23F. Una experiencia compartida

Diego Blázquez

Durante la última semana, tanto los medios de comunicación como la agenda institucional han dedicado un valioso tiempo a la conmemoración de una efeméride particular: los cuarenta años del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Quizás, para muchos recordar esta efeméride no tenga sentido, ya que evidentemente se trata de un suceso negativo para nuestra historia democrática. Para otros, se trata de un evento lejano en el tiempo y finalmente fracasado, por lo que tampoco le encuentran otro objeto a las páginas, bytes y minutos de información, más que dar cobertura a la agenda política. Finalmente, para otros muchos, especialmente las generaciones más jóvenes, se trata de un suceso histórico más, del que pueden (o no) tener un conocimiento puramente académico.

Y, sin embargo, desde la perspectiva del fomento de la cultura de los derechos humanos, y especialmente los derechos civiles y políticos, esta conmemoración está plena de sentido.

Para comprender el sentido que tiene recordar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en primer lugar, tenemos que atender al carácter dinámico de la historia de los derechos humanos. Los derechos fundamentales no son ni un maná caído del cielo enviado por una divinidad celestial, ni fruto de la naturaleza, ni de la lógica, ni mucho menos regalos de quien ostenta el poder (cualquier tipo de poder). Por el contrario, la historia de los derechos humanos, y por lo tanto la historia de la democracia, es una historia de conquista, de lucha y de sacrificios personales y colectivos.

La difícil construcción de la democracia en España desde la muerte de Francisco Franco forma parte de esa lucha, y se explica en esa lucha. Ninguna esfera de libertad individual, colectiva o sus garantías venía dada ni garantizada por la evolución de los eventos políticos o sociales. El hecho de que un grupo de militares, utilizando las armas y la fuerza legítima que el Estado les había confiado, intentara secuestrar a los representantes del pueblo español y condicionar su voluntad, muestra como el reconocimiento de los derechos y sus garantías se hace contra y pese a la voluntad de fuerzas autoritarias, dogmáticas y antiliberales. Por eso, preservar en la memoria el intento de golpe de Estado de 1981 ha de servirnos para guardar cierta épica cívica en la construcción de nuestro sistema democrático frente a sus enemigos.

En segundo lugar, respetar esa épica no solo se debe a la naturaleza histórica dialéctica de los derechos; esa épica también nos tiene que servir como recordatorio de la fragilidad de la democracia y del sistema de derechos y garantías que implica. En este sentido, mantener la memoria del 23F es también mantener la memoria de la excepcionalidad histórica de la organización política, social y económica que suponen los Estados democráticos de Derecho. Todavía hoy, en febrero de 2021, según el Índice de Democracia de The Economist prácticamente la mitad de la población mundial no vive en sociedades democráticas y no llega al 10% la sociedades plenamente democráticas. Tenemos la suerte de vivir en una de ellas gracias los esfuerzos y desafíos que han tenido que superar muchas generaciones de españoles y españolas, y de demócratas a lo largo de todo el mundo.

En tercer lugar, esa épica puede y debe servir como elemento de cohesión en torno a un lenguaje común, como esa cultura de los derechos. Se trata de una épica inclusiva, que se fundamenta, precisamente, en el rechazo de todo discurso violento, excluyente y diferenciador. Es una épica moderna llena de valores profundamente éticos como es el rechazo a la violencia, el respeto a la democracia representativa y el Imperio de la Ley. Y, por tanto, quedan fuera épicas (y éticas) comprehensivas, propias de sociedades cerradas, basadas en identidades culturales, étnicas o religiosas.

Por último, y en esa misma línea, recordar el 23F nos tiene que servir para valorar, siempre con un sentido crítico, la evolución de la democracia en nuestro país. Tener presente que tan solo hace cuarenta años fue perfectamente posible que, por la fuerza de las armas, se violentara la soberanía del Parlamento, se intentará paralizar y subvertir un procedimiento constitucional y suspender el régimen de libertades de que disfrutábamos. Tener presente cuanto hemos andado desde entonces por el largo camino de la libertad y la igualdad, conocer los cambios operados en nuestra sociedad y garantizados por leyes e instituciones; y, evidentemente, también, y sobre todo tiene que servir para ser críticamente consciente de los desafíos que nos quedan por delante, bien por no superados, bien porque se trata de nuevos riesgos que plantea la evolución de la vida política, económica y social.

Para desarrollar esa visión en perspectiva crítica, no podemos olvidar la necesidad de una dimensión o contenido emocional, que también forma parte de cierto “pegamento” social. Todavía tenemos presente la memoria de quienes sintieron esa noche el miedo a la violencia política. Tenemos también entre nosotros el compromiso de los profesionales de los medios de comunicación que mantuvieron informados al país a través de la radio o la prensa escrita. Para toda una generación constituyó un vergonzoso recordatorio de la debilidad de las conquistas obtenidas, y la necesidad de reforzarlas. Frente a la división, se contestó con la unidad de todas las fuerzas políticas en torno a los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. No podemos olvidar que se trata de un patrimonio histórico con un valor incalculable, y que puede servir de útil recordatorio, como cimiento o fundamento, cuando las tensiones políticas y sociales se profundizan y agravan de forma estéril o banal.

Personalmente, viví el intento de golpe de Estado en una pequeña ciudad de provincias, donde las primeras horas fueron de una confusión e incertidumbre que a pesar de mi corta edad pude sentir. Superadas esas primeras horas, tengo todavía el recuerdo de la aliviada alegría de mis padres en una fría mañana castellana. Al día siguiente, acudí a la que sería mi primera manifestación.

Creo que comparto esos recuerdos, sentimientos y vivencias con muchas personas de mi generación. Obviamente, lo viví de manera diferente a cómo lo harían mis padres y mis abuelos. Cada generación busca sus hitos sociales para refrendarse en sus valores. Para unos fue la lucha antifranquista, la consecución de la autonomía o de la amnistía, el 23 F, las protestas por salvar a Miguel Ángel Blanco, las manos blancas por Tomás y Valiente, el 8M, el No a la Guerra o la dignidad de las víctimas del terrorismo.

En todo caso, la lucha por los derechos, el compromiso por la libertad y la igualdad, además de la teorización filosófica, política y jurídica, necesita también esa dimensión personal. El sentimiento de saber que tu contribución es importante, de saber que haces historia, que con tu participación haces posible las conquistas de la libertad de los seres humanos.

No es necesario desterrar las vivencias de los demás. Por el contrario, es necesario generar ese patrimonio compartido de experiencias democráticas, de compromiso generacional e histórico en torno a unos valores comunes que articulen nuestro proyecto compartido como sociedad, y que están por encima de las diferencias.

La victoria de la democracia y los derechos humanos de hace 40 años se tiene que renovar cada día, a pesar de las diferencias y de las dificultades. Para ello, es esencial compartir no solo los valores, pero también una historia diversa y compleja en la que deben caber las vivencias y las aportaciones de todas las generaciones en la larga lucha por las libertades y la democracia. Junto a otros muchos jalones de la historia, el triunfo final de la democracia en España que supone el fracaso del 23F, y las actuaciones de algunos de nuestros representantes y de la sociedad civil, merecen un lugar en ese profundo recorrido.

Misas en À Punt, entre el servicio público y el Derecho de Acceso

Pepe Reig Cruañes

Miembro del Consell de Ciutadania de Àpunt

La plataforma pública valenciana de comunicación À Punt lleva meses retransmitiendo celebraciones religiosas católicas y evangélicas y esto ha generado alguna polémica. Hay una recomendación del Consell de Ciutadania de no consolidar esas retransmisiones en la programación y dos votaciones aparentemente contradictorias en las Cortes: una en contra de consolidarlas y otra de suprimirlas. La razón que adujo en marzo el Consejo Rector de À Punt para autorizar la emisión de oficios religiosos fue que las restricciones de la movilidad a causa de la pandemia aconsejaban facilitar ese “servicio público”.

El “servicio público” es una de las dos formas en que puede verse este asunto de las misas: una prestación destinada a suplir una carencia, por ejemplo, la imposibilidad de acudir a los templos durante el confinamiento. La otra forma es verlo como un caso particular del “derecho de acceso” a las plataformas públicas de comunicación, que también correspondería a otros colectivos y minorías sociales o culturales.

