Derecho a la desinformación

Carlos Penedo

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, advierte. Y, “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar (“expresar y difundir libremente”) y a ser informado (“recibir libremente información”). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, “información veraz”, que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La “información veraz” puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que “el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie”.

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

 

Restituir la palabra

Gabriel Moreno González

 

En estos tiempos de campaña electoral son frecuentes los ejemplos de mala educación de algunos candidatos y los descalificativos, constantes, en los que incurren. Las quejas contra esas estridencias intentan sin mucho éxito hacerse notar en medio de un ruido incansable de hipérboles, salidas de tono, acusaciones falsas y difamaciones varias que han venido a normalizar, con relativo éxito, un clima de crispación política sin igual en la historia de nuestra reciente y maltrecha democracia. Porque henos aquí con uno de los principales medios de atentar contra ella: el del maltrato permanente, sin rubor, del valor de la palabra.

            Los análisis sesudos sobre la calidad de los sistemas democráticos de “nuestro entorno” y los cientos de índices que a tal efecto se elaboran tienden a centrarse, exclusivamente, en las fallas de la institucionalidad o en el cumplimiento de los principios del Estado de derecho y la separación de poderes. Y no es que estén errados, puesto que países como el nuestro adolecen de múltiples vicios y “déficits” (como se dice ahora) lo suficientemente aparatosos como para que todos, en reflexión colectiva, empecemos a percatarnos ya de la gravedad de los mismos. Los casos recientes que están apareciendo y que se encuentran bajo investigación judicial, en los que se vislumbra un combalache de policías, periodistas y gobernantes con el objetivo de fabricar falsedades contra uno de los principales partidos políticos de España, nos ilustran mejor que cualquier deducción la necesidad de que sigamos cuidando y vigilando a unos poderes salvajes que, desde el interior del Estado, torpedean los principios que en teoría deberían presidirlo. Pero, más allá de la intensidad de estas realidades, sin duda graves por su mera existencia, podemos encontrar otros parámetros para medir la calidad democrática de nuestro país y que suelen quedar fuera de los radares de los índices y los ránkings a los que, con tanta fe mariana, se aferran algunos.

            La proliferación del insulto en las manifestaciones políticas debería centrar también nuestra preocupación por el mantenimiento de un mínimo de democracia que hoy, lamentablemente, se aleja cada vez más de una actualidad asediada por la polarización. Es imposible mantener un sistema democrático que quiera predicarse como tal si los principales actores políticos que lo forjan día a día se decantan por la difamación y por el discurso odioso contra un “enemigo” al que previamente se demoniza. “Okupa” o “traidor” son dos de los calificativos menos hirientes que Pablo Casado dedica al Presidente del Gobierno, al que sintomáticamente nunca denomina así para intentar negar, con ello, el reconocimiento mismo de su legitimidad. Y es que el uso de esos términos refleja no sólo la débil capacidad dialéctica que se le intuye al vociferante, sino la pendiente por la que están comenzando a bajar, sin freno, sus concepciones de lo democrático.

            Al margen de ideologías, de ideas políticas, de simpatías personales o de adherencias partidistas, todo demócrata (es más, ¡todo liberal!) ha de compartir la necesidad de que, para adjetivarse como tal, se respete al contrario y se le reconozca su existencia política. Un respeto que no es únicamente un ejercicio de mera tolerancia, sino un elemento insustituible de la isegoría de la que nos hablaban los griegos, de la igualdad entre ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que es, en el fondo, el uso mismo de la palabra. La comunidad política democrática es la que permite y alienta un ágora, un espacio permanentemente abierto de confrontación retórica, para que las distintas ideas puedan defenderse y enfrentarse (ágora viene de agón, conflicto) desde el reconocimiento activo hacia el otro, hacia el que no piensa como nosotros. Los intentos de neutralizar esa capacidad de confrontación mediante el uso del insulto y la difamación, que no son más que la negación del “otro” en su propia alteridad, constituyen pretensiones a su vez de negar el valor mismo de la democracia, es decir, el cuidado de la palabra en común dicha en el ágora de lo político. Porque la política democrática es eso, es palabra que se confronta, es palabra que se pronuncia y que, con su uso, tiene por objetivo su materialización misma en actos, en acciones y en decisiones.

            Las elecciones son el momento decisivo de esa democracia retórica, ya que es en ellas cuando el valor de la palabra tiene la posibilidad máxima de materializarse en uno u otro gobierno. Sin embargo, el espectáculo lamentable al que estamos asistiendo las priva hoy de dicha potencialidad. De ahí la preocupación extrema que tenemos que mostrar por nuestra democracia, por un sistema que ya tiene por sí suficientes defectos y fallas en su institucionalidad como para que ahora añadamos el peor de todos los vicios, que es el de la negación de la igualdad respetuosa del adversario. Si Casado se considera liberal, que parece que sí (no sabemos muy bien por qué), debería aprender que los grandes liberales, como Benjamin Constant, Madame de Staël o Stuart Mill cultivaron antes que nada el amor por la palabra y por el respeto, y que fueron muy conscientes de que sus respectivos menoscabos nos acercaban cada vez más a las puertas de la barbarie y de la negación de un ágora, de un espacio de lo político, que siempre pretendieron cuidar. Algunos de aquellos viejos liberales fueron excesivamente vehementes en la defensa de sus ideales, pero hasta Jefferson terminó carteándose con su gran adversario, Adams, en una correspondencia única rebosante de respeto mutuo y admiración por el otro.

Simone Weil nos alertaba de la fragilidad de lo mejor que pueden dar los patriotismos, que es el apego por lo común y por el interés colectivo; una fragilidad que puede romperse, no obstante, por la acción interesada de otros falsos patriotismos como el de nuestro irrespetuoso vocinglero. En éstos no se busca ese apego ciudadano, sino su destrucción en los altares del desprecio hacia el valor de la palabra que debería regir el edificio de nuestra copertenencia. El número de insultos no aparece en los índices, pero nos muestra con más fuerza que otros parámetros la debilidad de una comunidad política que quiere ser, y algún día puede que lo consiga, un verdadero Estado social y democrático de Derecho. Recuperemos la serenidad y hagámoslo entre todos, apartando el ruido de nuestros espacios comunes y dándole a la palabra democrática la posición que le corresponde.

OTRA VEZ LA AYUDA A MORIR COMO DELITO

Joan Carles Carbonell Mateu

La detención de Angel Hernández por ayudar a morir a su mujer Maria José Carrasco, enferma de esclerosos múltiple desde 1989 abre otra vez un debate necesario sobre la vigencia de la relevancia penal de una conducta que habría de constituir un derecho inalienable del ser humano y que el Estado de Derecho no puede negar sin negarse a sí mismo y a su propia esencia: el de decidir sobre uno mismo, su propio destino en el momento más íntimo y decisivo de su vida: su capacidad para escoger su propio final.

La disolución de las Cortes Generales ha comportado la caducidad de una Proposición de Ley sobre el derecho a morir dignamente que el nuevo Parlamento debería abordar como tarea inminente tras su constitución. Porque la Democracia y aun el Estado de Derecho no son posibles si se niega la plena capacidad de decisión de los  ciudadanos, su plena libertad y su dignidad, que  exigen su derecho a la autodeterminación individual. El artículo 143 del vigente Código Penal niega ese principio y sigue fundamentado en un tributo a una óptica religiosa anclada en la cultura de la sumisión. Cuando los ciudadanos no pueden decidir sobre sí mismos, cuando se castiga la ejecución o la ayuda a la misma, de decisiones que no suponen injerencia en los derechos ajenos, cuando no se reconoce su libertad en las cuestiones más íntimas, negamos la esencia de la Democracia y del Estado de Derecho, que no es otra que ese reconocimiento fundado en la Dignidad del ser humano.

La tutela de la vida –indeclinable obligación del Estado- es consecuencia de su reconocimiento como derecho fundamental de la persona en cuanto ser digno y libre. Y, conviene volver a recordarlo, tales dignidad y libertad son el fundamento del propio Estado de Derecho. Y tales dignidad y libertad presuponen el respeto a su capacidad de decidir en torno a todo lo que no niegue las de los demás. Por eso no puede negarse la capacidad de decidir sobre la propia vida; hacerlo significa negar la dignidad misma, con lo que todo el edificio se desmorona; estamos negando el fundamento último del Estado de derecho.

El Código penal español prohíbe intervenir en un suicidio libremente decidido. La razón aparente de esa criminalización es que la vida es un valor absoluto, que debe protegerse aún en contra de la voluntad de su titular. Nada puede hacerse para interferir en la toma de decisión de un suicida; sencillamente porque quien ha llegado a eso no va a verse afectado por amenaza de futuro alguna. Pero el Estado, a través del Derecho penal, amenaza y castiga a quien induzca o colabore en un suicidio. Podría discutirse, por más que renunciando a la coherencia, si está o no justificado tratar de evitar la inducción, ya que ésta supone hacer nacer en el suicida una decisión que no habría adoptado sin esa influencia. Y, sin embargo, la criminalización sólo puede fundamentarse si tal suicidio deja de ser una acción en el sentido más arriba señalado: una toma de decisión propia y libre.

Y si el suicidio es una toma de decisión propia y libre, entonces no puede legitimarse la criminalización de la colaboración de un tercero en el mismo. Porque la única razón por la que se castiga a quien colabora en una acción de otro es porque ésta es ilegítima al invadir la esfera de libertad de los demás: no se puede colaborar en un homicidio porque es contribuir a la negación de la vida de otro. Pero nada de esto sucede en el suicidio. Es lógica, valorativa y democráticamente incoherente prohibir la cooperación en la ejecución de una toma de decisión que ha sido libremente adoptada.

La consideración de la vida como un valor absoluto no es, por otra parte, admisible desde la concepción que venimos defendiendo. Los valores son expresión de los derechos que componen la dignidad. Y que se reconocen precisamente desde ésta. La imposición de la vida más allá de la voluntad de su titular supone precisamente la negación más grave de su libertad que quepa imaginar. La vida es un derecho; no un deber. Los valores son emanación de esos derechos y convertirlos en deberes de obligación es pervertir su propia esencia. Por eso no es legítimo criminalizar conductas que pretenden hacer efectiva una toma de decisión libremente adoptada. Es verdad que la vida es un valor y su negación no lo es; no se reconoce un “derecho a morir” porque eso no tendría sentido: supondría valorar positivamente la muerte y negar el valor de la vida. Pero tal afirmación, realizada por cierto, por el Tribunal Constitucional, no significa que no deba valorarse el inalienable derecho a decidir si se quiere seguir viviendo o se quiere dejar de hacerlo, porque ésa es la manifestación más rotunda de la dignidad.

Particularmente grave resulta, como es obvio, criminalizar dicha conducta cuando consta que la decisión ha sido adoptada en circunstancias de sufrimiento físico o psíquico, es decir, cuando consta fehacientemente la voluntad de quien desea ser ayudado a morir dignamente. Si se pretende que nuestro Derecho sea el propio de un Estado democrático fundado en la dignidad y la libertad no puede criminalizarse la eutanasia conforme a la voluntad del ciudadano. La regulación jurídica ha de ir destinada a garantizar que dicha voluntad se ejecuta precisamente con la máxima libertad. Ni siquiera hay, en estos casos, como a veces se pretende, un conflicto entre valores: vida y libertad no son antagónicos sino que se implican, la vida no puede imponerse contra la voluntad. Por eso es también función del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión es libre regulando adecuadamente la expresión de la misma a través de los instrumentos jurídicos pertinentes, tales como las declaraciones previas, los documentos de últimas voluntades y, en todo caso, la constancia de cualquier manera de la decisión propia cuando ésta pueda ser emitida.

Y es también el libre desarrollo de la personalidad el fundamento de las tomas de decisión en orden a preservar la dignidad que puedan adoptarse por terceros cuando resulta imposible recabar la voluntad del sujeto o cuando ésta simplemente no puede existir. La imposición del mantenimiento de la vida con alto grado de sufrimiento o de vidas carentes de dignidad, es decir, sin el menor nivel de libertad, no son funciones de las que deba apropiarse el Estado porque eso también supone una invasión en la capacidad de decisión de quienes pueden y deben hacerlo por proximidad o por profesión. Sin duda que deben perseguirse las actuaciones contrarias a los intereses de la persona en nombre de la cual se actúa y cuya voluntad se suplanta, pero eso constituye una cuestión muy diferente que no puede justificar la vigencia del actual párrafo cuarto del artículo 143 del Código penal español.

Defensa del impuesto de sucesiones y donaciones

Ferrán del Alcázar

  1. ¿Bajar impuestos es de izquierdas?.

Dijo José Luis Rodríguez Zapatero en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”. Ciertamente, lo es solo si beneficia a los más desfavorecidos y la reducción ayuda a quien más lo necesita. En caso contrario, bajar impuestos no es “de izquierdas”. Los impuestos son la forma de financiar los servicios públicos y de redistribuir los recursos económicos en las sociedades modernas, que adolecen precisamente de ser injustamente desiguales.

Entre los mecanismos de corrección de las desigualdades, los impuestos son fundamentales para reparar los excesos del capitalismo y garantizar un Estado de Bienestar fuerte en las economías liberales.

La reducción o eliminación de impuestos es fácil de defender políticamente (“incrementa el consumo”, “da un respiro a los consumidores”, “hace disminuir la defraudación y aumenta la recaudación”, etc.), pero salvo la excepción citada, no es una decisión política que pueda considerarse de izquierdas; ese razonamiento puede resultar, incluso, ofensivo.

Eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) supondría la cronificación de la desigualdad y la acumulación de riqueza con independencia del mérito y del esfuerzo individual. Nuestro sistema económico se fundamenta en la propiedad privada y la herencia, pero la Constitución establece una limitación a ambos derechos: la función social, que delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes (artículo 33).

En el caso de la herencia, esa función social se refleja en la necesidad de que la sociedad obtenga algún beneficio de la riqueza transmitida por la muerte de una persona: el impuesto de sucesiones.

  1. ¿Qué pasa con el IDS? Desmontando argumentos.

Como el impuesto ha sido criticado fuertemente en medios, especialmente en los conservadores, veamos cómo desmontar esos argumentos:

1º. “El ISD obliga a pagar dos veces, el fallecido ya pagó por los bienes transmitidos”.

El Derecho Tributario prohíbe doble imposición, es decir, que una persona pague varios impuestos similares por el mismo hecho y con idéntico fundamento o motivo. Esa prohibición requiere, pues, tres identidades: sujeto, hecho y fundamento.

Que una persona pagara IVA (o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, según el caso) por comprar un bien inmueble, IBI por ser titular del mismo, etc., no obstaculiza que la transmisión por causa de muerte devengue un impuesto: se grava otro hecho distinto (la adquisición del bien a título gratuito), a un sujeto distinto (al heredero, no al fallecido) y por un motivo distinto (el enriquecimiento sin mérito del heredero, más allá del vínculo de parentesco o testamentario. No concurre ninguna de las identidades.

Analicemos un ejemplo: una persona, con su salario, compra un libro a un librero; según este argumento, el librero debería negarse a declarar la retribución percibida porque el comprador ya pagó el IRPF por esa cantidad. Es absurdo.

2º. El ISD es injusto y excesivo. Muchas personas renuncian a su herencia por su culpa.

Esta semana, el diario Levante ha publicado que la Comunitat Valenciana cuenta con el Impuesto de Sucesiones más alto de España. Aceptar un patrimonio de 309.000 € obliga a pagar 3.582 € en la Comunitat, apenas un 1% de lo heredado. Sin embargo, sostener que alguien rechaza una herencia por ese 1% es muy atrevido.

Una causa posible de las renuncias puede encontrarse en el hecho de que las deudas del causante también se transmiten. En ocasiones, dichas deudas exceden el patrimonio heredado, o lo menguan considerablemente, por lo que pagar el impuesto, junto con otros gastos (notaría, partición de herencia, pago de legados) puede dejar poco o nada a repartir. Parece un motivo más plausible, y concuerda con el hecho de que, durante la crisis hipotecaria se hayan multiplicado las renuncias a herencias, como explicaba ya en 2015 El Mundo.

3º. El ISD perjudica sobre todo a quienes heredan poco, o a quienes heredan solo una casa que necesitan para vivir.

En ocasiones este argumento ha utilizado medias verdades o mentiras, directamente, para hacer campaña contra el ISD.

En el artículo enlazado se culpa al ISD de que una mujer sea embargada, pero su abogado admite “falta de información y cúmulo de errores”, y se contienen inexactitudes importantes sobre los procedimientos tributarios. En realidad, la mujer fue gravemente negligente en la gestión de la herencia, fue sancionada y no pagó una deuda que aumentó durante años.

Pueden darse situaciones injustas (por ejemplo, que quien hereda deba pagar mucho dinero para no tener que vender una propiedad inmobiliaria de alto valor simbólico) pero ello no invalida la naturaleza del impuesto ni desvirtúa su función redistributiva.

Además, las leyes reguladoras del impuesto prevén particularidades relativas a los parientes y mínimos exentos, e incluso plazos para pagar la deuda, por lo que se puede aceptar llevar el debate a esos casos excepcionales; discutamos cómo mejorar la regulación del impuesto, no su existencia.

4º. Si una persona, con su esfuerzo y pagando impuestos, ha acumulado un patrimonio durante toda su vida, es injusto que sus hijos deban pagar impuestos por disfrutar esos bienes.

Este argumento, vinculado a los anteriores, se desmonta con el fundamento mismo de este y otros impuestos.

Sea cual sea el esfuerzo de una persona o la intensidad de su trabajo, se habrá beneficiado de que existen servicios e infraestructuras públicas. Por ejemplo, cualquier empresario se beneficia del sistema de carreteras que permite a los bienes que vende llegar a su destino; del sistema educativo que da a sus trabajadores la formación necesaria para desempeñar su trabajo; de las instalaciones de tuberías y electricidad que hacen de su oficina un lugar funcional; del sistema sanitario que protege a él o a sus trabajadores. Y un largo etcétera.

Aunque una persona utilice la escuela privada y la sanidad privada, es innegable que lo público le ha beneficiado. Y lo público existe porque existen impuestos. Por tanto, es justo que la Hacienda Pública perciba una parte de lo que se ha generado.

  1. Concluyendo

Es deseable una regulación común en toda España del impuesto que corrija desigualdades recaudatorias y desequilibrios entre territorios. Defender su eliminación, sin embargo, carece de justificación más allá de, siendo bien pensado, el electoralismo (ya que el argumento de que la reducción del impuesto atrae patrimonios es poco útil, porque no ha tenido efectos recaudatorios relevantes) o, siendo mal pensados, el deseo de mantener el privilegio a los patrimonios más importantes y la perpetuación de las desigualdades.

¯

El mal gusto no es un delito

Por Patricia Goicoechea

El asunto del vídeo humorístico difundido por la cuenta oficial del Partido Popular en Twitter el Día de Reyes y la reacción del Gobierno de trasladarlo a la Fiscalía por posible delito de odio plantea tres cuestiones interesantes, que conviene analizar por separado. Por un lado, el contenido del propio vídeo; por otro, la irresponsabilidad que supone que un partido político lo difunda y, finalmente, la igualmente irresponsable sobreactuación del Gobierno.

El vídeo en cuestión pone en escena un chiste que es más viejo que la tos y que se ha contado con cientos de protagonistas diferentes. En este caso, meter al niño por medio, y además llamarlo Adolfito, lo hace especialmente grimoso. Con eso y todo, no deja de ser una simple burla, por desagradable que pueda resultar.

El humor es una forma de ejercer la libertad de expresión, derecho esencial en toda democracia. Y esta libertad de expresión ampara no sólo las ideas mayoritariamente aceptadas por la sociedad sino también, y fundamentalmente, aquellas que escandalizan, molestan, inquietan y ofenden (Sentencia del TEDH Handyside v. The United Kingdom, de 7 de diciembre de 1976).

No obstante, que una idea, un comentario, una canción, una obra de títeres o un chiste estén amparados por el derecho a la libertad de expresión no implica que no puedan calificarse de escandalosos, hirientes y de mal gusto. No nos impide criticarlos, ejerciendo así también nuestra libertad de expresión. Pero tal amparo sí implica que sus autores no deban ser castigados. La grosería y el mal gusto serán desagradables, pero no pueden ser delito.

Y justo ahora alguno de ustedes estará diciendo la libertad de expresión también tiene límites. Efectivamente, los tiene. El primer límite es la incitación directa a la violencia contra una persona o grupo. Volviendo al vídeo de marras, la expresión de un deseo no constituye incitación directa a la violencia, ni tan siquiera amenaza.

El segundo límite, cuando no hay tal instigación directa al uso de violencia, es la incitación al puro odio. La doctrina del discurso del odio tiene como finalidad proteger los valores en los que se asienta toda sociedad democrática; entre ellos, la pacífica convivencia y el respeto mutuo. Ello implica que las formas de expresión que propagan, incitan o promueven el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, quedan excluidas de la protección que merece la libertad de expresión. El objetivo perseguido es por tanto proteger a los sectores y grupos más vulnerables, a quienes han sido tradicionalmente objeto de discriminación u hostilidad (Sentencia del TEDH E.S. c. Austria, de 25 de octubre de 2018).

Ahora bien, los representantes políticos (Sentencia del TEDH Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de 2018), así como otros agentes del Estado (Sentencia del TEDH Savva Terentyev c. Rusia, de 28 de agosto de 2018), no entran en esta categoría de grupos especialmente vulnerables que merecen una particular protección. Precisamente por su calidad de servidores públicos, éstos han de mostrar una mayor tolerancia a la ofensa, aun cuando ésta adopta formas particularmente groseras. Por tanto, el vídeo tampoco puede considerarse constitutivo del discurso del odio.

Cuestión distinta es la irresponsabilidad que demuestra un partido político que, desde su cuenta oficial en una red social, difunde semejante contenido. El debate político puede incluir humor, sarcasmo o picardía. Pero los representantes públicos, y las cuentas oficiales de los partidos a los que pertenecen, deberían alejarse de la bufonería. Encargados como están, o aspiran algunos a estarlo, de gestionar lo público, los ciudadanos nos merecemos un debate político responsable y no una sucesión de exabruptos, intervenciones parlamentarias ridículas y puestas en escena propias de humoristas de medio pelo.

Es difícilmente justificable que el Partido Popular considere apropiado difundir un mensaje, aún camuflado en un vídeo cómico, en el que se desea la muerte de un adversario político. Muestra un paupérrimo nivel ético y, en última instancia, constituye una falta de respeto a la ciudadanía. Merece sin duda un reproche social y una respuesta por parte del resto de partidos.

Poco tiempo tardó el Partido Popular en retirar el tuit y disculparse. Y ello les honra. Les honraría aún más recapacitar, replantearse su política de comunicación y el tono tabernario de su discurso en los últimos tiempos.

No obstante, la reacción del Gobierno, trasladando la cuestión a la Fiscalía, para que ésta analice si podría ser constitutivo de un delito de odio, es igualmente irresponsable.

El discurso del odio se está convirtiendo en un comodín del que tirar siempre que algo resulta molesto. Ya sean canciones, tuits o espectáculos de Carnaval, cualquier majadería es ahora susceptible de acabar en un juzgado de instrucción. Es una tendencia peligrosísima. Estos excesos punitivistas conducen a un empobrecimiento de la calidad democrática. Acotar en exceso la libertad de expresión, recurrir sistemáticamente a la vía penal siempre que algo incomoda, tiene como consecuencia una limitación ilegítima del debate sobre cuestiones de interés público.

Hartos de la ‘Carta Magna’

Imagen

Javier de Lucas

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora repetida desde tiempo inmemorial y que nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

El discurso del odio: la necesaria concreción de un concepto banalizado

Ana Valero

Los días 16 y 17 de octubre ha tenido lugar en Sevilla el Seminario “La libertad de expresión en el Estado Constitucional”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad de Sevilla. Profesores de distintas disciplinas debatimos en él sobre diversos aspectos conflictivos que el ejercicio de la libertad de expresión plantea en nuestros días.

Entre ellos se encontraba, como no podía ser de otro modo, el “discurso del odio”, y llegamos a la conclusión de que se hace necesario definir con mayor precisión el significado y alcance de un concepto que, a día de hoy, está siendo banalizado por la ligereza con que es aplicado por los poderes públicos.

Dicha banalización está siendo especialmente preocupante en España, donde titiriteros, raperos, tuiteros, actores, activistas, periodistas, presentadores de televisión o políticos, han sido acusados, y en ocasiones condenados, por incitación al odio por quemar la foto de los monarcas, por criticar a la policía, por realizar comentarios jocosos, ejercer la sátira, provocar a través de obras teatrales, blasfemar, etc. Todo parece tener cabida bajo el paraguas del discurso de odio.

Especialmente intranquilizador resulta, además, el uso del “enaltecimiento del terrorismo” -tipo penal “de opinión”- al que se recurre más habitualmente para retroceder a pasos agigantados en la protección que la libertad de expresión merece en una sociedad democrática. Llama la atención a este respecto que, en 2011, año del cese definitivo de la actividad armada de ETA, hubo un condenado por enaltecimiento del terrorismo, mientras que entre 2016 y 2017 hubo 66 condenados penalmente.

Parece que el “discurso de odio” se ha convertido en un término de moda bajo el que parece tener cabida todo discurso disidente.

Por este motivo, el presente artículo pretende ofrecer al lector un poco de claridad acerca del significado y alcance de este concepto a través de mis propias valoraciones y de la incorporación de los puntos de consenso a los que llegamos en el Seminario de Sevilla.

El término “discurso del odio”, aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana en su fórmula hate speech y, en el ámbito europeo, la Recomendación 20 (97) del Comité de Ministros del año 1997, lo definió como:

cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier forma de odio basado en la intolerancia que se exprese en forma de nacionalismo agresivo y etnocentrismo, la discriminación y hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas nacidas de la inmigración”. 

Mientras el modelo norteamericano prioriza la protección de la libertad de expresión salvo en supuestos en que el ejercicio de la misma produzca un riesgo “real e inminente” para otros derechos o bienes jurídicos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha incluido bajo esta categoría tanto la incitación indirecta a la violencia como aquellos discursos que resulten discriminatorios o estigmatizadores para los grupos vulnerables de la sociedad.

Esta diferencia entre el modelo norteamericano y el europeo responde a razones históricas y a dos concepciones distintas de la idea de democracia. En Estados Unidos la protección preferente de la libertad de expresión, también la “odiosa”, encuentra su fundamento en la aportación que todo discurso puede hacer al marketplace of ideas, es decir, a la arena pública donde todos los ciudadanos pueden, a través del public discourse, plasmar su imagen de la sociedad y del Estado. En palabras de Rawls: “suprimir la libertad de expresión, incluida la expresión subversiva, implica siempre una supresión parcial de la democracia”. Anclado en la tradición política, cultural y económica del liberalismo, el sistema jurídico norteamericano opta por el laissez faire y la estricta abstención y neutralidad del Estado frente a los discursos presentes en la sociedad, siendo el debate público de las ideas y opiniones más extremistas y odiosas, una garantía de la buena salud democrática.

En Europa fue sin duda la tragedia del Holocausto lo que convirtió al valor “dignidad humana” en el pilar de las democracias de la posguerra y lo que determinó que la regulación del discurso del odio en el Consejo de Europa fuese mucho más laxa que la estadounidense. De forma que, desde que utilizara por primera vez esta expresión en el año 1999, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido delimitando la aplicabilidad del concepto para determinar cuándo un estado puede restringir la libertad de expresión por incitar al odio, aunque sin llegar a establecer una doctrina coherente y estable en el tiempo.

En términos generales y muy sintéticos podríamos decir que el Tribunal de Estrasburgo sostiene que la libertad de expresión puede ser limitada cuando su ejercicio genere una incitación “directa o indirecta” al empleo de la violencia; o cuando ampare discursos discriminatorios contra colectivos sociales que han sido históricamente discriminados por motivos de género, orientación sexual, etnia, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, y que, además, constituyen minorías tradicionalmente excluidas socialmente o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, lo que, tal y como convinimos en el Seminario, debería llamarse más bien discurso discriminatorio.

Con el fin de huir de interpretaciones subjetivas y, en ocasiones, hasta ideológicas, sobre lo que puede ser considerado o no “incitación indirecta a la violencia” consideramos que el término “discurso del odio” debe ser empleado única y exclusivamente para:

– perseguir el “acoso discriminatorio”. Esto es, aquellos discursos discriminatorios o estigmatizadores de las minorías sociales que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad. Y aquí entrarían los discursos racistas, islamófobos, homófobos, discriminatorios hacia las personas LGTBI, hacia las mujeres etc.

– aquellos discursos, mensajes o expresiones que, atendiendo a las circunstancias y al contexto en que fueron pronunciados, generen una alta y pronta probabilidad (que no mera posibilidad) de riesgo de incitación a la violencia. A este respecto estimamos que debe hacerse un esfuerzo entre la comunidad jurídica para perfilar jurídicamente el test del “riesgo claro e inminente”, esto es, los criterios objetivos que van a permitir determinar cuándo se produce un riesgo tal, y así evitar que se convierta en mera retórica jurídica.

Ilustraciones: 1. De Kooning. 2. Hauffmann. 3. Rothko.

¿Por qué es una mala noticia que Estados Unidos abandone el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Diego Blázquez

Presidente Wilson es el nombre del edificio de Ginebra donde tienen sede la casi totalidad de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y donde celebran sus sesiones públicas.

El edificio lleva el nombre en homenaje al Woodrow Wilson, 28º Presidente de los Estados Unidos de América, promotor incansable de la Sociedad de Naciones y convencido de la necesidad de una paz justa y duradera entre las potencias occidentales y en el mundo tras la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ello, Wilson no logró que el Congreso de los Estados Unidos aceptara integrarse en la Sociedad de Naciones.

Esta decepción y contradicción histórica constituye uno de los “momentos estelares de la humanidad”, de Stefan Zweig. Buena parte del dramatismo que interesa a Zweig de ese capítulo histórico es, sin duda, que constituye un magnífico ejemplo de la tensión idealismo/realismo en la política exterior norteamericana, junto al movimiento pendular entre el aislacionismo y el intervencionismo de la República norteamericana.

Sin embargo, el anuncio de Trump de abandonar el Consejo de Derechos Humanos supera ese marco de política internacional y, desgraciadamente, carece de las referencias épicas, personales e históricas de las desventuras que padeció Wilson a principios de siglo.

Es una muy mala noticia para todo el mundo.

La salida de Estados Unidos es una mala noticia para un modelo de sociedad internacional basado en la garantía de la dignidad humana. Esta decisión desprecia el contenido moral esencial y profundo de la construcción de la sociedad internacional surgida tras la Segunda Guerra Mundial. La renuncia al Consejo de Derechos Humanos es la renuncia al corazón mismo, a la razón y la esencia de la construcción de las Naciones Unidas: “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos (…) a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, son las palabras que sirven de pórtico fundacional de la Carta de las Naciones Unidas, de 1945.

Renunciar al ámbito de discusión institucional sobre derechos humanos es renunciar al componente esencial de Naciones Unidas. Y, de nuevo, hay que recordar que fue otro presidente norteamericano el que estableció los derechos humanos como fundamento del nuevo orden mundial salido de la Guerra: en esta ocasión fue el Presidente Franklin D. Roosevelt con su discurso de Las Cuatro Libertades.

Este desprecio a esos valores esenciales denota un desprecio por el sistema en general. La decisión de Trump de abandonar el Consejo de Derechos Humanos, se une y va en la línea de otras (como la denuncia de los acuerdos de Paris, del acuerdo con Irán, las críticas a los acuerdos de libre comercio), que manifiestan no solo esa tendencia aislacionista permanentemente latente en Estados Unidos, sino una visión muy preocupante acerca del rol de las instituciones internacionales y del rol de Estados Unidos en ellas.

Recordemos que una de las razones que la Administración Trump alega para abandonar el Consejo de Derechos Humanos es su actual manipulación con fines políticos. Sin embargo, en las relaciones bilaterales Trump no tiene inconveniente en mantener ciertas amistades peligrosas como Putin, Rodrigo DuarteErdogan, El Sisi, Netanyahu… o el mismo Kim Jong Un. Un club de “hombres fuertes” con los que, como recientemente el New York Times constató, Trump parece sentirse cómodo. Es decir, asuntos políticos tratados en el Consejo de Derechos Humanos son inaceptables para la Administración Trump, que al mismo tiempo no tiene inconveniente en lidiar y posicionarse sobre esos asuntos y con ciertos líderes mundiales en lo bilateral.

Desde una perspectiva de política interna, si a ello sumamos decisiones y acciones de la Administración Trump tan polémicas como la actual campaña contra la inmigración en Estados Unidos, el muro con México, o el veto migratorio, el mensaje que lanza  la Casa Blanca es que los asuntos de derechos humanos deben salir del espacio internacional y se deben quedar en el espacio doméstico… Cada uno en el suyo propio, y, si acaso, poderlo tratar en el marco bilateral. Un tremendo retroceso a lo conseguido desde la Convención de Viena de 1993.

El sentido de la existencia de instituciones internacionales es poder arbitrar, escenificar y dar visibilidad a las relaciones internacionales. Con esta decisión, Estados Unidos se sale del escenario… hace mutis por el foro, pero eso no significa ni que la función se detenga ni que Estados Unidos, y otros Estados, dejen de actuar… Solo que, ahora lo harán fuera del espacio con luces, público y reglas de juego y discusión.

Esta combinación de mensajes que subyace a la decisión de Trump nos sitúa ante un panorama en el que los derechos fundamentales dejan de estar en el foco de las organizaciones internacionales, para situar solo y exclusivamente la seguridad y los intereses egoístas de las naciones.

Pero no de todas por igual, porque debilitar las instituciones internacionales en su fundamento y en su funcionamiento perjudica esencialmente a las poblaciones más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Esta es la tercera razón, por la que es una mala noticia que Estados Unidos abandone el Consejo de Derechos Humanos. Esa visión autista de la realidad internacional solo beneficia a las sociedades de los países más fuertes y desarrollados, con democracias más consolidadas, sociedades civiles más fuertes y con mecanismos nacionales de protección de derechos humanos más sólidos.

El Consejo de Derechos Humanos, entre sus funciones, tiene como misión el seguimiento y observación de la situación de los derechos humanos en todos los países y por todos los países en pie de igualdad. A través de sus sesiones, de los relatores internacionales y de sus otros instrumentos, podemos conocer de manera abierta las violaciones de derechos humanos en los lugares de mayor fragilidad. Que la máxima potencia mundial abandona el Consejo deteriora y limita gravemente el nivel de protección que ofrece la institución y que utilizan cientos de organizaciones en todo el mundo, protegiendo a muchos millones de personas.

Por todo ello, es una mala noticia.

Pero la fuerza de los movimientos de derechos civiles, políticos y sociales en Estados Unidos es tan fuerte y la identidad del país está tan ligada a la libertad, el respeto a la ley y a la dignidad humana, que pronto tendremos esa mejor versión de los Estados Unidos que representan figuras como la de Roosevelt o Wilson, y que acoge bajo su nombre a los comités de derechos Humanos a las orillas del lago Lemán.

¡Qué tiempos nos toca vivir!

José Manuel López Blay

Señalar a las maestras y maestros, hacerlos responsables del envenenamiento de las almas de la infancia y la juventud, es un hecho, por desgracia, conocido en nuestra historia más reciente. Josefina Aldecoa, en su inolvidable Historia de una maestra apuntaba cómo fue frecuente, tras la revolución de 1934, leer en proclamas y editoriales de la prensa más cainita, alegatos denunciando la siembra en las aulas del germen de la rebeldía. Fue la macabra antesala del desproporcionado, arbitrario y devastador proceso de purga y depuración al que fue sometido el Magisterio en los primeros años del franquismo.

Mayo de 2018. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de presentar la campaña “No más adoctrinamiento en las aulas”, en la que se invita, a través de una plataforma alojada en su página web, a denunciar cualquier acto de adoctrinamiento sufrido en las aulas de las escuelas e institutos valencianos, garantizando el anonimato para evitar posibles represalias. Sigue leyendo

Cadena perpetua: estudios e ideología importan

Juan Carlos Pérez Cortés

Se ha publicado recientemente una encuesta de opinión sobre la cadena perpetua en España en la que las posiciones a favor y en contra se hallan segmentadas en función de las variables “sexo”, “edad”, “estudios” y “orientación política” (partido votado en las últimas elecciones generales).

Una manera útil e intuitiva de interpretar los datos que se presentan así es la de considerar esas variables como “predictores univariantes”. En este caso, una variable constituirá un mejor predictor cuando nos permita estimar de manera más fiable un resultado conociendo únicamente esa variable. Por ejemplo, la variable “fuma” (frente a “no fuma”) es el mejor predictor para estimar la probabilidad de que alguien padezca cáncer de pulmón. Otras variables por sí mismas no nos aportarían tanta capacidad predictiva.

En la encuesta sobre la cadena perpetua los dos mejores predictores son la educación recibida y la orientación política. Conociendo si una persona ha completado estudios de educación universitaria podemos estimar que tiene casi el doble de probabilidad de estar en contra de esta pena. Conociendo si ha votado al Partido Popular o a Ciudadanos sabemos que la probabilidad de estar contra la cadena perpetua es 4 veces inferior a si votó al PSOE o a Unidos Podemos. Sigue leyendo