La alianza del PP y el Tribunal Constitucional contra las políticas sociales

Fabiola Meco Tébar

Las normas jurídicas son el instrumento mediante el cual un Estado social y democrático de Derecho marcado por el imperio de la ley reconoce derechos y consagra garantías para hacerlos efectivos. Es el mecanismo habilitado en democracia parlamentaria para la concreción de políticas.

La tarea del Legislador, como la del juez, requiere de marcos previos de actuación. Uno, el propio marco normativo superior en materia de derechos que viene determinado por normas bien estáticas, como la Constitución española, o bien dinámicas o en evolución, como los “olvidados” por “ninguneados” tratados internacionales ratificados por España. Se trata de un acervo jurídico que constituye, o debiera constituir, un significativo motor de cambio y renovación de nuestro ordenamiento. El otro marco relevante para todo legislador y juez es la propia realidad social a la que se va a dar respuesta.

Gobernar para las personas, ponerlas en el centro de la política, no solo es ser consciente de sus necesidades; sino principalmente cumplir con el compromiso adquirido de remover todos los obstáculos existentes para dotar de eficacia a los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Las políticas de cambio se sirven de las normas jurídicas para hacer efectivos principios y valores significativamente distintos a los que hasta ahora han marcado la suerte de nuestros derechos, los mimbres de nuestra democracia. La igualdad, la justicia social, la transparencia, la independencia judicial, la integridad pública y la participación ciudadana son, entre otras, banderas de identidad con las que liderar y defender un cambio de modelo.

La lucha contra la desigualdad es, sin lugar a dudas, el gran caballo de batalla de estas políticas del cambio. Normas como las de la pobreza energética, la función social de la vivienda o la sanidad universal para dar cobertura sanitaria a personas “sin papeles” en los distintos territorios son, entre otras, importantes regulaciones autonómicas de carácter social que afectan a derechos humanos y que son recurridas sistemáticamente de inconstitucionalidad.

Sobre algunas ya hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que las declara inconstitucionales (no sin significativos votos particulares) por invadir competencias de carácter general o básico. Normas dictadas en ejercicio de competencias autonómicas y en desarrollo del art. 2 de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Leyes que buscan blindar protección a la ciudadanía y remover los obstáculos de la desigualdad, son recurridas ante un Tribunal Constitucional politizado. Un juez éste, el máximo garante de la norma suprema, un “señor del derecho” al que Zagrebelsky le recordaría que a la hora de dictar sentencia no sólo hay que pensar en respetar la ley, sino también tener en cuenta la protección de derechos de los particulares y la búsqueda de la justicia.

Con esta técnica en diferido del recurso de inconstitucionalidad, el gobierno central del Partido Popular aplica un poder que no tiene en los territorios autonómicos donde no gobierna, en una clara ofensiva centralizadora de las políticas, en una negación misma de la capacidad de autogobierno de las autonomías. Una unilateralidad que amenaza lo construido en términos territoriales y trabaja por la desprotección de derechos antes reconocidos. Frente a ello, hoy más que nunca urge afrontar un escenario constituyente que no tenga las cartas marcadas.

Las instituciones son las personas que las componen, y cuando unas son lo que son y otras están teledirigidas, como es el caso de quienes integran el Tribunal Constitucional, es casi seguro que la espada de Damocles caerá sobre quien con políticas valientes combatan la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y se alejen de un camino establecido por el que no puede avanzar la mayoría social. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, les recordaría seguramente aquello de que “el poder no transforma a las personas, sólo muestra cómo son realmente”.

¿A quién cantó Silvia Pérez Cruz en los Goya?

Fernando Flores

Silvia Pérez Cruz recibió anoche el Goya a la mejor canción original por Ai, ai, ai, que forma parte de la banda sonora de la película Cerca de tu Casa. Un momento especial, porque cantó un pedacito no de la canción premiada, sino de No hay tanto pan, que recoge el corazón y el sentimiento de este musical sobre los desahucios en España.

En las noticias del Telediario dicen que la cantante dedicó su interpretación a los desahuciados; El País, que “Silvia Pérez Cruz canta a los desahuciados tras ganar el Goya”, y El Mundo, que “dedicó unas estrofas a los desahuciados…”, y así todos.

