La libertad educativa de las familias: una excusa de la derecha para perpetuar la desigualdad social

Ana Valero

En su soberbio discurso en la sesión del pleno de investidura de la presidencia de la Comunidad de Madrid, del 14 de agosto, Ángel Gabilondo criticaba la propuesta de la candidata de potenciar la libertad de las familias de elegir centro educativo a través de cheques escolares en detrimento de la escuela pública. Esta propuesta, incluida en el programa del PP madrileño a exigencia de sus socios de VOX, no es nueva, todo lo contrario, pues se encuentra en la base de las políticas educativas de los gobiernos de la derecha de los últimos diez años, y su puesta en práctica ha convertido a España en uno de los países de la UE con más segregación escolar.

El debate sobre la libre elección de centro escolar apareció por primera vez en la década de 1950 en Estados Unidos, a partir de la publicación de “El papel del gobierno en la educación”, de Milton Friedman. Desde su punto de vista, si la prestación del servicio educativo permanece en manos del Estado carece de incentivos para un uso eficiente y efectivo de los recursos, ni para la innovación. La libre elección, por el contrario, según la orientación de Friedman y sus partidarios, introduce la competitividad entre las escuelas, lo que las obliga a mejorar su gestión y rendimiento, ampliándose con ello una oferta más eficiente e innovadora que atrae a nuevos estudiantes.

Siguiendo esta estela, en España, la libre elección de centro educativo por parte de las familias parece haberse convertido, para los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo, en el derecho fundamental que enarbolar para: por un lado, justificar un incremento de la concertación de la escuela privada y; por otro, adoptar estrategias de promoción de la competitividad entre escuelas, incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y ranking; o, una financiación competitiva que premie a las escuelas que más demanda consigan.

Este es el planteamiento al que se adhiere la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa del señor Wert, LOMCE, que otorga un papel preeminente a la libre elección de las familias, y condiciona el incremento de los conciertos a la llamada “demanda social” -artículo 109.2-. De acuerdo a esta Ley, el diseño de la red de centros escolares queda subordinado a la demanda de las familias. De modo que, si éstas solicitan más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debe proceder a realizar más conciertos, lo que coloca a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada.

La evidencia demuestra que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. Como señala el Informe de la OCDE School and Equality, mientras las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos de acceso a la información necesaria para escoger un centro educativo, las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio, lo que favorece la segregación escolar y la aparición de “centros gheto”. Algo en lo que han incidido los sucesivos informes sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa.

Según la encuesta publicada por la oficina de estadística europea Eurostat en el año 2018, España se sitúa de nuevo a la cabeza de Europa en tasa de abandono escolar temprano. Esta tasa, que refleja el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la educación secundaria y no continúa ningún tipo de formación, se situó en el 17,9%, más de siete puntos por encima de la media del conjunto de la Unión Europea, que alcanzó el 10,6%.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico”. Este estudio, junto con el Informe “Mézclate conmigo” de la organización Save The Children, señalan que la segregación escolar por motivos socioeconómicos alcanza en España un índice de 0,38, lo que implica que eliminar la segregación escolar requeriría cambiar al 38% del alumnado más vulnerable de unos centros a otros. Estos datos convierten a nuestro país en uno de los países más segregados de Europa, ocupando un sexto puesto que lo equipara a algunos de los países del Este y lo aleja de los países de su contexto más cercano.

La OCDE advierte que la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales y vitales completas; dificulta que el conjunto del alumnado tenga trayectorias educativas exitosas; y contribuye a mantener las menores oportunidades de los sectores más vulnerables. En suma, el fenómeno segregativo compromete la función de igualación de oportunidades propia de la educación.

Sin embargo, y a pesar del empeño conservador, que se arropa una y otra vez en el término constitucionalista para justificar sus políticas, el modelo educativo diseñado por la Constitución difícilmente casa con sus planteamientos: pues, el objeto último de la educación previsto por su artículo 27.2 consiste en potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre y democrática. Un objetivo cuya satisfacción -en un Estado que proclama la justicia y la igualdad entre los valores superiores de su ordenamiento (artículo 1 CE), y cuyo artículo 9.2 CE exige de los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas- solo es posible mediante la procura del pleno ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, tanto en la fase de acceso a la educación como en su desarrollo y resultado.

