Sin esperanza y sin desaliento

Fernando Flores

Me fascina la facilidad que tiene el ciudadano español para desenfundar el Código Penal en cuanto se siente ofendido. Si apoyado en el muy poco apreciado principio de proporcionalidad le argumentas que quizás la acción que le ha incomodado sea ciertamente fea, deplorable, de mal gusto o discutible, pero que sancionarla como corresponde a un delito es matar moscas a cañonazos (imagen que suele traernos a la mente a la pobre mosca esquivando un proyectil descomunal, pero que también debería alertarnos sobre el destrozo que la bala produce en los alrededores), téngase la seguridad de que el interpelado no se va dar por aludido. Al contrario, con amargura o desdén (según carácter) insistirá en el profundo daño (normalmente moral) que se le ha infligido y del que, a la vista de la pena que reclama para el agresor, nunca se va a recuperar.

Creo que es conveniente reiterar –sin esperanza y sin desaliento– que esta actitud, generalizada en la derecha (esta misma semana el ministro del interior ha relacionado el declarar persona “non grata” a Rajoy con un delito del odio) pero con no pocos entusiastas seguidores en la izquierda, es una barbaridad. Una barbaridad que no es que no conduzca a ningún sitio, es que conduce a un sitio al que mejor no llegar. Sigue leyendo

Rita Maestre: criticar y reivindicar no es delito

Ana Valero

Este jueves, 18 de febrero, tendrá lugar ante el Juzgado de lo Penal núm.6 de Madrid, el juicio oral contra la concejala del Ayuntamiento Rita Maestre, por un delito contra los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 524 del Código Penal con la pena de un año de prisión y, subsidiaria o alternativamente, por el delito del artículo 525 del Código Penal castigado con la pena de doce meses de multa.

La acusación (encarnada por el Ministerio Fiscal, el Centro de Estudios Políticos Tomás Moro y Alternativa Española), sostiene que Rita, junto con otro compañero, guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y de todo el colectivo católico, entraron en la capilla de la Universidad Complutense y, en presencia del capellán y de varios estudiantes que se hallaban allí orando, invadieron el espacio destinado al altar portando imágenes del Papa con una cruz esvástica. Ella, junto con otras mujeres se desnudaron de cintura para arriba y, posteriormente, abandonaron la capilla gritando las siguientes frases: “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “el Papa no nos deja comernos las almejas”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano”, “arderéis como en el 36”, y “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”. Sigue leyendo

Elogio del ‘buenismo’

Fernando Flores

Un buenista es un ‘tonto incompetente no pocas veces irresponsable’ al que dentro de unos años homenajearán por visionario (‘que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro’) los que hoy lo desprecian, o sus descendientes.

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El buenista es habitualmente de izquierdas o cristiano de base, cree y practica la solidaridad, defiende que se trate como seres humanos a los inmigrantes (sí, también a ‘los económicos’), asume –incluso le gusta– el multiculturalismo, le espanta la guerra, reivindica los derechos sociales y las acciones positivas (con dinero público, obviamente) para conseguir la igualdad y dignidad mínima de todas las personas, defiende el medio ambiente, rechaza la tortura como medio para sacar información a los terroristas y, probablemente, sea o sería partidario de la educación y salud pública y de calidad para todos.

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Eran conocidos buenistas Jesús de Nazaret, Bartolomé de las Casas, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Clara Campoamor, Manuel Azaña, Albert Einstein, y mi maestro de música, José Señer… (menos el último, todos tienen estatuas y calles en su honor). En la actualidad, probablemente lo sean Belén Gopegui, Emilio Lledó, Wangari Maathai, José Mujica, Aung San Suu Kyi, Wyoming y Ada Colau.