Al parecer, vimos un “momentazo” distinto de la Gala. No cantó a los desahuciados. Lo que yo vi es que ella cantó a los culpables de los desahucios. No cantó para que sintiéramos pena de los expulsados de sus casas. Cantó para señalar a los banqueros, a los políticos, a los periódicos que mentirosos, trileros y puteros, “te roban y te gritan”.

A estas alturas uno piensa que quienes comentan estas cosas distinguen el cine social del político, distinguen el retrato de lo que hay de la denuncia de por qué hay lo que hay. Y el musical Cerca de tu casa, como la interpretación de Pérez Cruz en el escenario, no es (sólo ni lo más importante) un retrato. Es la denuncia de una realidad que no es producto de la mala suerte. Una realidad que tiene causas y culpables, con nombre, dirección y rostro (algunos estaban ayer entre el público). Una realidad que, en consecuencia, puede cambiarse, que puede ser otra.

En fin, creo que habría que ser un poco más cuidadoso en la interpretación de mensajes como los de Silvia Pérez Cruz. Luego no se quejen si salen los actores y directores politizando los Goya con declaraciones demasiado “claras y directas”.

Ilustración: detalle de Domus, disco de Silvia Pérez Cruz.

El primer paso de una nueva marcha por el clima

Teresa Ribera

Algo ha cambiado en muy poco tiempo. Y puede hacerlo de forma todavía más rápida. Sea por la certeza de que respirar aire contaminado acarrea graves problemas de salud, por la indignación que provoca el fraude continuado de VW o por la dulce ausencia de frío a punto de empezar el mes de diciembre, lo cierto es que hoy, más que nunca, los ciudadanos reivindican a las instituciones tomarse en serio el asunto del clima.

Se acabó el miedo a qué pierdo en la transición y llegó la época de la indignación por el coste que nadie parece estar dispuesto a evitar. Que tomen buena nota los más de 150 líderes que participarán en la Cumbre del Clima de París en estos días. Rajoy dice haberlo hecho también. La historia, no la de dentro de 50 años sino la de mañana mismo, será severa con quien teniendo ocasión de hacer no hizo lo suficiente.

Baron Pierre Paulus de Châtelet (Belgian 1881 – 1959 ) , Clouds

Este mismo es el análisis que empieza a extenderse en el ámbito financiero. Inversores de largo plazo y compañías de seguro y reaseguro empiezan a salir de su tradicional y conservador silencio para advertir: invertir en combustibles fósiles es arriesgado financieramente y velaremos porque nadie cometa un error con nuestros recursos hasta el punto de exigir responsabilidades a quien, sabiéndolo, no tome las precauciones suficientes. Pero hay quien va más lejos y apunta a la inmoralidad de obtener pingües beneficios en un negocio que tanto daño causa en el mundo, cebándose muy en particular en los colectivos más frágiles y vulnerables.

¿Significa todo ello que París es “pan comido”? Ni mucho menos. Todavía resuenan los ecos de quienes dudan sobre la necesidad de renunciar a combustibles fósiles para ofrecer progreso; las voces de quienes reclaman un ajuste financiero final con la historia pasada antes de iniciar una nueva etapa… Se mezclan motivos legítimos de preocupación con inercias y manipulaciones. Nadie saldrá ganando de un no-acuerdo y todos, sobre todo los más pobres, saldremos perdiendo de la falta de liderazgo compartido en la transición a un mundo bajo en carbono. Pero un equilibrio justo requiere el compromiso de la comunidad internacional en la búsqueda de respuestas para los que más sufren los efectos del cambio climático, para quienes aspiran a un bienestar que deberá construirse de un modo distinto y, en último término, para quienes corren el riesgo de perderlo todo… hasta el suelo sobre el que construyen sus casas y siembran su alimento.

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De vuelta a casa, en España, será importante asegurar que los hechos acompañan las palabras, que las agendas políticas, la vida municipal y las estrategias empresariales se aprestan a buscar la coherencia que todavía nos falta. ¿De verdad nos creemos las utopías gasistas y petroleras? Necesitaremos acompañar a los mineros –que no al carbón– en un proceso de transición justa hacia un modelo económico viable para ellos y sus familias en sus comarcas. Se requerirá pensar y poner en práctica ese 100% renovable para mediados de siglo que tanto bueno puede aportar a la economía, la innovación, la factura energética y el medio ambiente. Y exigirá también corregir la escandalosa invitación a enladrillar la costa con la que este último gobierno nos ha obsequiado, a reinterpretar el demagógico “agua para todos” y en cualquier circunstancia para afirmar un “agua para que todos podamos beber” hoy y mañana pero ni para todo, ni esquilmando los escasos recursos de los que disponemos, ni a cualquier precio.

Hay mucho y bueno en el horizonte. Atisbamos por primera vez la oportunidad de asentar las bases de un nuevo modelo de prosperidad global, más inclusivo y coherente con los límites físicos de nuestro entorno. Esto va en serio y genera una nueva forma de entender las políticas públicas, la regulación y los sistemas fiscales, las relaciones comerciales y de cooperación, las estrategias empresariales, la aplicación del conocimiento y la rendición transparente de cuentas para aprender juntos a construir nuestro futuro común.

Ojalá, ojalá… En quince días podamos celebrar el primer paso de una nueva marcha por el clima a la luz del sol.

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Elogio del ‘buenismo’

Fernando Flores

Un buenista es un ‘tonto incompetente no pocas veces irresponsable’ al que dentro de unos años homenajearán por visionario (‘que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro’) los que hoy lo desprecian, o sus descendientes.

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El buenista es habitualmente de izquierdas o cristiano de base, cree y practica la solidaridad, defiende que se trate como seres humanos a los inmigrantes (sí, también a ‘los económicos’), asume –incluso le gusta– el multiculturalismo, le espanta la guerra, reivindica los derechos sociales y las acciones positivas (con dinero público, obviamente) para conseguir la igualdad y dignidad mínima de todas las personas, defiende el medio ambiente, rechaza la tortura como medio para sacar información a los terroristas y, probablemente, sea o sería partidario de la educación y salud pública y de calidad para todos.

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Eran conocidos buenistas Jesús de Nazaret, Bartolomé de las Casas, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Clara Campoamor, Manuel Azaña, Albert Einstein, y mi maestro de música, José Señer… (menos el último, todos tienen estatuas y calles en su honor). En la actualidad, probablemente lo sean Belén Gopegui, Emilio Lledó, Wangari Maathai, José Mujica, Aung San Suu Kyi, Wyoming y Ada Colau.

Con fijarse un poco en las declaraciones que en los últimos meses vienen realizando buena parte de nuestros ‘pensadores públicos’ respecto de cuestiones como la ola de refugiados hacia Europa o la defensa contra el terrorismo yihadista, uno no tiene más remedio que sacar la conclusión de que defender en serio los derechos humanos –protegerlos, promocionarlos, extenderlos–, luchar contra el cambio climático y reclamarse pacifista, es propio del buenismo más retrógrado. Es decir, de ingenuos, sentimentales, tibios, relajados, incoherentes, fantasiosos y desubicados.

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En la era de la simplificación resulta fácil escribir un post de brocha gorda como este. Si muchos conspicuos políticos y opinadores, de los que se denominan a sí mismos ‘responsables’ (y a los que coherentemente podríamos denominar como ‘malistas’), acusan sin mayores argumentos de ajenos a la realidad a quienes rechazan bombardear y mandar tropas a Siria, proteger los derechos laborales de la clase obrera o abrir las puertas a los refugiados, no veo por qué no puede ventilarse una contestación con los primeros párrafos de este texto.

Pero esto no es así, no debería ser así. Abordar las cuestiones importantes debería exigir algo más de seriedad y, por qué no decirlo, de pedagogía, aunque fuera de la más sencilla. De este modo, creo que el análisis riguroso de la realidad, unido a la voluntad de mejorarla, en el sentido de aproximarla a lo que nuestros contratos sociales establecen (las constituciones, los tratados internacionales, los principios que justifican el trabajo de organizaciones internacionales como la ONU, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea) exige, de una parte, el rechazo radical contra quienes reducen despectivamente a buenismo la defensa real, y no solo proclamada en discursos vacíos, de los derechos y valores que esas normas y organizaciones representan.

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De otro lado, nada impide –más bien, se exige– que a la defensa férrea de los derechos y el pacifismo se unan propuestas serias para tratar de debatir y encarar ahora los graves problemas que todas las sociedades complejas provocan. Lo que sucede, y lo que sucede es el quid de la cuestión, es que no pocas de esas propuestas (que sí existen) chocan frontalmente contra algunos de los intereses creados en el marco de un sistema que debería tener como centro al ser humano y que, sin embargo, se ve dominado por las relaciones del poder y el dinero.

