¿Que no debata qué?

Fernando Flores

Aquí estoy, escribiendo un artículo para defender la libertad de expresión y de debate en la Universidad. De todas las expresiones. De cualquier debate.

Quizás sepan por qué. Por el caso de unas jornadas sobre prostitución que han acabado suspendiéndose en la Universidade da Coruña, pues el rectorado no podía garantizar la seguridad y la celebración adecuada del encuentro.

No es la primera vez. Independentismo, aborto, vientres de alquiler, transgénero, nacionalismo, religión e igualdad, terrorismo… Son temas que activan el sistema nervioso y la sensibilidad de muchas personas, provocando debates encendidos, a veces ásperos y muy enfrentados.

No me preocupa esa sensibilidad, ni siquiera la acritud. Al contrario, me anima, porque refleja una sociedad viva y plural, que defiende sus opiniones e intereses. En cambio, me asusta que esta misma sociedad, cada vez menos democrática, interiorice que se puede excluir al molesto, al que ofende, al que defiende “sus intereses”, al que no tiene la visión de la sociedad que tengo yo. Esta polarización de amigo – enemigo tiene un final escrito: siempre termina en que solo podrá ofender el más fuerte.

¿Qué temas no deben discutirse en una Universidad? ¿Qué jornadas o conferencias no deben permitirse?

Son algunos los argumentos, no pocas las ocurrencias, y abundante la demagogia con que se justifica la postura limitadora de la libertad de opinión y del debate.

En la Universidad “no caben debates que pongan en duda o vayan en contra de los derechos humanos”, afirma una profesora de la UCM. Quien dice esto habla como si los derechos humanos no fueran controvertidos. Todos lo son. Hasta la posibilidad de practicar torturas lo es.

¿Puedo prohibir un seminario en el que se planteen las razones para defender el derecho a la interrupción del embarazo? ¿Y sobre la eutanasia? Aunque somos muchos los que los consideramos derechos no protegidos, también son numerosas las personas que están convencidas de que ambos son atentados contra el derecho a la dignidad y la vida. ¿No pueden exponerse en la universidad las posturas de unos y otros? ¿De quiénes no?

 “No caben debates que vayan en contra de la legalidad. Y menos los que ‘promuevan’ delitos”. Decir que no me gusta la Constitución o una ley y que quiero cambiarlas no va contra la legalidad. Organizar un seminario que explique por qué prefiero la república inexistente a la monarquía constitucional no va contra la legalidad. Dar una conferencia en la que el ponente exprese que –a pesar de las resoluciones de la ONU– no debe haber referéndum en el Sahara, no va contra la legalidad. Contra la legalidad va impedir que alguien lo diga.

De otro modo habrá que aceptar que, en cuanto la sentencia del Supremo decida lo que se prevé, no puedan celebrarse debates sobre el procés. Ni que los haya sobre la prostitución, aunque esta tenga una regulación parcial en España, sea legal en países como Alemania, Suiza o Grecia, e ilegal en Suecia, Noruega o Francia. ¿De verdad se quiere prohibir que se trate en la Universidad una posición que –por mucho que nos pueda repeler– es legal en otros países de la UE? ¿No se podrá invitar a dar una charla en mi Universidad al abogado de Junqueras sobre el juicio que perdió?

“Las jornadas tienen que ser plurales, deben dar voz a todas las posiciones”. ¿Las prohibimos si no lo hacen? La pluralidad de ponentes es preferible, sin duda, da calidad a un seminario, pero no impide nunca un público exigente y crítico. Si una jornada no es plural se la puede criticar por pobre, parcial y carente de interés, pero no se puede prohibir. A veces se habla como si no existiera el público, como si éste fuera menor de edad, o como si le hubieran prohibido la asistencia al que pide la prohibición del acto.

Por lo demás, la exigencia radical de pluralidad descartaría por definición las conferencias de una sola persona. ¿Debe prohibirse una charla al profesor de Georgetown y congresista republicano que defiende la Patriot Act, la existencia de la cárcel de Guantánamo y la necesidad del waterboarding en los interrogatorios a terroristas? No hay pluralidad y va en contra de los derechos humanos. ¿Debería prohibirse?

No con mis impuestos… No defenderé su derecho a utilizar dinero público (el que supone utilizar las instalaciones de una Universidad) para promover una visión de la sociedad que yo combato”, afirma categórico un periodista en redes. Pero, aunque él no lo defienda, ese derecho existe. Es un valor constitucional y democrático, el pluralismo político, que se refleja en la libertad de pensamiento y de expresión, y que la Universidad debe favorecer. La Universidad –sobre todo la pública– debe acoger todas las visiones que la sociedad expresa, nos gusten o no. Porque esa es su esencia. La Universidad nos da precisamente un espacio sagrado para expresar y combatir las visiones que no comparto, promoviéndolas o criticándolas, ridiculizándolas si pensamos que lo merecen.

¿Pero prohibirlas? ¿A instancia de quién? ¿Con criterios ad hoc, o elaborando al efecto una norma pseudoadministrativa, que determine cómo deben componerse los seminarios para ser plurales, que detalle en qué casos puedo limitar el derecho fundamental a expresar opiniones en sede universitaria? ¿Y quién toma la última decisión al respecto: el decano, el rector, un comité de sabios? No es serio.