El artículo 20.3 de la Constitución obliga a asegurar el “derecho de acceso” a los medios de comunicación públicos de “los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Para un buen desarrollo de este derecho, que deriva del de libertad de expresión, se habría necesitado de una ley orgánica que nunca ha llegado a aprobarse. En su lugar, contamos tan solo con la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal que, en su artículo 28 prevé la realización de espacios específicos fijados por el Consejo de Administración y dotados de los medios técnicos y humanos para ello. Parecidas regulaciones se han desarrollado en las plataformas de comunicación públicas de algunas comunidades autónomas.

La excepción religiosa

En un sistema comunicativo como el nuestro, que oscila entre la extrema politización y la tendencia al sensacionalismo o “populismo de los contenidos”, se echa en falta la presencia activa de colectivos y grupos sociales que den visibilidad a la verdadera pluralidad del mundo social. Como señala Callejo, catedrático de sociología de la UNED, sin un dispositivo de acceso de colectivos y minorías, el sistema se condena a sí mismo a una suerte de “retroalimentación en bucle”. Quizá la única excepción a esa persistente ausencia venga dada por la emisión de oficios religiosos, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes en La 2 de TVE.

La presencia de esos colectivos “con notorio arraigo” se ha venido concretando desde los años 80, a través de una interpretación particular del artículo 20.3 de la Constitución, en forma de cesión de espacios de televisión o tiempos de antena en los medios de comunicación públicos, según la “implantación de la confesión religiosa” y con autonomía de ésta acerca de los contenidos de la emisión. “Día del Señor”, “Culto evangélico”, “Shalom” o “Medina en TV”, son algunos de estos espacios. El mismo esquema se ha aplicado en las TV autonómicas.

Esta cesión se presenta como una suerte de “derecho de prestación” que obliga a la Administración a poner los medios, pero no casa con el “derecho de libertad” que el Tribunal Constitucional vio en el artículo 20 de la Constitución (SSTC 6/1981 y 86/1982). Un derecho de libertad implica que los poderes públicos no deben interferir o impedir arbitrariamente su ejercicio. No exige un determinado sistema de acceso, como lo exige un derecho de prestación, sino evitar cualquier exclusión arbitraria o discriminadora.

El principio constitucional de no confesionalidad del Estado se compadece mal con una interpretación expansiva del derecho de acceso que permitiera a las confesiones religiosas, o cualesquiera otros colectivos, convertir a los medios públicos de comunicación en plataformas de proselitismo, mediante la patrimonialización de espacios o tiempos de antena. Aunque también, ese mismo principio, impide toda “denegación discriminatoria” o arbitraria, porque invalidaría la obligada “neutralidad” de los poderes públicos.

Presencia y representación

Las formas concretas que acabe adoptando el acceso de colectivos sociales a la TV será una resultante de, al menos, dos vectores de fuerza: el grado de “representación” con que aparece el colectivo y el grado de “profesionalidad” con que se realiza la emisión. Esto es, si el actor colectivo aparece activamente (imagen+voz) o es solo referenciado (aludido) él mismo o su accionar. Y si el espacio es realizado con criterio profesional del medio o es decidido y realizado por los propios actores colectivos.

Estamos aquí ante la misma contraposición de intereses, entre actores del colectivo y profesionales del medio, que encontramos en las retransmisiones de actos políticos de partido. Estos últimos aspiran a menudo a patrimonializar la “señal” para asegurarse un producto final favorable. Los profesionales, en cambio, preferirán asegurarse suficiente autonomía operativa, empezando por producir su propia señal. Esta tensión permitiría dibujar un continuo que va desde el espacio cedido al colectivo y administrado por éste, hasta la cobertura realizada por el medio en la que el colectivo aparece como fuente o actor.

La información de un medio público tiene que ser sensible a aquellas realidades sociales que, por carecer de medios de comunicación propios, no tienen la visibilidad adecuada para ejercer su función de enriquecimiento de la conversación pública. Esa es una de las funciones que se asigna al servicio público de comunicación, asegurar una buena reproducción del pluralismo. Esa atención sensible hacia colectivos que son, a veces, poco determinantes socialmente o incluso culturalmente emergentes o vanguardistas, puede adoptar formas variadas que incluyan el acceso a espacios informativos y de infotainment, sin necesidad de marginalizar ese contenido en nichos autoadministrados, sin apoyo profesional, que pronto dejan de cumplir su función dialógica en el espacio público.

Ese mismo criterio podría ser aplicado a las confesiones religiosas. La información y, en general, la programación de una plataforma pública debe contemplar la realidad de las religiones presentes en la sociedad. Esto puede hacerse mediante espacios dedicados que fomenten el conocimiento y el respeto de las creencias, a través el debate y la información en profundidad. Y también aquí debería evitarse la creación de guetos o nichos a base de retransmisiones de rituales u oficios, cuyo carácter es bien distinto de la información y el conocimiento.

Una cosa es la información sobre un evento o un acto determinado, de cuya relevancia informativa entiende un Consejo de Redacción, y otra muy distinta es reservar una franja de emisiones para actos internos o externos de un partido, un sindicato o una iglesia.

No todo es servicio público, sin embargo, en una plataforma de comunicación. Entretenimiento, debate, cultura y, en fin, reconocimiento mutuo entre colectivos cívicos, justifican sobradamente la presencia de creencias religiosas … y ateas, pero no obligan a convertir la TV en un mosaico de nichos cerrados en sí mismos, mientras la vida transcurre fuera de la pantalla.

 

 

 

Desinformación y seguridad nacional

Carlos Penedo

Moncloa y Defensa sitúan las ‘fake news’ en el campo del espionaje y los ciberdelitos


En esta primavera de 2020 marcada por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad bautizada como covid-19, una especialista sanitaria -lamento no recordar su nombre- comentaba que acumulamos a una velocidad muy acelerada información sobre este coronavirus y su comportamiento, cosa nada habitual en el pasado, la globalización y la velocidad con la que viaja la información reman a favor hoy de la investigación sanitaria; por tanto, tenemos cada vez más datos, casos e información; pero nos falta conocimiento -añadía-, aún no hemos integrado estos primeros datos en un sistema de comprensión que nos permita sacar conclusiones y reducir a partir de ahí el riesgo en la toma de decisiones. Algo similar cabría decir sobre la desinformación / fake news: tenemos el diagnóstico, que no es poco, tenemos algún dato parcial y descontextualizado, tenemos los síntomas de la enfermedad…, nos falta conocimiento, análisis y tratamiento preventivo.

Es un hecho que la información tergiversada con un objetivo determinado -normalmente económico y/o político- es un fenómeno extendido y negativo de nuestro tiempo, y por tanto es habitual comprobar cómo aparece en cada circunstancia que vivimos, sean procesos electorales, emergencia de tendencias políticas, crisis de diversa naturaleza que siempre tienen efectos políticos y sociales, sea su origen económico o en este caso sanitario.

Saludamos por tanto ahora la desinformación ligada al coronavirus, cuyo efecto menos interesante es la relación de disparates surgidos, sea el poder desinfectante de la lejía en la dieta, la luz ultravioleta o las intrigas conspiranoicas Gates-Bosé.

Mayor interés reviste el tratamiento que desde lo público se dedica a la desinformación, ya sea desde el ámbito de la seguridad, las relaciones internacionales, desde el punto de vista tecnológico, de la Unión Europea o desde el imprescindible análisis que requiere por parte de la profesión periodística y de quienes nos dedicamos a alguna faceta de la comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, se ha firmado a comienzos de junio la Directiva de Defensa Nacional 2020 -DDN-, documento que establece las líneas de actuación y objetivos que persigue el Gobierno-Ministerio de Defensa para la legislatura. Se trata de una comunicación política, generalista siempre, novedosa esta vez y mucho porque el documento que marca las líneas generales sobre política de defensa no se elaboraba desde 2012 (María Dolores de Cospedal pasó por el Ministerio de Defensa sin fijar en un papel sus prioridades políticas).

Dice la DDN 2020 de modo algo alarmista que «la última década ha presenciado cambios sustanciales en la arquitectura internacional de seguridad, que se ha traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza. También ha cambiado profundamente la relación de los gobiernos con los gobernados. Los medios de comunicación y las comunicaciones digitales han contribuido a que esos cambios tengan lugar».

Hasta aquí un texto algo derrotista y decriptivo, que en seguida avanza hacia compañías nada tranquilizadoras: «Los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio».

No hay documento sobre seguridad que no aluda hoy a la desinformación, que aparece siempre mezclado con ciberdelitos en una amenaza ya múltiple y poderosa, sin determinar el peso de cada una de las partes.

«Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad» (mayúsculas en el original), afirma rotunda la DDN en un juego de palabras bastante conseguido, y añade que «en el escenario que incluye el territorio nacional y los espacios de soberanía e interés -marítimos, aéreos, y los del ciberespacio con una dimensión de defensa- se actuará habitualmente con capacidades propias».

La Defensa entonces debe de estar en la respuesta a la desinformación como amenaza a nuestra seguridad, con instrumentos compartidos en el marco de la UE y la OTAN pero sobre todo con medios nacionales.

Entendemos por tanto que el Ministerio de Defensa se está preparando contra la desinformación, suponemos que contratando cientos de periodistas, aunque si la respuesta no es incluir en nómina a especialista de comunicación sospechamos que el interés de Defensa se centra en las redes, por donde circula información, desinformación, datos y el mando y control de sistemas militares: «el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados, y en general el ciberespacio, es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI», añade la DDN.

«Los escenarios de actuación para las Fuerzas Armadas han aumentado en complejidad desde la publicación de la última Directiva de Defensa Nacional 2012 (…). En el ciberespacio y en el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción y mantengan la aplicación de sus estrategias dentro de una zona gris, situado por debajo de lo que han identificado como nuestro umbral de respuesta».

Lo anterior significa que los conflictos híbridos y la desinformación son escenarios ambiguos, elegidos para evitar un conflicto directo, algo contradictorio con la visión alarmista que rezuma la DDN.

La desinformación es un fenómeno que afecta principalmente a la comunicación, por lo que acierta la Directiva cuando sitúa ahí los objetivos: «Para hacer frente a las estrategias híbridas se perseguirá alcanzar una adecuada integración de los recursos disponibles en todos los ámbitos, sean civiles o militares, nacionales o multinacionales con la finalidad de preservar la seguridad, mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad».

Criterio de actuación que además debe ser compartido entre departamentos: «El Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano».

Por aquí figura lo más interesante de la Directiva: el compromiso del Gobierno en ofrecer información veraz y atractiva, el único camino para ganar en credibilidad y convertirse en referencia a la que acudir cuando nos ataque una campaña de desinformación.

Informe de Seguridad Nacional

Un segundo indicador tras la DDN de cómo se contempla la desinformación desde el ámbito de lo público es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, aprobado en marzo, dado a conocer en mayo y previsto presentar en el Parlamento este junio de 2020.

Ya en la introducción, el Informe señala que «especial mención merecen las amenazas híbridas, uno de cuyos componentes es la desinformación, que mediante la manipulación de la información a través de Internet y las redes sociales provoca la polarización y radicalización de la ciudadanía». Se define por tanto la desinformación no como una amenaza o un desafío, sino como un ingrediente de las amenazas híbridas.

«Se ha asentado la consolidación de la ‘zona gris’ en el tablero de juego estratégico. La nueva normalidad (sic) registra con cotidianidad operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares, para movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública, y desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales».

Se trata por tanto de un fenómeno a tener muy en cuenta, especialmente durante el año pasado:»Las amenazas híbridas y la desinformación han sido elementos de atención prioritaria en 2019 de forma general, como vector de preocupación para la ciudadanía; y con carácter concreto, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los procesos electorales».

Durante el último año menciona el informe como momentos de especial precaución las elecciones generales de abril y noviembre; las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo; una cumbre del G7 en Biarritz en agosto; y algo indeterminado en octubre que parece tener relación con la sentencia del Supremo del proceso independentista en Cataluña, previendo algún tipo de consecuencia digital que no se produjo: «En las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa, que, sin embargo, no han constituido campañas sostenidas o masivas de desinformación».

En el apartado de conclusiones, el Informe de Seguridad Nacional sitúa la desinformación -en compañía de otros- a la cabeza de nuestras inquietudes: «Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a las infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración Pública».

La desinformación no centra ninguno de los 15 ámbitos de seguridad nacional desarrollados en el Informe, aunque aparece por muchas de sus 280 páginas.

¿Dónde sitúa el Departamento de Seguridad Nacional / el Gobierno la desinformación? Preferentemente en dos ámbitos: la contrainteligencia, es decir, servicios de inteligencia extranjeros, y en España campo de actuación del CNI; y la ciberseguridad, infraestructuras críticas, seguridad informática, redes de comunicación, campo amplísimo con un carácter tecnológico-industrial en cuanto a los canales físicos que lo soportan y se defienden.

En el planteamiento anterior difícilmente entrarían fenómenos bien concretos de desinformación procedente de por ejemplo la extrema derecha patria o aliada; o quienes la practican por motivos de rentabilidad económica, en ocasiones unidos.

En cuanto a la Contrainteligencia, se afirma que son de especial importancia «las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales». Se apunta por tanto al escenario, no a quien lo coloca allí. «Esto es así por su potencial de desestabilización política, pues pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas».

Por tanto la polarización política que persiguen estas campañas de desinformación no han actuado en las diversas convocatorias electorales de 2019, que es su momento, siempre considerando que el auge de la extrema derecha en España no descansa en estos instrumentos, que utiliza profusamente, sino en otros no especificados.

Los responsables de la seguridad nacional que elaboran de forma mancomunada este informe no parecen muy interesados en actores nacionales. «Especialmente relevante -añade el Informe- es el caso de los denominados Servicios de Inteligencia Hostiles, en sus distintas vertientes, que habrían comenzado a incrementar su actividad en España con anterioridad a la crisis en Cataluña, en coherencia con un mayor dinamismo advertido en otros países occidentales (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), centrando sus acciones en campañas de desinformación que ponen el foco en cuestiones de política interna, especialmente desarrolladas en el ámbito cibernético». Por exclusión el redactor se refiere a Rusia.

Y ¿qué se ha hecho? «De especial relevancia ha sido la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’. No parece que ese documento sea uno difundido por aquellas fechas por el Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- con algunos consejos útiles para enfrentarse a la desinformación, sino un documento de funcionamiento interno que no es público. Relacionado con el Procedimiento puede estar la creación de una célula de contacto que la Unión Europea ha aconsejado a los países para intercambiar alertas e información.

En relación con la ciberseguridad, el Informe señala que la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo señalado con mayor grado de peligrosidad, por el nivel de impacto y posibilidad de que ocurra, se nos dice.

Entre las realizaciones, el Informe menciona «combatir la desinformación en línea y las noticias falsas a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del Departamento de Seguridad Nacional, ambos de la Presidencia del Gobierno». Esto último tiene más lógica, que ante un problema de información actúe la Secretaría de Estado de Comunicación, aunque tenga menos glamour que otros departamentos de la Administración General del Estado.

En diversos apartados del Informe de Seguridad Nacional se hace referencia a las actuaciones de la Unión Europea sobre desinformación, como marco y como desarrollo nacional de directrices procedentes de Bruselas, que está especialmente activa desde 2017 en estos temas y elaboró un Plan de Acción a finales de 2018 y en fechas recientes como el 10 de junio ha aprobado una Comunicación sobre el tema. No cabe aquí analizar el desarrollo de la UE en este campo, de enorme interés, sólo apuntar que la Unión ha dejado informes con contenido sobre el tema y ha focalizado mucho su actuación en las grandes plataformas digitales que soportan la información, la desinformación y el entretenimiento (enlace aquí a artículos del autor sobre desinformación y UE).


Una importante novedad del Informe de Seguridad Nacional de 2019 es que incopora por primera vez una encuesta de percepción en la que han participado un centenar de especialistas, una especie de análisis de riesgos a futuro (Horizonte 2022), con impacto y grado de probabilidad de las amenazas, donde el ciberespacio ocupa la primera posición.

Se refiere la prospectiva al «análisis de cinco factores de carácter predominantemente tecnológico y asociados a la vulnerabiliudad del ciberespacio: el acceso a la información y datos sensibles, los ciberataques, el uso ilegítimo del ciberespacio para llevar a cabo actividades ilícitas, como por ejemplo acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo, los ciberataques específicamente dirigidos contra las infraestructuras críticas, y las amenazas para la seguridad y la competitividad económica derivadas de las tecnologías disruptivas». Demasiados ingredientes en este párrafo para darle alojamiento en la misma casa (en un caso parecido, El Gran Combo de Puerto Rico cantaba ‘no hay cama pa’ tanta gente’).

Por resumir, el Informe de Seguridad Nacional 2019 sitúa la desinformación como una amenaza procedente de Estados / servicios de inteligencia extranjeros; y como uno de los fenómenos peligrosos del ecosistema digital, al mismo nivel digamos que virus informáticos que pudieran atacar o controlar una central nuclear, el abastecimiento de agua potable de una gran ciudad o el mando y control militar de un sistema de armas.

La interpretación anterior dejaría fuera del fenómeno la dimensión nacional de la desinformación (actores locales), no entra en la forma de reforzar la credibilidad de las instituciones (y de los medios de comunicación tradicionales) o la capacidad del ciudadano para interpretar la avalancha de contenidos digitales; se obvia también la dimensión empresarial que afecta hoy en forma de crisis existencial a muchos de los agentes productores de información.

La desinformación es algo que viene de fuera y es digital, se nos viene a decir, y además peligrosísima, capaz de alterar elecciones e incluso mentes, generalizaciones gigantescas y amenazas no contrastadas.

En muchas ocasiones las referencias a la desinformación en los documentos sobre seguridad nacional se asemejan a un recurso retórico, que cobra importancia por la compañía, por el cóctel que se dice que forma con otros ingredientes peligrosos.

La desinformación cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada como una amenaza casi existencial, al calor del ecosistema digital en el que vivimos; omnipotente, se nos dice, omnipresente y 24 horas activa a través de nuestro móvil, y si es difusa es tanto más amenazante, pero cabe objetar que carecemos como ciudadanos de ejemplos concretos que nos permitan calibrar sus efectos; y además entendemos que los responsables públicos de la seguridad habrán puesto en marcha una respuesta proporcional a tan descomunal amenaza, de lo que tampoco tenemos pruebas. Sospechamos que nuestro Estado y Fuerzas Armadas están mejor dotados para la guerra antisubmarina en mitad del Atlántico que para las amenazas que encabezan los documentos estratégicos.

Existen sin duda estudios de interés en el ámbito militar sobre la amenaza híbrida, las operaciones de información y de influencia, la actuación rusa en Ucrania y china en sus aguas e islas de interés, damos por hecho que España-OTAN lo analiza y aplica en su política exterior.

Sin embargo quizá debería considerarse un objetivo de seguridad nacional empoderar al ciudadano para que sea capaz de discriminar la información fiable del bulo (alfabetización mediática); potenciar la comunicación estratégica («veraz y atractiva», fiable añadiríamos) de los organismos públicos; el espíritu crítico y el conocimiento/cultura sobre el ecosistema ciberinformativo en el que nos movemos. También en este campo de la desinformación, la seguridad parece moverse al margen del ciudadano al que protege.

Confusión es el principal objetivo de la desinformación y despejar la confusión debería ser el primer elemento para combatirla.

A cada actor, agente, ámbito, hay que pedirle de lo que es capaz. Los medios de comunicación no tienen la misión de transmitirnos la realidad, sino la excepcionalidad. El ámbito de la seguridad no parece llamado a explicarnos a qué nos enfrentamos en materia de desinformación, sino que alerta de los riesgos, presentados con otros de forma tan gris y ambigua como la amenaza donde la enmarca.

Seguiremos buscando.

Libertad, epidemia y el vínculo social

Juan Carlos Pérez Cortés

En el barrio de Salamanca de Madrid se está dando estos días una situación sorprendente. Quienes poseen casi todo están tomando la calle al grito de “¡Libertad!”. Una calle que ya no es del ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, como en 1976. Ahora es de la gente… e incluso las élites son gente. La irresponsabilidad de llevar a cabo concentraciones en una circunstancia sanitaria epidémica es evidente, pero el objeto de análisis que me interesa aquí tiene más que ver con las consignas que se escuchan y el pensamiento que subyace, examinado desde el punto de vista de los aspectos éticos y afectivos que nos unen o deberían unirnos como sociedad.

Las ideas abstractas de libertad y de derechos individuales, como todos los conceptos morales que están ampliamente aceptados, parecen algo natural que surge de nuestra esencia como seres humanos. Pero, por supuesto, no son nociones directamente basadas en la experiencia y la empatía, como por ejemplo la preocupación por evitar el dolor de otra persona o la aflicción al perder a alguien cercano y querido. Son conceptos más complejos, difíciles de concebir intuitivamente o considerar en una reflexión rápida. Requieren un marco conceptual que los contextualice.

El marco atomista de Taylor sirve de soporte ontológico para la concepción neoliberal de los derechos como algo por encima del contexto social. En ese marco, la pertenencia a una sociedad, el apoyo mutuo y la solidaridad son elementos secundarios. Los derechos (a menudo suplantando lo que realmente son privilegios) corresponden al individuo como tal y considerarlos condicionados al bien común se plantea como un peligro para la libertad.

En un sentido opuesto, Herbert Marcuse, en la década de los 60 del siglo pasado, hace un análisis de las sociedades tecnológicas y de consumo en el que estudia entre otras cosas las necesidades creadas en su seno para fabricar la identidad individual de poder y para establecer una posición social –no para satisfacer verdaderas carencias o aspiraciones– y también examina la dificultad de llevar a cabo cambios profundos dentro del sistema o mediante una revolución clásica, proponiendo que la única vía sería un despertar de la solidaridad como «necesidad biológica», una idea que cobra un sentido profético en estos días de lucha colectiva contra un enemigo común en forma de virus.

Su influyente obra contiene una amplia y potente crítica a los mecanismos de control, dominio y explotación en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, plantea que las auténticas libertades y derechos únicamente pueden darse en un sistema que asegure la satisfacción de las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad y que solo sobre esta base se deberían interpretar los derechos de las personas y la libertad individual.

La ventaja hegemónica que está consiguiendo el primero de estos relatos en el universo simbólico dominante del final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI es lo que provoca la sensación en muchas personas de que algo falla. De que quien está demandando libertad lo hace desde una paradójica posición privilegiada, inmovilista y reaccionaria. El grupo social que en la España de hace cincuenta años abominaba de ese término ahora lo enarbola como bandera y lo reivindican pancartas y discursos de partidos de derecha y ultraderecha mientras evocan imágenes de viejos dictadores. Sí, algo está fallando.

Porque desde otros lugares hemos mantenido viva la visión que adopta el segundo escenario de interpretación –el de Marcuse– alejado del individualismo, reivindicando una mirada colectiva que combine el concepto de soberanía personal con el compromiso de ayuda mutua. Rechazando la coacción y al autoritarismo, pero al mismo tiempo defendiendo un orden derivado de la responsabilidad personal con el colectivo. Es la idea de libertad que subraya la autodeterminación individual supeditada al bienestar común, que pone la libertad del primero al mismo nivel que la libertad del último o (más probablemente) la última. Esto exige una configuración social de apoyo, cuidado y compromiso responsable: un vínculo con los demás, individualmente con cada persona y colectivamente con la comunidad.

Y es que las sociedades pueden verse desde arriba. Analizarse como un complejo dispositivo que requiere gestionar los recursos, los servicios públicos, los flujos de producción, la movilidad, las correlaciones de fuerzas, los problemas de convivencia entre grupos, las tensiones territoriales y tantos otros factores. Pero también pueden mirarse desde abajo y contemplar así una urdimbre configurada en forma de gran red de relaciones entre personas. Y las relaciones, en su sentido más amplio, son fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo requieren de compromiso y responsabilidad.

Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte fácil o divertida de las relaciones y por ello, a ese nivel más cotidiano, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra “libertad” suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa: la de tener en cuenta lo que necesitan las demás personas.

De hecho, hay en general un fuerte sesgo de género en este fenómeno. La aversión a la comunicación, a los compromisos, a la solidaridad y al trabajo emocional son más evidentes en las personas socializadas como hombres. A nosotros nos enseñan a negociar con éxito, a buscar acuerdos favorables, a intercambiar para ganar. Las mujeres, sin embargo, han recibido en su socialización desde todos los ámbitos la instrucción de cuidar, agradar, ceder, buscar la concordia y la armonía.

Todavía, la construcción de sentido de las identidades masculina y femenina, y sus roles más comunes, dan lugar a estas orientaciones de las conductas. Y la supremacía masculina en el diseño y la articulación social en el espacio de lo público, frente a la asignación predominante de lo femenino al entorno de lo privado –sobre todo en los ambientes más inmovilistas– es una de las razones por las que la narrativa de la libertad personal sin matices ni límites configura el relato político de esos sectores.

Pero si insistimos en poner el foco en esa mirada desde abajo, que percibe en primer plano el vínculo del individuo con sus semejantes y con la red social, si consideramos nuestra realidad en común no como un mercado sino como una relación –un vínculo con ese tejido de otras personas enlazadas a su vez entre ellas– entramos en otro plano, en otro campo semántico donde importan cosas distintas y la gestión no se compone de papeles, sellos y trámites sino de comunicación, empatía, consideración y cuidado. Es la política de lo personal.

En ese plano son nociones como la del compromiso consciente y responsable las que actúan de elementos reguladores de los conceptos abstractos de derechos y libertad que han encontrado un eco amplificador y distorsionador en las concavidades del individualismo liberal. Pero en la vida diaria de personas y sociedades, sobre todo en el segmento de las clases medias-altas, la idea de compromiso está eclipsada por una constante actividad de negociación de acuerdos, de estipulación de condiciones y firma de contratos.

Las leyes definen que los contratos, para ser válidos, han de ser suscritos libremente y sin presiones, pero nadie es tan ingenuo como para pasar por alto que las posiciones a la hora de negociar –incluso dentro de la estricta legalidad– no son siempre equilibradas. Quien tiene la necesidad de vender un bien, un servicio o su fuerza de trabajo está supeditado a una presión que debilita su capacidad negociadora y concede ventaja a la otra parte. Quien tiene menos conocimientos, experiencia, contactos, respaldo financiero, margen temporal, acceso a la información u otros beneficios competitivos, tendrá más difícil alcanzar un buen trato.

Y en ese escenario vivimos, y en ese escenario viven las élites arropadas por el privilegio que hace que entiendan el mundo como el parqué de una plaza bursátil. El contrato social que imaginaron Hobbes, Locke y Rousseau se percibe desde ese marco como una transacción en la que hay que desequilibrar la balanza a favor de mis posiciones. No es un vínculo con la sociedad que he de cuidar y cultivar, sino una negociación que he de ganar. Porque “yo lo valgo”. No hay un compromiso, hay una compraventa.

Decía Bakunin que el contrato social era una argucia dialéctica para dar cobertura a la ilegitimidad intrínseca del proceso de imponer la autoridad por parte del Estado, en lugar de alcanzar la soberanía popular de forma emergente a partir de principios racionales. Pero sin necesidad de compartir posiciones anarquistas, esta pandemia nos está confirmando que esto no va de comercio, de negocios ni de dividendos. Que no es el contrato social en bruto y desregulado, sino el compromiso colectivo lo que nos puede salvar. Intentemos trasladar al ámbito de lo público las fórmulas que nos gusta valorar y disfrutar en nuestras relaciones. Podemos vivir y entender lo político como vivimos y cuidamos nuestros vínculos. Y, desde luego, con palos y cacerolas podrán ensordecernos, pero no nos van a seducir.

El autor acaba de publicar:

Anarquía Relacional. La revolución desde los vínculos.

Editado por La Oveja Roja

«Una revolución desde los afectos: esa es la propuesta principal de este libro, que entreteje los principios del anarquismo social con el deseo de extender el ámbito de lo político a las formas que damos a nuestras relaciones».

Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

El ingreso mínimo vital, una cuestión de derechos

María Dalli

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España va a poner en marcha, previsiblemente en el mes de mayo, el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de un hito, pues por primera vez el gobierno central pondría en marcha una política de prestaciones de último recurso con independencia del historial de contribución del solicitante y más allá de las prestaciones familiares o por discapacidad. De esta forma, el IMV iría más allá de las prestaciones no contributivas o asistenciales de la seguridad social que han existido hasta el momento, con la finalidad de cubrir a toda persona en situación de pobreza o de exclusión social, cuyos recursos económicos no superen un determinado límite. Esta actuación del Estado se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la seguridad social. Hasta ahora, como prestaciones asistenciales de último recurso han existido las rentas mínimas de inserción autonómicas, que surgieron a raíz de la atribución a las mismas de la competencia en materia de asistencia social según el artículo 148.1.20ª de la Constitución.

Más allá del acogimiento con el que cabe esperar esta medida, es importante no olvidar que, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos. En este sentido, sería conveniente que el nuevo IMV estatal no reincidiera en los problemas en relación con los cuales ya se ha llamado la atención a España repetidamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por estas razones, tras mencionar las principales características hasta el momento conocidas del nuevo IMV, con este texto pretendo destacar la consideración de la asistencia social como derecho humano así como recordar los problemas que, desde una perspectiva de derechos, el IMV debería abordar.

Previsiblemente, el IMV consistirá en una prestación económica para aquellas personas con menos de 200€ de ingresos mensuales si viven solas, o con menos de 450€ si viven en pareja. La cuantía a reconocer sería de aproximadamente 500€, aunque también se ha barajado que podría consistir en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente situado en 430€ mensuales. Además, a esta cantidad se sumarían 250€ más si hay otro adulto sin ingresos en el domicilio familiar, más 150€ por hijo en casos de familias monoparentales, o de 100€ por hijo en los demás casos.  Así pues, la cuantía se aumentará para cada caso según las características del hogar familiar, la existencia de hijos y según exista o no algún miembro en la familia con discapacidad. El IMV se espera implementar de forma progresiva, a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura. A partir de este IMV, las Comunidades Autónomas podrán introducir los complementos que decidan en términos de dotación o adoptando otras direcciones de integración. En este sentido, el IMV irá acompañado de estrategias de activación laboral, así como de itinerarios de acogida y de integración.

Como comentaba, la asistencia social es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que el IMV ha de analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 1.3 insta a los Estados a implementar sistemas universales de protección social. Tradicionalmente, la lucha contra la pobreza así como las ayudas a familias en situación de exclusión se han abordado más como una cuestión de caridad que como una obligación del Estado. Ahora bien, este paradigma se transforma con el reconocimiento internacional de los derechos humanos y con la asunción de obligaciones en la materia por parte de los Estados. Así, si bien el derecho a la asistencia social no se ha reconocido de forma explícita en el sistema de protección de las Naciones Unidas, sí se reconocen derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado así como el derecho a la seguridad social, los cuales incluirían la asistencia social. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como más tarde, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un nivel adecuado de vida para toda persona, lo cual incluye alimentación, abrigo y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la seguridad social se reconoció asimismo en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el artículo 9 del PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisión del PIDESC, ha desarrollado, a través de las Observaciones Generales y, en particular, la Observación General núm. 19, una serie de principios que son relevantes para entender las implicaciones del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano. Así, ha de cumplirse con los elementos de disponibilidad de las prestaciones, la adecuación y la accesibilidad, la cual incluye cuestiones como la asequibilidad de las prestaciones y la importancia de la participación y la información. Además, la tipología de obligaciones estatales incluye tanto deberes negativos (de no intervenir negativamente) así como deberes positivos (de actuación; como la protección, la promoción y la realización o el cumplimiento). El IMV supondría el avance en el cumplimiento de esta obligación positiva de realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando la prestación cumpla con los estándares de los derechos. ¿Y cuáles son estos estándares? En este punto, los Principios Rectores sobre Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomiendan la incorporación de los principios de la dignidad, la universalidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la protección social.

El sistema europeo de protección de los derechos aporta una mayor clarificación en relación con las características concretas que habrían de incluirse en el diseño e implementación de las rentas mínimas. Estos desarrollos se deben al reconocimiento del derecho a la asistencia social en el artículo 13 de la Carta Social Europea, así como a la actividad de monitorización de la Carta llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Así pues, el artículo 13 de la Carta Social Europea reconoce el derecho a la asistencia social junto con la asistencia médica, por el que los Estados parte se comprometen ‘a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado’ (artículo 13.1).

De acuerdo con el CEDS, el derecho a la asistencia social supone una ruptura con el concepto tradicional de asistencia ligado al deber moral de prestar caridad a los necesitados.  La asistencia social se entiende como prestaciones que tienen como objetivo responder a situaciones de necesidad individual, sin requerir ningún tipo de afiliación a la seguridad social ni requerir tampoco actividad profesional o cotizaciones sociales. Como parte de mi investigación postdoctoral, financiada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, pude identificar un listado de estándares para definir el derecho a la asistencia social y sus implicaciones, lo cual fue el resultado del estudio de las conclusiones del CEDS a todos los Estados parte de la Carta obligados al cumplimiento del artículo 13. Con la finalidad de contribuir a la clarificación de este derecho y de las obligaciones de los Estados, estos estándares guardan relación con una amplitud de cuestiones como la titularidad, la duración de las prestaciones, la cuantía, la organización territorial, el test de recursos económicos, las medidas de activación, o el sistema de sanciones y de recursos (puede accederse a las conclusiones de este estudio en el artículo publicado por la European Journal of Social Security en su primer número del volumen 22 de 2020, con el título ‘The content and potential of the right to social assistance of Article 13 of the European Social Charter’).

Aquí me interesa recordar los motivos por los cuales el CEDS consideró que España no cumplía con el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta, según las últimas conclusiones en 2017 (Conclusiones XXI-2). De acuerdo con el Comité, el Estado español no se situaba de conformidad con la Carta Social Europea y con las previsiones del artículo 13 debido a los requisitos de edad para acceder a las rentas mínimas de inserción regionales, la duración máxima de las prestaciones, la cuantía de las mismas y los requisitos de residencia o empadronamiento en la Comunidad Autónoma. Así pues, la mayoría de las Comunidades requieren que los solicitantes de las rentas mínimas tengan como mínimo 25 años de edad, salvo algunas excepciones. Además, las rentas mínimas no suelen reconocerse durante todo el tiempo que dure la situación de necesidad. La duración de la residencia requerida afecta a las personas que se mueven entre una región y otra, pues pierden el derecho a la renta mínima durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a ser elegibles. La cuantía de las prestaciones tampoco es la adecuada. Así, en 2014, la cuantía media de las rentas mínimas era de entre 300€ y 665.9€ mensuales según la Comunidad Autónoma, mientras que el límite por debajo del cual una persona se consideraba en situación de pobreza era de 552€ al mes, en 2014. La asistencia social, así pues, caía por debajo del límite de pobreza en la mayoría de comunidades españolas.

En cuanto las medidas de activación laboral, el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta Social Europea permite la implementación de este tipo de medidas. Ahora bien, la activación laboral debe ser consistente con la finalidad de las prestaciones, la cual es la superación de la situación de pobreza y de las dificultades del individuo. En caso de que la prestación quede suspendida por el incumplimiento de las obligaciones de activación, la ayuda de emergencia siempre debe estar disponible pues no se puede dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda económica en caso de necesidad. Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. Las rentas mínimas de inserción suelen imponer estrictas obligaciones en materia de activación laboral, cuyo cumplimiento es necesario para el mantenimiento de las prestaciones. Dada la situación de precariedad laboral que existe en España, el resultado de las medidas de activación puede ser la obtención de empleo de bajo salario, temporal, que puede empeorar las dificultades de las personas beneficiarias de las ayudas. Además, de acuerdo con la European Minimum Income Network, no se estarían poniendo en marcha mecanismos de inclusión para las personas en situación de exclusión social a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de empleo y los servicios sociales.

Así, un sistema demasiado enfocado en la activación laboral podría estar dejando de lado la implementación de medidas de inclusión social más amplias que sean capaces de abordar de forma adecuada el problema de la exclusión social. Las medidas de activación deben aplicarse de forma flexible teniendo en cuenta los horarios dedicados al cuidado, en especial en el caso de las familias monoparentales. Además, los beneficiarios deben poder participar en la elaboración del plan de integración.  Otras críticas comunes de las rentas mínimas de inserción autonómicas son las diferencias territoriales, el tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se recibe (de dos a tres meses en la mayoría de las regiones), las restricciones para acceder a las prestaciones, que afectan principalmente a los inmigrantes recién llegados, los jóvenes, las unidades familiares formadas de forma reciente y a las personas sin hogar, de acuerdo con la European Social Policy Network. Otro problema es la falta de precisión y claridad de las regulaciones lo cual deriva en la toma de decisiones discrecional por parte de las administraciones.

La Plataforma DESC, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil española, en su informe alternativo a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal a España, recomendó ‘garantizar el derecho a las rentas mínimas reconociéndolo legalmente con regulaciones precisas que eviten las decisiones arbitrarias; asegurando que cumplen las condiciones mínimas que permita reducir las desigualdades territoriales de forma que no excluyan a grupos vulnerables ni causen discriminación; incrementando los niveles de las rentas mínimas de inserción, para ser suficientes para llevar un nivel de vida digno’. También es relevante tener en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, guardan relación con las demoras en la tramitación de las solicitudes, las dificultades en la tramitación de los expedientes, la sujeción del reconocimiento del derecho a la disponibilidad presupuestaria o la implementación estricta de las medidas de activación laboral.

En el repaso de los principales problemas de las rentas mínimas ya existentes en España, y de las principales recomendaciones para abordarlos, no puedo dejar de lado una reclamación de vital importancia para la lucha contra la violencia de género en materia de prevención. Por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales y de instituciones extranjeras de derechos humanos, se ha denunciado el hecho de que las rentas mínimas siempre suelen transferirse a una cuenta bancaria única, lo que deriva en una ausencia de independencia financiera y no ayuda en la prevención de situaciones de violencia doméstica, pudiendo utilizarse la prestación como medida coercitiva. El Women’s Budget Group en el Reino Unido, la Equaliy and Human Rights Commission y, recientemente, el Comité de Trabajo y Pensiones del Parlamento británico han recomendado que los pagos deberían ingresarse en cuentas separadas, o bien deberían ingresarse al principal cuidador de la familia, permitiendo así que exista una fuente independiente de ingresos necesarios para vivir. Así pues, esta es una reclamación cuya aplicación también se debería considerar en el contexto español, en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, ahora sí, una demanda más y la recapitulación. En el contexto de la crisis del coronavirus, y en el caso de que se implementen sistemas digitales para procesar las solicitudes y el mantenimiento de las prestaciones, debe garantizarse que las personas sin acceso a los ordenadores o sin las habilidades necesarias para su manejo no quedan excluidos del sistema de ingresos mínimos. Por último, recapitulación: las rentas mínimas, o la asistencia social, es una cuestión de derechos humanos. No es caridad, es cumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por el Estado. En el diseño del nuevo IMV, y en el camino hacia su implementación, no se olviden de las demandas de los derechos.

Foto: Fernando Flores

Estado de alarma y limitación de derechos: ni excepción, ni suspensión

Joaquín Urías

Los apartados más bizarros y a la vez más peligrosos de la Constitución son aquellos que prevén la posibilidad de dejar de aplicar el orden constitucional. Se suelen explicar con la idea de “defensa de la Constitución” a partir de un malabarismo ideológico como es el de pensar que a veces la Constitución necesita suspender su vigencia para defenderse de una amenaza.

Detrás de esa forma de razonar, está para muchos la sospecha -o el convencimiento- de que la democracia no es el mejor sistema para afrontar una crisis. Esa añoranza de las dictaduras es un enfoque simplista. En realidad, la democracia se sustenta en un complejo equilibrio de facultades y voluntades que concurren y se enfrentan, hasta configurar la gestión colectiva de lo público. Ante determinadas amenazas, que exigen procedimientos rápidos, claros y operativos, el sistema democrático puede necesitar reducir su complejidad de manera temporal: se trata de simplificar el ordenamiento, sin perder la esencia que lo caracteriza como democrático.