Así que la posición política de quienes, por ejemplo, firman el manifiesto No en nuestro nombre, no es ni ‘mística’ ni ‘blanda’. Es sencillamente una posición y perspectiva absolutamente legítima (y en este caso, como en muchos otros, estrictamente legal) de una parte de la sociedad que no cuenta con el apoyo mayoritario de quienes gestionan y publicitan aquellos intereses creados, pero que representa valores esenciales de la sociedad, valores que deben ser tenidos muy en cuenta por quienes en último término adoptan las decisiones de gobierno.

Despreciar esa posición, humillarla con motes despectivos, es evitar (y muchos lo hacen sin inocencia alguna) la puesta en cuestión de un modelo político estatal y global que se aleja a marchas forzadas de los intereses de los ciudadanos, de los que son y de los que de algún modo aspiran a serlo. Además, es rechazar la imprescindible (aunque dura) reflexión y debate sobre cómo deben ser interpretados y aplicados los derechos humanos en momentos complicados o en situaciones límite. En suma, es impedir que se haga realidad lo que hasta ahora veníamos llamando ‘el funcionamiento normal del sistema democrático’.

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Ada Colau y la tragedia de Antígona

Manuel Peris

La opinión publicada ha sido bastante unánime a la hora de condenar la afirmación de Ada Colau asegurando que “si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”. Ha sido una reprobación casi unánime y sin matices, como si el tema no tuviera vuelta de hoja. Y sin embargo, la tiene. Al menos desde que Sófocles escribiera Antígona y escenificara el enfrentamiento entre la conciencia individual y el Estado. Un enfrentamiento que tal como fue planteado en esta tragedia, ha sido un leitmotiv en la filosofía, la teoría política, la teoría jurídica, la ética y la poesía de Occidente. Sigue leyendo

Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

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¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

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Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

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Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

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No se puede poner un fotógrafo detrás de cada desahuciada

Fernando Flores

‘El Rayo Vallecano y el Ministerio de Economía se movilizan ante un dramático desahucio en Vallecas’, titula Expansión. Al parecer hay desahucios dramáticos y otros que resultan una fiesta.

Estamos en España, en la semana en que un joven delincuente que sobrepasa holgadamente la edad penal rompe audiencias por ser joven. La semana en que se ha reunido más gente en el funeral de una aristócrata que en una convocatoria en defensa de la sanidad pública (Maraña). La semana en que un caso más de abusos sexuales por sacerdotes silenciado por la jerarquía eclesiástica no escandaliza como síntoma de un delito monumental, colectivo y continuado que se ha venido cometiendo durante años en el seno de la Iglesia. Probablemente todo cuadra, y el hecho de que la atrocidad del desahucio fotografiado de una anciana finalmente habilite una campaña auto-publicitaria de club de fútbol (sí, es una campaña; si no, que lo hagan en silencio o que impugnen el sistema, como los Bukaneros) forma parte natural del medioambiente. Sigue leyendo

¿Quién está matando a Walter Benjamin?

Fernando Flores

El 26 de septiembre de 1940, Walter Benjamin, el filósofo y crítico literario alemán, judío y marxista, se quitó la vida. Su muerte sucedió en la frontera, en Port Bou, al día siguiente de que la policía le denegara la entrada en territorio español. Benjamin pretendía viajar desde España a Estados Unidos y así abandonar una vida de exiliado que duraba ocho extenuantes años.

Se ha escrito mucho sobre las circunstancias de su muerte. Si fue suicidio o asesinato. Si tras el rechazo en frontera iba a ser deportado por los policías fascistas que lo custodiaban. Si estaba solo o acompañado. Sea como fuere, lo que suele repetirse por todos es que a Walter Benjamin lo mató el fascismo, y que si decidió poner fin a su vida fue como última protesta contra el régimen totalitario de Hitler.

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En estos días acaba de traducirse y publicarse por Tirant lo Blanch un muy interesante artículo de Alain Brossat titulado “¿Quién mató a Walter Benjamin?”. En él Brossat recupera el episodio fatal de la muerte del filósofo para rechazar que su (única) explicación resida en la afirmación “fue víctima de la barbarie nazi”, demasiado general e imprecisa. Para el francés la causa inmediata de la condena a muerte de Benjamin en la frontera española fue la no posesión del ‘visado de salida’ (necesario para ser admitido y poder viajar a Estados Unidos) con que debía presentarse ante la autoridad; y la mediata, la realidad de un dispositivo administrativo de precarización, discriminación y estigmatización establecido por el gobierno de Vichy con la clara intención de perseguir a los refugiados. Sigue leyendo

Los derechos de las personas mayores: visibilidad y singularidad

Fernando Flores

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema «no dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos». A esta conmemoración se ha sumado HelpAge International, publicando la segunda versión del excelente Índice Global sobre el Estado de Bienestar de las Personas Mayores.

Este Índice es un Informe que califica a 96 países según el bienestar económico y social de las personas mayores que viven en ellos, y mide su bienestar –el grado de eficacia de sus derechos– a partir de las áreas de “seguridad en los ingresos”, “salud”, “competencias” (empleo y educación) y “entornos favorables”. Sin embargo, en este post no voy a comentar el contenido del Informe, que tiene un muy buen análisis en el artículo “¿Dónde vivir de mayor?”, de Isabel Martínez (Presidenta de la Fundación HelpAge International España y de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores), y que fue objeto del estupendo reportaje de Daniel Ríos en infoLibre, “España se estanca en la clasificación de la calidad de vida de los mayores”. En este post voy a plantear una reflexión sobre un par de cosas que deduzco después de su lectura. Sigue leyendo

La insoportable levedad del racismo institucional

Fernando Flores

Yo me lo imagino así: un juez declara agriamente en su despacho que los políticos son unos delincuentes, una mierda a expulsar de la vida social, y que él se va a encargar personalmente de empapelarlos a hostias. La conversación de ese juez, que tiene algunos casos de representantes públicos bajo su jurisdicción, sale a la luz pública, y él trata de resolver el tema disculpándose, reconociendo que sus palabras eran inapropiadas y que, obviamente, él no se refería a todos los políticos, sino sólo a aquellos que son corruptos. Por corporativista que se pusiera el Consejo General del Poder Judicial, creo que ese juez tendría los días contados, y con razón, porque con sus palabras habría dejado claro que como servidor público no está en condiciones de proteger la tutela judicial efectiva y defender el Estado de Derecho.

La realidad no imaginada es que se ha sabido que el alcalde de Sestao, Josu Bergara, ha insultado a los inmigrantes, les ha amenazado con hacerles la vida imposible y ha afirmado a voces que él incumple la ley todos los días. Sin embargo, a diferencia del juez imaginado, el alcalde no tiene los días contados. Tiene el apoyo de su partido (PNV) y cuenta con la comprensión de buena parte de los vecinos, que agradecen que se les simplifique la razón por la que su vida es últimamente más difícil. La culpa, no busquéis más, es de los inmigrantes y los gitanos.

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Creo que este vergonzoso episodio nos muestra varias claves del contexto político,  social y moral con que el respeto a la legalidad y a los derechos humanos encara los tiempos que vivimos. La consideración de los derechos de los más débiles como algo prescindible o secundario, el desprecio a la idea de responsabilidad política de los servidores públicos que los vulneran, la doble vara de medir según el despropósito sea protagonizado por un amigo o enemigo político, la renuncia a mostrar ejemplaridad a los ciudadanos…

Sin embargo, de todas esas claves me gustaría quedarme con una que, probablemente, no va a ser de las más comentadas, por ser su comprensión algo farragosa y, me temo, porque en el otro extremo nos encontramos con los derechos de inmigrantes y de gitanos. Me refiero al racismo institucional que revela el comportamiento del alcalde de Sestao, y a los efectos que ese racismo provoca sobre la aplicación perversa de los procedimientos administrativos que afectan a la vida diaria de los más vulnerables, de los que no son Nadie.

La postura racista del alcalde se refleja en la actuación del Ayuntamiento ante las personas, en la aplicación de ese “infraderecho” que es el mundo de la tramitología burocrática, el mundo de la híper-regulación administrativa, de los papeleos que impiden acceder a derechos, de las colas, los pasillos, las salas de espera, las ventanillas y el vuelva usted mañana. Es evidente que el primer edil sabe que por esa vía puede hacer la vida imposible a los inmigrantes: poner a prueba su paciencia, controlar sus movimientos, infligirles la humillación de pedir repetidas veces lo mismo, obligarles a desistir y abandonar el pueblo… y ello sin posibilidad de queja o reclamación, pues hacerlo les condenaría a la segura negación de una magra prestación o de un documento importante. Bergara sabe que hacerlo es ilegal, pero tiene el poder institucional para hacerlo y la impunidad que le otorga la falta de transparencia que caracteriza a la buro-represión. Y lo hace.

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Pero esa es precisamente la razón por la cual SOS Racismo Bizkaia ha denunciado al alcalde, por prevaricación con agravante de racismo, en concreto por negarse a empadronar en el municipio a unas familias extranjeras. En la nota de prensa que explica la denuncia, SOS Racismo se hace estas preguntas:

¿Es verdad que estas personas solicitaron ser empadronadas hace meses, incluso más de un año? ¿Es verdad que no ha empadronado a estas personas? ¿Es verdad que representantes de SOS Racismo le han solicitado reiteradamente una reunión para abordar este incumplimiento? ¿Es verdad que el pasado 9 de abril estas familias se presentaron en el registro municipal y presentaron un escrito requiriendo al Ayuntamiento para que llevase a cabo el empadronamiento sin que haya habido respuesta? ¿Es verdad que ha sido él personalmente quien no ha permitido el empadronamiento de estas familias? ¿Es verdad que el 6 de septiembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que adecue a la legalidad algunas prácticas en materia de empadronamiento? ¿Es verdad que el 21 de noviembre de 2013 el Ararteko emite una Resolución por la que se le recomienda que empadrone al demandante y su familia en el domicilio donde efectivamente residen? ¿Es verdad que el Ararteko, en el informe anual al Parlamento vasco, en la página 36, al hablar de aquellas instituciones  que al negar o retrasar su colaboración están provocado la imposibilidad de resolver en plazo las quejas planteadas por la ciudadanía destaca al alcalde de Sestao?
¿Es verdad que ha estado utilizando el deber de empadronar de manera arbitraria?

Las preguntas son directas y claras, y ofrecen bastante información sobre el modus operandi del alcalde. Éste está reprimiendo y controlando por vía burocrática el acceso de las personas a un derecho, como es el de estar empadronado en el sitio de residencia. Ahora bien, este comportamiento es más habitual de lo que parece, y aunque resulta relativamente fácil de detectar, demostrarlo ante los tribunales es muy difícil (no hay más que ver las impotentes recomendaciones del Ararteko). En el caso del de Sestao se ha podido acudir al juez porque la demanda va acompañada de una grabación auto-inculpatoria que demuestra su intención prevaricadora, pero evidentemente esta circunstancia es una excepción.

La realidad poco visible para la sociedad es que la “democracia cotidiana” de muchas personas vulnerables es un pequeño infierno de regulaciones, requisitos y ritos burocráticos que ponen en manos de la autoridad una capacidad arbitraria para decidir si esas personas acceden o no a los derechos. Cuando esa autoridad es racista, reaccionaria, xenófoba, o simplemente quiere perjudicar a un grupo de personas, el “infraderecho” –caracterizado por su elaboración unilateral, su falta de publicidad y transparencia, su difícil compresión o nula claridad, su impugnación imposible– le facilita el trabajo enormemente. Así, se impiden empadronamientos, se deniegan prestaciones debidas, se olvidan certificados, se anulan permisos, se retrasan renovaciones…, sin miedo a la responsabilidad que debiera deducirse por ello. Se comprueba cómo la aplicación de las normas superiores que protegen los derechos humanos quedan supeditadas a un sistema para-legal de circulares y decretos cambiantes en manos de quien ejerce el poder.

En último término, la garantía de los derechos de los vulnerables queda en manos de algunos abogados y abogadas, trabajadores sociales y periodistas, aguerridos y consecuentes, que se manejan con cierta soltura, mucho trabajo y bastante sufrimiento en el laberinto de control y represión social que esas normas construyen. En la mayoría de los casos, a base de mucho coraje y mucha lucha; en ocasiones, favorecidos por algún descuido que muestra la calaña del represor y su comportamiento delictivo.

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Foto: El alcalde Sestao con algunos vecinos. Agencia Efe.