Claro que se puede protestar por la celebración de una jornada. En la puerta de la sala en que se celebra si se quiere. Y denunciar que es sesgada y que sus ponentes son lo peor. Y pedir el boicot para los patrocinadores. Y afirmar que el departamento que las auspicia es mediocre. Y que el profesor que las organiza un pésimo académico. Y retirarle la palabra en los pasillos. Y polemizar con dureza (y ojalá con respeto) en redes. Se trata siempre de la libertad de expresión. El único límite a todo esto es que no se convierta en censura. Es decir, la protesta no puede impedir, directa o indirectamente, que un seminario o conferencia se realice. Eso, además de contraproducente, es ilegal, por vulneración de los derechos fundamentales.

Del mismo modo que defiendo que la Universidad debe investigar y tratar aquellos temas que no están de moda en el debate público, o que no interesan a los grupos de poder, no puedo imaginar que las bibliotecas y las aulas queden al margen de lo que está presente en la calle y en los medios de comunicación.

En fin, puedo entender que esa pulsión hacia la censura se deba, en ocasiones, a una indignación razonable contra posiciones que consideramos retrógradas. También al miedo a que las mismas triunfen, o al cansancio de oponernos tantas veces a ellas. Sea como fuere, el instrumento para luchar contra una sociedad que no nos gusta no puede ser silenciar al otro, y menos en la Universidad.

Violación en Manada

Juan Carlos Carbonell

La reciente Sentencia sobre el que ha dado en denominarse, por el apodo adoptado por el grupo de autores, “Caso Manada” ha sido recibida como un auténtico escándalo y ha generado una contestación masiva, tanto por el voto particular que viene a retrotraernos a tiempos no tan remotos en que cualquier mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo y en que la culpabilización de la víctima de un delito sexual era casi automática –no en vano la mujer era poco más que una “cosa” propiedad del padre primero y del marido después-, cuanto por el contenido de la condena cuya calificación jurídica convierte en abusos sexuales continuados once penetraciones de todo tipo: vaginal, anal y bucal, practicadas sobre una única mujer, en un patio oscuro y a las tres de la madrugada del día de San Fermín, en Pamplona. Sigue leyendo

La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley

Ana Valero

Maternidad subrogada o gestación por sustitución son dos términos empleados entre la comunidad científica y jurídica para referirse a lo que socialmente y sin eufemismos se conoce como “vientres de alquiler”, aunque yo prefiero hablar de “mujeres de alquiler”. Esta práctica que consiste en que una mujer gesta a un niño que será entregado con posterioridad a otra u otras personas, que pretenden convertirse en los padres de la criatura, está generando un acalorado debate en los últimos tiempos en España. Así, en los últimos dos años, a las voces académicas y científicas que se manifiestan a favor o en contra de la misma, se han sucedido propuestas concretas a nivel político pidiendo su regulación.

La maternidad por subrogación no está permitida en España, pues la legislación vigente establece la nulidad de los contratos que se realicen para dicho fin, dentro o fuera de sus fronteras por personas de nacionalidad española. Sin embargo, lo cierto es que las madres de alquiler son un hecho en España, pues los datos indican que los niños españoles nacidos a través de esta práctica se cifran en torno a los 1.000 al año en detrimento de la adopción internacional que ha descendido hasta un 70%, en el marco de los aproximadamente 20.000 niños que nacen mediante este método en el mundo, según la ONG suiza International Social Security.

Cabe señalar a este respecto que, preguntada la Dirección General de Registros y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre el número de inscripciones de niños españoles nacidos a través de esta práctica, nos ha dado una cifra mucho menor. Sigue leyendo

Recuperemos la serenidad 

Gabriel Moreno González                                                                             @Gabri91MG

Montaigne, en el Capítulo XVII (De la presunción) de sus Ensayos, ilustra el encomiable vínculo entre la verdad y la libertad. No sólo disfruta de ésta el que dice la verdad, sino también el que simplemente está dispuesto a sacarla a la luz y defenderla. Las sociedades que quieran predicarse libres, dice el humanista francés, son aquellas en las que sus individuos pueden blandir alto y claro sus verdades para derrotar, en el foro público de la conversación, las mentiras que lo infectan. Y aunque el predominio de éstas ya se acusaba en la Antigüedad o en la época del mismo Montaigne, pareciera que el reino de la burda mentira, de la desinformación y el bulo no ha tenido nunca tanta impunidad como en nuestros días, con el peligro que ello comporta para la libertad, fuente primera de la democracia.

Lo curioso, y quizá lo que le otorga a este fenómeno una característica única, es que ello no se debe principalmente a un aumento desaforado de la capacidad o la intención de mentir, sino de la escasa disposición que muestran quienes pueden refutar y defender la verdad. El retraimiento de la opinión personal, fundada e informada, está cada vez más presente entre los que participan en las redes sociales y los múltiples espacios en los que la palabra hablada o escrita debieran ser los protagonistas. El miedo a quedar atenazado por las nuevas dictaduras de lo políticamente correcto y de las etiquetas, la ausencia de matices y posiciones intermedias en un debate cada vez menos sosegado, son elementos que cobran progresiva relevancia en un contexto en el que la inmediatez y la necesidad de emitir juicios rápidos se han elevado a los altares de la necesidad.

Parece que no hay margen para la argumentación. Si estoy en contra de una determinada acción, entonces estoy a favor de la contraria. Si no compartes mi postura al pie de la letra, entonces eres mi enemigo… El pensamiento binario, de negro o blanco, ha venido para quedarse, y con él los exabruptos, la hipérbole continua y el odio que se expande por las redes sociales en formas de memes o idioteces elevadas a unánime exclamación.

La base de cualquier democracia que valga la pena denominarse así es el valor que se le otorga a la palabra, trasunto de la verdad, y los españoles lo estamos desperdiciando a raudales. Si un blog, por cutre que sea, se inventa una noticia… allá que van prestos legiones de necios a compartirla. Si un escritor se aleja por un momento de lo políticamente correcto, allá que van los otros a descalificarlo y condenarlo a la hoguera de las inquisiciones mediáticas. Y delante: el silencio. El silencio de quienes sabiendo y conociendo la verdad no se atreven a defenderla, no se atreven a decirla por miedo al qué dirán o a perder unos likes en Facebook, por indolencia y pereza ante quienes ya creen que están perdidos para siempre.

Escribo estas líneas no por hacer sonar un sermón, sino para intentar difundir un exhorto de auxilio. En los últimos días he podido asistir a la descalificación grosera de quienes, juristas o abogados, han defendido las garantías procesales de los políticos catalanes en prisión y de los presuntos violadores de San Fermín. Ante tales casos, altamente mediáticos, se repite la misma nota que ya pudimos ver en el caso de Juana Rivas: quien intenta discernir los elementos jurídicos de las respectivas situaciones para hacer, sobre ellos, posibles juicios de valor no contaminados por la marabunta, queda completamente acribillado, etiquetado y descalificado. Defender que no cabe el delito de rebelión, o que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente, no te hace un temible separatista deseoso de acabar con la sacrosanta unidad de España, ni abogar por el recto proceder en un juicio con todas las garantías no te convierte en la condensación secular del heteropatriarcado.

La pasión desmedida parece dominarlo todo, y la necesidad de dar respuestas inmediatas nos lleva a juzgar cada hecho, cada circunstancia, con la misma inmediatez y falta de mesura, dejando que cada cual eleve a la máxima potencia la máxima idiotez. Así no hay diálogo ni debate posibles. Las esferas de autosatisfacción y complacencia son las antesalas de la intolerancia, de una intolerancia que, indolentemente, se deja crecer en medio de la impunidad dialéctica y de la negligencia, culposa, de quienes pudiendo refutar las mentiras se callan para no despertar sombras de etiquetamientos o la rabia de quien se siente contrariado.

Hace tiempo compartí en Twitter una entrevista de un conocido profesor sobre lo que está pasando en Cataluña y un amigo me escribió desconcertado porque nunca se habría podido imaginar que yo pensara igual que el profesor. Ajá… ¡eso es confundir todos los planos! Que alguien comparta el enlace de una entrevista no quiere decir que suscriba cada frase que dice el entrevistado; que alguien critique puntualmente una información o un comentario, por inexacto o falto de fundamento, no quiere decir que lo rechace totalmente… Parece que tenemos que volver a recordar, continuamente, lo que debería ser obvio, o lo que, al menos, parecía obvio para Montaigne y nuestros clásicos.

En fin: recuperemos la serenidad, leche.

Ilustración: Cicerón hablando en el Senado, Maccari, 1880.

 

Maternidad subrogada, ¿derecho o mercado?

Pepe Reig Cruañes Alicia Fuentes

El debate público sobre la maternidad subrogada ha venido, y todos saben cómo ha sido. El pasado mes de junio, el Grupo de Ciudadanos en el Congreso registró una proposición de ley para legalizar la gestación subrogada de carácter “altruista”. Fue admitida a trámite y se encuentra a la espera del criterio del Gobierno, antes de su toma en consideración por el Pleno de la Cámara.

La propuesta de Ciudadanos es a favor de una de las variantes de la gestación subrogada, aquella que excluye el interés crematístico de la gestante. Se autoriza si es altruista, pero no si es retribuida. Lo que pasa es que, a la vez, se prohíbe entre consanguíneos, que es donde resulta más probable el altruismo. En Gran Bretaña existe una regulación parecida y todo el mundo sabe que se utiliza poco, porque muchos preferían ir a la India, convertida hasta hace poco en proveedora mundial, donde la pobreza femenina hace milagros.

No lo va a tener fácil esta Ley, ya que los partidos mayoritarios no se muestran muy favorables, por distintas razones, a respaldarla en su formulación actual. El PSOE en su 39ª Congreso Federal, tras un intenso debate, rechazó la maternidad subrogada por 171 votos contra 31. En las filas del PP y PODEMOS, no se han definido oficialmente, pero en ambos casos hay controversia. Mientras llega el debate parlamentario no está demás que los/as ciudadanos/as de a pie pensemos un poco en ello no vaya a ser que nos coja distraídos.

Para ir aclarando términos, la “maternidad subrogada” hace referencia a la implantación por fecundación in vitro o inseminación artificial de un embrión en una madre gestante, con la que los padres de intención, o comitentes, han firmado un contrato previo. Subrogarse implica, en derecho, sustituir a otro en una situación jurídica. Cuando se habla de maternidad, subrogarse no es otra cosa que sustituir en la gestación, ponerse en el lugar de otro que no puede gestar. No es, pues, una situación jurídica, sino una función vital, para la que el término subrogación parece un mero eufemismo.

En España es “nulo de pleno derecho” cualquier contrato de subrogación de la gestación y además “a filiación de los hijos nacidos así viene “determinada por el parto”. Eso es lo que dice taxativamente la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida humana, en un artículo, el 10, que no ha sido modificado en las actualizaciones posteriores (2007, 2011 y 2015). Aunque en la práctica, una Instrucción de la Dirección general de Registros y del Notariado, de 5 de octubre de 2010 facilitó, en atención a los derechos del menor, la inscripción de hijos habidos en el extranjero por este procedimiento, dejando sin efecto la prohibición y creando de facto una laguna notable en nuestro ordenamiento. Para terminar de complicarlo, una Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 febrero de 2014, deniega la inscripción en un caso de subrogación bajo la ley californiana, por ser “contraria al orden público internacional español”, dejando la cosa casi en un limbo legal.

Hay, por supuesto, conflicto de intereses, porque esos son los dos límites de la cuestión planteada: por un lado el contrato de gestación y por el otro la filiación del producto resultante de ese contrato, es decir, el niño que nacerá.

De modo que la propuesta de regulación Ciudadanos llega oportunamente y se beneficia del caos reinante. El debate es imprescindible, porque, se decida lo que se decida, deberá tener el consenso público y eso, en democracia, solo se alcanza deliberativamente.

Un debate apenas comenzado

Tenemos dos posturas de difícil conciliación, una representada por colectivos como la Asociación por la Gestación Subrogada en España que promueve una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la legalización de la maternidad subrogada, y basa su argumentación en la libre elección y consentimiento de la mujer gestante y el derecho de los padres de intención. La asociación Son Nuestros Hijos, que reúne a familias creadas por gestación subrogada, pide la legalización de este tipo de contratos “para evitar la discriminación de aquellas familias que no se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras”.

Por otro lado, la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV), y plataformas y organizaciones feministas como No somos Vasijas, que se posicionan en contra de legalizar cualquier forma de alquiler o cesión de la capacidad de gestar de la mujer, ya que supone una vulneración de los derechos de las gestantes y del nasciturus. Para estas organizaciones, la maternidad subrogada es otra forma más de control sexual de las mujeres y, potencialmente, un vehículo de tráfico de personas.

Para el Comité de Bioética de España, cuyo informe resulta demoledor en muchos sentidos para la gestación subrogada, la reforma de la Ley 14/2006 debería orientarse a la nulidad también de los contratos celebrados en el extranjero y sancionar a las agencias que lo promueven. El comité sugiere en sus conclusiones ir hacia la “prohibición universal de la maternidad subrogada internacional”. Por último, ocupándose de no desproteger a los niños nacidos en estos procesos, sugiere que la “filiación en el extranjero se realice conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo”, para que pueda ser reconocida en nuestro país.

Que el debate no es abstracto o futurible lo demuestra el hecho de que se estima en más de un millar los niños que llegan a España nacidos por maternidad subrogada cada año, desde los países en que se permite. No tiene nada de extraño que así sea cuando coincide con la bajada de más del 50% en las adopciones internacionales, por las crecientes dificultades burocráticas y legales que deben afrontar los padres adoptantes. Esas dificultades se deben, en algún caso, a controles y garantías para evitar abusos y proteger derechos del niño, pero también a menudo, son legislaciones conservadoras contra la adopción por homosexuales o, simplemente, personas solteras.

La tecnología abre ventanas (e interrogantes)

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida vinieron para resolver problemas de fertilidad, pero van provocar más de un cambio de concepto en algunas de nuestras pretendidas seguridades. Lo que vamos a tener aquí es una asociación y una disociación:

Por un lado, con esta cosa hedonista del consumismo neoliberal, asociamos técnica y derecho: si deseo hacerlo y la técnica lo permite, entonces tengo derecho a hacerlo. Todos podemos ser padres/madres, independientemente de lo que nos haya tocado en la lotería biológica. Estaríamos ante un nuevo eje liberador: la igualdad procreativa. Es el encuentro feliz entre capitalismo y patriarcado: si alguien desea y puede pagarlo, en alguna parte habrá una mujer necesitada que pueda prestarse.

Por otro lado, y de modo inverso, se produce una disociación con consecuencias en la forma dominante de familia: gestación y maternidad dejan de estar unidas en cuanto aceptamos la maternidad subrogada. Si bien es cierto que la familia se ha ido haciendo más y más plural, aún mantenía el hilo conductor de una filiación de los hijos vinculada al parto. Desde el derecho romano, sobre el padre puede haber dudas, pero la madre es la que pare. La pérdida de esta certeza pondrá en solfa algunas otras cosas. Abuelas que son a la vez madres de sus nietos, padres de intención que rechazan al hijo encargado o no pueden darle una filiación legal, gestantes que se arrepienten, hermanos que son padres de una misma criatura… Esto no ha hecho más que empezar. Habría que estar preparados para redefinir un puñado de conceptos éticos y jurídicos.

Los defensores de la subrogación tienen razón al criticar el contenido moral (“moralista”) del discurso anti subrogación, pero es que hay mucha ética en juego. Sin mencionar el hecho de que la opción por legitimar un contrato mercantil en este asunto es también una moral particular y, como tal, no tiene pretensión de universalidad.

¿Legalizar es proteger?

Existe una gran variedad de regulaciones, pero eso no ha impedido que la demanda de vientres de alquiler se haya incrementado en países con altos índices de pobreza femenina, en los que está o ha estado permitida la gestación por sustitución comercial como India, Tailandia, Kazajistan, Camboya o Vietnam. Tanto se ha incrementado, que algunos de estos países han empezado a restringir o incluso prohibir la subrogación internacional. Como recoge el Informe sobre Aspectos ético y Jurídicos de la Maternidad Subrogada, en estos países existen menos garantías para las gestantes. La desigualdad económica coloca en situación de especial vulnerabilidad a estas mujeres y convierte esta práctica en explotación, independientemente de que sea legal o no. Como señala Laura Nuño, “sólo en la India la industria gestacional genera una plusvalía anual cercana a los 140 millones de dólares con un crecimiento interanual del 20%”, el beneficio para las gestantes no llega al 1%.

¿Y la libre elección?

La propuesta de Ley de Ciudadanos, lógicamente, se asienta en el derecho de la mujer a decidir libremente qué hacer con su cuerpo. En personas adultas la capacidad para consentir se presupone, pero en la gestación subrogada comercial, en la que las gestantes se encuentran en situación de desigualdad, el consentimiento está viciado. La autonomía de la voluntad queda en entredicho cuando se ve afectada la dignidad de la mujer y sus derechos fundamentales.

En cuanto al nasciturus, ¿cómo puede ser objeto de un contrato un ser humano? En el balance entre el derecho de la gestante y el del bebé, resulta clave el momento del compromiso de cesión: antes del embarazo, durante éste o después del parto. El derecho de la mujer queda mejor protegido después, pero el del niño queda mejor si el compromiso es anterior.

Parece que para el capitalismo de nuestros días no existen las res extra commercium y todo se torna negociable. Resulta obvio que en los casos en los que media precio, se está legitimando la compraventa de un ser humano y su normalización sólo da cobertura a las necesidades del mercado.

¿Se está procediendo a una legalización de facto?

Pero mientras debatimos, puede estar produciéndose una legalización de facto, que acabe obligando a aceptar los hechos consumados. En esto, como en tantas cosas, la globalización impone su ley: la legislación puede evitar que la gestación subrogada se realice en territorio nacional, pero no que los hijos obtenidos por este medio en otro país sean registrados. La Propuesta de Ley de Ciudadanos no deja escapar semejante circunstancia en tanto le favorece: “la Instrucción de 5 de octubre ha dejado, en la práctica, sin contenido efectivo la nulidad del contrato de gestación subrogada contenida en la LTRHA”. Aunque en España sea “nulo” de pleno derecho cualquier contrato de subrogación de la gestación, la disparidad de legislaciones nacionales facilita un acceso casi irrestricto a hijos habidos mediante esta técnica en el extranjero. Estos hijos luego serán registrados aquí, porque el Estado viene obligado por la Convención sobre Derechos del Niño, que establece el derecho del menor a tener los mismos padres en cualquier país y a disponer de una nacionalidad. Por tanto, la administración acepta la atribución de filiación que estos bebés traen bajo el brazo desde el país donde se produjo el contrato de subrogación.

Si se quiere tener una criatura y la biología no lo permite, no hay problema. Ya dice la publicidad de las agencias intermediarias que la “infertilidad absoluta no existe”. Pero es que además, el procedimiento es tan sencillo como conectarse a una de sus webs y elegir el “paquete” más conveniente, en función de las posibilidades económicas del aspirante. Allí puedes ver las tarifas de entre 25.000 y 50.000€, alguna hay de 150.000, y la descripción de los servicios correspondientes a ese precio (chequeos, viajes, hormonación e implantación, vigilancia de la gestante, asistencia al parto…). El contrato está disponible en la propia web y no hay más que firmarlo, pero no es un contrato con la madre gestante, sino con la compañía intermediaria. Si se menciona a la mujer que aporta el útero, es para indicar que los expertos de la agencia vigilarán que no pueda “poner en peligro el embarazo”. Lo que no se verá allí es el contrato que la agencia firma con la mujer gestante.

Se entiende que podría resultar publicitariamente inconveniente y, de todas formas, ¿quién querría ver esas cláusulas? Eso sí, en vez de un contrato que podría parecer leonino, la publicidad y el marketing aseguran una idílica imagen de amistad y ternura con la lejana madre gestante, aunque esta venga cosificada con el lazo de un regalo.

Que estas agencias intermediarias se anuncien en Internet y muestren tan sofisticados instrumentos legales y comerciales, que hayan podido organizar y realizar una Feria en Madrid, muestra a las claras que estamos asistiendo a una legalización de facto y a una normalización pública, que no ha pasado por los filtros del debate informado y abierto. Esto se llama votar con los pies.

Hay mercado para ese deseo, pero los deseos no son derechos

La disparidad de legislaciones garantiza que siempre habrá mercado donde surtirse, y hasta se puede decidir en función del precio. Esa realidad proclama a los cuatro vientos el triunfo del mercado. El capitalismo es lo que tiene: si alguna cosa tiene demanda, la presión para que sea legalizada será irresistible.

Estamos ante una suerte de nuevo “turismo reproductivo internacional”, como señala el Informe del Comité de Bioética. El mayor problema es la disparidad de regulaciones, pero eso es en realidad una ventaja para las empresas que explotan este nuevo mercado: el efecto global de la dispersión viene a ser equivalente a la des-regulación. Tal es la anarquía resultante que, en realidad, todo está permitido y nada está regulado. Es probablemente el peor de los escenarios. Como señala el Informe del Comité de Bioética “el nivel de protección de las partes afectadas en la maternidad subrogada lo acaban determinando los países que establecen regulaciones más laxas porque la demanda acude allí donde puede satisfacerse”. En un mundo cada vez más desigual, ¿alguien puede creer que la gestación subrogada no redunde en otra nueva explotación de las mujeres? El mercado manda y las legislaciones no alcanzan a corregir los abusos.

