Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

¿Quién protege al denunciante de corrupción?

Marifé Blanes Soliva y Fabiola Meco Tébar                

La corrupción es un fenómeno que aqueja a las sociedades democráticas y es un problema contemporáneo a escala global. Tan es así que desde 2003 existe un consenso internacional recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por el que se entiende que

“la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Uno de los ejes de esta Convención es la protección de las personas que denuncian la comisión de irregularidades o hechos delictivos relacionados con la corrupción y las políticas lesivas para el interés general. Sin embargo, tras su ratificación en julio de 2016, España sigue sin contar con una regulación que proteja de forma específica a los denunciantes de la corrupción.

En este sentido, en la Convención se diferencia entre la protección de los testigos, peritos y víctimas en el artículo 32 y, la protección del denunciante recogido en el artículo 33. Respecto a la protección del denunciante se requiere a los Estados parte que consideren la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proteger contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables cuestiones relacionadas con la corrupción.

Han tenido que pasar diez años para que algunas normativas autonómicas (Ley 2/2016 de Castilla León, Ley 11/2016 de la Comunitat Valenciana, Ley 16/2016 de Baleares, y Ley 5/2017 de Aragón) hayan reaccionado y reconocido un derecho básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los delitos relacionados con el abuso de poder como es la protección de la persona denunciante. Son las primeras, las pioneras, esperemos que lleguen otras.

No son pocos los casos de gente valiente defensora de lo público que no ha dudado en dar un paso al frente y lo ha pagado caro. Son los casos de Azahara Peralta (AcuaMed) Ana Garrido (Gürtel) o Roberto Macías (cursos de formación de UGT), y otras tantas personas, cuyos nombres no han trascendido a través de los medios de comunicación, y que han denunciado distintos casos de corrupción. Tras sus denuncias se han enfrentado a amenazas, difamaciones, acoso, incluso a despidos.

Pero ¿a quién se debe proteger y en qué debe consistir la protección? Lo más acertado, por los resultados que puede dar, es ampliar al máximo el concepto de denunciante. No sólo se ha de proteger a denunciantes personas físicas, sino también a las jurídicas, y no circunscribirlo al ámbito público. Recordemos que muchos contratistas o subcontratistas pudieran ser, o mejor, son conocedores de prácticas que generan fraude y corrupción. Los hechos de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que en este tipo de delitos, también participa el sector privado, usualmente es en la interacción entre ambos cuando se producen las posibles corruptelas. Este es el caso de las empresas privadas que prestan sus servicios a las entidades públicas a través de procedimientos de contratación administrativa, los empleados y empleadas de estas empresas, en ocasiones, también son conocedores de las posibles irregularidades en la ejecución de las contrataciones administrativas, aunque no sean empleados públicos.

Entendemos también aconsejable favorecer como cauce posible las denuncias anónimas, pues ha de ser la verosimilitud de los hechos y no la identidad del denunciante la que determine que prospere la denuncia. La inacción ante casos de fraude y corrupción debe ser mínima y para eso han de habilitarse cauces de conocimiento seguros que mantengan la confidencialidad del denunciante.

En cuanto a las medidas de protección han de ir dirigidas a procurar que el denunciante quede indemne tras su denuncia, que no sufra ninguna consecuencia negativa, ningún trato discriminatorio, ninguna clase de intimidación, ninguna represalia ni física ni económica. Se trata de garantizarles defensa jurídica en las denuncias y frente a quienes vulneren sus derechos acosándoles, amenazándoles, calumniándoles o injuriándoles, así como frente a quienes no los protejan debidamente.

Aún no hay norma estatal aprobada que arbitre medidas avanzadas y efectivas de protección integral del denunciante. La iniciativa de Ciudadanos que se tramita en el Congreso en la actualidad está lejos de ser la norma que precisa un país donde la corrupción ha campado y sigue campando por desgracia en todos los niveles local, autonómico y estatal.

Proteger debidamente a la persona denunciante de la corrupción en el ámbito de lo público permite y favorece la participación activa de la ciudadanía española en la defensa de la integridad de sus instituciones públicas. En definitiva, es más que una cuestión de respetar los acuerdos internacionales que suscribimos, es fundamentalmente haber aprendido el daño que el fraude y la corrupción hacen a las arcas públicas; es legislar para prevenir, para hacer que las políticas sociales no se resientan por falta de recursos que se distraen en bolsillos particulares; es trabajar en el respeto al Estado de derecho, en la obligación de rendir cuentas y la transparencia pública. Para hacer todo esto posible sólo hace falta voluntad política. Es evidente que aún queda un largo recorrido por delante y que el contexto político actual favorece la pluralidad de voces en el seno de los Parlamentos, y permite la asunción de compromisos compartidos. Ha llegado el momento de reconciliar en la lucha contra la corrupción a la política y a la ciudadanía.

Ilustraciones de Jopep Renau: 1. El gran empresario, 1956. 2. Sociedad de provecho, 1952. 3. La corbata (detalle), 1949.

Es libertad de expresión, estúpidos

Ana Valero Heredia

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acaba de abrir diligencias contra la revista satírica El Jueves, por un presunto delito de injurias ante el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado por los principales cinco sindicatos de policía en el que se denuncia el artículo publicado el pasado 5 de octubre bajo el título: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Con el tono propiamente satírico de la revista, el artículo señala que los cárteles colombianos han advertido que son “incapaces de abastecer tanta demanda” tras la actuación policial contra la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña. Tras abrir diligencias, la juez ha citado como investigado al director de la revista.

Asimismo, ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra doce raperos que integran el grupo llamado La insurgencia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía solicita dos años y un día de prisión para cada uno de los integrantes del grupo musical por estimar que las letras de sus canciones hacen apología de la violencia y ensalzan a la organización terrorista GRAPO.

Como es sabido, estos dos nuevos casos no son los primeros ni los últimos pues se suman a los del rapero Valtonyc, César Strawberry, Pablo Hásel, el del concejal Zapata, Cassandra, los titiriteros, Rita Maestre, Abel Azcona, Javier Krahe, Leo Bassi, los manifestantes que quemaron la foto del rey, el autobús de Hazte Oír y tantos otros. Algunos de ellos han sido condenados penalmente, otros han sido absueltos. A algunos se les imputan delitos como el escarnio religioso, las injurias, el enaltecimiento del terrorismo, o, el discurso del odio, pero en todos ellos subyace, la limitación de un derecho fundamental: la libertad de expresión.

Ante esta realidad, una empieza a preguntarse con preocupación a qué responde este evidente retroceso en la protección de tal derecho en nuestro país, pues es evidente que la Fiscalía y determinados órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 31 de julio de 2015 relativa a la quema de fotos del rey, parecen haberse empeñado en contradecir uno de los principios definitorios del sistema constitucional español, el de que España no es una “democracia militante”, lo que significa, a diferencia de otros modelos de nuestro entorno cercano, que aquí cabe la defensa de cualesquiera ideas y opiniones, incluso, aquéllas que contradigan el propio modelo constitucional democrático, siempre que se haga respetando los procedimientos previstos para ello y sin emplear la violencia.

En este sentido, parece que procede reiterar, una vez más y hasta la extenuación si es necesario, que el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión de nada nos sirve respecto de ideas u opiniones generalmente aceptadas por la sociedad, o consideradas inofensivas por ésta. La verdadera utilidad y eficacia de este derecho radica, precisamente, en relación con el tratamiento que reciba la manifestación de aquellas expresiones más radicales o extremas respecto del propio sistema democrático.

Centrándome ahora en el artículo de la revista El Jueves, es importante recordar que el artículo por el que se ha citado a su director por incurrir en un presunto delito de injurias, se sitúa bajo el paraguas del ejercicio de la sátira y la caricatura como manifestación de la libertad de expresión.

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que

“la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar. Por lo que, es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista -o de cualquier otra persona- a expresarse por este medio”.

Ello significa que, al ya carácter preferente que de por sí goza la libertad de expresión en todo sistema democrático, cuando además la misma se ejerce en el marco del humor, los límites que le son aplicables son todavía más restringibles.

Sin embargo, es evidente que nuestros tribunales no parecen tener muy en cuenta esta jurisprudencia. Baste recordar la reciente condena penal de un año de cárcel a César Strawberry por parte del Tribunal Supremo por sus tuits relativos a víctimas de ETA o de los GRAPO, sin tener en cuenta su perfil artístico ni su actitud no violenta. Y no hay que olvidar, tampoco, que en el año 2007 los dibujantes de la revista El Jueves, Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, ya fueron condenados por un delito de injurias a la Corona por la portada de los entonces príncipes de Asturias en actitud sexual.

El caso de los raperos del grupo La Insurgencia es todavía más grave, pues el delito que se les imputa es el de “enaltecimiento del terrorismo”, que lleva aparejada pena de privación de libertad. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 578 del Código Penal, a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio, humillación u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública.

Como señalé en posts anteriores, si se observa la interpretación que los tribunales han hecho del artículo 578 del Código Penal al aplicarlo, se llega a la conclusión de que éste establece un verdadero delito de opinión pues, para poder ser aplicado no es necesario que el discurso o las expresiones emitidas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o a la incitación al uso de la violencia.

Pues bien, letras como

“Leyendo a presos de los Grapo entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas”, o

“Yo no lleno salas, diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional”, o

“Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero, vuelos altos bajo esta dictadura. Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura”,

han llevado a la Fiscalía a afirmar, en su escrito de conclusiones, que estas composiciones “propagan un método violento para combatir un sistema que (los acusados) consideran injusto”, y que “enaltecen al grupo terrorista PCE(r)-Grapo y a miembros del mismo que llevaron a cabo múltiples secuestros, atracos y asesinatos”. Así, continua que “los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos”.

Este escrito de la Fiscalía, así como las sentencias condenatorias o de imputación relativos a otros casos anteriormente citados, se empeñan en desconocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia del discurso del odio, según la cual, lo será el desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Algo a tener en cuenta ya que en el cálculo del cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos parece que nos encontramos enfrascados.

Ilustraciones: 1. Eneko. 2. Hermano Lobo. 3. Rac.

 

El último vuelo del almirante Carrero Blanco

Joaquín Urías

Los delitos de opinión están de moda. Es una moda que vuelve periódicamente, pero esta vez lo hace con una virulencia desconocida. El repunte de condenas, investigaciones e imputaciones a quienes expresan sus opiniones políticas parece tener dos causas: la generalización del uso de las redes sociales que permiten que las expresiones personales lleguen ahora a miles de receptores y la aceptación social de los ‘delitos de odio’ que amparan a las víctimas de otros delitos y reprimen las expresiones de intolerancia.

Respecto a las redes sociales poco se puede decir que no resulte evidente. Las opiniones que se escriben en la red llegan a un número indeterminado de personas y por todo el mundo. Además permanecen indefinidamente, ya sea en los dispositivos del emisor ya en los de cualquiera que las capture y las reproduzca. Lo que antes se decía en un bar y lo oían sólo los parroquianos, ahora está escrito y a disposición del mundo. Eso es terreno abonado tanto para los ofendidos de piel fina que corren a judicializar todo lo que les molesta como para cualquier fiscal con vena de inquisidor. Sigue leyendo

Strawberry y el Derecho Penal del “ofensivo”

Ana Valero

En el día de ayer el Tribunal Supremo condenó a César Strawberry a un año de prisión por el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal, anulando con ello la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de 18 de julio de 2016.

Como se recordará, los hechos constitutivos del delito son una serie de tuits en los que se contenían frases como: “El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO”; “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar… si no le das lo de Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre a su lado”; “cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco”. En respuesta a una pregunta sobre qué le regalaría al Rey decía que “un roscón bomba”; “A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora” y “Street Fighter edición post-ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina”; o “¿Se puede llevar una camiseta con un estampado de Miguel Ángel Blanco? Lo pregunto desde el respeto y el verano”. Sigue leyendo