Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.

 

Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.

 

Los vértigos de la defensa militar

Carlos Penedo

Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.

Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.

Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.

La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.

Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.

En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsables políticos, de declaraciones en cumbres y pre-cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.

poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.

Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de «OTAN: el vértigo de la retirada americana».

En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.

Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.

Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.

Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.

Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.

Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. «La OTAN ha hecho teoría desde la práctica», defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.

Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.

Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.

El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.

Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).

A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.

El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.

La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario («La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo»), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.

Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.

¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?

¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?

El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.

Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.

En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.

Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.

Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.

La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

 

Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil. Sigue leyendo

Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo