Gitano/a y pobre: la combinación perfecta para estar en el foco de la policía en España

Pilar Eirene de Prada

* Los datos reflejados en este artículo forman parte de la investigación recientemente publicada por Rights International Spain Roma: Lucha contra el sesgo inconsciente hacia las personas de etnia gitana en el sistema de justicia penal.

El 64,5% de los españoles considera que la falta de recursos económicos es la principal característica que puede perjudicar a una persona a la hora de que se aplique la ley. El 37,9% cree que el factor determinante es la pertenencia a la etnia gitana. También es el principal factor perjudicial a la hora de acceder a servicios públicos, alquilar una vivienda o acceder a un puesto de trabajo, según el CIS. En este artículo veremos como, en el caso de las personas gitanas, se trata de una combinación de ambos factores lo que los coloca en el punto de mira del sistema.

La población gitana sufre una mayor tasa de desempleo que la media española. Según el índice AROPE, el 91,9% se encontraría en situación de pobreza o de exclusión social (frente al 29,3% de la población general). El índice de pobreza infantil entre esta minoría es también muy elevado, alcanzando el 89,1%. Casi la mitad de las personas gitanas que viven en España son extremadamente pobres, teniendo que sobrevivir con unos ingresos de no más de 200€ mensuales.

Las personas gitanas se encuentran dentro de los colectivos que sufren más paradas en la vía pública por parte de la policía. Las víctimas de este tipo de prácticas policiales -también conocidas como identificaciones policiales por perfil étnico– se han referido a ellas como experiencias traumatizantes y humillantes, generadoras de sentimientos de indefensión, inseguridad, miedo e impunidad.

Los profesionales entrevistados durante el Proyecto Roma aludieron a tres principales motivos por los que las personas gitanas son susceptibles de ser más detenidas en España en comparación con el conjunto de la población: (1) la existencia de estereotipos y prejuicios que señalan a las personas gitanas como potencialmente peligrosas o directamente como delincuentes; (2) una mayor vigilancia por parte de la policía en gran medida motivada por la formación recibida desde las academias de policía en las que se enseña que hay determinados tipos de delitos que se cometen por un perfil de persona (magrebís, gitanos, etc.); (3) la situación de marginalidad social y el alto porcentaje de población gitana que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.

La realidad es que estos tres elementos se encuentran estrechamente conectados. Es indudable la relación existente entre pobreza, exclusión social y criminalización. Se han evidenciado en los últimos tiempos políticas de penalización de la pobreza que se han traducido en un crecimiento exponencial de la población carcelaria en perjuicio de los grupos sociales más pobres. ¿Y qué hay de la relación entre etnia y criminalización?

Una de las claves para entender los estereotipos sobre la etnia gitana se encuentra en el concepto de peligrosidad social y en los enfoques higienistas de los estudios sobre “mala vida” de finales del siglo XIX. En España terminaron cristalizando normativamente por primera vez con el Proyecto Piniés de profilaxis social (1922). Durante el franquismo, las diligencias sobre personas gitanas recurrían de manera generalizada a la paráfrasis “su conducta es propia de la gente de su raza” como forma de referirse al comportamiento considerado moralmente reprochable por el régimen, tanto en la esfera pública como privada.

En resumen, la especial vigilancia a la población gitana y la discriminación, tanto por su forma de vida como por su origen socio-económico y riesgo de marginalidad social, tienen un importante arraigo histórico en España. Todo ello, fomentado por teorías criminológicas fundamentadas en prejuicios y en un afán homogeneizador del Estado-nación y llevadas a la práctica en las distintas legislaciones mencionadas, aplicadas hasta la transición democrática. Podríamos llegar a hablar de que la minoría gitana constituye una auténtica comunidad sospechosa en nuestro país en tanto que la construcción de la imagen del gitano/a como delincuente potencialmente peligroso/a se ha generado a través de normas, políticas y prácticas que tenían como objetivo a esta minoría étnica, y reproducidas y reforzadas por las prácticas sociales.

El Proyecto Roma partió de estas consideraciones y estableció como hipótesis de trabajo que los espacios del sistema de justicia penal en los que existe una mayor discrecionalidad son el resquicio perfecto en el sistema para que entren en juego los sesgos inconscientes de los profesionales hacia las personas de etnia gitana, pudiendo llegar a impactar de manera negativa en la imparcialidad del proceso.

Por ejemplo, existe una amplia discrecionalidad por parte de la policía a la hora de perseguir delitos que nos obliga a preguntarnos por las prioridades a la hora de investigar. Los policías que participaron en la investigación aludieron a que dar seguridad a los ciudadanos está por encima de cualquier estadística policial. Esto necesariamente plantea el interrogante sobre el concepto de seguridad ciudadana imperante en la práctica.

Podemos hablar de tres pilares que moldean el concepto de seguridad ciudadana tal cual lo entiende la policía hoy en día: (1) la visibilidad; (2) los medios; (3) la vertiente política.

La sensación de seguridad de los ciudadanos en muchos casos va aparejada a la visibilidad de la actividad policial, es decir, a una sensación de que se está haciendo algo por solucionar el problema. Esto puede desembocar en una interpretación errónea del concepto de seguridad ciudadana que propicie un aumento de la presión policial injustificada -o más bien justificada a través de prejuicios como la etnia o el nivel de recursos económicos- sobre colectivos como las personas gitanas o los migrantes.

Los medios de comunicación -como moduladores de la opinión y altavoces hacia la sociedad- pueden contribuir a acrecentar o disminuir la sensación de seguridad de los ciudadanos en determinados momentos, así como promover o cuestionar los estereotipos imperantes sobre diferentes grupos sociales.  Existen en la televisión diversos programas de tipo documental dramatizado mostrando aspectos cotidianos de sus protagonistas, todos ellos gitanos, que se basan única y exclusivamente en el perfil estereotipado y caricaturizado sobre la comunidad gitana como una forma de entretenimiento, actuando a su vez de refuerzo del estereotipo. Por otra parte, los formatos sensacionalistas a menudo ponen el foco en los sucesos que tienen como protagonista a algún miembro de la comunidad gitana como una estrategia para captar audiencia. Son particularmente dañinos al buscar el morbo y el escándalo en la noticia, cebándose particularmente en sucesos violentos o relacionados con drogas y haciendo referencia a connotaciones de tipo primitivista, como la utilización del término clan. Por último, las coberturas de carácter informativo también perpetúan los estereotipos al hacer referencia a la etnia del presunto autor de un delito cuando éste es gitano, promoviendo la asociación entre pertenencia a la etnia gitana y delincuencia. En cambio, cuando se trata de informar sobre aspectos positivos a menudo se omite la referencia a la etnia de los protagonistas de la noticia. Tampoco podemos olvidar el papel que juegan las conocidas como detenciones mediáticas, en las que se muestran operativos policiales espectaculares como una forma de demostrar ante el gran público la eficacia y contundencia policial.

Cuando un asunto cobra relevancia mediática también llega a oídos de los distintos responsables políticos de la policía (concejales, consejeros o ministro de interior) que, a través de sus órdenes internas a los mandos policiales -que posteriormente se transmiten a lo largo de toda la cadena de mando-, ponen en práctica políticas criminales con el objetivo de poner fin a la crisis planteada. En ocasiones se ordena aumentar la vigilancia y poner el foco sobre un barrio, un tipo de delito o un colectivo en concreto, identificados como el epicentro del conflicto, con el fin de rebajar la presión social, mediática y política surgida. Esto sin embargo puede provocar efectos colaterales como el reforzamiento de los prejuicios hacia determinadas personas y un nuevo argumento que justifique la discriminación.