Cuando se hace, hay que estar especialmente vigilantes de que sea sólo por una necesidad real e imperiosa; de modo temporal y provisional; y conforme a lo que establece la propia Constitución.

En este sentido, además de la suspensión individual de garantías (art. 55.2 CE) y la intervención de Comunidades Autónomas (art. 155 CE), la Constitución contiene la posibilidad de declarar alguno de los tres estados excepcionales previstos en el art. 116 CE. Su desarrollo aparece en una vetusta Ley Orgánica aprobada en el año 1981, poco después del intento de golpe de Estado del 23F. Así, el estado de alarma permite enfrentar epidemias, catástrofes naturales o desabastecimientos. El de excepción se prevé para alteraciones graves del orden público. El de sitio para ataques armados contra la soberanía o la integridad territorial del país.

Cada una de estas situaciones excepcionales permite al gobierno adoptar una serie de medidas. Respecto a ellas, la Constitución señala que durante la vigencia del estado de alarma pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos, pero no pueden suspenderse éstos. En los estados de excepción y sitio, en cambio, sí se pueden suspender algunos derechos: esencialmente los relativos a las garantías de la detención, a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, a circular libremente, a manifestarse, a la libertad de expresión, y a la huelga.

En nuestro sistema, claramente, la diferencia entre los tres estados excepcionales no es de grado. No se trata de que a medida que una situación se hace más grave el Gobierno puede ir subiendo la entidad de la declaración, sino de que, según la naturaleza de la emergencia, cabe adoptar uno u otro. Las medidas permitidas están en consonancia con las necesidades derivadas de la naturaleza de cada una de las amenazas previstas.

El 14 de marzo pasado el Gobierno aprobó el decreto 463/2020 que instaura el estado de alarma. Es razonable, puesto que la epidemia del COVID-19 supone una amenaza a la salud que entra plenamente en lo previsto para la alarma.

En consonancia con ello dictó algunas medidas destinadas a unificar la dirección política y sanitaria de la crisis para todo el Estado, otras que permitían la intervención de bienes privados y la movilización de personal si llegara a ser necesario y, sobre todo, acordó el confinamiento obligatorio de toda la población en sus casas con la salvedad de los casos en los que se permite salir de ellas.

Algunos políticos de la oposición, y hasta algún jurista despistado, afirman que las medidas acordadas para frenar esta epidemia suponen una suspensión de derechos. Es una afirmación falsa que, sobre todo, ignora la esencia de los derechos fundamentales.

España, con la pesada carga de una historia donde la libertad nunca ha sido bien recibida, tiene aún enormes carencias en cuanto a la doctrina de los derechos fundamentales. Nuestros juristas suelen hablar del contenido de uno u otro derecho, sin preocuparse demasiado por mantener una teoría coherente y operativa sobre qué son y cómo funcionan los derechos fundamentales.

Los derechos son espacios de libertad ciudadana resistentes frente al poder. Son facultades que los poderes públicos no pueden limitar ni restringir, pues configuran lo que en términos grandilocuentes se conoce a veces como la libertad. Son intocables para todos los poderes del Estado.

Aún así, en España ya prácticamente hemos aceptado que los derechos no vinculan a los jueces, que se los pueden saltar alegremente alegando que los “ponderan” con otros valores más importantes. Ahora -al hilo del estado de alarma- se está recuperando la idea decimonónica de que los derechos fundamentales son sólo principios inspiradores: normas filosóficas sobre cómo debían ser las cosas, sin contenido jurídico claro. En ese batiburrillo desaparece también la diferencia entre limitación y suspensión de un derecho.

Pese a ello, lo cierto es que en una democracia los derechos tienen un contenido esencial intangible. El núcleo del derecho no admite restricciones, es algo que se tiene o no se tiene, sin matices posibles. Durante el estado de alarma los derechos no desaparecen, durante el de sitio, en cambio, pueden dejar de estar provisionalmente en vigor.

Así, el derecho de manifestación es el derecho a protestar colectivamente utilizando el espacio público, aunque la Constitución permite prohibirlas cuando haya peligro para las personas. Si el derecho de manifestación estuviera suspendido, simple y llanamente no se podrían convocar manifestaciones de ningún tipo. Como estamos en estado de alarma, el derecho sigue tal cual. Igual que en situaciones normales, todos podemos convocar una manifestación pero si eso supone un peligro para la vida de las personas, nos lo pueden prohibir.

Evidentemente, el riesgo de contagio llevará a que se prohíban muchas manifestaciones. Pero, como el derecho no está suspendido, cada vez que eso suceda los convocantes podrán acudir a un juez para que controle si efectivamente en ese caso había peligro o no.  Si estuviéramos en estado de excepción con el derecho suspendido, no sería posible ese control judicial de cada caso. Estaría prohibido manifestarse y punto.

Lo mismo sucede con la libertad religiosa: el derecho a tener una religión y a efectuar actos privados de culto es intocable y ni siquiera se puede suspender durante el estado de sitio. La celebración de actos de culto externo, en cambio, es una manifestación de religiosidad sometida al respeto de otras normas. Igual que no es evidente que se puedan tocar las campanas de una iglesia o hacer un llamamiento a la oración a las tres de la madrugada, tampoco lo es que se puedan reunir centenares de personas en una iglesia durante la pandemia. Quienes dicen que en estos momentos la libertad religiosa está suspendida no tienen ni idea de lo que es suspender un derecho: si lo estuviera -cosa imposible en democracia- se podría prohibir rezar incluso en privado.

Pongo estos ejemplos por no hablar del derecho fundamental a la libertad deambulatoria del art. 19 CE. Nadie con un mínimo de formación jurídica puede pensar que el contenido esencial de ese derecho incluya la facultad de pasar por cualquier sitio o usar cualquier calle. Si el desarrollo de unas meras obras de reparación urbana es constitucionalmente suficiente para prohibir pasar por determinado lugar o a determinada hora, sería absurdo pretender que las medidas actuales han suspendido un derecho de contenido tan dúctil. No estamos ante una prohibición absoluta de desplazarse sin previa autorización. Es evidente además que si estuviera suspendido ese derecho, no serían impugnables las limitaciones de movimientos inútiles para la protecciónde la salud. Pero ése, afortunadamente, no es el caso.

Así, durante el estado de alarma pueden limitarse proporcionadamente algunas manifestaciones accesorias de los derechos fundamentales, pero no está prohibido el núcleo de los derechos.

En estos momentos, es un disparate proponer la declaración del estado de sitio. Tan sólo el sueño húmedo de algún totalitario reprimido podría llegar justificar que para afrontar una epidemia sea necesario suspender los derechos fundamentales y el normal funcionamiento de la democracia o militarizar la administración pública.

La amenaza que sufrimos es de las que se enfrentan con el estado de alarma. Eso no excluye que en esta ocasión algunas de las medidas aprobadas contra la epidemia pueden ser desproporcionadas. Tampoco que su aplicación puntual sea en ocasiones inconstitucional.

Si, por ejemplo, el confinamiento impuesto resulta innecesario en algún caso y no contribuye a combatir la epidemia, la medida concreta puede ser anulada por el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la aplicación, no me cabe duda de que al amparo del estado de alarma está habiendo excesos de las fuerzas de seguridad y hasta de los destacamentos militares que sancionan sin motivo o vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía.

Todos esos casos deben ser revisados judicialmente. Y pueden serlo, precisamente, porque los derechos no están suspendidos. Quien crea que se han suspendido los derechos tendrá que aceptar que, entonces, no es posible violarlos.

No puede violarse lo que no se tiene, pero si eso sucediera, con estado de alarma o de excepción, en estos momentos sería un atentado al sistema democrático. Afortunadamente, con mayor o menor acierto en las medidas aprobadas y su aplicación, en esta ocasión la declaración de estado de alarma es absolutamente conforme a lo que exige nuestra Constitución. Podremos salir de la crisis y volver al funcionamiento normal de las instituciones sin que se haya producido una quiebra de la Constitución que ponga en riesgo la legitimidad del sistema.

Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.

 

Garantizar los derechos humanos durante estado de alarma

Jose Antonio García Sáez

Jorge Correcher Mira

Profesores de la Facultad de Derecho, Universitat de València

No, esto no es una guerra. El lenguaje bélico que han adoptado los responsables políticos hace un flaco favor a la cultura de los derechos humanos que debe acompañar a todo estado de derecho. Y hay que tener claro que aun durante la vigencia del estado de alarma, España sigue siendo un estado de derecho, es decir, un sistema político en el que cualquier autoridad que ejerza un poder lo hace sometida al imperio de la ley. Pero la lógica de la legalidad es una lógica incompatible con la lógica de la guerra. Como nos recuerda el jurista italiano Luigi Ferrajoli en Razones jurídicas del pacifismo, la idea de la guerra representa en última instancia la negación del propio derecho, que es —o, más precisamente, debe ser— un orden racional orientado a conseguir la paz social. En la guerra, la auténtica guerra, se vale todo. La guerra es la ausencia de normas por excelencia. Lo que podría denominarse como cultura de la legalidad o cultura de los derechos palidece ante situaciones como la actual, donde, paradójicamente, la excepcionalidad parece convertirse en norma, apelando —como en otros momentos históricos— a la creación de enemigos internos, o a la tolerancia cero como modelo de ordenación social.
Por eso resulta preocupante la retórica de la guerra que se ha apoderado del discurso oficial y del debate público. Es necesario emplear todos los medios posibles para terminar con un virus que ha creado una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Pero es al mismo tiempo necesario hacerlo sin abonar el camino de otro virus que puede ser igualmente fatídico: el virus del autoritarismo, que late en el discurso bélico y que se alimenta del caldo de cultivo que supone una sociedad que descuida los derechos. Deben ser cuidados por igual tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos. Respecto de los primeros, si alguna enseñanza podemos extraer de esta crisis multinivel, es nuestra gratitud con quienes defendieron en el pasado unos servicios públicos de calidad, al tiempo que se pone de manifiesto la deslealtad de aquellos que, amparados en (i)lógicas neoliberales, pretendieron reducir a su mínima expresión esa sanidad pública que ahora ensalzan.

Por su parte, el cuidado de los derechos civiles y políticos exige una actitud de permanente vigilancia a quien ejerce el poder. No se trata necesariamente de desconfiar de los servidores públicos, sino de establecer los mecanismos y garantías para que estos rindan cuenta de sus actuaciones. Es ahí donde la retórica belicista utilizada en la gestión de esta crisis contribuye a generar un nefasto estado de ánimo que tiende a exaltar las supuestas virtudes del incremento de la vigilancia policial y de la militarización del espacio público. Todos hemos podido ver estos días no pocos vídeos de tratos degradantes dispensados por policías a personas que aparentemente incumplían las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma. Y lo más sorprendente de todo es que en varios casos la actuación de la policía era no afeada, sino jaleada por las personas que presenciaban la escena desde sus balcones: la cada vez más activa policía de balcón. Encontramos aquí una nueva forma de linchamiento, reprobable per se, pero especialmente grave cuando los autoproclamados justicieros se dedican a abuchear a vecinos que se dirigen a su puesto de trabajo, a personas con problemas de salud mental, o incluso a los mismos sanitarios a los que aplauden cada día a las ocho de la tarde.

No se nos entienda mal. Pensamos que las medidas de confinamiento social decretadas por el gobierno y convalidadas por el parlamento tienen, en general, todo el sentido. Y consideramos que para hacer efectivas esas medidas se necesita intensificar la vigilancia policial y aplicar el régimen sancionador correspondiente. Pero hasta ahí. Como ha dejado claro la propia Oficina del Defensor del Pueblo, incluso en el estado de alarma los derechos humanos siguen vigentes porque “la democracia no se suspende”. Precisamente por eso, los vínculos y límites al ejercicio de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad son exactamente los mismos que rigen fuera del estado de alarma. Como es evidente, insultar, abofetear o empujar a una persona está tan fuera de lugar y es tan sancionable en el estado de alarma como fuera de él. El confinamiento no nos puede hacer perder la perspectiva de que el uso de la fuerza ejercido por los cuerpos policiales siempre está sometido a estrictos criterios de legalidad, proporcionalidad y congruencia. Sobre esto, cabe considerar que el estado de alarma no supone ninguna modificación excepcional dentro del Código penal, tampoco respecto del régimen sancionador en materia administrativa. No obstante, este último ámbito continúa regido por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como ley mordaza), normativa criticada desde distintos colectivos por la tanto por vaguedad de su articulado, como por el amplio margen de actuación que permite a los cuerpos policiales.

Medidas tan urgentes y graves como las adoptadas por el Real Decreto 463/2020,  por el que se declara el estado de alarma, o la Orden del Ministerio del Interior 226/2020, ciertamente ponen a prueba el talante y la actitud de los funcionarios policiales, puesto que —como ya ocurriera con la ley mordaza— la imprecisión de sus disposiciones les dota de un considerable margen de discrecionalidad. ¿Qué se considera, por ejemplo, una actividad análoga a las actividades permitidas por el Real Decreto? ¿Cómo se puede justificar debidamente un desplazamiento imprescindible? La urgencia propia de la redacción de la norma, incluso después de algunos ajustes, sigue siendo un coladero de imprecisiones, de términos ambiguos y vagos, que necesitan ser interpretados por el agente encargado de su aplicación. Eso es lo que llamamos discrecionalidad: la elección de uno de los posibles significados que permite una norma. La discrecionalidad es, en mayor o menor medida, inevitable en cualquier sistema jurídico, puesto que las normas están hechas de palabras y las palabras son, por su propia esencia, imprecisas. Pero esa discrecionalidad no puede ser nunca arbitrariedad, prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución. Actuar de forma arbitraria es actuar sin ofrecer motivos válidos, sin ofrecer razones. Actuar, en suma, de forma autoritaria. En este sentido, no cabe recurrir a la defensa de la seguridad para justificar una limitación de los derechos y libertades de la ciudadanía, pues supondría reforzar la errónea dicotomía seguridad vs. libertad, tan repetida siempre que se introducen medidas de carácter coercitivo en el ordenamiento jurídico. Así, la seguridad debe predicarse precisamente respecto de la libertad, también en relación con los derechos, de manera que cualquier arbitrariedad, por mucho que se quiera justificar por razones securitarias, sigue siendo contraria a la garantía de los derechos de la ciudadanía.

El mantenimiento de la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad es el requisito sine qua non de un estado democrático y de derecho. Por eso, incluso en las difíciles circunstancias del estado de alarma, la actuación policial no puede tornarse arbitraria. Evitar que eso ocurra depende de que seamos capaces de establecer tanto los oportunos sistemas de monitoreo y de responsabilidad en la actuación policial como de aumentar el conocimiento de sus propios derechos por parte de la ciudadanía. Una persona informada, que conoce sus derechos, aceptará ser sancionada si ha cometido una infracción, pero no admitirá un trato arbitrario y desconsiderado por parte de la autoridad.

Estas reflexiones nos permiten presentar el trabajo realizado estos días por nuestros estudiantes de la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Con los ánimos intactos para seguir con sus prácticas, han trabajado colaborativamente desde sus casas en la elaboración de este folleto, proporcionando una guía básica que ayude a la ciudadanía a conocer sus derechos durante el estado de alarma. Precisamente, la realización de este proyecto persigue una de las finalidades básicas de la enseñanza jurídica clínica, como es la aproximación del derecho a la sociedad. Los derechos fundamentales no pueden entender de excepciones, máxime cuando la manera en que solucionemos esta crisis determinará significativamente el tipo de sociedad que queremos ser. En lugar de exaltar esa guerra que supuestamente estamos librando, sería más conveniente animarnos a cuidar a las personas que tenemos a nuestro lado, a repensar determinadas actitudes vistas estas semanas y a poner siempre en el centro, como bien muestra la actitud de nuestros estudiantes, la defensa de los derechos como medio para conseguir una sociedad democrática.

Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.