Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil. Sigue leyendo

derechos sin Derecho, emoción sin razón, terror sin «por»

Jesús García Cívico

En un ensayo que tuvo gran predicamento a final del pasado siglo, el pensador francés Gilles Lipovetsky describía el advenimiento de una era donde el antiguo deber moral, rigorista y categórico, quedaba eclipsado en beneficio de una cultura inédita incapaz ya de renunciar al bienestar y por ello tendente a una suerte de ética indolora y a una concepción del deber que no sabía ni podría renunciar al hedonismo.

Creo que aquel tratado sobre los nuevos «nuevos tiempos» (con todos los excesos y ambigüedades típicas de la filosofía francesa del momento) incluía, junto a no pocos desatinos y alguna simplificación, un diagnóstico más que certero de las mutaciones en lo que podemos llamar expresión exterior de la moral, canalizada incipientemente entonces en manifestaciones solidarias del tipo macro-conciertos de ayuda al SIDA, loterías con fondo benéfico frente al hambre, subastas televisivas de enseres de famosos, etc. Sigue leyendo

La dictadura de la verdad… y la libertad de expresión

Joaquín Urías

Últimamente se ha puesto de moda entra la prensa “seria” española dedicarle artículos sesudos al tema de La Verdad. Lo más granado y tradicional de nuestro periodismo se rasga las vestiduras ante la falta de rigor de algunos medios en el contraste de sus noticias y la fe injustificada que despierta Internet.

Uno de los detonantes fueron las informaciones (erróneas) de que un jugador de la selección española de fútbol había cortado las mangas de su camiseta para (se decía) borrar cualquier rastro en ellas de unas banderitas rojigualdas. La anécdota ha servido para enarbolar a diestro y siniestro la enseña de la verdad. Así que parece que éste es un buen momento para recordar que esta feroz invocación de la verdad es sin duda el mayor enemigo de la libertad de expresión, seguido de cerca tan sólo por lo políticamente correcto.

Los derechos fundamentales nacen y sirven exclusivamente para proteger a la minoría frente a la mayoría. En términos jurídicos, desde hace siglos la mayoría se expresa a través de la ley. Y la mayoría, -y su ley- tiene siempre la tendencia de machacar a las minorías. Por eso nacen los derechos fundamentales. Frente a la ley. Constituyen ese reducto inalterable, necesario para ser persona, que ni siquiera la expresión de la voluntad mayoritaria puede eliminar. Sigue leyendo

Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: «Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó» (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009). Sigue leyendo

La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”. Sigue leyendo

Caso Rita Maestre: ¿la fiscal también puede ofender?

Fernando Flores

Si a la fiscal Morando se le aplicase la Ley con el rigor subjetivo con que defiende la condena penal a la concejal Rita Maestre, podemos estar seguros de que en breve ella misma sería objeto de sanción por una “falta grave de desconsideración a los ciudadanos” (art.63.3 EOMF). La causa: el contenido del Escrito con el que impugna la apelación contra la sentencia que condenó a Maestre por los sucesos de la capilla de la complutense.

La fiscal es severa en su apreciación con lo que ocurrió aquel día. A su modo de ver, la protesta no puede de ninguna manera defenderse como pacífica, porque los manifestantes “irrumpieron” en el templo católico y “empujaron” al capellán que estaba en la puerta. Y hubo delito de profanación (art.524 CP) porque no hubo respeto, sino, a través de un acto de cierta entidad y magnitud, “ánimo de ofender, molestar y ridiculizar” a los católicos allí presentes, elemento subjetivo necesario para aplicar el tipo.

En su argumentación, discutible (véase el post de Ana Valero) pero bien razonada, la fiscal opta por una severidad que no se aplica a sí misma, lo que no parece lógico ni justo. Amparándose en una pretendida “literalidad” de lo que las manifestantes llevaban pintadas en sus cuerpos (“putas, libres, lesbianas, bolleras”), Morando afirma que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres o bolleras o lo que quieran ser”, descontextualizando irónicamente (¿o deberíamos pensar que con ánimo de ofender?) un mensaje que en la manifestación tiene un sentido muy diferente al que se refleja en el Escrito.

Más aún, la fiscal considera que es necesario incorporar al texto de su impugnación consideraciones subjetivas sobre el comportamiento de las manifestantes:

“Es un ejercicio lamentable que grupos universitarios pretendidamente liberales y progresistas quieran imponer sus ideas y sus pretensiones por la fuerza. Y es un ejercicio de cinismo pretender amparar esa conducta en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y sobre los argumentos del abogado:

“Resultan infantiles y lamentables las observaciones que realiza el recurrente al respecto de si no se actúa con contundencia ante delitos de odio. La fiscalía actúa siempre en defensa de la legalidad cuando le llega la ‘noticia críminis’ y es bochornoso que haya que recordárselo al recurrente”.