En resumidas cuentas, la decisión de parar a una persona en la calle debería seguir un patrón objetivo de individualización de la conducta. La realidad es que la apariencia física y los estereotipos juegan un importante papel a la hora de identificar a una persona por parte de la policía. Por otra parte, la falta de control judicial y, por tanto, de un sistema de control y garantías en la fase de investigación policial provoca serias inquietudes. La posibilidad de que a través de órdenes internas los distintos cuerpos de policía estén desarrollando su propia política criminal es un elemento altamente preocupante, sobre todo si se basan en prejuicios y estereotipos de grupo. Esto puede desembocar en la aplicación de patrones de delincuencia etno-racializada a través de los cuales se atribuyen a ciertos grupos determinados tipos de delitos. Todo ello fruto de los estereotipos raciales consolidados sobre el grupo -como la asociación de las personas gitanas con la delincuencia- que se dibuja como compacto y homogéneo. Esto permite trazar comparaciones simplistas en el índice de criminalidad de diferentes grupos étnicos minoritarios en relación con el grupo mayoritario que pueden conducir a su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal. Del mismo modo, el aumento de la presencia policial en barrios de bajos ingresos con mayoría de población gitana puede crear una asociación entre etnicidad y criminalidad.

El derecho a la educación de los niños en la era COVID-19

Carlos Gil Gandía

Estos días estamos viendo que las diferentes Administraciones Públicas no tienen preparado un protocolo o programa o plan integral de vuelta al colegio COVID-19. Personalmente no me cabe en la cabeza (poseeré una sesera dura, quizá) que no se haya dibujado unas líneas generales durante todos estos meses, cuando se sabe que el virus, por el momento, vivirá con nosotros.

No obstante, cabe hacer aquí una nota breve sobre una noción principal sobre la cual habrá de configurarse el plan integral para volver al colegio, y esta es los derechos del niño, particularmente el derecho a la educación.

La máxima de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) es muy clara: los derechos de los niños son de ellos, y no de los padres; los niños pertenecen a sí mismos. Lo contrario supone cosificarlos. Partiendo de este imperativo jurídico-moral, nos debemos centrar en el derecho a la educación, reconocido en el artículo 28 del citado tratado: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”. Y este derecho está ligado, evidentemente, al artículo 29 (1) en el que se pone de relieve los distintos objetivos que debe perseguir la educación (las tablas educativas de Moisés): a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Las diferentes Administraciones en España son las responsables de llevar a cabo tales objetivos; es decir, realizar procesos educativos sobre la base de tales principios-objetivos; de lo contrario, España, en tanto Estado parte de la Convención, podría vulnerar los derechos de la infancia, tal y como sucede con los menores no acompañados, por ejemplo. Y se debe tener en cuenta que el derecho a la educación no solo se refiere el acceso a ella, sino también su contenido, que está vinculado con el derecho del niño del más alto nivel posible de salud (artículo 24 de la Convención). Educación y salud; salud y educación, van de la mano, junto con el riesgo social de la infancia.

Todavía con todo por hacer con 15 días para que comience el nuevo curso, formulo varias cuestiones. ¿Podría España vulnerar los derechos del niño en caso de no preparar un plan de vuelta seguro al colegio y, por consiguiente, no cumplir sus obligaciones internacionales en relación con la Convención? ¿Están sensibilizadas realmente las Administraciones Públicas con los derechos del niño, su salud, su promoción y, por extensión, la protección también del profesorado? ¿Se tendrá en cuenta a la hora de establecer un marco protocolario el principio del interés superior del menor y, por ende, tener en cuenta variables económicas, familiares, culturales…? ¿Se escucharán las voces de los niños en la elaboración de un plan integral de vuelta a las escuelas o se seguirá vulnerando el derecho a opinar y ser escuchados de conformidad con el art. 12 de la Convención y la observación general núm. 12 del Comité de los Derechos del Niño?

La cuestión es muy sencilla, mientras hay un constante rifirrafe entre Administraciones Públicas (en el fondo subyace una guerra política sin parangón entre diversos partidos, lo que pone de relieve que se desconoce el interés público, y se conoce muy bien el interés de su público) con voceros al más alto nivel como portavoces principales, el desorden educativo es la regla imperante, cuya consecuencia es vaciar de contenido el derecho a la educación (y a la salud) de los niños.

COVID-19, comportamiento ciudadano y orden público

COVID-19, comportamiento ciudadano y orden público

Ricard Martínez Martínez

Desde hace semanas venimos asistiendo como mudos testigos a una deriva social ciertamente compleja con los rebrotes de COVID-19. Los hechos demuestran que ya no podemos considerar estos rebrotes, que en algunos casos alcanzan la transmisión comunitaria, como una plaga bíblica en la que carecemos de responsabilidad. Los hechos acreditan que en nuestra sociedad existe una grave carencia de cultura de los deberes constitucionales.  También se ha considerado como un enfoque centrado en la garantía del derecho fundamental a la protección de datos carente de matices ha cultivado la desconfianza en el ejercicio de funciones estatales básicas y no represivas relacionadas con la salud pública.

Basta mantener una conversación con los llamados rastreadores para identificar situaciones de grave riesgo:

▪ Positivos asintomáticos que se niegan a mantener la cuarentena o a facilitar su ubicación.

▪ Personas que se niegan a comparecer y someterse a pruebas.

▪ Personas que se niegan a facilitar datos sobre sus redes de contactos. En este sentido, me llama la atención la anécdota de la reluctancia de un transportista, esto es alguien que por su propia actividad puede comportarse como un superdiseminador.

▪ Jóvenes que habiendo mantenido contacto con un positivo se niegan a practicarse una prueba ante la perspectiva del aislamiento obligatorio.

Otros comportamientos se aprecian a simple vista. Basta un paseo por mi ciudad para apreciar que muchas personas siguen una regla ciertamente sorprendente: si yo “no lo tengo y mis amigos son confiables, ninguno nos podemos contagiar”. Eso sumado a la idea de que es más difícil contagiarse al aire libre conforma un coctel explosivo de cercanía social. Somos cariñosos.

Por otra parte, también es evidente la constante infracción del deber de portar una mascarilla. Las podemos apreciar en todas sus variedades: no llevarla directamente, llevarla en posición gargantil, tomarla de un lado para facilitar la reverberación en las conversaciones, incluso tomarla con las manos cruzadas donde la espalda pierde su honesto nombre a fin de evitar, digo yo, el riesgo de contagio anal.

Mención aparte merece el deporte como excusa. Para algunos basta ponerse unos pantalones cortos y simular que caminan. Por otro lado, si una persona asintomática es deportista practicará deporte. Y sin ánimo de ofender, en el Jardín del Turia de mi ciudad me cruzo frecuentemente “fuera de pista” como una especie de sapiens, el homo runner, que se cruza a escasos centímetros de mi cara resoplando despreocupadamente con alegre fruición. Nuestro espíritu científico familiar nos llevó a hacer un experimento en esta materia. Un joven deportista realizó 40 minutos de spinning con una máscara de simulación de altitud. Tras 30 minutos de actividad la medición de saturación de oxígeno con un pulsioxímetro se situó entre el 96 y el 97%. ¿Realmente no se puede correr o ir en bici con mascarilla quirúrgica?

Mientras se escriben estas líneas un alcalde en una entrevista de radio manifiesta su zozobra e impotencia. Señala el edil la imposibilidad de controlar fiestas privadas y familiares masivas celebradas en espacios privados, su intuición sobre la falta de preservación de distancia entre las sillas en bares y restaurantes, y, finalmente, que la policía local carece de herramientas porque no conoce qué personas deben guardar cuarentena.

Muchos juristas y expertos hemos puesto el foco en un procedimiento clásico de ponderación de los conflictos que afectan a nuestros derechos y libertades individuales en relación con las limitaciones de derechos durante esta pandemia. Y, me temo, lo hemos hecho con una aproximación de laboratorio, con un enfoque trufado por un sesgo de confirmación. Como docentes, abordamos siempre los conflictos de derechos a través de un proceso ciertamente estratificado en el que el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad, y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se centran en la medida que se pretende adoptar. Sin embargo, frecuentemente obviamos que esos juicios deben correlacionar la medida con la situación de hecho que se pretende remediar. Es decir, no tomamos en cuenta un conjunto de elementos de índole material que adicionalmente deben ser jurídicamente evaluados. En este sentido, en estos momentos parece razonable tener en cuenta cuáles son algunas de las consecuencias materiales en este estadio de la pandemia, que conviene enumerar, aunque sean de sobra conocidas:

▪ Los rebrotes ponen de nuevo en riesgo a las personas vulnerables por razón de edad, condición socioeconómica o de salud, entre otras.

