Por qué luchar sólo contra los delitos de odio no acabará con el racismo institucional y estructural

Youssef M. Ouled

El pasado 18 de marzo, un centenar de organizaciones lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, tendimos la mano al Ministerio del Interior, ofreciendo el apoyo de la sociedad civil para abordar un problema real en nuestra sociedad: poner fin a la discriminación racial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misiva se expone de manera justificada y objetiva la existencia del perfilamiento racial en España, si bien se trata de un problema global. En el texto se apela a un diálogo horizontal y constructivo con la administración, ante una práctica policial con graves consecuencias en las comunidades afectadas, en particular, y en toda la sociedad, en general.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la perfilación racial es una práctica policial discriminatoria a través de la cual las FCSE controlan, paran e identifican a personas únicamente en razón de sus características raciales. La policía identifica a personas racializadas sin tener realmente evidencias, convirtiendo en sospechosos a inocentes. Se trata de una actuación con múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, entre otras cosas, crea una división en la población al apoyarse en la necesidad de identificar a determinados grupos de personas para garantizar la seguridad de otras, puesto que esas personas controladas representan la inseguridad. Pero en realidad, lo que se consigue es romper la cohesión social al criminalizar a nuestros vecinos y vecinas, mientras se vulneran sus derechos y libertades individuales.

La respuesta de Interior rechaza un diálogo entre autoridades, policía y sociedad civil que es fundamental para inspirar y fomentar confianza y, además, nos recuerda al dicho: “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Por un lado, no se reconoce la existencia y el uso del perfilamiento racial por parte de la policía. Esta negación que resulta preocupante para quienes a diario son víctimas de esta práctica se ve contradicha por informes como «La apariencia no es motivo, identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña» elaborado por SOS Racisme Catalunya en 2019. El estudio reveló que por cada persona con nacionalidad española que se identifica, se para a 7,5 con nacionalidad marroquí. En este sentido, durante la pandemia de la COVID-19 el informe «Racismo y xenofobia durante el Estado de Alarma en España», elaborado desde RIS y el Equipo del Decenio Afrodescendiente para la ONU, mostró como el 70% de las personas interpeladas por la policía denunciaron haber sufrido identificaciones por perfil racial.

Si no se reconoce que hay un problema difícilmente se pueden abordar soluciones. Estas son solo algunas de las que se apuntan en la carta de la sociedad civil enviada a Interior: establecer mecanismos independientes de supervisión policial y denuncia; sistematizar el uso de formularios de identificación y garantizar que los agentes de policía puedan ser claramente identificados al realizar operaciones de parada y registro; o llevar a cabo estudios sobre las prácticas policiales a nivel nacional para obtener una visión general del uso de perfiles, recopilando datos desglosados y publicando los resultados para realizar el seguimiento pertinente.

No obstante, la respuesta del Ministerio pasa de puntillas sobre el racismo institucional en el que se enmarca esta práctica policial discriminatoria, sin hacer mención a su existencia y, por lo tanto, obviando la forma de hacerle frente. Mientras que sí se centran, desde Interior, en señalar los prejuicios de la sociedad al fundamentar su respuesta únicamente entorno al trabajo de las instituciones en contra de los delitos de odio.

Los delitos de odio son conductas violentas o actos criminales contra personas que se encuentran en un plano de desigualdad, expuestas a la discriminación por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para hacer frente a esta violencia se creó en el Código Penal una figura que permite proteger a las personas y grupos históricamente perseguidos y discriminados, con el fin de preservar su integridad física y moral.

La lucha contra los delitos de odio, por sí sola, no permite corregir las prácticas discriminatorias generadas desde y por las propias instituciones, como es el caso del perfilamiento racial. Es más, la existencia de una práctica policial discriminatoria que crea una distinción entre quienes componen la diversidad de la población, refuerza la discriminación racial en la sociedad y es un abono para los prejuicios que subyacen los delitos de odio.

El perfilamiento racial y los delitos de odio están estrechamente interrelacionados; el perfilamiento racial alimenta los delitos de odio y las víctimas de delitos de odio tienen altas probabilidades de ser víctimas de perfilamiento racial. Pero, luchar contra los delitos de odio no permite erradicar el perfilamiento racial. Igual que luchar contra las consecuencias del machismo no erradica de manera definitiva las raíces estructurales que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Con su respuesta, el Ministerio del Interior evidencia una falta de compromiso para erradicar el racismo y la discriminación más peligrosa de todas, la que emana de las propias instituciones que deberían protegernos. Es importante que el Estado persiga los delitos de odio, pero no se puede hacer de manera honesta y efectiva si no se ha reflexionado sobre el papel del propio Estado en su proliferación.

En estas circunstancias, ¿Cómo pueden las personas y grupos afectados denunciar o acudir a la justicia y confiar en que las instituciones abordarán de forma efectiva los delitos de odio cuando a diario son discriminadas por las propias instituciones? Si tampoco se fomenta un diálogo y acercamiento entre la población afectada e instituciones y la actitud de estas últimas exacerba el distanciamiento, sólo se contribuye a alimentar un caldo de cultivo para tensiones mayores.

Si desde las administraciones se quiere hablar de delitos de odio cuando se les interpela sobre qué están haciendo para poner fin al uso de perfil étnico-racial o en materia de brutalidad policial, deberían hacerlo únicamente cuando se tomen medidas efectivas para abordar la naturaleza estructural del problema. Está fuera de lugar tratar de dividir en pedazos un problema del que no se reconoce su existencia. Mientras no se dé ese reconocimiento, las respuestas de Interior a las propuestas de la sociedad seguirán siendo discursos vacíos que perpetúan las injusticias.

España no es racista…¿o sí?

Ángeles Solanes

El 21 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El tema elegido por Naciones Unidas para esta fecha, en 2021, es “la juventud se alza contra el racismo” en un intento de involucrar a cada uno de nosotros en el fomento de una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación, a través del lema #LuchemosContraElRacismo (#FightRacism). Recordar esta fecha supone insistir en la importancia de luchar contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Combatir el racismo y la discriminación exige abordar la diversidad desde un punto de vista positivo (como variedad y riqueza, no como diferencia excluyente) y hacerlo desde el principio de igualdad (formal y material), con el derecho antidiscriminatorio. Por eso, es importante recordar los sucesos que dieron lugar al día que hoy celebramos: la manifestación contra las leyes del apartheid, el 21 de marzo de 1960, en Sharpeville (Sudáfrica), durante la que fueron asesinadas 69 personas. Esta masacre provocó tal indignación que hizo que, en octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Resolución número 2142 XXI, y declarara el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En 1979, dicha Asamblea instó a todos los Estados a desarrollar una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra la discriminación racial, a través de la realización de actividades que dieran comienzo cada 21 de marzo.

Un año después de los acontecimientos de Sharpeville, en 1961, en Israel, se iniciaba el juicio a Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la II Guerra Mundial. En este contexto, Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que algunas personas actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Para Arendt, Eichmann era un burócrata, sin ser inocente, que trabajó al servicio de un sistema articulado para el exterminio. De ahí la importancia de reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y de estar alerta para evitar ese mal que subyace en ella, sin banalizarlo. Este es el aprendizaje imprescindible para afrontar los actuales prejuicios raciales y las actitudes intolerantes.

Desde los mencionados acontecimientos hasta el reciente movimiento Black Lives Matter, múltiples sucesos han conmocionado a la opinión pública a nivel mundial y han impulsando el derecho antidiscriminatorio, sin que se haya conseguido superar las desigualdades basadas en la raza y la etnia. ¿Por qué persiste la discriminación racial o étnica, acaso no tenemos la percepción de que somos racistas? En nuestra cotidiana existencia ¿entendemos que esta es una cuestión que afecta a países como Estados Unidos, que tiene una deuda con la comunidad negra desde las promesas de los founding fathers, pero que queda lejos de la realidad española? Ciertamente podemos pensar que España no es racista (la tendencia positiva en la tolerancia de los españoles hacia la inmigración en algunos momentos, así podría avalarlo) ¿o sí? Una radiografía rápida de la situación española actual ofrece una nítida respuesta.

España recibió en el último Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 257 recomendaciones propuestas por 110 Estados para mejorar en la garantía de los Derechos Humanos. De ellas, el gobierno español se ha comprometido a aceptar en su totalidad 252, entre las que se encuentran las relativas a incorporar en la legislación medidas para prohibir el perfil racial en las políticas de seguridad y la eliminación de los controles de identidad basados en el perfil étnico y racial; continuar con los esfuerzos para combatir todas las formas de discriminación contra los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas migrantes y las personas de ascendencia africana, en aspectos como al acceso al empleo, la vivienda y la atención médica; y aumentar los esfuerzos para garantizar el acceso a servicios de salud, seguridad social y educación de calidad por parte de los sectores vulnerables, incluidas las minorías.

Estas recomendaciones no son nuevas. En su último informe sobre España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) ya había insistido a las autoridades españolas sobre cuestiones como, entre otras, la urgencia de adoptar a la mayor brevedad una legislación general contra la discriminación y atender así a su Recomendación nº 7 de política general; penalizar el apoyo a grupos que promueven el racismo; sancionar toda discriminación racial en el ejercicio de un cargo público o de una ocupación de carácter público; adoptar medidas con carácter urgente para crear un organismo de promoción de la igualdad o para asegurar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea totalmente independiente y actualizar la estrategia de lucha contra el racismo.

Desoyendo esas llamadas de atención, España se abstuvo en la votación de la Resolución aprobada por la Asamblea General, el 31 de diciembre de 2020, en relación al llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aunque la resolución fue finalmente aprobaba con el apoyo de 124 Estados.

De este contexto internacional se desprende un doble racismo evidente y latente en la política española, que puede constarse también en la dimensión social. Los datos a nivel nacional avalan la persistencia de prejuicios raciales y actitudes intolerantes, y vienen a confirmar que en España sí hay discriminación racial y étnica, con una tradicional falta de voluntad política para combatirla, aunque no siempre sea fácil detectarla.

Como se constata en el último Informe sobre la evolución de delitos de odio en España (Ministerio del Interior, 2019), de los cuatro ámbitos que mayor número de incidentes registraron en 2019, el de “racismo/xenofobia ” es el que presenta un mayor aumento, en concreto del 20,9%. Este informe recoge por primera vez el nuevo ámbito “antigitanismo”, con 14 hechos conocidos y evidencia así la tradicional discriminación que sufre el pueblo gitano, no solo en España. De hecho, la primera sentencia en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla directamente de racismo institucional y lo conecta con el perfil étnico utilizado por la policía en sus actuaciones se refiere precisamente al pueblo gitano, en el caso Lingurar c. Rumanía.

En el mismo sentido, el reciente informe presentado por el CEDRE sobre la percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020, apunta que los colectivos que se perciben más discriminados por el color de piel y rasgos físicos son las personas de África no mediterránea (82%) y las personas del pueblo gitano (71%); los ámbitos en los se percibe mayor discriminación por su origen étnico son el de acceso a la vivienda (31%), el de establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%); los límites de detección y percepción de la discriminación se vuelven más difusos, siendo cada vez más patentes los “micro-racismos”; y persiste la infradenuncia.

Ante esta realidad, la Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, presentada a nivel nacional por el grupo socialista en enero de 2021 y que se encuentra en trámite parlamentario, puede suponer un avance hacia la mayor igualdad si se atienden las recomendaciones internacionales y las demandas sociales. Ciertamente dicha proposición abre la posibilidad de tener una norma más garantista, ese mínimo común normativo que permita la protección real y efectiva de las víctimas, respaldada por una autoridad independiente (que denomina Comisionado) y en el marco de una estrategia estatal. Sin embargo, queda mucho por concretar.

Tendrá que plantearse la discusión sobre cuestiones como si ese Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del que habla la propuesta, como órgano específico, debe o no integrarse dentro del Defensor del Pueblo. Con ello se evitaría solapamientos, se garantizaría la independencia y se avanzaría en la línea del exitoso modelo francés. Habría que salvar en tal caso inconvenientes como el que se desprende del artículo 54 de la Constitución, según el cual el Defensor puede supervisar solo la actividad de la Administración, además del hecho de que el Defensor no tiene capacidad sancionadora, de mediación, arbitraje y asistencia a las víctimas. Otras alternativas serían también posibles, si no se vinculara a dicha institución, a partir del actual CEDRE, siempre que se respetara la imprescindible independencia.

Sin una normativa antidiscriminatoria garantista, ni un organismo fuerte, puede considerarse que no importa que las Administraciones públicas o las empresas discriminen porque esa actuación no genera responsabilidad. Es igualmente fundamental reforzar la tutela política y jurídica de los rasgos protegidos (los factores exclusógenos) por el derecho antidiscriminatorio. Dichos rasgos son abiertos y tienden a expandirse. Las discriminaciones sociales mutan y aparecen nuevas formas a las que habrá que prestar atención, como las derivadas de los sistemas automatizados de datos, la inteligencia artificial o la discriminación “genética”.

Esta estrategia de política pública, con garantías normativas e institucionales, tiene que venir acompañada de la acción social, para la prevención, la sensibilización y la denuncia (también en el ámbito virtual en el que ha crecido el discurso de odio y se ha aprobado un protocolo para combatirlo. Solo la conjunción de ambas permitirá frenar el racismo y la xenofobia manifiestos, y combatir las prácticas y actitudes de discriminación líquida, esa que pasa prácticamente desapercibida, que es banalizada, pero conduce a un mal mayor. Quizás así llegue el día en el que no sea necesario recordar esta fecha.

Gitano/a y pobre: la combinación perfecta para estar en el foco de la policía en España

Pilar Eirene de Prada

* Los datos reflejados en este artículo forman parte de la investigación recientemente publicada por Rights International Spain Roma: Lucha contra el sesgo inconsciente hacia las personas de etnia gitana en el sistema de justicia penal.

El 64,5% de los españoles considera que la falta de recursos económicos es la principal característica que puede perjudicar a una persona a la hora de que se aplique la ley. El 37,9% cree que el factor determinante es la pertenencia a la etnia gitana. También es el principal factor perjudicial a la hora de acceder a servicios públicos, alquilar una vivienda o acceder a un puesto de trabajo, según el CIS. En este artículo veremos como, en el caso de las personas gitanas, se trata de una combinación de ambos factores lo que los coloca en el punto de mira del sistema.

La población gitana sufre una mayor tasa de desempleo que la media española. Según el índice AROPE, el 91,9% se encontraría en situación de pobreza o de exclusión social (frente al 29,3% de la población general). El índice de pobreza infantil entre esta minoría es también muy elevado, alcanzando el 89,1%. Casi la mitad de las personas gitanas que viven en España son extremadamente pobres, teniendo que sobrevivir con unos ingresos de no más de 200€ mensuales.

Las personas gitanas se encuentran dentro de los colectivos que sufren más paradas en la vía pública por parte de la policía. Las víctimas de este tipo de prácticas policiales -también conocidas como identificaciones policiales por perfil étnico– se han referido a ellas como experiencias traumatizantes y humillantes, generadoras de sentimientos de indefensión, inseguridad, miedo e impunidad.

Los profesionales entrevistados durante el Proyecto Roma aludieron a tres principales motivos por los que las personas gitanas son susceptibles de ser más detenidas en España en comparación con el conjunto de la población: (1) la existencia de estereotipos y prejuicios que señalan a las personas gitanas como potencialmente peligrosas o directamente como delincuentes; (2) una mayor vigilancia por parte de la policía en gran medida motivada por la formación recibida desde las academias de policía en las que se enseña que hay determinados tipos de delitos que se cometen por un perfil de persona (magrebís, gitanos, etc.); (3) la situación de marginalidad social y el alto porcentaje de población gitana que se encuentra bajo el umbral de la pobreza.

La realidad es que estos tres elementos se encuentran estrechamente conectados. Es indudable la relación existente entre pobreza, exclusión social y criminalización. Se han evidenciado en los últimos tiempos políticas de penalización de la pobreza que se han traducido en un crecimiento exponencial de la población carcelaria en perjuicio de los grupos sociales más pobres. ¿Y qué hay de la relación entre etnia y criminalización?

Una de las claves para entender los estereotipos sobre la etnia gitana se encuentra en el concepto de peligrosidad social y en los enfoques higienistas de los estudios sobre “mala vida” de finales del siglo XIX. En España terminaron cristalizando normativamente por primera vez con el Proyecto Piniés de profilaxis social (1922). Durante el franquismo, las diligencias sobre personas gitanas recurrían de manera generalizada a la paráfrasis “su conducta es propia de la gente de su raza” como forma de referirse al comportamiento considerado moralmente reprochable por el régimen, tanto en la esfera pública como privada.

En resumen, la especial vigilancia a la población gitana y la discriminación, tanto por su forma de vida como por su origen socio-económico y riesgo de marginalidad social, tienen un importante arraigo histórico en España. Todo ello, fomentado por teorías criminológicas fundamentadas en prejuicios y en un afán homogeneizador del Estado-nación y llevadas a la práctica en las distintas legislaciones mencionadas, aplicadas hasta la transición democrática. Podríamos llegar a hablar de que la minoría gitana constituye una auténtica comunidad sospechosa en nuestro país en tanto que la construcción de la imagen del gitano/a como delincuente potencialmente peligroso/a se ha generado a través de normas, políticas y prácticas que tenían como objetivo a esta minoría étnica, y reproducidas y reforzadas por las prácticas sociales.

El Proyecto Roma partió de estas consideraciones y estableció como hipótesis de trabajo que los espacios del sistema de justicia penal en los que existe una mayor discrecionalidad son el resquicio perfecto en el sistema para que entren en juego los sesgos inconscientes de los profesionales hacia las personas de etnia gitana, pudiendo llegar a impactar de manera negativa en la imparcialidad del proceso.

Por ejemplo, existe una amplia discrecionalidad por parte de la policía a la hora de perseguir delitos que nos obliga a preguntarnos por las prioridades a la hora de investigar. Los policías que participaron en la investigación aludieron a que dar seguridad a los ciudadanos está por encima de cualquier estadística policial. Esto necesariamente plantea el interrogante sobre el concepto de seguridad ciudadana imperante en la práctica.

Podemos hablar de tres pilares que moldean el concepto de seguridad ciudadana tal cual lo entiende la policía hoy en día: (1) la visibilidad; (2) los medios; (3) la vertiente política.

La sensación de seguridad de los ciudadanos en muchos casos va aparejada a la visibilidad de la actividad policial, es decir, a una sensación de que se está haciendo algo por solucionar el problema. Esto puede desembocar en una interpretación errónea del concepto de seguridad ciudadana que propicie un aumento de la presión policial injustificada -o más bien justificada a través de prejuicios como la etnia o el nivel de recursos económicos- sobre colectivos como las personas gitanas o los migrantes.

Los medios de comunicación -como moduladores de la opinión y altavoces hacia la sociedad- pueden contribuir a acrecentar o disminuir la sensación de seguridad de los ciudadanos en determinados momentos, así como promover o cuestionar los estereotipos imperantes sobre diferentes grupos sociales.  Existen en la televisión diversos programas de tipo documental dramatizado mostrando aspectos cotidianos de sus protagonistas, todos ellos gitanos, que se basan única y exclusivamente en el perfil estereotipado y caricaturizado sobre la comunidad gitana como una forma de entretenimiento, actuando a su vez de refuerzo del estereotipo. Por otra parte, los formatos sensacionalistas a menudo ponen el foco en los sucesos que tienen como protagonista a algún miembro de la comunidad gitana como una estrategia para captar audiencia. Son particularmente dañinos al buscar el morbo y el escándalo en la noticia, cebándose particularmente en sucesos violentos o relacionados con drogas y haciendo referencia a connotaciones de tipo primitivista, como la utilización del término clan. Por último, las coberturas de carácter informativo también perpetúan los estereotipos al hacer referencia a la etnia del presunto autor de un delito cuando éste es gitano, promoviendo la asociación entre pertenencia a la etnia gitana y delincuencia. En cambio, cuando se trata de informar sobre aspectos positivos a menudo se omite la referencia a la etnia de los protagonistas de la noticia. Tampoco podemos olvidar el papel que juegan las conocidas como detenciones mediáticas, en las que se muestran operativos policiales espectaculares como una forma de demostrar ante el gran público la eficacia y contundencia policial.

Cuando un asunto cobra relevancia mediática también llega a oídos de los distintos responsables políticos de la policía (concejales, consejeros o ministro de interior) que, a través de sus órdenes internas a los mandos policiales -que posteriormente se transmiten a lo largo de toda la cadena de mando-, ponen en práctica políticas criminales con el objetivo de poner fin a la crisis planteada. En ocasiones se ordena aumentar la vigilancia y poner el foco sobre un barrio, un tipo de delito o un colectivo en concreto, identificados como el epicentro del conflicto, con el fin de rebajar la presión social, mediática y política surgida. Esto sin embargo puede provocar efectos colaterales como el reforzamiento de los prejuicios hacia determinadas personas y un nuevo argumento que justifique la discriminación.

En resumidas cuentas, la decisión de parar a una persona en la calle debería seguir un patrón objetivo de individualización de la conducta. La realidad es que la apariencia física y los estereotipos juegan un importante papel a la hora de identificar a una persona por parte de la policía. Por otra parte, la falta de control judicial y, por tanto, de un sistema de control y garantías en la fase de investigación policial provoca serias inquietudes. La posibilidad de que a través de órdenes internas los distintos cuerpos de policía estén desarrollando su propia política criminal es un elemento altamente preocupante, sobre todo si se basan en prejuicios y estereotipos de grupo. Esto puede desembocar en la aplicación de patrones de delincuencia etno-racializada a través de los cuales se atribuyen a ciertos grupos determinados tipos de delitos. Todo ello fruto de los estereotipos raciales consolidados sobre el grupo -como la asociación de las personas gitanas con la delincuencia- que se dibuja como compacto y homogéneo. Esto permite trazar comparaciones simplistas en el índice de criminalidad de diferentes grupos étnicos minoritarios en relación con el grupo mayoritario que pueden conducir a su sobrerrepresentación en el sistema de justicia penal. Del mismo modo, el aumento de la presencia policial en barrios de bajos ingresos con mayoría de población gitana puede crear una asociación entre etnicidad y criminalidad.

Racismo, Xenofobia y COVID-19

Ángeles Solanes Corella

El racismo, como la xenofobia y la etnofobia, tiene una característica común con el COVID-19. En cuanto “enfermedades contagiosas” acechan sin ser vistas, se propagan rápidamente, causan graves daños en las personas y, en general, en las sociedades. Reparar las consecuencias de este tipo de discriminaciones, no digamos ya curarlas (o prevenirlas), exige otra forma de actuar. Como recordaba Maquiavelo, si se quiere predecir el futuro, se debe tener en cuenta el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos anteriores.

La lucha contra la discriminación por origen racial o étnico, y contra la xenofobia, no es una cuestión nueva. De hecho, el instrumento internacional de referencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se aprobó en 1965. Los estándares normativos afianzados en las últimas décadas han sido fundamentales para consolidar en el ámbito internacional y nacional un amplio marco jurídico en la lucha contra la discriminación. Así, por ejemplo, en el ámbito europeo, la discriminación, el acoso y la violencia motivados por prejuicios de índole racial o étnica, son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, sobre la lucha contra ciertas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, y la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, que implementa el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 62/2003). En la misma línea, han trabajado los diferentes organismos especializados para la protección de la igualdad y la no discriminación que se agrupan en la European Network of Equality Bodies, (EQUINET) de la que forma parte el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Sin embargo, estos esfuerzos no han permitido erradicar las múltiples formas de discriminación por origen racial o étnico, como ha evidenciado de manera reiterada en sus informes la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por eso, el racismo, la xenofobia y la etnofobia derivados de la pandemia por COVID-19, han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan.

La investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre las experiencias de discriminación de las minorías, constata que se han producido incidentes racistas o xenófobos, delitos de odio contra personas por su origen (percibido) como chino o asiático, y casos de discurso de odio contra otros grupos de extranjeros y personas romaníes. Este tipo de discriminación, como ocurre siempre en la práctica, se ha combinado también con otras por razón de género, edad, religión y discapacidad. Se pone así en evidencia la necesidad de una perspectiva interseccional en materia de discriminación, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, como los señalados, la confluencia simultánea de estos motivos hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios.

Como señala el informe de la FRA, en los diferentes Estados de la Unión Europea, se han producido incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia dirigidos a ciertas comunidades por su nacionalidad, origen racial o étnico, vinculadas a la pandemia por COVID-19, que pueden resumirse en tres ámbitos:

  1. La dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. A pesar de que los datos son provisionales, se documenta una especial dificultad para el disfrute de los recursos sanitarios y para la correcta garantía del derecho a la educación (en este caso también por las cuestiones derivadas de la brecha tecnológica) en el ámbito público; y en el sector privado se refleja en los obstáculos para acceder a servicios como farmacias y supermercados. Así se ha evidenciado también en la campaña #NoSoyUnVirus, (#ImNotAVirus, #JeNeSuisPasUnVirus).

Los incidentes motivados por prejuicios impactan no solo en sus víctimas directas sino también en toda la comunidad. Como evidencia la Red Europea contra el Racismo, en tiempos de crisis, las minorías sufren una ansiedad, miedo y preocupaciones mayores sobre su seguridad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud (ENAR). El resto de la población, preocupada por la escasez de recursos, especialmente en el ámbito sanitario, suele mostrarse reacia a medidas que hagan prevalecer el principio de igualdad.

  1. La preocupación por las declaraciones de representantes de partidos políticos y figuras públicas. En diferentes países se han producido manifestaciones de representantes públicos en las que se hace referencia al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. Así, por ejemplo, cabe mencionar las desafortunadas declaraciones de un político español que aseguró que los “anticuerpos españoles” derrotarían “al virus chino”. De esta manera, se pone de manifiesto que la pandemia ha servido, también, para ahondar en el populismo nacionalista. En ese sentido, la ascendencia de las ideologías y estrategias populistas nacionalistas supone una amenaza significativa para la igualdad racial o étnica, ya que fomenta la discriminación y la intolerancia y la creación de instituciones y estructuras que dejarán legados perdurables de exclusión. Desde el actual populismo nacionalista, con algunos partidos y organizaciones, se promueven prácticas y políticas excluyentes o represivas que perjudican a determinados grupos. Además de apuntar a los extranjeros y las minorías como objetivos de sus ataques, como se ha comprobado con la pandemia, estas prácticas adoptan formas especialmente virulentas y difíciles de perseguir cuando se realizan desde la opacidad que ofrecen las redes (así lo recuerda la Asamblea General de Naciones Unidas).
  2. El papel de los medios de comunicación. Las noticias de los medios sensacionalistas sobre el origen y el desarrollo del COVID-19 pueden dar lugar a chivos expiatorios, agitando actitudes racistas y xenófobas. El tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas, sirven como pretexto para discriminar. Para prevenir este tipo de actitudes, la Ethical Journalism Network ha publicado una guía con consejos sobre cómo informar del COVID-19, para evitar el perfil racial, el sensacionalismo y el alarmismo.

Estos tres ejes de preocupación que se han apreciado a nivel europeo se constatan en España. Ante esta realidad, el mencionado Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha aprobado el 13 de abril de 2020, una recomendación para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. En ella se enfatiza la necesidad de prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, los grandes olvidados en las medidas contra la pandemia, como las personas que residen en asentamientos chabolistas, las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, los menores extutelados, las familias monoparentales (materna o paterna), o las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, no puede obviarse la barrera idiomática que conlleva discriminación y exclusión.

Otras dos medidas son fundamentales para afrontar las dificultades objetivas que encuentran determinadas minorías. Por un lado, la necesidad de garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico, sin tomar en consideración su situación administrativa en España. Por otro lado, es imprescindible favorecer la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena, para evitar que queden impunes.

Precisamente la infradenuncia es un tema recurrente en el caso de las discriminaciones por origen racial o étnico. Así se constata desde la encomiable labor que realiza el Servicio de Atención y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Dicho servicio, que depende del citado Consejo, es estatal y gratuito, y se presta en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. En sus oficinas se han atendido casos de discriminación relacionados con la propagación del COVID-19 y se han documentado ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios. Con la finalidad de facilitar la posibilidad de hacer frente y combatir estas situaciones, se puede acudir al mencionado Servicio que continúa plenamente operativo.

La pandemia ha sido, y es, un escenario excelente para avivar la dualidad del discurso que ve en unos determinados colectivos la posibilidad de uso utilitarista, y, al mismo tiempo, los excluye, como “desechables” en la terminología de Zygmunt Bauman. Así, mientras la situación creada por el COVID-19 agudizaba el déficit de personal sanitario, mano de obra en el campo y en el ámbito de los cuidados, de tal manera que se miraba a la inmigración como una válvula de escape dentro de la propuesta del FMI de aumentarla para hacer frente a la crisis; al mismo tiempo, se proponía el recorte de derechos para inmigrantes en situación administrativa irregular. A ello habría que sumar, la indefinible situación de las personas en esas zonas de suspensión del Derecho que llamamos fronteras, que han visto como el COVID-19 se convierte en un motivo más para sumar detenciones y vulneraciones de sus libertades.

Desde estos parámetros hay que construir la vuelta a lo cotidiano. La nueva normalidad, que en su misma denominación entraña un oxímoron, no debe suponer mantener un modelo que normaliza la discriminación. Eso sería tanto como admitir que todo ha cambiado, para que nada cambie. O lo que es lo mismo, que formamos parte ya del infierno de los vivos, del que hablara Italo Calvino, ese que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La pandemia por COVID-19, puede ser una buena oportunidad para darnos cuenta, desde la necesaria atención y aprendizaje continuos, de que la lucha por la igualdad, contra la discriminación, es una forma de escapar del averno.

El discurso del odio: la necesaria concreción de un concepto banalizado

Ana Valero

Los días 16 y 17 de octubre ha tenido lugar en Sevilla el Seminario “La libertad de expresión en el Estado Constitucional”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de Sevilla. Profesores de distintas disciplinas debatimos en él sobre diversos aspectos conflictivos que el ejercicio de la libertad de expresión plantea en nuestros días.

Entre ellos se encontraba, como no podía ser de otro modo, el “discurso del odio”, y llegamos a la conclusión de que se hace necesario definir con mayor precisión el significado y alcance de un concepto que, a día de hoy, está siendo banalizado por la ligereza con que es aplicado por los poderes públicos.

Dicha banalización está siendo especialmente preocupante en España, donde titiriteros, raperos, tuiteros, actores, activistas, periodistas, presentadores de televisión o políticos, han sido acusados, y en ocasiones condenados, por incitación al odio por quemar la foto de los monarcas, por criticar a la policía, por realizar comentarios jocosos, ejercer la sátira, provocar a través de obras teatrales, blasfemar, etc. Todo parece tener cabida bajo el paraguas del discurso de odio.

Especialmente intranquilizador resulta, además, el uso del “enaltecimiento del terrorismo” -tipo penal “de opinión”- al que se recurre más habitualmente para retroceder a pasos agigantados en la protección que la libertad de expresión merece en una sociedad democrática. Llama la atención a este respecto que, en 2011, año del cese definitivo de la actividad armada de ETA, hubo un condenado por enaltecimiento del terrorismo, mientras que entre 2016 y 2017 hubo 66 condenados penalmente.

Parece que el “discurso de odio” se ha convertido en un término de moda bajo el que parece tener cabida todo discurso disidente.

Por este motivo, el presente artículo pretende ofrecer al lector un poco de claridad acerca del significado y alcance de este concepto a través de mis propias valoraciones y de la incorporación de los puntos de consenso a los que llegamos en el Seminario de Sevilla.

El término “discurso del odio”, aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana en su fórmula hate speech y, en el ámbito europeo, la Recomendación 20 (97) del Comité de Ministros del año 1997, lo definió como:

cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier forma de odio basado en la intolerancia que se exprese en forma de nacionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración”. 

Mientras el modelo norteamericano prioriza la protección de la libertad de expresión salvo en supuestos en que el ejercicio de la misma produzca un riesgo “real e inminente” para otros derechos o bienes jurídicos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incluido bajo esta categoría tanto la incitación indirecta a la violencia como aquellos discursos que resulten discriminatorios o estigmatizadores para los grupos vulnerables de la sociedad.

Esta diferencia entre el modelo norteamericano y el europeo responde a razones históricas y a dos concepciones distintas de la idea de democracia. En Estados Unidos la protección preferente de la libertad de expresión, también la “odiosa”, encuentra su fundamento en la aportación que todo discurso puede hacer al marketplace of ideas, es decir, a la arena pública donde todos los ciudadanos pueden, a través del public discourse, plasmar su imagen de la sociedad y del Estado. En palabras de Rawls: “suprimir la libertad de expresión, incluida la expresión subversiva, implica siempre una supresión parcial de la democracia”. Anclado en la tradición política, cultural y económica del liberalismo, el sistema jurídico norteamericano opta por el laissez faire y la estricta abstención y neutralidad del Estado frente a los discursos presentes en la sociedad, siendo el debate público de las ideas y opiniones más extremistas y odiosas, una garantía de la buena salud democrática.

En Europa fue sin duda la tragedia del Holocausto lo que convirtió al valor “dignidad humana” en el pilar de las democracias de la posguerra y lo que determinó que la regulación del discurso del odio en el Consejo de Europa fuese mucho más laxa que la estadounidense. De forma que, desde que utilizara por primera vez esta expresión en el año 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando la aplicabilidad del concepto para determinar cuándo un estado puede restringir la libertad de expresión por incitar al odio, aunque sin llegar a establecer una doctrina coherente y estable en el tiempo.

En términos generales y muy sintéticos podríamos decir que el Tribunal de Estrasburgo sostiene que la libertad de expresión puede ser limitada cuando su ejercicio genere una incitación “directa o indirecta” al empleo de la violencia; o cuando ampare discursos discriminatorios contra colectivos sociales que han sido históricamente discriminados por motivos de género, orientación sexual, etnia, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, lo que, tal y como convinimos en el Seminario, debería llamarse más bien discurso discriminatorio.

Con el fin de huir de interpretaciones subjetivas y, en ocasiones, hasta ideológicas, sobre lo que puede ser considerado o no “incitación indirecta a la violencia” consideramos que el término “discurso del odio” debe ser empleado única y exclusivamente para:

– perseguir el “acoso discriminatorio”. Esto es, aquellos discursos discriminatorios o estigmatizadores de las minorías sociales que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad. Y aquí entrarían los discursos racistas, islamófobos, homófobos, discriminatorios hacia las personas LGTBI, hacia las mujeres etc.

– aquellos discursos, mensajes o expresiones que, atendiendo a las circunstancias y al contexto en que fueron pronunciados, generen una alta y pronta probabilidad (que no mera posibilidad) de riesgo de incitación a la violencia. A este respecto estimamos que debe hacerse un esfuerzo entre la comunidad jurídica para perfilar jurídicamente el test del “riesgo claro e inminente”, esto es, los criterios objetivos que van a permitir determinar cuándo se produce un riesgo tal, y así evitar que se convierta en mera retórica jurídica.

Ilustraciones: 1. De Kooning. 2. Hauffmann. 3. Rothko.

Refugiados: ¡tienen derechos! (En el Día Mundial de los Refugiados)

Javier de Lucas

Aunque es cada vez mayor la toma de conciencia de que los refugiados –como los inmigrantes, por cierto– son personas titulares de derechos cuyo cumplimiento obliga, como es obligado respetar cualquier otro derecho, lo cierto es que todavía hoy nos encontramos con dos tipos de mensajes, que calan en la opinión pública y obstaculizan ese obligado respeto.

De una parte, la visión “humanitaria” –seudohumanitaria, sería mejor decir– que apela a la “ética”. Una invocación que, las más de las veces, no acaba en la exigencia de acomodar nuestra conducta a esos valores, sino que nos propone esas conductas como ejemplares, pero no exigibles y, menos aún, sancionables, en caso de incumplimiento. A nadie se le ocurre castigar a quien no participa en una de esas telemaratones o subastas con los que compramos buena conciencia. Como se trata de un “problema de ética”, por definición, su observancia es cuestión de conciencia, de buena conciencia, de conciencia solidaria, sí, pero no exigible so pena de sanción. No es un comportamiento debido, aunque admiremos a quienes tienen la bondad de hacerlo.

De otro lado, asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.

Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó  un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.

En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.

No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.

Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.

Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?

Ha llegado la hora de tomarnos en serio los derechos de los refugiados. Es la conclusión que deberíamos adoptar. Y como se ha repetido tantas veces, no es un deseo. No es una opción, sino un deber. Si es que queremos seguir llamándonos civilizados.

Ilustraciones: 1. Desconocido. 2. Aegean Guernica. 3. Ulanovsky.

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

Paco Solans

Cuando un debate se estanca, se anquilosa, y con pocas variaciones, como un oleaje perenne, se repite insistentemente cada cierto tiempo, denota la existencia de un problema estructural que probablemente no se está sabiendo afrontar por alguna o por todas las partes. La existencia de los CIE, por un lado quienes aducen su necesidad o conveniencia y adecuación a nuestro ordenamiento jurídico frente a quienes rechazan de plano su existencia misma, resulta uno de estos debates que desde 1985, fecha de entrada en vigor de la vieja Ley de Extranjería que los creó, sigue esas pautas.

Desde las primeras actuaciones al respecto por parte del Defensor del Pueblo, el primer informe que yo conozca elaborado por la sociedad civil data de más de 20 años, de 1994, y tuve el dudoso honor de haberlo elaborado con la colaboración de unos cuantos compañeros del Colegio de Abogados de Valencia. Tras él han venido muchos otros, y lamentablemente, la situación no ha variado en lo sustancial, evidenciándose sólo – y en honor a la verdad – una serie de parches y reformas, importantes pero a la postre anecdóticas, que sospecho no tenían otra intención que hacer soportable lo insoportable. La experiencia de todos estos años me ha hecho decantarme cada vez más por la opinión de que es un problema cuya única solución es radical, es decir, su cierre, pero entiendo que ante las muchas demagógicas opiniones vertidas estos días al respecto, y no pocas mentiras descaradas, conviene aclarar los términos y los motivos para tal postura. Expondré los mismos con una muy discutible y abierta gradación en importancia de menor a mayor: Sigue leyendo