Una regularización para avanzar en derechos y bienestar para tod@s

Albert Mora

Corría el año 1999, en pleno inicio de la conversión de España en un país de inmigración, cuando comencé a trabajar en el campo de la garantía de derechos de las personas migrantes, primero como voluntario, y después como trabajador social, en el Centro de Atención Sociosanitaria de Médicos del Mundo en València. En aquella época tan solo las mujeres embarazadas, las personas menores de edad, y aquellas que padecieran alguna urgencia, siempre que así fuera considerado por el personal de admisión de los centros sanitarios, eran aceptadas en la sanidad pública.

Durante unos meses, y hasta la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pude comprobar cómo el principal problema para la integración, la garantía del bienestar y el reconocimiento de derechos de las personas migrantes era el hecho de que una buena parte de ellas se encontrara en situación administrativa irregular.

Fue impactante para mi tratar cada día con varios casos de personas que se encontraban sometidas a la explotación laboral, la violencia sexual, la inseguridad jurídica, el miedo, el estrés adaptativo, que desarrollaban problemas de salud física y psico-social, en algunos casos graves, y que ni siquiera podían acceder a la atención sanitaria pública. También fue impactante, pero en sentido inverso, descubrir, en una pequeña caja negra que custodiábamos en el despacho como si del más precioso tesoro se tratara, decenas de fichas con los nombres de profesionales sanitarios de diferentes especialidades que, voluntariamente, aceptaban atender a estas personas en sus centros sanitarios públicos, en contra de la normativa vigente, y en consonancia con los principios éticos y la preceptiva garantía de los derechos humanos.

Han pasado más de 22 años y hoy, desde la investigación en el campo de las migraciones que llevamos a cabo en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, constatamos cómo, a pesar de que se ha avanzado en la garantía de algunos derechos para las personas en situación administrativa irregular, el principal obstáculo para la plena inclusión sigue siendo el hecho de que miles de nuestros vecinos y vecinas se encuentran viviendo en un limbo jurídico, sin que su presencia sea aceptada legalmente, expuestas a controles policiales por perfil étnico, a la posible reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros, a la expulsión forzada, y siendo objeto de las más variadas formas de explotación y violencia como señalamos, por ejemplo, en el informe sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana que publicamos en 2018.

El contexto de la pandemia puso de manifiesto la relevancia del trabajo que las personas migrantes hacen en España, un trabajo que muchas de ellas desarrollan sin las más mínimas garantías, y volvió a abrir una oportunidad para reflexionar sobre la imposibilidad de articular una sociedad de derechos y buena convivencia allí donde cientos de miles de personas (entre 390.000 y 470.000, según la Fundación Por Causa) se encuentran formalmente privadas del derecho a estar entre nosotros. El cinismo y la hipocresía de nuestra sociedad ha marcado la forma en la que se ha abordado esta realidad a través de unos años en los que han ido volviéndose cada vez más impopulares las propuestas favorables a la regularización de inmigrantes al tiempo que todo el mundo conoce a alguien que en el campo, en la obra o en el ámbito de los cuidados, trabaja en situación irregular aportando un esfuerzo del que se beneficia toda la sociedad.

En este contexto de pandemia, afloró la posibilidad de reclamar de nuevo un proceso de regularización que se pensó más viable al incrementarse la conciencia sobre la condición esencial de estos trabajadores y trabajadoras y encontrarse el país gobernado por una coalición progresista que se presuponía podía ser más receptiva a una medida fundamental para la efectiva promoción de derechos y la lucha contra el racismo institucional en España.

La Plataforma Regularización YA, constituida por cientos de organizaciones y colectivos, inició una intensa campaña que condujo finalmente a la presentación, por parte de Esquerra Republicana, de una proposición no de ley para el desarrollo de una regularización exprés en los ámbitos sanitario, de los cuidados, y agrario, que se debatió en el Congreso de los Diputados el 23 de septiembre de 2020, y que fue rechazada con los votos en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y VOX y los favorables de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, BNG, Compromís, y Más País-EQUO.

Frente a la realidad producida en nuestro entorno, con 356.000 personas regularizadas provisionalmente por el gobierno portugués y con 220.000 solicitudes presentadas al amparo del proceso de regularización puesto en marcha en Italia, el principal partido del gobierno se negó a apoyar esta medida y permitió que la irregularidad continuara marcando la pauta de la exclusión y la violación de los derechos de las personas inmigrantes en España.

Pero los movimientos sociales, dirigidos ahora fundamentalmente por activistas migrantes, siguen determinados en la defensa de los derechos y han promovido una campaña para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria. Es difícil no estar de acuerdo con las razones que se incluyen en la exposición de motivos de esta ILP: el necesario respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos; el aprovechamiento de las capacidades de las personas migrantes que se encuentran instaladas en España; los beneficios en términos económicos y fiscales que se derivarían de los impuestos directos y de las contribuciones a la Seguridad Social de empleados y empleadores si miles de trabajadores emergieran de la economía sumergida; o el déficit de gobernanza pública que se deriva del hecho de que alrededor de medio millón de personas se encuentren fuera del radar de las instituciones.

Por sentido de la justicia, por interés colectivo y porque la lucha por los derechos o es por los derechos de todos o es tan solo un instrumento orientado a la promoción del privilegio y la desigualdad, es necesario apoyar esta campaña ahora con nuestra firma y con nuestra palabra, aprovechando la coyuntura para hacer pedagogía, para contrarrestar las dinámicas de deshumanización que nos enfrentan y nos enferman, para promover el mutuo reconocimiento y las capacidades que juntas, como personas que vivimos aquí, tenemos para vivir con mayor bienestar y cohesión social, y para hacer posible que esas vidas, únicas, finitas y valiosas de todos nuestros vecinos y vecinas migrantes puedan ser vividas con la dignidad y posibilidades que cada vida merece y que a ellas les están siendo negadas.

El ingreso mínimo vital, una cuestión de derechos

María Dalli

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España va a poner en marcha, previsiblemente en el mes de mayo, el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de un hito, pues por primera vez el gobierno central pondría en marcha una política de prestaciones de último recurso con independencia del historial de contribución del solicitante y más allá de las prestaciones familiares o por discapacidad. De esta forma, el IMV iría más allá de las prestaciones no contributivas o asistenciales de la seguridad social que han existido hasta el momento, con la finalidad de cubrir a toda persona en situación de pobreza o de exclusión social, cuyos recursos económicos no superen un determinado límite. Esta actuación del Estado se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la seguridad social. Hasta ahora, como prestaciones asistenciales de último recurso han existido las rentas mínimas de inserción autonómicas, que surgieron a raíz de la atribución a las mismas de la competencia en materia de asistencia social según el artículo 148.1.20ª de la Constitución.

Más allá del acogimiento con el que cabe esperar esta medida, es importante no olvidar que, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos. En este sentido, sería conveniente que el nuevo IMV estatal no reincidiera en los problemas en relación con los cuales ya se ha llamado la atención a España repetidamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por estas razones, tras mencionar las principales características hasta el momento conocidas del nuevo IMV, con este texto pretendo destacar la consideración de la asistencia social como derecho humano así como recordar los problemas que, desde una perspectiva de derechos, el IMV debería abordar.

Previsiblemente, el IMV consistirá en una prestación económica para aquellas personas con menos de 200€ de ingresos mensuales si viven solas, o con menos de 450€ si viven en pareja. La cuantía a reconocer sería de aproximadamente 500€, aunque también se ha barajado que podría consistir en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente situado en 430€ mensuales. Además, a esta cantidad se sumarían 250€ más si hay otro adulto sin ingresos en el domicilio familiar, más 150€ por hijo en casos de familias monoparentales, o de 100€ por hijo en los demás casos.  Así pues, la cuantía se aumentará para cada caso según las características del hogar familiar, la existencia de hijos y según exista o no algún miembro en la familia con discapacidad. El IMV se espera implementar de forma progresiva, a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura. A partir de este IMV, las Comunidades Autónomas podrán introducir los complementos que decidan en términos de dotación o adoptando otras direcciones de integración. En este sentido, el IMV irá acompañado de estrategias de activación laboral, así como de itinerarios de acogida y de integración.

Como comentaba, la asistencia social es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que el IMV ha de analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 1.3 insta a los Estados a implementar sistemas universales de protección social. Tradicionalmente, la lucha contra la pobreza así como las ayudas a familias en situación de exclusión se han abordado más como una cuestión de caridad que como una obligación del Estado. Ahora bien, este paradigma se transforma con el reconocimiento internacional de los derechos humanos y con la asunción de obligaciones en la materia por parte de los Estados. Así, si bien el derecho a la asistencia social no se ha reconocido de forma explícita en el sistema de protección de las Naciones Unidas, sí se reconocen derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado así como el derecho a la seguridad social, los cuales incluirían la asistencia social. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como más tarde, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un nivel adecuado de vida para toda persona, lo cual incluye alimentación, abrigo y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la seguridad social se reconoció asimismo en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el artículo 9 del PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisión del PIDESC, ha desarrollado, a través de las Observaciones Generales y, en particular, la Observación General núm. 19, una serie de principios que son relevantes para entender las implicaciones del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano. Así, ha de cumplirse con los elementos de disponibilidad de las prestaciones, la adecuación y la accesibilidad, la cual incluye cuestiones como la asequibilidad de las prestaciones y la importancia de la participación y la información. Además, la tipología de obligaciones estatales incluye tanto deberes negativos (de no intervenir negativamente) así como deberes positivos (de actuación; como la protección, la promoción y la realización o el cumplimiento). El IMV supondría el avance en el cumplimiento de esta obligación positiva de realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando la prestación cumpla con los estándares de los derechos. ¿Y cuáles son estos estándares? En este punto, los Principios Rectores sobre Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomiendan la incorporación de los principios de la dignidad, la universalidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la protección social.

El sistema europeo de protección de los derechos aporta una mayor clarificación en relación con las características concretas que habrían de incluirse en el diseño e implementación de las rentas mínimas. Estos desarrollos se deben al reconocimiento del derecho a la asistencia social en el artículo 13 de la Carta Social Europea, así como a la actividad de monitorización de la Carta llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Así pues, el artículo 13 de la Carta Social Europea reconoce el derecho a la asistencia social junto con la asistencia médica, por el que los Estados parte se comprometen ‘a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado’ (artículo 13.1).

De acuerdo con el CEDS, el derecho a la asistencia social supone una ruptura con el concepto tradicional de asistencia ligado al deber moral de prestar caridad a los necesitados.  La asistencia social se entiende como prestaciones que tienen como objetivo responder a situaciones de necesidad individual, sin requerir ningún tipo de afiliación a la seguridad social ni requerir tampoco actividad profesional o cotizaciones sociales. Como parte de mi investigación postdoctoral, financiada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, pude identificar un listado de estándares para definir el derecho a la asistencia social y sus implicaciones, lo cual fue el resultado del estudio de las conclusiones del CEDS a todos los Estados parte de la Carta obligados al cumplimiento del artículo 13. Con la finalidad de contribuir a la clarificación de este derecho y de las obligaciones de los Estados, estos estándares guardan relación con una amplitud de cuestiones como la titularidad, la duración de las prestaciones, la cuantía, la organización territorial, el test de recursos económicos, las medidas de activación, o el sistema de sanciones y de recursos (puede accederse a las conclusiones de este estudio en el artículo publicado por la European Journal of Social Security en su primer número del volumen 22 de 2020, con el título ‘The content and potential of the right to social assistance of Article 13 of the European Social Charter’).

Aquí me interesa recordar los motivos por los cuales el CEDS consideró que España no cumplía con el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta, según las últimas conclusiones en 2017 (Conclusiones XXI-2). De acuerdo con el Comité, el Estado español no se situaba de conformidad con la Carta Social Europea y con las previsiones del artículo 13 debido a los requisitos de edad para acceder a las rentas mínimas de inserción regionales, la duración máxima de las prestaciones, la cuantía de las mismas y los requisitos de residencia o empadronamiento en la Comunidad Autónoma. Así pues, la mayoría de las Comunidades requieren que los solicitantes de las rentas mínimas tengan como mínimo 25 años de edad, salvo algunas excepciones. Además, las rentas mínimas no suelen reconocerse durante todo el tiempo que dure la situación de necesidad. La duración de la residencia requerida afecta a las personas que se mueven entre una región y otra, pues pierden el derecho a la renta mínima durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a ser elegibles. La cuantía de las prestaciones tampoco es la adecuada. Así, en 2014, la cuantía media de las rentas mínimas era de entre 300€ y 665.9€ mensuales según la Comunidad Autónoma, mientras que el límite por debajo del cual una persona se consideraba en situación de pobreza era de 552€ al mes, en 2014. La asistencia social, así pues, caía por debajo del límite de pobreza en la mayoría de comunidades españolas.

En cuanto las medidas de activación laboral, el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta Social Europea permite la implementación de este tipo de medidas. Ahora bien, la activación laboral debe ser consistente con la finalidad de las prestaciones, la cual es la superación de la situación de pobreza y de las dificultades del individuo. En caso de que la prestación quede suspendida por el incumplimiento de las obligaciones de activación, la ayuda de emergencia siempre debe estar disponible pues no se puede dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda económica en caso de necesidad. Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. Las rentas mínimas de inserción suelen imponer estrictas obligaciones en materia de activación laboral, cuyo cumplimiento es necesario para el mantenimiento de las prestaciones. Dada la situación de precariedad laboral que existe en España, el resultado de las medidas de activación puede ser la obtención de empleo de bajo salario, temporal, que puede empeorar las dificultades de las personas beneficiarias de las ayudas. Además, de acuerdo con la European Minimum Income Network, no se estarían poniendo en marcha mecanismos de inclusión para las personas en situación de exclusión social a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de empleo y los servicios sociales.

Así, un sistema demasiado enfocado en la activación laboral podría estar dejando de lado la implementación de medidas de inclusión social más amplias que sean capaces de abordar de forma adecuada el problema de la exclusión social. Las medidas de activación deben aplicarse de forma flexible teniendo en cuenta los horarios dedicados al cuidado, en especial en el caso de las familias monoparentales. Además, los beneficiarios deben poder participar en la elaboración del plan de integración.  Otras críticas comunes de las rentas mínimas de inserción autonómicas son las diferencias territoriales, el tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se recibe (de dos a tres meses en la mayoría de las regiones), las restricciones para acceder a las prestaciones, que afectan principalmente a los inmigrantes recién llegados, los jóvenes, las unidades familiares formadas de forma reciente y a las personas sin hogar, de acuerdo con la European Social Policy Network. Otro problema es la falta de precisión y claridad de las regulaciones lo cual deriva en la toma de decisiones discrecional por parte de las administraciones.

La Plataforma DESC, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil española, en su informe alternativo a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal a España, recomendó ‘garantizar el derecho a las rentas mínimas reconociéndolo legalmente con regulaciones precisas que eviten las decisiones arbitrarias; asegurando que cumplen las condiciones mínimas que permita reducir las desigualdades territoriales de forma que no excluyan a grupos vulnerables ni causen discriminación; incrementando los niveles de las rentas mínimas de inserción, para ser suficientes para llevar un nivel de vida digno’. También es relevante tener en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, guardan relación con las demoras en la tramitación de las solicitudes, las dificultades en la tramitación de los expedientes, la sujeción del reconocimiento del derecho a la disponibilidad presupuestaria o la implementación estricta de las medidas de activación laboral.

En el repaso de los principales problemas de las rentas mínimas ya existentes en España, y de las principales recomendaciones para abordarlos, no puedo dejar de lado una reclamación de vital importancia para la lucha contra la violencia de género en materia de prevención. Por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales y de instituciones extranjeras de derechos humanos, se ha denunciado el hecho de que las rentas mínimas siempre suelen transferirse a una cuenta bancaria única, lo que deriva en una ausencia de independencia financiera y no ayuda en la prevención de situaciones de violencia doméstica, pudiendo utilizarse la prestación como medida coercitiva. El Women’s Budget Group en el Reino Unido, la Equaliy and Human Rights Commission y, recientemente, el Comité de Trabajo y Pensiones del Parlamento británico han recomendado que los pagos deberían ingresarse en cuentas separadas, o bien deberían ingresarse al principal cuidador de la familia, permitiendo así que exista una fuente independiente de ingresos necesarios para vivir. Así pues, esta es una reclamación cuya aplicación también se debería considerar en el contexto español, en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, ahora sí, una demanda más y la recapitulación. En el contexto de la crisis del coronavirus, y en el caso de que se implementen sistemas digitales para procesar las solicitudes y el mantenimiento de las prestaciones, debe garantizarse que las personas sin acceso a los ordenadores o sin las habilidades necesarias para su manejo no quedan excluidos del sistema de ingresos mínimos. Por último, recapitulación: las rentas mínimas, o la asistencia social, es una cuestión de derechos humanos. No es caridad, es cumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por el Estado. En el diseño del nuevo IMV, y en el camino hacia su implementación, no se olviden de las demandas de los derechos.

Foto: Fernando Flores

Brecha salarial y brecha mental

Pepe Reig Cruañes

El presidente del Gobierno volvió a dar pruebas de su indudable talento y talante. El rey de la inmovilidad sugirió que en eso de la brecha salarial entre hombres y mujeres lo mejor es “no meterse”. Cada vez son más las cosas sobre las que este imperturbable anti-héroe de la modernidad decide no hacer nada, así se hunda el mundo. El hombre recibió tal abucheo que hubo de hacer como que rectificaba.

No sabemos si lo de “no meterse” vale también cuando se paga menos a un negro, un homosexual o un farmacéutico de León. Como el hombre no se explica, no sabemos si ese “no meterse” es un rasgo de carácter -abulia, podría llamarse- o tiene un fundamento ideológico en el núcleo duro de sus convicciones liberales. Es sabido que el liberalismo desaconseja cualquier injerencia del Estado en la vida de las empresas.

Ahora recuerdo que el primer pronunciamiento público que se le conoce a Rajoy fueron dos artículos del Faro de Vigo en 1983 y 1984 (pueden verse aquí) en los que defendía antropológicamente la desigualdad. Esto apuntaría a que estamos ante una idea “liberal” arraigada, pero el hecho de que no la haya matizado ni siquiera un poquito desde hace 40 años, haciendo honor a su proverbial inmovilidad, sugiere de nuevo el rasgo de carácter.

El misterio de Rajoy no lo desvela ni su máxime intérprete en la tierra, el “marianólogo” Antón Losada. Quizá un detenido examen de sus lecturas arrojara alguna luz sobre sus convicciones, pero ya les adelanto que la afición excesiva por las páginas del AS tiene, por fuerza, que abrir una brecha en la mente del más pintado. Ese puede que sea el problema. Sigue leyendo

La asignatura pendiente de la brecha salarial en España

Jaime Cabeza y Belén Cardona 

Llevamos décadas hablando de la brecha salarial, es decir, la diferencia retributiva en perjuicio de las mujeres con respecto a los trabajadores varones. Lo que la Comisión Europea define como “la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores” (COMISIÓN EUROPEA, ¿Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea?, 2014).

Se han dedicado esfuerzos y recursos a cuantificar dicha diferencia retributiva entre sexos y a evaluar sus consecuencias sobre las mujeres, y sin embargo sigue siendo una asignatura pendiente, y ello a pesar del aparato legislativo desarrollado para combatirla, particularmente, del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Sigue leyendo

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

La edad ¿factor de discriminación en el trabajo?

María Belén Cardona Rubert

La edad ha sido tradicionalmente considerada como un factor decisivo en la ordenación de las relaciones laborales y de Seguridad Social. De hecho, ha sido tenida en cuenta en referencia a la pensión de jubilación o a la extinción del contrato de trabajo a través de diferentes causas, despido colectivo, jubilación forzosa o extinción por mutuo acuerdo en el contexto de los mecanismos de prejubilación, entre otras.

En cuanto a los trabajadores jóvenes, ha existido una normativa especial sobre salario mínimo interprofesional, limitaciones al trabajo y a la jornada de los menores, de prevención de riesgos laborales o sobre contratos formativos y de aprendizaje, entre otros asuntos.

La normativa laboral en absoluto ha sido ciega a la edad, sino que la ha ponderado a muchos efectos. Sin embargo, no se ha planteado más que excepcionalmente la cuestión relativa a la posible discriminación que sufren las personas por razón de la edad en el empleo, en el contrato de trabajo, en las relaciones de Seguridad Social, en el acceso a bienes y servicios, etc. En realidad, el único escenario en el que se ha planteado abiertamente esta materia en España ha sido en cuanto a la jubilación forzosa, en las sucesivas versiones que al respecto ha contenido el Estatuto de los Trabajadores hasta la Ley 3/2012, de 6 julio. Sigue leyendo

Somos CocaColaenLucha: dignidad y derechos

Fernando Flores

Hace tres años las empresas embotelladoras de Coca-Cola en España se fusionaban en Coca-Cola Iberian Partners. Un año después, a principios de 2014, ésta procedía a la presentación de un ERE y al cierre de 4 plantas. Una de ellas –la de Fuenlabrada– había firmado la misma mañana su convenio colectivo. El ERE afectaba a 1250 trabajadores.

Tras más de dos años de lucha contra la empresa, cerca de 300 trabajadores y trabajadoras consiguen ganar y cerrar el conflicto jurídico a su favor, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El ERE se declara nulo por vulneración del derecho fundamental a la huelga, por vulneración de la obligación de comunicación a la representación sindical, y por incumplimiento de las directivas europeas en materia de información a la representación legal de los trabajadores. A día de hoy, la empresa ha retrasado todo lo posible el cumplimiento de lo ordenado por los tribunales, y ha utilizado todo este tiempo para desmantelar la embotelladora de Fuenlabrada, impidiendo así que aquéllos puedan regresar a sus puestos de trabajo tal y como los ocupaban en el momento del cierre ilegal. Sigue leyendo

Carta Social a los Reyes Magos

Belén Cardona

Pasados ya unos cuantos días desde el 20D, seguimos escuchando a los portavoces de los partidos con aspiraciones a constituir un nuevo gobierno o asumir un protagonismo relevante en el proceso, hablar de líneas rojas, insoslayables, que impiden todo, que distancian a unos de otros, sin que la discusión parezca tener fin. El enrocamiento de casi todos en sus respectivas posiciones, más algún que otro cuestionamiento de liderazgo, aleja siempre más del horizonte la posibilidad del encuentro. La línea roja de la unidad nacional, del derecho de autodeterminación, del problema territorial, en definitiva, inunda todos los debates y tertulias, constituyéndose en el criterio determinante de lo que se ha venido a denominar “pactómetro”.

Llama la atención, sin embargo, que, salvo en contadas ocasiones, hayan desaparecido del debate político las referencias a los problemas que acucian a los ciudadanos del Estado que pretenden gobernar. Se echa a faltar que se tracen líneas rojas sobre el modo en el que resolver la fractura introducida por las políticas socioeconómicas, que han dejado a su paso una sociedad más desigual, más segmentada, más pobre, más injusta. Sigue leyendo

Ni 15, ni 25 años después (En el día internacional de los inmigrantes)

Javier de Lucas

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). La elección tenía fundamento: en ese día, en 1990, la misma Asamblea había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158), un Convenio internacional que, 25 años después, no ha sido ratificado por ningún país de la UE, pese a los continuos llamamientos a ese respecto por parte del propio EuroParlamento.

Hablamos de personas, no de números, pero conviene recordarlos: En España, casi 5 millones, que representan aproximadamente un 10,2% de los residentes. En Europa, 33 millones, algo más del 7% de la población. Según la OIM, son casi 215 millones de inmigrantes en el mundo (algo así como un 3.2% de la población mundial). Personas, no números. Pero invisibles: por ejemplo, en esta campaña electoral. Sigue leyendo

Elogio del ‘buenismo’

Fernando Flores

Un buenista es un ‘tonto incompetente no pocas veces irresponsable’ al que dentro de unos años homenajearán por visionario (‘que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro’) los que hoy lo desprecian, o sus descendientes.

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El buenista es habitualmente de izquierdas o cristiano de base, cree y practica la solidaridad, defiende que se trate como seres humanos a los inmigrantes (sí, también a ‘los económicos’), asume –incluso le gusta– el multiculturalismo, le espanta la guerra, reivindica los derechos sociales y las acciones positivas (con dinero público, obviamente) para conseguir la igualdad y dignidad mínima de todas las personas, defiende el medio ambiente, rechaza la tortura como medio para sacar información a los terroristas y, probablemente, sea o sería partidario de la educación y salud pública y de calidad para todos.

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Eran conocidos buenistas Jesús de Nazaret, Bartolomé de las Casas, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Clara Campoamor, Manuel Azaña, Albert Einstein, y mi maestro de música, José Señer… (menos el último, todos tienen estatuas y calles en su honor). En la actualidad, probablemente lo sean Belén Gopegui, Emilio Lledó, Wangari Maathai, José Mujica, Aung San Suu Kyi, Wyoming y Ada Colau.

Con fijarse un poco en las declaraciones que en los últimos meses vienen realizando buena parte de nuestros ‘pensadores públicos’ respecto de cuestiones como la ola de refugiados hacia Europa o la defensa contra el terrorismo yihadista, uno no tiene más remedio que sacar la conclusión de que defender en serio los derechos humanos –protegerlos, promocionarlos, extenderlos–, luchar contra el cambio climático y reclamarse pacifista, es propio del buenismo más retrógrado. Es decir, de ingenuos, sentimentales, tibios, relajados, incoherentes, fantasiosos y desubicados.

3. campoamor

En la era de la simplificación resulta fácil escribir un post de brocha gorda como este. Si muchos conspicuos políticos y opinadores, de los que se denominan a sí mismos ‘responsables’ (y a los que coherentemente podríamos denominar como ‘malistas’), acusan sin mayores argumentos de ajenos a la realidad a quienes rechazan bombardear y mandar tropas a Siria, proteger los derechos laborales de la clase obrera o abrir las puertas a los refugiados, no veo por qué no puede ventilarse una contestación con los primeros párrafos de este texto.

Pero esto no es así, no debería ser así. Abordar las cuestiones importantes debería exigir algo más de seriedad y, por qué no decirlo, de pedagogía, aunque fuera de la más sencilla. De este modo, creo que el análisis riguroso de la realidad, unido a la voluntad de mejorarla, en el sentido de aproximarla a lo que nuestros contratos sociales establecen (las constituciones, los tratados internacionales, los principios que justifican el trabajo de organizaciones internacionales como la ONU, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea) exige, de una parte, el rechazo radical contra quienes reducen despectivamente a buenismo la defensa real, y no solo proclamada en discursos vacíos, de los derechos y valores que esas normas y organizaciones representan.

4. selmaMontgomeryMLK

De otro lado, nada impide –más bien, se exige– que a la defensa férrea de los derechos y el pacifismo se unan propuestas serias para tratar de debatir y encarar ahora los graves problemas que todas las sociedades complejas provocan. Lo que sucede, y lo que sucede es el quid de la cuestión, es que no pocas de esas propuestas (que sí existen) chocan frontalmente contra algunos de los intereses creados en el marco de un sistema que debería tener como centro al ser humano y que, sin embargo, se ve dominado por las relaciones del poder y el dinero.

Así que la posición política de quienes, por ejemplo, firman el manifiesto No en nuestro nombre, no es ni ‘mística’ ni ‘blanda’. Es sencillamente una posición y perspectiva absolutamente legítima (y en este caso, como en muchos otros, estrictamente legal) de una parte de la sociedad que no cuenta con el apoyo mayoritario de quienes gestionan y publicitan aquellos intereses creados, pero que representa valores esenciales de la sociedad, valores que deben ser tenidos muy en cuenta por quienes en último término adoptan las decisiones de gobierno.

Despreciar esa posición, humillarla con motes despectivos, es evitar (y muchos lo hacen sin inocencia alguna) la puesta en cuestión de un modelo político estatal y global que se aleja a marchas forzadas de los intereses de los ciudadanos, de los que son y de los que de algún modo aspiran a serlo. Además, es rechazar la imprescindible (aunque dura) reflexión y debate sobre cómo deben ser interpretados y aplicados los derechos humanos en momentos complicados o en situaciones límite. En suma, es impedir que se haga realidad lo que hasta ahora veníamos llamando ‘el funcionamiento normal del sistema democrático’.

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