▪ Esta enfermedad mata, o deja graves secuelas, y ello afecta al derecho fundamental por excelencia: el derecho a una vida digna y exenta de sufrimientos innecesarios.

▪ El crecimiento de personas infectadas somete a nuevas tensiones al sistema de salud. En escenarios pandémicos esto implicó una reasignación de recursos que puso en riesgo nuestro concepto de sanidad como servicio de prestación universal. Esto es, se han debido diferir operaciones no urgentes, dilatar la atención de enfermedades no graves, y limitar significativamente tareas de medicina preventiva y comunitaria.

▪ El impacto de los rebrotes en la economía también es significativo. Suman al ya de por sí descenso significativo de producción y empleo, y afectan gravemente a sectores que siguen siendo estratégicos como el turismo. Esto implica un incremento significativo de familias que viven en el umbral de la pobreza, reduce el consumo familiar, y reconduce la alimentación a un consumo masivo de productos de mala calidad y carbohidratos, anunciando una espiral de obesidad y nuevos costes sanitarios.

Pero no sólo esto, este estado de cosas incrementa las necesidades y el volumen de gasto social, disminuye las posibilidades recaudación, en un modelo impositivo cuestionado por su carencia de progresividad con un probable descenso de los ingresos por IVA e IRPF, y obliga a endeudarse al estado hipotecando el futuro de varias generaciones.

No hace falta ni ser un experto epidemiólogo, ni economista, para apreciar estos efectos. En este contexto, y habida cuenta que los hechos demuestran que una parte de la población no cumple con sus deberes, deberíamos plantearnos con rigor bajo qué condiciones debería actuar el Estado. Vaya por delante, que desde el enfoque de este artículo el argumento del bajo porcentaje de población incumplidora carece de relevancia por cuanto los efectos sobre el conjunto de la población en caso de diseminación de un virus son exponenciales.

Desde un punto de vista jurídico resulta significativa la presencia de herramientas que deberían permitir la acción del Estado. De un lado, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública impone deberes de colaboración y comunicación en sus artículos 8 y 9. La ciudadanía tiene el deber de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen la ejecución del desarrollo de las actuaciones de salud pública y de comunicar hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o peligro grave para la salud de la población. El incumplimiento de estos deberes puede calificarse según la Ley como infracción muy grave cuando produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Estas infracciones llevan aparejadas sanciones de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción. En este sentido, es obvio que no existe ninguna novedad significativa en el anuncio reciente de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el artículo Tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública permite a la autoridad sanitaria medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato con el fin de controlar las enfermedades transmisibles.

Por último, hasta tanto no se trasponga la Directiva (UE) 2016/680, siguen vigentes los artículos 22 a 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, la conformación de la regulación nos conduce a una situación ciertamente endemoniada ya que el artículo 22.3 de la LOPD condiciona el tratamiento de datos de salud sin consentimiento a que sea «absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales». Es más, se separan las funciones de policía administrativa de las propiamente policiales. En este sentido, debe considerar que con carácter general el artículo 11.1.a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye la función de «velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias». Ello conduce a dos escenarios:

▪ Interpretar que la autoridad sanitaria puede requerir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de asegurar el cumplimiento de los deberes de colaboración y en particular que aseguren el cumplimiento de las cuarentenas o aislamientos.

▪ Considerar que estas cesiones de datos personales requieren de una habilitación legislativa expresa.

En el pasado la Agencia Española de Protección de Datos optó siempre por la segunda opción. Fue significativa su posición en materias relacionadas con las cesiones de datos de personas inhabilitadas para conducir por razones de salud. En este sentido, la AEPD en su Informe 0438/2012 fue muy clara: se necesita una habilitación específica en una norma con rango de Ley.  Es decir, en nuestro país, pero también en otros, un piloto deprimido puede estrellar un avión, o un señor mayor morir de infarto al volante matando a otras personas, sin que sus empleadores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieran la menor constancia previa. Durante COVID-19 las cosas no han variado un ápice. El criterio de predeterminación normativa expresa ha guiado tanto las posiciones del Comité Europeo de Protección de Datos como las de la Agencia Española de Protección de Datos.

A pesar de la complejidad del marco normativo y de su interpretación, es evidente que las campañas de concienciación y la confianza en la responsabilidad de la población no son una herramienta suficiente. Y en tales casos, el mantenimiento de la seguridad pública, del orden público en su dimensión de salud pública exigen de la intervención del Estado.

Somos víctimas de una percepción del orden público, y de la función del Estado anclado en nuestro pasado totalitario. Esta percepción traiciona el verdadero valor del orden público como garantía de la convivencia social en un Estado democrático de derecho. Negarse a una prueba de PCR, no asumir el deber de aislarse, actuar como un propagador, son conductas que incorporan un enorme disvalor. La población ha sido suficientemente informada, sabe que esas conductas expanden una enfermedad que mata. Es hora de una acción administrativa decidida soportada cuando resulte indispensable por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos, a los gobiernos en sus distintos niveles, y si procede al legislador, definir cómo hacer las cosas. Pero el conjunto de la población no puede, ni debe, soportar inerme el riesgo sistémico que causa una minoría insolidaria. Y, la ponderación de derechos a la hora de adoptar medidas ni puede desconocer los riesgos, ni puede desconocer los daños, ni puede anclarse en un procedimiento meramente formal centrado en una concepción individualista que eluda el valor de los deberes, y el significado de la comunidad.

¿Excluimos del ingreso en la UCI a los infractores de las normas sanitarias?

María Jesús Guardiola LagoPaz Lloria García

La crisis provocada por el coronavirus no es sólo sanitaria. También está suponiendo una profunda crisis en la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Valores que dábamos ya por indiscutiblemente asumidos se ponen hoy peligrosamente en duda. Incluso el más elemental: el valor intrínseco de la vida humana, con independencia de quien sea su titular.

En un contexto de pandemia, con recursos sanitarios escasos, el personal sanitario se ha visto obligado a adoptar dramáticas decisiones, que comportan decidir en ocasiones quién va a tener la oportunidad de vivir y a quien no se le van a destinar tratamientos vitales con un beneficio esperable. Insistimos. No estamos hablando de supuestos en los que, por el estado del paciente, sería inútil e incluso contraproducente la aplicación de un determinado tratamiento, sino aquellos casos en los que el tratamiento es el indicado y se hubiera dispensado en condiciones “normales”.

A parte de las cuestiones éticas que suscita esta elección, desde el punto de vista jurídico- penal se trata de situaciones de estado de necesidad, en la modalidad de auxilio necesario (art. 20.5ºCP). Así, el profesional médico -que tiene la obligación de atender a cualquier paciente bajo responsabilidad penal por denegación de asistencia sanitaria (art. 196 CP) y, eventualmente, por los resultados lesivos derivados de su omisión (ex. art. 11 CP)- puede quedar exento de responsabilidad penal cuando exista un conflicto entre la salud o la vida de dos pacientes y sólo sea posible evitar el daño a uno de ellos, lo que conllevará desatender al otro enfermo. El mal causado no debe ser mayor que el que se trate de evitar. Pero en esta tesitura, ¿a quién se escoge?

Para orientar estas decisiones tan extremas, el Ministerio de Sanidad elaboró un informe donde se aclara el principio de “no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y las expectativas objetivas de supervivencia”, como no podría ser de otro modo en un Estado democrático y de Derecho en el que se prohíbe constitucionalmente todo tipo de discriminación por cualquier circunstancia personal o social (art. 14 CE). Sin embargo, y previamente al informe aludido, otras entidades introdujeron elementos distorsionadores y extremadamente preocupantes en esta ponderación. En concreto, y a los efectos que nos ocupa, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SeMicyuc) recomendó tener en cuenta también el valor social de la persona enferma. En semejante afirmación, a todas luces indeterminada, subyace sin duda la idea de que hay personas que valen más que otras. Y en este caso, nada más y nada menos que para valorar la adjudicación de un soporte vital. Como recuerda el Comité de Bioética de España en un informe sobre la priorización de recursos sanitarios, “todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad humana”. Y las consecuencias penales de una valoración de tal calibre son evidentes. La elección en caso de necesidad (y solo en este caso) nunca debería depender de criterios de tal naturaleza, por la clara discriminación que suponen y que pueden llevar a la inaplicación de la circunstancia limitadora de la responsabilidad frente a aquel que tomó la decisión.

Sin embargo, asistimos con estupor al ignominioso debate sobre quién es socialmente menos merecedor de vivir. Y a tal efecto, se plantea públicamente por redes sociales -y lo que es más preocupante, por parte de algunos sanitarios – que, en caso de tener que escoger, debería postergarse al infractor de las normas sanitarias o de confinamiento, en una suerte de autopuesta en peligro indemostrable. O debería relegarse al violador o al abusador sexual de menores por ser socialmente menos valioso que otra persona de “conducta intachable”. En definitiva, una suerte de desatención sanitaria del enemigo, donde el personal sanitario se erigiría en juez y condenaría (quizás a muerte) al supuesto infractor de las normas sanitarias, o a quien consideraran en ese momento socialmente menos valioso, sin posibilidad de defensa alguna.

Desde luego, nunca se debe dejar de prestar asistencia si ello es posible, pues en ese caso se incurriría en el correspondiente delito de omisión que podría dar lugar a un homicidio o unas lesiones en función del resultado producido, si respecto de los mismos se apreciara dolo o imprudencia. Y, esto, es importante también que lo sepan los sanitarios que plantean el debate sobre la oportunidad o no de prestar auxilio a quien “no se comporta” como debe.

Los únicos criterios válidos en una situación de necesidad (no hay más remedio que elegir) han de ser médicos, como advierte el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2.

Cualquier otro que pueda parecer “razonable” desde el punto de vista de la “necesidad” de dar escarmiento a quién no realiza una conducta debida, olvida, por un lado, el contenido esencial de los derechos fundamentales, que debe ser respetado para su limitación como recuerda el Tribunal Constitucional, y por otro, desconoce que las conductas imprudentes respecto de uno mismo resultan impunes, por lo que difcilmente permitirían la aplicación de la circunstancia eximente de responsabilidad.

La peligrosidad de incluir criterios morales, en decisiones que deben ser solo técnicas, se manifiesta en la ampliación de los riesgos del populismo punitivo, en un momento especialmente delicado como el actual.

Por ello las decisiones han de ser colegiadas, justificadas, proporcionadas, necesarias y transparentes y resultan especialmente rechazables, y quizá sancionables, las manifestaciones que atienden a criterios de “validez social” o “merecimiento de tratamiento” por aquellos que deben dar ejemplo de objetividad y profesionalidad, y nos hacen temer por el cumplimiento de su deber más sagrado: defender la vida y la salud por encima de cualquier creencia.

No a la impunidad. La necesidad de defender y fortalecer la justicia internacional penal

Carlos Gil Gandía

Todos los Estados del mundo vulneran los derechos humanos en diversos grados, la diferencia radica en que algunos los vierten de forma sibilina por sus alcantarillas, que son tapadas por la retórica jurídica y política. De ahí que los Estados deban cumplir sus obligaciones internacionales y que existan mecanismos jurídicos que controlen tal cumplimiento.

El 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional en honor a la adopción del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte Penal Internacional), cuya adopción se llevó a cabo el día y mes señalados de 1998 y entrada en vigor en 2002, por un amplio consenso internacional tanto de la sociedad civil como de los Estados y organizaciones internacionales.

La lucha contra la impunidad no solamente es un principio jurídico, sino es también un deseo de que la lógica de la justicia en tanto valor se imponga a la del olvido, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.

En el ámbito internacional se está articulando normativa e institucionalmente la justicia internacional penal desde los juicios de Núremberg (1946) hasta la operatividad de la Corte Penal Internacional (2003). A lo largo de ese período se han redoblados los esfuerzos internacionales en la lucha contra la impunidad y, por consiguiente, en la protección y promoción de los derechos humanos, sistematizando en el marco de las Naciones Unidas las obligaciones generales existentes en relación con no a la impunidad. Estas obligaciones ponen de relieve la existencia de crímenes internacionales más graves de trascendencia para la comunidad internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ecocidio, crimen de agresión); por consiguiente, su gestión es un imperativo categórico que nos corresponde a todos, sin distinción de cargo jurídico-político, porque los crímenes mencionados son tan graves que son imprescriptibles.

¿Por qué se necesita una justicia internacional penal si están las justicias nacionales? Porque en muchas ocasiones las personas que cometen crímenes internacionales ─utilizando el aparato estatal la mayoría de las veces─ forman una tribu opulenta cuyo poder les permite, en la mayoría de los casos, lograr la ansiada impunidad (esta es la mayor vulneración de los derechos humanos: ejemplos varios tenemos todavía en España en relación con determinados personajes oscuros del franquismo). En este sentido, el contenido de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad quedan diluidos en el olvido a través de ejercicios y maniobras de manipulación y relativización en los diferentes contextos nacionales en los cuales se ha logrado incluir en la agenda pública la reconciliación y la paz en detrimento de la justicia y la lucha contra la impunidad, amén de deslegitimar o acallar las voces de las víctimas por mor de la tergiversación de los lenguajes institucionales en cuyos postulados retóricos subyace el refrán borrón y cuenta nueva.

Para evitar lo anterior, se necesita una justicia internacional penal fuerte, lo que supone la defensa y apoyo de instituciones como la Corte Penal Internacional. De esto modo, se demuestra el apoyo a la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de un Estado de Derecho y Democrático que defiende los derechos de las víctimas reconocidos en instrumentos internacionales. Lo contrario implica la imposición en clave interpretativa de la narrativa del victimario, invisibilizando a la de la víctima.

En defensa de la Corte Penal Internacional

Carlos Gil Gandía

El nacimiento de la Corte Penal Internacional (1998) supuso un avance considerable en el proceso de humanización que el Derecho Internacional fue experimentando desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un hito histórico por dos razones: la primera, era el primer tribunal internacional de naturaleza penal nacido del consenso (120 votos a favor, 7 en contra ─Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen─, y 21 abstenciones), ya que los anteriores más cercanos en el tiempo (Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y Tribunal Internacional Penal para Ruanda) se crearon por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la segunda, su operatividad, aunque limitada por su capacidad de actuación material y temporal, implica un gran paso cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la impunidad a nivel universal, en general, y en la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, en particular, porque los tribunales internacionales penales predecesores las invisibilizaron por no reconocerlas como sujetos de pleno derecho. Resulta evidente, entonces, que este tribunal supuso un soplo de esperanza para aquellas víctimas que no logran, por los motivos que fuere, justicia, verdad y reparación a nivel nacional, amén de que su mera existencia ejerce un papel disuasorio del crimen.

            En el último año la Administración Trump ha comenzado una “guerra” sin paragón contra la Corte Penal Internacional: retirada del visado a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sanciones contra los funcionarios de la Corte, diplomacia de amigo-enemigo con aquellos Estados que se muestren partidarios del tribunal… Tal es la magnitud de los ataques que, por primera vez y de forma pública, se ha emitido un manifiesto, US attacks against the International Criminal Court a threat to judicial independence – UN experts, avalado por expertos y personas de relevancia vinculadas a las Naciones Unidas y activistas de derechos humanos, como son, entre otros, Fabian Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Mary Lawlor (Relatora Especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos) o Fernand de Varennes (Relator Especial sobre cuestiones de las minorías).

¿Por qué actúa así Estados Unidos? Porque su intención no es otra que proteger a sus soldados y sus intereses políticos, económicos y geopolíticos en Afganistán (la causa palestina también suena de fondo porque se está llevando a cabo examen preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino ocupado por fuerzas israelíes, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014), pues la Corte ha abierto investigación por posibles crímenes de guerra, señalando la fiscalía a las tropas norteamericanas.

La hostilidad activa de Estados Unidos y de sus voceros contra la Corte no es nueva. Comenzó durante la Administración Clinton (puso enormes trabas a los borradores del Estatuto de Roma). Se agravó con la Administración de Bush Jr. (retiró la firma de su predecesor del Estatuto de Roma, gesto sin precedentes en las relaciones internacionales), presionando al tribunal por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (bloqueando investigaciones), firmando tratados bilaterales de no extradición o no entrega de hijos patrios-soldados por parte de Estados cómplices o sumisos a los Estados Unidos en donde tuviera situados sus tropas, y articulando, por ende, todo un entramado legislativo nacional para arrogarse la competencia en crímenes internacionales al margen del tribunal. Continuó con Obama (Premio Nobel de la Paz discutible) y se prorroga de forma más zafia y ruin con Trump. En el fondo, esta actitud no es más que hija del mantra político de Kissinger la dictadura de los jueces, que son tiranos si no se someten al hegemón que piensa que no solo la historia les pertenece, sino también conceptos como la libertad, la democracia y combatir la tiranía.