Con fijarse un poco en las declaraciones que en los últimos meses vienen realizando buena parte de nuestros ‘pensadores públicos’ respecto de cuestiones como la ola de refugiados hacia Europa o la defensa contra el terrorismo yihadista, uno no tiene más remedio que sacar la conclusión de que defender en serio los derechos humanos –protegerlos, promocionarlos, extenderlos–, luchar contra el cambio climático y reclamarse pacifista, es propio del buenismo más retrógrado. Es decir, de ingenuos, sentimentales, tibios, relajados, incoherentes, fantasiosos y desubicados.

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En la era de la simplificación resulta fácil escribir un post de brocha gorda como este. Si muchos conspicuos políticos y opinadores, de los que se denominan a sí mismos ‘responsables’ (y a los que coherentemente podríamos denominar como ‘malistas’), acusan sin mayores argumentos de ajenos a la realidad a quienes rechazan bombardear y mandar tropas a Siria, proteger los derechos laborales de la clase obrera o abrir las puertas a los refugiados, no veo por qué no puede ventilarse una contestación con los primeros párrafos de este texto.

Pero esto no es así, no debería ser así. Abordar las cuestiones importantes debería exigir algo más de seriedad y, por qué no decirlo, de pedagogía, aunque fuera de la más sencilla. De este modo, creo que el análisis riguroso de la realidad, unido a la voluntad de mejorarla, en el sentido de aproximarla a lo que nuestros contratos sociales establecen (las constituciones, los tratados internacionales, los principios que justifican el trabajo de organizaciones internacionales como la ONU, el Consejo de Europa o la propia Unión Europea) exige, de una parte, el rechazo radical contra quienes reducen despectivamente a buenismo la defensa real, y no solo proclamada en discursos vacíos, de los derechos y valores que esas normas y organizaciones representan.

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De otro lado, nada impide –más bien, se exige– que a la defensa férrea de los derechos y el pacifismo se unan propuestas serias para tratar de debatir y encarar ahora los graves problemas que todas las sociedades complejas provocan. Lo que sucede, y lo que sucede es el quid de la cuestión, es que no pocas de esas propuestas (que sí existen) chocan frontalmente contra algunos de los intereses creados en el marco de un sistema que debería tener como centro al ser humano y que, sin embargo, se ve dominado por las relaciones del poder y el dinero.

Así que la posición política de quienes, por ejemplo, firman el manifiesto No en nuestro nombre, no es ni ‘mística’ ni ‘blanda’. Es sencillamente una posición y perspectiva absolutamente legítima (y en este caso, como en muchos otros, estrictamente legal) de una parte de la sociedad que no cuenta con el apoyo mayoritario de quienes gestionan y publicitan aquellos intereses creados, pero que representa valores esenciales de la sociedad, valores que deben ser tenidos muy en cuenta por quienes en último término adoptan las decisiones de gobierno.

Despreciar esa posición, humillarla con motes despectivos, es evitar (y muchos lo hacen sin inocencia alguna) la puesta en cuestión de un modelo político estatal y global que se aleja a marchas forzadas de los intereses de los ciudadanos, de los que son y de los que de algún modo aspiran a serlo. Además, es rechazar la imprescindible (aunque dura) reflexión y debate sobre cómo deben ser interpretados y aplicados los derechos humanos en momentos complicados o en situaciones límite. En suma, es impedir que se haga realidad lo que hasta ahora veníamos llamando ‘el funcionamiento normal del sistema democrático’.

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Elogio de la ‘tibieza’

Fernando Flores

Resulta paradójico, pero en ocasiones los que acusan de tibieza a otros son personas con poca voluntad de calentarse la cabeza. Si hablamos de gente inteligente, esto se debe a que son incapaces de pasar sin el aplauso o aprobación que garantiza la mirada corta y la simplicidad de un argumento. De ahí que se les incendie la boca y digan cosas de las que después nos arrepentimos los demás.

Guerra es una palabra muy grande, y debería utilizarse con prudencia. Incluso cuando se dice guerra y no quiere decirse guerra del todo, porque, aunque en su definición y alrededores caben muchas cosas, el matiz no es precisamente una de ellas. Sigue leyendo

Detener a periodistas en manifestaciones

Joaquín Urías

El fotógrafo de un periódico está cubriendo una manifestación. El acto se vuelve violento y entonces la policía le pide a todos que desalojen la calle. La mayoría de la gente lo hace. Se queda, sin embargo, un grupo de unos veinte irreductibles que organizan una sentada. Junto a ellos permanece el fotógrafo, a quien su periódico le ha pedido que documente si se producen incidentes finales. Hasta que la policía, cansada, los detiene a todos y los acusa de desobediencia. Al fotógrafo también.

La acusación lleva a un proceso y en él el tribunal competente dicta una sentencia declarando al periodista culpable de delito de desobediencia. Sin embargo, el mismo tribunal toma en cuenta el hecho de que estaba trabajando como informador y por ello decide no condenarlo a ninguna pena. Es decir, lo declara culpable, pero no le impone ningún castigo.

El periodista, no obstante, está disconforme. Cree que su detención ha sido ilegal y que a él no se le puede declarar culpable de nada. Así que decide recurrir la sentencia… incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sigue leyendo

El prestigio de la seguridad

Fernando Flores

Repetimos sin pararnos mucho a pensar que libertad y seguridad no son contradictorias sino complementarias (la semana pasada asistí a unas jornadas sobre seguridad y derechos fundamentales donde esto se afirmó varias veces), pero yo no tengo muy claro este planteamiento. Mi padre y yo no somos, de entrada, contradictorios ni incompatibles; de hecho, nos queremos mucho. Pero pónganos en una habitación a hablar de política y verán.

También es común escuchar o leer la metáfora según la cual la libertad es un barco (quizás esto se deba a José Luis Perales) y la seguridad el agua por la que ese barco navega. Tampoco acepto de buen grado esta figura. Si la asumo pienso que, si acaso, la seguridad sería la calidad del agua, no el agua misma. Ésta es el contexto social, político, legal, económico, moral, en que la libertad se desenvuelve; de la calidad de ese contexto depende la facilidad con la que navegue por él. Sigue leyendo

El Rey y la libertad de expresión hecha ceniza

Ana Valero

Con fecha de 31 de julio de 2015, el Tribunal Constitucional ha confirmado la condena penal impuesta por la Audiencia Nacional por un delito de injurias a la Corona del artículo 490.3 del Código Penal, a dos personas por quemar una foto del entonces Rey de España Don Juan Carlos I de Borbón y su esposa.

La mayoría del TC ha utilizado un argumento jurídicamente insostenible para corroborar la aplicación de un tipo penal, que por otorgar una “prebenda” a quien lo ostenta, -una figura no elegida democráticamente ni sometida a la confrontación con un adversario-, debería ser eliminado del Código Penal propio de un sistema democrático.

Y ¿por qué afirmo con tanta rotundidad que se trata de un argumento jurídicamente insostenible? Porque el Tribunal Constitucional ha recurrido a la doctrina del “discurso del odio” para afirmar que es constitucionalmente admisible la imposición de una pena de 15 meses de prisión, por quemar una foto de los Monarcas en el contexto del fin de una manifestación de protesta contra la institución monárquica. Dejando con ello de lado, no sólo su propia doctrina, sino la del Tribunal de Estrasburgo, por la que está irremediablemente vinculado, y la del Tribunal cuya jurisprudencia acuñó el término del que ahora se sirve, el Tribunal Supremo estadounidense. Sigue leyendo

Las concentraciones políticas el día de reflexión NO están prohibidas

Ana Valero

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha prohibido la concentración que ha convocado el movimiento 15M en la Puerta del Sol para hoy, jornada de reflexión, alegando que su finalidad es la “promoción y difusión de distintas consignas políticas”, lo que, según ella, vulnera la ley. Es evidente que este órgano, al igual que la Junta Electoral Central, no quiere enterarse de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, que dice precisamente lo contrario, y trata con ello de limitar la libertad de expresión política de la ciudadanía.