Las líneas divisorias en este asunto atraviesan a todas las fuerzas políticas y a muchas organizaciones cívicas. No es un debate izquierda-derecha al uso. Está la cuestión de la fertilidad como un bien escaso y también las nuevas formas de familia, pero también la cosificación de las mujeres y su potencial conversión en vientres impersonales para satisfacer requerimientos reproductivos del mercado. Está la cuestión de la infancia y su derecho a filiación y nacionalidad. Y está la liberación de la restricciones biológicas a la reproducción humana. ¿Qué es lo que se intenta, resolver casos de esterilidad que las TRHA pueden afrontar o satisfacer un deseo universal de paternidad/maternidad? Si todo ese maremágnum va a quedar fuera del debate público, si va a ser decidido por el libre comercio, por el “mercado realmente existente” de la subrogación y el tráfico, como parece plantear la proposición de ley de Ciudadanos, entonces, apaga y vámonos.

Subyace una economía de los deseos perfectamente individualista, muy de nuestra época. Una especie de “solipsismo sexual”, que diría Alicia Miyares, que todo lo cifra a la identidad y el deseo. El deseo de ser padre/madre, el deseo de transmitir los genes, el deseo de construir una familia… Son cosas respetables y merecen apoyo, pero hablando en serio, no pueden tomarse como derechos.

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

Últimas imágenes de la tortura

Jesús García Cívico

La concesión de amparo, estos días, por el Tribunal Constitucional a una joven por una investigación sobre torturas cerrada en falso; la justificación de Jefe de la Guardia Civil en Baleares de las continuas (normalizadas) agresiones a detenidos; el reciente informe del Ministerio Público de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires sobre malos tratos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los primeros meses de 2016 (2 al día); pero, sobre todo, las constantes denuncias de organismos como Amnistía Internacional sobre la extensión de la tortura en el mundo, permiten afirmar que esa auténtica aberración de nuestros sistemas, esa afrenta a la civilización que es la tortura, es una cuestión de triste actualidad.

Cuestión de triste actualidad, y, sin embargo, ninguna de esas tres noticias es estrictamente novedosa: nuestro país ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar eficazmente este crimen; a su vez, las torturas cometidas por ejército y policía en Argentina y otros países americanos son bien conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuestión aparte es el hecho de que los testimonios recogidos por la comisión coordinada por el escritor Ernesto Sábato en Nunca más, el informe sobre violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina, constituye todavía hoy uno de los documentos más estremecedores sobre lo que Luigi Ferrajoli o Massimo La Torre han calificado en términos de «batalla contra la razón»); por último, y por lo que respecta a la situación global, el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional calcula que son 122 los países en los que hoy se tortura. Más concretamente el informe de Human Rights Watch, «No more excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture» pone al descubierto, no sólo la brutalidad e ilegalidad del programa de la agencia norteamericana de inteligencia, sino la falta de interés de la justicia en pedir la más elemental rendición de cuentas.

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Mural en Bagdad

En general, para cualquier aproximación histórica o socio-jurídica a la tortura siguen siendo indispensables los trabajos de Tomás y Valiente, así como las obras de referencia de Mellor, Fiorelli, Langbein y Peters, entre otros. Es igualmente numerosa la atención académica a estas cuestiones al hilo de la red de torturas que siguió a la reacción de la primera administración del presidente de EEUU George Bush, a los atentados del 11 de septiembre, así que a lo que modestamente invitamos en Al revés y al derecho, es a considerar pertinente una mirada a la tortura a través de imágenes que podría complementar, en algún punto, la visión siempre inacabada de este hecho terrible. Un hecho, el de la tortura, al que toda persona, y en particular, todo jurista debería dedicar un tiempo de reflexión, aunque sólo sea porque derecho y tortura han sido cómplices demasiado tiempo, y la tentación (véanse a este respecto, las siniestras opiniones de juristas y políticos como Dershowitz, Baybee, González o Jon Yoo) de continuar con esa macabra relación, permite ver el futuro inmediato del derecho a no sufrir torturas (un derecho, recordémoslo, de carácter absoluto) con menos optimismo que el que tuvieron los ilustrados Jefferson y Voltaire, el primero diciendo aquello de que entre gente civilizada nunca más se quemarían libros, el segundo asegurando que jamás regresaría la tortura judicial.

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Enrique Martí, Getsemaní, 2008

¿Hay alguna novedad en torno a la tortura? Creo que sí y que tiene que ver con una suerte de normalización (de sofisticación de su institucionalización, por decirlo así) de la impunidad, paralela al abuso, tan cínico como peligroso, de los eufemismos del tipo «interrogatorio mejorado» o «presión física moderada». Es una novedad que afecta al ánimo con la que se oculta y lleva a cabo, a la retórica de la excepción y a la responsabilidad de los agentes. Todo ello es observable a través de imágenes. ¿Qué imágenes, pueden integrarse en la comprensión actual de esa lacra de la tortura (un «cáncer que crece» en expresión de Javier de Lucas, también en democracia)?

En primer lugar, habría que reconocer que la reproducción artística (mímesis) de la tortura no es en absoluto novedosa: en lo que toca a la ficción, el arte pronto obtuvo en la tortura un tema recurrente, básicamente a partir de recreaciones del martirio de Cristo, de los tormentos de santos y de la representación del infierno de acuerdo con la escatología católica. También hay tormento en pinturas de suplicios mitológicos y en la recreación de castigos feudales en China y Japón, la hay en las imágenes que invariablemente acompañan la historia occidental, ahora la Inquisición, ahora la quema de brujas, la cruzada, la guerra y sus crueldades, ahora la práctica judicial, ahora la esclavitud, la opresión colonial, los «descubrimientos», las «conquistas»: desmembramientos, flagelaciones, seres humanos desollados vivos, mutilaciones, cuerpos quemados entre alaridos, decapitaciones, amputaciones, violaciones, cuerpos hervidos en vida. En muchos de ellos el artista capta el dolor, pero sobre todo… la indiferencia, cuando no el regocijo del torturador y del espectador. La tortura es también un proceso y las cuatro etapas de la crueldad de William Hogarth (captación del «espíritu diabólico de la barbarie») son un ejemplo tan clásico como conocido.

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Hogarth, The reward of cruelty, 1751

Solo en el siglo XX la imagen de la tortura acompaña los trabajos (de muy distintas calidades e intenciones estéticas) del propio Picasso, de Lovis Corinth, de Max Ernst, Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix, Aroldo Bonzagni, Bohumil Kubišta, Leon Golub, Nancy Spero, Pier-Paolo Pasolini

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Max Beckmann, Die Nacht, 1918

¿Hay pues algo sustancialmente distinto, una tendencia particular, en la representación de la tortura en el siglo XXI? En primer lugar, y por centrarnos sólo en las imágenes de la primera década, parece indispensable desentrañar los significados de las imágenes reales (fotografías, vídeos y otros documentos gráficos) de Guantánamo y Abu Ghraib en relación con hechos que las precedieron. Estas imágenes son importantes para comprender nuestro siglo, siglo de la imagen, pero lo son aún más, en un sentido político, porque el siglo XXI comenzó con una imagen en movimiento: el terrible derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York a la que siguió, como recuerdan entre otros Habermas, un hecho peor, la violación de la legalidad internacional. La imagen de ese derrumbe tuvo desde el principio algo de irreal y de golpe emocional, pero también desempeñó una función ligada al imaginario del orden: la imagen, tantas veces repetida, dejaba en suspenso, congelaba, la conmoción y su contracara, el estado de alarma y excepción.

La generalización, el ánimo de venganza, la necesidad de reafirmación del poder, la desproporción entre los fines y los medios, eran todos ellos asuntos que se habían asumido desde el principio, es por ello que las imágenes que llegaron inmediatamente después del 11/S, las fotografías de un centro de detenciones en Irak, provocaran reacciones de naturaleza contradictoria.

El escándalo conocido como el de Abu Ghraib empezó en enero de 2003 cuando el soldado Joseph Darby destapó numerosas fotografías de abusos sobre detenidos en esa prisión iraquí por parte de agentes de los EEUU. Las imágenes eran ofensivas desde cualquier consideración ética como jurídica, pero, sobre todo eran… grotescas. ¿Qué hacía esa joven con el pulgar levantado ante una pirámide de hombres desnudos apilados de forma obscena con signos de haber sufrido violencia sexual y otros tipos de llamativas vejaciones? ¿A qué vienen todas las fotografías de esos chicos desorientados, desnudos llenos hasta las cejas de orín y desechos fecales, con la cabeza cubierta, incapaces ya no de ver de dónde vienen los golpes o los ladridos de los perros, sino de percatarse de las sonrisas orgullosas de sus sádicos maltratadores? ¿Y ese hombre en forma de árbol de Navidad, sus testículos rodeados de cables eléctricos?

Uno de los textos que mejor responde a estas cuestiones es el del periodista norteamericano Marc Danner. Los abusos expresados en humillaciones físicas, morales y psicológicas, la mayor parte en relación con el sexo, no se explican sin la confluencia de muchos factores. La respuesta de Danner, es que se trata básicamente de la forma torpe, pero gráfica de cumplir órdenes ambiguas «de arriba abajo» a través de materiales simbólicos y culturales.

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Nancy Spero, Torture of Women

Sí, la idea central de Danner es que esas imágenes reflejan exactamente una voluntad. Traducen, con extraordinario éxito simbólico, una política sistemática: los soldados debían «aflojar» a los detenidos para posteriores interrogatorios. El medio más rápido era tratarles con tanto desprecio y dureza que temieran que cualquier cosa podía pasar allí, dicho de otra forma, se trataba de hacerles saber que no se les iba a respetar en ningún sentido. «Asegúrense de que pasen una mala noche». ¿Cómo hacerlo? Básicamente, invirtiendo el imaginario del trato debido. Los soldados norteamericanos conocían la teoría acerca las diferencias culturales y de las sensibilidades locales. A través de la inversión de ese mundo de valores e imágenes lograron un microcosmos de pesadilla.

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Grzegorz Klaman Fear and Trembling, 2007

Hay en esas imágenes regodeo, hay algo de orgullo de vengador. Lo expresaba bien García Amado (Torturas en el cine, 2005) cuando al hilo de otra tortura, la de la ficción, recuerda que O´Brien, personaje de 1984, es consciente de que no busca una confesión sino acabar con el sentimiento de sentirse hombre. La tortura es ineficaz como forma de esclarecer una verdad procesal pues en mayor o en menor medida, se aplica como venganza y no como recurso procesal, pues se sabe su nula fiabilidad. La tortura es un crimen y, además es una forma ineficaz de luchar contra el terrorismo. Sus efectos son perversos, en el peor de los casos, da siniestros argumentos a los terroristas.

Los soldados aprovecharon la orden para combinar dureza física y verbal con vejaciones sexuales, más o menos recurrentes de trasfondo cultural que llevaran a los detenidos a sufrir físicamente, pero sobre todo a padecer íntimamente un intenso sentimiento de vergüenza e inferioridad: violaciones anales con palos de escoba o tubos fluorescentes, masturbaciones forzosas, vejaciones con animales al ritmo de música rock; a la mayoría se le hacía degustar sus propias heces o se les orinaba encima. Que los detenidos iraquíes experimentaran un intenso sentimiento de vergüenza era algo buscado, de ahí, la predilección por las de mujeres entre las vejadoras, y de ahí las fotografías: la imagen perpetúa la humillación en el tiempo.

Nótese que algunos de esos detenidos fueron luego puestos en libertad porque como la mayoría de los que pasaron por esos centros, no habían cometido ningún delito.

En esta fotografía del canadiense Jonathan Hobin, una niña imita a la soldado Lynndie England.

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Jonathan Hobin, In the playroom, 2012

A pesar del escándalo de las imágenes casi nada cambió: Bush ganó un segundo mandato, la cuestión no ocupó el debate político y apenas se castigó a los culpables. ¿Y la gente?, ¿y la ciudadanía? ¿por qué no se produjo un clamor ciudadano en relación, por ejemplo, con los valores y los principios más elementales sobre los que, es necesario, recordarlo, se estaba produciendo toda esa ofensiva militar pero también política?

Escribió John Berger con ocasión de la publicación de Sobre la fotografía que todos los debates y análisis futuros sobre el papel de la fotografía en la mediática sociedad de la abundancia deberían partir de ese libro. De acuerdo con la autora, Susan Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia políticamente relevante. Esto es, para la autora de Sobre la fotografía, «sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores». Sontag, se refería a las fotografías icónicas del siglo XX, el siglo breve según Hobsbawm: Auschwitz, Hiroshima, el Gulag. ¿Cómo afectarán, las nuestras, a una generación venidera? ¿Qué tipo de conciencia política desentrañará sus múltiples significados?

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De momento, el impacto de las imágenes de esa tortura sádica y grotesca es muy variado, va desde las esculturas que se golpean la cabeza contra el muro en la obra del escultor polaco Grzegor Klaman (Nowy Targ, 1959) o ya en nuestro país el desasosiego de Enrique Marty (Salamanca, 1969). En este último caso, y por citar solo una obra, «Getsemaní», representa con ironía ácida, tal como apuntaba recientemente la gestora cultural Maite Ibáñez, un episodio de la tortura cristiana desde una óptica actual con una imagen terrible que podemos identificar con cualquier prisionero de Siria o Guantánamo. El impacto de las imágenes de Abu Ghraib, generó pronto las conocidas series del artista colombiano, Botero o el arte callejero de Banksy, pero la disposición de los cuerpos humillados y torturados en una suerte de tableau vivant ha inspirado otras imágenes, Marta Sytniewski, el caricaturista brasileño Carlos Latuff, el estupendo artista valenciano Artur Heras.

El libro de Stephen F. Eisenman The Abu Ghraib Effect, da cuenta del fenómeno del impacto visual, los efectos de la imagen y el interesado en esta cuestión encontrará ahí, muchos referentes.

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Artur Heras, Deriva mediterrània, 2014-2016

La frivolidad y el sadismo grotesco en el que hemos hecho hincapié lo captaron perfectamente los británicos Jake y Dinos Chapman en su rectificación al Goya de Los desastres de la guerra o en Great Deeds against the Dead: imagen dantesca de un maniquí descoyuntado atado a un árbol.

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R. Crumb

En obras como la de abajo, un payaso de McDonalds participa en tumultuosas expresiones de guerras y tormentos.

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Dinos & Jake Chapman

Los desastres de la guerra es todavía una obra maestra, también en un sentido moral, pues Goya, el genio, tuvo el acierto de mostrar sin ambages el desengaño y la crudeza de la guerra, incluso cuando la abandera la razón. Por eso, lo peor de todo lo que rodea la tortura, pero también el imaginario de la guerra y el dolor, es que en ellos apenas ocurre, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XXI, ninguna novedad.

Orden

Noelia Pena

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Se dice que las sociedades modernas eran verticales. La perfección de su modelo de vigilancia se plasmó en el plano arquitectónico de las prisiones conocido como panóptico, una construcción ideada por Jeremy Bentham, en el siglo XVIII, en forma circular alrededor de una torre central. El panóptico permitía el control de un grupo numeroso de presos sin apenas esfuerzo. El centinela podía encargarse, sin necesidad de moverse, de la vigilancia de las celdas, que eran visibles en su totalidad desde la torre, sin puntos ciegos o de sombra. De ese modo los presos no sabían, no podían saber, cuándo estaban siendo observados. Esta imposibilidad de verificación afectaba a la naturaleza de la condena. La perfección del dispositivo de vigilancia, la eficacia de su transparencia, era tal que podría seguir funcionando aunque el vigilante no se encontrara en su puesto de guardia en la torre –algo que, eventualmente, podía suceder. Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo