Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

¿Que no debata qué?

Fernando Flores

Aquí estoy, escribiendo un artículo para defender la libertad de expresión y de debate en la Universidad. De todas las expresiones. De cualquier debate.

Quizás sepan por qué. Por el caso de unas jornadas sobre prostitución que han acabado suspendiéndose en la Universidade da Coruña, pues el rectorado no podía garantizar la seguridad y la celebración adecuada del encuentro.

No es la primera vez. Independentismo, aborto, vientres de alquiler, transgénero, nacionalismo, religión e igualdad, terrorismo… Son temas que activan el sistema nervioso y la sensibilidad de muchas personas, provocando debates encendidos, a veces ásperos y muy enfrentados.

No me preocupa esa sensibilidad, ni siquiera la acritud. Al contrario, me anima, porque refleja una sociedad viva y plural, que defiende sus opiniones e intereses. En cambio, me asusta que esta misma sociedad, cada vez menos democrática, interiorice que se puede excluir al molesto, al que ofende, al que defiende “sus intereses”, al que no tiene la visión de la sociedad que tengo yo. Esta polarización de amigo – enemigo tiene un final escrito: siempre termina en que solo podrá ofender el más fuerte.

¿Qué temas no deben discutirse en una Universidad? ¿Qué jornadas o conferencias no deben permitirse?

Son algunos los argumentos, no pocas las ocurrencias, y abundante la demagogia con que se justifica la postura limitadora de la libertad de opinión y del debate.

En la Universidad “no caben debates que pongan en duda o vayan en contra de los derechos humanos”, afirma una profesora de la UCM. Quien dice esto habla como si los derechos humanos no fueran controvertidos. Todos lo son. Hasta la posibilidad de practicar torturas lo es.

¿Puedo prohibir un seminario en el que se planteen las razones para defender el derecho a la interrupción del embarazo? ¿Y sobre la eutanasia? Aunque somos muchos los que los consideramos derechos no protegidos, también son numerosas las personas que están convencidas de que ambos son atentados contra el derecho a la dignidad y la vida. ¿No pueden exponerse en la universidad las posturas de unos y otros? ¿De quiénes no?

 “No caben debates que vayan en contra de la legalidad. Y menos los que ‘promuevan’ delitos”. Decir que no me gusta la Constitución o una ley y que quiero cambiarlas no va contra la legalidad. Organizar un seminario que explique por qué prefiero la república inexistente a la monarquía constitucional no va contra la legalidad. Dar una conferencia en la que el ponente exprese que –a pesar de las resoluciones de la ONU– no debe haber referéndum en el Sahara, no va contra la legalidad. Contra la legalidad va impedir que alguien lo diga.

De otro modo habrá que aceptar que, en cuanto la sentencia del Supremo decida lo que se prevé, no puedan celebrarse debates sobre el procés. Ni que los haya sobre la prostitución, aunque esta tenga una regulación parcial en España, sea legal en países como Alemania, Suiza o Grecia, e ilegal en Suecia, Noruega o Francia. ¿De verdad se quiere prohibir que se trate en la Universidad una posición que –por mucho que nos pueda repeler– es legal en otros países de la UE? ¿No se podrá invitar a dar una charla en mi Universidad al abogado de Junqueras sobre el juicio que perdió?

“Las jornadas tienen que ser plurales, deben dar voz a todas las posiciones”. ¿Las prohibimos si no lo hacen? La pluralidad de ponentes es preferible, sin duda, da calidad a un seminario, pero no impide nunca un público exigente y crítico. Si una jornada no es plural se la puede criticar por pobre, parcial y carente de interés, pero no se puede prohibir. A veces se habla como si no existiera el público, como si éste fuera menor de edad, o como si le hubieran prohibido la asistencia al que pide la prohibición del acto.

Por lo demás, la exigencia radical de pluralidad descartaría por definición las conferencias de una sola persona. ¿Debe prohibirse una charla al profesor de Georgetown y congresista republicano que defiende la Patriot Act, la existencia de la cárcel de Guantánamo y la necesidad del waterboarding en los interrogatorios a terroristas? No hay pluralidad y va en contra de los derechos humanos. ¿Debería prohibirse?

No con mis impuestos… No defenderé su derecho a utilizar dinero público (el que supone utilizar las instalaciones de una Universidad) para promover una visión de la sociedad que yo combato”, afirma categórico un periodista en redes. Pero, aunque él no lo defienda, ese derecho existe. Es un valor constitucional y democrático, el pluralismo político, que se refleja en la libertad de pensamiento y de expresión, y que la Universidad debe favorecer. La Universidad –sobre todo la pública– debe acoger todas las visiones que la sociedad expresa, nos gusten o no. Porque esa es su esencia. La Universidad nos da precisamente un espacio sagrado para expresar y combatir las visiones que no comparto, promoviéndolas o criticándolas, ridiculizándolas si pensamos que lo merecen.

¿Pero prohibirlas? ¿A instancia de quién? ¿Con criterios ad hoc, o elaborando al efecto una norma pseudoadministrativa, que determine cómo deben componerse los seminarios para ser plurales, que detalle en qué casos puedo limitar el derecho fundamental a expresar opiniones en sede universitaria? ¿Y quién toma la última decisión al respecto: el decano, el rector, un comité de sabios? No es serio.

Claro que se puede protestar por la celebración de una jornada. En la puerta de la sala en que se celebra si se quiere. Y denunciar que es sesgada y que sus ponentes son lo peor. Y pedir el boicot para los patrocinadores. Y afirmar que el departamento que las auspicia es mediocre. Y que el profesor que las organiza un pésimo académico. Y retirarle la palabra en los pasillos. Y polemizar con dureza (y ojalá con respeto) en redes. Se trata siempre de la libertad de expresión. El único límite a todo esto es que no se convierta en censura. Es decir, la protesta no puede impedir, directa o indirectamente, que un seminario o conferencia se realice. Eso, además de contraproducente, es ilegal, por vulneración de los derechos fundamentales.

Del mismo modo que defiendo que la Universidad debe investigar y tratar aquellos temas que no están de moda en el debate público, o que no interesan a los grupos de poder, no puedo imaginar que las bibliotecas y las aulas queden al margen de lo que está presente en la calle y en los medios de comunicación.

En fin, puedo entender que esa pulsión hacia la censura se deba, en ocasiones, a una indignación razonable contra posiciones que consideramos retrógradas. También al miedo a que las mismas triunfen, o al cansancio de oponernos tantas veces a ellas. Sea como fuere, el instrumento para luchar contra una sociedad que no nos gusta no puede ser silenciar al otro, y menos en la Universidad.

Homenaje al desertor desconocido

Fernando Flores

Echo de menos el monumento al desertor desconocido, al insumiso desconocido. Se lo merecen.

Veo por televisión cómo vuelven los soldados a sus casas. En Israel les esperan celebraciones y funerales. Honores para quienes arrebatan todo por la patria. De ellos son las imágenes hermosas y emotivas, para ellos la atención mediática y un papel en la historia. También entre nosotros, seamos partidarios o detractores, los combatientes aparecen como protagonistas, como aquellos que merecen la atención de nuestro reconocimiento o nuestro desprecio.

Sin embargo hay otros actores que deberían ser nombrados. Están los que no van a la guerra, los que se niegan a colaborar, los que no participan del horror. Los que se atreven a ejercer la libertad de conciencia allí donde ésta es más cara, donde el precio por ella es sufrir la ira social, la cárcel y la muerte civil. Prestarles atención es apreciar la improbable presencia de la libertad personal cuando se presenta en bruto.

palestine1 shimizin

En Israel, como en otros países, hay insumisos y desertores. New Profile es un grupo feminista, mayoritariamente de mujeres, que defiende una sociedad no militarizada, convencidas de que son viables políticas públicas de paz, diferentes a la priorización absolutista de la seguridad del Estado, opuestas al control del poder por quienes empuñan las armas. En 2008 el fiscal general israelí abrió un procedimiento criminal contra la organización acusándola de incitar a la insumisión, y en 2009 varias de sus miembros fueron detenidas y sus ordenadores confiscados. Los Shministim son jóvenes que al terminar los estudios de bachillerato escriben una carta abierta en la que explican por qué no cumplirán con el servicio militar obligatorio (tres años para los hombres, veintiún meses para las mujeres). Denuncian los asentamientos judíos en tierras palestinas, la humillación a sus ocupantes legítimos, el robo de tierras y el bloqueo fronterizo (aquí puede verse su vídeo). Todos y todas son perseguidos, y algunos de ellos (por ejemplo Uriel Ferera, de 19 años) están encarcelados hoy, por denunciar que el ejército israelí viola los derechos humanos en el territorio ocupado y por su negativa a alistarse para participar en la masacre que acaba de sufrir Gaza durante la operación “Margen protector”.

