Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra.

Lo mismo ha ocurrido a comienzos de abril en la ciudad de Münster (Alemania), donde un individuo arrasó con la furgoneta que conducía la terraza de un restaurante con el resultado de dos muertos y una veintena de heridos. El atacante, que también se suicidó, resultó ser un alemán de 48 años con historial médico inquietante, y a pesar de la prudencia con que en ese país se reacciona informativamente a este tipo de sucesos, por parte del Gobierno, leemos que el asunto hizo “revivir en Europa durante horas el fantasma del terrorismo”.

La impresión de que sucesos muy similares son tratados de forma distinta dependiendo de la nacionalidad y religión del autor se confirma con estudios recientes.

Un informe del norteamericano ISPU (Institute for Social Policy and Understanding, trabajo conocido a través del periódico The Intercept) revela que los sucesos violentos con víctimas en EEUU en los que está involucrado una persona musulmana reciben sentencias tres veces más largas y una cobertura en medios siete veces mayor que los casos sin participantes de esa confesión.

La directora del estudio referido opina que “en el fondo, la cuestión es qué consideramos amenazante como sociedad y a qué tememos. Lo que se observa a menudo es que cuando un delito es cometido por un miembro del grupo dominante o privilegiado de cualquier sociedad, se justifica como una aberración, mientras que los delitos cometidos por miembros de otro grupo secundario se consideran patológicos y representativos de ese colectivo en su totalidad”; y esto afecta también a tribunales y periodistas.

Llevamos dos décadas al menos con una omnipresencia mediática, judicial y política del terrorismo, aún más en España desde la llegada de Rajoy a la presidencia y la reforma del Código Penal de 2015, con titiriteros, raperos y ahora manifestantes independentistas acusados de terrorismo; homenajes permanentes a las víctimas y de ellas (Cristina Cifuentes acaba de recibir un reconocimiento de la AVT), mayor número de procesos judiciales y sentencias por apología del terrorismo hoy que cuando ETA asesinaba a una persona cada tres días.

Asistimos a tanta referencia al terrorismo que ha perdido gran parte de su significado original.

Lo sorprendente es que también existen indicios de que el terrorismo puede estar tocando techo como causa general de todo tipo de temores y justificación omnicomprensiva de todo tipo de políticas, la de interior, la exterior, la educativa, los despliegues militares, el presupuesto de Defensa, del contenido de la televisión pública y de los plenos municipales.

Desde el punto de vista informativo ya aparece otro tipo de violencias compitiendo con éxito en el espacio mediático, asesinatos de niños, violencia sexual y los sucesos violentos que llenan los telediarios.

En el ámbito exterior, con el Estado Islámico en horas operativamente bajas, en proceso de mutar hacia otro estado con minúscula hoy desconocido, ya no funciona la misma plantilla -nunca lo hizo, pero se ha hecho más evidente- para explicar la violencia en el norte de Nigeria, Malí, Egipto, Siria, Afganistán y el metro de Tokio.

Pero quizá quien más está contribuyendo a cambiar la perspectiva sobre la fuente de amenazas y violencia en el planeta se llama Donald Trump.

El presidente de EEUU marca la agenda internacional y parece poco aficionado al terrorismo como recurso argumental, aparenta en sus amenazas tuiteras mayor afición a pulsos nucleares con Corea del Norte, a guerras comerciales con China, vuelven los aranceles (que no tarifas, eso es una mala traducción) que impulsan hoy los que hasta ayer apadrinaban la globalización, aparecen militares en la frontera con México…, y hasta un enfrentamiento con Rusia, una relación peor que en la guerra fría, dice, quién lo hubiera adivinado con las buenas conexiones que mantenía antes de ocupar la presidencia.

En un escenario profundamente transformado en los últimos años, algunos actores insisten en representar la misma función, y así volvemos a contemplar bombardeos en Oriente Próximo al hilo de investigaciones sobre el comportamiento sexual del presidente de EEUU, en el caso de Clinton era una becaria, en el de Trump son actrices porno; el primero bombardeaba Irak, el segundo Siria.

Si se confirma el repliegue del terrorismo como coartada universal para explicar todo tipo de violencias y justificar el recorte de derechos, nos permitirá afinar el argumento y los matices en la explicación de la actualidad.

En la base española de Rota, Trump tiene domiciliados cuatro destructores que en teoría forman el componente naval de un escudo antimisiles. A la búsqueda de misiles de los que protegerse, estas cuatro grandes fragatas parece que muestran una actitud más ofensiva que la defensiva que se espera de un escudo, y una autonomía poco respetuosa con el casero.

Fotos: Jananne_Al-Ani.

Información contra la desinformación

Carlos Penedo

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018.

A partir de estos ingredientes (informe, consulta y encuesta) la UE pretende publicar esta primavera una Comunicación (las líneas básicas de una estrategia europea) sobre la lucha contra la desinformación en línea.

Una primera conclusión no deja de sorprender, favorablemente: los expertos han evitado deliberadamente el término “noticias falsas”, por considerarlo inadecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, cuyos contenidos pueden también combinar información ficticia con hechos reales.

El informe –elaborado en el primer trimestre del año– define la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para obtener un beneficio (se entiende que económico) o para causar intencionadamente un perjuicio público. Aclaran que el campo de actuación no incluye la creación y difusión online de contenidos ilegales (difamación, discursos de odio, incitación a la violencia), que ya están regulados por normativa europea o de los Estados miembro. Tampoco contemplan la deliberada distorsión de hechos, sin ánimo de engañar, que se encuentra en variantes del humor, la sátira o la parodia.

Los autores de este informe advierten a la Comisión Europea contra soluciones simplistas y de corto plazo, por el contrario, apuestan por fortalecer gradualmente tanto a instituciones como a la propia sociedad contra la desinformación; y señalan directamente que se debe evitar cualquier tipo de censura de contenidos o canales (se reitera el respeto absoluto a la libertad de expresión, de prensa y de pensamiento).

Incluyen asimismo una serie de recomendaciones, como promover la alfabetización mediática (estudiantes, docentes, ciudadanos) a fin de contrarrestar la desinformación; desarrollar instrumentos que fortalezcan a usuarios y periodistas para hacer frente a la desinformación; o proteger la diversidad y la sostenibilidad de los medios informativos europeos. Lo anterior se podría resumir en que los especialistas consultados sugieren reaccionar con información de calidad a la desinformación, enseñar a jóvenes y adultos a interpretar un texto informativo, y proteger de alguna forma la pluralidad y calidad de los medios.

Asimismo, abogan por un código de principios que las plataformas en línea y las redes sociales deberían hacer suyo. Uno de los principios clave expuestos en el informe propugna que deberían, por ejemplo, garantizar la transparencia explicando cómo seleccionan sus algoritmos las noticias presentadas. En cooperación con los medios de información europeos, se les invita asimismo a adoptar medidas eficaces para mejorar la visibilidad de las noticias fiables y fidedignas y facilitar el acceso a ellas de los usuarios.

En relación con la consulta pública, siempre condicionada por las preguntas que se formulaban, las dos categorías en las que la mayoría de las respuestas considera probable que las noticias falsas perjudiquen a la sociedad son la desinformación intencionada para influir en las elecciones y en las políticas migratorias (por aquí anda la crisis de refugiados). En este apartado sorprende encontrar la seguridad como el sexto ámbito más amenazado, sobre nueve planteados.

Según la consulta pública, la opinión general es que la desinformación se propaga fácilmente a través de las redes sociales porque las noticias falsas apelan a las emociones del lector (88%), se difunden para orientar el debate público (84%) y están concebidas para generar ingresos (65%).

Los ciudadanos y profesionales que han participado voluntariamente en esta consulta expresan una clara preocupación por la censura que pudiera limitar la libertad de expresión, y apuestan por una mayor transparencia, la educación reglada y la alfabetización sobre medios. Entre estos últimos, los que menos noticias falsas difunden son los periódicos en papel, la radio y las agencias de noticias.

Por su parte, en la encuesta elaborada por la Comisión Europea, los ciudadanos consideran los medios de comunicación tradicionales como la fuente de noticias más fiable (radio 70%, televisión 66%, medios impresos 63%, el orden es significativo). Las fuentes de noticias en línea y los sitios web de alojamiento de vídeos son las que suscitan menos confianza. Es decir, si hablamos de información los medios de comunicación tradicionales reciben mayor confianza que las plataformas digitales donde todo circula, pero prima el entretenimiento.

En la encuesta aparece España como el país de la UE en donde el ciudadano más frecuentemente se encuentra con noticias falsas (la mitad, a diario) y destaca también como el Estado donde la gente muestra menos confianza para identificar estas informaciones falseadas (un 55% se siente capaz, frente al 71% de media europea).

Otro dato destacable de la encuesta es que los europeos consultados, a la pregunta de quién debería actuar para evitar la propagación de noticias falsas, señalan en primer lugar a los propios periodistas, seguidos de las autoridades públicas nacionales y, en tercer lugar, de las empresas de comunicación.

Nada radicalmente novedoso surge de esta iniciativa de la Comisión Europea y ahí está su mérito: destaca el esfuerzo en marcha y la sensatez en el tratamiento del tema, cuando a diario se publican piezas escandalosas sobre elecciones manipuladas a golpe de tuit, o cuando la propia OTAN y los ministerios de Defensa, probablemente ayunos de argumentos para justificar el presupuesto o su incremento, se han lanzado sobre este asunto de la desinformación como si se tratara de una amenaza nuclear.

El tema es bastante más serio que un misil intercontinental con carga atómica, afecta a la capacidad de razonar del ciudadano, y aún están por descubrir los medios militares con los que contrarrestar la desinformación. En esta ocasión la UE ha comenzado a desbrozar el camino con mucho más rigor del que la mayoría de políticos y medios muestran habitualmente con este tema.

 

Cadena perpetua: estudios e ideología importan

Juan Carlos Pérez Cortés

Se ha publicado recientemente una encuesta de opinión sobre la cadena perpetua en España en la que las posiciones a favor y en contra se hallan segmentadas en función de las variables “sexo”, “edad”, “estudios” y “orientación política” (partido votado en las últimas elecciones generales).

Una manera útil e intuitiva de interpretar los datos que se presentan así es la de considerar esas variables como “predictores univariantes”. En este caso, una variable constituirá un mejor predictor cuando nos permita estimar de manera más fiable un resultado conociendo únicamente esa variable. Por ejemplo, la variable “fuma” (frente a “no fuma”) es el mejor predictor para estimar la probabilidad de que alguien padezca cáncer de pulmón. Otras variables por sí mismas no nos aportarían tanta capacidad predictiva.

En la encuesta sobre la cadena perpetua los dos mejores predictores son la educación recibida y la orientación política. Conociendo si una persona ha completado estudios de educación universitaria podemos estimar que tiene casi el doble de probabilidad de estar en contra de esta pena. Conociendo si ha votado al Partido Popular o a Ciudadanos sabemos que la probabilidad de estar contra la cadena perpetua es 4 veces inferior a si votó al PSOE o a Unidos Podemos.

Pero, a mi juicio, lo más tristemente relevante de ese estudio tiene que ver con la variable “edad”. Resulta que este eje no es un predictor fiable de la posición de una persona en relación a la cadena perpetua. Esto significa que no hay avance social inter-generacional. Estamos perpetuando en las personas jóvenes valores invariables heredados del enfoque todavía predominante en la población. Un planteamiento inherentemente agresivo y vengativo a la hora de resolver conflictos de derechos que son difíciles de gestionar emocionalmente. Un paradigma en el que se trasladan, en un salto profundamente desatinado, comprensibles e inevitables sentimientos individuales de rabia e ira a una dimensión colectiva y social en la que pierden todo su sentido, justificación y legitimidad, siendo además contraproducentes frente al problema que se pretende resolver.

En EE.UU., por ejemplo, las últimas encuestas respecto a la pena de muerte dan lugar a una situación similar, excepto que hay una pequeña mejora en el segmento más joven de la población. Por otro lado, la desigualdad y probablemente la percepción sobre la neutralidad de la justicia en la sociedad estadounidense provoca que el principal predictor sea en ese caso ser “blanco no hispano”. Concretamente, si una persona es blanca de ascendencia europea la probabilidad de que se oponga a la pena de muerte es casi la mitad de la esperable si tiene otro origen. Los siguientes predictores en importancia son los mismos que en España.

Con un apoyo global de casi la mitad de la población a este castigo inhumano, en los Estados Unidos de América todavía se manifiestan de forma más evidente esos planteamientos primarios basados en el escarmiento y la represalia. Y al mismo tiempo también es mucho mayor el grado de violencia criminal. Curiosamente, si consideramos el nivel de apoyo a la pena capital o a la cadena perpetua como variables, resultan buenos predictores de la criminalidad y la violencia social de un país o territorio. Y lo mismo ocurre con la dureza de las penas. La vigencia de penas más altas predice valores más altos de delitos violentos. Claramente, la “amenaza” de penas extraordinarias no cambia la actitud de las personas que han desarrollado tendencias violentas y no reduce el número de crímenes.

Y, en coherencia con lo anterior, tanto en EE.UU. como en España no se aprecia, ni probablemente quepa esperar, una mejora sustancial en las cifras de este tipo de delincuencia más grave. Si seguimos evidenciando que, en general, como sociedad, consideramos que la revancha y el ajuste de cuentas es el camino, las actitudes profundas frente a la violencia de las personas jóvenes seguirán igual o empeorarán. El miedo a la pena es un factor racional real que no se debe subestimar, pero los factores emocionales se enraízan en aspectos de índole más subconsciente y menos reflexiva. No son aprendidos como una consigna moral o como un dato a tener en cuenta (la dureza del castigo), sino inducidos de un modo subliminal o intuitivo a partir de las actitudes que observamos en las personas de nuestro entorno, sobre todo en las primeras etapas de la vida.

Si no cambia nada en los próximos años, por este camino, en lugar de avanzar en la resolución de los problemas mediante una evolución social que forme personas alejadas de sentimientos y disposiciones violentas, seguiremos instalados en una visión atávica de los conflictos que perpetuará o empeorará la calidad de vida de nuestras sociedades.

La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley

Ana Valero

Maternidad subrogada o gestación por sustitución son dos términos empleados entre la comunidad científica y jurídica para referirse a lo que socialmente y sin eufemismos se conoce como “vientres de alquiler”, aunque yo prefiero hablar de “mujeres de alquiler”. Esta práctica que consiste en que una mujer gesta a un niño que será entregado con posterioridad a otra u otras personas, que pretenden convertirse en los padres de la criatura, está generando un acalorado debate en los últimos tiempos en España. Así, en los últimos dos años, a las voces académicas y científicas que se manifiestan a favor o en contra de la misma, se han sucedido propuestas concretas a nivel político pidiendo su regulación.

La maternidad por subrogación no está permitida en España, pues la legislación vigente establece la nulidad de los contratos que se realicen para dicho fin, dentro o fuera de sus fronteras por personas de nacionalidad española. Sin embargo, lo cierto es que las madres de alquiler son un hecho en España, pues los datos indican que los niños españoles nacidos a través de esta práctica se cifran en torno a los 1.000 al año en detrimento de la adopción internacional que ha descendido hasta un 70%, en el marco de los aproximadamente 20.000 niños que nacen mediante este método en el mundo, según la ONG suiza International Social Security.

Cabe señalar a este respecto que, preguntada la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre el número de inscripciones de niños españoles nacidos a través de esta práctica, nos ha dado una cifra mucho menor. Sigue leyendo

¡Menudo Cristo! ¿Qué hacemos con el delito de blasfemia?

Joaquín Urías

El mundo, incluso el mundo del derecho, está a veces lleno de casualidades. Y una de estas casualidades ha querido que se publiquen con pocas horas de diferencia dos sentencias muy dispares sobre un mismo tema: el uso lúdico de la imagen de Jesucristo. Una es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la otra de un juez de Jaén. En la primera se juzgaba el caso de unas fotografías publicitarias que usaban la imagen de Jesucristo y la Virgen María para vender ropa. En la segunda, el fotomontaje publicado por un joven jiennense superponiendo su propia cara a la de un cristo de la ciudad. Los casos son parecidos, pero las soluciones diametralmente opuestas.

