Los vértigos de la defensa militar

Carlos Penedo

Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.

Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.

Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.

La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.

Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.

En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsables políticos, de declaraciones en cumbres y pre-cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.

poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.

Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de “OTAN: el vértigo de la retirada americana”.

En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.

Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.

Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.

Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.

Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.

Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. “La OTAN ha hecho teoría desde la práctica”, defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.

Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.

Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.

El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.

Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).

A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.

El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.

La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario (“La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo”), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.

Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.

¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?

¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?

El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.

Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.

En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.

Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.

Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.

La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

 

Centros de procesamiento de asilo en África, ¿puede la UE replicar el ejemplo australiano?

Ana Calvo Sierra

El debate en torno al establecimiento de centros de procesamiento de asilo fuera de la UE vuelve a estar en auge esta semana, tras la cumbre de líderes europeos en la que se ha planteado la posibilidad de crear ‘plataformas regionales de desembarco’ en África con la intención de filtrar a los verdaderos refugiados de los migrantes económicos, y así evitar más muertes en el Mediterráneo.

Esta política no es nueva; ya en los años ochenta Dinamarca presentaba un proyecto de resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación de centros offshore, iniciativa que sería más tarde recogida por el Reino Unido en los ‘UK Proposals’ en 2003. Aunque entonces el clima político no fuera lo suficientemente favorable– Reino Unido encontró la fuerte oposición de Francia y Suecia, así como de la propia ACNUR, que no tardó en desvincular su ‘Convention Plus’ de los planes británicos – sentó las bases de una propuesta que quince años más tarde parece ser la idea definitiva entre las políticas de externalización de la función del asilo. Tras la popularmente llamada crisis de los refugiados precipitada en 2015, varios mandatarios europeos se han acogido al caso australiano para animar a la réplica de esta política de control migratorio.

Australia aprobó en el año 2001 la Solución Pacífico: una política dirigida a frenar las llegadas de barcos no autorizados a las costas australianas mediante el traspaso de los ‘boat people’ a, en sus comienzos Christmas Island, y recientemente a las islas de Papua Nueva Guinea (PNG) y Nauru. Pese a la revocación de la Solución en el año 2008 por el partido laborista siguiendo una promesa electoral, en el año 2012 los centros en PNG y Nauru fueron reabiertos debido al aumento de llegadas migratorias. Durante los últimos seis años, son cientos los refugiados, demandantes de asilo y otros migrantes que se han encontrado detenidos en centros de procesamiento sin esperanza de ser reasentados en Australia. Esto es sabido desde que el anterior ministro de migración Kevin Rudd declarara en el año 2013 junto al primer ministro de PNG que aquellos reconocidos como verdaderos refugiados tendrían la oportunidad de quedarse allí mismo, declarando “ningún refugiado será reasentado en Australia”. Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos sistemáticas y a las llamadas al cierre por parte de Australia, los centros siguen en vigor.

Con el acrecentamiento de los partidos de extrema derecha en Europa y la narrativa anti-inmigración, no sorprende que Australia haya sido citada como un ejemplo a seguir. En los últimos tres años, Wilders, Farange o Szijjarto han expuesto públicamente su voluntad de tratar a los refugiados a la australiana; mientras otros países, como Francia, Italia o España se han centrado en cerrar acuerdos bilaterales con países africanos. No obstante, en febrero de 2018, The New York Times hacía sonar las alarmas publicando la conclusión de un centro de procesamiento de solicitudes de asilo francés en Níger, titulando el artículo “asilo para los elegidos”. Esta iniciativa parecía haber surgido de la reunión mantenida en París entre mandatarios de Libia, Níger, Chad, Italia, Alemania y España donde se debatió cómo frenar el flujo de migrantes irregulares. En última instancia hemos sabido estos días que la propuesta ha encontrado el apoyo mayoritario de los líderes europeos, por lo que parece que es el momento de analizar las posibilidades de éxito en la práctica.

El caso australiano ha demostrado con creces que la externalización del asilo a través de los centros offshore es políticamente vendible. Se requiere de discursos que presenten la migración irregular como abrumadora; que asuman esta política como humanitaria –concebida para evitar muertes en el Mediterráneo– y no como de control –pese a que cualquiera podría pensar que limita la libertad de movimiento recogida por todos los textos de derechos humanos–; y que se plantee bajo una aparente sujeción al derecho tanto doméstico como internacional. En cambio, jurídicamente, la UE y Australia presentan diferencias insalvables: Australia no está sujeta a un órgano judicial supranacional como sí lo están las políticas migratorias de los miembros de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y especialmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la Convención en materia de asilo de forma que a día de hoy su jurisprudencia es la mayor garantía para los refugiados y demandantes de asilo. Y lo ha hecho pese a que el derecho de asilo no se reconoce explícitamente en la Convención. El TEDH ha extendido la noción de jurisdicción a casos extraterritoriales, bajo el concepto de control efectivo –de iure y/o de facto– en sentencias como Medvedyeb v. Francia o Hirsi Jaama v. Italia. También ha ampliado el ámbito de aplicación personal y material de la Convención de Ginebra, extendiendo la prohibición de refoulement a no sólo refugiados sino cualquier extranjero que pueda verse sometido a trato inhumano o degradante si fuera devuelto o extraditado a otro país, con sentencias clave como Soering v. Reino Unido, Cruz Varas v. Suecia o Chahal v. Reino Unido. Y por último, ha definido las condiciones de detención aplicable a terceros de otros países, limitando así las posibilidades que encontraría la UE en el caso de efectivamente confinar a demandantes de asilo en centros extraterritoriales.

La definición y el carácter de estas tres nociones –jurisdicción, principio de non-refoulement y detención– desarrolladas por el TEDH son a día de hoy, bajo mi opinión, el mayor obstáculo para la implementación del modelo australiano por parte de la UE. Incluso en el caso en el que la UE no se desvinculara de los centros offshore como hace Australia, y los diseñara bajo su jurisdicción y consecuentemente sujeción al derecho europeo, son diversas las cuestiones técnicas y jurídicas que surgirían haciendo de esta política una misión poco factible en estos momentos: ¿serían los centros capaces de atender a casos específicos de personas vulnerables? ¿Se atendrían a los límites temporales y condiciones de detención impuestos por el TEDH en casos como MSS v. Bélgica y Grecia? ¿Cómo se garantizarían los recursos efectivos y la defensa ante un refoulement indirecto por parte del país huésped? ¿Supondría esta política cambios en el sistema de reparto de carga y en definitiva la modificación de Dublín?

De cualquier modo, aunque la UE consiguiera presumiblemente ajustarse al derecho con la creación de estos centros, este hecho suscitaría inquietudes éticas ya que se trataría una vez más del aprovechamiento de técnicas legales para evadir obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos concebido para dar protección a los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad; lo que me lleva a concluir que aunque fuera legal, nunca sería una herramienta legítima para con los refugiados y demandantes de asilo. Es en el tratamiento a los refugiados donde los valores en los que se fundó la UE yacen hoy; no los pongamos fuera de nuestra vista.

Ilustración de Oslo Davis. Foto de Centelles: campo de refugiados españoles en Bram (Francia), 1939.

 

CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Sigue leyendo