¡VIOLACION EN MANADA!

Joan Carles Carbonell Mateu

La Sentencia anunciada dela Sala II del Tribunal Supremo sobre el caso “La Manada” -a falta de su publicación y consiguiente lectura- casa las que procedían de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y acoge todos los argumentos que  mantuvimos en su día en este diario: existía una manifiesta incongruencia entre el relato de hechos probados y la calificación jurídica. Lo que se produjo fue una situación de tal violencia e intimidación que la voluntad de la víctima quedó negada; no tenía capacidad alguna ni física ni psíquica para mantener una oposición. Y no se produjo un delito continuado sino tantos como agresiones, sólo el hecho de que nadie haya recurrido este aspecto impide que el Tribunal pueda reflejarlo en la calificación y en las correspondientes consecuencias jurídicas. La víctima recibió un trato vejatorio, en ningún momento fue considerada como persona sino como mero objeto para la satisfacción sexual y el pavoneo grupal de unos energúmenos que, no suficientemente contentos con sus heroicas hazañas, expresión obvia de su condición de machos dominadores, las grabaron, publicaron y mostraron al mundo entero.  En su comportamiento posterior, por cierto, no han mostrado el más mínimo arrepentimiento.

La Sentencia, según se anuncia, condena por un delito continuado -porque no puede variar esa condición si bien deja clara su opinión contraria- de agresión sexual (violación), con las agravantes de trato degradante o vejatorio y comisión conjunta de más de dos personas, contemplado en el artículo 180.1, 1ºy 2º y de acuerdo con el párrafo 2 de dicho precepto, a la pena de 15 años de prisión a cada uno de los acusados en su condición de autores.

La Sentencia deja claro, por otra parte, que a esas condenas se podía -se debía- llegar con la ley actual. El Gobierno trabaja en un proyecto de reforma, para el que se solicitó la colaboración de la Sección IV de la Comisión General de Codificación que emitió su Dictamen, proponiendo la desaparición de la figura de abusos sexuales y haciendo pivotar los tipos penales en torno a la no existencia de consentimiento y a la naturaleza del atentado a la libertad sexual; se pretende adecuar la legislación española a los Acuerdos internacionales en la materia y, concretamente, al Tratado de Estambul que impone la idea de que sólo el consentimiento expreso de la víctima deshace la naturaleza agresiva de cualquier acto contra la libertad sexual, el ya célebre “No es no” o, por mejor decir “sólo un sí no es un no”. La Reforma es, sin duda, conveniente. Pero no era necesaria para que no se hubiera producido un pronunciamiento jurisprudencial tan insensible ni tan desatinado. En definitiva, el problema no era la Ley sino el Tribunal. Y eso pone de manifiesto algo que, lejos de producir tranquilidad, comporta una preocupación mucho más grave: para cambiar el Código penal basta la voluntad y 176 votos favorables; para conseguir que los Tribunales lo apliquen como deben es imprescindible por supuesto la voluntad, pero también un cambio radical en los procesos de selección y de formación.

¡Qué tiempos nos toca vivir!

José Manuel López Blay

Señalar a las maestras y maestros, hacerlos responsables del envenenamiento de las almas de la infancia y la juventud, es un hecho, por desgracia, conocido en nuestra historia más reciente. Josefina Aldecoa, en su inolvidable Historia de una maestra apuntaba cómo fue frecuente, tras la revolución de 1934, leer en proclamas y editoriales de la prensa más cainita, alegatos denunciando la siembra en las aulas del germen de la rebeldía. Fue la macabra antesala del desproporcionado, arbitrario y devastador proceso de purga y depuración al que fue sometido el Magisterio en los primeros años del franquismo.

Mayo de 2018. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de presentar la campaña “No más adoctrinamiento en las aulas”, en la que se invita, a través de una plataforma alojada en su página web, a denunciar cualquier acto de adoctrinamiento sufrido en las aulas de las escuelas e institutos valencianos, garantizando el anonimato para evitar posibles represalias. Sigue leyendo

Violación en Manada

Juan Carlos Carbonell

La reciente Sentencia sobre el que ha dado en denominarse, por el apodo adoptado por el grupo de autores, “Caso Manada” ha sido recibida como un auténtico escándalo y ha generado una contestación masiva, tanto por el voto particular que viene a retrotraernos a tiempos no tan remotos en que cualquier mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo y en que la culpabilización de la víctima de un delito sexual era casi automática –no en vano la mujer era poco más que una “cosa” propiedad del padre primero y del marido después-, cuanto por el contenido de la condena cuya calificación jurídica convierte en abusos sexuales continuados once penetraciones de todo tipo: vaginal, anal y bucal, practicadas sobre una única mujer, en un patio oscuro y a las tres de la madrugada del día de San Fermín, en Pamplona. Sigue leyendo

La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley

Ana Valero

Maternidad subrogada o gestación por sustitución son dos términos empleados entre la comunidad científica y jurídica para referirse a lo que socialmente y sin eufemismos se conoce como “vientres de alquiler”, aunque yo prefiero hablar de “mujeres de alquiler”. Esta práctica que consiste en que una mujer gesta a un niño que será entregado con posterioridad a otra u otras personas, que pretenden convertirse en los padres de la criatura, está generando un acalorado debate en los últimos tiempos en España. Así, en los últimos dos años, a las voces académicas y científicas que se manifiestan a favor o en contra de la misma, se han sucedido propuestas concretas a nivel político pidiendo su regulación.

La maternidad por subrogación no está permitida en España, pues la legislación vigente establece la nulidad de los contratos que se realicen para dicho fin, dentro o fuera de sus fronteras por personas de nacionalidad española. Sin embargo, lo cierto es que las madres de alquiler son un hecho en España, pues los datos indican que los niños españoles nacidos a través de esta práctica se cifran en torno a los 1.000 al año en detrimento de la adopción internacional que ha descendido hasta un 70%, en el marco de los aproximadamente 20.000 niños que nacen mediante este método en el mundo, según la ONG suiza International Social Security.

Cabe señalar a este respecto que, preguntada la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre el número de inscripciones de niños españoles nacidos a través de esta práctica, nos ha dado una cifra mucho menor. Sigue leyendo

¡Menudo Cristo! ¿Qué hacemos con el delito de blasfemia?

Joaquín Urías

El mundo, incluso el mundo del derecho, está a veces lleno de casualidades. Y una de estas casualidades ha querido que se publiquen con pocas horas de diferencia dos sentencias muy dispares sobre un mismo tema: el uso lúdico de la imagen de Jesucristo. Una es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la otra de un juez de Jaén. En la primera se juzgaba el caso de unas fotografías publicitarias que usaban la imagen de Jesucristo y la Virgen María para vender ropa. En la segunda, el fotomontaje publicado por un joven jiennense superponiendo su propia cara a la de un cristo de la ciudad. Los casos son parecidos, pero las soluciones diametralmente opuestas.

En el asunto Sekmadienis Ltd. contra Lituania el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al país báltico por una decisión de su agencia de protección al consumidor contra una cadena de ropa. La empresa había publicitado tres carteles. En uno aparecía una imagen de Jesucristo, con el cuerpo alegremente tatuado y vestido únicamente con unos pantalones vaqueros de la empresa y el lema ¡Jesús, qué jeans!; en otro aparecía la Virgen con un vestido de la marca y el lema ¡Virgen santa, qué vestido!; el tercero juntaba a ambos y decía ¡Jesús, María, menuda ropa! La agencia lituana de protección al consumidor -tras escuchar al órgano de autocontrol de la publicidad y a la conferencia episcopal-  le impuso una multa por atentado contra la moral. En su decisión consideraba que los anuncios “promocionaban un estilo incompatible con el de una persona religiosa” y “degradaba a Jesús y María como símbolos sagrados de la cristiandad”. Sigue leyendo

Noticias falsas (fakenews) y derecho a la información

Joaquín Urías

El prestigioso diccionario británico Collins publica a final de cada año su listado de las nuevas palabras y expresiones que más se han usado. El número uno de esa lista durante el año 2017 lo ha ocupado la expresión “fake news”, que se suele traducir como ‘noticias falsas’, aunque debería hacerse como ‘noticias falseadas’.

Se trata de una categoría que hace tan sólo unos meses no usaba nadie y que sin embargo de pronto se ha colado en nuestro lenguaje cotidiano. En su difusión extraordinaria ha tenido mucho que ver el Presidente norteamericano Donald Trump, que lo usa con frecuencia en sus tuits, apropiándose de una idea que empezó a utilizarse precisamente contra él: para denunciar la manipulación operada por algunas empresas informativas estadounidenses que, durante la campaña electoral, no dudaron en inventarse noticias escandalosas con la intención de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Así que en poco tiempo se ha puesto de moda anunciar con tono apocalíptico que las fake news son una de las grandes amenazas actuales para la prensa y el derecho a estar informados. Sin embargo, aunque las noticias falsas construidas expresamente para crear opinión pública a partir de hechos inexistentes es un peligro para la libertad de información, el uso indiscriminado de la propia expresión fake news supone un peligro aún mayor: una vez que se ha puesto nombre a los peores mecanismos de manipulación, es difícil no caer en la tentación de aplicarlo a cualquier noticia que queramos descalificar. El resultado es que se acaba por poner en duda la veracidad de cualquier información, dejando a la población en manos de bulos de cualquier tipo. Veamos cómo pasa esto. Sigue leyendo

La asignatura pendiente de la brecha salarial en España

Jaime Cabeza y Belén Cardona 

Llevamos décadas hablando de la brecha salarial, es decir, la diferencia retributiva en perjuicio de las mujeres con respecto a los trabajadores varones. Lo que la Comisión Europea define como “la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores” (COMISIÓN EUROPEA, ¿Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea?, 2014).

Se han dedicado esfuerzos y recursos a cuantificar dicha diferencia retributiva entre sexos y a evaluar sus consecuencias sobre las mujeres, y sin embargo sigue siendo una asignatura pendiente, y ello a pesar del aparato legislativo desarrollado para combatirla, particularmente, del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (2): teoría

Javier Palao Gil

Una situación como la descrita en mi anterior post (sobre la discriminación que en la Comunidad Valenciana supone la figura de la tutela de personas con discapacidad), no se produciría si la Generalitat valenciana pudiese ejercer con plenitud la competencia sobre el derecho civil que le reconoce el Estatuto de Autonomía, y que un Tribunal Constitucional cada vez más contestado y más desautorizado por su propia actividad jurisprudencial ha cercenado con unas sentencias lamentables.

Y es que, en éste, como en tantos otros casos, el Gobierno de Madrid hace como el perro del hortelano: no come ni deja comer. Ha tenido una década para dar cumplimiento a lo previsto en la Convención de 2006, pero no ha hecho ni amago… Ahora bien, si alguna comunidad autónoma trata, por su parte, de mejorar la legislación o de hacer el trabajo que el Gobierno declina, ahí estará la Abogacía del Estado para, con la colaboración del Tribunal Constitucional, frustrar el intento. Lo acabamos de ver con el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, anulado por otra sentencia igualmente infortunada que hace poco glosaba Ignacio Durbán en este mismo blog. Y es que una de las tragedias de la recentralización que experimenta este país aprovechando la excusa de la crisis, es que se ha cebado en los derechos sociales de las personas. Lo ponía negro sobre blanco el profesor Joaquín Tornos en un trabajo que puede descargarse aquí. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (1): práctica

Javier Palao Gil

Un fantasma recorre el mundo de la diversidad funcional: el de las personas que, padeciendo una gran discapacidad, con el transcurso de los años han perdido a sus padres. Cuando esto sucede, han de ser los hermanos, o los primos –incluso algún vecino– los que asuman la tutela de estas personas, pues generalmente no pueden valerse por sí mismas.

Pero el ejercicio de la tutela es muy oneroso: para empezar, el tutor ha de depositar una fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, y debe hacer un inventario de los bienes del tutelado; en todo ello interviene la Administración de Justicia (juez, fiscal y secretario judicial), en un proceso bastante engorroso, y a veces un tanto desagradable, que puede durar varios meses. Lo peor viene después: el tutor o tutora deben velar por el tutelado y procurarle alimentos y una formación integral, fomentar la recuperación de su capacidad y su inserción social, e informar al juez anualmente sobre su situación. Además, están obligados a rendir cuentas de su administración también cada año (otro procedimiento judicial muy pesado) y a representar legalmente al tutelado. Y cuando acaba la tutela, aún espera un proceso más nada sencillo… Lo peor es que la curatela, que es la institución diseñada para los casos en que la incapacidad de la persona es menor, resulta en la práctica igual de gravosa y de rígida. Claro: son instituciones decimonónicas que vienen de tiempos más antiguos y se ajustan poco y mal a una sociedad del siglo XXI y a la era de internet. Sigue leyendo

El lento camino de Marruecos en derechos humanos

Diego Blázquez

Tras nueve largos años de gestación, el Plan Nacional de Democracia y Derechos Humanos del Reino de Marruecos fue presentado el 13 de diciembre pasado en sociedad, antes de ser elevado al Consejo de Gobierno para su adopción oficial, el 21 de diciembre. Por el momento no ha sido publicado, aunque el pasado 8 de enero sí se ha mantenido una reunión informativa de trabajo con la sociedad civil respecto de su puesta en marcha.

Sorprende la fecha de la adopción cuando, según la prensa marroquí, tan solo una semana antes un grupo de diputados de los dos grupos mayoritarios en la Cámara de representantes, a través de la Comisión de Legislación de esta cámara, había solicitado al Ministro Delegado de Derechos Humanos, Mustapha Ramid, una revisión y actualización de este antiguo proyecto. Sigue leyendo