Una regularización para avanzar en derechos y bienestar para tod@s

Albert Mora

Corría el año 1999, en pleno inicio de la conversión de España en un país de inmigración, cuando comencé a trabajar en el campo de la garantía de derechos de las personas migrantes, primero como voluntario, y después como trabajador social, en el Centro de Atención Sociosanitaria de Médicos del Mundo en València. En aquella época tan solo las mujeres embarazadas, las personas menores de edad, y aquellas que padecieran alguna urgencia, siempre que así fuera considerado por el personal de admisión de los centros sanitarios, eran aceptadas en la sanidad pública.

Durante unos meses, y hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pude comprobar cómo el principal problema para la integración, la garantía del bienestar y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes era el hecho de que una buena parte de ellas se encontrara en situación administrativa irregular.

Fue impactante para mi tratar cada día con varios casos de personas que se encontraban sometidas a la explotación laboral, la violencia sexual, la inseguridad jurídica, el miedo, el estrés adaptativo, que desarrollaban problemas de salud física y psico-social, en algunos casos graves, y que ni siquiera podían acceder a la atención sanitaria pública. También fue impactante, pero en sentido inverso, descubrir, en una pequeña caja negra que custodiábamos en el despacho como si del más precioso tesoro se tratara, decenas de fichas con los nombres de profesionales sanitarios de diferentes especialidades que, voluntariamente, aceptaban atender a estas personas en sus centros sanitarios públicos, en contra de la normativa vigente, y en consonancia con los principios éticos y la preceptiva garantía de los derechos humanos.

Han pasado más de 22 años y hoy, desde la investigación en el campo de las migraciones que llevamos a cabo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, constatamos cómo, a pesar de que se ha avanzado en la garantía de algunos derechos para las personas en situación administrativa irregular, el principal obstáculo para la plena inclusión sigue siendo el hecho de que miles de nuestros vecinos y vecinas se encuentran viviendo en un limbo jurídico, sin que su presencia sea aceptada legalmente, expuestas a controles policiales por perfil étnico, a la posible reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros, a la expulsión forzada, y siendo objeto de las más variadas formas de explotación y violencia como señalamos, por ejemplo, en el informe sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana que publicamos en 2018.

El contexto de la pandemia puso de manifiesto la relevancia del trabajo que las personas migrantes hacen en España, un trabajo que muchas de ellas desarrollan sin las más mínimas garantías, y volvió a abrir una oportunidad para reflexionar sobre la imposibilidad de articular una sociedad de derechos y buena convivencia allí donde cientos de miles de personas (entre 390.000 y 470.000, según la Fundación Por Causa) se encuentran formalmente privadas del derecho a estar entre nosotros. El cinismo y la hipocresía de nuestra sociedad ha marcado la forma en la que se ha abordado esta realidad a través de unos años en los que han ido volviéndose cada vez más impopulares las propuestas favorables a la regularización de inmigrantes al tiempo que todo el mundo conoce a alguien que en el campo, en la obra o en el ámbito de los cuidados, trabaja en situación irregular aportando un esfuerzo del que se beneficia toda la sociedad.

En este contexto de pandemia, afloró la posibilidad de reclamar de nuevo un proceso de regularización que se pensó más viable al incrementarse la conciencia sobre la condición esencial de estos trabajadores y trabajadoras y encontrarse el país gobernado por una coalición progresista que se presuponía podía ser más receptiva a una medida fundamental para la efectiva promoción de derechos y la lucha contra el racismo institucional en España.

La Plataforma Regularización YA, constituida por cientos de organizaciones y colectivos, inició una intensa campaña que condujo finalmente a la presentación, por parte de Esquerra Republicana, de una proposición no de ley para el desarrollo de una regularización exprés en los ámbitos sanitario, de los cuidados, y agrario, que se debatió en el Congreso de los Diputados el 23 de septiembre de 2020, y que fue rechazada con los votos en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y VOX y los favorables de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, BNG, Compromís, y Más País-EQUO.

Frente a la realidad producida en nuestro entorno, con 356.000 personas regularizadas provisionalmente por el gobierno portugués y con 220.000 solicitudes presentadas al amparo del proceso de regularización puesto en marcha en Italia, el principal partido del gobierno se negó a apoyar esta medida y permitió que la irregularidad continuara marcando la pauta de la exclusión y la violación de los derechos de las personas inmigrantes en España.

Pero los movimientos sociales, dirigidos ahora fundamentalmente por activistas migrantes, siguen determinados en la defensa de los derechos y han promovido una campaña para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria. Es difícil no estar de acuerdo con las razones que se incluyen en la exposición de motivos de esta ILP: el necesario respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos; el aprovechamiento de las capacidades de las personas migrantes que se encuentran instaladas en España; los beneficios en términos económicos y fiscales que se derivarían de los impuestos directos y de las contribuciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores si miles de trabajadores emergieran de la economía sumergida; o el déficit de gobernanza pública que se deriva del hecho de que alrededor de medio millón de personas se encuentren fuera del radar de las instituciones.

Por sentido de la justicia, por interés colectivo y porque la lucha por los derechos o es por los derechos de todos o es tan solo un instrumento orientado a la promoción del privilegio y la desigualdad, es necesario apoyar esta campaña ahora con nuestra firma y con nuestra palabra, aprovechando la coyuntura para hacer pedagogía, para contrarrestar las dinámicas de deshumanización que nos enfrentan y nos enferman, para promover el mutuo reconocimiento y las capacidades que juntas, como personas que vivimos aquí, tenemos para vivir con mayor bienestar y cohesión social, y para hacer posible que esas vidas, únicas, finitas y valiosas de todos nuestros vecinos y vecinas migrantes puedan ser vividas con la dignidad y posibilidades que cada vida merece y que a ellas les están siendo negadas.

Investigar no es ofender

Fernando Flores

Cuando tras una denuncia ante los tribunales existe la sospecha de que han podido existir acciones u omisiones que han provocado la lesión grave de uno o varios derechos, la obligación del Ministerio Fiscal es investigar, a fondo, las circunstancias de lo impugnado; y la obligación de los jueces es admitir y valorar todas las pruebas relevantes que aclaren lo que realmente ha sucedido, para determinar si existe un vínculo causal entre aquellas acciones y el daño a los derechos. Todo esto es así siempre, y debe serlo con mayor razón si las víctimas de esos daños son personas en especial situación de vulnerabilidad.

Hace unos meses, a principios de octubre, la Fiscal de Sala del Tribunal Supremo delegada para protección de personas con discapacidad y personas mayores afirmó que al principio de la crisis sanitaria en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores. No fue una frase al azar, sabía de lo que hablaba.

Más allá de las situaciones inevitables de sufrimiento —y muerte— que muchas personas padecieron a causa de las excepcionales circunstancias que la pandemia provocó en su primera etapa, también han sido numerosos los relatos que han revelado comportamientos no profesionalesirresponsables, imprudentes, mediocres, de mala fe…, de personas y entidades, públicas y privadas, cuyos actos estaban vinculados de una u otra forma a los centros residenciales para mayores. Los medios han dado cuenta de unos cuantos, y son fácilmente consultables los informes de organizaciones serias que los han constatado.

El rigor que exige un tema tan dramático y delicado obliga a considerar como probable que muchos de aquellos comportamientos dudosos, recogidos en medios e informes, o denunciados en los tribunales, no merecen la consideración de ilícitos. Y una vez conocidas las circunstancias precisas de cada caso, aceptar también que otras conductas ni siquiera habrán de ser tachadas de reprochables. La pandemia dibujó un panorama extremo, y se hizo lo que buenamente se pudo. En otras palabras, en muchas residencias se actuó bien.

Es cierto, en muchas residencias se actuó bien, pero en otras no; en otras se actuó muy mal. Y también es cierto que algunas administraciones actuaron mejor que otras; y que algunas lo hicieron de forma deplorable. Por eso si, como dijo acertadamente la Fiscal delegada, en las residencias se vulneraron derechos fundamentales de las personas mayores —el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes, al acceso a la salud, a la intimidad familiar…— llama la atención que casi dos años después no haya habido un solo caso de denuncia de mala praxis de los centros o contra presuntas decisiones ilícitas de la Administración que haya prosperado ante los tribunales. ¿Es que todavía no les ha dado tiempo o, a la vista de los indicios, es que todavía va a ser nunca?