La sinrazón del agravio que padece una institución de suma importancia para las víctimas de crímenes internacionales se hace inmediatamente extensivo a la necesidad de que la UE y sus Estados miembros, fieles defensores de la Corte Penal Internacional desde sus inicios, se pronuncien en su defensa. De lo contrario, se mostrarían, una vez más, misericordiosos y complacientes con los desmanes de la Administración Trump y harían gala (¿reiterada?) de la doble moral europea: retórica de política de derechos humanos y operatividad de política con los derechos humanos, instrumentalizando así la máxima nulla ethica sine aesthetica como instrumento para tener razón.

Posiblemente esta crisis sanitaria, política, medioambiental (el tribunal penal internacional podría jugar un gran papel de reconocerse el Ecocidio como quinto crimen internacional ─junto con el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión─ bajo su jurisdicción) y económica global lo cambie todo. La cuestión radica en el cómo. Por ello, la defensa de la Corte Penal Internacional en tanto instrumento principal de la justicia internacional penal y marco de fortalecimiento en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos humanos es un imperativo categórico moral de cuestión global. Se necesitan hechos y voluntad política de los Estados, y no retórica publicitaria como sinónimo de la mentira esencial hecha cultura en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos.

Ante el silencio de los Estados parte de la Corte corresponde a la sociedad civil y a la Academia alzar la voz para agitar a los espíritus acomodados con el objetivo de reconducir la voluntad política para la satisfacción de un bien (y valor) colectivo como es la Corte Penal Internacional.

Desinformación y seguridad nacional

Carlos Penedo

Moncloa y Defensa sitúan las ‘fake news’ en el campo del espionaje y los ciberdelitos


En esta primavera de 2020 marcada por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad bautizada como covid-19, una especialista sanitaria -lamento no recordar su nombre- comentaba que acumulamos a una velocidad muy acelerada información sobre este coronavirus y su comportamiento, cosa nada habitual en el pasado, la globalización y la velocidad con la que viaja la información reman a favor hoy de la investigación sanitaria; por tanto, tenemos cada vez más datos, casos e información; pero nos falta conocimiento -añadía-, aún no hemos integrado estos primeros datos en un sistema de comprensión que nos permita sacar conclusiones y reducir a partir de ahí el riesgo en la toma de decisiones. Algo similar cabría decir sobre la desinformación / fake news: tenemos el diagnóstico, que no es poco, tenemos algún dato parcial y descontextualizado, tenemos los síntomas de la enfermedad…, nos falta conocimiento, análisis y tratamiento preventivo.

Es un hecho que la información tergiversada con un objetivo determinado -normalmente económico y/o político- es un fenómeno extendido y negativo de nuestro tiempo, y por tanto es habitual comprobar cómo aparece en cada circunstancia que vivimos, sean procesos electorales, emergencia de tendencias políticas, crisis de diversa naturaleza que siempre tienen efectos políticos y sociales, sea su origen económico o en este caso sanitario.

Saludamos por tanto ahora la desinformación ligada al coronavirus, cuyo efecto menos interesante es la relación de disparates surgidos, sea el poder desinfectante de la lejía en la dieta, la luz ultravioleta o las intrigas conspiranoicas Gates-Bosé.

Mayor interés reviste el tratamiento que desde lo público se dedica a la desinformación, ya sea desde el ámbito de la seguridad, las relaciones internacionales, desde el punto de vista tecnológico, de la Unión Europea o desde el imprescindible análisis que requiere por parte de la profesión periodística y de quienes nos dedicamos a alguna faceta de la comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, se ha firmado a comienzos de junio la Directiva de Defensa Nacional 2020 -DDN-, documento que establece las líneas de actuación y objetivos que persigue el Gobierno-Ministerio de Defensa para la legislatura. Se trata de una comunicación política, generalista siempre, novedosa esta vez y mucho porque el documento que marca las líneas generales sobre política de defensa no se elaboraba desde 2012 (María Dolores de Cospedal pasó por el Ministerio de Defensa sin fijar en un papel sus prioridades políticas).

Dice la DDN 2020 de modo algo alarmista que «la última década ha presenciado cambios sustanciales en la arquitectura internacional de seguridad, que se ha traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza. También ha cambiado profundamente la relación de los gobiernos con los gobernados. Los medios de comunicación y las comunicaciones digitales han contribuido a que esos cambios tengan lugar».

Hasta aquí un texto algo derrotista y decriptivo, que en seguida avanza hacia compañías nada tranquilizadoras: «Los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio».

No hay documento sobre seguridad que no aluda hoy a la desinformación, que aparece siempre mezclado con ciberdelitos en una amenaza ya múltiple y poderosa, sin determinar el peso de cada una de las partes.

«Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad» (mayúsculas en el original), afirma rotunda la DDN en un juego de palabras bastante conseguido, y añade que «en el escenario que incluye el territorio nacional y los espacios de soberanía e interés -marítimos, aéreos, y los del ciberespacio con una dimensión de defensa- se actuará habitualmente con capacidades propias».

La Defensa entonces debe de estar en la respuesta a la desinformación como amenaza a nuestra seguridad, con instrumentos compartidos en el marco de la UE y la OTAN pero sobre todo con medios nacionales.

Entendemos por tanto que el Ministerio de Defensa se está preparando contra la desinformación, suponemos que contratando cientos de periodistas, aunque si la respuesta no es incluir en nómina a especialista de comunicación sospechamos que el interés de Defensa se centra en las redes, por donde circula información, desinformación, datos y el mando y control de sistemas militares: «el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados, y en general el ciberespacio, es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI», añade la DDN.

«Los escenarios de actuación para las Fuerzas Armadas han aumentado en complejidad desde la publicación de la última Directiva de Defensa Nacional 2012 (…). En el ciberespacio y en el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción y mantengan la aplicación de sus estrategias dentro de una zona gris, situado por debajo de lo que han identificado como nuestro umbral de respuesta».

Lo anterior significa que los conflictos híbridos y la desinformación son escenarios ambiguos, elegidos para evitar un conflicto directo, algo contradictorio con la visión alarmista que rezuma la DDN.

La desinformación es un fenómeno que afecta principalmente a la comunicación, por lo que acierta la Directiva cuando sitúa ahí los objetivos: «Para hacer frente a las estrategias híbridas se perseguirá alcanzar una adecuada integración de los recursos disponibles en todos los ámbitos, sean civiles o militares, nacionales o multinacionales con la finalidad de preservar la seguridad, mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad».

Criterio de actuación que además debe ser compartido entre departamentos: «El Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano».

Por aquí figura lo más interesante de la Directiva: el compromiso del Gobierno en ofrecer información veraz y atractiva, el único camino para ganar en credibilidad y convertirse en referencia a la que acudir cuando nos ataque una campaña de desinformación.

Informe de Seguridad Nacional

Un segundo indicador tras la DDN de cómo se contempla la desinformación desde el ámbito de lo público es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, aprobado en marzo, dado a conocer en mayo y previsto presentar en el Parlamento este junio de 2020.

Ya en la introducción, el Informe señala que «especial mención merecen las amenazas híbridas, uno de cuyos componentes es la desinformación, que mediante la manipulación de la información a través de Internet y las redes sociales provoca la polarización y radicalización de la ciudadanía». Se define por tanto la desinformación no como una amenaza o un desafío, sino como un ingrediente de las amenazas híbridas.

«Se ha asentado la consolidación de la ‘zona gris’ en el tablero de juego estratégico. La nueva normalidad (sic) registra con cotidianidad operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares, para movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública, y desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales».

Se trata por tanto de un fenómeno a tener muy en cuenta, especialmente durante el año pasado:»Las amenazas híbridas y la desinformación han sido elementos de atención prioritaria en 2019 de forma general, como vector de preocupación para la ciudadanía; y con carácter concreto, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los procesos electorales».

Durante el último año menciona el informe como momentos de especial precaución las elecciones generales de abril y noviembre; las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo; una cumbre del G7 en Biarritz en agosto; y algo indeterminado en octubre que parece tener relación con la sentencia del Supremo del proceso independentista en Cataluña, previendo algún tipo de consecuencia digital que no se produjo: «En las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa, que, sin embargo, no han constituido campañas sostenidas o masivas de desinformación».

En el apartado de conclusiones, el Informe de Seguridad Nacional sitúa la desinformación -en compañía de otros- a la cabeza de nuestras inquietudes: «Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a las infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración Pública».

La desinformación no centra ninguno de los 15 ámbitos de seguridad nacional desarrollados en el Informe, aunque aparece por muchas de sus 280 páginas.

¿Dónde sitúa el Departamento de Seguridad Nacional / el Gobierno la desinformación? Preferentemente en dos ámbitos: la contrainteligencia, es decir, servicios de inteligencia extranjeros, y en España campo de actuación del CNI; y la ciberseguridad, infraestructuras críticas, seguridad informática, redes de comunicación, campo amplísimo con un carácter tecnológico-industrial en cuanto a los canales físicos que lo soportan y se defienden.

En el planteamiento anterior difícilmente entrarían fenómenos bien concretos de desinformación procedente de por ejemplo la extrema derecha patria o aliada; o quienes la practican por motivos de rentabilidad económica, en ocasiones unidos.

En cuanto a la Contrainteligencia, se afirma que son de especial importancia «las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales». Se apunta por tanto al escenario, no a quien lo coloca allí. «Esto es así por su potencial de desestabilización política, pues pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas».

Por tanto la polarización política que persiguen estas campañas de desinformación no han actuado en las diversas convocatorias electorales de 2019, que es su momento, siempre considerando que el auge de la extrema derecha en España no descansa en estos instrumentos, que utiliza profusamente, sino en otros no especificados.

Los responsables de la seguridad nacional que elaboran de forma mancomunada este informe no parecen muy interesados en actores nacionales. «Especialmente relevante -añade el Informe- es el caso de los denominados Servicios de Inteligencia Hostiles, en sus distintas vertientes, que habrían comenzado a incrementar su actividad en España con anterioridad a la crisis en Cataluña, en coherencia con un mayor dinamismo advertido en otros países occidentales (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), centrando sus acciones en campañas de desinformación que ponen el foco en cuestiones de política interna, especialmente desarrolladas en el ámbito cibernético». Por exclusión el redactor se refiere a Rusia.

Y ¿qué se ha hecho? «De especial relevancia ha sido la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’. No parece que ese documento sea uno difundido por aquellas fechas por el Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- con algunos consejos útiles para enfrentarse a la desinformación, sino un documento de funcionamiento interno que no es público. Relacionado con el Procedimiento puede estar la creación de una célula de contacto que la Unión Europea ha aconsejado a los países para intercambiar alertas e información.

En relación con la ciberseguridad, el Informe señala que la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo señalado con mayor grado de peligrosidad, por el nivel de impacto y posibilidad de que ocurra, se nos dice.

Entre las realizaciones, el Informe menciona «combatir la desinformación en línea y las noticias falsas a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del Departamento de Seguridad Nacional, ambos de la Presidencia del Gobierno». Esto último tiene más lógica, que ante un problema de información actúe la Secretaría de Estado de Comunicación, aunque tenga menos glamour que otros departamentos de la Administración General del Estado.

En diversos apartados del Informe de Seguridad Nacional se hace referencia a las actuaciones de la Unión Europea sobre desinformación, como marco y como desarrollo nacional de directrices procedentes de Bruselas, que está especialmente activa desde 2017 en estos temas y elaboró un Plan de Acción a finales de 2018 y en fechas recientes como el 10 de junio ha aprobado una Comunicación sobre el tema. No cabe aquí analizar el desarrollo de la UE en este campo, de enorme interés, sólo apuntar que la Unión ha dejado informes con contenido sobre el tema y ha focalizado mucho su actuación en las grandes plataformas digitales que soportan la información, la desinformación y el entretenimiento (enlace aquí a artículos del autor sobre desinformación y UE).


Una importante novedad del Informe de Seguridad Nacional de 2019 es que incopora por primera vez una encuesta de percepción en la que han participado un centenar de especialistas, una especie de análisis de riesgos a futuro (Horizonte 2022), con impacto y grado de probabilidad de las amenazas, donde el ciberespacio ocupa la primera posición.

Se refiere la prospectiva al «análisis de cinco factores de carácter predominantemente tecnológico y asociados a la vulnerabiliudad del ciberespacio: el acceso a la información y datos sensibles, los ciberataques, el uso ilegítimo del ciberespacio para llevar a cabo actividades ilícitas, como por ejemplo acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo, los ciberataques específicamente dirigidos contra las infraestructuras críticas, y las amenazas para la seguridad y la competitividad económica derivadas de las tecnologías disruptivas». Demasiados ingredientes en este párrafo para darle alojamiento en la misma casa (en un caso parecido, El Gran Combo de Puerto Rico cantaba ‘no hay cama pa’ tanta gente’).

Por resumir, el Informe de Seguridad Nacional 2019 sitúa la desinformación como una amenaza procedente de Estados / servicios de inteligencia extranjeros; y como uno de los fenómenos peligrosos del ecosistema digital, al mismo nivel digamos que virus informáticos que pudieran atacar o controlar una central nuclear, el abastecimiento de agua potable de una gran ciudad o el mando y control militar de un sistema de armas.

La interpretación anterior dejaría fuera del fenómeno la dimensión nacional de la desinformación (actores locales), no entra en la forma de reforzar la credibilidad de las instituciones (y de los medios de comunicación tradicionales) o la capacidad del ciudadano para interpretar la avalancha de contenidos digitales; se obvia también la dimensión empresarial que afecta hoy en forma de crisis existencial a muchos de los agentes productores de información.

La desinformación es algo que viene de fuera y es digital, se nos viene a decir, y además peligrosísima, capaz de alterar elecciones e incluso mentes, generalizaciones gigantescas y amenazas no contrastadas.

En muchas ocasiones las referencias a la desinformación en los documentos sobre seguridad nacional se asemejan a un recurso retórico, que cobra importancia por la compañía, por el cóctel que se dice que forma con otros ingredientes peligrosos.

La desinformación cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada como una amenaza casi existencial, al calor del ecosistema digital en el que vivimos; omnipotente, se nos dice, omnipresente y 24 horas activa a través de nuestro móvil, y si es difusa es tanto más amenazante, pero cabe objetar que carecemos como ciudadanos de ejemplos concretos que nos permitan calibrar sus efectos; y además entendemos que los responsables públicos de la seguridad habrán puesto en marcha una respuesta proporcional a tan descomunal amenaza, de lo que tampoco tenemos pruebas. Sospechamos que nuestro Estado y Fuerzas Armadas están mejor dotados para la guerra antisubmarina en mitad del Atlántico que para las amenazas que encabezan los documentos estratégicos.

Existen sin duda estudios de interés en el ámbito militar sobre la amenaza híbrida, las operaciones de información y de influencia, la actuación rusa en Ucrania y china en sus aguas e islas de interés, damos por hecho que España-OTAN lo analiza y aplica en su política exterior.

Sin embargo quizá debería considerarse un objetivo de seguridad nacional empoderar al ciudadano para que sea capaz de discriminar la información fiable del bulo (alfabetización mediática); potenciar la comunicación estratégica («veraz y atractiva», fiable añadiríamos) de los organismos públicos; el espíritu crítico y el conocimiento/cultura sobre el ecosistema ciberinformativo en el que nos movemos. También en este campo de la desinformación, la seguridad parece moverse al margen del ciudadano al que protege.

Confusión es el principal objetivo de la desinformación y despejar la confusión debería ser el primer elemento para combatirla.