En el asunto Sekmadienis Ltd. contra Lituania el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al país báltico por una decisión de su agencia de protección al consumidor contra una cadena de ropa. La empresa había publicitado tres carteles. En uno aparecía una imagen de Jesucristo, con el cuerpo alegremente tatuado y vestido únicamente con unos pantalones vaqueros de la empresa y el lema ¡Jesús, qué jeans!; en otro aparecía la Virgen con un vestido de la marca y el lema ¡Virgen santa, qué vestido!; el tercero juntaba a ambos y decía ¡Jesús, María, menuda ropa! La agencia lituana de protección al consumidor -tras escuchar al órgano de autocontrol de la publicidad y a la conferencia episcopal-  le impuso una multa por atentado contra la moral. En su decisión consideraba que los anuncios “promocionaban un estilo incompatible con el de una persona religiosa” y “degradaba a Jesús y María como símbolos sagrados de la cristiandad”. Sigue leyendo

Brecha salarial y brecha mental

Pepe Reig Cruañes

El presidente del Gobierno volvió a dar pruebas de su indudable talento y talante. El rey de la inmovilidad sugirió que en eso de la brecha salarial entre hombres y mujeres lo mejor es “no meterse”. Cada vez son más las cosas sobre las que este imperturbable anti-héroe de la modernidad decide no hacer nada, así se hunda el mundo. El hombre recibió tal abucheo que hubo de hacer como que rectificaba.

No sabemos si lo de “no meterse” vale también cuando se paga menos a un negro, un homosexual o un farmacéutico de León. Como el hombre no se explica, no sabemos si ese “no meterse” es un rasgo de carácter -abulia, podría llamarse- o tiene un fundamento ideológico en el núcleo duro de sus convicciones liberales. Es sabido que el liberalismo desaconseja cualquier injerencia del Estado en la vida de las empresas.

Ahora recuerdo que el primer pronunciamiento público que se le conoce a Rajoy fueron dos artículos del Faro de Vigo en 1983 y 1984 (pueden verse aquí) en los que defendía antropológicamente la desigualdad. Esto apuntaría a que estamos ante una idea “liberal” arraigada, pero el hecho de que no la haya matizado ni siquiera un poquito desde hace 40 años, haciendo honor a su proverbial inmovilidad, sugiere de nuevo el rasgo de carácter.

El misterio de Rajoy no lo desvela ni su máxime intérprete en la tierra, el “marianólogo” Antón Losada. Quizá un detenido examen de sus lecturas arrojara alguna luz sobre sus convicciones, pero ya les adelanto que la afición excesiva por las páginas del AS tiene, por fuerza, que abrir una brecha en la mente del más pintado. Ese puede que sea el problema. Sigue leyendo

Noticias falsas (fakenews) y derecho a la información

Joaquín Urías

El prestigioso diccionario británico Collins publica a final de cada año su listado de las nuevas palabras y expresiones que más se han usado. El número uno de esa lista durante el año 2017 lo ha ocupado la expresión “fake news”, que se suele traducir como ‘noticias falsas’, aunque debería hacerse como ‘noticias falseadas’.

Se trata de una categoría que hace tan sólo unos meses no usaba nadie y que sin embargo de pronto se ha colado en nuestro lenguaje cotidiano. En su difusión extraordinaria ha tenido mucho que ver el Presidente norteamericano Donald Trump, que lo usa con frecuencia en sus tuits, apropiándose de una idea que empezó a utilizarse precisamente contra él: para denunciar la manipulación operada por algunas empresas informativas estadounidenses que, durante la campaña electoral, no dudaron en inventarse noticias escandalosas con la intención de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Así que en poco tiempo se ha puesto de moda anunciar con tono apocalíptico que las fake news son una de las grandes amenazas actuales para la prensa y el derecho a estar informados. Sin embargo, aunque las noticias falsas construidas expresamente para crear opinión pública a partir de hechos inexistentes es un peligro para la libertad de información, el uso indiscriminado de la propia expresión fake news supone un peligro aún mayor: una vez que se ha puesto nombre a los peores mecanismos de manipulación, es difícil no caer en la tentación de aplicarlo a cualquier noticia que queramos descalificar. El resultado es que se acaba por poner en duda la veracidad de cualquier información, dejando a la población en manos de bulos de cualquier tipo. Veamos cómo pasa esto. Sigue leyendo