El ejercicio del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público en periodo electoral está regulado por dos leyes distintas. Por un lado, la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que establece un procedimiento para las reuniones, concentraciones y manifestaciones en lugares de tránsito público, que comienza con una comunicación previa de los organizadores a la autoridad gubernativa correspondiente, la cual podrá prohibir dicha concentración o manifestación sólo cuando haya riesgo de alteraciones graves del orden público con peligro para personas o bienes, o bien, podrá modificar la fecha, el lugar, la duración o el itinerario de la misma.

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La segunda norma aplicable es la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, que establece dos cuestiones importantes: por un lado, que la Ley Orgánica del derecho de reunión es aplicable también a los actos públicos de campaña electoral, pero con una salvedad, cuando se trate de este tipo de actos, serán las Juntas Electorales Provinciales las que asuman las atribuciones que la Ley Orgánica del derecho de reunión encomienda a la autoridad gubernativa. Y, por otro lado, que las Juntas Electorales Provinciales deberán informar a la autoridad gubernativa de la celebración de este tipo de actos para que ésta cumpla con su función de preservación del orden público. Sigue leyendo

La alcaldesa frente al espejo

Fernando Flores

Dedicado a Sergi Tarín

1. En los años del gobierno de Zapatero pocos eran los ministros y ministras que se atrevían a pisar la ciudad de Valencia. Porque eran visitas que no podían salir bien. A cuenta del agua, del Estatut de Catalunya, del Cabanyal o de los chiringuitos de la playa, Rita Barberá y el Partido Popular les organizaban auténticos escraches de bienvenida (cuando éstos eran desconocidos para todos menos para los populares), grababan su perplejidad con las cámaras de Canal 9 y emitían la humillación infligida en la portada de todos los informativos de la televisión pública autonómica. De esa agresiva y soez manipulación informativa podrían dar fe, sin duda, la ex-ministra de Cultura, González Sinde, o la ex–vicepresidenta del Gobierno, Fernández De la Vega.

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Como es notorio, las cosas han cambiado. La llegada del Partido Popular al Gobierno de Madrid cortocircuitó algunos de los cables más gruesos del victimismo valenciano, y la audacia del President de la Generalitat, al cerrar Radio Televisió Valenciana, prescindió de una de sus herramientas de comunicación, propaganda y autocomplacencia más eficaces. La crisis económica, la corrupción visible, la reducción de las cuantías para inaugurar brillantes inutilidades y comprar voluntades, unidas al hartazgo social, obligaron a transformar el modo de comunicar mensajes políticos e intervenir en el derecho a la información de los ciudadanos. Antes, los efectos reflectantes y cegadores de la propaganda gubernamental aplastaban por sí solos la imagen que el espejo de la prensa decente (muy escasa en el territorio levantino) trataba de trasladar a los valencianos. Ahora, esa imagen, cada vez más clara, y cuanto más clara más deforme, resulta insoportable para los conservadores, pero especialmente para Rita Barberá. Más aún en días de campaña electoral.

2. (a) Rita Barberá entra en el mercado con la nutrida comitiva. En sus flancos un par de concejales y el presidente de la agrupación local, que conoce el terreno; tras ella afilados asesores y afiliados entusiastas (una vez cada cuatro años cerca de la líder) abordan a los vecinos de compras y antes de que puedan abrir la boca ponen en sus manos sobres de voto y propaganda; revolotean fotógrafos que captarán momentos de abrazos y besos, conversaciones alegres y cómplices de la candidata con los vendedores del mercado; desde el altavoz del coche aparcado en la puerta la música triunfal del partido suena a todo meter.

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En este ambiente fabricado y agresivo nada puede salir mal. Intimidados o educados, los vecinos no favorables a la alcaldesa se echan a un lado, prolongan su turno en la cola del puesto y toman con desgana los papeles satinados de colores. ¿Qué otro cosa pueden hacer? La comunicación ha triunfado, la alcaldesa se da un baño de cariño popular y mañana las fotos y titulares de prensa serán inapelables.

(b) Rita Barberá entra el mercado con la nutrida comitiva. Están los concejales, el presidente de la agrupación local, los asesores y militantes, los fotógrafos y la banda sonora a todo meter… Pero además hay un grupo que protesta y un periodista que lo graba todo. Con su aparición nos damos cuenta de que la comitiva también contaba con guardaespaldas. Y empieza la información. Hay algunos empujones y bloqueos, gente a favor de la candidata y gente en contra. Los abucheos se mezclan con la sintonía del partido. La alcaldesa frunce el ceño y sonríe forzada. Se palpa el nerviosismo y la incomodidad. También se respira más libertad. Hay vecinos que se atreven a rechazar la propaganda, algunos increpan a la candidata y la llaman corrupta. Otros, para compensar, la abrazan y besan más fuerte de lo normal, si cabe. Un par de vendedoras se niegan a estrechar la mano tendida de la política, no aceptan su publicidad. El periodista lo graba.

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Desde la perspectiva de la comunicación nada puede salir peor. La imagen de la candidata –cercana, querida, segura, fuerte, incontestada–, queda en entredicho y las encuestas se estremecen. Debe reaccionarse y se aplica el protocolo: si ha vencido la información hay que romper el espejo y su imagen. Se reúne de urgencia el equipo de campaña: primero hay que destruir esa imagen (para eso se fabrica un “relato”), después se telefonea a los directores de los medios (unos más firmes que otros, pero casi todos se cuadran), y finalmente se lanza la contraprogramación: “Boicot a Barberá que degenera en amenazas de muerte” (Las Provincias), “Barberá es increpada en Russafa por personas que ya le pitaron en el Cabanyal” (Levante). Se culpa de la gresca a uno de los partidos –Compromís– que más ha luchado contra la corrupción en Valencia, se publican de forma destacada las fotografías y los nombres de las mujeres que repitieron protesta en dos mercados, solo se da la palabra a la ‘ofendida’ –que habla de odio y persecución hacia su humilde persona–, y asunto equilibrado.

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O casi equilibrado. Una vez destruida la imagen falta ocuparse del espejo, del periodista… De eso se encargan personalmente los secuaces más distinguidos. No hay más que ver la actitud chulesca y amenazante contra Sergi Tarín que muestra en este video (y en éste, un par de días después) el concejal de seguridad, Miguel Domínguez. Su postura es solo un indicio de lo que haría con él si no le estuvieran grabando, si no existieran las malditas garantías constitucionales. Contrariado por las libertades, el concejal se queja de “tener al periodista todo el día encima”, y éste le contesta que él solo hace su trabajo. Ponerle el espejo en la cara.

3. Hace ya unos años Manuel Vázquez Montalbán se preguntaba sobre el poder que tiene un profesional de la información para hacer mínimamente frente a las posibles arbitrariedades de los reales poderes informativos, y en su respuesta reclamaba la necesidad de “recuperar cotidianamente la dignidad que concede la búsqueda de la verdad histórica y popular, sin intermediarios”.

En estos días de campaña es vital reivindicar el periodismo y la libertad de información como derecho de los ciudadanos (no como privilegio de los periodistas), como una exigencia ética, pero también como una obligación jurídica. Es vital identificar a quienes realizan ese trabajo de forma radical y sin concesiones, al menos para comprobar que no es nada fácil enfrentar cada día a la alcaldesa y su partido reaccionario con la imagen que les devuelve el espejo. Es vital, en fin, valorar la información hecha con rigor, y conocer a sus adversarios, porque en buena parte de ella depende que algún día salgamos del agujero en que, poco a poco, ellos nos van introduciendo.

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Fotos: 1ª: Efe, 2ª y 3ª: pantallazos de vídeos de Sergi Tarín, 4ª y 5ª: La Veu

Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

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¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

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Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

3. Goya-mendigo ciego con perro

Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

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