Es por ello que, al igual que el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del que trae causa, el derecho a la libre elección de centro escolar es en España un derecho de libertad y no de prestación, no existiendo la obligación constitucional de los poderes públicos de proporcionar los medios materiales que garanticen su satisfacción. En palabras del Tribunal Supremo: “Este derecho no puede tener un valor absoluto, de modo que en todo caso deba respetarse la voluntad paterna por encima de cualesquiera circunstancias. Por el contrario, obvias razones materiales y presupuestarias hacen limitados tanto los centros existentes como las plazas en ellos disponibles”.

De este modo, el alcance constitucional del derecho a la libre elección de centro, a diferencia de lo que los partidarios de la educación privada pretenden, se limita a garantizar que las familias puedan mostrar su preferencia por un determinado centro, y a que el sistema educativo esté configurado de tal modo que la opción realizada sea tomada en consideración por los poderes públicos, no siendo en ningún caso vinculante. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucionalmente reconocido a ocupar preferentemente una plaza en un determinado centro docente”. Esto significa que lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección y no el acceso efectivo.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la escolarización gratuita garantizada por la Constitución no lo es en cualesquiera centros privados, pues los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. De modo que la plaza escolar finalmente atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias mostradas y ello no implica que se esté asignando un destino forzoso que vulnere derecho fundamental alguno. En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional ha afirmado, por ejemplo, que no hay un derecho constitucional a elegir centros en los que se eduque en lengua determinada; ni un “derecho a la igual distancia física de todos los centros públicos respecto de los lugares de residencia de los alumnos. Por ello, no constituye discriminación que el resultado del proceso selectivo haga que el centro escolar resulte más cercano a casa a unos que a otros”. En el mismo sentido el Tribunal Supremo ha afirmado que “en líneas generales puede aceptarse que el derecho de los padres o tutores a elegir centro de enseñanza para sus hijos o pupilos constituye un ingrediente habitual del derecho a la educación, pero cuando choca con las conveniencias didácticas, el ejercicio de ese derecho sólo puede ser satisfecho como manifestación de preferencia que debe ser satisfecha siempre que sea posible”.

Señores de las “derechas”, dejen de manosear el término “constitucionalista” y estudien con atención la virtud de una norma, la Constitución española, que proclama  precisamente lo contrario a lo que ustedes practican, también en materia educativa.

Los vértigos de la defensa militar

Carlos Penedo

Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.

Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.

Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.

La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.

Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.

En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsables políticos, de declaraciones en cumbres y pre-cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.

poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.

Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de “OTAN: el vértigo de la retirada americana”.

En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.

Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.

Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.

Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.

Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.

Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. “La OTAN ha hecho teoría desde la práctica”, defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.

Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.

Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.

El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.

Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).

A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.

El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.

La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario (“La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo”), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.

Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.

¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?

¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?

El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.

Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.

En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.

Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.

Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.

La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

 

Derecho a la desinformación

Carlos Penedo

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, advierte. Y, “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar (“expresar y difundir libremente”) y a ser informado (“recibir libremente información”). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, “información veraz”, que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La “información veraz” puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que “el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie”.

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

 

Restituir la palabra

Gabriel Moreno González

 

En estos tiempos de campaña electoral son frecuentes los ejemplos de mala educación de algunos candidatos y los descalificativos, constantes, en los que incurren. Las quejas contra esas estridencias intentan sin mucho éxito hacerse notar en medio de un ruido incansable de hipérboles, salidas de tono, acusaciones falsas y difamaciones varias que han venido a normalizar, con relativo éxito, un clima de crispación política sin igual en la historia de nuestra reciente y maltrecha democracia. Porque henos aquí con uno de los principales medios de atentar contra ella: el del maltrato permanente, sin rubor, del valor de la palabra.