El motivo de esta paradoja podría ser que, como se ha señalado, en realidad, dadas las circunstancias, se hizo lo que se pudo y nada más era exigible. Pero no lo es. Lo cierto es que esta cancelación a cámara lenta de lo ocurrido con las personas mayores (muchas discapacitadas y en situación de dependencia) durante la crisis sanitaria es fruto de la dejadez, la inhibición y la incompetencia de quienes tienen la obligación de cumplir con importantísimas funciones, en la jurisdicción unos, en la política otros.

Después de las cosas que sabemos, ¿de verdad que puede aceptarse en un Estado que dice llamarse de Derecho que decenas de familias permanezcan en la indefensión que supone la absoluta falta de interés real de la fiscalía y los jueces por investigar con seriedad lo sucedido? ¿Y cómo se explica la dolorosa puesta de perfil de las administraciones responsables y los partidos que las sostienen, tan locuaces para otros temas menos graves?

No hablo siquiera de la condena de los culpables, si lo fueren, sino de que al menoscomo ha exigido el Tribunal Supremo en un Auto de diciembre de 2020, se investigue: se esclarezca “si los fallecimientos estuvieron asociados a decisiones políticas, administrativas o de gestión y si aquellas son susceptibles de reproche penal…”; se determine “la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que las personas fueran trasladadas a centros sanitarios…”; y se averigüe “si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos mayores de edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho”.

Nada de esto se ha hecho. Al contrario, en casos especialmente espinosos el interés y el rigor del ámbito judicial han brillado por su ausencia. Así, la Fiscalía de Madrid ha justificado la legalidad de los protocolos de la CAM con datos incorrectos, y en el caso de la residencia Elder de Tomelloso, con 75 muertes y un ostentoso comportamiento irresponsable de su gerente, ni Ministerio Público ni juez instructor han encontrado tiempo y motivos para tomarlo en serio. En otros casos, la lectura de los decretos de la Fiscalía que acuerdan el archivo de muchas de las denuncias muestra que, en su mayoría, dichos archivos no han sido el resultado de una verdadera investigación, sino que se han basado en los informes (naturalmente exculpatorios) de las propias residencias y las administraciones implicadas. ¿Hay que recordar que el Ministerio Público debe defender la legalidad y, especialmente, los derechos de las personas más vulnerables?

El pasado 24 de noviembre la Comisión de Derechos Sociales del Senado aprobó por unanimidad un informe de la ponencia de estudio sobre el envejecimiento en España, en el que se recomienda aprobar un Pacto de Estado para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores y combatir el edadismo, es decir, la discriminación por razón de edad. Tiene mérito, a la vista de esta encomiable iniciativa, que los mismos actores políticos, en sus respectivos parlamentos autonómicos, hayan conseguido malograr la puesta en marcha de comisiones de investigación para saber lo ocurrido en las residencias.

Después de la discriminación masiva a la que fueron sometidos miles de personas mayores durante la pandemia, no se me ocurre mayor acto de edadismo que la cancelaciónel olvido y la negación de reparación de aquellos casos en los que se produjeron acciones y omisiones que vulneraron flagrantemente sus derechos. No se pide una condena colectiva de quienes tuvieron la desgracia de verse envueltos de forma especialmente grave en la toma de decisiones a que obligó la crisis sanitaria. Lo que se exige es una investigación seria caso a caso, a la altura de lo sucedido, y se rechaza, frontalmente, una ocultación mutua de vergüenzas que, al cabo, nos acabará avergonzando a todos.

* Artículo aparecido en infoLibre el 9 de enero de 2021

Las niñas dormidas de Afganistán

Fani Grande

La idea de que el periodo de gestación sea alargado durante un tiempo indefinido para que el nacimiento de la criatura no signifique un problema para la madre se llama raqed en sociedades àrabès y bereberes del Magreb. Los fetos son dormidos en el vientre, en una práctica considerada como “técnica de empoderamiento femenino”, pues pone a salvo a la mujer de alguna circunstancia que pudiera representar un peligro para su vida. En la película Lenfant endormi, se muestra desde el punto de vista cinematográfico con una historia potentísima, el artículo que leí de Ángeles Gónzalez Vázques lo describe de una manera extraordinaria (La idea del niño dormido: Embarazo, estrategias sociales femeninas e Islam en el norte de Marruecos) y en un Fémur de hace tiempo traté el tema, aunque me fui por otros derroteros argumentales.

Me he acordado de esa idea leyendo sobre lo que está sucediendo en Afganistán desde que los talibanes retomaron el poder, sin despeinarse. Lo he rescatado de la memoria en ese ejercicio estéril mío de necesitar aportar algo, sabiendo que no haré más que coser una palabra a otra que poco ayudará a las mujeres y niñas afganas. Me he acordado escuchando a la experta y curtida periodista en ese complejísimo terreno, Mónica Bernabé, explicando el momento con la rabia de quien conoce bien los finos hilos de la trama, detallando cómo se han dejado fuera a las mujeres en el proceso de negociación de Doha entre talibanes y EEUU. Me he acordado viendo el fade out en redes sociales las voces de las activistas afganas, a la vez que sube a todo volumen el relato de los voceros talibanes. Me he acordado de la periodista de la CNN, Clarissa Ward, que no seguirá informando del daño causado, ni incomodará con su presencia a quienes contaban los minutos para que desapareciera de Kabul. Me he acordado escuchando a Pilar Requena, teñida su voz de dolor y enfado en sus intervenciones, desgranando las claves de lo sucedido y detallando cómo hemos ignorado la difícil situación de las afganas durante años, y describiendo el trato despectivo recibido por aquel talibán al que entrevistó.

Me he acordado de las imágenes del aeropuerto de Kabul y de quienes lanzan sus bebés en brazos de soldados extranjeros con la desesperación de quien intuye que no despegará jamás del infierno prometido talibán. Y me he acordado de las mujeres afganas embarazadas, y he querido tocar su angustia, aumentada quizás por si llevarán una niña en su vientre y nacerá esa niña en un lugar donde no le permitirán elegir su vida. Y vuelvo a la sensación de lo estéril de coser palabras cuando la aguja ahora sólo tendría que enhebrar derechos y coserlos bien fuerte a esos vientres llenos de futuro. Y me pregunto si las mujeres embarazadas de Afganistán conocerán el raqd y podrán dormir a sus hijas hasta tener garantía de parirlas libres. Y me he acordado entonces de todos los hombres que participaron en las negociaciones de Doha y que son cómplices de quienes, en el Siglo XXI, niegan los derechos a las mujeres y me gustaría entender en nombre de qué o de quién han firmado esos acuerdos. Y también me pregunto cómo pueden dormir tranquilos sabiendo a qué han sentenciado a tantas niñas antes de nacer.

Ilustración: Ali Divandari

«Johnny Depp» en Zinemaldia: derecho, fantasmas, cultura de la cancelación y nueva sensibilidad

Jesús García Cívico

La discusión en torno a si el Festival de Cine de San Sebastián debe dar marcha atrás a la concesión del premio Donostia a un actor acusado de maltratador vuelve a poner de actualidad eso que en EE. UU. se conoce con la neo-expresión «cultura de la cancelación». De un lado, sus más firmes detractores dan sólidos argumentos para tildar este peculiar formato de la sanción social de censura. Pensadores como Justin Tosi o Brandon Warmke lo definen como «exhibicionismo moral» mientras que Noam Chomsky –American power and the new mandarins– lo trata como el punitivismo de los nuevos burócratas de la corrección. De otro lado, plataformas feministas (más allá del movimiento #MeToo) insisten en que se trata de una forma de hacer visible formas de opresión que permanecían ocultas, disimuladas o tácitamente permitidas y señalan que la crítica a su crítica es lo que constituye propiamente una limitación a la libertad de expresión cuando no una forma de cinismo irresponsable.

La aproximación más cortés y respetuosa con el estado de cosas parece exigir la apertura de paréntesis: Una de las causas más justas de la historia de las ideas es el feminismo: reivindicación –la de la igualdad y liberalización de la mujer– sobre la que todos deberíamos mantener una postura inequívoca porque tanto la discriminación social, económica, laboral, política y simbólica como la agresividad sexual masculina son un gravísimo problema. Pero, por poner solo un ejemplo bien conocido del peligro que supone el uso del «yo te creo» como modo de pasar de la condena en abstracto al caso particular, muchas personas revisaron en cuestión de horas su opinión sobre el director de cine y guionista Woody Allen (antes famoso precisamente por la forma de reivindicar y potenciar magníficas actuaciones de las protagonistas femeninas) muchos años después de una acusación de abuso sexual que no prosperó judicialmente… ¡sin que apareciera ni una sola nueva prueba en su contra!

Como quiera que nuestro fenómeno va mucho más allá de las acciones concretas de individuos más o menos famosos para adentrarse en el terreno de las opiniones ofensivas o políticamente incorrectas, no hace mucho, en «A Letter on Justice and Open Debate» (Harper´s Magazine) una serie de representantes del mundo de la cultura abogaron por el intercambio libre de información e ideas, una suerte de columna vertebral de las sociedades liberales frente a lo que consideraban tendencias a la humillación pública y a la simplificación de problemas políticos complejos en una sola posición moral «cegadora» (blinding). También sobre el eje de la libertad de expresión, en Kindly Inquisitors y en «The Cancel Culture Checklist» el periodista norteamericano Jonathan Rauch, trazaba una serie de diferencias conceptuales entre la cancelación como «linchamiento» y la crítica propia de la libertad de expresiónl: esta presenta pruebas y argumentos en un esfuerzo por persuadir. La cancelación, en contraste, no busca la verdad sino organizar el ámbito mediático con el propósito de castigar simbólica o económicamente.

Es posible que haya muchos casos en que suceda así (que se produzca una desproporción, un «linchamiento», un injusto y un tanto enloquecido castigo como irracional afrenta a la presunción de inocencia, o simplemente a la distinción entre la complejidad del ser humano y algunos de los actos que realiza) sin embargo, las personas que defienden de forma honesta que hay que señalar con el dedo o con el emoticono de disgusto los comportamientos racistas, machistas, etc. de la gente del mundo del cine, el arte, la música o la literatura se mueven también habitualmente con una buena intención. Incluso cuando recogen firmas para retirar «Thérèse soñando», la pintura de Balthus del Metropolitan de Nueva York bajo la interpretación (un tanto reductiva y posiblemente fútil de que se trata de una complaciente visión romántica del voyerismo y de la cosificación de las mujeres menores de edad) están guiados por algún tipo de convicción no solo (o incluso no tanto) de una moral individual sino también (o sobre todo) de una moral social cargada de razón (con toda la inquietante plurivalencia del verbo). ¡Tan grave es la pederastia! ¡Tanto daños se ha hecho a tantos seres humanos por oscuros y enfermizos odios raciales, machistas y homófobos! La «cultura de la cancelación» con todas las pegas léxicas, morales, estéticas y jurídicas no se puede entender sin atender a una larga historia de injusticias, abusos y vilezas.

Más allá de los argumentos esgrimidos por ambas posturas (interpretados bajo el respeto a lo que Rorty y otros articularon como «principio de solidaridad), creo que la cuestión de fondo de la «cultura de la cancelación» no solo debe situarse en el marco de la evolución de una serie de asimetrías reversibles, neo-democratización y efectos laterales de los empoderamientos sino que como parte de un fenómeno más amplio que algunos llamamos «nueva sensibilidad», apunta a un orden de cosas particularmente comprensible desde el solapamiento de transformaciones culturales de signo muy distinto: desde las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación a los cambios culturales insertos en la subjetividad posmoderna estudiada por Fredric Jameson, de la hipervisibilidad a las nuevas representaciones ficcionales y multiculturales del mundo, del recelo y el desprestigio del discurso meritocrático –la «aristofobia» expresada en la malicia contra el intelectual y la suspicacia insalvable que levanta la idea de «elitismo»– al malestar del gran precariado entre crisis, del cambio de rumbo de la izquierda –desde la redistribución y la lucha de clases, al identitarismo– al deterioro de la capacidad crítica y lectora (por ejemplo en lo que toca al género de la auto-ficción), desde el «giro afectivo» y ese victimismo del que (entre otros) habló tempranamente Pascal Bruckner a la pérdida de peso de la verdad de los hechos en favor de una suerte de política de las emociones en una tradición de excesos hermenéuticos de textos combativos muy discutibles por parte de ensayistas influyentes (de Michel Foucault a Judith Butler) y otros de los que no resulta posible dar cuenta aquí.

En todo caso, si tratamos de no salirnos de la expresión bajo la que se debatiría el último caso (el de Johnny Depp) encontramos un continuo. Desde el boicot a J. K. Rowling, la autora de la serie Harry Potter, por algunos comentarios interpretados como transfóbicos a la retirada de reconocimientos público al gran filósofo escocés David Hume por alguna nota a pie de página con tufillo a racismo etnocéntrico, de las velocísimas lecciones de moral impartidas a Maradona mientras ingresaba en su tumba, a las cobardes palas de porquería lanzadas contra el poeta Gil de Biedma, ¿debe la esfera privada del creador interferir en la valoración o el reconocimiento de su obra?

Creo que hay algunos marcos argumentales que todavía ayudan a situar la cuestión: El primero es la separación entre el autor y la obra (porque tan erróneo es menospreciar la obra como lo es blanquear la figura del autor): el regate de Maradona, el cuadro de Picasso (menospreciado recientemente entre distintas reivindicaciones de Dora Maar), el poema de Gil de Biedma, los tratados sobre la tolerancia de Voltaire o el cine de Polanski no se resienten por la vida privada de sus autores. En el terreno de la filosofía fue Hans Gadamer –sucesor y discípulo del autor de Ser y tiempo– quien intentó cerrar uno de los casos más famosos afirmando que «Martin Heidegger era el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres». Efectivamente, el filósofo es autor de una de las obras más importantes de la historia de la metafísica, pero al mismo tiempo se comportó de forma vergonzante y servil durante el nazismo. Lo ha expresado felizmente José Luis Pardo: el principio en virtud del cual los tribunales dejaron de juzgar a las personas por su biografía para hacerlo exclusivamente por sus acciones es el mismo que, en el dominio de la cultura, determinó que los tribunales con jurisdicción dejasen de considerar a los autores en función de su vida y lo hiciesen únicamente de acuerdo con su obra. En estas coordenadas propias de la teoría del derecho (me refiero a la separación de los distintos órdenes normativos) es donde puede elucidarse primeramente la cuestión de la naturaleza del homenaje (no se homenajea a un hombre a una mujer por su vida sino por su carrera profesional).

Una segunda vía (poco relevante en el supuesto de Johnny Depp) es retener que la idea de que belleza y la bondad (de la obra o del autor) van unidas es, en algún imprescindible punto, claramente contrafáctica: no nos gusta solo lo moral, lo legal o lo que adelgaza, sino que acostumbra a suceder al revés. Quizás la enunciación más célebre acerca de esto la hiciera el sociólogo Max Weber: algo puede ser sagrado, no solo aunque no sea bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. «Lo hemos visto realizado en Las flores del mal: algo puede ser verdadero aunque no sea ni bello, ni sagrado, ni bueno».

Una tercera vía, expresada mucho tiempo atrás por Hegel (Fenomenología del espíritu) y por la que siento una íntima predilección apunta a lo que nos perdemos al detenernos solo en las «manchas» (soy consciente del eco del título de Philip Roth) de la vida privada, cuando absortos en los defectos de los demás, presos de envidia o resentimiento, cegados por ímpetus justicieros o por bajezas del alma no somos capaces de ver más allá. El ayudante de cámara (el sirviente) de Napoleón no conoce sus hazañas, no sabe del Código civil, no retiene el impacto en el mapa de la historia sino tan solo una mancha en el uniforme o la forma afectada en que se coloca el peluquín. Fijarse en la vida privada en lugar de en una carrera cinematográfica es adoptar el punto de vista del subalterno.

La noción de la cultura de la cancelación (me parece muy luminosa la inversión de la expresión: cancelación de la cultura) también podría observarse a la luz de una tipología de la sanción propia de la teoría del derecho de inspiración sociológica. Lo que en ningún caso parece deseable es importar el tipo de sanción jurídica (rodeada de un serie de garantías, entre ellas el principio de contradicción –el hecho de que ambas partes sean igualmente escuchadas– y la presunción de inocencia). ¿No es raro sentenciar globalmente en términos de culpable o inocente?

Entonces, ¿se resuelve el asunto definitivamente así?

El director de la Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha escrito, en mi opinión, una respuesta impecable: justa, sensible, elegante. El estupendo protagonista de Donnie Brasco o de Ed Wood se ha expresado con contundencia racional: ningún tribunal lo ha condenado. ¿Añadimos que denuncias tan visibles pueden resultar perversas (inmunizar o dejar de sensibilizar frente un problema de enorme gravedad como el machismo o la violencia de género)? ¿Habría que mencionar que la comprensión en clave personal de problemas estructurales que requieren profundas reformas institucionales se sitúa en una suerte de individualismo metodológico de inspiración neoliberal dañino para la cohesión social?

Pero, ¿y si los excesos de racionalización esbozados (me refiero a los míos) de esta «cultura de la cancelación» fueran más inútiles de lo que nuestra vanidad podría aceptar? En el interior uno intuye que detrás de la cancelación respira el pulmón de una minoría que teme que nunca tendrá justicia porque la experiencia les muestra que nunca la ha llegado a tener. ¿Qué significa la expresión «yo te creo»? ¿Es una inversión de la presunción de inocencia del acusado? El teórico del derecho dirá que sí (y no le faltará razón), pero el que sepa escuchar más allá de la teoría, sabrá que ese «yo te creo» es una inversión de la presunción de culpabilidad no del acusado… ¡sino de la víctima! Porque históricamente, en el campo de la discriminación racial y de la violencia sexual se ha culpabilizado y sospechado de la víctima Se trata de invertir esa desconfianza hacia la mujer (tantas veces repetida) de policías, jueces, familiares y amigos por la que se inhibía, se miraba a otro lado o se culpabilizaba directa o sutilmente a la víctima de maltrato o de violación. Lo que se expresa con ese «yo te creo» no es una presunción formal si no una presunción moral, emocional si se quiere así, que haríamos mal en interpretar en los estrechos márgenes del vocabulario procesal.

Con ese apoyo abstracto (a pesar de su aparente concreción) y moral, con las llamadas a la «cancelación» quizás se viene a expresar sencillamente que hay gente que sabe de qué va la historia de la larga noche de muchas mujeres, tan similar a la noche en la que un policía blanco cose al chico negro a balazos por llevarse la mano al monopatín. «Yo creo» al chico negro, a la mujer violada, en abstracto. Con ello se quiere decir que hay razones para aumentar la sensibilidad social e implementar políticas específicas: contra el racismo, contra la violencia de género.

La «cultura de la cancelación» está mal porque es consecuencia de un mal mayor y nada bueno surge de la discriminación porque nada bueno surge del mal. Nada bueno surge de la miseria, de la humillación social, cultural o laboral, de las risas, de los látigos, de la burlas, de los golpes, del ninguneo, de la explotación. El éxito de este tipo de sanción social radica en que supone una contra-experiencia: una imagen de la justicia inmediata (no la justicia misma), un simulacro, una aparición, un phantasmata, afín a la nueva velocidad de esta época de ilusiones banas y horizonte terminal.

La «cancelación» (el boicot emocional y colectivo) aparece en tiempos de «síntomas mórbidos» (por decirlo con Gramsci: una época que termina y otra que no acaba de despegar). Emerge y triunfa informal, fugaz o al menos coyunturalmente como micro-experiencia de un simulacro de justicia: rápida, visible y en algún punto que tiene que ver con la desproporción… eficaz. Presenta una dimensión pública pero también, íntima, privada (en su doble acepción como límite y como privación), porque la privación es el ámbito de la vida que el desposeído conoce mejor. Al otro lado del «estrado social», en ese proceso sin garantías, no es descartable que la eliminación de la presunción de inocencia (quizás solo la eliminación de la inocencia –nadie es inocente o nadie es suficientemente inocente) constituya en sí misma el contenido de esta nueva forma de sanción.

El castigo que mejor conocen aquellos que nunca han sido escuchados es privar a alguien de voz.

Por qué luchar sólo contra los delitos de odio no acabará con el racismo institucional y estructural

Youssef M. Ouled

El pasado 18 de marzo, un centenar de organizaciones lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, tendimos la mano al Ministerio del Interior, ofreciendo el apoyo de la sociedad civil para abordar un problema real en nuestra sociedad: poner fin a la discriminación racial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misiva se expone de manera justificada y objetiva la existencia del perfilamiento racial en España, si bien se trata de un problema global. En el texto se apela a un diálogo horizontal y constructivo con la administración, ante una práctica policial con graves consecuencias en las comunidades afectadas, en particular, y en toda la sociedad, en general.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la perfilación racial es una práctica policial discriminatoria a través de la cual las FCSE controlan, paran e identifican a personas únicamente en razón de sus características raciales. La policía identifica a personas racializadas sin tener realmente evidencias, convirtiendo en sospechosos a inocentes. Se trata de una actuación con múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, entre otras cosas, crea una división en la población al apoyarse en la necesidad de identificar a determinados grupos de personas para garantizar la seguridad de otras, puesto que esas personas controladas representan la inseguridad. Pero en realidad, lo que se consigue es romper la cohesión social al criminalizar a nuestros vecinos y vecinas, mientras se vulneran sus derechos y libertades individuales.

La respuesta de Interior rechaza un diálogo entre autoridades, policía y sociedad civil que es fundamental para inspirar y fomentar confianza y, además, nos recuerda al dicho: “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Por un lado, no se reconoce la existencia y el uso del perfilamiento racial por parte de la policía. Esta negación que resulta preocupante para quienes a diario son víctimas de esta práctica se ve contradicha por informes como «La apariencia no es motivo, identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña» elaborado por SOS Racisme Catalunya en 2019. El estudio reveló que por cada persona con nacionalidad española que se identifica, se para a 7,5 con nacionalidad marroquí. En este sentido, durante la pandemia de la COVID-19 el informe «Racismo y xenofobia durante el Estado de Alarma en España», elaborado desde RIS y el Equipo del Decenio Afrodescendiente para la ONU, mostró como el 70% de las personas interpeladas por la policía denunciaron haber sufrido identificaciones por perfil racial.

Si no se reconoce que hay un problema difícilmente se pueden abordar soluciones. Estas son solo algunas de las que se apuntan en la carta de la sociedad civil enviada a Interior: establecer mecanismos independientes de supervisión policial y denuncia; sistematizar el uso de formularios de identificación y garantizar que los agentes de policía puedan ser claramente identificados al realizar operaciones de parada y registro; o llevar a cabo estudios sobre las prácticas policiales a nivel nacional para obtener una visión general del uso de perfiles, recopilando datos desglosados y publicando los resultados para realizar el seguimiento pertinente.

No obstante, la respuesta del Ministerio pasa de puntillas sobre el racismo institucional en el que se enmarca esta práctica policial discriminatoria, sin hacer mención a su existencia y, por lo tanto, obviando la forma de hacerle frente. Mientras que sí se centran, desde Interior, en señalar los prejuicios de la sociedad al fundamentar su respuesta únicamente entorno al trabajo de las instituciones en contra de los delitos de odio.

Los delitos de odio son conductas violentas o actos criminales contra personas que se encuentran en un plano de desigualdad, expuestas a la discriminación por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para hacer frente a esta violencia se creó en el Código Penal una figura que permite proteger a las personas y grupos históricamente perseguidos y discriminados, con el fin de preservar su integridad física y moral.

La lucha contra los delitos de odio, por sí sola, no permite corregir las prácticas discriminatorias generadas desde y por las propias instituciones, como es el caso del perfilamiento racial. Es más, la existencia de una práctica policial discriminatoria que crea una distinción entre quienes componen la diversidad de la población, refuerza la discriminación racial en la sociedad y es un abono para los prejuicios que subyacen los delitos de odio.

El perfilamiento racial y los delitos de odio están estrechamente interrelacionados; el perfilamiento racial alimenta los delitos de odio y las víctimas de delitos de odio tienen altas probabilidades de ser víctimas de perfilamiento racial. Pero, luchar contra los delitos de odio no permite erradicar el perfilamiento racial. Igual que luchar contra las consecuencias del machismo no erradica de manera definitiva las raíces estructurales que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Con su respuesta, el Ministerio del Interior evidencia una falta de compromiso para erradicar el racismo y la discriminación más peligrosa de todas, la que emana de las propias instituciones que deberían protegernos. Es importante que el Estado persiga los delitos de odio, pero no se puede hacer de manera honesta y efectiva si no se ha reflexionado sobre el papel del propio Estado en su proliferación.

En estas circunstancias, ¿Cómo pueden las personas y grupos afectados denunciar o acudir a la justicia y confiar en que las instituciones abordarán de forma efectiva los delitos de odio cuando a diario son discriminadas por las propias instituciones? Si tampoco se fomenta un diálogo y acercamiento entre la población afectada e instituciones y la actitud de estas últimas exacerba el distanciamiento, sólo se contribuye a alimentar un caldo de cultivo para tensiones mayores.

Si desde las administraciones se quiere hablar de delitos de odio cuando se les interpela sobre qué están haciendo para poner fin al uso de perfil étnico-racial o en materia de brutalidad policial, deberían hacerlo únicamente cuando se tomen medidas efectivas para abordar la naturaleza estructural del problema. Está fuera de lugar tratar de dividir en pedazos un problema del que no se reconoce su existencia. Mientras no se dé ese reconocimiento, las respuestas de Interior a las propuestas de la sociedad seguirán siendo discursos vacíos que perpetúan las injusticias.

España no es racista…¿o sí?

Ángeles Solanes

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha, en 2021, es “la juventud se alza contra el racismo” en un intento de involucrar a cada uno de nosotros en el fomento de una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación, a través del lema #LuchemosContraElRacismo (#FightRacism). Recordar esta fecha supone insistir en la importancia de luchar contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Combatir el racismo y la discriminación exige abordar la diversidad desde un punto de vista positivo (como variedad y riqueza, no como diferencia excluyente) y hacerlo desde el principio de igualdad (formal y material), con el derecho antidiscriminatorio. Por eso, es importante recordar los sucesos que dieron lugar al día que hoy celebramos: la manifestación contra las leyes del apartheid, el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), durante la que fueron asesinadas 69 personas. Esta masacre provocó tal indignación que hizo que, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Resolución número 2142 XXI, y declarara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1979, dicha Asamblea instó a todos los Estados a desarrollar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra la discriminación racial, a través de la realización de actividades que dieran comienzo cada 21 de marzo.

Un año después de los acontecimientos de Sharpeville, en 1961, en Israel, se iniciaba el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la II Guerra Mundial. En este contexto, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Para Arendt, Eichmann era un burócrata, sin ser inocente, que trabajó al servicio de un sistema articulado para el exterminio. De ahí la importancia de reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y de estar alerta para evitar ese mal que subyace en ella, sin banalizarlo. Este es el aprendizaje imprescindible para afrontar los actuales prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Desde los mencionados acontecimientos hasta el reciente movimiento Black Lives Matter, múltiples sucesos han conmocionado a la opinión pública a nivel mundial y han impulsando el derecho antidiscriminatorio, sin que se haya conseguido superar las desigualdades basadas en la raza y la etnia. ¿Por qué persiste la discriminación racial o étnica, acaso no tenemos la percepción de que somos racistas? En nuestra cotidiana existencia ¿entendemos que esta es una cuestión que afecta a países como Estados Unidos, que tiene una deuda con la comunidad negra desde las promesas de los founding fathers, pero que queda lejos de la realidad española? Ciertamente podemos pensar que España no es racista (la tendencia positiva en la tolerancia de los españoles hacia la inmigración en algunos momentos, así podría avalarlo) ¿o sí? Una radiografía rápida de la situación española actual ofrece una nítida respuesta.

España recibió en el último Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 257 recomendaciones propuestas por 110 Estados para mejorar en la garantía de los Derechos Humanos. De ellas, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que se encuentran las relativas a incorporar en la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad y la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial; continuar con los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en aspectos como al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica; y aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías.

Estas recomendaciones no son nuevas. En su último informe sobre España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ya había insistido a las autoridades españolas sobre cuestiones como, entre otras, la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación y atender así a su Recomendación nº 7 de política general; penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo; sancionar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público; adoptar medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea totalmente independiente y actualizar la estrategia de lucha contra el racismo.

Desoyendo esas llamadas de atención, España se abstuvo en la votación de la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 31 de diciembre de 2020, en relación al llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aunque la resolución fue finalmente aprobaba con el apoyo de 124 Estados.

De este contexto internacional se desprende un doble racismo evidente y latente en la política española, que puede constarse también en la dimensión social. Los datos a nivel nacional avalan la persistencia de prejuicios raciales y actitudes intolerantes, y vienen a confirmar que en España sí hay discriminación racial y étnica, con una tradicional falta de voluntad política para combatirla, aunque no siempre sea fácil detectarla.

Como se constata en el último Informe sobre la evolución de delitos de odio en España (Ministerio del Interior, 2019), de los cuatro ámbitos que mayor número de incidentes registraron en 2019, el de “racismo/xenofobia ” es el que presenta un mayor aumento, en concreto del 20,9%. Este informe recoge por primera vez el nuevo ámbito “antigitanismo”, con 14 hechos conocidos y evidencia así la tradicional discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en España. De hecho, la primera sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla directamente de racismo institucional y lo conecta con el perfil étnico utilizado por la policía en sus actuaciones se refiere precisamente al pueblo gitano, en el caso Lingurar c. Rumanía.

En el mismo sentido, el reciente informe presentado por el CEDRE sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, apunta que los colectivos que se perciben más discriminados por el color de piel y rasgos físicos son las personas de África no mediterránea (82%) y las personas del pueblo gitano (71%); los ámbitos en los se percibe mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda (31%), el de establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%); los límites de detección y percepción de la discriminación se vuelven más difusos, siendo cada vez más patentes los “micro-racismos”; y persiste la infradenuncia.

Ante esta realidad, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada a nivel nacional por el grupo socialista en enero de 2021 y que se encuentra en trámite parlamentario, puede suponer un avance hacia la mayor igualdad si se atienden las recomendaciones internacionales y las demandas sociales. Ciertamente dicha proposición abre la posibilidad de tener una norma más garantista, ese mínimo común normativo que permita la protección real y efectiva de las víctimas, respaldada por una autoridad independiente (que denomina Comisionado) y en el marco de una estrategia estatal. Sin embargo, queda mucho por concretar.

Tendrá que plantearse la discusión sobre cuestiones como si ese Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del que habla la propuesta, como órgano específico, debe o no integrarse dentro del Defensor del Pueblo. Con ello se evitaría solapamientos, se garantizaría la independencia y se avanzaría en la línea del exitoso modelo francés. Habría que salvar en tal caso inconvenientes como el que se desprende del artículo 54 de la Constitución, según el cual el Defensor puede supervisar solo la actividad de la Administración, además del hecho de que el Defensor no tiene capacidad sancionadora, de mediación, arbitraje y asistencia a las víctimas. Otras alternativas serían también posibles, si no se vinculara a dicha institución, a partir del actual CEDRE, siempre que se respetara la imprescindible independencia.

Sin una normativa antidiscriminatoria garantista, ni un organismo fuerte, puede considerarse que no importa que las Administraciones públicas o las empresas discriminen porque esa actuación no genera responsabilidad. Es igualmente fundamental reforzar la tutela política y jurídica de los rasgos protegidos (los factores exclusógenos) por el derecho antidiscriminatorio. Dichos rasgos son abiertos y tienden a expandirse. Las discriminaciones sociales mutan y aparecen nuevas formas a las que habrá que prestar atención, como las derivadas de los sistemas automatizados de datos, la inteligencia artificial o la discriminación “genética”.

Esta estrategia de política pública, con garantías normativas e institucionales, tiene que venir acompañada de la acción social, para la prevención, la sensibilización y la denuncia (también en el ámbito virtual en el que ha crecido el discurso de odio y se ha aprobado un protocolo para combatirlo. Solo la conjunción de ambas permitirá frenar el racismo y la xenofobia manifiestos, y combatir las prácticas y actitudes de discriminación líquida, esa que pasa prácticamente desapercibida, que es banalizada, pero conduce a un mal mayor. Quizás así llegue el día en el que no sea necesario recordar esta fecha.

Icono de silueta con bastón

Fernando Flores

El icono de una silueta con bastón y algo encorvada para ilustrar al grupo de personas mayores de 55 años, que apareció ayer en un informativo, provocó cierta reacción de estupor en las redes sociales y una rectificación en clave de humor por parte del presentador del noticiero. — «Algo exagerado, ¿verdad?» — comentó divertido. La anécdota tuvo su gracia, y reconforta que los pequeños errores se rectifiquen con naturalidad y sin mayores aspavientos.

Sin embargo, sería un error no tan irrelevante pensar que esta anécdota es un suceso aislado, sin conexión con una realidad social que, a menudo, por medio de estereotipos como el del bastoncito, discrimina de forma silenciosa a las personas mayores.

Los estereotipos negativos son prejuicios sociales que minusvaloran a ciertas personas o grupos, y están en la base del trato peyorativo y discriminatorio (por comportamientos sociales, pero también por decisiones normativas y judiciales) que no pocas veces reciben.

Las personas mayores son percibidas en muchas ocasiones —más de las que nos atrevemos a reconocer— como sujetos débiles, inútiles, lentos, improductivos y egoístas, que ya han vivido su vida y que, como dice la hermosísima película de Leo McCarey, deberían ‘dejar paso al mañana’. Esta percepción, que en absoluto se corresponde con la realidad, no es necesariamente obvia, más bien suele ser sutil, muchas veces inconsciente y en absoluto malintencionada. Pero sus efectos pueden ser devastadores.

Esta semana, por poner un ejemplo, la Fiscalía de Sala para la protección de las personas con discapacidad y mayores ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma categórica las resoluciones judiciales que están autorizando la administración forzosa o no consentida de la vacuna a personas residentes en centros de mayores. Las rechaza, con razón, por discriminatorias, pues el trato diferente al resto de ciudadanos se basa, exclusivamente, en tener una edad avanzada y vivir en una residencia.

No se trata de enumerar aquí y ahora una ‘lista de agravios’ (aquí y aquí un par de casos llamativos que ya comenté), pero sí de llamar la atención sobre el hecho de que los prejuicios de los que estamos hablando podrán ser invisibles y aparentemente anecdóticos, pero sumados y decantados en acciones concretas, en absoluto son indoloros para sus víctimas. Están detrás de la soledad y aislamiento involuntario de muchas personas; están detrás del modelo de cuidados —segregado, institucionalizado, a veces inhumano— de muchas residencias; están detrás del triaje mortal que ha tenido lugar al principio de la pandemia, y que ha sido denunciado por el periodista Manuel Rico.

Lo del icono del bastoncito es una anécdota, y hace gracia, pero sería triste que su simpática resolución encubriese o relativizase un problema al que va siendo hora de que nos enfrentemos como sociedad: la desconsideración hacia las personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida.

 

 

La ley Celaá: porque la libertad sin igualdad es libertad para unos pocos

Ana Valero

Irrita escuchar a los sectores políticos y educativos conservadores izar la bandera de la libertad en contra de la recientemente aprobada Ley Orgánica, 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, conocida como Ley Celaá. Y digo que irrita porque es precisamente esta Ley la que pretende acabar con un sistema, el promovido por la anterior ley educativa –Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE-, cuyos efectos han conducido a España a ser uno de los Estados de la Unión Europea con más altos niveles de segregación escolar. Y ello porque, entre otros motivos, la tan reclamada “libertad de elección” ha venido siendo real solo para unos pocos. Pero para entender las medidas introducidas por la nueva ley educativa debemos conocer, en primer lugar, cuál es la realidad que pretende modificar.

El debate sobre la libre elección de centro escolar apareció por primera vez en la década de 1950 en Estados Unidos, a partir de la publicación de “El papel del gobierno en la educación”, de Milton Friedman. Desde su punto de vista, si la prestación del servicio educativo permanece en manos del Estado carece de incentivos para un uso eficiente y efectivo de los recursos, ni para la innovación. La libre elección, por el contrario, según la orientación de Friedman y sus partidarios, introduce la competitividad entre las escuelas, lo que las obliga a mejorar su gestión y rendimiento, ampliándose con ello una oferta más eficiente e innovadora que atrae a nuevos estudiantes.

Siguiendo esta estela, en España la libre elección de centro educativo por parte de las familias se ha convertido, para los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo, en el derecho fundamental que enarbolar para: por un lado, justificar un incremento de la concertación de la escuela privada y; por otro, adoptar estrategias de promoción de la competitividad entre escuelas, incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y ranking; o, una financiación competitiva que premie a las escuelas que más demanda consigan.

Este es el planteamiento al que se adhería la anterior ley educativa conocida como Ley Wert, que otorgaba un papel preeminente a la libre elección de las familias, y condicionaba el incremento de los conciertos a la llamada “demanda social” -artículo 109.2-. De acuerdo con esta Ley, el diseño de la red de centros escolares quedaba subordinado a la demanda de las familias. De modo que, si éstas solicitaban más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debía realizar más conciertos, lo que dejaba a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada.

La realidad a la que pretende hacer frente la Ley Celaá refleja la preocupante concentración del alumnado socialmente vulnerable en la escuela pública, la cual acoge casi en exclusiva a los alumnos de entornos económicos desfavorecidos. Nueve de cada diez centros que concentran al alumnado de perfil socioeconómico bajo son públicos. Entre los factores que explican esta realidad se encuentra que el proceso de elección de centro escolar por parte de las familias es desigual, pues las más favorecidas económicamente tienen mayor acceso a la información relativa a las escuelas mientras que las familias más desfavorecidas, además, se ven disuadidas por el cobro encubierto de cuotas indebidas por parte de las escuelas privadas concertadas, las cuales han llevado a cabo en los últimos diez años una auténtica “selección” de su alumnado. Lo cual ha conducido a la consolidación en el tiempo de procesos de segregación que redundan en la pérdida de equidad y de igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país según el estudio “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico”. Estos datos convierten a nuestro país en uno de los más segregados de Europa, ocupando un sexto puesto que lo equipara a algunos de los países del Este y lo aleja de los países de su contexto más cercano.

La OCDE ha advertido que la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales y vitales completas; dificulta que el conjunto del alumnado tenga trayectorias educativas exitosas; y contribuye a mantener las menores oportunidades de los sectores más vulnerables. En suma, el fenómeno segregativo compromete la función de igualación de oportunidades propia de la educación.

Frente a ello, la nueva ley educativa elimina el concepto de “demanda social” y establece que las Administraciones garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes (la anterior ley hablaba solo de “plazas”) y promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública –artículo 109. Programación de la red de centros-. Lo cual resulta mucho más acorde con el modelo educativo que diseña nuestra Constitución en el que, al igual que el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del que trae causa -artículo 27.3 CE-, el derecho a la libre elección de centro escolar es en España un derecho de libertad y no de prestación, no existiendo la obligación constitucional de los poderes públicos de proporcionar los medios materiales que garanticen su satisfacción.

En palabras del Tribunal Supremo: “Este derecho no puede tener un valor absoluto, de modo que en todo caso deba respetarse la voluntad paterna por encima de cualesquiera circunstancias. Por el contrario, obvias razones materiales y presupuestarias hacen limitados tanto los centros existentes como las plazas en ellos disponibles”. -Sentencia de 29 de marzo de 1993-. Lo cual significa que el alcance constitucional del derecho a la libre elección de centro, a diferencia de lo que los partidarios de la educación concertada pretenden, se limita a garantizar que las familias puedan mostrar su preferencia por un determinado centro, y a que el sistema educativo esté configurado de tal modo que la opción realizada sea tomada en consideración por los poderes públicos, no siendo en ningún caso vinculante. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “no existe un derecho constitucionalmente reconocido a ocupar preferentemente una plaza en un determinado centro docente”.

Los datos evidencian que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. Como señala el Informe de la OCDE School and Equality, mientras las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos de acceso a la información necesaria para escoger un centro educativo, las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio, lo que favorece la segregación escolar y la aparición de “centros gheto”. Algo en lo que han incidido los sucesivos informes sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa.

Como reacción a esta realidad, además de lo ya señalado en relación con su artículo 109, las principales medidas adoptadas por la nueva ley educativa incluyen: a) la cooperación entre Administraciones y entidades sociales para establecer actuaciones socioeducativas conjuntas en aquellos centros escolares, zonas geográficas o entornos sociales en los cuales exista concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa para evitar la segregación de este alumnado dentro de los centros educativos -Artículo 81-; b)  el deber de las Administraciones educativas de regular la admisión de alumnos y alumnas en centros públicos y privados concertados atendiéndose, en todo caso, a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo -artículo 84-; la constitución de comisiones u órganos de garantías que velen por la aplicación igualitaria de las normas de admisión por parte de los centros públicos y los privados concertados -artículo 86-; el establecimiento por las Administraciones de una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados, así como la reserva para este tipo de alumnado de una parte de las plazas de los centros públicos y de las autorizadas a los centros privados concertados -artículo 87-; la prohibición de que los centros públicos o privados concertados perciban cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones, o establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. De modo que las actividades extraescolares y los servicios escolares en todo caso tendrán carácter voluntario y las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. También se establece que las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro -artículo 88-; la Ley de Presupuestos Generales del Estado determinará el importe máximo de las cuotas que los centros con concierto singular podrán percibir de las familias; y, por último, se prevé que los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos -Disposición adicional decimoquinta-.

El legislador del 2020 no sólo ha aprobado una ley educativa perfectamente compatible con la Constitución sino que, sin duda, ha promulgado la ley educativa más plus-constitucional de la democracia.

Gitano/a y pobre: la combinación perfecta para estar en el foco de la policía en España

Pilar Eirene de Prada

* Los datos reflejados en este artículo forman parte de la investigación recientemente publicada por Rights International Spain Roma: Lucha contra el sesgo inconsciente hacia las personas de etnia gitana en el sistema de justicia penal.

El 64,5% de los españoles considera que la falta de recursos económicos es la principal característica que puede perjudicar a una persona a la hora de que se aplique la ley. El 37,9% cree que el factor determinante es la pertenencia a la etnia gitana. También es el principal factor perjudicial a la hora de acceder a servicios públicos, alquilar una vivienda o acceder a un puesto de trabajo, según el CIS. En este artículo veremos como, en el caso de las personas gitanas, se trata de una combinación de ambos factores lo que los coloca en el punto de mira del sistema.

La población gitana sufre una mayor tasa de desempleo que la media española. Según el índice AROPE, el 91,9% se encontraría en situación de pobreza o de exclusión social (frente al 29,3% de la población general). El índice de pobreza infantil entre esta minoría es también muy elevado, alcanzando el 89,1%. Casi la mitad de las personas gitanas que viven en España son extremadamente pobres, teniendo que sobrevivir con unos ingresos de no más de 200€ mensuales.

Las personas gitanas se encuentran dentro de los colectivos que sufren más paradas en la vía pública por parte de la policía. Las víctimas de este tipo de prácticas policiales -también conocidas como identificaciones policiales por perfil étnico– se han referido a ellas como experiencias traumatizantes y humillantes, generadoras de sentimientos de indefensión, inseguridad, miedo e impunidad.

Los profesionales entrevistados durante el Proyecto Roma aludieron a tres principales motivos por los que las personas gitanas son susceptibles de ser más detenidas en España en comparación con el conjunto de la población: (1) la existencia de estereotipos y prejuicios que señalan a las personas gitanas como potencialmente peligrosas o directamente como delincuentes; (2) una mayor vigilancia por parte de la policía en gran medida motivada por la formación recibida desde las academias de policía en las que se enseña que hay determinados tipos de delitos que se cometen por un perfil de persona (magrebís, gitanos, etc.); (3) la situación de marginalidad social y el alto porcentaje de población gitana que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.

La realidad es que estos tres elementos se encuentran estrechamente conectados. Es indudable la relación existente entre pobreza, exclusión social y criminalización. Se han evidenciado en los últimos tiempos políticas de penalización de la pobreza que se han traducido en un crecimiento exponencial de la población carcelaria en perjuicio de los grupos sociales más pobres. ¿Y qué hay de la relación entre etnia y criminalización?

Una de las claves para entender los estereotipos sobre la etnia gitana se encuentra en el concepto de peligrosidad social y en los enfoques higienistas de los estudios sobre “mala vida” de finales del siglo XIX. En España terminaron cristalizando normativamente por primera vez con el Proyecto Piniés de profilaxis social (1922). Durante el franquismo, las diligencias sobre personas gitanas recurrían de manera generalizada a la paráfrasis “su conducta es propia de la gente de su raza” como forma de referirse al comportamiento considerado moralmente reprochable por el régimen, tanto en la esfera pública como privada.

En resumen, la especial vigilancia a la población gitana y la discriminación, tanto por su forma de vida como por su origen socio-económico y riesgo de marginalidad social, tienen un importante arraigo histórico en España. Todo ello, fomentado por teorías criminológicas fundamentadas en prejuicios y en un afán homogeneizador del Estado-nación y llevadas a la práctica en las distintas legislaciones mencionadas, aplicadas hasta la transición democrática. Podríamos llegar a hablar de que la minoría gitana constituye una auténtica comunidad sospechosa en nuestro país en tanto que la construcción de la imagen del gitano/a como delincuente potencialmente peligroso/a se ha generado a través de normas, políticas y prácticas que tenían como objetivo a esta minoría étnica, y reproducidas y reforzadas por las prácticas sociales.

El Proyecto Roma partió de estas consideraciones y estableció como hipótesis de trabajo que los espacios del sistema de justicia penal en los que existe una mayor discrecionalidad son el resquicio perfecto en el sistema para que entren en juego los sesgos inconscientes de los profesionales hacia las personas de etnia gitana, pudiendo llegar a impactar de manera negativa en la imparcialidad del proceso.

Por ejemplo, existe una amplia discrecionalidad por parte de la policía a la hora de perseguir delitos que nos obliga a preguntarnos por las prioridades a la hora de investigar. Los policías que participaron en la investigación aludieron a que dar seguridad a los ciudadanos está por encima de cualquier estadística policial. Esto necesariamente plantea el interrogante sobre el concepto de seguridad ciudadana imperante en la práctica.

Podemos hablar de tres pilares que moldean el concepto de seguridad ciudadana tal cual lo entiende la policía hoy en día: (1) la visibilidad; (2) los medios; (3) la vertiente política.

La sensación de seguridad de los ciudadanos en muchos casos va aparejada a la visibilidad de la actividad policial, es decir, a una sensación de que se está haciendo algo por solucionar el problema. Esto puede desembocar en una interpretación errónea del concepto de seguridad ciudadana que propicie un aumento de la presión policial injustificada -o más bien justificada a través de prejuicios como la etnia o el nivel de recursos económicos- sobre colectivos como las personas gitanas o los migrantes.

Los medios de comunicación -como moduladores de la opinión y altavoces hacia la sociedad- pueden contribuir a acrecentar o disminuir la sensación de seguridad de los ciudadanos en determinados momentos, así como promover o cuestionar los estereotipos imperantes sobre diferentes grupos sociales.  Existen en la televisión diversos programas de tipo documental dramatizado mostrando aspectos cotidianos de sus protagonistas, todos ellos gitanos, que se basan única y exclusivamente en el perfil estereotipado y caricaturizado sobre la comunidad gitana como una forma de entretenimiento, actuando a su vez de refuerzo del estereotipo. Por otra parte, los formatos sensacionalistas a menudo ponen el foco en los sucesos que tienen como protagonista a algún miembro de la comunidad gitana como una estrategia para captar audiencia. Son particularmente dañinos al buscar el morbo y el escándalo en la noticia, cebándose particularmente en sucesos violentos o relacionados con drogas y haciendo referencia a connotaciones de tipo primitivista, como la utilización del término clan. Por último, las coberturas de carácter informativo también perpetúan los estereotipos al hacer referencia a la etnia del presunto autor de un delito cuando éste es gitano, promoviendo la asociación entre pertenencia a la etnia gitana y delincuencia. En cambio, cuando se trata de informar sobre aspectos positivos a menudo se omite la referencia a la etnia de los protagonistas de la noticia. Tampoco podemos olvidar el papel que juegan las conocidas como detenciones mediáticas, en las que se muestran operativos policiales espectaculares como una forma de demostrar ante el gran público la eficacia y contundencia policial.

Cuando un asunto cobra relevancia mediática también llega a oídos de los distintos responsables políticos de la policía (concejales, consejeros o ministro de interior) que, a través de sus órdenes internas a los mandos policiales -que posteriormente se transmiten a lo largo de toda la cadena de mando-, ponen en práctica políticas criminales con el objetivo de poner fin a la crisis planteada. En ocasiones se ordena aumentar la vigilancia y poner el foco sobre un barrio, un tipo de delito o un colectivo en concreto, identificados como el epicentro del conflicto, con el fin de rebajar la presión social, mediática y política surgida. Esto sin embargo puede provocar efectos colaterales como el reforzamiento de los prejuicios hacia determinadas personas y un nuevo argumento que justifique la discriminación.

En resumidas cuentas, la decisión de parar a una persona en la calle debería seguir un patrón objetivo de individualización de la conducta. La realidad es que la apariencia física y los estereotipos juegan un importante papel a la hora de identificar a una persona por parte de la policía. Por otra parte, la falta de control judicial y, por tanto, de un sistema de control y garantías en la fase de investigación policial provoca serias inquietudes. La posibilidad de que a través de órdenes internas los distintos cuerpos de policía estén desarrollando su propia política criminal es un elemento altamente preocupante, sobre todo si se basan en prejuicios y estereotipos de grupo. Esto puede desembocar en la aplicación de patrones de delincuencia etno-racializada a través de los cuales se atribuyen a ciertos grupos determinados tipos de delitos. Todo ello fruto de los estereotipos raciales consolidados sobre el grupo -como la asociación de las personas gitanas con la delincuencia- que se dibuja como compacto y homogéneo. Esto permite trazar comparaciones simplistas en el índice de criminalidad de diferentes grupos étnicos minoritarios en relación con el grupo mayoritario que pueden conducir a su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal. Del mismo modo, el aumento de la presencia policial en barrios de bajos ingresos con mayoría de población gitana puede crear una asociación entre etnicidad y criminalidad.

Libertad, epidemia y el vínculo social

Juan Carlos Pérez Cortés

En el barrio de Salamanca de Madrid se está dando estos días una situación sorprendente. Quienes poseen casi todo están tomando la calle al grito de “¡Libertad!”. Una calle que ya no es del ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, como en 1976. Ahora es de la gente… e incluso las élites son gente. La irresponsabilidad de llevar a cabo concentraciones en una circunstancia sanitaria epidémica es evidente, pero el objeto de análisis que me interesa aquí tiene más que ver con las consignas que se escuchan y el pensamiento que subyace, examinado desde el punto de vista de los aspectos éticos y afectivos que nos unen o deberían unirnos como sociedad.

Las ideas abstractas de libertad y de derechos individuales, como todos los conceptos morales que están ampliamente aceptados, parecen algo natural que surge de nuestra esencia como seres humanos. Pero, por supuesto, no son nociones directamente basadas en la experiencia y la empatía, como por ejemplo la preocupación por evitar el dolor de otra persona o la aflicción al perder a alguien cercano y querido. Son conceptos más complejos, difíciles de concebir intuitivamente o considerar en una reflexión rápida. Requieren un marco conceptual que los contextualice.

El marco atomista de Taylor sirve de soporte ontológico para la concepción neoliberal de los derechos como algo por encima del contexto social. En ese marco, la pertenencia a una sociedad, el apoyo mutuo y la solidaridad son elementos secundarios. Los derechos (a menudo suplantando lo que realmente son privilegios) corresponden al individuo como tal y considerarlos condicionados al bien común se plantea como un peligro para la libertad.

En un sentido opuesto, Herbert Marcuse, en la década de los 60 del siglo pasado, hace un análisis de las sociedades tecnológicas y de consumo en el que estudia entre otras cosas las necesidades creadas en su seno para fabricar la identidad individual de poder y para establecer una posición social –no para satisfacer verdaderas carencias o aspiraciones– y también examina la dificultad de llevar a cabo cambios profundos dentro del sistema o mediante una revolución clásica, proponiendo que la única vía sería un despertar de la solidaridad como «necesidad biológica», una idea que cobra un sentido profético en estos días de lucha colectiva contra un enemigo común en forma de virus.

Su influyente obra contiene una amplia y potente crítica a los mecanismos de control, dominio y explotación en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, plantea que las auténticas libertades y derechos únicamente pueden darse en un sistema que asegure la satisfacción de las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad y que solo sobre esta base se deberían interpretar los derechos de las personas y la libertad individual.

La ventaja hegemónica que está consiguiendo el primero de estos relatos en el universo simbólico dominante del final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI es lo que provoca la sensación en muchas personas de que algo falla. De que quien está demandando libertad lo hace desde una paradójica posición privilegiada, inmovilista y reaccionaria. El grupo social que en la España de hace cincuenta años abominaba de ese término ahora lo enarbola como bandera y lo reivindican pancartas y discursos de partidos de derecha y ultraderecha mientras evocan imágenes de viejos dictadores. Sí, algo está fallando.

Porque desde otros lugares hemos mantenido viva la visión que adopta el segundo escenario de interpretación –el de Marcuse– alejado del individualismo, reivindicando una mirada colectiva que combine el concepto de soberanía personal con el compromiso de ayuda mutua. Rechazando la coacción y al autoritarismo, pero al mismo tiempo defendiendo un orden derivado de la responsabilidad personal con el colectivo. Es la idea de libertad que subraya la autodeterminación individual supeditada al bienestar común, que pone la libertad del primero al mismo nivel que la libertad del último o (más probablemente) la última. Esto exige una configuración social de apoyo, cuidado y compromiso responsable: un vínculo con los demás, individualmente con cada persona y colectivamente con la comunidad.

Y es que las sociedades pueden verse desde arriba. Analizarse como un complejo dispositivo que requiere gestionar los recursos, los servicios públicos, los flujos de producción, la movilidad, las correlaciones de fuerzas, los problemas de convivencia entre grupos, las tensiones territoriales y tantos otros factores. Pero también pueden mirarse desde abajo y contemplar así una urdimbre configurada en forma de gran red de relaciones entre personas. Y las relaciones, en su sentido más amplio, son fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo requieren de compromiso y responsabilidad.

Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte fácil o divertida de las relaciones y por ello, a ese nivel más cotidiano, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra “libertad” suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa: la de tener en cuenta lo que necesitan las demás personas.

De hecho, hay en general un fuerte sesgo de género en este fenómeno. La aversión a la comunicación, a los compromisos, a la solidaridad y al trabajo emocional son más evidentes en las personas socializadas como hombres. A nosotros nos enseñan a negociar con éxito, a buscar acuerdos favorables, a intercambiar para ganar. Las mujeres, sin embargo, han recibido en su socialización desde todos los ámbitos la instrucción de cuidar, agradar, ceder, buscar la concordia y la armonía.

Todavía, la construcción de sentido de las identidades masculina y femenina, y sus roles más comunes, dan lugar a estas orientaciones de las conductas. Y la supremacía masculina en el diseño y la articulación social en el espacio de lo público, frente a la asignación predominante de lo femenino al entorno de lo privado –sobre todo en los ambientes más inmovilistas– es una de las razones por las que la narrativa de la libertad personal sin matices ni límites configura el relato político de esos sectores.

Pero si insistimos en poner el foco en esa mirada desde abajo, que percibe en primer plano el vínculo del individuo con sus semejantes y con la red social, si consideramos nuestra realidad en común no como un mercado sino como una relación –un vínculo con ese tejido de otras personas enlazadas a su vez entre ellas– entramos en otro plano, en otro campo semántico donde importan cosas distintas y la gestión no se compone de papeles, sellos y trámites sino de comunicación, empatía, consideración y cuidado. Es la política de lo personal.

En ese plano son nociones como la del compromiso consciente y responsable las que actúan de elementos reguladores de los conceptos abstractos de derechos y libertad que han encontrado un eco amplificador y distorsionador en las concavidades del individualismo liberal. Pero en la vida diaria de personas y sociedades, sobre todo en el segmento de las clases medias-altas, la idea de compromiso está eclipsada por una constante actividad de negociación de acuerdos, de estipulación de condiciones y firma de contratos.

Las leyes definen que los contratos, para ser válidos, han de ser suscritos libremente y sin presiones, pero nadie es tan ingenuo como para pasar por alto que las posiciones a la hora de negociar –incluso dentro de la estricta legalidad– no son siempre equilibradas. Quien tiene la necesidad de vender un bien, un servicio o su fuerza de trabajo está supeditado a una presión que debilita su capacidad negociadora y concede ventaja a la otra parte. Quien tiene menos conocimientos, experiencia, contactos, respaldo financiero, margen temporal, acceso a la información u otros beneficios competitivos, tendrá más difícil alcanzar un buen trato.

Y en ese escenario vivimos, y en ese escenario viven las élites arropadas por el privilegio que hace que entiendan el mundo como el parqué de una plaza bursátil. El contrato social que imaginaron Hobbes, Locke y Rousseau se percibe desde ese marco como una transacción en la que hay que desequilibrar la balanza a favor de mis posiciones. No es un vínculo con la sociedad que he de cuidar y cultivar, sino una negociación que he de ganar. Porque “yo lo valgo”. No hay un compromiso, hay una compraventa.

Decía Bakunin que el contrato social era una argucia dialéctica para dar cobertura a la ilegitimidad intrínseca del proceso de imponer la autoridad por parte del Estado, en lugar de alcanzar la soberanía popular de forma emergente a partir de principios racionales. Pero sin necesidad de compartir posiciones anarquistas, esta pandemia nos está confirmando que esto no va de comercio, de negocios ni de dividendos. Que no es el contrato social en bruto y desregulado, sino el compromiso colectivo lo que nos puede salvar. Intentemos trasladar al ámbito de lo público las fórmulas que nos gusta valorar y disfrutar en nuestras relaciones. Podemos vivir y entender lo político como vivimos y cuidamos nuestros vínculos. Y, desde luego, con palos y cacerolas podrán ensordecernos, pero no nos van a seducir.

El autor acaba de publicar:

Anarquía Relacional. La revolución desde los vínculos.

Editado por La Oveja Roja

«Una revolución desde los afectos: esa es la propuesta principal de este libro, que entreteje los principios del anarquismo social con el deseo de extender el ámbito de lo político a las formas que damos a nuestras relaciones».