La insoportable levedad del racismo institucional

Fernando Flores

Yo me lo imagino así: un juez declara agriamente en su despacho que los políticos son unos delincuentes, una mierda a expulsar de la vida social, y que él se va a encargar personalmente de empapelarlos a hostias. La conversación de ese juez, que tiene algunos casos de representantes públicos bajo su jurisdicción, sale a la luz pública, y él trata de resolver el tema disculpándose, reconociendo que sus palabras eran inapropiadas y que, obviamente, él no se refería a todos los políticos, sino sólo a aquellos que son corruptos. Por corporativista que se pusiera el Consejo General del Poder Judicial, creo que ese juez tendría los días contados, y con razón, porque con sus palabras habría dejado claro que como servidor público no está en condiciones de proteger la tutela judicial efectiva y defender el Estado de Derecho.

La realidad no imaginada es que se ha sabido que el alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha insultado a los inmigrantes, les ha amenazado con hacerles la vida imposible y ha afirmado a voces que él incumple la ley todos los días. Sin embargo, a diferencia del juez imaginado, el alcalde no tiene los días contados. Tiene el apoyo de su partido (PNV) y cuenta con la comprensión de buena parte de los vecinos, que agradecen que se les simplifique la razón por la que su vida es últimamente más difícil. La culpa, no busquéis más, es de los inmigrantes y los gitanos.

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Creo que este vergonzoso episodio nos muestra varias claves del contexto político,  social y moral con que el respeto a la legalidad y a los derechos humanos encara los tiempos que vivimos. La consideración de los derechos de los más débiles como algo prescindible o secundario, el desprecio a la idea de responsabilidad política de los servidores públicos que los vulneran, la doble vara de medir según el despropósito sea protagonizado por un amigo o enemigo político, la renuncia a mostrar ejemplaridad a los ciudadanos…

Sin embargo, de todas esas claves me gustaría quedarme con una que, probablemente, no va a ser de las más comentadas, por ser su comprensión algo farragosa y, me temo, porque en el otro extremo nos encontramos con los derechos de inmigrantes y de gitanos. Me refiero al racismo institucional que revela el comportamiento del alcalde de Sestao, y a los efectos que ese racismo provoca sobre la aplicación perversa de los procedimientos administrativos que afectan a la vida diaria de los más vulnerables, de los que no son Nadie.

La postura racista del alcalde se refleja en la actuación del Ayuntamiento ante las personas, en la aplicación de ese “infraderecho” que es el mundo de la tramitología burocrática, el mundo de la híper-regulación administrativa, de los papeleos que impiden acceder a derechos, de las colas, los pasillos, las salas de espera, las ventanillas y el vuelva usted mañana. Es evidente que el primer edil sabe que por esa vía puede hacer la vida imposible a los inmigrantes: poner a prueba su paciencia, controlar sus movimientos, infligirles la humillación de pedir repetidas veces lo mismo, obligarles a desistir y abandonar el pueblo… y ello sin posibilidad de queja o reclamación, pues hacerlo les condenaría a la segura negación de una magra prestación o de un documento importante. Bergara sabe que hacerlo es ilegal, pero tiene el poder institucional para hacerlo y la impunidad que le otorga la falta de transparencia que caracteriza a la buro-represión. Y lo hace.

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Pero esa es precisamente la razón por la cual SOS Racismo Bizkaia ha denunciado al alcalde, por prevaricación con agravante de racismo, en concreto por negarse a empadronar en el municipio a unas familias extranjeras. En la nota de prensa que explica la denuncia, SOS Racismo se hace estas preguntas:

¿Es verdad que estas personas solicitaron ser empadronadas hace meses, incluso más de un año? ¿Es verdad que no ha empadronado a estas personas? ¿Es verdad que representantes de SOS Racismo le han solicitado reiteradamente una reunión para abordar este incumplimiento? ¿Es verdad que el pasado 9 de abril estas familias se presentaron en el registro municipal y presentaron un escrito requiriendo al Ayuntamiento para que llevase a cabo el empadronamiento sin que haya habido respuesta? ¿Es verdad que ha sido él personalmente quien no ha permitido el empadronamiento de estas familias? ¿Es verdad que el 6 de septiembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que adecue a la legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento? ¿Es verdad que el 21 de noviembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que empadrone al demandante y su familia en el domicilio donde efectivamente residen? ¿Es verdad que el Ararteko, en el informe anual al Parlamento vasco, en la página 36, al hablar de aquellas instituciones  que al negar o retrasar su colaboración están provocado la imposibilidad de resolver en plazo las quejas planteadas por la ciudadanía destaca al alcalde de Sestao?
¿Es verdad que ha estado utilizando el deber de empadronar de manera arbitraria?

Las preguntas son directas y claras, y ofrecen bastante información sobre el modus operandi del alcalde. Éste está reprimiendo y controlando por vía burocrática el acceso de las personas a un derecho, como es el de estar empadronado en el sitio de residencia. Ahora bien, este comportamiento es más habitual de lo que parece, y aunque resulta relativamente fácil de detectar, demostrarlo ante los tribunales es muy difícil (no hay más que ver las impotentes recomendaciones del Ararteko). En el caso del de Sestao se ha podido acudir al juez porque la demanda va acompañada de una grabación auto-inculpatoria que demuestra su intención prevaricadora, pero evidentemente esta circunstancia es una excepción.

La realidad poco visible para la sociedad es que la “democracia cotidiana” de muchas personas vulnerables es un pequeño infierno de regulaciones, requisitos y ritos burocráticos que ponen en manos de la autoridad una capacidad arbitraria para decidir si esas personas acceden o no a los derechos. Cuando esa autoridad es racista, reaccionaria, xenófoba, o simplemente quiere perjudicar a un grupo de personas, el “infraderecho” –caracterizado por su elaboración unilateral, su falta de publicidad y transparencia, su difícil compresión o nula claridad, su impugnación imposible– le facilita el trabajo enormemente. Así, se impiden empadronamientos, se deniegan prestaciones debidas, se olvidan certificados, se anulan permisos, se retrasan renovaciones…, sin miedo a la responsabilidad que debiera deducirse por ello. Se comprueba cómo la aplicación de las normas superiores que protegen los derechos humanos quedan supeditadas a un sistema para-legal de circulares y decretos cambiantes en manos de quien ejerce el poder.

En último término, la garantía de los derechos de los vulnerables queda en manos de algunos abogados y abogadas, trabajadores sociales y periodistas, aguerridos y consecuentes, que se manejan con cierta soltura, mucho trabajo y bastante sufrimiento en el laberinto de control y represión social que esas normas construyen. En la mayoría de los casos, a base de mucho coraje y mucha lucha; en ocasiones, favorecidos por algún descuido que muestra la calaña del represor y su comportamiento delictivo.

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Foto: El alcalde Sestao con algunos vecinos. Agencia Efe.

Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

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La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

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Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

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Cláusula de conciencia del periodista, se necesitan héroes

Pepe Reig Cruañes

Cuando tres periódicos se deshacen de sus directores sin que las plantillas digan ni mu, quizá sea el momento de poner las lealtades informativas a remojar. No es que el cambio de director no pueda ser una simple opción empresarial sin consecuencias en la línea informativa de esos diarios, es sencillamente que en este caso sería milagroso que fuera sólo eso. Deudas bancarias, pérdida de lectores y presiones políticas son demasiadas realidades para tanto milagro. Así que tenemos, no uno, sino tres diarios (¿sólo tres?) sometidos a cambios que podrían considerarse sustanciales en “la línea editorial”.

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Carta a El País

El 19 de febrero un grupo de personas enviamos una carta al diario El País para protestar por el titular alarmista y falto de rigor del 16/2/2014: “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”. La carta se firmó por 198 personas (se recogieron un total de 226 firmas, pero las 27 restantes llegaron después de haber enviado la carta). Entre los firmantes había adhesiones de personas a nivel individual, asociaciones, medios de comunicación, cineastas; abogados/as, periodistas, músicos, investigadores/as y docentes universitarios de Marruecos, España, Francia, Alemania, Argentina, Italia, Portugal y México.

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Finalmente el diario El País nos indicó que debido a la difusión de la noticia en las redes sociales (difusión que se hizo para recoger las propias firmas, no se envío a ningún medio la carta, sólo al El País una vez recogidas las firmas) no se publicaba al no tener ellos la exclusiva. Ponemos en vuestro conocimiento esta información y os adjuntamos la carta con las firmas:

«Sr. Director del diario El País,

Nos dirigimos a Ud. en relación con el titular de la noticia publicada el 16/2/2014, en la portada de su periódico: “30.000 inmigrantes aguardan en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla

Dicho titular nos parece alarmista y completamente falto de rigor. Viene a criminalizar la migración y a ahondar en los estereotipos sobre la migración que estigmatizan a las personas migrantes como una “amenaza incontrolable”.

Nos gustaría señalar que no hay datos oficiales sobre el número de personas provenientes de países del Subsáhara que residen en Marruecos en una situación administrativa irregular. El Ministerio del Interior de Marruecos con motivo del proceso de regularización comenzado el 1 de enero de 2014, señalóque entre 25.000 y 40.000 extranjeros residen de forma irregular en el país, pero este dato se refiere a todas las nacionalidades de diferentes estados de Europa, África, Asia y América.

El colectivo de personas provenientes de países del Subsáhara que residen en Marruecos en una situación administrativa irregular no conforma un grupo homogéneo. Estas personas proceden principalmente de países de África del Oeste y de África Central. Encontramos diferencias de edad, género y etnia. La situación en la que se encuentran es también diversa, desde demandantes de asilo y refugiados, personas que han entrado legalmente al país y se han quedado en una situación administrativa irregular, parejas mixtas, etc….

También hay personas en situaciones de especial vulnerabilidad (enfermos/as, menores no acompañados, madres solas o mujeres víctimas de violencia de género). Es además frecuente calificar también como migrantes a las personas víctimas de trata de seres humanos. Esta es una realidad presente en Marruecos y que requiere una protección específica según la normativa internacional y también requiere la diferenciación con la categoría de migrante.

En consonancia con esta diversidad, también existe una variedad de trayectorias vitales y de proyectos migratorios. El hecho de residir enMarruecos de forma irregular no significa que “aguarden en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”. Es más, los datos dados por FRONTEX en el año 2010 hablan de un total de 5.003 personas que accedieron de forma irregular a la UE a través de la Frontera Sur con Marruecos; en el año  2011 señala que fueron 8.448 personas y en el año 2012 hablan de 6.397 personas. Estas cifras se refieren a todas las personas que accedieron de forma irregular por la Frontera Sur de la UE con Marruecos, donde se incluyen las personas que entraron de forma irregular a Ceuta y Melilla.

A la luz de estos datos es evidente el grado de exageración del titular y la falta de rigor. Por este motivo, las personas abajo firmantes solicitamos la corrección expresa de dicho titular, pedimos que se contrasten los datos y solicitamos la publicación de esta carta”.

Firmado por:
Amina Bargach – Mohamed Jaaidi- Bernabé López – Mohamed Serifi – Cecilia Fernández Sudor- Javier de Lucas – Lucía Ferreiro- Mustapha El Maarouf- Ana I Planet – Nadia Nair- Helena Maleno- Naomí Ramírez- Diana Rincón- Charlotte Poitout- Gema Ventura – Carmen Rodríguez- Ferrán Izquierdo- Rosa María Soriano- Luis Melián – Miguel Hernando de Larramendi- Gabriele del Grande- Alberto López- Antonio Basallote- Lidia Fernández- Adolfo Calatravaa- Guadalupe Martínez- Nadia Hindi – Laura Mijares- Diego Lorente- MUGAK- Marina Díaz – Guillermo Alonso- Elisa García – Bárbara Azaola- Rita Gomes- Juan José Peris- Patricia Fernández- Bosco Govantes- Francesco Madrisotti- Laura Navarro- Marlene Solís- Nuria Almirón- Irene Fernández- Érika Cerrazola- Nuria Empez – María Auxiliadora Trujillo – Centro Parroquial San Carlos Borromeo- Tomás Luis- Felipe de Jesús- Jesús Jurado – Germán Rodríguez- Eva Mª Durán- Gabriela Poblet- Anaitze Aguirre – June Arechalde – Alba Valdés- Pamela Urrutia- Beatriz Tomé – Vicenç Fisas- Jesús Marchán – Laura Galián – Ana Villillas- Nasara Cabrera – Miriam Meda- Mariona Sanz- Dolors Bramon- Katia Feo- Dominique Jolivet- Jordi Belloso – Sara Carmona – Joseph Lluís- Francesco Vacchiano- Sonia Herrera- Loira Manzani- Karlos Castilla – Laura Feliz- Maitane Arnoso- ION Radio- Walter Actis- Silvana Luciani- Enrique Delgado- Oriol Puig- Alfredo Cohen- Margarita Martínez- Camern Vizán- Ana Pérez – José Peñín- Colectivo Sur Cacarica- Joves d´Esquerra- Carolina Astudillo – Roberto Bonet- Salahuddin- Paco Marco- Gemma Monsó – Patricia Alonso – Natalia Caicedo – Mª Angustias Parejo – Javier Garbulsky- Juan David- SOS RACISMO. Madrid- Roberto López- Tanquem els CIE- Carmen Gómez – Victoria Veguilla- Alicia Costas- Sonia Garrido- Irene Carrión- Ricardo San Segundo- Blanca Villuendas- Jorge Ramos- Cristina Herrera- Santos Santeiro- El khalil Mzouri- Ramon Centellas- Martín de Vedia- Pilar Felipe- Ana Peréz- Ana Rispa- Azucena Magdalena- Ángel Carrasco- Valencia Acoge- Hugo Aristizábal- Amélie Mas- Laetitia Tura- Bárbara Ortiz- Julián Hernán- Guadalupe Ríos- Alicia Ríos Ivars- Josefa Ivars- Maria Martinez del Cerro- Chelo González- Helene Scotto di Rinaldi- Amanda Andrades- Gritando en Silencio. Jorge Romero- Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería- Carlos Roldán- Mario Arias- Giorgia Giordani- Patrick Batarilo- Fundación Raíces- Laura Pablo- Instituto para la Noviolencia Activa- Fabien Didier Yene- Afrique Survie Migration- Sébastien Bachelet- Emmanuelle Hellio- Silvia Álvarez- GADEM. Groupe antiraciste d’accompagnement et de défense des étrangers et migrants. Marruecos- Adriana Ortiz- Maria del Mar Benseny- Laia Vila- David Lagarde- Chiara Perucca- Nicola Momente- Sophiane Mehiaoui- Forum Asile Migration- Sylvain George- Youssef Haji- Thomas Fournier- Helmut Dietrich- Hicham Rachidi- Sonya Mases- Tamara Isabel Ahmad- Mº Ruth Jiménez- Marta Pérez – Encarnación Márquez- Iván Muñoz García- Izpiñe Sanchéz- María José Venceslá. Vanesa Bellón- Hafsa Afailal- Maria Bernardez- Andres Kaba- Chakir Hamdame- Cristina García- Juanjo Pérez- Juana Aragón- Cerro Arco- Sergio Zamorano- Elena López – Verónica García- Carmen Orland – Natalia Román- Elena González- Jordi Moreras- Deborah Elizondo- Ana Santomé- Miryam Navarro Rupérez- Laura Ruiz de Elvira- Isabel Lima- Mercedes García- Mónica Manrique- Consuelo Tomé- Mercedes G. Jiménez- Asociación Intercultural Candombe- Edurne Rubio- Úrsula Santa Cruz- Joaquín García- Rachid Columbares- Ana Barona- Bernardo Collado Orlando- Teresa Vicente- Mohamed Berriane- Michel Peraldi- Hanan Dalouh Amghar- Bernard Moizo- Naoual Asselman- Sarah Boutaïb- Michel Agier- Angel Carrasco.