            Los análisis sesudos sobre la calidad de los sistemas democráticos de “nuestro entorno” y los cientos de índices que a tal efecto se elaboran tienden a centrarse, exclusivamente, en las fallas de la institucionalidad o en el cumplimiento de los principios del Estado de derecho y la separación de poderes. Y no es que estén errados, puesto que países como el nuestro adolecen de múltiples vicios y “déficits” (como se dice ahora) lo suficientemente aparatosos como para que todos, en reflexión colectiva, empecemos a percatarnos ya de la gravedad de los mismos. Los casos recientes que están apareciendo y que se encuentran bajo investigación judicial, en los que se vislumbra un combalache de policías, periodistas y gobernantes con el objetivo de fabricar falsedades contra uno de los principales partidos políticos de España, nos ilustran mejor que cualquier deducción la necesidad de que sigamos cuidando y vigilando a unos poderes salvajes que, desde el interior del Estado, torpedean los principios que en teoría deberían presidirlo. Pero, más allá de la intensidad de estas realidades, sin duda graves por su mera existencia, podemos encontrar otros parámetros para medir la calidad democrática de nuestro país y que suelen quedar fuera de los radares de los índices y los ránkings a los que, con tanta fe mariana, se aferran algunos.

            La proliferación del insulto en las manifestaciones políticas debería centrar también nuestra preocupación por el mantenimiento de un mínimo de democracia que hoy, lamentablemente, se aleja cada vez más de una actualidad asediada por la polarización. Es imposible mantener un sistema democrático que quiera predicarse como tal si los principales actores políticos que lo forjan día a día se decantan por la difamación y por el discurso odioso contra un “enemigo” al que previamente se demoniza. “Okupa” o “traidor” son dos de los calificativos menos hirientes que Pablo Casado dedica al Presidente del Gobierno, al que sintomáticamente nunca denomina así para intentar negar, con ello, el reconocimiento mismo de su legitimidad. Y es que el uso de esos términos refleja no sólo la débil capacidad dialéctica que se le intuye al vociferante, sino la pendiente por la que están comenzando a bajar, sin freno, sus concepciones de lo democrático.

            Al margen de ideologías, de ideas políticas, de simpatías personales o de adherencias partidistas, todo demócrata (es más, ¡todo liberal!) ha de compartir la necesidad de que, para adjetivarse como tal, se respete al contrario y se le reconozca su existencia política. Un respeto que no es únicamente un ejercicio de mera tolerancia, sino un elemento insustituible de la isegoría de la que nos hablaban los griegos, de la igualdad entre ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que es, en el fondo, el uso mismo de la palabra. La comunidad política democrática es la que permite y alienta un ágora, un espacio permanentemente abierto de confrontación retórica, para que las distintas ideas puedan defenderse y enfrentarse (ágora viene de agón, conflicto) desde el reconocimiento activo hacia el otro, hacia el que no piensa como nosotros. Los intentos de neutralizar esa capacidad de confrontación mediante el uso del insulto y la difamación, que no son más que la negación del “otro” en su propia alteridad, constituyen pretensiones a su vez de negar el valor mismo de la democracia, es decir, el cuidado de la palabra en común dicha en el ágora de lo político. Porque la política democrática es eso, es palabra que se confronta, es palabra que se pronuncia y que, con su uso, tiene por objetivo su materialización misma en actos, en acciones y en decisiones.

            Las elecciones son el momento decisivo de esa democracia retórica, ya que es en ellas cuando el valor de la palabra tiene la posibilidad máxima de materializarse en uno u otro gobierno. Sin embargo, el espectáculo lamentable al que estamos asistiendo las priva hoy de dicha potencialidad. De ahí la preocupación extrema que tenemos que mostrar por nuestra democracia, por un sistema que ya tiene por sí suficientes defectos y fallas en su institucionalidad como para que ahora añadamos el peor de todos los vicios, que es el de la negación de la igualdad respetuosa del adversario. Si Casado se considera liberal, que parece que sí (no sabemos muy bien por qué), debería aprender que los grandes liberales, como Benjamin Constant, Madame de Staël o Stuart Mill cultivaron antes que nada el amor por la palabra y por el respeto, y que fueron muy conscientes de que sus respectivos menoscabos nos acercaban cada vez más a las puertas de la barbarie y de la negación de un ágora, de un espacio de lo político, que siempre pretendieron cuidar. Algunos de aquellos viejos liberales fueron excesivamente vehementes en la defensa de sus ideales, pero hasta Jefferson terminó carteándose con su gran adversario, Adams, en una correspondencia única rebosante de respeto mutuo y admiración por el otro.

