El “pin parental” es inconstitucional

Ana Valero

La polémica surgida en torno a la condición impuesta por Vox para aprobar los presupuestos de Cs y PP en la Comunidad de Murcia, esto es, el llamado pin parental, requiere de aclaraciones desde el punto de vista constitucional.

Como es sabido, dicha medida exige que los padres de los alumnos de los centros educativos murcianos estén obligados a autorizar, de manera previa y expresa, la asistencia de sus hijos a cualquier actividad complementaria que se organice dentro del horario lectivo. De forma que, los escolares podrán ausentarse de cualquier actividad cuando los padres consideren que pueden ejercer una pretendida “objeción de conciencia” a talleres relativos a la diversidad afectivo-sexual, el feminismo o cuestiones sobre la identidad de género o la comunidad LGTBIQ, entre otras.

Lo primero que cabe señalar, como acaba de advertir el Gobierno de España, es que no se trata de una objeción de conciencia prevista por la ley. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la única objeción de conciencia prevista en la Constitución es la relativa al servicio militar obligatorio del artículo 30 CE, por lo que, cualquier otra objeción de conciencia ha de estar prevista expresamente por el legislador, como es el caso de la incluida en la  Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su artículo 19.2. Previsión que no se encuentra en la Ley educativa.

Pero es que, además, el pin parental obvia las últimas interpretaciones que, en materia de patria potestad, derechos educativos paternos y libertad de conciencia de los menores de edad, han dictado distintas Cortes Constitucionales, incluida la española, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De la tradicional concepción de la minoría de edad como un estatus caracterizado por la falta de madurez física y mental del niño y como condición de vulnerabilidad que requiere de especiales medidas de protección, la Convención Internacional de los Derechos del niño y, a nivel nacional, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, ahondan en la afirmación de la creciente autonomía de éste, reconociéndole el ejercicio progresivo de sus derechos a medida que vaya adquiriendo la “madurez” suficiente para ello. Así, de una concepción del menor como mero objeto de protección y propiedad de los padres se pasa a otra que lo entiende como ciudadano y sujeto de derechos, lo que tiene consecuencias importantes en el ámbito de su libertad de conciencia.

La libertad de conciencia es, sin género de dudas, uno de los derechos del menor de edad que mayores y más complejos conflictos jurídicos genera debido a su imbricación con los derechos u obligaciones de todos los sujetos públicos y privados que, de forma directa o indirecta, toman parte en el proceso de su desarrollo. Así, cuestiones como la negativa de los padres Testigos de Jehová a que sus hijos reciban transfusiones de sangre; la oposición paterna a que cursen determinadas materias del currículo educativo -como la “Educación para la Ciudadanía”, “la educación sexual”, etc-; o la negativa de los progenitores a que sus hijos sean escolarizados en escuelas públicas u homologadas por el Estado –homeschooling-; son sólo algunos ejemplos, a los que ahora se suma el pretendido pin parental.

El menor es titular pleno de los derechos fundamentales que la Norma Suprema atribuye a toda persona desde su nacimiento –a excepción de los derechos de participación política- y ejerciente progresivo de los mismos. El grado de autonomía idóneo para el ejercicio consciente y responsable de los derechos fundamentales, debe basarse en la capacidad de elección y en la madura libertad psicológica de la que no siempre se encuentra provisto el menor de edad en las distintas etapas de su infancia. En consecuencia, los padres, tutores o guardadores de los menores no sólo asumen una posición de garantes de sus intereses sino que, en determinadas circunstancias, pueden llegar incluso a ejercer en nombre de éstos algunas de las facultades que forman parte del contenido de sus derechos fundamentales cuando no se ha alcanzado una determinada madurez. Ahora bien, la facultad de los padres de decidir por sus hijos, también en el ámbito de las convicciones o creencias, es limitada en el tiempo y está condicionada a que el menor carezca de la madurez suficiente como para decidir por sí mismo.

Como consecuencia de lo anterior, debe quedar claro que no existe un derecho de los padres sobre las conciencias de sus hijos sino una mera facultad de “guía” -artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y “cooperación” –artículo 6.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor- que facilite el desarrollo de su autonomía también en materia de creencias. La consecuencia directa que dicho planteamiento proyecta sobre la libertad de conciencia de los menores de edad es la necesidad de proteger jurídicamente el proceso de formación, gestación y maduración de sus convicciones, esto es, la “libre formación de su conciencia”.

Pero la libertad de conciencia del niño no sólo germina y se desarrolla en el seno del ámbito familiar, pues la escuela aparece como el segundo gran ámbito de socialización propicio para ello. Los derechos educativos paternos, que tienen su fundamento constitucional en el “derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones” –artículo 27.3 de la Constitución- se enmarcan, en palabras del Tribunal Constitucional español, en el principio de libertad de enseñanza, entendida como libertad para proceder a la transmisión de conocimientos y valores de acuerdo con la propia conciencia -artículo 27.1 CE-. De este modo, el derecho reconocido en el artículo 27.3 CE, junto con el derecho de creación de centros docentes privados –artículo 27.6 CE- y el de dotación a los mismos de un ideario propio, garantiza a los padres la libertad de elegir el modelo educativo que desean para sus hijos.

Sin embargo, como ha reiterado la Corte Constitucional española, este derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de los hijos y a optar, en suma, por un modelo educativo concreto acorde con sus convicciones, encuentra un límite en su deber de procurarles una educación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad y de su autonomía en los términos previstos por el artículo 27.2 CE. El citado artículo constitucional contiene lo que el gran jurista Tomás y Valiente dio en llamar el “ideario educativo constitucional”, en virtud del cual, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 133/2010 que denegó el amparo a los padres de unos niños que recibían la enseñanza básica en su propio hogar, afirmando que, la educación en los valores constitucionales requiere la convivencia participada en libertad, el respeto por el pluralismo de ideas y creencias y la formación de ciudadanos activos, participativos y críticos. De tal forma que una educación sesgada, adoctrinadora o contraria a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales, ya se produzca ésta dentro de la red escolar convencional o fuera de ella, entraría en contradicción abierta con la Constitución.

Por lo que la cláusula contenida en el artículo 27.2 CE es vinculante incluso para los centros privados con ideario. Éstos, hallándose facultados para transmitir su ideario a los alumnos, no deben incurrir en lo que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado en llamar “proselitismo abusivo o de mala calidad” (Sentencia de 25 de mayo de 1993, pronunciada en el Caso Kokkinakis c. Grecia), esto es, en un adoctrinamiento u orientación ideológica “excluyente, dogmática, coactiva, intimidatoria o manipuladora” que contradiga las máximas del artículo 27.2 de la Norma Suprema, que exige el compromiso de sujetos públicos y privados con la promoción del pluralismo y con el rechazo de toda visión unidimensional del mundo.

De tal modo que, aunque la Constitución no establezca un sistema educativo concreto y rígido, y permita la implantación de varios modelos de enseñanza –dualidad entre centros públicos y privados homologados por el Estado- el contenido de las libertades de las que son titulares la totalidad de los actores jurídicos del proceso educativo –titulares de centros privados de enseñanza, educadores y progenitores-, queda subordinado a la plena satisfacción del derecho del menor a recibir una educación integral basada en el “ideario educativo constitucional”.

De modo que, cualquier intento de privar a los menores de una educación integral basada en el pluralismo, que permita a éstos contrastar los valores paternos con los presentes en la sociedad, impide que éste pueda conformar libremente su libertad de conciencia y, por ende, el libre desarrollo de su personalidad, algo a lo que no están autorizados constitucionalmente ni los padres ni los centros educativos.

El pin parental es, a todas luces, inconstitucional.

Gestación subrogada y mercantilización: debatámoslo

Gabriel Moreno González

En la actualidad se potencia hasta el absurdo una confusión entre el deseo individual y la categoría, cada vez más desfigurada, del derecho subjetivo. No todo deseo personal se ha de convertir en derechos garantizados por el Estado, pues éstos son el fruto del consenso social en torno a la necesidad de articular cauces de protección y promoción de bienes públicos que están indisolublemente unidos a valores y principios superiores. Lo mismo ocurre hoy con la denominada eufemísticamente como “gestación subrogada”, cuya ausencia de regulación está impulsando uno de los debates más interesantes de los últimos tiempos por lo que refleja de las concepciones en juego y por el grado de descomposición social que ilustra.

La persona ha venido siendo considerada desde hace siglos como una esfera indisponible en su dignidad para el mercado. Sin embargo, éste ha ido copando cada vez más ámbitos, hasta el punto de mercantilizar las propias relaciones sociales que antes se daban en campos de gratuita y alegre fraternidad. La búsqueda única del propio interés, la monetarización de todo lo que nos rodea y la valorización del mundo de las cosas sobre el mundo de las personas, son características hoy de nuestra decadencia moral y ética como comunidad. Pero el cuerpo humano, materialización más prístina de aquel núcleo de dignidad indisponible, parecía hasta ahora ajeno a la mercantilización absoluta. El Código Penal español, por ejemplo, prohíbe la venta de órganos propios, aun cuando ello sea una decisión supuestamente libre y autónoma del sujeto.

Los vientres de alquiler, sobre los que hoy se discute, pueden ser la última lanza de vanguardia que rompa con la sacralidad de la persona y su dignidad para que el mercado, y sus intereses espurios, entren en el último reducto que resistía. No nos engañemos: detrás de la venta del derecho de uso del vientre materno habrá mayoritariamente una posición de desigualdad material de la madre biológica, sí, pero aun en el hipotético caso de que no la hubiera, estaríamos dando entrada a que los meros deseos individuales de algunos ciudadanos se conviertan en derechos garantizados por el Estado. Pretendidos derechos que no tienen reflejo ni pueden cobijarse en ningún valor o principio, pues la dignidad de la persona es la que debe sustentarlos, y no hay algo más vejatorio contra la dignidad que la utilización del propio vientre, de nuestro propio cuerpo, para la satisfacción personal de terceros. Claro que aquí entra en juego una concepción de lo corpóreo que hemos heredado desde los comienzos de la Modernidad y que quizá, incluso en el seno del propio feminismo, entra en contradicción con el rechazo a la gestación subrogada.

El sujeto moderno se ha construido sobre la base del “cogito” de Descartes, de un “yo pensante” separado de un cuerpo al que se posee y que es distinto de ese “yo” consciente, interno y, a veces, oculto. Lo material es extraño a la sustancia que piensa, es su propiedad y una mera extensión que puede ser troceada a disposición del sujeto soberano. La concepción liberal del derecho de propiedad se extiende así sobre el cuerpo, fundamentándose en un dualismo que no es del todo ajeno a la tradición antigua y cristiana, pero que la supera en su radicalidad. En la teología cristiana la idea de “encarnación” aúna ambas realidades en la sacralización de la persona como un todo, como un sujeto que piensa (alma) y como materia que conforma sagradamente ese propio sujeto (cuerpo). Cuerpo y alma son uno y no por casualidad el mismo Dios se hace “hombre”, se encarna y sacraliza con su decisión a lo humano como totalidad. Siguiendo a Roger Scruton, “yo y mi cuerpo no somos dos cosas, sino una, ya que con la venta de mi cuerpo se endurece y pervierte el alma”. Lo sagrado, hemos de recordarlo, ha constituido siempre un ámbito de indisponibilidad, de alejamiento intangible para la acción humana, de ahí que sea también una res extra commercium, algo con lo que no se puede mercadear, vender o comprar. El “sobre mi cuerpo yo decido” que blande el movimiento feminista no cabría, pues, en esta concepción unitaria de la persona, ni muchos menos la venta que ese “cogito” cartesiano moderno pretende hacer del uso del cuerpo para satisfacer a un tercero, se mueva o no por intereses mercantiles. Entre esta última intención y el primer lema, el cual ilustra ciertas concepciones patrimonialistas que se han heredado (y es normal) de la Modernidad, subsiste un fundamento dualista último que no puede pasar desapercibido, y menos en una cuestión tan controvertida.

            Por la existencia de estas contradicciones, por la concurrencia de paradigmas opuestos e intereses contrapuestos, se hacen necesarios el debate y la discusión teórica, académica y política en torno a la gestación subrogada. Muchos estamos en contra de su regulación, por los motivos expuestos en torno a la mercantilización o la utilización individualista que de lo humano supondría, pero eso no implica que rechacemos de plano a quienes sostienen otras posturas o el intercambio de opiniones fundamentadas y razonables sobre tan espinosa cuestión. De ahí que en su momento decenas de profesores universitarios firmáramos un manifiesto contra la intención de ciertos grupos de boicotear e impedir, en el foro de la academia, un congreso sobre la materia. Mis motivos de rechazo a la gestación subrogada pueden ser religiosos, éticos, morales o filosóficos, pero quiero y deseo que se confronten con quienes dicen blandir justificaciones liberales o individualistas, y más si ese encuentro se produce en la Universidad, en ese espacio sin condición que debería volver a situarse en el centro de la palestra de nuestra comunidad política. Y ello desde la serenidad y sin histrionismos.

Además, si el debate es profundo y sincero, podrán aparecer en escena las aristas que definen hoy muchas de las problemáticas sociales actuales. ¿Puede disociarse la libertad del sustento material que la apoya en su realización? ¿Hasta dónde queremos que llegue la mercantilización del mundo de lo real, de todo lo que nos rodea? Las consecuencias biopolíticas del neoliberalismo más obsceno pueden y deberían aquí argüirse no sólo como barreras frente a los vientres de alquiler, sino también como palancas desde las que idear nuevas formas de pensar lo social, más fraternas y humanas. La cuestión de la gestación subrogada y la profundidad ética que alcanza abren, de este modo, una espita en la pirámide de un orden político, el actual, que se basa en falsos mitos y principios. Por ello, nuevamente, la discusión es más necesaria y conveniente que nunca, y puede ser una oportunidad única para introducir consideraciones morales y éticas, tan denostadas hoy, en el actuar teórico de unas ciencias sociales demasiado autorreferenciales en sus pretensiones de cientificidad.

Así que…sí, por mi parte: rechazo pleno a la regulación de la gestación subrogada y apoyo pleno, también, a la celebración continua de un renovado debate sobre la misma. Las mujeres han de ser libres, pero esta libertad no puede confundirse con una falsa autonomía neoliberal, sino con la eliminación de las barreras, sociales, culturales y económicas que, en una sociedad cada vez más mercantilizada y venial, le impiden hoy serlo de forma integral. Debatámoslo.

La libertad educativa de las familias: una excusa de la derecha para perpetuar la desigualdad social

Ana Valero

En su soberbio discurso en la sesión del pleno de investidura de la presidencia de la Comunidad de Madrid, del 14 de agosto, Ángel Gabilondo criticaba la propuesta de la candidata de potenciar la libertad de las familias de elegir centro educativo a través de cheques escolares en detrimento de la escuela pública. Esta propuesta, incluida en el programa del PP madrileño a exigencia de sus socios de VOX, no es nueva, todo lo contrario, pues se encuentra en la base de las políticas educativas de los gobiernos de la derecha de los últimos diez años, y su puesta en práctica ha convertido a España en uno de los países de la UE con más segregación escolar.

El debate sobre la libre elección de centro escolar apareció por primera vez en la década de 1950 en Estados Unidos, a partir de la publicación de “El papel del gobierno en la educación”, de Milton Friedman. Desde su punto de vista, si la prestación del servicio educativo permanece en manos del Estado carece de incentivos para un uso eficiente y efectivo de los recursos, ni para la innovación. La libre elección, por el contrario, según la orientación de Friedman y sus partidarios, introduce la competitividad entre las escuelas, lo que las obliga a mejorar su gestión y rendimiento, ampliándose con ello una oferta más eficiente e innovadora que atrae a nuevos estudiantes.

Siguiendo esta estela, en España, la libre elección de centro educativo por parte de las familias parece haberse convertido, para los sectores sociales y políticos partidarios de la introducción de las lógicas del mercado en el ámbito educativo, en el derecho fundamental que enarbolar para: por un lado, justificar un incremento de la concertación de la escuela privada y; por otro, adoptar estrategias de promoción de la competitividad entre escuelas, incentivada por sistemas de pruebas estandarizadas y ranking; o, una financiación competitiva que premie a las escuelas que más demanda consigan.

Este es el planteamiento al que se adhiere la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa del señor Wert, LOMCE, que otorga un papel preeminente a la libre elección de las familias, y condiciona el incremento de los conciertos a la llamada “demanda social” -artículo 109.2-. De acuerdo a esta Ley, el diseño de la red de centros escolares queda subordinado a la demanda de las familias. De modo que, si éstas solicitan más plazas en la escuela privada de las plazas concertadas disponibles, la Administración educativa debe proceder a realizar más conciertos, lo que coloca a la escuela pública en un lugar subsidiario respecto de la concertada.

La evidencia demuestra que una mayor elección de los padres conduce a una correlativa mayor polarización de los estudiantes por factores socioeconómicos, étnicos o de nacionalidad, y deriva en mayores desigualdades en los sistemas educativos. Como señala el Informe de la OCDE School and Equality, mientras las familias con rentas más altas y mayor nivel formativo disponen de más recursos de acceso a la información necesaria para escoger un centro educativo, las familias con un perfil socioeconómico más bajo suelen acudir al centro público más cercano a su domicilio, lo que favorece la segregación escolar y la aparición de “centros gheto”. Algo en lo que han incidido los sucesivos informes sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), del Consejo de Europa.

Según la encuesta publicada por la oficina de estadística europea Eurostat en el año 2018, España se sitúa de nuevo a la cabeza de Europa en tasa de abandono escolar temprano. Esta tasa, que refleja el porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la educación secundaria y no continúa ningún tipo de formación, se situó en el 17,9%, más de siete puntos por encima de la media del conjunto de la Unión Europea, que alcanzó el 10,6%.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y a aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio “Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico”. Este estudio, junto con el Informe “Mézclate conmigo” de la organización Save The Children, señalan que la segregación escolar por motivos socioeconómicos alcanza en España un índice de 0,38, lo que implica que eliminar la segregación escolar requeriría cambiar al 38% del alumnado más vulnerable de unos centros a otros. Estos datos convierten a nuestro país en uno de los países más segregados de Europa, ocupando un sexto puesto que lo equipara a algunos de los países del Este y lo aleja de los países de su contexto más cercano.

La OCDE advierte que la segregación escolar reduce las probabilidades de interacción de niños y niñas con iguales de otros contextos sociales y disminuye sus oportunidades de adquirir aptitudes sociales y vitales completas; dificulta que el conjunto del alumnado tenga trayectorias educativas exitosas; y contribuye a mantener las menores oportunidades de los sectores más vulnerables. En suma, el fenómeno segregativo compromete la función de igualación de oportunidades propia de la educación.

Sin embargo, y a pesar del empeño conservador, que se arropa una y otra vez en el término constitucionalista para justificar sus políticas, el modelo educativo diseñado por la Constitución difícilmente casa con sus planteamientos: pues, el objeto último de la educación previsto por su artículo 27.2 consiste en potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre y democrática. Un objetivo cuya satisfacción -en un Estado que proclama la justicia y la igualdad entre los valores superiores de su ordenamiento (artículo 1 CE), y cuyo artículo 9.2 CE exige de los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas- solo es posible mediante la procura del pleno ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, tanto en la fase de acceso a la educación como en su desarrollo y resultado.

Es por ello que, al igual que el derecho a elegir la formación religiosa y moral acorde con las convicciones paternas del que trae causa, el derecho a la libre elección de centro escolar es en España un derecho de libertad y no de prestación, no existiendo la obligación constitucional de los poderes públicos de proporcionar los medios materiales que garanticen su satisfacción. En palabras del Tribunal Supremo: “Este derecho no puede tener un valor absoluto, de modo que en todo caso deba respetarse la voluntad paterna por encima de cualesquiera circunstancias. Por el contrario, obvias razones materiales y presupuestarias hacen limitados tanto los centros existentes como las plazas en ellos disponibles”.

De este modo, el alcance constitucional del derecho a la libre elección de centro, a diferencia de lo que los partidarios de la educación privada pretenden, se limita a garantizar que las familias puedan mostrar su preferencia por un determinado centro, y a que el sistema educativo esté configurado de tal modo que la opción realizada sea tomada en consideración por los poderes públicos, no siendo en ningún caso vinculante. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucionalmente reconocido a ocupar preferentemente una plaza en un determinado centro docente”. Esto significa que lo que se garantiza constitucionalmente es la posibilidad de elección y no el acceso efectivo.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la escolarización gratuita garantizada por la Constitución no lo es en cualesquiera centros privados, pues los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”. De modo que la plaza escolar finalmente atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias mostradas y ello no implica que se esté asignando un destino forzoso que vulnere derecho fundamental alguno. En concordancia con ello, el Tribunal Constitucional ha afirmado, por ejemplo, que no hay un derecho constitucional a elegir centros en los que se eduque en lengua determinada; ni un “derecho a la igual distancia física de todos los centros públicos respecto de los lugares de residencia de los alumnos. Por ello, no constituye discriminación que el resultado del proceso selectivo haga que el centro escolar resulte más cercano a casa a unos que a otros”. En el mismo sentido el Tribunal Supremo ha afirmado que “en líneas generales puede aceptarse que el derecho de los padres o tutores a elegir centro de enseñanza para sus hijos o pupilos constituye un ingrediente habitual del derecho a la educación, pero cuando choca con las conveniencias didácticas, el ejercicio de ese derecho sólo puede ser satisfecho como manifestación de preferencia que debe ser satisfecha siempre que sea posible”.

Señores de las “derechas”, dejen de manosear el término “constitucionalista” y estudien con atención la virtud de una norma, la Constitución española, que proclama  precisamente lo contrario a lo que ustedes practican, también en materia educativa.

Libre elección de centro y segregación escolar: un binomio constitucionalmente inaceptable

Ana Valero

Que la educación en España no es equitativa es un hecho. Según la segunda edición del Estudio “Vía Universitaria” (2017-2019) de la Xarxa Vives d’Universitats, los hijos universitarios de progenitores con un nivel formativo bajo solo representa un 22% del total del alumnado. Algo que trae causa, sin duda, en la desigualdad existente en la educación básica, donde la segregación escolar está teniendo consecuencias nefastas para la cohesión social y cultural de nuestra sociedad.

Los datos a día de hoy, y tras la alternancia de distintas leyes educativas, evidencian que existe una preocupante concentración del alumnado socialmente vulnerable en la escuela pública.

Así, en relación con la concentración de estudiantes inmigrantes, los datos son los siguientes: en cinco Comunidades Autónomas la red pública de centros educativos escolariza a más del 90% del total de alumnado inmigrante extranjero (Melilla, Ceuta, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha); seis registran entre el 80% y el 90% (Murcia, Canarias, Valencia, Cataluña, Baleares y Galicia), otras seis entre el 70% y el 80% (Asturias, Argón, Navarra, La Rioja, Madrid y Castilla-León) y dos entre el 65% y el 70% (Cantabria y País Vasco).

Pero la segregación escolar no sólo está vinculada a la nacionalidad sino también perfil socioeconómico: pues nueve de cada diez centros que concentran al alumnado de perfil socioeconómico bajo son públicos.

Esta situación se explica por la conjunción de diferentes factores, entre los que destacan:

-La llamada segregación residencial, pues es un hecho que los centros concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta;

-Las prácticas que adoptan muchos centros educativos concertados que desincentivan a las familias con menos recursos económicos: ofrecen servicios complementarios, como el comedor escolar o las actividades extraescolares, a un precio muy superior al de la oferta escolar pública; o cobran cuotas indebidas que, bajo el carácter formal de voluntarias, se exigen de manera pseudo-obligatoria;

-Además, se han detectado prácticas irregulares por parte de las familias en el acceso a los centros concertados, por ejemplo, en la obtención de los puntos correspondientes a la renta;

-Por último, otro de los factores más relevantes es, sin duda, la interpretación expansiva del derecho a la libre de elección de centro que ha venido realizándose en la legislación y en la política educativa de este país.

La Constitución española de 1978 reconoce el derecho a la educación en su artículo 27. En el contenido de este extenso artículo se trató de dar consenso a las dos sensibilidades existentes en la sociedad del momento en materia educativa que, en cierta manera, siguen existiendo a día de hoy: la de los partidarios de que la educación siguiese en manos de quien tradicionalmente había estado, la Iglesia católica y, por tanto, defensores de la escuela privada; y, la de los partidarios de la construcción de una escuela pública de calidad como el mejor instrumento para luchar contra las desigualdades sociales.

Podríamos decir que estas dos visiones se plasmaron en el artículo 27 CE a través del reconocimiento y la integración dialéctica entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y los demás derechos o facultades asociados a ambos.

El derecho a la educación, entendido como derecho de prestación, quedaba garantizado, por tanto, a través: del carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica -artículo 27.4 CE-; el deber del Estado de garantizar dicha obligatoriedad y gratuidad a través de la programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes -artículo 27.5 CE-; y, el deber de inspección y homologación general del sistema educativo en su conjunto -artículo 27.8 CE-.

La libertad de enseñanza, por su lado, es la plasmación del pluralismo ideológico y social en el ámbito educativo que tiene su base en las libertades ideológica y religiosa del artículo 16 CE. Y comprende: el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que resulte acorde con sus convicciones -artículo 27.3 CE-; y el derecho de las personas físicas o jurídicas privadas a crear instituciones educativas -artículo 27.6 CE-, pudiendo dotar a éstas de un ideario propio.

La integración dialéctica entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza quedó plasmada por el legislador democrático, desde el primer momento, en el modelo de conciertos educativos con la escuela privada. Sin embargo, es importante aclarar algunos equívocos interesados existentes en relación con los conciertos y la libre elección de centro.

En primer lugar, hay que señalar que el reconocimiento del derecho de creación de centros docentes por personas físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la legislación puede o no reconocer.

Pues, si bien es cierto que el artículo 27. 9º CE establece el mandato constitucional de ayuda a los centros docentes al disponer que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca”, tal como señaló el Tribunal Constitucional en su temprana jurisprudencia, este mandato no impone el deber automático de ayudar “ni a todos los centros, ni totalmente, sino que queda supeditado a los recursos disponibles y a la obligación de someter el sistema de financiación a unas condiciones objetivas”. En palabras del Tribunal: “el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, por lo que los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, donde vayan las preferencias individuales”.

Por ello, cuando el legislador decide concertar con colegios privados debe existir la certeza de que éstos llevan a cabo la prestación del servicio público educativo en condiciones de gratuidad, igualdad y calidad. Porque, como ha señalado el Tribunal Constitucional: “la acción prestacional de los poderes públicos ha de encaminarse a la procuración de los objetivos de igualdad y efectividad en el disfrute de los derechos que ha consagrado la Constitución”.

En garantía de lo cual, los centros concertados deben estar sujetos a controles básicos por parte de la Administración educativa, especialmente relativos a la calidad y a la escolarización equitativa del alumnado. Y ello porque el modelo educativo diseñado por la Constitución es un modelo de equilibrio entre el derecho de creación de centros docentes y el mandato a los poderes públicos de ofrecer una educación de calidad a todos los ciudadanos.

Si este es el marco constitucional, ¿qué ha venido sucediendo, sin embargo, para llegar a la situación actual?

Básicamente que las leyes y políticas educativas impulsadas por los gobiernos del Partido Popular, especialmente a través de la LOMCE, no han sido respetuosas con dicho planteamiento al introducir el criterio de la llamada “demanda social” con la clara intención de priorizar la escuela privada sobre la pública. Según este criterio, los poderes públicos pueden ampliar el número de conciertos cuando las preferencias de los padres así lo justifican –artículo 109 de la Ley-.

Apoyándose en una interpretación expansiva e interesada del derecho a la libre elección de centro de las familias, los partidos y asociaciones afines a un sistema liberal de organización social, han favorecido la concertación y las prácticas selectivas del alumnado por parte de los centros privados-concertados, con la consecuente segregación escolar de los niños de familias desfavorecidas económicamente o con especiales necesidades educativas.

Desmontar el argumento de la libre elección es fácil si se es riguroso y respetuoso con el modelo educativo diseñado por nuestra Constitución, pues es importante aclarar que de la libertad de enseñanza no deriva un derecho constitucional a la libre elección de centro. Si se atiende a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo único que cabe deducir es que existe un derecho de los padres -sólo cuando el menor carezca de madurez suficiente- a mostrar su preferencia por un determinado centro y a que las administraciones educativas tengan en cuenta la opción realizada, pero nada más, pues, la plaza finalmente atribuida puede no corresponderse siquiera con las preferencias manifestadas y ello no implica un “destino forzoso” que vulnere derecho alguno.

El derecho a la libre elección de centro no es un derecho de prestación, sino una facultad asociada al derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral más acorde a sus convicciones, esto es, un derecho de libertad. En consecuencia, estamos en presencia de un mero principio configurador sin posibilidad de exigencia por los sujetos ni fiscalización jurídica posible.

En la medida en que las preferencias paternas han de ser equilibradas con la obligación de los poderes públicos de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en el sistema educativo, hacer interpretaciones expansivas de los derechos educativos paternos resulta constitucionalmente inadmisible. Y ello por dos motivos:

El deterioro de la calidad democrática en la escuela pública puede poner en peligro el derecho de los menores que se escolarizan en ella a recibir una educación integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad, del que los derechos educativos paternos siempre deben ser instrumentales;

La no equidad en el acceso y en la escolarización implica una discriminación de origen que puede tener efectos directos de desigualad en la inserción social de quienes sufren la segregación escolar.

La segregación por sexos es incompatible con una Constitución educativamente militante

Ana Valero Heredia

Con fecha de 10 de abril de 2018 el Tribunal Constitucional ha dictado la esperada Sentencia con la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad planteado en 2014 por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra varios preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora la calidad educativa (LOMCE), entre los que se encuentran los párrafos segundo y tercero del artículo 84.3 LOE, que dice lo siguiente:

“3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.

En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. A estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad”.

Esta Sentencia da respuesta, desde mi punto de vista de manera errónea, a la cuestión de si la educación segregada por sexos es compatible con la Constitución y si, en consecuencia, los centros privados que la promueven pueden acceder a la financiación pública a través de conciertos con la Administración.

Para exponer con claridad mis argumentos en contra del fallo de la Sentencia, que declara la compatibilidad entre la educación segregada y los valores constitucionales, debo exponer, en primer lugar, cuáles son los motivos aducidos por los partidarios y detractores de la educación segregada por sexos desde una perspectiva pedagógica y social.

Entre los primeros, se encuentra el que apela a los beneficios que implica la educación separada para el rendimiento escolar de los alumnos y parte de la premisa de que las diferencias entre sexos son de tipo biológico y psicológico y que éstas influyen en el desarrollo personal y en el comportamiento. De modo que, a través de la segregación por sexos, los alumnos optimizan su capacitación y formación.

Los argumentos a favor de la coeducación mixta se basan, por el contrario, en la importancia que la convivencia en el aula tiene para que los alumnos se formen como auténticos ciudadanos comprometidos con los valores constitucionales de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres. Ya que, para preparar al alumnado a interrelacionarse en una sociedad formada por hombres y mujeres, y para hacerlos conscientes de la pluralidad social derivada de la existencia de sexos, para eliminar los estereotipos y discriminaciones en la libre elección de estudios o destinos profesionales…, se hace precisa dicha convivencia desde la edad temprana.

Desde una perspectiva jurídico-constitucional, la cuestión se plantea de la siguiente manera:

Por un lado, los partidarios de la educación segregada fundamentan su opción pedagógica en la llamada “libertad de enseñanza” del artículo 27.1 de la Constitución, que engloba la libre elección de centro docente por los padres, para con ello elegir la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, y la libre creación de centros educativos con “ideario”, que puede ser de tipo religioso, ideológico, filosófico o, incluso, pedagógico.

Frente a ello, los argumentos pedagógicos y sociales de la coeducación mixta podrían englobarse bajo el paraguas del “derecho a la educación” de los menores a recibir una educación integral, también reconocido en el artículo 27.1 de la Norma Suprema.

Si bien es cierto que la nuestra no es una “Constitución militante”, lo que significa que bajo su marco es posible defender cualesquiera ideas o creencias, incluso aquéllas que la contradigan, no lo es menos que la misma tiene un “ideario educativo” que vincula a todos los actores implicados en el proceso educacional, sean públicos o privados: las escuelas que participan del sistema educativo reglado deben impulsar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes a través de la transmisión de los principios democráticos de convivencia y de respeto a los derechos fundamentales y, solo de este modo, se garantizará el derecho a recibir una educación integral.

Descrita así la problemática, el siguiente paso es dilucidar si la educación segregada por sexos es compatible con dicho “ideario educativo constitucional”. Pues bien, la Sentencia 31/2018, que ahora analizamos, obvia este planteamiento que, desde mi punto de vista, es la piedra angular de la que debe derivar una respuesta constitucionalmente adecuada.

De hecho, el Tribunal Constitucional se centra únicamente en examinar si la educación segregada es contraria al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, para llegar a una conclusión negativa. Así, basa su fundamentación en el tenor literal de algunos textos internacionales llamativamente antiguos y que selecciona tendenciosamente. Por ejemplo, se apoya en la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza” de la UNESCO, del año 1960, para llegar a la conclusión de que la separación de los alumnos por sexo no vulnera el principio de igualdad si queda garantizada la equivalencia en el acceso de los alumnos y alumnas a la enseñanza, en las condiciones de prestación y en los contenidos docentes.

Así, el Tribunal Constitucional basa su fallo en la idea según la cual, si dichas condiciones de igualdad están garantizadas, no hay incompatibilidad alguna entre la segregación por sexos y la Constitución. Sin embargo, obvia lo que realmente es importante a la hora de decidir sobre dicha compatibilidad, esto es, si un modelo pedagógico como el que propone la educación diferenciada, basado en una organización de la enseñanza que parte de las diferencias psico-biológicas derivadas del sexo, hace posible la garantía efectiva del derecho a la educación conforme al “ideario educativo constitucional” que requiere de una formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la igualdad entre hombres y mujeres y del ejercicio de los principios democráticos de convivencia.

Y, a este respecto, llama la atención que el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia y de la última sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 10 de enero de 2017-, la cual es vinculante.

Pues en su importante Sentencia 133/2010, el Tribunal Constitucional había dicho que

“la educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae a un proceso de mera transmisión de conocimientos, sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros (artículo 2.1 b), c) LOE)”.

De esto se deduce que la educación es, entre otras cosas, el principal instrumento de socialización y una herramienta imprescindible para la convivencia democrática. La real formación de los estudiantes en valores democráticos requiere de su puesta en práctica, y siendo uno de estos valores la igualdad entre hombres y mujeres y la prohibición de discriminación por razón de sexo, parece evidente que la segregación por sexos es un modelo que priva a los alumnos del escenario necesario para la interiorización de dicha igualdad a partir, por ejemplo, de la gestión democrática de situaciones de conflicto de género que pudieran producirse en el aula.

Por todo ello no cabe sino lamentar y desaprobar una decisión que da carta blanca a la financiación pública de los centros educativos que practican un modelo en nada acorde con los valores democráticos de convivencia. Una vez más el Tribunal Constitucional español resta puntos a su credibilidad y carácter institucional.

Ilustraciones: Luci Gutiérrez. Del libro Las mujeres y los hombres (Idea y texto: Equipo Plantel), Editorial MediaVaca, Valencia, 2015.

La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley

Ana Valero

Maternidad subrogada o gestación por sustitución son dos términos empleados entre la comunidad científica y jurídica para referirse a lo que socialmente y sin eufemismos se conoce como “vientres de alquiler”, aunque yo prefiero hablar de “mujeres de alquiler”. Esta práctica que consiste en que una mujer gesta a un niño que será entregado con posterioridad a otra u otras personas, que pretenden convertirse en los padres de la criatura, está generando un acalorado debate en los últimos tiempos en España. Así, en los últimos dos años, a las voces académicas y científicas que se manifiestan a favor o en contra de la misma, se han sucedido propuestas concretas a nivel político pidiendo su regulación.

La maternidad por subrogación no está permitida en España, pues la legislación vigente establece la nulidad de los contratos que se realicen para dicho fin, dentro o fuera de sus fronteras por personas de nacionalidad española. Sin embargo, lo cierto es que las madres de alquiler son un hecho en España, pues los datos indican que los niños españoles nacidos a través de esta práctica se cifran en torno a los 1.000 al año en detrimento de la adopción internacional que ha descendido hasta un 70%, en el marco de los aproximadamente 20.000 niños que nacen mediante este método en el mundo, según la ONG suiza International Social Security.

Cabe señalar a este respecto que, preguntada la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre el número de inscripciones de niños españoles nacidos a través de esta práctica, nos ha dado una cifra mucho menor. Sigue leyendo

¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Sobre las imágenes de niños muertos

Jesús García Cívico

Llevo tiempo recogiendo datos sobre un tema doloroso del que, por una u otra razón, nunca me he atrevido a publicar nada, ni siquiera a hablar de ello en voz alta. Es un texto al que, lamentablemente, regreso una y otra vez. Es un texto sobre niños muertos y lo de regresar a él una y otra vez se debe a que los niños no dejan, nunca han dejado, de morir. El texto adquiere cada cierto tiempo una lúgubre actualidad y es por ello que me atrevo a compartir una parte muy sintética de él en este blog.

De forma muy resumida podríamos convenir en que entre todas las causas por las que mueren los niños, la más terrible es el suicidio. Tal es el inasumible contraste entre la esperanza y la felicidad que tradicionalmente asociamos al territorio de la infancia y el desesperado y triste cálculo que el niño realiza tan tempranamente entre la dureza que le ofrece la vida y la salida que le permite la muerte. A menudo, el suicidio del niño resulta de un infierno en el entorno que consideramos más apropiado para él: la escuela (ese lugar con el que los padres del «Centro», los otros padres, se apresuran a solidarizarse). Otras veces el suicidio del niño es resultado del infierno en el hábitat que consideramos especialmente monstruoso para él: redes de tráfico de menores, pederastia, esclavitud sexual. En esa gradación del horror más incomprensible, deberían aparecer en una posición pareja, los niños que mueren maltratados por sus propios padres. En tercer lugar, uno situaría todos los crímenes cometidos contra los niños. ¿Y la guerra? Sigue leyendo

La (in)Justicia que tenemos

Joaquín Urías

En estos tiempos en los que tanto nos cuestionamos la vigencia del sistema político e institucional de 1978 resulta que prácticamente nadie pone en duda el funcionamiento de la Justicia.

Se ponen en solfa la capacidad de los políticos profesionales y sus privilegios. Se duda de la necesidad de instituciones como el Senado y de la utilidad de otras como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. Arrecian las críticas contra un sistema autonómico que no termina de ser federal y deja a todos descontentos. Y sin embargo de la Justicia no habla nadie.

Tenemos un sistema de selección de jueces que sólo permite el acceso a la carrera judicial a las clase altas y promueve su desconexión de los problemas reales de la gente. Las leyes procesales dan a menudo a los tribunales un poder prácticamente arbitrario sobre la vida de las gentes. Con demasiada frecuencia las decisiones judiciales responden a intereses económicos, políticos o simplemente personales. Pero de todo eso no se habla. Por no criticar, la mayoría ni se atreve a criticar siquiera las sentencias más evidentemente injustas. Sigue leyendo