El discurso del odio: la necesaria concreción de un concepto banalizado

Ana Valero

Los días 16 y 17 de octubre ha tenido lugar en Sevilla el Seminario “La libertad de expresión en el Estado Constitucional”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de Sevilla. Profesores de distintas disciplinas debatimos en él sobre diversos aspectos conflictivos que el ejercicio de la libertad de expresión plantea en nuestros días.

Entre ellos se encontraba, como no podía ser de otro modo, el “discurso del odio”, y llegamos a la conclusión de que se hace necesario definir con mayor precisión el significado y alcance de un concepto que, a día de hoy, está siendo banalizado por la ligereza con que es aplicado por los poderes públicos.

Dicha banalización está siendo especialmente preocupante en España, donde titiriteros, raperos, tuiteros, actores, activistas, periodistas, presentadores de televisión o políticos, han sido acusados, y en ocasiones condenados, por incitación al odio por quemar la foto de los monarcas, por criticar a la policía, por realizar comentarios jocosos, ejercer la sátira, provocar a través de obras teatrales, blasfemar, etc. Todo parece tener cabida bajo el paraguas del discurso de odio.

Especialmente intranquilizador resulta, además, el uso del “enaltecimiento del terrorismo” -tipo penal “de opinión”- al que se recurre más habitualmente para retroceder a pasos agigantados en la protección que la libertad de expresión merece en una sociedad democrática. Llama la atención a este respecto que, en 2011, año del cese definitivo de la actividad armada de ETA, hubo un condenado por enaltecimiento del terrorismo, mientras que entre 2016 y 2017 hubo 66 condenados penalmente.

Parece que el “discurso de odio” se ha convertido en un término de moda bajo el que parece tener cabida todo discurso disidente.

Por este motivo, el presente artículo pretende ofrecer al lector un poco de claridad acerca del significado y alcance de este concepto a través de mis propias valoraciones y de la incorporación de los puntos de consenso a los que llegamos en el Seminario de Sevilla.

El término “discurso del odio”, aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana en su fórmula hate speech y, en el ámbito europeo, la Recomendación 20 (97) del Comité de Ministros del año 1997, lo definió como:

cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier forma de odio basado en la intolerancia que se exprese en forma de nacionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración”. 

Mientras el modelo norteamericano prioriza la protección de la libertad de expresión salvo en supuestos en que el ejercicio de la misma produzca un riesgo “real e inminente” para otros derechos o bienes jurídicos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incluido bajo esta categoría tanto la incitación indirecta a la violencia como aquellos discursos que resulten discriminatorios o estigmatizadores para los grupos vulnerables de la sociedad.

Esta diferencia entre el modelo norteamericano y el europeo responde a razones históricas y a dos concepciones distintas de la idea de democracia. En Estados Unidos la protección preferente de la libertad de expresión, también la “odiosa”, encuentra su fundamento en la aportación que todo discurso puede hacer al marketplace of ideas, es decir, a la arena pública donde todos los ciudadanos pueden, a través del public discourse, plasmar su imagen de la sociedad y del Estado. En palabras de Rawls: “suprimir la libertad de expresión, incluida la expresión subversiva, implica siempre una supresión parcial de la democracia”. Anclado en la tradición política, cultural y económica del liberalismo, el sistema jurídico norteamericano opta por el laissez faire y la estricta abstención y neutralidad del Estado frente a los discursos presentes en la sociedad, siendo el debate público de las ideas y opiniones más extremistas y odiosas, una garantía de la buena salud democrática.

En Europa fue sin duda la tragedia del Holocausto lo que convirtió al valor “dignidad humana” en el pilar de las democracias de la posguerra y lo que determinó que la regulación del discurso del odio en el Consejo de Europa fuese mucho más laxa que la estadounidense. De forma que, desde que utilizara por primera vez esta expresión en el año 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando la aplicabilidad del concepto para determinar cuándo un estado puede restringir la libertad de expresión por incitar al odio, aunque sin llegar a establecer una doctrina coherente y estable en el tiempo.