Gobierno y Carta Social Europea: por las buenas o por las malas

Mª Belén Cardona Rubert y Carmen Salcedo Beltrán

En los últimos meses, nuestro Ejecutivo ha sido objeto de reprobación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, en relación a dos de sus reformas legislativas más controvertidas. Dichas reformas incumplen uno de los Tratados internacionales más importantes, la Carta Social Europea, considerada como la norma que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, cuyo texto, dicho sea de paso, está ratificado en su totalidad por España desde 1980, en su versión originaria.

La más reciente y mediática de dichas vulneraciones se refiere a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular.

El pasado 29 de enero se hicieron públicas las Conclusiones elaboradas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo adscrito al Consejo de Europa (formado por 47 países), que se encarga de verificar el cumplimiento de la Carta Social Europea, mediante el procedimiento de control de Informes.

En total se han dictado seis Conclusiones de no conformidad con las políticas legislativas del Estado Español -muy interesantes algunas de ellas en cuanto señalan las vulneraciones del derecho a la Seguridad Social, del derecho a la asistencia social y médica, del derecho a los beneficios de los servicios sociales y del derecho a la protección social-, y dos, en las que se le concede al Gobierno un aplazamiento para que facilite información complementaria para poder realizar la valoración correctamente, advirtiendo que, en el caso de no suministrarla, pasarán a ser calificadas también de no conformidad.

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Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

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Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Act mediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses. Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law (American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

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Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

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Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE, además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa Europa de camps, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campaña Open Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyecto Dynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.

Grandes almacenes: derechos pequeños

Pepe Reig Cruañes

Las jornadas de huelga general se parecen entre sí como las gotas de agua: a primera hora la lucha por fijar la impresión mediática de éxito o fracaso; a última hora, la guerra de cifras sobre el paro y la manifestación. En medio, los piquetes y el fingido escándalo de la prensa conservadora por aquellos que impiden el “derecho al trabajo”. Sobre los verdaderos piquetes empresariales de amenazas y acoso a los sindicalistas nada de nada. Parece que no existen.

Por cierto que una de las primeras tareas sindicales en cualquier huelga que se precie es acercar algún piquete a las puertas de El Corte Inglés, que nunca hace huelga porque sus trabajadores están amenazados. La escena se repite invariable en cada ocasión. Y es que para la patronal este gran almacén es un emblema y lo necesitan disciplinado y “ejemplar”. Confluencia de intereses: las demás grandes superficies necesitan que El Corte Inglés aguante y la empresa del triángulo verde gasta demasiado dinero en comprar una buena imagen mediática, para que unos sindicalistas trasnochados vengan a cuestionarla. Prefieren soportar piquetes a la puerta y tiendas vacías el día de la huelga, antes que reconocer a sus trabajadores el derecho que otros se ganan con su lucha. El reverso de esta política de imagen es el “consentimiento” de los propios trabajadores de la casa. Estos pueden soportar condiciones leoninas y merma de derechos, porque se sienten afortunados por su mera pertenencia a un buque insignia. Un puesto en el Corte Inglés viste mucho, aunque luego te machaquen los fines de semana o te birlen las horas extras. No es muy diferente en las otras grandes tiendas. Las grandes superficies suelen tener, laboralmente hablando, derechos muy pequeños.

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¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga?

Belén Cardona

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad? La pregunta no es nueva, desde la aprobación de nuestra Carta Magna y la inclusión del derecho a la huelga como derecho fundamental colectivo, en su art. 28.2, la cuestión se ha planteado con cierta frecuencia.

