Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.

 

Gestación subrogada y mercantilización: debatámoslo

Gabriel Moreno González

En la actualidad se potencia hasta el absurdo una confusión entre el deseo individual y la categoría, cada vez más desfigurada, del derecho subjetivo. No todo deseo personal se ha de convertir en derechos garantizados por el Estado, pues éstos son el fruto del consenso social en torno a la necesidad de articular cauces de protección y promoción de bienes públicos que están indisolublemente unidos a valores y principios superiores. Lo mismo ocurre hoy con la denominada eufemísticamente como “gestación subrogada”, cuya ausencia de regulación está impulsando uno de los debates más interesantes de los últimos tiempos por lo que refleja de las concepciones en juego y por el grado de descomposición social que ilustra.

La persona ha venido siendo considerada desde hace siglos como una esfera indisponible en su dignidad para el mercado. Sin embargo, éste ha ido copando cada vez más ámbitos, hasta el punto de mercantilizar las propias relaciones sociales que antes se daban en campos de gratuita y alegre fraternidad. La búsqueda única del propio interés, la monetarización de todo lo que nos rodea y la valorización del mundo de las cosas sobre el mundo de las personas, son características hoy de nuestra decadencia moral y ética como comunidad. Pero el cuerpo humano, materialización más prístina de aquel núcleo de dignidad indisponible, parecía hasta ahora ajeno a la mercantilización absoluta. El Código Penal español, por ejemplo, prohíbe la venta de órganos propios, aun cuando ello sea una decisión supuestamente libre y autónoma del sujeto.

Los vientres de alquiler, sobre los que hoy se discute, pueden ser la última lanza de vanguardia que rompa con la sacralidad de la persona y su dignidad para que el mercado, y sus intereses espurios, entren en el último reducto que resistía. No nos engañemos: detrás de la venta del derecho de uso del vientre materno habrá mayoritariamente una posición de desigualdad material de la madre biológica, sí, pero aun en el hipotético caso de que no la hubiera, estaríamos dando entrada a que los meros deseos individuales de algunos ciudadanos se conviertan en derechos garantizados por el Estado. Pretendidos derechos que no tienen reflejo ni pueden cobijarse en ningún valor o principio, pues la dignidad de la persona es la que debe sustentarlos, y no hay algo más vejatorio contra la dignidad que la utilización del propio vientre, de nuestro propio cuerpo, para la satisfacción personal de terceros. Claro que aquí entra en juego una concepción de lo corpóreo que hemos heredado desde los comienzos de la Modernidad y que quizá, incluso en el seno del propio feminismo, entra en contradicción con el rechazo a la gestación subrogada.

El sujeto moderno se ha construido sobre la base del “cogito” de Descartes, de un “yo pensante” separado de un cuerpo al que se posee y que es distinto de ese “yo” consciente, interno y, a veces, oculto. Lo material es extraño a la sustancia que piensa, es su propiedad y una mera extensión que puede ser troceada a disposición del sujeto soberano. La concepción liberal del derecho de propiedad se extiende así sobre el cuerpo, fundamentándose en un dualismo que no es del todo ajeno a la tradición antigua y cristiana, pero que la supera en su radicalidad. En la teología cristiana la idea de “encarnación” aúna ambas realidades en la sacralización de la persona como un todo, como un sujeto que piensa (alma) y como materia que conforma sagradamente ese propio sujeto (cuerpo). Cuerpo y alma son uno y no por casualidad el mismo Dios se hace “hombre”, se encarna y sacraliza con su decisión a lo humano como totalidad. Siguiendo a Roger Scruton, “yo y mi cuerpo no somos dos cosas, sino una, ya que con la venta de mi cuerpo se endurece y pervierte el alma”. Lo sagrado, hemos de recordarlo, ha constituido siempre un ámbito de indisponibilidad, de alejamiento intangible para la acción humana, de ahí que sea también una res extra commercium, algo con lo que no se puede mercadear, vender o comprar. El “sobre mi cuerpo yo decido” que blande el movimiento feminista no cabría, pues, en esta concepción unitaria de la persona, ni muchos menos la venta que ese “cogito” cartesiano moderno pretende hacer del uso del cuerpo para satisfacer a un tercero, se mueva o no por intereses mercantiles. Entre esta última intención y el primer lema, el cual ilustra ciertas concepciones patrimonialistas que se han heredado (y es normal) de la Modernidad, subsiste un fundamento dualista último que no puede pasar desapercibido, y menos en una cuestión tan controvertida.