En términos generales y muy sintéticos podríamos decir que el Tribunal de Estrasburgo sostiene que la libertad de expresión puede ser limitada cuando su ejercicio genere una incitación “directa o indirecta” al empleo de la violencia; o cuando ampare discursos discriminatorios contra colectivos sociales que han sido históricamente discriminados por motivos de género, orientación sexual, etnia, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, lo que, tal y como convinimos en el Seminario, debería llamarse más bien discurso discriminatorio.

Con el fin de huir de interpretaciones subjetivas y, en ocasiones, hasta ideológicas, sobre lo que puede ser considerado o no “incitación indirecta a la violencia” consideramos que el término “discurso del odio” debe ser empleado única y exclusivamente para:

– perseguir el “acoso discriminatorio”. Esto es, aquellos discursos discriminatorios o estigmatizadores de las minorías sociales que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad. Y aquí entrarían los discursos racistas, islamófobos, homófobos, discriminatorios hacia las personas LGTBI, hacia las mujeres etc.

– aquellos discursos, mensajes o expresiones que, atendiendo a las circunstancias y al contexto en que fueron pronunciados, generen una alta y pronta probabilidad (que no mera posibilidad) de riesgo de incitación a la violencia. A este respecto estimamos que debe hacerse un esfuerzo entre la comunidad jurídica para perfilar jurídicamente el test del “riesgo claro e inminente”, esto es, los criterios objetivos que van a permitir determinar cuándo se produce un riesgo tal, y así evitar que se convierta en mera retórica jurídica.

Ilustraciones: 1. De Kooning. 2. Hauffmann. 3. Rothko.

Refugiados: ¡tienen derechos! (En el Día Mundial de los Refugiados)

Javier de Lucas

Aunque es cada vez mayor la toma de conciencia de que los refugiados –como los inmigrantes, por cierto– son personas titulares de derechos cuyo cumplimiento obliga, como es obligado respetar cualquier otro derecho, lo cierto es que todavía hoy nos encontramos con dos tipos de mensajes, que calan en la opinión pública y obstaculizan ese obligado respeto.

De una parte, la visión “humanitaria” –seudohumanitaria, sería mejor decir– que apela a la “ética”. Una invocación que, las más de las veces, no acaba en la exigencia de acomodar nuestra conducta a esos valores, sino que nos propone esas conductas como ejemplares, pero no exigibles y, menos aún, sancionables, en caso de incumplimiento. A nadie se le ocurre castigar a quien no participa en una de esas telemaratones o subastas con los que compramos buena conciencia. Como se trata de un “problema de ética”, por definición, su observancia es cuestión de conciencia, de buena conciencia, de conciencia solidaria, sí, pero no exigible so pena de sanción. No es un comportamiento debido, aunque admiremos a quienes tienen la bondad de hacerlo.

De otro lado, asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.

Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó  un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.

En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.

No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.

Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.

Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?

Ha llegado la hora de tomarnos en serio los derechos de los refugiados. Es la conclusión que deberíamos adoptar. Y como se ha repetido tantas veces, no es un deseo. No es una opción, sino un deber. Si es que queremos seguir llamándonos civilizados.

Ilustraciones: 1. Desconocido. 2. Aegean Guernica. 3. Ulanovsky.

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

Paco Solans

Cuando un debate se estanca, se anquilosa, y con pocas variaciones, como un oleaje perenne, se repite insistentemente cada cierto tiempo, denota la existencia de un problema estructural que probablemente no se está sabiendo afrontar por alguna o por todas las partes. La existencia de los CIE, por un lado quienes aducen su necesidad o conveniencia y adecuación a nuestro ordenamiento jurídico frente a quienes rechazan de plano su existencia misma, resulta uno de estos debates que desde 1985, fecha de entrada en vigor de la vieja Ley de Extranjería que los creó, sigue esas pautas.

Desde las primeras actuaciones al respecto por parte del Defensor del Pueblo, el primer informe que yo conozca elaborado por la sociedad civil data de más de 20 años, de 1994, y tuve el dudoso honor de haberlo elaborado con la colaboración de unos cuantos compañeros del Colegio de Abogados de Valencia. Tras él han venido muchos otros, y lamentablemente, la situación no ha variado en lo sustancial, evidenciándose sólo – y en honor a la verdad – una serie de parches y reformas, importantes pero a la postre anecdóticas, que sospecho no tenían otra intención que hacer soportable lo insoportable. La experiencia de todos estos años me ha hecho decantarme cada vez más por la opinión de que es un problema cuya única solución es radical, es decir, su cierre, pero entiendo que ante las muchas demagógicas opiniones vertidas estos días al respecto, y no pocas mentiras descaradas, conviene aclarar los términos y los motivos para tal postura. Expondré los mismos con una muy discutible y abierta gradación en importancia de menor a mayor: Sigue leyendo

Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: “Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó” (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009). Sigue leyendo

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”. Sigue leyendo

La política española de derechos humanos es un borrador

Diego Blázquez

El pasado día 13 de mayo se publicaron las Observaciones finales sobre España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Nuestro país presentaba puntualmente sus informes número 21, 22 y 23 a este órgano de los tratados de Derechos humanos. A pesar de que algunas de las cuestiones que aborda el CERD son de gran importancia y afectan a algunos de los temas cruciales en la agenda política actual en pleno periodo electoral (asilo y refugio, migración, ley de seguridad ciudadana, educación o salud…) no ha sido este un tema que hayan tratado especialmente los medios de comunicación ni tampoco al que el gobierno en funciones haya querido dar especial relevancia.

Es cierto que este tipo de informes de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante, sin embargo las observaciones finales de cada Comité son la base de la reacción global del sistema respecto de cada Estado, y se hacen sobre la base de la autorictas de los expertos independientes que la forman y que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. Su valor reside en que intentan recoger de manera objetiva las fortalezas y debilidades de cada país en cada una de las materias de derechos humanos objeto del Comité respectivo, identificando los principales y más sensibles problemas de cada país, incluyendo sus avances y retrocesos producidos.

1. cúpula barceló - NU Ginebra

En esta ocasión, el “examen” de España ante el CERD es muy revelador sobre la situación de la política de derechos humanos en los últimos años, y nos permite extraer algunas simples, pero demoledoras conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar cómo el Comité contra la Discriminación Racial recoge algunas ideas básicas y más o menos unánimes entre todos los Comités de Derechos Humanos. En este sentido, en el reciente informe del CERD destaca la alerta del Comité uniéndose al clamor de los otros órganos de tratados, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, criticando el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la difícil coherencia de las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto de los “rechazos en frontera”.

2. Melilla. Foto Frontera Sur

Junto a ello, la segunda de las conclusiones que podemos extraer de la reacción del CERD es que, desgraciadamente, la política española de derechos humanos en general, y en particular sobre la erradicación de la discriminación racial, es un borrador, un proyecto basado en anteriores iniciativas, en glorias pasadas o, como nos decían en época de exámenes: en “vivir de las rentas”. Resulta revelador que el Comité salude positivamente proyectos de ley como el de Igualdad de trato y no discriminación presentado en 2011, la nonata iniciativa del II Plan Nacional de Derechos Humanos, el borrador del Plan sobre Derechos Humanos y Empresas… sin que ninguna de estas herramientas legales o de políticas públicas se hayan aprobado a lo largo de la anterior legislatura.

Igualmente se destaca cómo no se han elaborado planes nacionales de desarrollo o de acción sobre la Declaración de Durban y su Programa de acción, como recomienda el Comité desde 2009. Ni tampoco hay planes o iniciativas nacionales sobre el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, en ejecución de una Resolución de la Asamblea General.

Lo dramático es que pese a esta inacción los problemas de derechos humanos crecen, y pese a alguna creencia taumatúrgica, la (supuesta) mejora de la economía no los resuelve, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos. Un ejemplo de estos problemas preexistentes que permanecen y que se agravan es el fenómeno de “las escuelas gueto” (para las que utiliza esa denominación), que preocupa al Comité y respecto del cual recomienda que se tomen medidas efectivas de política educativa para garantizar una distribución equitativa de estudiantes.

3. escuela guetto - peli

En la misma línea, el Comité no sólo subraya la falta de acción en la adopción formal de estas propuestas o la pasividad respecto del abordaje de problemas concretos (como el de las escuelas gueto), sino que además considera que algunos recursos institucionales existentes adolecen de carencias como falta de independencia o de recursos, como es el caso del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, incluso frente a requisitos comunitarios (estos si obligatorios para España). Igualmente, el Comité destaca la puesta en marcha de la recogida de datos sobre delitos de odio, pero subraya la ausencia de seguimiento de esos casos, invitando a ofrecer datos sobre los casos judicializados, las penas impuestas y la reparación otorgada. Así, de la misma manera, se saluda la inclusión legal de los principios que deben inspirar los controles de identificación de seguridad para no resultar discriminatorios, pero, a párrafo seguido, se destaca la ausencia de información sobre potenciales medidas de investigación y sanción ante el incumplimiento de esos criterios. Una cuestión que el Comité considera especialmente urgente y por la que se pide información a complementaria a España en un plazo de 12 meses.

5. campaña pancarta última)

Junto a la inacción, una tercera conclusión es la existencia de nuevos supuestos de falta de respeto a la Convención. El Comité también incluye como una cuestión sobre la que requiere información rápida la cuestión de la restricción del acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité considera que esta es “una medida regresiva” (que en términos ginebrinos es algo muy serio) y que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud sin discriminación, lo que sería una posible vulneración del tratado.

El Comité destaca otras cuatro cuestiones como “de particular importancia” (que en la terminología de la diplomacia ginebrina ya es mucho). Estas cuestiones se refieren al “uso recurrente de la privación de libertad de migrantes en situación irregular” (los CIEs), la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, la lucha contra los estereotipos raciales especialmente en las redes sociales y medios de comunicación; y, en cuarto lugar, sobre la ausencia de medidas acerca de la discriminación racial sobre los afrodescendientes y muy particularmente incluir en el sistema educación mayor información sobre los periodos de esclavitud y la colonización.

5. CIE-Aluche-1-foto-Monica-Lopez

Como se puede apreciar, y sin entrar en los detalles de las apreciaciones y recomendaciones del Comité, solo en estos cuatro puntos se tratan aspectos de gran importancia social e institucional que deberían de ser objeto de un serio debate político tanto dentro del ejecutivo como en sede parlamentaria. Ese es el objetivo esencial de los informes periódicos: abrir un debate con el Estado que le permite mejorar y ampliar su compromiso con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, periódicamente la reacción frente a estos valiosos informes que apuntan a algunos de los problemas esenciales de nuestro país, son ninguneados en un frio vacío institucional; o, en el mejor de los casos, son objeto de enroques en políticas inmovilistas recubiertas de huecas palabras o vacías estrategias o acciones.

Esperemos que la nueva legislatura que se avecina de lugar a una nueva cultura política que se tome más seriamente el dialogo con los órganos de derechos humanos y no solo como un engorroso trámite periódico del que hay que salir lo mejor parado posible y con el menor eco posible en los medios. Una buena manera seria crear una subcomisión de derechos humanos en el Congreso donde se debatieran los informes y las conclusiones, adoptando planes de acciones concretos para la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas.

Por cierto, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la última recomendación del Comité al Gobierno es dar difusión al informe y las observaciones finales.

foto final - gobierno den funciones

Fotos: 1. Sala de los Derechos Humanos de la Onu en Ginebra. Reuters. 2. Valla de Melilla. Frontera Sur. 3. Imagen de ‘La clase’, de Laurent Cante (2008). 4. Manifestación  en Madrid por la sanidad universal. F.Flores. 5. CIE de Madrid. Mónica López.

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo