspenden al menos para algunos grupos de seres humanos respecto a los cuales deja de valer el principio de presunción de inocencia y del favor libertatis, el derecho a la defensa, a la libertad deambulatoria, a la libertad de expresión y crítica o al reagrupamiento familiar. Exige también no ceder al chantaje que nos proponen los gobiernos europeos e incluso la propia Comisión cuando nos explican a los ciudadanos que hay que elegir entre mantener seguras las fronteras o restringir derechos de los que quieren llega; elegir entre mantener nuestro estándar de derechos y libertad, o rebajarlo si queremos compartirlo con quienes tratan de llegar hasta nosotros. Exige saber actuar contra los regímenes que violan masivamente esos derechos en el caso de las mujeres, o de los niños, o de los trabajadores extranjeros a los que tratan como esclavos, cuando son países “amigos” o simplemente ricos cuyas inversiones deseamos, como Arabia Saudí o las petromonarquías del Golfo. No: estamos practicando y aceptando que se practique el principio orwelliano (Rebelión en la granja) según el cual “todos los seres humanos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”. No podemos arrogarnos esa maniquea representación de la civilización contra la barbarie, no podemos decir sin más que esos valores y derechos son nuestros y que somos nosotros los que los defendemos.

Para mejorar nuestra seguridad, para poder prevenir y proteger, hay que empezar por reconocer lo que no hemos hecho bien y enderezar el rumbo. ¿Qué es lo que lleva a un chico de Mánchester de 22 años (sí: hijo de refugiados libios, pero ¿es que vamos a volver a los test de pureza de sangre para saber quién es verdadero manchesteriano, inglés o de Murcia?) a inmolarse asesinando a un montón de conciudadanos, muchos de ellos niños y adolescentes? ¿qué tiene que pasar para esa ‘radicalización’ que le hace creer que vale la pena semejante barbaridad? ¿Es sólo el efecto contaminante de un fanatismo religioso que adquiere en internet? ¿No hay que tratar de entender por qué fracasan las políticas de integración de quienes, siendo ciudadanos ingleses de nacimiento, se entregan a vínculos de pertenencia e identidad que les exigen destruir el vínculo social y político con el país en que han nacido y crecido? ¿Es eso sólo posible desde el fanatismo religioso o acaso no conduce a procesos similares otros tipos de fanatismo, el de la razón de Estado, el de ciertas religiones seculares, como el nacionalismo excluyente? ¿No hemos minusvalorado los procesos de desprecio y humillación social hacia cierto tipo de otros?

Soy de los que piensan que son un acierto el principio en los que se basa la Estrategia Europea contra el terrorismo (“luchar contra el terrorismo de forma global, al tiempo que se respetan los derechos humanos y se crea una Europa más segura, que permita a sus ciudadanos vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia”). Sigo pensando que están vigentes y son adecuadas sus cuatro líneas de actuación, Prevenir (abordar los factores o causas profundas de radicalización), Proteger (reducir nuestra vulnerabilidad), Perseguir (lo que exige coordinación en los servicios de inteligencia para investigar las redes que alimentan a los terroristas, su financiación, su acceso a armamento) y Responder (coordinar las respuestas a los actos terroristas, mejorar la atención a las víctimas). Pero está claro que no hemos avanzado suficientemente en ellas desde 2005, aunque se hayan dado pasos positivos.

La realidad, sencilla, es que sólo hay un nosotros, complejo, diverso, que vuelve difícil la tarea de gestionar la diversidad. Y que la lucha contra los terroristas, por difícil y compleja que sea (lo es contra este tipo de terrorismo, que, reconozcámoslo, consigue sus propósitos), no avanzará si no somos coherentes con nuestros valores y derechos y reconocemos nuestros errores. En el entretanto, bien vale dedicar un rato a una película irreverente, llena de humor negro y de sentido crítico, la que dirigiera en 2010 Chris Morris, Cuatro leones (Four Lions), sobre un grupo terrorista que prepara un atentado en Londres…