La asignatura pendiente de la brecha salarial en España

Jaime Cabeza y Belén Cardona 

Llevamos décadas hablando de la brecha salarial, es decir, la diferencia retributiva en perjuicio de las mujeres con respecto a los trabajadores varones. Lo que la Comisión Europea define como “la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores” (COMISIÓN EUROPEA, ¿Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea?, 2014).

Se han dedicado esfuerzos y recursos a cuantificar dicha diferencia retributiva entre sexos y a evaluar sus consecuencias sobre las mujeres, y sin embargo sigue siendo una asignatura pendiente, y ello a pesar del aparato legislativo desarrollado para combatirla, particularmente, del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (2): teoría

Javier Palao Gil

Una situación como la descrita en mi anterior post (sobre la discriminación que en la Comunidad Valenciana supone la figura de la tutela de personas con discapacidad), no se produciría si la Generalitat valenciana pudiese ejercer con plenitud la competencia sobre el derecho civil que le reconoce el Estatuto de Autonomía, y que un Tribunal Constitucional cada vez más contestado y más desautorizado por su propia actividad jurisprudencial ha cercenado con unas sentencias lamentables.

Y es que, en éste, como en tantos otros casos, el Gobierno de Madrid hace como el perro del hortelano: no come ni deja comer. Ha tenido una década para dar cumplimiento a lo previsto en la Convención de 2006, pero no ha hecho ni amago… Ahora bien, si alguna comunidad autónoma trata, por su parte, de mejorar la legislación o de hacer el trabajo que el Gobierno declina, ahí estará la Abogacía del Estado para, con la colaboración del Tribunal Constitucional, frustrar el intento. Lo acabamos de ver con el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, anulado por otra sentencia igualmente infortunada que hace poco glosaba Ignacio Durbán en este mismo blog. Y es que una de las tragedias de la recentralización que experimenta este país aprovechando la excusa de la crisis, es que se ha cebado en los derechos sociales de las personas. Lo ponía negro sobre blanco el profesor Joaquín Tornos en un trabajo que puede descargarse aquí. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (1): práctica

Javier Palao Gil

Un fantasma recorre el mundo de la diversidad funcional: el de las personas que, padeciendo una gran discapacidad, con el transcurso de los años han perdido a sus padres. Cuando esto sucede, han de ser los hermanos, o los primos –incluso algún vecino– los que asuman la tutela de estas personas, pues generalmente no pueden valerse por sí mismas.

Pero el ejercicio de la tutela es muy oneroso: para empezar, el tutor ha de depositar una fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, y debe hacer un inventario de los bienes del tutelado; en todo ello interviene la Administración de Justicia (juez, fiscal y secretario judicial), en un proceso bastante engorroso, y a veces un tanto desagradable, que puede durar varios meses. Lo peor viene después: el tutor o tutora deben velar por el tutelado y procurarle alimentos y una formación integral, fomentar la recuperación de su capacidad y su inserción social, e informar al juez anualmente sobre su situación. Además, están obligados a rendir cuentas de su administración también cada año (otro procedimiento judicial muy pesado) y a representar legalmente al tutelado. Y cuando acaba la tutela, aún espera un proceso más nada sencillo… Lo peor es que la curatela, que es la institución diseñada para los casos en que la incapacidad de la persona es menor, resulta en la práctica igual de gravosa y de rígida. Claro: son instituciones decimonónicas que vienen de tiempos más antiguos y se ajustan poco y mal a una sociedad del siglo XXI y a la era de internet. Sigue leyendo