Simone Weil nos alertaba de la fragilidad de lo mejor que pueden dar los patriotismos, que es el apego por lo común y por el interés colectivo; una fragilidad que puede romperse, no obstante, por la acción interesada de otros falsos patriotismos como el de nuestro irrespetuoso vocinglero. En éstos no se busca ese apego ciudadano, sino su destrucción en los altares del desprecio hacia el valor de la palabra que debería regir el edificio de nuestra copertenencia. El número de insultos no aparece en los índices, pero nos muestra con más fuerza que otros parámetros la debilidad de una comunidad política que quiere ser, y algún día puede que lo consiga, un verdadero Estado social y democrático de Derecho. Recuperemos la serenidad y hagámoslo entre todos, apartando el ruido de nuestros espacios comunes y dándole a la palabra democrática la posición que le corresponde.

Ciencia contra la desinformación

Carlos Penedo

La desinformación (fake news, noticias falsas) está demostrando una capacidad muy destacada para aparecer como síntoma de enfermedades diversas, de manera similar a cómo alérgicos y acatarrados comparten mismas reacciones por causas diferentes.

El picor de ojos y estornudo desinformante, con efectos letales sobre el enfermo y su círculo, puede tener detrás el virus de la guerra, de la geopolítica, de la protección de datos, de la competencia por la publicidad en la web, de la falta de credibilidad del periodismo o la pretensión de rematarlo, de la búsqueda de un nuevo modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales, de la promoción de tráfico digital e ingresos, de la transparencia de las campañas de publicidad en canales digitales o del propio virus que lleva a las plataformas tecnológicas a pagar pocos o muy pocos impuestos y entonces la desinformación es un buen motivo para perseguirlas.

Como con cualquier enfermedad, tras la alarma inicial -¡epidemia, genocidio!-, comienzan a aparecer investigaciones científicas, manejando otro tipo de plazos más pausados, que tratan de analizar el fenómeno de la desinformación, lo que permite teorizar y extraer conclusiones a partir de datos, novedad en un panorama en el que abundan reclamos alarmistas y acusaciones no fundadas.

La prestigiosa revista Science ha publicado este mes de enero un artículo sobre la proliferación de noticias falsas durante las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. Analizando cuentas de votantes en Twitter sus autores tratan de determinar quién estuvo expuesto a las noticias falsas, quién las difundió y cómo la desinformación interactuó con noticias reales.

Las principales conclusiones de la investigación revelan que las noticias falsas afectaron únicamente al 6% de todos los usuarios que compartieron contenidos políticos y estuvieron además muy concentradas: únicamente el 1% de los usuarios consumió el 80% de las noticias falsas; y un reducido 0,1% de los usuarios fue el responsable de compartir el 80% de la desinformación.

Los contenidos falseados también se encuentran muy concentrados, un 5% de las fuentes de este tipo de noticias falsas registraron más del 50% del tráfico.

El estudio está firmado por cinco investigadores de las universidades de Boston, Harvard y Buffalo, quienes analizaron 16.422 cuentas de Twitter -representativas del votante medio norteamericano- y los tuits que enviaron durante algo más de cuatro meses (entre agosto y comienzos de diciembre de 2016, alrededor de las elecciones celebradas el 8 de noviembre).

El informe revela también que los usuarios que más consumen y difunden noticias falsas son extremadamente más activos que la media y cabe pensar por el elevado número de retuits de contenido político de muchos de ellos sean cuentas automatizadas total o parcialmente.

La afinidad política supone asimismo un factor relevante en la difusión de desinformación política en Twitter durante las elecciones norteamericanas, según este estudio, que señala que menos del 5% de la gente de izquierdas difundió contenidos manipulados frente al 11% de los situados en la derecha y el 21% de la extrema derecha.

En contra de otros estudios publicados, en este caso se afirma que la desinformación no es más viral que las noticias reales, los contenidos que más circulan proceden de medios tradicionales.

Del estudio no se puede deducir la influencia real de la desinformación sobre la intención de cada votante, el comportamiento humano y político consecuencia de la exposición a ciertos contenidos, siempre una incógnita, pero sí es un acercamiento muy revelador a la difusión de esta mercancía. Los propios autores del artículo señalan que ha sido más analizada la participación de cuentas automatizadas (bots) en la difusión de noticias falsas que la experiencia personal de ciudadanos corrientes, como en este caso.

Otros estudios citados en la investigación publicada en Science coinciden en la tendencia clara de ciudadanos de ideología conservadora a consumir (y difundir) más noticias falsas que el resto, en concreto el 10% de los norteamericanos más conservadores se encuentran detrás del 60% de las visitas a fuentes de contenidos manipulados.

El análisis científico del fenómeno solo puede arrojar luz y alumbrar espacios que se irán ampliando con nuevas investigaciones que se vayan sumando, en cualquier sentido.

Del mismo modo cabe pensar que la tecnología que ha permitido la difusión inmediata, casi a coste cero y masiva de contenidos averiados cuenta con exactamente la misma capacidad para canalizar y difundir contenidos rigurosos, y para detectar la manipulación, por ejemplo para impedir la actividad disparada de cuentas muy concretas y reducidas en número responsables de multiplicar la difusión de contenidos procedentes de fuentes comprobadas como poco fiables.

En este sentido la Policía española ha comenzado a utilizar de forma experimental ciertos algoritmos que permiten detectar con un alto grado de acierto denuncias falsas, un apoyo que siempre necesita el criterio y la decisión final humana.

Una curiosidad relacionada con las incipientes iniciativas que comienzan a aplicar inteligencia artificial para detectar bulos o desinformación es que no se centran tanto en el contenido de los textos (la censura siempre rondará este tipo de actuaciones) como en patrones de difusión, el comportamiento de los usuarios, y la catalogación de cuentas o webs por sus contenidos averiados, los emisores suelen ser muy insistentes. Las iniciativas que trata de impulsar la Unión Europea en este ámbito se dirigen también más a limitar el tráfico que a poner límites a la resbaladiza libertad de expresión (aquí algunas pistas).

La ciencia y la tecnología detrás de nuestros males muy probablemente las encontraremos también detrás de su remedio, y en el camino, entre el ruido y la niebla, nos permitirán además ir distinguiendo cómo, quién y cuánto se difunde la desinformación, y los intereses diversos que la impulsan.

 

La criminalización del rap

Ana Valero

Si se repasan los casos en los que la libertad de expresión ha sido limitada en los últimos años en España, que son muchos, no es difícil reparar en el hecho de que, de todos ellos, los únicos que han derivado en una condena penal privativa de libertad han sido los de los raperos.

La lista, como decía, es amplia y en este blog hemos dado cuenta de la mayoría de ellos. Haciendo una revisión de los mismos no es difícil agruparlos en tres grandes categorías en función del delito atribuido a sus autores:

En una primera categoría englobaríamos todos los casos en que el motivo de la judicialización ha sido la supuesta comisión del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525 de nuestro Código Penal. En ella incluiríamos los casos de: Javier Krahe -juzgado por un vídeo en el que enseña “cómo cocinar a un Cristo”, filmado en el año setenta y siete y que fue emitido en el 2004-; Rita Maestre -concejala del Ayuntamiento de Madrid, procesada por realizar un acto de protesta en la capilla de la Universidad Complutense en el que se desnudó de cintura para arriba-; Abel Azcona -artista plástico y de performance que compuso con 242 hostias consagradas la palabra “pederastia”, como una de sus obras creativas-; y Leo Bassi -actor cómico que en el año 2010 protagonizó en público una parodia de Juan Pablo II y consagró preservativos que distribuyó en Paraninfo de la UVA-.

En un segundo grupo estarían todos aquellos casos en los que el delito de enaltecimiento del terrorismo o la incitación al odio y a la violencia son las conductas perseguidas, las cuales se encuentran tipificadas en los artículos 578 y 510 del Código Penal respectivamente. Aquí cabría mencionar: el caso de los titiriteros que fueron encarcelados preventivamente porque en su obra de teatro aparecía un guiñol de trapo que exhibía una pequeña pancarta  en la que se decía “Gora Alka ETA”; el del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que fue juzgado por chistes sobre el Holocausto o Irene Villa publicados desde su cuenta de Twitter en el marco de un debate y reflexión sobre los límites del humor negro; y el caso de Cassandra, la joven que publicó en su cuenta de Twitter diversos tuits en tono satírico sobre la figura de Carrero Blanco.