El día que se inaugure el primer monumento al insumiso desconocido, el mundo habrá dado un paso más en su titubeante lucha por el sentimiento de lo humano, la dignidad y el respeto a las personas. Tardará. Todo poder calla sobre la insumisión -también sobre la que afecta a los ejércitos enemigos-, porque la insumisión es una enfermedad antipatriótica fácilmente contagiosa que ni debe nombrarse. Quienes viven de la guerra no pueden permitir que desaparezca el material básico que la alimenta. Y hay guerras porque la gente va. Lo dice Madre Coraje:

La guerra se mantiene de sí misma, / de pólvora y plomo, y nada más. / Pero además de pólvora y de plomo, / vive del hombre que al combate va.

crater fields

¿Le queda algún derecho a Ricart?

Fernando Flores

Miguel Ricart está en Barcelona … el condenado por el crimen de Alcàsser ha llegado esta tarde procedente de Córdoba. Se desconoce si el traslado es provisional o definitivo… La Dirección general de la Policía ha comunicado a los Mossos d’Esquadra este traslado con el aviso de que deben mantener un ‘seguimiento no invasivo del sujeto’”.

Mientras alguna prensa catalana avisa a los ciudadanos de que el delincuente peligroso anda cerca, y que lo tienen controlado, en Valencia Las Provincias mantiene la agitación de la parroquia con un titular de la hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. “Europa defiende la impunidad”, se dice que manifestó (refiriéndose al Tribunal de Derechos Humanos) mientras estrechaba la mano del President Alberto Fabra, quien acababa de homenajearla. A pesar de que la Audiencia provincial de Valencia ha estimado que Ricart “ha superado extensamente” el tiempo que debía de permanecer en prisión, para María del Mar y quienes la aplauden los veintiún años que aquél ha pasado en la cárcel no son computables a efecto alguno.

Antes (el martes), el subdelegado del Gobierno en Córdoba declaraba que se iban a extremar las medidas de vigilancia ante la posibilidad de que Ricart llegase a la ciudad. Además, como esto no debió parecerle suficientemente efectista, el subdelegado quiso dejar bien claro (sin importarle si sus palabras constituían delito) que si aquél les visitaba, lo “lamentaría”.

LR - portada cortada Captura de pantalla 2013-12-06 a la(s) 17.52.33

Hace un par de días el diario La Razón publicaba, en portada completa, el retrato del excarcelado ya envejecido, con un titular en su frente: “La cara del diablo”. Si se preguntara a sus editores por los motivos de esa elección injuriosa (y a las Noticias de La Sexta –y a algunos otros– por hacerse cumplido eco del rostro y la portada), probablemente argüirían que para cumplir el servicio público de informar a la gente y mantenerla segura. Un servicio que al parecer no se les había ocurrido ofrecer hasta ahora, pues desde hace años (y sin necesidad de anulación de doctrina Parot alguna) cada día han salido y salen a la calle personas condenadas por asesinatos, violaciones y otros delitos espantosos que, habiendo cumplido su condena conforme a ley, quedan en libertad y, anónimas, se confunden en la sociedad.

Pero esta sociedad enferma en la que vivimos (con políticos irresponsables y miedosos, medios de entretenimiento voraces e inmorales, instituciones débiles e incumplidoras, ciudadanos acomodados y dirigidos), no le ha concedido a Ricart el anonimato. Sin él, y sin familia o colectivos amables que le protejan (como sucede a los etarras que regresan al País Vasco), Ricart no va a recuperar ni la intimidad, ni el honor, ni la propia imagen, ni la presunción de inocencia para el futuro. Nadie le admitirá en una asociación, no le alquilarán una vivienda, le caerán a golpes los transeúntes si decide manifestarse pidiendo piedad o justicia (“él, que no la tuvo con las niñas”, dirán). ¿Acaso se lo imagina alguien votando en un colegio electoral? No va a tener trabajo. Entonces, ¿no le queda más que la vida, o el derecho al exilio?

Hoy ha muerto Mandela y la gente habla y hace discursos en todos los medios acerca de su figura y su coraje, alaba su pasión incondicional por la defensa de los derechos humanos, admira que su reivindicación por las víctimas no le impidiera perdonar a los verdugos… Aquí no se pide eso. Tan solo se pide que, habiendo cumplido la condena que la ley le impuso por los crímenes que cometió, se deje a Ricart con sus derechos y deberes constitucionales y en paz, si en su soledad puede alcanzarla.

La intimidad y la risa

Fernando Flores

El ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, reveló ayer en rueda de prensa que ha convocado al embajador de Estados Unidos para que le informe sobre si su país ha espiado al nuestro. Se supone que, confiado en la emblemática sinceridad del cuerpo diplomático, aspira a saber la verdad por boca del propio representante de los norteamericanos en nuestro país.

En la misma rueda de prensa se ha sabido que existe un “grupo de trabajo” –en el que EEUU colabora activamente– que trata de aclarar si los programas de vigilancia de la NSA espían también a los europeos (a los ciudadanos norteamericanos se da por descontado que sí) y, en consecuencia, si están vulnerando masivamente la privacidad de los nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Ese “grupo” se ha reunido un par de veces.

Como se sabe todo esto viene a cuento por la revelación de que la NSA ha espiado a 35 líderes internacionales, entre los que se encuentra Angela Merkel, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Captura de pantalla 2013-10-26 a la(s) 00.48.36

La burla del ministro Margallo hacia los ciudadanos españoles, como la del resto de los mandatarios europeos hacia los suyos, es memorable. Nos dicen que le van a preguntar al culpable, y además crean una comisión. Sin embargo todos sabemos que nada de esto es necesario, pues, además de que todos los gobiernos europeos son conscientes desde hace tiempo de lo que pasa (vía Snowden u otras), es conocido que EEUU es el autor del novedoso y particular “derecho a recabar información en cualquier país del mundo con objeto de proteger a sus ciudadanos”, derecho subjetivo que obviamente solo él posee.

Más allá de la absurda broma que nuestro canciller haya podido proferir (“llevo un año y medio sin hablar por teléfono”), y más allá del cuento de la soberanía y del “eso no se hace a los países amigos”, se trata de un tema muy serio que afecta a la libertad y a los derechos de las personas, y no solo a la intimidad. No es necesario ser muy avezado para intuir que el espionaje por parte de nuestros aparatos del Estado afecta a otros derechos fundamentales esenciales para el sistema democrático, especialmente a las libertades de expresión, de reunión y de asociación, y que de llevarse a cabo debe hacerse bajo un rigurosísimo control.

Por eso ya comenté en otro post que la sola excusa de proteger a los ciudadanos contra la amenaza del terrorismo es absolutamente insuficiente para justificar una intromisión incontrolada por la Administración en las vidas privadas de los ciudadanos. El “confía ciegamente en nosotros” es una declaración hostil contra el Estado constitucional de Derecho que solo conduce a cambiar el adjetivo “constitucional” por “policial”.

Desde hace unos años, concretamente tras la coartada que supusieron los atentados del 11S, se está jugando a nivel global una partida en la que está en juego la protección (o no) de los derechos humanos frente a los poderes transnacionales (aparezcan éstos como estados o como empresas privadas). No sé si somos conscientes de que estamos en esa parte de la Historia en que o construimos un Planeta de Derecho o regresamos a una Edad Media global. Creo que no, y es preocupante.

Por eso reconozco que, cuando veo al ministro de Exteriores bromear y echar unas risas con mi derecho a la intimidad, además de ponerme de mal humor, me preocupo.

Reprimir a fuego lento

Patricia Goicoechea

Hace dos años se publicó la novela Oxford 7 de Pablo Tusset. Está ambientada en el año 2089 y en ella se narra –entre coches voladores, chips subepidérmicos y estaciones espaciales– la intentona revolucionaria de una serie de estudiantes universitarios. Las revueltas estudiantiles son habituales y, para reprimirlas, los policías antidisturbios que les apuntan con sus bocachas disparan ¡multas! Conforme la presión va aumentando, se incrementa la cuantía de esas multas. Estos disparos obligan a muchos estudiantes a abandonar las protestas, puesto que afrontar el pago de las multas les impide abonar los gastos de sus matrículas.

Uno de los personajes de más edad cuenta cómo se desarrollaron las revueltas en Europa tras el crack de 2013 (la novela fue publicada en abril de 2011). “Aquello era la Europa de antes de la Unión Occidental, no lo olvidéis”, les dice para explicar cómo actuaba entonces la policía, cómo eran las porras con las que golpeaban a los manifestantes y cuáles las consecuencias de esos golpes. “No habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”, concluye. El contexto represivo que se describe en la novela parece, efectivamente, mucho más civilizado. Los policías enviados a reprimir las revueltas estudiantiles no agreden físicamente a los estudiantes, tampoco los detienen, no los llevan ante un tribunal acusados de delito alguno. Simplemente, los multan.

Oxford 7 es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. ¿Seguro?

Desde mayo de 2011 se han impuesto, sólo en Madrid, más de 787 multas administrativas a personas que participaban en manifestaciones o concentraciones. Esto supone una recaudación de 309.763 Euros. Más de la mitad de estas sanciones (concretamente 496, lo que equivale a 142.730 Euros), se han impuesto por infracción de desobediencia (artículo 26.h) de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), argumentándose en esos expedientes sancionadores que el individuo en cuestión se encontraba participando en una concentración no comunicada a la autoridad competente y que habría desobedecido una orden de los agentes actuantes. Lo curioso es que tal orden supuestamente desobedecida rara vez se especifica en los expedientes sancionadores, de los que sin embargo sí puede deducirse que la supuesta orden sería la de abandonar el lugar, la concentración, al ser ésta una concentración no comunicada previamente.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Desobedecer la orden de disolver una manifestación puede constituir una infracción administrativa grave, prevista en el artículo 23.d) de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora bien, esa infracción del artículo 23.d) supone que la orden que se haya desobedecido tenga su razón de ser en una serie de motivos muy concretos, previstos en la Ley reguladora del Derecho de Reunión (Ley 9/1983). Conforme al artículo 5 de esta norma, las concentraciones o manifestaciones en lugares de tránsito público sólo pueden ser disueltas por tres únicos motivos: (i) cuando la manifestación en cuestión sea ilegal en el sentido del artículo 513 del Código Penal (es decir, las que tienen por finalidad la comisión de algún delito o aquellas en las que los participantes llevan armas, explosivos u objetos peligrosos), (ii) cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, (iii) cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los participantes.

Entre estos motivos, claramente, no se incluye la ausencia de comunicación previa de la concentración a las autoridades. Ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico autoriza a los agentes de la autoridad a ordenar la disolución de una concentración por el hecho de que no se haya cumplido con un requisito formal. Ninguna norma prohíbe tampoco participar en una concentración que no haya sido previamente comunicada. Por la tanto, la orden dada a los manifestantes de disolver una concentración por el mero hecho de que ésta no haya sido previamente comunicada es una orden que en sí misma carece de base legal. No cabe, en fin, infracción de desobediencia cuando la orden emitida no es legal. Y, cuando no hay infracción, no puede haber sanción.

Disolver una concentración supone impedir el ejercicio efectivo del derecho de reunión y es precisamente por ello por lo que sólo puede emitirse la orden de disolución basándose en los motivos expresamente previstos en las normas. De igual modo, toda sanción que tenga su razón de ser en el ejercicio del derecho de reunión debe estar especialmente motivada por la autoridad que la impone y únicamente podrán sancionarse aquellos comportamientos que las normas califican como infracción. Fuera de estos casos, las sanciones serían una limitación injustificada y desproporcionada del ejercicio de un derecho fundamental. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la esencia misma del derecho a la libertad de reunión se vería afectada si el Estado (…) impusiera sanciones a los participantes [en una manifestación] por el mero hecho de participar en ella, sin que hubieran cometido ningún acto reprochable” (Sentencia en el asunto Galstyan c. Armenia, de 15 de noviembre de 2007, párr. 117).

Con rotundidad lo ha expresado recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid, en su sentencia de 30 de julio de este año, que anuló la sanción, por supuesta infracción de desobediencia, impuesta a una manifestante por la Delegación de Gobierno de Madrid. La sentencia concluye que la imposición de tal sanción constituye una vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido y protegido por nuestra Constitución. Así, en el Fundamento de Derecho Cuarto se afirma textualmente que “se ha producido una vulneración del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución dado que mediante las actuaciones sancionadoras se enerva la posibilidad de poder reunirse de manera pacífica y en señal de protesta, pues la orden dada de disolución no tenía una justificación amparada legalmente que la hiciera procedente.”

La limitación de derechos puede tomar formas muy diversas. La más extrema es la prohibición del ejercicio. Pero no es la única mediante la cual puede alcanzarse el mismo fin; es decir, impedir el ejercicio del derecho en cuestión. Entre las formas más habituales de restricción del ejercicio del derecho de reunión se incluyen aquellas condiciones que imponen las autoridades a los organizadores de una manifestación, impidiéndoles celebrarla en el lugar que éstos han elegido y obligándoles a desplazarse a espacios más alejados; o bien la prohibición de determinadas consignas. Medidas que también contribuyen a limitar el ejercicio del derecho de reunión son las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de disolver las concentraciones y que pueden concluir con cargas policiales y detenciones. Lo que todas estas formas de obstrucción del ejercicio del derecho tienen en común es su visibilidad y la conciencia colectiva de que a través de ellas se está llevando a cabo una forma de represión.

Manifestacion-Coruna-movimientos-MONTE-ALTO_EDIIMA20130712_0296_13

Ahora bien, hay una forma de obstaculizar e incluso impedir el ejercicio de los derechos más discreta, más suave en apariencia, pero igual de dañina, y es el recurso a las sanciones administrativas. Represión de baja intensidad, o buro-represión, es aquella que ejercen las autoridades, a través de la imposición de sanciones (generalmente, la imposición de multas), sobre quienes llevan a cabo actividades que aquéllas no consideran deseables, aún cuando tales actividades sean legales.

Van a disparar multas indiscriminadas de 10 eurodólares”, le dice BB al Profesor Palaiopoulos en Oxford 7. “¿Contra qué infracción? No pueden disparar multas si no hay infracción previa.” (…) “Ordenanza de Emisión de Residuos Gaseosos: la concentración no autorizada produce más vapor de agua por vía respiratoria del permitido en esa área”.

Este tipo de represión se caracteriza porque la aplicación de la norma sancionadora no se realiza para cumplir con el fin protector que tal norma tiene (en ese caso ficticio, la protección del medioambiente), sino que se utiliza la base legal para entorpecer o evitar el ejercicio de un derecho (el derecho de reunión, la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a participar en asuntos públicos).

A esta conclusión llegó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en la sentencia que mencionamos más arriba, y por ello señala que “las actuaciones del expediente administrativo tienden no a salvaguardar la seguridad ciudadana que nunca se puso en peligro sino a evitar o limitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental, de reunión, que no precisa de más elementos para su desarrollo. Es cierto que participan en una reunión o concentración no comunicada, pero cuando se desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacíficos y civilizados ha de existir una motivación específica en la orden o resolución administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al suponer una restricción de un derecho fundamental por razón únicamente del incumplimiento de un requisito administrativo cuál es la comunicación previa. Se ha de atender en todo caso al principio de favor libertatis de tal manera que sólo se ha de limitar el ejercicio del derecho cuando haya elementos, firmes e indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones del orden público”.

La imposición de sanciones económicas tiene una intención y un efecto represivo directo, en la medida en que sanciona a quien ha tratado de ejercer un derecho. Pero tiene también una intención y un efecto disuasorio, indirectos, en tanto que la imposición de la sanción constituye un mensaje a quienes pretendan ejercer tal derecho en un futuro. Con la experiencia de estos dos últimos años de movilizaciones sociales, es sabido que participar en una manifestación puede llegar a costarle a uno entre 300 y 30.050,61 Euros, y ello sin necesidad de haber incurrido en ningún comportamiento sancionable, sino por la mera participación en la concentración. En definitiva, uno puede encontrarse con una multa por haber hecho aquello que la Constitución le permite: ejercer legítimamente sus derechos fundamentales de reunión y participación en asuntos públicos.

En respuesta a la inquietud social, a la voluntad de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante el legítimo ejercicio de su derecho fundamental de reunión (que no es sino una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión), las autoridades han optado por una táctica de desgaste. Reprimir la protesta social a fuego lento, atacando el flanco más débil es este momento, que es el la capacidad (o incapacidad) económica de los individuos.

En la novela Oxford 7 el personaje Rick Blaine afirma que en el año 2013 las autoridades aún “no habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”. Y vaya si aprenden rápido.

cabeceracrimin

Para saber más:

* Líneas Directrices de OSCE sobre Libertad de reunión (2ª edición)
- en inglés: http://www.osce.org/odihr/73405

* Observación General núm. 34 al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm

* Informe del Relator especial de Naciones Unidas para el Derecho 
de reunión, mayo de 2012 (en inglés):
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf