Gitano/a y pobre: la combinación perfecta para estar en el foco de la policía en España

Pilar Eirene de Prada

* Los datos reflejados en este artículo forman parte de la investigación recientemente publicada por Rights International Spain Roma: Lucha contra el sesgo inconsciente hacia las personas de etnia gitana en el sistema de justicia penal.

El 64,5% de los españoles considera que la falta de recursos económicos es la principal característica que puede perjudicar a una persona a la hora de que se aplique la ley. El 37,9% cree que el factor determinante es la pertenencia a la etnia gitana. También es el principal factor perjudicial a la hora de acceder a servicios públicos, alquilar una vivienda o acceder a un puesto de trabajo, según el CIS. En este artículo veremos como, en el caso de las personas gitanas, se trata de una combinación de ambos factores lo que los coloca en el punto de mira del sistema.

La población gitana sufre una mayor tasa de desempleo que la media española. Según el índice AROPE, el 91,9% se encontraría en situación de pobreza o de exclusión social (frente al 29,3% de la población general). El índice de pobreza infantil entre esta minoría es también muy elevado, alcanzando el 89,1%. Casi la mitad de las personas gitanas que viven en España son extremadamente pobres, teniendo que sobrevivir con unos ingresos de no más de 200€ mensuales.

Las personas gitanas se encuentran dentro de los colectivos que sufren más paradas en la vía pública por parte de la policía. Las víctimas de este tipo de prácticas policiales -también conocidas como identificaciones policiales por perfil étnico– se han referido a ellas como experiencias traumatizantes y humillantes, generadoras de sentimientos de indefensión, inseguridad, miedo e impunidad.

Los profesionales entrevistados durante el Proyecto Roma aludieron a tres principales motivos por los que las personas gitanas son susceptibles de ser más detenidas en España en comparación con el conjunto de la población: (1) la existencia de estereotipos y prejuicios que señalan a las personas gitanas como potencialmente peligrosas o directamente como delincuentes; (2) una mayor vigilancia por parte de la policía en gran medida motivada por la formación recibida desde las academias de policía en las que se enseña que hay determinados tipos de delitos que se cometen por un perfil de persona (magrebís, gitanos, etc.); (3) la situación de marginalidad social y el alto porcentaje de población gitana que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.

La realidad es que estos tres elementos se encuentran estrechamente conectados. Es indudable la relación existente entre pobreza, exclusión social y criminalización. Se han evidenciado en los últimos tiempos políticas de penalización de la pobreza que se han traducido en un crecimiento exponencial de la población carcelaria en perjuicio de los grupos sociales más pobres. ¿Y qué hay de la relación entre etnia y criminalización?

Una de las claves para entender los estereotipos sobre la etnia gitana se encuentra en el concepto de peligrosidad social y en los enfoques higienistas de los estudios sobre “mala vida” de finales del siglo XIX. En España terminaron cristalizando normativamente por primera vez con el Proyecto Piniés de profilaxis social (1922). Durante el franquismo, las diligencias sobre personas gitanas recurrían de manera generalizada a la paráfrasis “su conducta es propia de la gente de su raza” como forma de referirse al comportamiento considerado moralmente reprochable por el régimen, tanto en la esfera pública como privada.

En resumen, la especial vigilancia a la población gitana y la discriminación, tanto por su forma de vida como por su origen socio-económico y riesgo de marginalidad social, tienen un importante arraigo histórico en España. Todo ello, fomentado por teorías criminológicas fundamentadas en prejuicios y en un afán homogeneizador del Estado-nación y llevadas a la práctica en las distintas legislaciones mencionadas, aplicadas hasta la transición democrática. Podríamos llegar a hablar de que la minoría gitana constituye una auténtica comunidad sospechosa en nuestro país en tanto que la construcción de la imagen del gitano/a como delincuente potencialmente peligroso/a se ha generado a través de normas, políticas y prácticas que tenían como objetivo a esta minoría étnica, y reproducidas y reforzadas por las prácticas sociales.

El Proyecto Roma partió de estas consideraciones y estableció como hipótesis de trabajo que los espacios del sistema de justicia penal en los que existe una mayor discrecionalidad son el resquicio perfecto en el sistema para que entren en juego los sesgos inconscientes de los profesionales hacia las personas de etnia gitana, pudiendo llegar a impactar de manera negativa en la imparcialidad del proceso.

Por ejemplo, existe una amplia discrecionalidad por parte de la policía a la hora de perseguir delitos que nos obliga a preguntarnos por las prioridades a la hora de investigar. Los policías que participaron en la investigación aludieron a que dar seguridad a los ciudadanos está por encima de cualquier estadística policial. Esto necesariamente plantea el interrogante sobre el concepto de seguridad ciudadana imperante en la práctica.

Podemos hablar de tres pilares que moldean el concepto de seguridad ciudadana tal cual lo entiende la policía hoy en día: (1) la visibilidad; (2) los medios; (3) la vertiente política.

La sensación de seguridad de los ciudadanos en muchos casos va aparejada a la visibilidad de la actividad policial, es decir, a una sensación de que se está haciendo algo por solucionar el problema. Esto puede desembocar en una interpretación errónea del concepto de seguridad ciudadana que propicie un aumento de la presión policial injustificada -o más bien justificada a través de prejuicios como la etnia o el nivel de recursos económicos- sobre colectivos como las personas gitanas o los migrantes.

Los medios de comunicación -como moduladores de la opinión y altavoces hacia la sociedad- pueden contribuir a acrecentar o disminuir la sensación de seguridad de los ciudadanos en determinados momentos, así como promover o cuestionar los estereotipos imperantes sobre diferentes grupos sociales.  Existen en la televisión diversos programas de tipo documental dramatizado mostrando aspectos cotidianos de sus protagonistas, todos ellos gitanos, que se basan única y exclusivamente en el perfil estereotipado y caricaturizado sobre la comunidad gitana como una forma de entretenimiento, actuando a su vez de refuerzo del estereotipo. Por otra parte, los formatos sensacionalistas a menudo ponen el foco en los sucesos que tienen como protagonista a algún miembro de la comunidad gitana como una estrategia para captar audiencia. Son particularmente dañinos al buscar el morbo y el escándalo en la noticia, cebándose particularmente en sucesos violentos o relacionados con drogas y haciendo referencia a connotaciones de tipo primitivista, como la utilización del término clan. Por último, las coberturas de carácter informativo también perpetúan los estereotipos al hacer referencia a la etnia del presunto autor de un delito cuando éste es gitano, promoviendo la asociación entre pertenencia a la etnia gitana y delincuencia. En cambio, cuando se trata de informar sobre aspectos positivos a menudo se omite la referencia a la etnia de los protagonistas de la noticia. Tampoco podemos olvidar el papel que juegan las conocidas como detenciones mediáticas, en las que se muestran operativos policiales espectaculares como una forma de demostrar ante el gran público la eficacia y contundencia policial.

Cuando un asunto cobra relevancia mediática también llega a oídos de los distintos responsables políticos de la policía (concejales, consejeros o ministro de interior) que, a través de sus órdenes internas a los mandos policiales -que posteriormente se transmiten a lo largo de toda la cadena de mando-, ponen en práctica políticas criminales con el objetivo de poner fin a la crisis planteada. En ocasiones se ordena aumentar la vigilancia y poner el foco sobre un barrio, un tipo de delito o un colectivo en concreto, identificados como el epicentro del conflicto, con el fin de rebajar la presión social, mediática y política surgida. Esto sin embargo puede provocar efectos colaterales como el reforzamiento de los prejuicios hacia determinadas personas y un nuevo argumento que justifique la discriminación.

En resumidas cuentas, la decisión de parar a una persona en la calle debería seguir un patrón objetivo de individualización de la conducta. La realidad es que la apariencia física y los estereotipos juegan un importante papel a la hora de identificar a una persona por parte de la policía. Por otra parte, la falta de control judicial y, por tanto, de un sistema de control y garantías en la fase de investigación policial provoca serias inquietudes. La posibilidad de que a través de órdenes internas los distintos cuerpos de policía estén desarrollando su propia política criminal es un elemento altamente preocupante, sobre todo si se basan en prejuicios y estereotipos de grupo. Esto puede desembocar en la aplicación de patrones de delincuencia etno-racializada a través de los cuales se atribuyen a ciertos grupos determinados tipos de delitos. Todo ello fruto de los estereotipos raciales consolidados sobre el grupo -como la asociación de las personas gitanas con la delincuencia- que se dibuja como compacto y homogéneo. Esto permite trazar comparaciones simplistas en el índice de criminalidad de diferentes grupos étnicos minoritarios en relación con el grupo mayoritario que pueden conducir a su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal. Del mismo modo, el aumento de la presencia policial en barrios de bajos ingresos con mayoría de población gitana puede crear una asociación entre etnicidad y criminalidad.

Libertad, epidemia y el vínculo social

Juan Carlos Pérez Cortés

En el barrio de Salamanca de Madrid se está dando estos días una situación sorprendente. Quienes poseen casi todo están tomando la calle al grito de “¡Libertad!”. Una calle que ya no es del ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, como en 1976. Ahora es de la gente… e incluso las élites son gente. La irresponsabilidad de llevar a cabo concentraciones en una circunstancia sanitaria epidémica es evidente, pero el objeto de análisis que me interesa aquí tiene más que ver con las consignas que se escuchan y el pensamiento que subyace, examinado desde el punto de vista de los aspectos éticos y afectivos que nos unen o deberían unirnos como sociedad.

Las ideas abstractas de libertad y de derechos individuales, como todos los conceptos morales que están ampliamente aceptados, parecen algo natural que surge de nuestra esencia como seres humanos. Pero, por supuesto, no son nociones directamente basadas en la experiencia y la empatía, como por ejemplo la preocupación por evitar el dolor de otra persona o la aflicción al perder a alguien cercano y querido. Son conceptos más complejos, difíciles de concebir intuitivamente o considerar en una reflexión rápida. Requieren un marco conceptual que los contextualice.

El marco atomista de Taylor sirve de soporte ontológico para la concepción neoliberal de los derechos como algo por encima del contexto social. En ese marco, la pertenencia a una sociedad, el apoyo mutuo y la solidaridad son elementos secundarios. Los derechos (a menudo suplantando lo que realmente son privilegios) corresponden al individuo como tal y considerarlos condicionados al bien común se plantea como un peligro para la libertad.

En un sentido opuesto, Herbert Marcuse, en la década de los 60 del siglo pasado, hace un análisis de las sociedades tecnológicas y de consumo en el que estudia entre otras cosas las necesidades creadas en su seno para fabricar la identidad individual de poder y para establecer una posición social –no para satisfacer verdaderas carencias o aspiraciones– y también examina la dificultad de llevar a cabo cambios profundos dentro del sistema o mediante una revolución clásica, proponiendo que la única vía sería un despertar de la solidaridad como «necesidad biológica», una idea que cobra un sentido profético en estos días de lucha colectiva contra un enemigo común en forma de virus.

Su influyente obra contiene una amplia y potente crítica a los mecanismos de control, dominio y explotación en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, plantea que las auténticas libertades y derechos únicamente pueden darse en un sistema que asegure la satisfacción de las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad y que solo sobre esta base se deberían interpretar los derechos de las personas y la libertad individual.

La ventaja hegemónica que está consiguiendo el primero de estos relatos en el universo simbólico dominante del final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI es lo que provoca la sensación en muchas personas de que algo falla. De que quien está demandando libertad lo hace desde una paradójica posición privilegiada, inmovilista y reaccionaria. El grupo social que en la España de hace cincuenta años abominaba de ese término ahora lo enarbola como bandera y lo reivindican pancartas y discursos de partidos de derecha y ultraderecha mientras evocan imágenes de viejos dictadores. Sí, algo está fallando.

Porque desde otros lugares hemos mantenido viva la visión que adopta el segundo escenario de interpretación –el de Marcuse– alejado del individualismo, reivindicando una mirada colectiva que combine el concepto de soberanía personal con el compromiso de ayuda mutua. Rechazando la coacción y al autoritarismo, pero al mismo tiempo defendiendo un orden derivado de la responsabilidad personal con el colectivo. Es la idea de libertad que subraya la autodeterminación individual supeditada al bienestar común, que pone la libertad del primero al mismo nivel que la libertad del último o (más probablemente) la última. Esto exige una configuración social de apoyo, cuidado y compromiso responsable: un vínculo con los demás, individualmente con cada persona y colectivamente con la comunidad.

Y es que las sociedades pueden verse desde arriba. Analizarse como un complejo dispositivo que requiere gestionar los recursos, los servicios públicos, los flujos de producción, la movilidad, las correlaciones de fuerzas, los problemas de convivencia entre grupos, las tensiones territoriales y tantos otros factores. Pero también pueden mirarse desde abajo y contemplar así una urdimbre configurada en forma de gran red de relaciones entre personas. Y las relaciones, en su sentido más amplio, son fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo requieren de compromiso y responsabilidad.

Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte fácil o divertida de las relaciones y por ello, a ese nivel más cotidiano, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra “libertad” suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa: la de tener en cuenta lo que necesitan las demás personas.

De hecho, hay en general un fuerte sesgo de género en este fenómeno. La aversión a la comunicación, a los compromisos, a la solidaridad y al trabajo emocional son más evidentes en las personas socializadas como hombres. A nosotros nos enseñan a negociar con éxito, a buscar acuerdos favorables, a intercambiar para ganar. Las mujeres, sin embargo, han recibido en su socialización desde todos los ámbitos la instrucción de cuidar, agradar, ceder, buscar la concordia y la armonía.

Todavía, la construcción de sentido de las identidades masculina y femenina, y sus roles más comunes, dan lugar a estas orientaciones de las conductas. Y la supremacía masculina en el diseño y la articulación social en el espacio de lo público, frente a la asignación predominante de lo femenino al entorno de lo privado –sobre todo en los ambientes más inmovilistas– es una de las razones por las que la narrativa de la libertad personal sin matices ni límites configura el relato político de esos sectores.

Pero si insistimos en poner el foco en esa mirada desde abajo, que percibe en primer plano el vínculo del individuo con sus semejantes y con la red social, si consideramos nuestra realidad en común no como un mercado sino como una relación –un vínculo con ese tejido de otras personas enlazadas a su vez entre ellas– entramos en otro plano, en otro campo semántico donde importan cosas distintas y la gestión no se compone de papeles, sellos y trámites sino de comunicación, empatía, consideración y cuidado. Es la política de lo personal.

En ese plano son nociones como la del compromiso consciente y responsable las que actúan de elementos reguladores de los conceptos abstractos de derechos y libertad que han encontrado un eco amplificador y distorsionador en las concavidades del individualismo liberal. Pero en la vida diaria de personas y sociedades, sobre todo en el segmento de las clases medias-altas, la idea de compromiso está eclipsada por una constante actividad de negociación de acuerdos, de estipulación de condiciones y firma de contratos.

Las leyes definen que los contratos, para ser válidos, han de ser suscritos libremente y sin presiones, pero nadie es tan ingenuo como para pasar por alto que las posiciones a la hora de negociar –incluso dentro de la estricta legalidad– no son siempre equilibradas. Quien tiene la necesidad de vender un bien, un servicio o su fuerza de trabajo está supeditado a una presión que debilita su capacidad negociadora y concede ventaja a la otra parte. Quien tiene menos conocimientos, experiencia, contactos, respaldo financiero, margen temporal, acceso a la información u otros beneficios competitivos, tendrá más difícil alcanzar un buen trato.

Y en ese escenario vivimos, y en ese escenario viven las élites arropadas por el privilegio que hace que entiendan el mundo como el parqué de una plaza bursátil. El contrato social que imaginaron Hobbes, Locke y Rousseau se percibe desde ese marco como una transacción en la que hay que desequilibrar la balanza a favor de mis posiciones. No es un vínculo con la sociedad que he de cuidar y cultivar, sino una negociación que he de ganar. Porque “yo lo valgo”. No hay un compromiso, hay una compraventa.

Decía Bakunin que el contrato social era una argucia dialéctica para dar cobertura a la ilegitimidad intrínseca del proceso de imponer la autoridad por parte del Estado, en lugar de alcanzar la soberanía popular de forma emergente a partir de principios racionales. Pero sin necesidad de compartir posiciones anarquistas, esta pandemia nos está confirmando que esto no va de comercio, de negocios ni de dividendos. Que no es el contrato social en bruto y desregulado, sino el compromiso colectivo lo que nos puede salvar. Intentemos trasladar al ámbito de lo público las fórmulas que nos gusta valorar y disfrutar en nuestras relaciones. Podemos vivir y entender lo político como vivimos y cuidamos nuestros vínculos. Y, desde luego, con palos y cacerolas podrán ensordecernos, pero no nos van a seducir.

El autor acaba de publicar:

Anarquía Relacional. La revolución desde los vínculos.

Editado por La Oveja Roja

«Una revolución desde los afectos: esa es la propuesta principal de este libro, que entreteje los principios del anarquismo social con el deseo de extender el ámbito de lo político a las formas que damos a nuestras relaciones».

Racismo, Xenofobia y COVID-19

Ángeles Solanes Corella

El racismo, como la xenofobia y la etnofobia, tiene una característica común con el COVID-19. En cuanto “enfermedades contagiosas” acechan sin ser vistas, se propagan rápidamente, causan graves daños en las personas y, en general, en las sociedades. Reparar las consecuencias de este tipo de discriminaciones, no digamos ya curarlas (o prevenirlas), exige otra forma de actuar. Como recordaba Maquiavelo, si se quiere predecir el futuro, se debe tener en cuenta el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos anteriores.

La lucha contra la discriminación por origen racial o étnico, y contra la xenofobia, no es una cuestión nueva. De hecho, el instrumento internacional de referencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se aprobó en 1965. Los estándares normativos afianzados en las últimas décadas han sido fundamentales para consolidar en el ámbito internacional y nacional un amplio marco jurídico en la lucha contra la discriminación. Así, por ejemplo, en el ámbito europeo, la discriminación, el acoso y la violencia motivados por prejuicios de índole racial o étnica, son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, sobre la lucha contra ciertas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, y la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, que implementa el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 62/2003). En la misma línea, han trabajado los diferentes organismos especializados para la protección de la igualdad y la no discriminación que se agrupan en la European Network of Equality Bodies, (EQUINET) de la que forma parte el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Sin embargo, estos esfuerzos no han permitido erradicar las múltiples formas de discriminación por origen racial o étnico, como ha evidenciado de manera reiterada en sus informes la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por eso, el racismo, la xenofobia y la etnofobia derivados de la pandemia por COVID-19, han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan.

La investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre las experiencias de discriminación de las minorías, constata que se han producido incidentes racistas o xenófobos, delitos de odio contra personas por su origen (percibido) como chino o asiático, y casos de discurso de odio contra otros grupos de extranjeros y personas romaníes. Este tipo de discriminación, como ocurre siempre en la práctica, se ha combinado también con otras por razón de género, edad, religión y discapacidad. Se pone así en evidencia la necesidad de una perspectiva interseccional en materia de discriminación, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, como los señalados, la confluencia simultánea de estos motivos hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios.

Como señala el informe de la FRA, en los diferentes Estados de la Unión Europea, se han producido incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia dirigidos a ciertas comunidades por su nacionalidad, origen racial o étnico, vinculadas a la pandemia por COVID-19, que pueden resumirse en tres ámbitos:

  1. La dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. A pesar de que los datos son provisionales, se documenta una especial dificultad para el disfrute de los recursos sanitarios y para la correcta garantía del derecho a la educación (en este caso también por las cuestiones derivadas de la brecha tecnológica) en el ámbito público; y en el sector privado se refleja en los obstáculos para acceder a servicios como farmacias y supermercados. Así se ha evidenciado también en la campaña #NoSoyUnVirus, (#ImNotAVirus, #JeNeSuisPasUnVirus).

Los incidentes motivados por prejuicios impactan no solo en sus víctimas directas sino también en toda la comunidad. Como evidencia la Red Europea contra el Racismo, en tiempos de crisis, las minorías sufren una ansiedad, miedo y preocupaciones mayores sobre su seguridad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud (ENAR). El resto de la población, preocupada por la escasez de recursos, especialmente en el ámbito sanitario, suele mostrarse reacia a medidas que hagan prevalecer el principio de igualdad.

  1. La preocupación por las declaraciones de representantes de partidos políticos y figuras públicas. En diferentes países se han producido manifestaciones de representantes públicos en las que se hace referencia al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. Así, por ejemplo, cabe mencionar las desafortunadas declaraciones de un político español que aseguró que los “anticuerpos españoles” derrotarían “al virus chino”. De esta manera, se pone de manifiesto que la pandemia ha servido, también, para ahondar en el populismo nacionalista. En ese sentido, la ascendencia de las ideologías y estrategias populistas nacionalistas supone una amenaza significativa para la igualdad racial o étnica, ya que fomenta la discriminación y la intolerancia y la creación de instituciones y estructuras que dejarán legados perdurables de exclusión. Desde el actual populismo nacionalista, con algunos partidos y organizaciones, se promueven prácticas y políticas excluyentes o represivas que perjudican a determinados grupos. Además de apuntar a los extranjeros y las minorías como objetivos de sus ataques, como se ha comprobado con la pandemia, estas prácticas adoptan formas especialmente virulentas y difíciles de perseguir cuando se realizan desde la opacidad que ofrecen las redes (así lo recuerda la Asamblea General de Naciones Unidas).
  2. El papel de los medios de comunicación. Las noticias de los medios sensacionalistas sobre el origen y el desarrollo del COVID-19 pueden dar lugar a chivos expiatorios, agitando actitudes racistas y xenófobas. El tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas, sirven como pretexto para discriminar. Para prevenir este tipo de actitudes, la Ethical Journalism Network ha publicado una guía con consejos sobre cómo informar del COVID-19, para evitar el perfil racial, el sensacionalismo y el alarmismo.

Estos tres ejes de preocupación que se han apreciado a nivel europeo se constatan en España. Ante esta realidad, el mencionado Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha aprobado el 13 de abril de 2020, una recomendación para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. En ella se enfatiza la necesidad de prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, los grandes olvidados en las medidas contra la pandemia, como las personas que residen en asentamientos chabolistas, las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, los menores extutelados, las familias monoparentales (materna o paterna), o las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, no puede obviarse la barrera idiomática que conlleva discriminación y exclusión.

Otras dos medidas son fundamentales para afrontar las dificultades objetivas que encuentran determinadas minorías. Por un lado, la necesidad de garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico, sin tomar en consideración su situación administrativa en España. Por otro lado, es imprescindible favorecer la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena, para evitar que queden impunes.

Precisamente la infradenuncia es un tema recurrente en el caso de las discriminaciones por origen racial o étnico. Así se constata desde la encomiable labor que realiza el Servicio de Atención y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Dicho servicio, que depende del citado Consejo, es estatal y gratuito, y se presta en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. En sus oficinas se han atendido casos de discriminación relacionados con la propagación del COVID-19 y se han documentado ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios. Con la finalidad de facilitar la posibilidad de hacer frente y combatir estas situaciones, se puede acudir al mencionado Servicio que continúa plenamente operativo.

La pandemia ha sido, y es, un escenario excelente para avivar la dualidad del discurso que ve en unos determinados colectivos la posibilidad de uso utilitarista, y, al mismo tiempo, los excluye, como “desechables” en la terminología de Zygmunt Bauman. Así, mientras la situación creada por el COVID-19 agudizaba el déficit de personal sanitario, mano de obra en el campo y en el ámbito de los cuidados, de tal manera que se miraba a la inmigración como una válvula de escape dentro de la propuesta del FMI de aumentarla para hacer frente a la crisis; al mismo tiempo, se proponía el recorte de derechos para inmigrantes en situación administrativa irregular. A ello habría que sumar, la indefinible situación de las personas en esas zonas de suspensión del Derecho que llamamos fronteras, que han visto como el COVID-19 se convierte en un motivo más para sumar detenciones y vulneraciones de sus libertades.

Desde estos parámetros hay que construir la vuelta a lo cotidiano. La nueva normalidad, que en su misma denominación entraña un oxímoron, no debe suponer mantener un modelo que normaliza la discriminación. Eso sería tanto como admitir que todo ha cambiado, para que nada cambie. O lo que es lo mismo, que formamos parte ya del infierno de los vivos, del que hablara Italo Calvino, ese que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La pandemia por COVID-19, puede ser una buena oportunidad para darnos cuenta, desde la necesaria atención y aprendizaje continuos, de que la lucha por la igualdad, contra la discriminación, es una forma de escapar del averno.

LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VENECIA Y EL CONVENIO DE ESTAMBUL

Diego Blázquez

La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como Comisión de Venecia, fue fundada hace casi 30 años, en 1990, con el objetivo de promover y fortalecer la Democracia y el Imperio de la Ley como dos caras de una misma moneda en la Europa que surgía tras la caída del Muro de Berlín, y que suponía la entrada de la democracia en todos los países del antiguo bloque del Este.

Desde entonces, la Comisión de Venecia, formada por expertos juristas provenientes de todos los países europeos, independientes y eminentes en sus respectivos campos, ha venido haciendo un trabajo encomiable, discreto y de gran calidad para dar a conocer entre sí los distintos sistemas jurídico públicos europeos, favorecer su cohesión y promover y extender un Estado de Derecho fuerte basado en las instituciones democráticas y la eficacia de la protección de los Derechos fundamentales y libertades públicas.

Dentro de este ámbito, destaca el trabajo de la Comisión de Venecia para colaborar con los Estados en el refuerzo constitucional y las garantías legales de los Derechos fundamentales, en línea con los estándares internacionales de Derechos humanos, y singularmente de la Convención Europea de Derechos Fundamentes. Dentro de los aspectos concretos que suele tratar la Comisión en este ámbito es la garantía de la igualdad y la protección frente a toda forma de discriminación.

Dentro de las más de 900 opiniones y dictámenes emitidos a lo largo de estos años, quiero destacar aquí la opinión recientemente emitida por la Comisión de Venecia respecto de las implicaciones constitucionales que tendría la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, popularmente denominada Convenio de Estambul (opinión 961/2019 CDL-AD (2019)018).

Se trata de una opinión solicitada por el Gobierno de Armenia al hilo de ciertas polémicas nacionales surgidas cuando este Gobierno se planteó la posibilidad de ratificar el Convenio de Estambul.

Lo verdaderamente interesante de este caso concreto, es que estos debates y tensiones se reproducen a lo largo y ancho del continente (y más allá) con mayor o menor nivel de respaldo institucional, que en ocasiones han llevado a motivar la no ratificación por parte de algunos Estados, arguyendo razones de incompatibilidad constitucional, y que incluso han llegado a parar la ratificación por parte de la Unión Europea.

La realidad de este debate, que forma parte de una contrarrevolución en valores esenciales cada vez más extendida, hace especialmente interesante esta opinión de la Comisión de Venecia, y es la propia internacionalización de falsos argumentos lo que permite y explica que esta Opinión trascienda el objeto exclusivamente armenio de la consulta. Así lo admite la Comisión cuando advierte que “esta opinión…tratará las cuestiones que han sido objeto de debate público (jurídico) en conexión con la ratificación en Armenia o en otro lugar” (par. 10).

La Comisión de Venecia señala que respecto de esta Convención han surgido diversas cuestiones en los debates públicos, de las cuales voy a centrar en aquellas que tienen más relevancia en nuestro caso nacional. En primer lugar, en cuanto al encaje y justificación de este tratado internacional, recuerda la Comisión de Venecia que la violencia contra la mujer y la violencia doméstica son violaciones de derechos humanos, y que así es reconocido por todo el Derecho Internacional de Derechos Humanos, tanto en el sistema universal de Naciones Unidas, como en el sistema europeo, incluida la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también en todos sistemas regionales, como el interamericano con la Convención de Belem do Pará (1994) o el Protocolo de la Carta Africana de Derechos, o Protocolo de Maputo (2003).

En segundo lugar, la Comisión de Venecia analiza una crítica bastante frecuente, según la cual el convenio de Estambul contiene algunos términos o conceptos que por chocarían con la Constitución, que suponen cambios legales que serían inconstitucionales o que introducen conceptos ideológicamente dirigidos.

Uno de los conceptos que producen ese rechazo y que son objeto de debate político legal es la explicación basada en el género de la violencia contra las  mujeres (“gendered nature”). La explicación a esta concepción es sencilla y basada en la realidad; así advierte la Comisión de Venecia que no obedece a ninguna concepción ideológica o cultural. Se debe simplemente a que las víctimas de estas formas de violencia son desproporcionada y esencialmente mujeres, y que la razón para ser víctimas de estas formas de violencia es la sola razón de ser mujeres. Por lo que, en su origen, esta violencia se trata de una forma (radical) de discriminación. Esta es una vulneración de derechos humanos reconocida en todos los tratados vigentes y reconocida por todos los órganos de tratados, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se plantea la Comisión de Venecia si el uso de concepto de “género” puede chocar con las previsiones constitucionales, e incluso si puede ser un concepto que oculta una orientación política concreta, conocida bajo la denominación “ideología de género”, que pretendiera de manera discreta alterar determinadas concepciones culturales y hasta biológicas de la sociedad, reconocidas en las constituciones que reconocen dos sexos: hombre y mujer.

Señala la Comisión de Venecia que el Concepto género se usa en 25 ocasiones, y se define en el artículo 3.c). El Convenio no pretende que esa definición entre en los ordenamientos jurídicos, solo pretende ser una aclaración conceptual para comprender el tratado. En cuanto al fondo, el Convenio de Estambul ni mucho menos pretende negar esta realidad biológica. Por el contrario, parte de ella, la reconoce; lo que quiere poner de manifiesto el Convenio es que esa realidad biológica ha derivado en una situación  de “histórica desigualdad entre mujeres y hombres” (par. 8 Preámbulo). El Convenio de Estambul no pretende negar la realidad de los sexos, lo que pretende es que esta diferencia no justifique, permita, tolere, ampare o pueda llegar a perpetuar alguna forma de violencia contra las mujeres, como señala su artículo 12.

En este sentido, como parte de los debates públicos adulterados, se considera que el Convenio de Estambul favorece o posibilita una alteración del concepto tradicional de familia, una crítica de determinados movimientos políticos que también tiene en cuenta la Comisión. Pero el Convenio de Estambul, recuerda la Comisión de Venecia, no realiza en ningún lugar una definición de “familia”, ni aborda en ningún momento cuestiones sensibles como el matrimonio homosexual o cualquier otra forma de relación sentimental. De hecho, la única mención al matrimonio que hace el Convenio de Estambul es para incluir entre las formas de violencia contra las mujeres el matrimonio forzado (art. 37).

Continua la Opinión analizando la supuesta implicación constitucional negativa que tendría otro de los conceptos que formarían parte de la “ideología de género”: “identidad de género”. Sin embargo, señala la Comisión, en el tratado solo se menciona una vez y se hace dentro de la cláusula antidiscriminatoria, sin introducir ninguna previsión sustantiva especial, ni imponer reconocimiento de esta cuestión a los Estados, más allá de no admitir ningún tipo de discriminación “por ninguna circunstancia”, como expresamente señala dicha clausula para ser realmente protectora y no limitar las causas prohibidas de discriminación.  Lo mismo sucede con el concepto de “orientación sexual”, o cualquier otra referencia o denominación a derechos LGTBI. Técnica legislativa que, por otro lado, se utiliza por la inmensa mayoría de constituciones europeas.

Y dejo para el último lugar una cuestión especialmente relevante para nuestro debate nacional particular: las medidas de prevención ligadas a la educación, previstas en el artículo 14 de la Convención. Este precepto señala lo siguiente:

“ Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la violencia contra las mujeres por razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo de los alumnos.

  1. Las Partes emprenderán las acciones necesarias para promover los principios mencionados en el apartado 1 en las estructuras educativas informales así como en las estructuras deportivas, culturales y de ocio, y en los medios de comunicación”

Se trata esta de una cuestión de importante actualidad en nuestro país, al implementarse en diferentes administraciones el llamado PIN parental que no deja de ser una autorización expresa de los progenitores para lo que se considere cualquier enseñanza complementaria de carácter ético o moral, que quedaría en todo caso limitado al ámbito estrictamente privado y de libre opción de los progenitores.

Por un lado, nos recuerda la Comisión de Venecia, que sí, efectivamente se puede decir que un estándar internacional de derechos humanos es el derecho de los padres a elegir la educación, lo cierto es que el artículo 14 del Convenio no interfiere con este derecho, ya que su tenor no entra en las mismas. Una lectura del tenor literal de este precepto lo deja claro, salvo que alguien considere que asuntos como la violencia o el derecho a la integridad personal constituyen opciones personales… alejados de las opciones de ética pública consagradas por las Constituciones y el Derecho Internacional de Derechos Humanos tal y como se ha venido construyendo desde 1948.

En ese sentido, hay que recordar que esta libertad no es ilimitada y ausente de referencias. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, señala como objetivo del derecho a la educación “el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Y que nuestra Constitución, en su artículo 27.2 señala que la educación tendrá por objeto el desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Volvemos al inicio: hay que recordar que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos fundamentales, una práctica discriminatoria y una denegación de derechos esenciales como la integridad personal y moral. Parece difícilmente justificable que alguien pueda ampararse en sus convicciones para oponerse a una formación en los principios enunciados en el artículo 14 del Convenio de Estambul. Creo que quien lo considere así, debería dar muchas y detalladas explicaciones, al menos con el rigor, la profundidad y el conocimiento con el que lo hace la Comisión de Venecia esta excelente pieza, que acredita la larga trayectoria de su trabajo y su compromiso con la democracia y los derechos fundamentales.

La libertad educativa de las familias: una excusa de la derecha para perpetuar la desigualdad social

Ana Valero

En su soberbio discurso en la sesión del pleno de investidura de la presidencia de la Comunidad de Madrid, del 14 de agosto, Ángel Gabilondo criticaba la propuesta de la candidata de potenciar la libertad de las familias de elegir centro educativo a través de cheques escolares en detrimento de la escuela pública. Esta propuesta, incluida en el programa del PP madrileño a exigencia de sus socios de VOX, no es nueva, todo lo contrario, pues se encuentra en la base de las políticas educativas de los gobiernos de la derecha de los últimos diez años, y su puesta en práctica ha convertido a España en uno de los países de la UE con más segregación escolar.

El debate sobre la libre elección de centro escolar apareció por primera vez en la década de 1950 en Estados Unidos, a partir de la publicación de “El papel del gobierno en la educación”, de Milton Friedman. Desde su punto de vista, si la prestación del servicio educativo permanece en manos del Estado carece de incentivos para un uso eficiente y efectivo de los recursos, ni para la innovación. La libre elección, por el contrario, según la orientación de Friedman y sus partidarios, introduce la competitividad entre las escuelas, lo que las obliga a mejorar su gestión y rendimiento, ampliándose con ello una oferta más eficiente e innovadora que atrae a nuevos estudiantes.

Siguiendo esta estela, en España, la libre elección de centro educativo por parte de las familias parece haberse convertido, para los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo, en el derecho fundamental que enarbolar para: por un lado, justificar un incremento de la concertación de la escuela privada y; por otro, adoptar estrategias de promoción de la competitividad entre escuelas, incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y ranking; o, una financiación competitiva que premie a las escuelas que más demanda consigan.

Este es el planteamiento al que se adhiere la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa del señor Wert, LOMCE, que otorga un papel preeminente a la libre elección de las familias, y condiciona el incremento de los conciertos a la llamada “demanda social” -artículo 109.2-. De acuerdo a esta Ley, el diseño de la red de centros escolares queda subordinado a la demanda de las familias. De modo que, si éstas solicitan más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debe proceder a realizar más conciertos, lo que coloca a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada.

La evidencia demuestra que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. Como señala el Informe de la OCDE School and Equality, mientras las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos de acceso a la información necesaria para escoger un centro educativo, las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio, lo que favorece la segregación escolar y la aparición de “centros gheto”. Algo en lo que han incidido los sucesivos informes sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa.

Según la encuesta publicada por la oficina de estadística europea Eurostat en el año 2018, España se sitúa de nuevo a la cabeza de Europa en tasa de abandono escolar temprano. Esta tasa, que refleja el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la educación secundaria y no continúa ningún tipo de formación, se situó en el 17,9%, más de siete puntos por encima de la media del conjunto de la Unión Europea, que alcanzó el 10,6%.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico”. Este estudio, junto con el Informe “Mézclate conmigo” de la organización Save The Children, señalan que la segregación escolar por motivos socioeconómicos alcanza en España un índice de 0,38, lo que implica que eliminar la segregación escolar requeriría cambiar al 38% del alumnado más vulnerable de unos centros a otros. Estos datos convierten a nuestro país en uno de los países más segregados de Europa, ocupando un sexto puesto que lo equipara a algunos de los países del Este y lo aleja de los países de su contexto más cercano.

La OCDE advierte que la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales y vitales completas; dificulta que el conjunto del alumnado tenga trayectorias educativas exitosas; y contribuye a mantener las menores oportunidades de los sectores más vulnerables. En suma, el fenómeno segregativo compromete la función de igualación de oportunidades propia de la educación.

Sin embargo, y a pesar del empeño conservador, que se arropa una y otra vez en el término constitucionalista para justificar sus políticas, el modelo educativo diseñado por la Constitución difícilmente casa con sus planteamientos: pues, el objeto último de la educación previsto por su artículo 27.2 consiste en potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre y democrática. Un objetivo cuya satisfacción -en un Estado que proclama la justicia y la igualdad entre los valores superiores de su ordenamiento (artículo 1 CE), y cuyo artículo 9.2 CE exige de los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas- solo es posible mediante la procura del pleno ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, tanto en la fase de acceso a la educación como en su desarrollo y resultado.

Es por ello que, al igual que el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del que trae causa, el derecho a la libre elección de centro escolar es en España un derecho de libertad y no de prestación, no existiendo la obligación constitucional de los poderes públicos de proporcionar los medios materiales que garanticen su satisfacción. En palabras del Tribunal Supremo: “Este derecho no puede tener un valor absoluto, de modo que en todo caso deba respetarse la voluntad paterna por encima de cualesquiera circunstancias. Por el contrario, obvias razones materiales y presupuestarias hacen limitados tanto los centros existentes como las plazas en ellos disponibles”.

De este modo, el alcance constitucional del derecho a la libre elección de centro, a diferencia de lo que los partidarios de la educación privada pretenden, se limita a garantizar que las familias puedan mostrar su preferencia por un determinado centro, y a que el sistema educativo esté configurado de tal modo que la opción realizada sea tomada en consideración por los poderes públicos, no siendo en ningún caso vinculante. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucionalmente reconocido a ocupar preferentemente una plaza en un determinado centro docente”. Esto significa que lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección y no el acceso efectivo.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la escolarización gratuita garantizada por la Constitución no lo es en cualesquiera centros privados, pues los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. De modo que la plaza escolar finalmente atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias mostradas y ello no implica que se esté asignando un destino forzoso que vulnere derecho fundamental alguno. En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional ha afirmado, por ejemplo, que no hay un derecho constitucional a elegir centros en los que se eduque en lengua determinada; ni un “derecho a la igual distancia física de todos los centros públicos respecto de los lugares de residencia de los alumnos. Por ello, no constituye discriminación que el resultado del proceso selectivo haga que el centro escolar resulte más cercano a casa a unos que a otros”. En el mismo sentido el Tribunal Supremo ha afirmado que “en líneas generales puede aceptarse que el derecho de los padres o tutores a elegir centro de enseñanza para sus hijos o pupilos constituye un ingrediente habitual del derecho a la educación, pero cuando choca con las conveniencias didácticas, el ejercicio de ese derecho sólo puede ser satisfecho como manifestación de preferencia que debe ser satisfecha siempre que sea posible”.

Señores de las “derechas”, dejen de manosear el término “constitucionalista” y estudien con atención la virtud de una norma, la Constitución española, que proclama  precisamente lo contrario a lo que ustedes practican, también en materia educativa.

¡VIOLACION EN MANADA!

Joan Carles Carbonell Mateu

La Sentencia anunciada dela Sala II del Tribunal Supremo sobre el caso “La Manada” -a falta de su publicación y consiguiente lectura- casa las que procedían de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y acoge todos los argumentos que  mantuvimos en su día en este diario: existía una manifiesta incongruencia entre el relato de hechos probados y la calificación jurídica. Lo que se produjo fue una situación de tal violencia e intimidación que la voluntad de la víctima quedó negada; no tenía capacidad alguna ni física ni psíquica para mantener una oposición. Y no se produjo un delito continuado sino tantos como agresiones, sólo el hecho de que nadie haya recurrido este aspecto impide que el Tribunal pueda reflejarlo en la calificación y en las correspondientes consecuencias jurídicas. La víctima recibió un trato vejatorio, en ningún momento fue considerada como persona sino como mero objeto para la satisfacción sexual y el pavoneo grupal de unos energúmenos que, no suficientemente contentos con sus heroicas hazañas, expresión obvia de su condición de machos dominadores, las grabaron, publicaron y mostraron al mundo entero.  En su comportamiento posterior, por cierto, no han mostrado el más mínimo arrepentimiento.

La Sentencia, según se anuncia, condena por un delito continuado -porque no puede variar esa condición si bien deja clara su opinión contraria- de agresión sexual (violación), con las agravantes de trato degradante o vejatorio y comisión conjunta de más de dos personas, contemplado en el artículo 180.1, 1ºy 2º y de acuerdo con el párrafo 2 de dicho precepto, a la pena de 15 años de prisión a cada uno de los acusados en su condición de autores.

La Sentencia deja claro, por otra parte, que a esas condenas se podía -se debía- llegar con la ley actual. El Gobierno trabaja en un proyecto de reforma, para el que se solicitó la colaboración de la Sección IV de la Comisión General de Codificación que emitió su Dictamen, proponiendo la desaparición de la figura de abusos sexuales y haciendo pivotar los tipos penales en torno a la no existencia de consentimiento y a la naturaleza del atentado a la libertad sexual; se pretende adecuar la legislación española a los Acuerdos internacionales en la materia y, concretamente, al Tratado de Estambul que impone la idea de que sólo el consentimiento expreso de la víctima deshace la naturaleza agresiva de cualquier acto contra la libertad sexual, el ya célebre “No es no” o, por mejor decir “sólo un sí no es un no”. La Reforma es, sin duda, conveniente. Pero no era necesaria para que no se hubiera producido un pronunciamiento jurisprudencial tan insensible ni tan desatinado. En definitiva, el problema no era la Ley sino el Tribunal. Y eso pone de manifiesto algo que, lejos de producir tranquilidad, comporta una preocupación mucho más grave: para cambiar el Código penal basta la voluntad y 176 votos favorables; para conseguir que los Tribunales lo apliquen como deben es imprescindible por supuesto la voluntad, pero también un cambio radical en los procesos de selección y de formación.

Libre elección de centro y segregación escolar: un binomio constitucionalmente inaceptable

Ana Valero

Que la educación en España no es equitativa es un hecho. Según la segunda edición del Estudio “Vía Universitaria” (2017-2019) de la Xarxa Vives d’Universitats, los hijos universitarios de progenitores con un nivel formativo bajo solo representa un 22% del total del alumnado. Algo que trae causa, sin duda, en la desigualdad existente en la educación básica, donde la segregación escolar está teniendo consecuencias nefastas para la cohesión social y cultural de nuestra sociedad.

Los datos a día de hoy, y tras la alternancia de distintas leyes educativas, evidencian que existe una preocupante concentración del alumnado socialmente vulnerable en la escuela pública.

Así, en relación con la concentración de estudiantes inmigrantes, los datos son los siguientes: en cinco Comunidades Autónomas la red pública de centros educativos escolariza a más del 90% del total de alumnado inmigrante extranjero (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha); seis registran entre el 80% y el 90% (Murcia, Canarias, Valencia, Cataluña, Baleares y Galicia), otras seis entre el 70% y el 80% (Asturias, Argón, Navarra, La Rioja, Madrid y Castilla-León) y dos entre el 65% y el 70% (Cantabria y País Vasco).

Pero la segregación escolar no sólo está vinculada a la nacionalidad sino también perfil socioeconómico: pues nueve de cada diez centros que concentran al alumnado de perfil socioeconómico bajo son públicos.

Esta situación se explica por la conjunción de diferentes factores, entre los que destacan:

-La llamada segregación residencial, pues es un hecho que los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta;

-Las prácticas que adoptan muchos centros educativos concertados que desincentivan a las familias con menos recursos económicos: ofrecen servicios complementarios, como el comedor escolar o las actividades extraescolares, a un precio muy superior al de la oferta escolar pública; o cobran cuotas indebidas que, bajo el carácter formal de voluntarias, se exigen de manera pseudo-obligatoria;

-Además, se han detectado prácticas irregulares por parte de las familias en el acceso a los centros concertados, por ejemplo, en la obtención de los puntos correspondientes a la renta;

-Por último, otro de los factores más relevantes es, sin duda, la interpretación expansiva del derecho a la libre de elección de centro que ha venido realizándose en la legislación y en la política educativa de este país.

La Constitución española de 1978 reconoce el derecho a la educación en su artículo 27. En el contenido de este extenso artículo se trató de dar consenso a las dos sensibilidades existentes en la sociedad del momento en materia educativa que, en cierta manera, siguen existiendo a día de hoy: la de los partidarios de que la educación siguiese en manos de quien tradicionalmente había estado, la Iglesia católica y, por tanto, defensores de la escuela privada; y, la de los partidarios de la construcción de una escuela pública de calidad como el mejor instrumento para luchar contra las desigualdades sociales.

Podríamos decir que estas dos visiones se plasmaron en el artículo 27 CE a través del reconocimiento y la integración dialéctica entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y los demás derechos o facultades asociados a ambos.

El derecho a la educación, entendido como derecho de prestación, quedaba garantizado, por tanto, a través: del carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica -artículo 27.4 CE-; el deber del Estado de garantizar dicha obligatoriedad y gratuidad a través de la programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes -artículo 27.5 CE-; y, el deber de inspección y homologación general del sistema educativo en su conjunto -artículo 27.8 CE-.

La libertad de enseñanza, por su lado, es la plasmación del pluralismo ideológico y social en el ámbito educativo que tiene su base en las libertades ideológica y religiosa del artículo 16 CE. Y comprende: el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que resulte acorde con sus convicciones -artículo 27.3 CE-; y el derecho de las personas físicas o jurídicas privadas a crear instituciones educativas -artículo 27.6 CE-, pudiendo dotar a éstas de un ideario propio.

La integración dialéctica entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza quedó plasmada por el legislador democrático, desde el primer momento, en el modelo de conciertos educativos con la escuela privada. Sin embargo, es importante aclarar algunos equívocos interesados existentes en relación con los conciertos y la libre elección de centro.

En primer lugar, hay que señalar que el reconocimiento del derecho de creación de centros docentes por personas físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la legislación puede o no reconocer.

Pues, si bien es cierto que el artículo 27. 9º CE establece el mandato constitucional de ayuda a los centros docentes al disponer que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, tal como señaló el Tribunal Constitucional en su temprana jurisprudencia, este mandato no impone el deber automático de ayudar “ni a todos los centros, ni totalmente, sino que queda supeditado a los recursos disponibles y a la obligación de someter el sistema de financiación a unas condiciones objetivas”. En palabras del Tribunal: “el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, por lo que los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, donde vayan las preferencias individuales”.

Por ello, cuando el legislador decide concertar con colegios privados debe existir la certeza de que éstos llevan a cabo la prestación del servicio público educativo en condiciones de gratuidad, igualdad y calidad. Porque, como ha señalado el Tribunal Constitucional: “la acción prestacional de los poderes públicos ha de encaminarse a la procuración de los objetivos de igualdad y efectividad en el disfrute de los derechos que ha consagrado la Constitución”.

En garantía de lo cual, los centros concertados deben estar sujetos a controles básicos por parte de la Administración educativa, especialmente relativos a la calidad y a la escolarización equitativa del alumnado. Y ello porque el modelo educativo diseñado por la Constitución es un modelo de equilibrio entre el derecho de creación de centros docentes y el mandato a los poderes públicos de ofrecer una educación de calidad a todos los ciudadanos.

Si este es el marco constitucional, ¿qué ha venido sucediendo, sin embargo, para llegar a la situación actual?

Básicamente que las leyes y políticas educativas impulsadas por los gobiernos del Partido Popular, especialmente a través de la LOMCE, no han sido respetuosas con dicho planteamiento al introducir el criterio de la llamada “demanda social” con la clara intención de priorizar la escuela privada sobre la pública. Según este criterio, los poderes públicos pueden ampliar el número de conciertos cuando las preferencias de los padres así lo justifican –artículo 109 de la Ley-.

Apoyándose en una interpretación expansiva e interesada del derecho a la libre elección de centro de las familias, los partidos y asociaciones afines a un sistema liberal de organización social, han favorecido la concertación y las prácticas selectivas del alumnado por parte de los centros privados-concertados, con la consecuente segregación escolar de los niños de familias desfavorecidas económicamente o con especiales necesidades educativas.

Desmontar el argumento de la libre elección es fácil si se es riguroso y respetuoso con el modelo educativo diseñado por nuestra Constitución, pues es importante aclarar que de la libertad de enseñanza no deriva un derecho constitucional a la libre elección de centro. Si se atiende a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo único que cabe deducir es que existe un derecho de los padres -sólo cuando el menor carezca de madurez suficiente- a mostrar su preferencia por un determinado centro y a que las administraciones educativas tengan en cuenta la opción realizada, pero nada más, pues, la plaza finalmente atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias manifestadas y ello no implica un “destino forzoso” que vulnere derecho alguno.

El derecho a la libre elección de centro no es un derecho de prestación, sino una facultad asociada al derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral más acorde a sus convicciones, esto es, un derecho de libertad. En consecuencia, estamos en presencia de un mero principio configurador sin posibilidad de exigencia por los sujetos ni fiscalización jurídica posible.

En la medida en que las preferencias paternas han de ser equilibradas con la obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el sistema educativo, hacer interpretaciones expansivas de los derechos educativos paternos resulta constitucionalmente inadmisible. Y ello por dos motivos:

El deterioro de la calidad democrática en la escuela pública puede poner en peligro el derecho de los menores que se escolarizan en ella a recibir una educación integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad, del que los derechos educativos paternos siempre deben ser instrumentales;

La no equidad en el acceso y en la escolarización implica una discriminación de origen que puede tener efectos directos de desigualad en la inserción social de quienes sufren la segregación escolar.

Defensa del impuesto de sucesiones y donaciones

Ferrán del Alcázar

  1. ¿Bajar impuestos es de izquierdas?.

Dijo José Luis Rodríguez Zapatero en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”. Ciertamente, lo es solo si beneficia a los más desfavorecidos y la reducción ayuda a quien más lo necesita. En caso contrario, bajar impuestos no es “de izquierdas”. Los impuestos son la forma de financiar los servicios públicos y de redistribuir los recursos económicos en las sociedades modernas, que adolecen precisamente de ser injustamente desiguales.

Entre los mecanismos de corrección de las desigualdades, los impuestos son fundamentales para reparar los excesos del capitalismo y garantizar un Estado de Bienestar fuerte en las economías liberales.

La reducción o eliminación de impuestos es fácil de defender políticamente (“incrementa el consumo”, “da un respiro a los consumidores”, “hace disminuir la defraudación y aumenta la recaudación”, etc.), pero salvo la excepción citada, no es una decisión política que pueda considerarse de izquierdas; ese razonamiento puede resultar, incluso, ofensivo.

Eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) supondría la cronificación de la desigualdad y la acumulación de riqueza con independencia del mérito y del esfuerzo individual. Nuestro sistema económico se fundamenta en la propiedad privada y la herencia, pero la Constitución establece una limitación a ambos derechos: la función social, que delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes (artículo 33).

En el caso de la herencia, esa función social se refleja en la necesidad de que la sociedad obtenga algún beneficio de la riqueza transmitida por la muerte de una persona: el impuesto de sucesiones.

  1. ¿Qué pasa con el IDS? Desmontando argumentos.

Como el impuesto ha sido criticado fuertemente en medios, especialmente en los conservadores, veamos cómo desmontar esos argumentos:

1º. “El ISD obliga a pagar dos veces, el fallecido ya pagó por los bienes transmitidos”.

El Derecho Tributario prohíbe doble imposición, es decir, que una persona pague varios impuestos similares por el mismo hecho y con idéntico fundamento o motivo. Esa prohibición requiere, pues, tres identidades: sujeto, hecho y fundamento.

Que una persona pagara IVA (o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, según el caso) por comprar un bien inmueble, IBI por ser titular del mismo, etc., no obstaculiza que la transmisión por causa de muerte devengue un impuesto: se grava otro hecho distinto (la adquisición del bien a título gratuito), a un sujeto distinto (al heredero, no al fallecido) y por un motivo distinto (el enriquecimiento sin mérito del heredero, más allá del vínculo de parentesco o testamentario. No concurre ninguna de las identidades.

Analicemos un ejemplo: una persona, con su salario, compra un libro a un librero; según este argumento, el librero debería negarse a declarar la retribución percibida porque el comprador ya pagó el IRPF por esa cantidad. Es absurdo.

2º. El ISD es injusto y excesivo. Muchas personas renuncian a su herencia por su culpa.

Esta semana, el diario Levante ha publicado que la Comunitat Valenciana cuenta con el Impuesto de Sucesiones más alto de España. Aceptar un patrimonio de 309.000 € obliga a pagar 3.582 € en la Comunitat, apenas un 1% de lo heredado. Sin embargo, sostener que alguien rechaza una herencia por ese 1% es muy atrevido.

Una causa posible de las renuncias puede encontrarse en el hecho de que las deudas del causante también se transmiten. En ocasiones, dichas deudas exceden el patrimonio heredado, o lo menguan considerablemente, por lo que pagar el impuesto, junto con otros gastos (notaría, partición de herencia, pago de legados) puede dejar poco o nada a repartir. Parece un motivo más plausible, y concuerda con el hecho de que, durante la crisis hipotecaria se hayan multiplicado las renuncias a herencias, como explicaba ya en 2015 El Mundo.

3º. El ISD perjudica sobre todo a quienes heredan poco, o a quienes heredan solo una casa que necesitan para vivir.

En ocasiones este argumento ha utilizado medias verdades o mentiras, directamente, para hacer campaña contra el ISD.

En el artículo enlazado se culpa al ISD de que una mujer sea embargada, pero su abogado admite “falta de información y cúmulo de errores”, y se contienen inexactitudes importantes sobre los procedimientos tributarios. En realidad, la mujer fue gravemente negligente en la gestión de la herencia, fue sancionada y no pagó una deuda que aumentó durante años.

Pueden darse situaciones injustas (por ejemplo, que quien hereda deba pagar mucho dinero para no tener que vender una propiedad inmobiliaria de alto valor simbólico) pero ello no invalida la naturaleza del impuesto ni desvirtúa su función redistributiva.

Además, las leyes reguladoras del impuesto prevén particularidades relativas a los parientes y mínimos exentos, e incluso plazos para pagar la deuda, por lo que se puede aceptar llevar el debate a esos casos excepcionales; discutamos cómo mejorar la regulación del impuesto, no su existencia.

4º. Si una persona, con su esfuerzo y pagando impuestos, ha acumulado un patrimonio durante toda su vida, es injusto que sus hijos deban pagar impuestos por disfrutar esos bienes.

Este argumento, vinculado a los anteriores, se desmonta con el fundamento mismo de este y otros impuestos.

Sea cual sea el esfuerzo de una persona o la intensidad de su trabajo, se habrá beneficiado de que existen servicios e infraestructuras públicas. Por ejemplo, cualquier empresario se beneficia del sistema de carreteras que permite a los bienes que vende llegar a su destino; del sistema educativo que da a sus trabajadores la formación necesaria para desempeñar su trabajo; de las instalaciones de tuberías y electricidad que hacen de su oficina un lugar funcional; del sistema sanitario que protege a él o a sus trabajadores. Y un largo etcétera.

Aunque una persona utilice la escuela privada y la sanidad privada, es innegable que lo público le ha beneficiado. Y lo público existe porque existen impuestos. Por tanto, es justo que la Hacienda Pública perciba una parte de lo que se ha generado.

  1. Concluyendo

Es deseable una regulación común en toda España del impuesto que corrija desigualdades recaudatorias y desequilibrios entre territorios. Defender su eliminación, sin embargo, carece de justificación más allá de, siendo bien pensado, el electoralismo (ya que el argumento de que la reducción del impuesto atrae patrimonios es poco útil, porque no ha tenido efectos recaudatorios relevantes) o, siendo mal pensados, el deseo de mantener el privilegio a los patrimonios más importantes y la perpetuación de las desigualdades.

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El SNS y el derecho a la salud: la nueva regulación del acceso a la asistencia sanitaria

María Dalli

La aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), ha supuesto un cambio de paradigma en el acceso a las prestaciones sanitarias en España.

Tras aproximadamente seis años de aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, la nueva regulación reconoce las prestaciones del Sistema Nacional de Salud a todos los nacionales y residentes habituales, incluyendo disposiciones específicas que habilitan el acceso, también, a los extranjeros en situación administrativa irregular. A la espera de conocer los efectos de la aplicación de este Real Decreto-ley 7/2018, se pueden realizar valoraciones preliminares de la nueva regulación en relación con las implicaciones para el modelo de salud del SNS y para el derecho a la salud.

La nueva regulación vincula el acceso a las prestaciones sanitarias a la condición de residencia, lo cual va en la línea de las características que tradicionalmente han definido los sistemas nacionales de salud. Estos suelen venir financiados a través de impuestos y ofrecen cobertura a toda la población residente. En cambio, el Real Decreto-ley 16/2012, al introducir las categorías de ‘asegurados’ y de ‘beneficiarios’, vinculadas a la participación en el sistema de la Seguridad Social, supuso que el SNS español pudiera considerarse, entre los años 2012-2018, como un sistema de rasgos mixtos: el modelo de salud vinculado a la seguridad social en cuanto a la titularidad (modelo biscmarckiano), y el modelo propio de los sistemas nacionales de salud o beveridgeano, en relación con el mecanismo de financiación.

El modelo beveridgeano de los sistemas nacionales de salud existe en países como el Reino Unido, donde este tuvo su origen a mediados del siglo XX, los países nórdicos y países del Sur europeo como España e Italia. El modelo de la seguridad social o bismarckiano existe, por ejemplo, en Alemania, donde el sistema de acceso a las prestaciones viene vinculado a la participación en el mercado de trabajo o, en otro caso, a un límite de ingresos. Si bien este modelo que surgiría a finales del siglo XVIII en Alemania se extendió a otros países de la Europa Continental, en la actualidad muchos de estos sistemas han evolucionado a un modelo de aseguramiento. En estos sistemas, con habitual presencia de compañías privadas en la prestación de los servicios, se da una cobertura obligatoria para toda la población residente, si bien la financiación sigue llegando en su mayoría a través de las contribuciones sociales. Por ejemplo, en Bélgica, en los Países Bajos, en Suiza o en Francia, donde en enero de 2016 se reformó la regulación sanitaria en aras de una mayor universalización.

La cobertura de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión que, debido a que es la residencia legal el estatus que habitualmente da acceso a los derechos sociales en el marco de los Estados del bienestar, no ha sido tenida en cuenta en las clasificaciones típicas de los modelos de salud. Así, lo cierto es que las restricciones tienen lugar independientemente del modelo sanitario y en una mayoría de países europeos. Sistemas como Francia, Bélgica, Italia y, en la actualidad, España, son una minoría al respecto, al contemplar disposiciones específicas con el objetivo de ofrecer cobertura al colectivo que no ha obtenido la residencia legal.

Es necesario reforzar los enfoques de derechos humanos en los análisis de los sistemas sanitarios. La vinculación del ámbito de la salud con el de la seguridad social carece de sentido tanto desde el punto de vista de las necesidades a las que la asistencia sanitaria da respuesta, como desde la perspectiva de los derechos que se reconocen en los tratados internacionales de derechos humanos. La salud y la seguridad social son dos derechos que se reconocen de forma autónoma. Además, la población inmigrante en situación irregular que, a pesar de estar residiendo con habitualidad en un territorio no ha obtenido todavía el estatus de residencia legal, no puede quedar desatendida. Que estas personas tengan acceso a la atención sanitaria que necesiten es exigible atendiendo a las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos, así como por razones de humanidad y de salud pública.

En relación con el derecho a la salud, este se reconoce en la mayoría de tratados internacionales con carácter universal, esto es, para todas las personas. Existen contradicciones todavía por superar, como el articulo 28 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el cual reconoce solo la atención urgente; o el articulo 13.4 de la Carta Social Europea, que restringe el derecho a la asistencia médica en situaciones de irregularidad administrativa. Sin embargo, todos los órganos supervisores de los tratados coinciden en subrayar la importancia de la atención sanitaria a la población inmigrante. Así, el Comité Europeo de Derechos Humanos ha defendido, a través de sus Conclusiones, la cobertura a este grupo, aun sin residencia legal, atendiendo al artículo 11 de la Carta Social que reconoce el derecho a la salud. También el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité DESC, cuyas Observaciones Generales permiten conocer las implicaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la salud, pues, implica el derecho de todas las personas a las medidas adecuadas destinadas a garantizar un buen estado de salud. El derecho ha de ser accesible, disponible, adecuado y de calidad, de acuerdo con la Observación General núm. 14. Las obligaciones de prohibición de la discriminación y de protección a los grupos vulnerables se reconocen con un carácter mínimo o básico, lo cual quiere decir que no cabe la justificación de medidas regresivas. Tales obligaciones exigen la cobertura de la población sin residencia legal, especialmente a fin de proteger a colectivos vulnerables que, de otro modo, no podrían sufragar el precio de la medicina privada. Por todas estas razones, la cobertura sanitaria para las personas inmigrantes en situación irregular es una exigencia para todo país que, además de tener un sistema de salud consolidado, se diga respetuoso de los derechos humanos.

La anterior regulación del acceso al SNS español, implementada por el gobierno del Partido Popular por el Real Decreto-ley 16/2012, modificó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS introduciendo las categorías de asegurados y de beneficiarios, en atención a una serie de vinculaciones a la Seguridad Social, y reconociendo a la población sin residencia legal únicamente la asistencia en situaciones de urgencia, de embarazo y para menores de edad.

Ello supuso la retirada de más de 600.000 tarjetas sanitarias. Expertos internacionales en materia de derechos humanos denunciaron la reforma de 2012, como el Comité DESC, los Relatores especiales en materia de pobreza extrema y de discriminación racial, el Comité Europeo de Derechos Sociales o el Comisario Europeo de Derechos Humanos.

Rápidamente, la sociedad civil criticó la reforma, denunciando principalmente las restricciones para los inmigrantes en situación irregular, y puso en marcha acciones para promover una mayor cobertura en la práctica. Destacaron las campañas para la promoción de la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios, llevadas a cabo por Yo Sí Sanidad Universal, así como por Médicos del Mundo, con su campaña ‘Derecho a curar’. En la Comunidad Valenciana se puso en marcha ODUSALUD, Observatorio para registrar denegaciones de acceso a la asistencia sanitaria en territorio valenciano.

El Real Decreto-ley 7/2018 aprobado por el gobierno del PSOE en julio, supone un cambio de paradigma al reconocer las prestaciones del SNS a todas las personas nacionales y residentes habituales en España. Con esta regulación se vuelve a reformar el artículo 3 de la Ley 16/2003 mencionada anteriormente. A las personas extranjeras sin residencia legal también se les reconoce el acceso siempre que no puedan acreditar la existencia de cobertura por otra vía, no exporten su derecho de asistencia desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado al pago. Los efectos y términos precisos de su aplicación todavía están por comprobarse, pero puede afirmarse que esta regulación resulta más acorde con el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Además, supone una vuelta a la regulación de la titularidad de acuerdo con las características propias de los sistemas nacionales de salud, al no vincular el derecho de acceso a la participación en el sistema de la seguridad social.

Las organizaciones sociales han acogido la nueva regulación de diferente forma; con Médicos del Mundo celebrando la nueva regulación, la Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública calificándola de un avance positivo. Sin embargo, Yo Sí Sanidad Universal lo ha hecho de forma más crítica, considerando que la cobertura a inmigrantes no se reconoce en términos de derecho, sino en base a provisiones específicas sujetas a la implementación de las Comunidades Autónomas. En este sentido, la cobertura sanitaria para inmigrantes sin residencia legal se regula en un artículo separado al que establece los términos de la cobertura general, y da a las Comunidades Autónomas la competencia para regular el procedimiento de solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras el acceso a las prestaciones sanitarias del SNS.

La pasada regulación de 2012 deja, en cualquier caso, legados importantes a tener en cuenta. La sentencia del Tribunal Constitucional 139/2016, de 21 de julio, declaró como constitucional el Real Decreto-ley 16/2012 en su mayor parte y realizó consideraciones de relevancia en relación con el derecho a la protección de la salud en España. Así, se considera que la reforma efectivamente supuso un cambio de modelo, legítimo y dentro de la libertad del legislador. El derecho a la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución española, según el Tribunal, no implica un acceso gratuito y sin costes a la asistencia sanitaria. De este modo, la universalidad no es incompatible con las restricciones que la reforma introdujo. La asistencia mínima reconocida a los extranjeros sin residencia legal y, asimismo, el convenio especial que se reguló para permitir el acceso al SNS tras el pago mensual de una cuota, fueron suficientes para considerar que los derechos en juego no se encontraban vulnerados. Aunque la regulación sanitaria ha cambiado en la actualidad, este pronunciamiento constitucional deja valoraciones restrictivas para la garantía del derecho a la protección a la salud en España.

El otro legado de la reforma de 2012 tiene relación con las regulaciones de las Comunidades Autónomas. Muchas de estas, además de recurrir la reforma estatal ante el Tribunal Constitucional, también aprobaron normativa autonómica de diferente tipo para ampliar la cobertura ofrecida en sus territorios respectivos a la población inmigrante, especialmente tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. En abril de 2016, se consideraba de 14 de las 17 Comunidades habían aprobado algún de medida de este tipo, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la plataforma REDER. Sin embargo, el gobierno estatal recurrió estas normas autonómicas. Todas ellas están siendo declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en atención a la vulneración de competencias estatales para regular aspectos generales de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, las regulaciones que se aprobaron en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, Extremadura, o Navarra, han sido anuladas a través de las sentencias de inconstitucionalidad 134/2017, de 16 de noviembre, 145/2017, de 14 de diciembre, 2/2018, de 11 de enero, o 17/2018, de 22 de febrero, respectivamente.

En definitiva, la reforma sanitaria articulada a través del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, es bienvenida al suponer una mejora considerable de la anterior situación, teniendo en cuenta una perspectiva de derechos humanos y atendiendo a las características que definen el Sistema Nacional de Salud. La anterior regulación deja, no obstante, jurisprudencia constitucional preocupante desde el punto de vista de la garantía del derecho a la protección de la salud en España. Asimismo, la implementación de la nueva regulación deberá efectivamente garantizar que no se deniegue a ninguna persona la asistencia médica necesitada.

¿Inviolabilidad absoluta del Rey?

Joan Carles Carbonell Mateu

Asistimos estos días, con cierto estupor, a la revelación de hechos atribuidos al anterior Jefe del Estado que, de ser ciertos supondrían la comisión de delitos graves. Y a la opinión casi unánime de que su autor no podrá ser juzgado porque en el momento de su comisión gozaba del privilegio –constitucional, se añade- de la inviolabilidad, entendida ésta como la incapacidad absoluta de ser juzgado y, por tanto, condenado. Es decir, el Rey (“la persona del Rey” dice textualmente el artículo 56.3) puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático. El Rey –o la Reina si llegare a haberla bajo el imperio de la vigente Constitución española- no es inviolable frente a cualquier hecho ni la situación puede durar más allá del tiempo que dure la ocupación de la Jefatura del Estado.

De acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución:

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

A su vez, dispone el 64 que:

”Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 (si no se obtuviere la confianza de ningún candidato a la Presidencia transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y,

“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

El único acto que el Rey puede efectuar sin refrendo es, de acuerdo con el 65.2: “nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

Pues bien, éstos son los actos del Rey a los que se refiere la declaración de inviolabilidad del 56.3 de la Constitución. No es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan. Dichos actos carecen de validez si no se producen tales refrendos y asunción de responsabilidad por la sencilla razón de que no son decisiones –ni, por tanto, acciones- del Rey. Y eso justamente por la superación del principio monárquico y el sometimiento de todos a la legalidad; esto es, a la voluntad general.

Acostumbra a entenderse esta inviolabilidad como un residuo del principio monárquico en virtud del cual el Jefe del Estado está por encima de los poderes del mismo. El poder judicial no podría entrar a enjuiciar los actos del Rey, puesto que éste está por encima de todos los poderes del Estado.

A mi juicio, resulta necesaria una reinterpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, ajustándola a los parámetros constitucionales. Y que el artículo 56.3 se refiera a los refrendos de los actos del Rey deja claro que éstos son los que derivan de su función como jefe del Estado. De ahí que, en mi opinión, sea necesario entender que la inviolabilidad de la persona del Rey tan sólo se extiende a aquellos actos cuya naturaleza requiera el refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros, en su caso. Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad.

Así, en los supuestos de que el Jefe del Estado realizara cualquier tipo de delito grave de naturaleza común, no quedaría exento de responsabilidad penal. Porque no hay a quien trasladar dicha responsabilidad, salvo que las acciones, que en estos casos sí son propias, vinieran refrendadas. Y es inimaginable que, por ejemplo, el Presidente del Gobierno o la ministra de Hacienda refrenden la apertura de una cuenta ilegal –y anónima- en un banco suizo o una agresión sexual violenta.

Las inviolabilidades, por otra parte, son exenciones penales cuyo fundamento procede de actos y no de personas. Éstas quedan por fuera de la órbita penal justamente porque se pretende con ello salvaguardar la función. Por ello su ámbito ha de quedar estrictamente restringido a lo necesario. Los parlamentarios gozan de inviolabilidad pero sólo por las manifestaciones realizadas en sesión reglamentariamente convocada. Y, también por eso, es menester entender que la inviolabilidad de la persona del Rey sólo se extiende a los actos a los que se refiere el artículo 56.3 de nuestra Norma fundamental.

Precisamente porque son éstos los actos sobre los que se proyecta la inviolabilidad, ésta se mantendrá por siempre, más allá de la duración del mandato de la persona inviolable: la función se vería completamente afectada si quien tiene que realizarla sabe que cuando cese puede ser juzgado por los hechos inherentes a la misma. Y justamente por eso, el resto de los llamados privilegios procesales (inmunidades y aforamientos) sólo se disfrutan durante el mandato. Porque transcurrido éste no hay afección alguna a la función si se juzga por hechos que nada tuvieron que ver con ella.

Si se comparte lo hasta aquí sostenido se habrá de convenir que se debe proceder contra el anterior Jefe del Estado por hechos que nada tuvieron que ver con el desempeño de su alta función y que, por tanto, no estaban comprendidos en el ámbito de su inviolabilidad. Y no sólo porque hoy ya no sea inviolable sino únicamente aforado, como ha recordado la Ministra de Justicia, sino porque la interpretación que casi unánimemente se sostiene sobre la inviolabilidad constitucional del Rey es insostenible.

Foto: «La loca historia del mundo». Mel Brooks (1981).