La Virgen María también abortaría

Joaquín Urías

El ordenamiento jurídico español protege la práctica religiosa incluso a través de normas penales que castigan a quien ofenda los sentimientos religiosos. Se trata, simplemente, del desarrollo de la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Así, constituye un delito la profanación de lugares de culto. También el que ofenda de manera grave y gratuita a quienes practican una religión, o a quien no lo hacen. Este tipo de ofensas se castigan en nuestro ordenamiento en la medida en que constituyan exclusivamente una burla grave e hiriente de los sentimientos religiosos -o areligiosos- de otra persona; sólo pueden apreciarse de manera muy excepcional: únicamente cuando no haya en juego ningún otro derecho constitucional. La Constitución en ningún caso permite utilizar este delito para limitar la libertad de expresión política o el derecho de crítica; mucho menos, para imponer a la generalidad de la sociedad los dogmas de determinada religión.

Sin embargo, esto es lo que han hecho primero la Audiencia Provincial de Sevilla y luego el correspondiente juez de instrucción en el asunto de la procesión del coño insumiso. Se trata de un grupo de anarquistas feministas que el primero de mayo llevaron a cabo una procesión convocada por la Hermandad del Sagrado Coño Insumiso a la Explotación a la Precariedad. Al modo de las procesiones que tan a diario llenan la capital andaluza, sacaron a pasear en andas y bajo palio la imagen de una vagina, signo de la precariedad femenina y de la explotación laboral de las mujeres convertida en dogma casi religioso. Es un caso claro de crítica política y social, por el que unas activistas reivindican el papel activo de la mujer, haciendo una crítica de la sociedad patriarcal y religiosa que mantiene su explotación. Al intentar impedírselo, los jueces -en nombre del respeto malentendido a una religión- están vulnerando en realidad sus derechos constitucionales

La ofensa contra los sentimientos religiosos no puede consistir en discrepar de los dogmas de una determinada fe. Si los miembros de una religión creen que es pecado reproducir el rostro de su profeta, esa creencia no puede vincular al resto de la sociedad que no comparte tal creencia. Del mismo modo, si una religión cree en la virginidad de la madre de su profeta o su Dios, eso no implica la prohibición pública de dudar de esa virginidad. En una sociedad democrática abierta cabe decir que la virgen María no era virgen, igual que cabe representar el rostro de Mahoma. Por más que ambas conductas molesten a los practicantes de determinadas religiones, sus dogmas no pueden imponerse al resto de la sociedad.

La cuestión es más grave cuando algún juez, aparentemente imbuido de más dogmas católicos que constitucionales, pretende limitar el derecho a la crítica política de una ciudadana porque tal ideología pueda molestar a los practicantes de alguna religión. Dicen estos jueces que la frase “la virgen María también abortaría” constituye ‘un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María’. Es un absoluto despropósito legal, más propio de la sociedad teocrática del franquismo o del Antiguo Régimen que de la España constitucional. La Constitución permite expresar en público la convicción de que, si María viviese hoy en día, por coherencia con su mensaje de liberación, aceptaría abortar si lo considerara necesario. No cabe duda de que hay quién dentro de la Iglesia discrepe de esta idea, pero la discrepancia no es insulto. La supuesta veracidad de un dogma sólo vincula a los creyentes en el mismo, pero no puede convertirse en criterio para decidir cuál es el discurso constitucionalmente permitido.

No hay duda de que la Virgen María (que en paz descanse) tenía coño. Era una mujer. No hay nada ofensivo en recordar esta obviedad, por más que el pudor extremo le impida reconocerlo a más de un católico practicante. Es algo fisiológico. Pasear un órgano genital femenino en andas y bajo palio no puede en sí mismo ser escarnio de nadie. Podría ser una crítica a la religión católica que pasea así mujeres asexuadas, pero no un insulto. Las personas católicas que ha constituido hermandades con tal fin tienen el derecho constitucional de pasear así a sus imágenes como ejercicio del derecho de culto, conectado al de la libertad religiosa. Las feministas anarquistas que pasean así a un coño -como expresión de la necesidad de acabar con la discriminación laboral de la mujer- tienen el mismo derecho a hacerlo, en ejercicio de su libertad de pensamiento político y expresión.

Dice la Audiencia de Sevilla que la utilización de una letanía similar al credo católico con expresiones de contenido sexual resulta vejatorio y humillante. De hecho, cada vez que el órgano judicial habla de “expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas” uno no puede evitar pensar que los jueces que escriben eso lo hacen imbuidos de la moral católica más tradicional en vez del espíritu de las libertades constitucionales. En el ámbito de libertad garantizado por la Constitución lo sexual no es necesariamente ofensivo. Un coño es exclusivamente un órgano del cuerpo. El sexo, una actividad humana que incluso esos jueces pudorosos practican. Espero.

La cuestión de fondo es que estas mujeres realizaban una crítica a esa religiosidad machista que defiende la virginidad, esconde el sexo y -en última instancia- fomenta la discriminación social y laboral de la mujer. La crítica a una religión y a sus efectos en la sociedad, en nombre de derechos constitucionales como la dignidad y la igualdad, implica siempre un menosprecio de sus dogmas. La Constitución ampara la libre crítica a dogmas y ritos machistas de la religión católica, aunque para hacerlo deban usarse expresiones o gestos que a los practicantes de esa religión (legos y jueces) les resulten molestos. Es así como funciona la libertad de expresión en un sistema basado en la libre circulación de ideas que respeta la libertad religiosa desde la premisa de la aconfesionalidad del Estado. Y mal está la cosa si tenemos jueces que se ofenden con un coño de plástico.

La era Trump, contra la protección de datos

Rosario Serra

El pasado 23 de marzo la mayoría republicana del Senado votó a favor de la derogación que la normativa que exigía a las compañías de comunicaciones pedir permiso a los usuarios antes de almacenar datos sobre sus hábitos en la red. Con ello Trump da un nuevo revés una de las regulaciones más protectoras que se habían aprobado en este ámbito hasta el momento, algo que sucedió durante la era Obama.

La normativa anterior, aprobada el 23 octubre de 2016 por la Federal Communications Commission, exigía a los proveedores de internet (como AT&T, Charter, Comcast o Verizon) solicitar permiso a los usuarios para procesar datos privados como las páginas visitadas, las aplicaciones utilizadas, localización o información financiera. Dicha normativa constituyó un paso importante en la protección de los usuarios de internet, pues hasta entonces las compañías de comunicaciones, por lo pronto, podían procesar y ceder dicha información, salvo que los usuarios solicitasen que dejasen de obrar así. Con ello la nueva regulación se acercaba unos pasos hacia el modelo europeo de protección de datos de los consumidores.

En todo caso, grandes compañías como Google, Facebook y otras grandes quedaban fuera de esa incipiente normativa porque la Federal Communications Commission no tiene jurisdicción sobre ellas. Éstas solo tienen que seguir las reglas generales de protección del consumidor establecidas por la Federal Trade Commission.

Los usuarios no somos conscientes de cuanta información damos cuando nos registramos en una página web y navegamos a través de ellas o cuando usamos diversos servicios digitales o aplicaciones. Qué duda cabe de que esa información sobre los usuarios y sus hábitos en red constituye una herramienta muy útil para mapear a los ciudadanos con diferentes objetivos. Uno de ellos es evidentemente comercial, el poder dirigir la publicidad a probables interesados sabiendo sus gustos, pero su utilidad puede servir a otros objetivos de control de la ciudadanía bajo los parámetros que en cada momento se fijen las compañías o el Gobierno. No podemos dejar de subrayar también este peligro.

AT&T criticó esa nueva normativa sobre proveedores de internet y, finalmente, los lobbies de las compañías de cable con el impulso de un Presidente como Trump y el apoyo de sus partido han conseguido derogar ese avance legislativo. No parece que corren buenos tiempos para los derechos individuales en Estados Unidos, y ésta es tan solo una pequeña muestra de ello.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales

CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

Aunque en la actualidad esta tecnología se ha hecho muy popular gracias a su empleo masivo en el ámbito civil con fines profesionales, comerciales y sobre todo lúdicos, el origen de los drones se halla en el ámbito militar, donde siguen utilizándose ampliamente. Este origen ha preocupado mucho a expertos, ONGs y sociedad en general, porque está demostrado que el diseño y el desarrollo de tecnologías militares para drones permite, en primer lugar, una inversión desbocada ya que el empleo de fondos públicos para el desarrollo de tecnologías militares no está sometido a criterios de eficiencia económica y, en segundo lugar, su transferencia a la esfera civil, donde se emplean drones inicialmente diseñados para fines militares y equipados con sofisticadas tecnologías – infrarrojos, visión nocturna, cámaras de reconocimiento biométrico facial, imágenes térmicas, tecnologías de radar, etc. – con el consiguiente riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos, muy significativamente, la privacidad.

Volviendo al marco de los conflictos armados, ya existen antecedentes del empleo de drones con fines de vigilancia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque es a partir de la Guerra de Vietnam cuando se adaptaron para tareas de combate. Pero el punto de inflexión en el empleo de drones armados lo marcan los atentados del 11-S, momento desde el que aumenta exponencialmente su uso y sus capacidades, suscitando un profundo debate sobre los retos jurídicos que plantea, retos para los que el Derecho no ha logrado ofrecer respuestas. Ante la inevitabilidad de las guerras, se dice, hay que destacar la ventaja evidente de los drones en escenarios de conflicto bélico o de enfrentamiento terrorista en términos de seguridad, porque evitan riesgos físicos y pérdidas humanas, y en términos de eficacia porque se trata de operaciones quirúrgicas de investigación, seguimiento y ataque a objetivos claros y concretos en lo que se conoce como la teoría de la “guerra limpia”.

Pero el uso de drones militares como arma de ataque explícita presenta desventajas de tipo social, como potenciar el desarrollo de nuevas guerras y/o aumentar el apoyo ciudadano en el mantenimiento de las ya iniciadas, porque no se padecen bajas propias; plantea severos dilemas éticos como el riesgo de deshumanización y de juego en la decisión de matar a una persona generando la llamada “mentalidad de Playstation”; y vulnera el ordenamiento jurídico internacional. En este sentido, primero, conculca normas de derecho internacional (violaciones del espacio aéreo por falta de consentimiento del Estado sobrevolado, perpetraciones de agresiones y bombardeos prohibidos por la legislación internacional, interpretación errónea del concepto de legítima defensa cuando realmente nos hallamos ante una guerra contra el terror, etc.) y, segundo, presenta serias contradicciones con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos tanto por la prohibición de utilización de armas que por naturaleza son indiscriminadas o excesivamente perjudiciales (si bien se alaba la precisión de esta tecnología es necesario recordar el alto porcentaje de “errores” o “daños colaterales”, esto es, bajas civiles provocadas por drones ejecutando ataques contra personas fuera de combate) así como por la prohibición de matar a meros sospechosos o futuros delincuentes, esto es, los exterminios extrajudiciales.

Por eso resulta oportuno recordar las recomendaciones contenidas en el Informe del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de 2010 y en el Informe del relator especial de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales frente al contraterrorismo de 2013 y exigir a los Estados que utilicen esta tecnología que cuenten con un marco legislativo que respete el derecho internacional, un procedimiento que asegure la ejecución autorizada de las misiones militares de los drones, el acompañamiento de todas sus acciones de transparencia informativa y la existencia de mecanismos de exigencia de responsabilidad.

En sentido opuesto a estas consideraciones, la decisión del Presidente Trump agrava los numerosos problemas arriba apuntados y añade el riesgo de la opacidad y evasión del control público y legislativo al autorizar y ampliar su uso por servicios de inteligencia. Porque si bien el uso de drones militares se encuentra regulado en la legislación norteamericana, se conoce mucho más sobre las reglas que aplican las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el alcance, el procedimiento de selección de blancos o el número de víctimas civiles mientras que las operaciones llevadas a cabo por la CIA operan con un mayor nivel de clandestinidad. En un contexto de secretismo y falta de transparencia, el hecho de que los ataques sean dirigidos por la CIA contribuye a difuminar la frontera entre lo civil y lo militar y dificulta, si no impide, la rendición de cuentas y la garantía de todo tipo de responsabilidades lo que constituye no solo una quiebra al principio de legalidad y un ataque a las reglas del Estado de Derecho sino un grave atentado contra la democracia.

Compartido con el blog del Proyecto Seguridad Global y Derechos Fundamentales