A cada actor, agente, ámbito, hay que pedirle de lo que es capaz. Los medios de comunicación no tienen la misión de transmitirnos la realidad, sino la excepcionalidad. El ámbito de la seguridad no parece llamado a explicarnos a qué nos enfrentamos en materia de desinformación, sino que alerta de los riesgos, presentados con otros de forma tan gris y ambigua como la amenaza donde la enmarca.

Seguiremos buscando.

Libertad, epidemia y el vínculo social

Juan Carlos Pérez Cortés

En el barrio de Salamanca de Madrid se está dando estos días una situación sorprendente. Quienes poseen casi todo están tomando la calle al grito de “¡Libertad!”. Una calle que ya no es del ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, como en 1976. Ahora es de la gente… e incluso las élites son gente. La irresponsabilidad de llevar a cabo concentraciones en una circunstancia sanitaria epidémica es evidente, pero el objeto de análisis que me interesa aquí tiene más que ver con las consignas que se escuchan y el pensamiento que subyace, examinado desde el punto de vista de los aspectos éticos y afectivos que nos unen o deberían unirnos como sociedad.

Las ideas abstractas de libertad y de derechos individuales, como todos los conceptos morales que están ampliamente aceptados, parecen algo natural que surge de nuestra esencia como seres humanos. Pero, por supuesto, no son nociones directamente basadas en la experiencia y la empatía, como por ejemplo la preocupación por evitar el dolor de otra persona o la aflicción al perder a alguien cercano y querido. Son conceptos más complejos, difíciles de concebir intuitivamente o considerar en una reflexión rápida. Requieren un marco conceptual que los contextualice.

El marco atomista de Taylor sirve de soporte ontológico para la concepción neoliberal de los derechos como algo por encima del contexto social. En ese marco, la pertenencia a una sociedad, el apoyo mutuo y la solidaridad son elementos secundarios. Los derechos (a menudo suplantando lo que realmente son privilegios) corresponden al individuo como tal y considerarlos condicionados al bien común se plantea como un peligro para la libertad.

En un sentido opuesto, Herbert Marcuse, en la década de los 60 del siglo pasado, hace un análisis de las sociedades tecnológicas y de consumo en el que estudia entre otras cosas las necesidades creadas en su seno para fabricar la identidad individual de poder y para establecer una posición social –no para satisfacer verdaderas carencias o aspiraciones– y también examina la dificultad de llevar a cabo cambios profundos dentro del sistema o mediante una revolución clásica, proponiendo que la única vía sería un despertar de la solidaridad como «necesidad biológica», una idea que cobra un sentido profético en estos días de lucha colectiva contra un enemigo común en forma de virus.

Su influyente obra contiene una amplia y potente crítica a los mecanismos de control, dominio y explotación en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, plantea que las auténticas libertades y derechos únicamente pueden darse en un sistema que asegure la satisfacción de las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad y que solo sobre esta base se deberían interpretar los derechos de las personas y la libertad individual.

La ventaja hegemónica que está consiguiendo el primero de estos relatos en el universo simbólico dominante del final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI es lo que provoca la sensación en muchas personas de que algo falla. De que quien está demandando libertad lo hace desde una paradójica posición privilegiada, inmovilista y reaccionaria. El grupo social que en la España de hace cincuenta años abominaba de ese término ahora lo enarbola como bandera y lo reivindican pancartas y discursos de partidos de derecha y ultraderecha mientras evocan imágenes de viejos dictadores. Sí, algo está fallando.

Porque desde otros lugares hemos mantenido viva la visión que adopta el segundo escenario de interpretación –el de Marcuse– alejado del individualismo, reivindicando una mirada colectiva que combine el concepto de soberanía personal con el compromiso de ayuda mutua. Rechazando la coacción y al autoritarismo, pero al mismo tiempo defendiendo un orden derivado de la responsabilidad personal con el colectivo. Es la idea de libertad que subraya la autodeterminación individual supeditada al bienestar común, que pone la libertad del primero al mismo nivel que la libertad del último o (más probablemente) la última. Esto exige una configuración social de apoyo, cuidado y compromiso responsable: un vínculo con los demás, individualmente con cada persona y colectivamente con la comunidad.

Y es que las sociedades pueden verse desde arriba. Analizarse como un complejo dispositivo que requiere gestionar los recursos, los servicios públicos, los flujos de producción, la movilidad, las correlaciones de fuerzas, los problemas de convivencia entre grupos, las tensiones territoriales y tantos otros factores. Pero también pueden mirarse desde abajo y contemplar así una urdimbre configurada en forma de gran red de relaciones entre personas. Y las relaciones, en su sentido más amplio, son fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo requieren de compromiso y responsabilidad.

Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte fácil o divertida de las relaciones y por ello, a ese nivel más cotidiano, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra “libertad” suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa: la de tener en cuenta lo que necesitan las demás personas.

De hecho, hay en general un fuerte sesgo de género en este fenómeno. La aversión a la comunicación, a los compromisos, a la solidaridad y al trabajo emocional son más evidentes en las personas socializadas como hombres. A nosotros nos enseñan a negociar con éxito, a buscar acuerdos favorables, a intercambiar para ganar. Las mujeres, sin embargo, han recibido en su socialización desde todos los ámbitos la instrucción de cuidar, agradar, ceder, buscar la concordia y la armonía.

Todavía, la construcción de sentido de las identidades masculina y femenina, y sus roles más comunes, dan lugar a estas orientaciones de las conductas. Y la supremacía masculina en el diseño y la articulación social en el espacio de lo público, frente a la asignación predominante de lo femenino al entorno de lo privado –sobre todo en los ambientes más inmovilistas– es una de las razones por las que la narrativa de la libertad personal sin matices ni límites configura el relato político de esos sectores.

Pero si insistimos en poner el foco en esa mirada desde abajo, que percibe en primer plano el vínculo del individuo con sus semejantes y con la red social, si consideramos nuestra realidad en común no como un mercado sino como una relación –un vínculo con ese tejido de otras personas enlazadas a su vez entre ellas– entramos en otro plano, en otro campo semántico donde importan cosas distintas y la gestión no se compone de papeles, sellos y trámites sino de comunicación, empatía, consideración y cuidado. Es la política de lo personal.

En ese plano son nociones como la del compromiso consciente y responsable las que actúan de elementos reguladores de los conceptos abstractos de derechos y libertad que han encontrado un eco amplificador y distorsionador en las concavidades del individualismo liberal. Pero en la vida diaria de personas y sociedades, sobre todo en el segmento de las clases medias-altas, la idea de compromiso está eclipsada por una constante actividad de negociación de acuerdos, de estipulación de condiciones y firma de contratos.

Las leyes definen que los contratos, para ser válidos, han de ser suscritos libremente y sin presiones, pero nadie es tan ingenuo como para pasar por alto que las posiciones a la hora de negociar –incluso dentro de la estricta legalidad– no son siempre equilibradas. Quien tiene la necesidad de vender un bien, un servicio o su fuerza de trabajo está supeditado a una presión que debilita su capacidad negociadora y concede ventaja a la otra parte. Quien tiene menos conocimientos, experiencia, contactos, respaldo financiero, margen temporal, acceso a la información u otros beneficios competitivos, tendrá más difícil alcanzar un buen trato.

Y en ese escenario vivimos, y en ese escenario viven las élites arropadas por el privilegio que hace que entiendan el mundo como el parqué de una plaza bursátil. El contrato social que imaginaron Hobbes, Locke y Rousseau se percibe desde ese marco como una transacción en la que hay que desequilibrar la balanza a favor de mis posiciones. No es un vínculo con la sociedad que he de cuidar y cultivar, sino una negociación que he de ganar. Porque “yo lo valgo”. No hay un compromiso, hay una compraventa.

Decía Bakunin que el contrato social era una argucia dialéctica para dar cobertura a la ilegitimidad intrínseca del proceso de imponer la autoridad por parte del Estado, en lugar de alcanzar la soberanía popular de forma emergente a partir de principios racionales. Pero sin necesidad de compartir posiciones anarquistas, esta pandemia nos está confirmando que esto no va de comercio, de negocios ni de dividendos. Que no es el contrato social en bruto y desregulado, sino el compromiso colectivo lo que nos puede salvar. Intentemos trasladar al ámbito de lo público las fórmulas que nos gusta valorar y disfrutar en nuestras relaciones. Podemos vivir y entender lo político como vivimos y cuidamos nuestros vínculos. Y, desde luego, con palos y cacerolas podrán ensordecernos, pero no nos van a seducir.