            Por la existencia de estas contradicciones, por la concurrencia de paradigmas opuestos e intereses contrapuestos, se hacen necesarios el debate y la discusión teórica, académica y política en torno a la gestación subrogada. Muchos estamos en contra de su regulación, por los motivos expuestos en torno a la mercantilización o la utilización individualista que de lo humano supondría, pero eso no implica que rechacemos de plano a quienes sostienen otras posturas o el intercambio de opiniones fundamentadas y razonables sobre tan espinosa cuestión. De ahí que en su momento decenas de profesores universitarios firmáramos un manifiesto contra la intención de ciertos grupos de boicotear e impedir, en el foro de la academia, un congreso sobre la materia. Mis motivos de rechazo a la gestación subrogada pueden ser religiosos, éticos, morales o filosóficos, pero quiero y deseo que se confronten con quienes dicen blandir justificaciones liberales o individualistas, y más si ese encuentro se produce en la Universidad, en ese espacio sin condición que debería volver a situarse en el centro de la palestra de nuestra comunidad política. Y ello desde la serenidad y sin histrionismos.

Además, si el debate es profundo y sincero, podrán aparecer en escena las aristas que definen hoy muchas de las problemáticas sociales actuales. ¿Puede disociarse la libertad del sustento material que la apoya en su realización? ¿Hasta dónde queremos que llegue la mercantilización del mundo de lo real, de todo lo que nos rodea? Las consecuencias biopolíticas del neoliberalismo más obsceno pueden y deberían aquí argüirse no sólo como barreras frente a los vientres de alquiler, sino también como palancas desde las que idear nuevas formas de pensar lo social, más fraternas y humanas. La cuestión de la gestación subrogada y la profundidad ética que alcanza abren, de este modo, una espita en la pirámide de un orden político, el actual, que se basa en falsos mitos y principios. Por ello, nuevamente, la discusión es más necesaria y conveniente que nunca, y puede ser una oportunidad única para introducir consideraciones morales y éticas, tan denostadas hoy, en el actuar teórico de unas ciencias sociales demasiado autorreferenciales en sus pretensiones de cientificidad.

Así que…sí, por mi parte: rechazo pleno a la regulación de la gestación subrogada y apoyo pleno, también, a la celebración continua de un renovado debate sobre la misma. Las mujeres han de ser libres, pero esta libertad no puede confundirse con una falsa autonomía neoliberal, sino con la eliminación de las barreras, sociales, culturales y económicas que, en una sociedad cada vez más mercantilizada y venial, le impiden hoy serlo de forma integral. Debatámoslo.

Derecho civil y derechos sociales (1): práctica

Javier Palao Gil

Un fantasma recorre el mundo de la diversidad funcional: el de las personas que, padeciendo una gran discapacidad, con el transcurso de los años han perdido a sus padres. Cuando esto sucede, han de ser los hermanos, o los primos –incluso algún vecino– los que asuman la tutela de estas personas, pues generalmente no pueden valerse por sí mismas.

Pero el ejercicio de la tutela es muy oneroso: para empezar, el tutor ha de depositar una fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, y debe hacer un inventario de los bienes del tutelado; en todo ello interviene la Administración de Justicia (juez, fiscal y secretario judicial), en un proceso bastante engorroso, y a veces un tanto desagradable, que puede durar varios meses. Lo peor viene después: el tutor o tutora deben velar por el tutelado y procurarle alimentos y una formación integral, fomentar la recuperación de su capacidad y su inserción social, e informar al juez anualmente sobre su situación. Además, están obligados a rendir cuentas de su administración también cada año (otro procedimiento judicial muy pesado) y a representar legalmente al tutelado. Y cuando acaba la tutela, aún espera un proceso más nada sencillo… Lo peor es que la curatela, que es la institución diseñada para los casos en que la incapacidad de la persona es menor, resulta en la práctica igual de gravosa y de rígida. Claro: son instituciones decimonónicas que vienen de tiempos más antiguos y se ajustan poco y mal a una sociedad del siglo XXI y a la era de internet. Sigue leyendo

El sexo en las mujeres a los 50 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Fernando Flores

Tras una operación quirúrgica por una enfermadad ginecológica, Maria Ivone Carvalho comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, pérdida de sensibilidad en la vagina, dificultad para andar y sentarse, incontinencia urinaria e imposibilidad de mantener relaciones sexuales. En tribunales se demostró que estos efectos habían sido causados o empeorados por mala práctica médica durante la intervención hospitalaria.

En primera instancia, el juez impuso una indemnización con que sufragar el coste de una persona que le ayudase en las tareas de la casa, así como por los daños físicos y psicológicos causados por el error médico. Sin embargo, la Corte de apelación redujo considerablemente dicha compensación, y lo hizo basándose en estos argumentos: primero, dado que sus dos hijos eran mayores, Maria solo tendría que cuidar de su marido, por lo que no iba a necesitar una gran ayuda para los trabajos caseros; segundo, a sus 50 años, la imposibilidad sobrevenida de mantener relaciones sexuales (relaciones de por sí disminuidas en una mujer de su edad) no podía tener la misma importancia que para una joven. De este modo, el tribunal de apelación consideró la edad y el sexo como factores decisivos para rebajar las espectativas de la demandante, y con base en ellos tratarla de forma desigual en comparación con personas de igual o menor edad y de sexo masculino.

El caso, sustanciado en vía ordinaria en Portugal, llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien hace unas semanas ha resuelto considerando vulnerado el derecho de Carvalho a no ser discriminada (art.14 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y a que se respete su intimidad personal y familiar (art. 8 CEDH). Se trata de una decisión importante, pues enfoca el no tan tratado tema en Estrasburgo de los prejuicios y estereotipos sociales en relación con el sexo y la edad. Estereotipos que provocan no pocas vulneraciones cotidianas –en este caso por parte del poder judicial– de los derechos fundamentales de las mujeres.

De hecho, el TEDH observa que el mismo tribunal que había reducido la indemnización a Carvalho por las razones indicadas, había resuelto tiempo atrás un par de casos similares en los que dos hombres –de 55 y 59 años–, habían quedado impotentes como resultado de errores médicos. En ambos casos los jueces portugueses habían considerado para establecer las indemnizaciones el “tremendo shock” o “tremendo shock mental” que suponía para los afectados el quedar desprovistos de su vida sexual. Un shock que al parecer se descartaba que pudiese concurrir en una mujer. Así, el tribunal portugués (no resuta muy arriesgado deducir que compuesto exclusivamente por hombres) asumía el prejuicio social según el cual para una madre de 50 años con dos hijos el sexo no es importante, entre otras cosas porque (para ellas al menos), las relaciones sexuales están ligadas a la reproducción.

Por otra parte, la Corte de Estrasburgo rechaza la consideración que asume que la demandante, por el solo hecho de ser mujer, es la responsable del cuidado de su marido, una argumento que tiene como consecuencia la reducción de la indemnización para pagar a una persona que la ayude en casa. Esa presunción, propia de una sociedad patriarcal con roles claramente determinados para las mujeres, no se basa en hechos objetivos, sino en estereotipos de género incompatibles con sociedades que pretenden garantizar la igualdad de derechos.

De este modo, aunque en su decisión no profundiza sobre la transversalidad de género ni sobre la doble discriminación que sufren las mujeres (en este caso sexo y edad), el TEDH establece un precedente para el rechazo de estereotipos que distorsionan la realidad y las discriminan. Además, también llama la atención sobre la especial gravedad que supone que esos prejuicios sociales contaminen o sean asumidos por los tribunales, aunque a decir verdad lo grave es que los tribunales se vean ocupados por personas ya contaminadas por aquéllos.

En fin, la conclusión es que los prejuicios de género, como los de edad, aun disfrazados de “cultura” o tradición populares, forman parte de las exclusiones estructurales que en muchos ámbitos sufren las mujeres, y de ningún modo pueden imponerse a la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Ilustración: ‘Tertulia’, Ángeles Santos (1929).

El TEDH: no es Tribunal para viejos

 Fernando Flores

El Gobierno acaba de decretar que con más de 61 años no se puede optar a ser juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que esta limitación es arbitrariainconstitucional, por varias razones.

La primera es su justificación. El Gobierno dice que la alta cualificación exigida a los candidatos solo puede reconocerse si estos están en condiciones de cumplir el mandato de nueve años por el que son designados (como el Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé los 70 años como edad de jubilación, 61 sería el tope de acceso). Sin embargo, es difícil, por no decir ilógico y absurdo, relacionar la alta cualificación de un candidato con el tiempo que vaya a ejercer su cargo. Sencillamente, nada tiene que ver una cosa con la otra.

La segunda y principal es por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. De una parte, resulta patente que la limitación de edad se entromete, de forma desproporcionada y arbitraria, en el derecho a no ser tratado de forma discriminatoria por la circunstancia personal de ser mayor de 61 años. Es por ello que el Gobierno vulnera frontalmente el derecho a la igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución. Además, nuestra Ley Fundamental reconoce en su artículo 23 el derecho de acceso a cargos públicos por lo que, para no vulnerarlo, el Gobierno debería haber pensado en un argumento limitativo algo más consistente que el de que no puedan cumplir íntegramente nueve años en el cargo. Sigue leyendo

La edad ¿factor de discriminación en el trabajo?

María Belén Cardona Rubert

La edad ha sido tradicionalmente considerada como un factor decisivo en la ordenación de las relaciones laborales y de Seguridad Social. De hecho, ha sido tenida en cuenta en referencia a la pensión de jubilación o a la extinción del contrato de trabajo a través de diferentes causas, despido colectivo, jubilación forzosa o extinción por mutuo acuerdo en el contexto de los mecanismos de prejubilación, entre otras.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, ha existido una normativa especial sobre salario mínimo interprofesional, limitaciones al trabajo y a la jornada de los menores, de prevención de riesgos laborales o sobre contratos formativos y de aprendizaje, entre otros asuntos.

La normativa laboral en absoluto ha sido ciega a la edad, sino que la ha ponderado a muchos efectos. Sin embargo, no se ha planteado más que excepcionalmente la cuestión relativa a la posible discriminación que sufren las personas por razón de la edad en el empleo, en el contrato de trabajo, en las relaciones de Seguridad Social, en el acceso a bienes y servicios, etc. En realidad, el único escenario en el que se ha planteado abiertamente esta materia en España ha sido en cuanto a la jubilación forzosa, en las sucesivas versiones que al respecto ha contenido el Estatuto de los Trabajadores hasta la Ley 3/2012, de 6 julio. Sigue leyendo

Cuidadores invisibles, ciudadanía demediada

Pepe Reig Cruañes

Si los sistemas del bienestar nacieron principalmente para corregir la desigual capacidad de las personas para afrontar los riesgos de la vida y las situaciones de necesidad, las políticas de austeridad han venido a recordarnos que frente a la desgracia somos vulnerables, pero unos más que otros. Mucho más. Las actitudes y las propuestas frente a ese tipo de situaciones “marcan” indeleblemente a los partidos con una posición “antropológica” que se encuentra en el fondo de sus discursos.

Cuando se habla de los recortes en Dependencia tendemos a olvidar los concretos dramas que hay detrás de esos recortes y se obvia el dilema entre una sociedad en la que cada cual apechuga con lo suyo o una con redes de solidaridad que protegen y amortiguan. Aunque parezca crudo, eso es lo que está al fondo cuando se revierten las políticas inclusivas que, de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, tratan justamente de facilitar el ejercicio de la ciudadanía, es decir, algo que va más allá de evitar la discriminación. Cuando se recorta en este campo, no se está equilibrando un presupuesto, se está generando una exclusión.

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La Ley de Dependencia de 2006 abría la puerta a la superación del modelo tradicional exclusivamente asistencial, privado y femenino, para dar paso a un nuevo “derecho al cuidado” que ha ampliado las bases del Estado del Bienestar. Aparte de las prestaciones previstas para la atención a la Dependencia, la Ley puso en marcha el mecanismo por el que la tradicional dedicación al cuidado en el ámbito familiar podía transformarse en una actividad reconocida, retribuida y con cotización a la Seguridad Social y, hasta cierto punto, profesionalizante, de cara a una futura empleabilidad para las personas que la ejercían. Se trataba de los llamados Cuidadores No Profesionales.

Dos líneas de crítica han señalado efectos no deseados de la Ley: la crítica feminista apunta a la reafirmación de la tradicional asignación de roles femeninos, ahora reforzada por la posibilidad de cobrar por lo que ya se venía haciendo. De hecho la proporción de mujeres entre los Cuidadores nunca bajó del 92%.

La crítica social, por su parte, incide en la falta de avances en la creación de redes de asistencia y cuidado públicas, dado que resultó más barato para las administraciones transferir dinero que crear y dotar dichas redes, lo que ha ralentizado aquella deseable expansión del Estado del Bienestar. Un, por ahora, improbable restablecimiento del derecho a la Dependencia debería contemplar esas dos fundadas críticas al modelo de 2006.

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Ambas disfunciones palidecen, no obstante, ante la magnitud del proceso de deconstrucción iniciado por la derecha gobernante que, con la excusa de la crisis y los ajustes, ha procedido a reinstaurar el modelo tradicional y a devolver a las personas con dependencia al ámbito privado y a cierta invisibilidad. También ha vuelto invisible, al menos para el Estado, el trabajo de aquellas personas que deben dedicar su vida, sacrificando otras opciones vitales, al cuidado de algún familiar altamente dependiente.

En el corto recorrido de aplicación de la Ley en su formato original entre 2007 y 2011, el sistema creaba empleo y producía inclusión, que es, o debiera ser, el objeto de las políticas públicas de ciudadanía. Lo cierto es que más allá de mejorar la vida de las personas con problemas de autonomía, demostró que el cuidado y la atención a la dependencia podían generar dinamismo económico y empleo, incluso en una sociedad tan tradicional como la nuestra. Era uno de los famosos “nichos de empleo” del bienestar, que el conservadurismo tiende a ver como lastre para una sociedad competitiva. De hecho algunos estudios señalan que era el único sector que creaba empleo durante la crisis en actividades como los centros residenciales para mayores, los de personas con discapacidad, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y, por supuesto, en el ámbito de las prestaciones para la asistencia familiar y no profesional.

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Fuente: Jiménez Lara, A. “Crisis y atención a la Dependencia. 
Efectos sobre el empleo y las familias” en Actas de Dependencia, 
nº 5. Julio 2012. Accesible: 
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/sumario-n5.pdf

En el sector específico de los Cuidadores No Profesionales las retribuciones previstas en la Ley no fueron nunca muy altas, pero aún se redujeron en un 15% a partir del RD 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Ese decreto del recién estrenado gobierno de Rajoy en mayoría absoluta, cambiaba las prioridades desde el título mismo y procedía a “extinguir” las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Estado, que la Ley de Dependencia había facilitado para las personas que se ocupan en casa de algún familiar. Los convenios especiales suscritos con la Seguridad Social a partir de ese momento corren a cargo del interesado. La abrupta caída de la curva de Altas registradas en la Seguridad Social proclama a voz en grito la vuelta al modelo tradicional.

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Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

De lo que a estas alturas no puede caber ninguna duda es de que, deliberadamente o no, se ha abortado tempranamente, y con un coste de imagen despreciable para el gobierno, la consolidación de ese sector emergente que nos hubiera aproximado a las sociedades del Estado del Bienestar. Volvemos pues donde solíamos en este crucial asunto de la dependencia y la autonomía personal. Los retrocesos en la inclusión y la igualdad no incumben sólo al colectivo afectado, sino que cuestionan la ciudadanía común. Pero esa es una “marca antropológica” que el conservadurismo actual luce sin complejos.

Lawence Alma-Tadema

Ilustración: Cuadro de Lawence Alma-Tadema (1872).

Suicidio y delito

Juan Carlos Carbonell

Dos recientes Sentencias, de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de un juzgado de Avilés, acaban de condenar a tres personas por el delito de cooperación al suicidio del artículo 143.2 del Código Penal a penas de dos años de prisión. En el segundo caso se trata de una sentencia de conformidad tras una acusación con petición de más de seis años sostenida por la Fiscalía que da por buena la admisión de la tentativa y la consideración como necesarios de actos de complicidad indirecta que parecen lejanos a tal carácter. Esto rompe una situación de inaplicación del precepto que había venido generando una cierta despreocupación por parte de la mayor parte de críticos con la relevancia penal de la cooperación al suicidio.

En el caso de Zaragoza, resulta sumamente dudoso que la intervención del hijo, muy dependiente de la voluntad de la madre, fuera realmente necesaria. Por otra parte, el Tribunal, contra la pretensión del Ministerio Fiscal, considera el parentesco como circunstancia atenuante precisamente por entender que la relación materno-filial convirtió el hecho en un acto presidido por el amor. En el supuesto de Avilés han sido condenados dos miembros de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente por proporcionar una sustancia letal a un socio que la trasmitió a la suicida por precio, lo que, por cierto, comportó en su momento el rechazo de la citada Asociación que jamás ha cobrado precio alguno. El fallecimiento de esta persona es la única razón por la que no está en la causa. Por fin, un tercer miembro de la Asociación, médico especialista en cuidados paliativos, ha sido condenado por tentativa de cooperación al suicidio por recabar la sustancia que fue interceptada sin llegar a su poder.

grito Munch 1893

La conformidad ha comportado condenas por complicidad y tentativa, lo que constituye sendos dislates jurídicos. La primera es atípica, pues sólo se castiga la cooperación necesaria –aquélla sin la cual no hubiera podido producirse la muerte–, y la segunda, generalmente no admitida en este delito, requiere en cualquier caso del comienzo de los actos ejecutivos que en absoluto se ha producido. La amenaza por parte del ministerio fiscal con penas que implican años de cárcel ha sido el desencadenante de la aceptación de los hechos. Pero ésta no puede implicar el mantenimiento de decisiones jurídico-penales insostenibles.

Y con todo esto se pone de relieve, una vez más, la necesidad político-criminal de abordar una reforma en profundidad del derecho a decidir sobre la vida propia. El Código Penal sigue empeñado en considerar al ser humano que decide que no quiere seguir viviendo como un enfermo mental al que hay que evitar, a toda costa, que lleve a cabo una conducta tendente al suicidio. Eso se extiende a los supuestos en que se padece una enfermedad grave y mortal o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar: también en esos casos, aunque se rebaje la pena, se castiga la cooperación necesaria. También en esos casos, pues, se desconoce el derecho a decidir sobre la vida propia, y la continuación de la vida no deseada se convierte en una obligación jurídicamente imponible: es verdad que no se castiga la tentativa, pero sí la intervención de terceros. O lo que es lo mismo, sólo puede practicarse la eutanasia por propia mano –lo que sucede en el caso de Zaragoza-, y sólo, claro, si se tiene la posibilidad material de suicidarse sin ayuda alguna.

perro semienterrado - goya, 1819-23

La confusión permanente, por otra parte, entre eutanasia y cuidados paliativos –evidente en el supuesto del médico condenado por tentativa al intentar adquirir una sustancia que en dosis adecuadas puede tener esos efectos– y la estricta limitación del texto del número 4 del artículo 143 conducen, con demasiada frecuencia, a que supuestos de ayuda a paliar el dolor o a poner fin al sufrimiento físico y, sobre todo, psicológico, corran el riesgo de comportar la aplicación de los preceptos de cooperación al suicidio distintos de la eutanasia, con penas que llegan a los diez años de prisión. Y, ¿en nombre de qué?

Ante la decisión libremente adoptada por un ser humano absolutamente sano desde el punto de vista psíquico, y sin presiones de ningún tipo, de poner fin a su vida, ¿es legítima la intervención del Estado castigando a todos aquéllos que intervengan en el hecho del suicidio? El Estado sólo puede, desde su condición de democrático, prohibir aquellas conductas que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad ajena. Función suya es, en cambio, tomar en consideración el libre desarrollo del sujeto pasivo. Sólo desde posiciones eticistas y moralistas, muy vinculadas a influencias religiosas, puede explicarse la punición de las conductas relacionadas con el suicidio. Si la función del Derecho penal es tutelar la vida constitucionalmente reconocida, y ésta es precisamente la libremente deseada por su titular, cuando este deseo no exista, sino que sea contrario, el Derecho penal no puede intervenir. Desde este punto de vista, se ha de afirmar que existe una contradicción entre las valoraciones constitucionales y las del artículo 143 del Código Penal.

van gogh - noche estrellada , 1889

Podrá contra-argumentarse que la intervención penal resulta necesaria para tutelar la vida de las personas que no se encuentran con capacidad real de decidir libremente; que puede haber suplantaciones de voluntad, que la cooperación al suicidio puede esconder acciones llevadas a cabo sobre personas débiles mental o hasta físicamente a las que se impone la voluntad de quien aparece como cooperador. Pero ésos no son casos a los que deba aplicarse la cooperación al suicidio, que requiere que estemos ante una decisión libre: son supuestos de homicidio o asesinato. Y nada tienen que ver con los casos que han dado lugar a las recientes condenas.

Lo que ahora se pone de relieve es la imperiosa y urgente necesidad de abrir un debate político sobre el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos a decidir sobre nosotros mismos. El miedo al tabú, detrás del que se viene escondiendo la clase política –que va muy por detrás del debate social– para no afrontar una cuestión que afecta a nuestra propia identidad, no puede justificar ni excusar no afrontar la paradoja de que el Estado democrático tiene como fundamento precisamente la afirmación de la libertad y ésta la capacidad de la persona para decidir sobre las cuestiones que le implican. Y nada implica más a una persona que decidir sobre su vida.

La afirmación de que la vida es un derecho dependiente de la voluntad de su titular no significa que no exista una valoración positiva de aquélla con independencia de ésta. El ordenamiento constitucional no es neutral: la vida es un valor, la muerte no. Por ello, no sólo es lógico, sino absolutamente consustancial a los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico que el Derecho no sea neutral ante la vida o la muerte, y que prevea medidas tendentes a que el ciudadano que se encuentre en cualquier trance desee la continuidad de su vida. Y sólo cuando pueda asegurarse su voluntad contraria, levante la tutela que le dispensa. Pero, desde luego, eso no autoriza al Estado democrático a imponer la obligación de vivir y de sufrir dolor. No le autoriza a impedir que quien quiere evitarse esa situación pueda hacerlo con la dignidad que comporta recibir la ayuda necesaria; que pueda hacerlo, en suma, con la dignidad que comporta la categoría de persona. No puede hacerlo, al menos, sin negar su propia esencia, porque son esa categoría y esa dignidad las que fundamentan el Estado democrático. Sin ellas, éste no tiene sentido.

el caballero, la muerte y el diablo - durero 1513

Ilustraciones: 1. El grito. Munch, 1893 (detalle). 2. Perro semienterrado. Goya, 1819-23 (detalle). 3. La noche estrellada. Van Gogh, 1889 (detalle). 4. El caballero, la muerte y el diablo. Durero, 1513 (detalle).

 

Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

1- eneko

La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados. Sigue leyendo

Hoy toca hablar de cobertura sanitaria universal

María Dalli

Hoy 12 de diciembre, la Coalición Global por la Cobertura Sanitaria Universal celebra el Día de la Cobertura Universal de la Salud. El pasado día 10 fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero los derechos no parecen tener mucha importancia en esta campaña electoral. Más que preocuparnos por qué candidato parece más nervioso en los debates o a quién se le dé mejor la oratoria, habría que conocer con detalle qué medidas adoptarían tras el 20 de diciembre sobre las cuestiones que importan. Sin duda, algunas de ellas son las que afectan a los derechos sociales. Y hoy toca hablar de sanidad. Se hacen oportunas las reflexiones en torno a la sanidad universal y al derecho a la salud en relación con la situación actual en España.

El día de hoy, hace tres años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución en la que apoyaba la propuesta de cobertura sanitaria universal de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta resolución la Asamblea General instaba a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud y a avanzar hacia la cobertura universal evitando pagos directos. Así, la cobertura sanitaria universal es el objetivo de asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pagar penurias financieras para pagarlos. La primera vez que la OMS formuló tal objetivo fue en 2005 a través de una resolución de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. Cinco años más tarde, se elaboró el Informe sobre la salud en el mundo de la OMS del año 2010, donde se establecieron las pautas que los Estados habrían de implementar para alcanzar la cobertura universal en salud. Las tres dimensiones a las que habría que prestar atención son: 1) la extensión de la población cubierta (requiere el propósito de cubrir el 100% de la población); 2) los mecanismos financieros para lograrlo (evitando pagos directos) y 3) el acceso a todos los servicios sanitarios que se necesiten. Sigue leyendo