En mi opinión, tanto aquella mención (llamar a las manifestantes “señoritas” que alardean de ser putas) como este rapapolvo paternalista están fuera de lugar, pues no añaden nada a una posición –discutible pero absolutamente legítima– que podía argumentarse sin ellas. Son, claramente (si aceptamos el rigor que gusta a la fiscal), una desconsideración grave con las ciudadanas que se manifestaron, con la concejal Maestre y con el abogado.

No se trata de un tema menor. El Escrito de Morando también tiene “cierta entidad o magnitud” (elemento a tener en cuenta a la hora de valorar su contenido), pues el de Maestre es un caso público muy notorio. Por ello, y siguiendo el mismo argumento que la fiscal aplica a la concejal, no se puede decir que ella (la fiscal) no sepa cuál es la repercusión que dicho Escrito va a tener (como al parecer Maestre no podía desconocer las repercusiones de lo que hacía en la capilla). No en vano también Morando “es persona física, universitaria y por tanto con cultura suficiente” para entender lo que ha escrito, su intención y lo que el EOMF prevé cuando existe una falta de consideración con el ciudadano. Como es su caso.

En fin, como dice Jesús Maraña, nos ahorraríamos todas estas disquisiciones si dejase de prevalecer un concepto parcial de libertad de expresión que nos hace cada vez más pequeños como Estado Democrático de Derecho.

Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight ca. 1665

Ilustración: Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight, 1665.

Somos CocaColaenLucha: dignidad y derechos

Fernando Flores

Hace tres años las empresas embotelladoras de Coca-Cola en España se fusionaban en Coca-Cola Iberian Partners. Un año después, a principios de 2014, ésta procedía a la presentación de un ERE y al cierre de 4 plantas. Una de ellas –la de Fuenlabrada– había firmado la misma mañana su convenio colectivo. El ERE afectaba a 1250 trabajadores.

Tras más de dos años de lucha contra la empresa, cerca de 300 trabajadores y trabajadoras consiguen ganar y cerrar el conflicto jurídico a su favor, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El ERE se declara nulo por vulneración del derecho fundamental a la huelga, por vulneración de la obligación de comunicación a la representación sindical, y por incumplimiento de las directivas europeas en materia de información a la representación legal de los trabajadores. A día de hoy, la empresa ha retrasado todo lo posible el cumplimiento de lo ordenado por los tribunales, y ha utilizado todo este tiempo para desmantelar la embotelladora de Fuenlabrada, impidiendo así que aquéllos puedan regresar a sus puestos de trabajo tal y como los ocupaban en el momento del cierre ilegal. Sigue leyendo

Los derechos humanos en Cuba

Fernando Flores

Tras los discursos, se abrió el turno de preguntas y un periodista estadounidense con acento de Miami (confesó que su padre era un cubano que abandonó la Isla), preguntó al Presidente Obama sobre las palabras con las que había instado al Presidente Castro a realizar reformas en la Isla a favor de los derechos humanos. Al mandatario cubano le planteó directamente “¿por qué tiene presos políticos, y por qué no los sueltan?”. Acto seguido, Andrea Mitchell, de la NBC, señaló a Castro que para muchos era increíble oírle hablar de derechos humanos, y puso de manifieso que la visita de Obama había estado precedida del arresto de un grupo de las Damas de Blanco, que se estaban manifestando pacíficamente. De modo que no alcanzaba a comprender cómo podía existir una “coexistencia civilizada” entre dos países con una interpretación tan diferente de lo que significan la democracia y los derechos humanos. Sigue leyendo

Rita Maestre no ha vulnerado la libertad religiosa

Ana Valero

La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido condenada a pagar 4.320 € (12 euros diarios durante 12 meses) por ofender los sentimientos religiosos, como consecuencia de haber participado en el año 2011 en una protesta pacífica en la capilla de la Universidad Complutense.

Para dicha condena la Jueza ha aplicado el artículo 524 del Código Penal, cuyo bien jurídico tutelado son los sentimientos religiosos, pero no la libertad religiosa de las personas ni de las comunidades en las que se insertan.

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Desde el año 2006 el Consejo de Europa (Resolución 1510) viene reiterando que ni el insulto religioso ni la blasfemia deberían establecerse como delito en los Estados europeos, siempre que no concurra el elemento de la incitación al odio; y que la libertad de expresión, regulada en el artículo 10 del CEDH, no debe ser restringida para proteger las sensibilidades de algunos grupos religiosos.

A pesar de que el legislador español no ha incorporado la posición del Consejo de Europa en la legislación penal, debe quedar claro que la tipificación penal de la “ofensa a los sentimientos religiosos” no trata de proteger ningún derecho humano ni, más concretamente, el derecho de libertad religiosa protegido por nuestra Constitución en el artículo 16. Sigue leyendo