El autor acaba de publicar:

Anarquía Relacional. La revolución desde los vínculos.

Editado por La Oveja Roja

«Una revolución desde los afectos: esa es la propuesta principal de este libro, que entreteje los principios del anarquismo social con el deseo de extender el ámbito de lo político a las formas que damos a nuestras relaciones».

Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

Racismo, Xenofobia y COVID-19

Ángeles Solanes Corella

El racismo, como la xenofobia y la etnofobia, tiene una característica común con el COVID-19. En cuanto “enfermedades contagiosas” acechan sin ser vistas, se propagan rápidamente, causan graves daños en las personas y, en general, en las sociedades. Reparar las consecuencias de este tipo de discriminaciones, no digamos ya curarlas (o prevenirlas), exige otra forma de actuar. Como recordaba Maquiavelo, si se quiere predecir el futuro, se debe tener en cuenta el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos anteriores.

La lucha contra la discriminación por origen racial o étnico, y contra la xenofobia, no es una cuestión nueva. De hecho, el instrumento internacional de referencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se aprobó en 1965. Los estándares normativos afianzados en las últimas décadas han sido fundamentales para consolidar en el ámbito internacional y nacional un amplio marco jurídico en la lucha contra la discriminación. Así, por ejemplo, en el ámbito europeo, la discriminación, el acoso y la violencia motivados por prejuicios de índole racial o étnica, son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, sobre la lucha contra ciertas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, y la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, que implementa el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 62/2003). En la misma línea, han trabajado los diferentes organismos especializados para la protección de la igualdad y la no discriminación que se agrupan en la European Network of Equality Bodies, (EQUINET) de la que forma parte el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Sin embargo, estos esfuerzos no han permitido erradicar las múltiples formas de discriminación por origen racial o étnico, como ha evidenciado de manera reiterada en sus informes la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por eso, el racismo, la xenofobia y la etnofobia derivados de la pandemia por COVID-19, han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan.

La investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre las experiencias de discriminación de las minorías, constata que se han producido incidentes racistas o xenófobos, delitos de odio contra personas por su origen (percibido) como chino o asiático, y casos de discurso de odio contra otros grupos de extranjeros y personas romaníes. Este tipo de discriminación, como ocurre siempre en la práctica, se ha combinado también con otras por razón de género, edad, religión y discapacidad. Se pone así en evidencia la necesidad de una perspectiva interseccional en materia de discriminación, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, como los señalados, la confluencia simultánea de estos motivos hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios.

Como señala el informe de la FRA, en los diferentes Estados de la Unión Europea, se han producido incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia dirigidos a ciertas comunidades por su nacionalidad, origen racial o étnico, vinculadas a la pandemia por COVID-19, que pueden resumirse en tres ámbitos:

  1. La dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. A pesar de que los datos son provisionales, se documenta una especial dificultad para el disfrute de los recursos sanitarios y para la correcta garantía del derecho a la educación (en este caso también por las cuestiones derivadas de la brecha tecnológica) en el ámbito público; y en el sector privado se refleja en los obstáculos para acceder a servicios como farmacias y supermercados. Así se ha evidenciado también en la campaña #NoSoyUnVirus, (#ImNotAVirus, #JeNeSuisPasUnVirus).

Los incidentes motivados por prejuicios impactan no solo en sus víctimas directas sino también en toda la comunidad. Como evidencia la Red Europea contra el Racismo, en tiempos de crisis, las minorías sufren una ansiedad, miedo y preocupaciones mayores sobre su seguridad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud (ENAR). El resto de la población, preocupada por la escasez de recursos, especialmente en el ámbito sanitario, suele mostrarse reacia a medidas que hagan prevalecer el principio de igualdad.

  1. La preocupación por las declaraciones de representantes de partidos políticos y figuras públicas. En diferentes países se han producido manifestaciones de representantes públicos en las que se hace referencia al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. Así, por ejemplo, cabe mencionar las desafortunadas declaraciones de un político español que aseguró que los “anticuerpos españoles” derrotarían “al virus chino”. De esta manera, se pone de manifiesto que la pandemia ha servido, también, para ahondar en el populismo nacionalista. En ese sentido, la ascendencia de las ideologías y estrategias populistas nacionalistas supone una amenaza significativa para la igualdad racial o étnica, ya que fomenta la discriminación y la intolerancia y la creación de instituciones y estructuras que dejarán legados perdurables de exclusión. Desde el actual populismo nacionalista, con algunos partidos y organizaciones, se promueven prácticas y políticas excluyentes o represivas que perjudican a determinados grupos. Además de apuntar a los extranjeros y las minorías como objetivos de sus ataques, como se ha comprobado con la pandemia, estas prácticas adoptan formas especialmente virulentas y difíciles de perseguir cuando se realizan desde la opacidad que ofrecen las redes (así lo recuerda la Asamblea General de Naciones Unidas).
  2. El papel de los medios de comunicación. Las noticias de los medios sensacionalistas sobre el origen y el desarrollo del COVID-19 pueden dar lugar a chivos expiatorios, agitando actitudes racistas y xenófobas. El tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas, sirven como pretexto para discriminar. Para prevenir este tipo de actitudes, la Ethical Journalism Network ha publicado una guía con consejos sobre cómo informar del COVID-19, para evitar el perfil racial, el sensacionalismo y el alarmismo.

Estos tres ejes de preocupación que se han apreciado a nivel europeo se constatan en España. Ante esta realidad, el mencionado Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha aprobado el 13 de abril de 2020, una recomendación para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. En ella se enfatiza la necesidad de prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, los grandes olvidados en las medidas contra la pandemia, como las personas que residen en asentamientos chabolistas, las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, los menores extutelados, las familias monoparentales (materna o paterna), o las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, no puede obviarse la barrera idiomática que conlleva discriminación y exclusión.

Otras dos medidas son fundamentales para afrontar las dificultades objetivas que encuentran determinadas minorías. Por un lado, la necesidad de garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico, sin tomar en consideración su situación administrativa en España. Por otro lado, es imprescindible favorecer la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena, para evitar que queden impunes.

Precisamente la infradenuncia es un tema recurrente en el caso de las discriminaciones por origen racial o étnico. Así se constata desde la encomiable labor que realiza el Servicio de Atención y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Dicho servicio, que depende del citado Consejo, es estatal y gratuito, y se presta en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. En sus oficinas se han atendido casos de discriminación relacionados con la propagación del COVID-19 y se han documentado ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios. Con la finalidad de facilitar la posibilidad de hacer frente y combatir estas situaciones, se puede acudir al mencionado Servicio que continúa plenamente operativo.

La pandemia ha sido, y es, un escenario excelente para avivar la dualidad del discurso que ve en unos determinados colectivos la posibilidad de uso utilitarista, y, al mismo tiempo, los excluye, como “desechables” en la terminología de Zygmunt Bauman. Así, mientras la situación creada por el COVID-19 agudizaba el déficit de personal sanitario, mano de obra en el campo y en el ámbito de los cuidados, de tal manera que se miraba a la inmigración como una válvula de escape dentro de la propuesta del FMI de aumentarla para hacer frente a la crisis; al mismo tiempo, se proponía el recorte de derechos para inmigrantes en situación administrativa irregular. A ello habría que sumar, la indefinible situación de las personas en esas zonas de suspensión del Derecho que llamamos fronteras, que han visto como el COVID-19 se convierte en un motivo más para sumar detenciones y vulneraciones de sus libertades.

Desde estos parámetros hay que construir la vuelta a lo cotidiano. La nueva normalidad, que en su misma denominación entraña un oxímoron, no debe suponer mantener un modelo que normaliza la discriminación. Eso sería tanto como admitir que todo ha cambiado, para que nada cambie. O lo que es lo mismo, que formamos parte ya del infierno de los vivos, del que hablara Italo Calvino, ese que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La pandemia por COVID-19, puede ser una buena oportunidad para darnos cuenta, desde la necesaria atención y aprendizaje continuos, de que la lucha por la igualdad, contra la discriminación, es una forma de escapar del averno.