Hay que tener en cuenta que el régimen jurídico del derecho de huelga se contiene en una norma de carácter preconstitucional, el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, cuya texto fue sometido al control del Tribunal Constitucional en su emblemática sentencia 11/1981, de 8 de abril, que declaró derogadas buena parte de sus disposiciones, quedando vigentes los preceptos que actualmente constituyen la regulación del derecho del huelga en el ordenamiento laboral español.

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Sólo en 1993, bajo la penúltima legislatura de Felipe González, se estuvo a punto de aprobar una ley general de huelga, que finalmente no prosperó por el adelanto de las elecciones generales.

Ahora la pregunta vuelve a traerla a la actualidad, al calor de la huelga en los servicios de limpieza de Madrid, unas declaracionesdel presidente del Gobierno en las que informa sobre su decisión de encargar al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimos.

La regulación concreta de la huelga en servicios esenciales para la comunidad se encuentra en el art. 10 del Decreto Ley de 1977, que articula a favor de la autoridad gubernativa la facultad de imponer la realización de servicios mínimos a los trabajadores huelguistas, cuando la huelga afecte a servicios esenciales para la comunidad. La parquedad e indeterminación del precepto deja cuestiones en el aire, a las que la Jurisprudencia ha ido dando respuesta.

Indudablemente, la actual regulación del derecho de huelga adolece de defectos y carencias, no es la mejor de las regulaciones, pero podríamos decir que con el apoyo de la Jurisprudencia y doctrina de los tribunales se ha ido construyendo un edificio sólido y suficiente.

Pero partiendo de lo que parece ser la apertura de un nuevo escenario regulador en el que el ejecutivo tiene la intención de introducir lo que denomina una “ley de servicios mínimos”, es el momento de reflexionar sobre qué elementos sería interesante introducir en la misma y cuáles evitar.

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Comenzando por los factores negativos, el primero a evitar sería la adopción del prisma neoliberal, al que parecen haber sucumbido las instituciones europeas y según el cual las libertades económicas prevalecen sobre los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga, y en la que éstos sólo son realizables en el espacio europeo condicionados y subordinados a los primeros. Es la lógica de la propuesta de Reglamento conocido como Monti II, que la Comisión Europea se vio obligada a retirar ante el rechazo sindical y social que condujo a diversos Parlamentos nacionales (entre los que no se hallaba España) a activar el procedimiento de “tarjeta amarilla”, que permite contestar iniciativas legislativas europeas, cuando se consideren lesivas del principio de subsidiariedad y por tanto de la soberanía nacional (n. 2 del Tratado de Lisboa).

Ni que se pretenda con la anunciada nueva regulación, introducir un aparato normativo restrictivo del ejercicio de derecho de huelga, que permita reprimir la oleada de protestas que la crisis y la destrucción de empleo y derechos laborales está provocando.

La óptica adecuada sería aquella de considerar el derecho de huelga como una forma de autotutela colectiva de los trabajadores que sirve para compensar la disparidad de fuerzas en el contrato de trabajo y que como tal mecanismo reequilibrador, merece consideración y reconocimiento de derecho fundamental, ponderando al tiempo la necesidad de atender y garantizar la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, en nuestro diseño constitucional que no es otro que el del Estado social y democrático de Derecho, que proclama nuestra Constitución.

En referencia a qué elementos debería imprescindiblemente hacerse referencia en ese eventual diseño legal, una de las primeras cuestiones es la definición de servicio esencial.

No es cierto que existiera un vacío en este sentido, puesto que el Tribunal Constitucional ha ido construyendo en su jurisprudencia un concepto de servicio esencial a partir de la afectación a los usuarios de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos, en la que se ha optado por ponderar las circunstancias concretas concurrentes (gravedad, duración, extensión territorial, ámbitos personales y funcionales afectados…), rechazando la consideración de antemano de una actividad productiva o servicio como esencial (SSTC 26/1981, 8/1992). Se trata de un concepto flexible, en el que partiendo de la obligada atención al interés de los ciudadanos de recibir los servicios considerados esenciales y admitiendo, por tanto, una constricción del ejercicio del derecho de huelga, dicha limitación debe ser entendida de manera restrictiva sin que, en ningún caso, dicho límite puede afectar el contenido esencial del derecho de huelga, dejándolo vacío de contenido por la vía de hacerlo  impracticable.

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Se trata de una cuestión de límites de un derecho fundamental “en la que, en la relación entre el derecho y su posible límite, el criterio de interpretación debe ser el de mayor amplitud posible del derecho y la restricción del límite a lo necesario” (SSTC 40/1995, 183/2006). La consideración de un servicio como esencial no puede comportar la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino “la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal” (STC 191/2996; también, SSTC 26/1981, 53/1986, 27/1989, 43/1990).

Por otra parte, “la cláusula abierta de esencialidad” (MERINO SEGOVIA) que el Tribunal Constitucional construye ha permitido la generosa y paulatina introducción de diversos servicios en el amplio concepto de servicio esencial, también incorporado en la doctrina del Tribunal Supremo, así: el servicio de transporte ferroviario, el tráfico aéreo, transporte metropolitano urbano, residencia de ancianos, suministro de energía eléctrica, la estiba portuaria en el caso de un puerto de interés general, la alimentación básica, abastecimiento de agua, suministro de derivados del petróleo, administración de justicia, prisiones enseñanza, finanzas, hospitales, medios de comunicación, limpieza…

Choca esta tendencia propia de nuestro sistema, a la generosa consideración del concepto de esencialidad del servicio con los parámetros internacionales y tradicional doctrina de la OIT, que incorpora un concepto restrictivo al considerar que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva; la Comisión estima, por lo tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población” (“Libertad sindical y negociación colectiva: el derecho de huelga”. Informe III, parte 4B, presentado a la 81 Conferencia de la OIT, 1994, apartado 159).

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Sería necesaria, por tanto, sí, una revisión del propio concepto de servicios esenciales y una definición más precisa del mismo. La amplitud con la que el Tribunal Constitucional ha interpretado la “vaporosa noción” de servicio esencial (BAYLOS GRAU) tiene un indudable potencial invasivo en el ejercicio del derecho fundamental de huelga del que sería necesario desprenderse.

En segundo lugar, siendo loable que el Gobierno haya manifestado su intención de buscar para esta futura norma el consenso con los agentes sociales, imprescindible en mi opinion, siempre que se quiera garantizar la pacífica aplicación de la misma, mayor importancia adquiere, si lo que se quiere es introducer un sistema moderno, democrático, eficiente y alejado de lógicas autoritaria, que se aproveche esta oportunidad para cuestionarse el modelo de decisión gubernativa articulado en el art. 10 del Decreto de 1977, que propicia, en ocasiones, el abuso de derecho en la fijación desproporcionada de servicios mínimos. Siguiendo al Profesor CABEZA PEREIRO, desde el respeto a la intervención y capacidad decisoria final de la autoridad gubernativa, sería el momento de dar carta de naturaleza a la participación de los sindicatos en la determinación de los servicios mínimos, lo que implicaría por otra parte atender a las reiteradas advertencies del Comité de Libertad Sindical al Reino de España, en dicho sentido.

Respondiendo a la pregunta que da título a este post, una nueva regulación del ejercicio de derecho de huelga en los servicios esenciales ¿resulta imprescindible y urgente? En mi opinion, no  ¿Podría ser positiva? Sí, siempre que la misma se realice sin urgencias, rehuyendo populismos, sin introducir en el debate la ficticia contraposición del interés de los usuarios al de los trabajadores huelguistas, buscando el consenso social y confiriendo el protagonismo necesario e imprescindible a los agentes sociales en la misma y desde la perspectiva de que lo que se pretenda sea introducir un sistema más eficiente, moderno y democrático de gestión en los procesos de huelga en servicios esenciales, escrupulosamente respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental a la huelga.

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