Muerte de un mantero senegalés

Javier de Lucas 

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia de manteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia, da buenos réditos en esos sectores de votantes y contribuyentes. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar). Sigue leyendo

Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

1. frailes mendicants

¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

2. Art Pin XIX Nonell Dos pobres durmiendo Gabinete Dibujos y Grabados del MNAC Barc 1897

Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

3. Goya-mendigo ciego con perro

Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

4. Caravaggio_-_Cena_in_Emmaus

Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

horca

En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

Otra vez sobre la reforma penal

Joan Carles Carbonell

La reforma del Código Penal que se debate en las Cortes Generales va a suponer, como ya señalamos al conocer el Anteproyecto, un retroceso histórico en materia de respeto a los principios limitadores del poder punitivo del Estado. No puede extrañar que la inmensa mayoría de Catedráticos de Derecho penal nos hayamos manifestado absolutamente en contra del Proyecto. Y que lo hayamos hecho con contundencia y conscientes de nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la libertad como valor superior y fundamento esencial del mismo.

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Podrá decirse, y el Gobierno insiste en ello, que algunas de las instituciones que se van a introducir ya existen en otros países de nuestro entorno. Y es que el caso español no está aislado; forma parte de una dirección político-criminal global y muy regresiva. La relativización de los principios liberales –en el sentido más digno de ese término-, el auge del Derecho penal del enemigo, la exacerbación de la peor manera de entender la seguridad y el correspondiente dominio de la peligrosidad como fundamento casi exclusivo y sobre todo ilimitado de la intervención punitiva son las notas características de una irrefrenable tendencia a la vuelta atrás hacia los momentos más oscuros del Derecho penal desde el período anterior a la Ilustración. Cada día es más evidente que corremos el riesgo de perder referencias fundamentales que creíamos logros inamovibles. El principio de culpabilidad como expresión rotunda de la dignidad de la persona, que nunca puede ser privada de sus derechos y de su estatuto cívico si no es en virtud de que lo merezca tras incumplir los deberes que también como ciudadano le corresponden, y justamente en esa medida, va a verse especialmente afectado. Sigue leyendo

Prisión permanente revisable: Reforma o contrarreforma

Diego Blazquez 

Ayer El País titulaba “Salto hacia atrás” su editorial sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de la denominada pena de privación de libertad permanente revisable.

En mi opinión es algo mucho más grave. Y es que a pesar del carácter simbólico (o no) que pudiera tener esta decisión legislativa, estamos ante la destrucción del espíritu y la cultura constitucional del 78. Precisamente por ese carácter simbólico (o no) creo que ayer se ha culminado un proceso de contrarreforma frente a lo que fue el espíritu humanista, democrático y social de la Constitución del 78. Sigue leyendo

Torturas sin resultados

Fernando Flores

Las conclusiones del informe sobre la CIA presentadas por el Comité de Inteligencia del Senado de los EEUU demuestran que en los últimos años, y tal y como se denunciaba desde diferentes organizaciones de derechos humanos, cientos de personas han sido torturadas, y algunas de ellas asesinadas, con el legítimo objetivo de “detener ataques y salvar vidas”. La información sobre estos hechos ha sido recogida ampliamente en los medios norteamericanos (puede verse el New York Times, el Washington Post, The Guardian, o la excelente entrevista de Amanpour a Ben Emerson en CNN), y también en los españoles (Ramón Lobo en infoLibre, Alberto Sicilia en Público, o Iker Armentia en eldiario.es), y replantea una vez más el carácter de verdugo que lo fáctico suele tener sobre el Derecho. Sigue leyendo

La detención incomunicada vulnera los derechos humanos

Lydia Vicente y Patricia Goicoechea

El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH) consagra uno de los valores esenciales de las sociedades democráticas: el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. El Derecho internacional prohíbe la tortura de manera absoluta, es decir, que no admite excepción alguna, ni en situaciones de emergencia o inestabilidad política, ni en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Toda medida que, tomada en nombre de la protección de la seguridad, representa de hecho una amenaza a los derechos humanos choca con las obligaciones internacionales de los Estados. Sigue leyendo