Al enaltecimiento del terrorismo y la incitación al odio en ocasiones se ha sumado el delito de injurias a la Corona o injurias a las Instituciones del Estado, como en el caso del director de la revista satírica El Jueves por publicar un artículo satírico titulado “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Pero en este artículo vamos a centrarnos exclusivamente en el examen de los casos en los que los autores de los delitos imputados son raperos y ello porque, como señalaba al inicio, curiosamente son ellos los únicos que han sido finalmente condenados penalmente por los tribunales. Asumiendo el riesgo de poder ser tachada de excesivamente subjetiva en los argumentos que voy a esgrimir a continuación y aceptando la posibilidad de que se trate de una mera coincidencia, pretendo barajar distintas variables que deberían ser tenidas en cuenta en el análisis de esta, a primera vista “casual”, realidad.

 En primer lugar nos encontramos con el caso del rapero Valtonyc, que ha sido condenado a tres años y medio de prisión por haber cometido, según el Tribunal Supremo, los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona a través de las letras de sus canciones publicadas en Youtube con mensajes como “en el palacio del Borbón, Kalashnikov”, “un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO” o “que explote un bus del PP con nitroglicerina cargada”, entre otras.

Por los mismos delitos ha sido condenado a dos años de prisión por la Audiencia Nacional el también rapero Pablo Hasel, al que este órgano judicial le aplica la “doctrina Valtonyc” por el contenido de 64 mensajes publicados en Twitter y una canción en YouTube que incluyen frases como “Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”; “La Guardia Civil, como hasta el tribunal europeo ha dicho, ha torturado”; “la policía asesina con total impunidad”; “Las manifestaciones son necesarias pero no suficientes, apoyemos a quienes han idos más allá”.

A los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a las Instituciones del Estado y a la Corona se suma el de discurso del odio en el caso del rapero César Strawberry, condenado por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por varios comentarios que publicó en su cuenta de Twitter en los que ironizaba con la vuelta de ETA y los GRAPO. Entre ellos se pueden mencionar: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”; “Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”; “Ya casi es el cumpleaños del Rey ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora”; “Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”.

Y, por último, cabe señalar la condena por parte de la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión de los doce integrantes de la banda de rap La Insurgencia, por el delito de enaltecimiento de terrorismo en el que, según este tribunal, incurrían las letras de sus canciones. En ellas se pueden escuchar frases como estas: “Yo soy un romántico de la lucha armada, chico, te lo explico, revolución o nada”; “Somos comunistas no librepensadores, contra los opresores violencia legítima”; “Mis héroes no son capos, mis héroes son GRAPOS, lánzame el tirito que yo no entro al trapo”; “Somos el vuelo de Carrero, el deseo de un golpe certero”.

El activismo político y social siempre ha encontrado en la música su banda sonora. Desde el juglarismo medieval a la canción protesta de los años 60 y 70, desde el reggae de los 70 al punk de los 80 y 90, en todas las épocas encontramos himnos generacionales vinculados a movimientos sociales. Y el rap no es una excepción, es más, es uno de los géneros musicales donde dicha vinculación se produce más nítidamente pues sus letras se distinguen por mantener una constante crítica y rebeldía.

El rap nació en los años setenta en el Bronx negro de Nueva York. Proviene del acrónimo del inglés Rhythm And Poetry (ritmo y poesía) o Rage Against Police (rabia contra la policía) y desde sus inicios tuvo un contenido contestatario que lo unió inmediatamente al grafiti.

En la actualidad si hay algo que caracteriza al rap a nivel mundial es su profundo carácter anticapitalista y, a nivel estatal, su orientación antifascista, su carácter de altavoz de las quejas de las clases desfavorecidas y, sobretodo, y esto es muy relevante por el tema que nos interesa, su llamamiento a la movilización, algo que lo convierte en especialmente atractivo para la juventud. Podríamos decir que es combativo y, por tanto, molesto para el poder.

Dicho carácter podría explicar nuestra hipótesis de partida: ¿existe algo más a parte de lo que, desde mi punto de vista, es una mala praxis en la aplicación de un Código Penal como el español que además contiene “delitos de opinión? ¿podría ese carácter combativo y movilizatorio propio del rap influir en las decisiones de los jueces? Porque si algo es cierto es que, habiéndose dado casos similares en los que los delitos atribuidos eran los mismos, la respuesta judicial ha sido diferente.

A este respecto debemos señalar que es innegable que se ha producido un cambio de doctrina en la Audiencia Nacional con respecto a la interpretación que sus jueces hacen del enaltecimiento del terrorismo, lo que explica que mientras la banda terrorista ETA estaba en activo apenas había juicios y condenas en aplicación de este delito. Sin embargo, a partir del 2011, año en que la organización terrorista dejó las armas, las sentencias condenatorias no han hecho más que incrementarse hasta llegar a multiplicarse por cinco, siendo los condenados personas ajenas al terrorismo.

Un claro ejemplo de lo afirmado es lo sucedido en el Caso Strawberry, en el que el Tribunal Supremo ratifica una interpretación del artículo 578 CP que, desde mi punto de vista es, además de inconstitucional, muy peligrosa. Y ello porque la sentencia condenatoria afirma que no es importante el contexto en el que se producen y plasman las afirmaciones que suponen una humillación a las víctimas o si el acusado tiene o no afinidad con una organización terrorista, lo importante es la literalidad del mensaje publicado en las redes sociales o a través de una canción. Esta doctrina contradice frontalmente la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual, la “intención” del emisor del mensaje y el “contexto” en que lo emite son dos elementos determinantes en este tipo de delitos y en los delitos de odio.

Algo similar sucede con la aplicación del artículo 510 CP que tipifica el discurso del odio. No es este el momento de extendernos en el análisis del tenor literal de este artículo ni de los riesgos que el mismo conlleva, baste con señalar que la interpretación judicial que se está haciendo de él lleva a que se esté condenando penalmente la expresión de una opinión o adhesión ideológica. Y ello porque no se requiere que el discurso supuestamente odioso provoque una incitación “real” a la violencia o a la comisión de delitos, algo que a todas luces contradice la doctrina del “clear and present danger”.

Según esta doctrina, para que un mensaje, manifestado públicamente en cualquier formato, no quede protegido por la libertad de expresión debe generar una incitación directa al odio y no la mera posibilidad de que ésta pudiera producirse. Algo que parece desconocer la Audiencia Nacional cuando condena a los doce miembros del grupo La Insurgencia, aun afirmando en su sentencia que no hay un riesgo concreto de que las letras de los raperos animen a la comisión de nuevos atentados y que se trata, más bien, de un “riesgo abstracto” a que las canciones del grupo pudieran animar al público a seguir el ejemplo de los GRAPO. En definitiva, un riesgo potencial que no tendría por qué llegar a concretarse.

A la vista de lo expuesto me atrevería a decir que los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo parecen estar limitando el rap más allá de lo constitucionalmente admisible, tratando de evitar el riesgo “potencial” de que éste pudiera despertar más conciencias de las deseadas.

Fotos de Rosa Sánchez, en Muro Contra Pared : Paredes del Cabanyal

El Chojin – Libertad De Expresión

Sin intérpretes, no hay defensa

Asetrad

En octubre de 2010, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aprobaban la Directiva 2010/64 de la Unión Europea, relativa al derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales, una Directiva que «tiene por objetivo mejorar los derechos de los sospechosos que no entienden ni hablan la lengua del proceso». Sin entrar ahora en otro tipo de valoraciones, hay que señalar que esta Directiva no se cumple en España, por lo que aquel objetivo de mejora en los derechos de las personas que marcó la Unión Europea no se está cumpliendo.

Desde la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD) se quiere denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de España de una Directiva tan relevante. Esta se traspuso parcialmente mediante la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, pero se dejó pendiente la creación del registro oficial de traductores e intérpretes cualificados previsto en ella.

Este incumplimiento tiene consecuencias graves, ya que en ausencia de dicho registro, pueden ser contratados como traductores e intérpretes personas sin ninguna cualificación profesional ni conocimiento demostrado de los idiomas de trabajo. Recordamos que solo con traductores e intérpretes debidamente cualificados, y por tanto auténticos profesionales de la traducción y la interpretación, un procedimiento penal a un extranjero tendrá unas garantías de equidad.

Se da la circunstancia de que el pasado 28 de abril se cumplieron dos años de la fecha que el Gobierno se concedió para presentar un proyecto de ley para la creación de dicho registro, y en estos 24 meses no ha habido noticia de ningún texto. La directiva debería haberse traspuesto antes de octubre de 2013, tras un periodo extraordinario de tres años para hacerlo. Sin embargo, todavía esperamos las normas de aplicación que puedan hacer efectiva esta adaptación. Desde ASETRAD se recuerda no solo al Gobierno español su obligación de cumplir los plazos marcados en la directiva para su trasposición, sino también a la Unión Europea su papel para exigir a los Estados miembros el cumplimiento de sus compromisos.

La Directiva 2010/64 establece «normas relativas al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea». En este sentido, la aplicación de la norma comunitaria es una aplicación del derecho a un juicio justo contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art.6) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art.47).

Se trata de una norma de gran relevancia. En primer lugar, porque, de acuerdo con el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal, los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros, y para que esta confianza exista, es imprescindible el cumplimiento de unos parámetros, entre los que sin duda se encuentran los mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas.

En concreto, la Directiva establece que los Estados miembros «velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora» de interpretación y de la traducción escrita en el transcurso del proceso penal. Se trata, además, del derecho a una interpretación que no se limita al procedimiento en sí mismo, sino que se extiende a la preparación de la defensa, es decir, a la comunicación entre sospechoso o acusado y su abogado. Porque para que esa defensa pueda garantizarse, el sospechoso o acusado debe poder, entre otras cosas, explicar su versión de los hechos al abogado, ponerle en conocimiento de todo hecho que pueda alegarse en su defensa, y señalar que no está de acuerdo con una u otra afirmación. Solo de esa manera podrá salvaguardarse la equidad del proceso.

En conclusión, este incumplimiento de la Directiva comunitaria, además de vulnerar la legislación europea, entorpece, de forma grave, el trabajo los traductores e intérpretes judiciales y vulnera el derecho a la defensa de los acusados.

Este será uno de los temas que ASETRAD debatirá en una de las mesas redondas programadas el próximo mes de mayo en el Congreso que celebrará, los días 18, 19 y 20, en Zaragoza. La mesa tendrá el título «El traductor e intérprete judicial como garante del derecho a la defensa» y participarán en ella María Jesús Ariza, profesora de derecho procesal en la Universidad Autónoma de Madrid; Celicia Limona, intérprete judicial y traductora jurada; Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y Endika Zulueta, abogado penalista.

Ilustraciones: Señales marítimas internacionales.

Involución

Ana Noguera

Nuestra España está viviendo una involución cultural y una contrarreforma política preocupante. Nos censuran y nos autocensuramos, porque es más importante decir lo “oficialmente correcto” aunque, paradójicamente, nuestro comportamiento sea cada vez menos racional y más exaltado.

Se penaliza el sentido del humor (afortunadamente todavía no lo hemos perdido). Es verdad que muchos chistes, tuits o canciones denotan un mal gusto y un humor negro poco recomendable, aunque si volviéramos la vista hacia los 80, todavía recién estrenada la democracia, veríamos humor incisivo en todos los medios de comunicación, incluida la televisión pública; pero estamos cayendo en una paranoia preocupante, sobre todo, si quien marca el decoro lo hace desde posiciones sancionadoras. Sigue leyendo

Literatura y derechos

Patricia Goicoechea

Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Qué buena excusa para proponer desde aquí algunas obras literarias que tratan de derechos, del Derecho y del mundo de la Justicia.

Lo que encontrarán a continuación ni es, ni pretende ser, una de esas listas de “las 5 novelas imprescindibles sobre…”, por ello no verán citados ni El Proceso de Kafka, ni Matar a un ruiseñor de Harper Lee, ni El Extranjero de Camus, ni otras tantas tan conocidas. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque esas ya son de sobra conocidas y porque ya hay muchas listas por ahí de imprescindibles.

Lo que encontrarán a continuación son unas pocas novelas que a mí me han gustado y las comparto con ustedes, por si quieren animarse a leerlas o por si hoy desean regalar libros y, a estas horas del día, aún les viene bien alguna idea. Sigue leyendo

La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión. Sigue leyendo