En defensa de la Corte Penal Internacional

Carlos Gil Gandía

El nacimiento de la Corte Penal Internacional (1998) supuso un avance considerable en el proceso de humanización que el Derecho Internacional fue experimentando desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un hito histórico por dos razones: la primera, era el primer tribunal internacional de naturaleza penal nacido del consenso (120 votos a favor, 7 en contra ─Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen─, y 21 abstenciones), ya que los anteriores más cercanos en el tiempo (Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y Tribunal Internacional Penal para Ruanda) se crearon por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la segunda, su operatividad, aunque limitada por su capacidad de actuación material y temporal, implica un gran paso cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la impunidad a nivel universal, en general, y en la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, en particular, porque los tribunales internacionales penales predecesores las invisibilizaron por no reconocerlas como sujetos de pleno derecho. Resulta evidente, entonces, que este tribunal supuso un soplo de esperanza para aquellas víctimas que no logran, por los motivos que fuere, justicia, verdad y reparación a nivel nacional, amén de que su mera existencia ejerce un papel disuasorio del crimen.

            En el último año la Administración Trump ha comenzado una “guerra” sin paragón contra la Corte Penal Internacional: retirada del visado a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sanciones contra los funcionarios de la Corte, diplomacia de amigo-enemigo con aquellos Estados que se muestren partidarios del tribunal… Tal es la magnitud de los ataques que, por primera vez y de forma pública, se ha emitido un manifiesto, US attacks against the International Criminal Court a threat to judicial independence – UN experts, avalado por expertos y personas de relevancia vinculadas a las Naciones Unidas y activistas de derechos humanos, como son, entre otros, Fabian Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Mary Lawlor (Relatora Especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos) o Fernand de Varennes (Relator Especial sobre cuestiones de las minorías).

¿Por qué actúa así Estados Unidos? Porque su intención no es otra que proteger a sus soldados y sus intereses políticos, económicos y geopolíticos en Afganistán (la causa palestina también suena de fondo porque se está llevando a cabo examen preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino ocupado por fuerzas israelíes, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014), pues la Corte ha abierto investigación por posibles crímenes de guerra, señalando la fiscalía a las tropas norteamericanas.

La hostilidad activa de Estados Unidos y de sus voceros contra la Corte no es nueva. Comenzó durante la Administración Clinton (puso enormes trabas a los borradores del Estatuto de Roma). Se agravó con la Administración de Bush Jr. (retiró la firma de su predecesor del Estatuto de Roma, gesto sin precedentes en las relaciones internacionales), presionando al tribunal por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (bloqueando investigaciones), firmando tratados bilaterales de no extradición o no entrega de hijos patrios-soldados por parte de Estados cómplices o sumisos a los Estados Unidos en donde tuviera situados sus tropas, y articulando, por ende, todo un entramado legislativo nacional para arrogarse la competencia en crímenes internacionales al margen del tribunal. Continuó con Obama (Premio Nobel de la Paz discutible) y se prorroga de forma más zafia y ruin con Trump. En el fondo, esta actitud no es más que hija del mantra político de Kissinger la dictadura de los jueces, que son tiranos si no se someten al hegemón que piensa que no solo la historia les pertenece, sino también conceptos como la libertad, la democracia y combatir la tiranía.

La sinrazón del agravio que padece una institución de suma importancia para las víctimas de crímenes internacionales se hace inmediatamente extensivo a la necesidad de que la UE y sus Estados miembros, fieles defensores de la Corte Penal Internacional desde sus inicios, se pronuncien en su defensa. De lo contrario, se mostrarían, una vez más, misericordiosos y complacientes con los desmanes de la Administración Trump y harían gala (¿reiterada?) de la doble moral europea: retórica de política de derechos humanos y operatividad de política con los derechos humanos, instrumentalizando así la máxima nulla ethica sine aesthetica como instrumento para tener razón.

Posiblemente esta crisis sanitaria, política, medioambiental (el tribunal penal internacional podría jugar un gran papel de reconocerse el Ecocidio como quinto crimen internacional ─junto con el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión─ bajo su jurisdicción) y económica global lo cambie todo. La cuestión radica en el cómo. Por ello, la defensa de la Corte Penal Internacional en tanto instrumento principal de la justicia internacional penal y marco de fortalecimiento en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos humanos es un imperativo categórico moral de cuestión global. Se necesitan hechos y voluntad política de los Estados, y no retórica publicitaria como sinónimo de la mentira esencial hecha cultura en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos.

Ante el silencio de los Estados parte de la Corte corresponde a la sociedad civil y a la Academia alzar la voz para agitar a los espíritus acomodados con el objetivo de reconducir la voluntad política para la satisfacción de un bien (y valor) colectivo como es la Corte Penal Internacional.

¿Inviolabilidad absoluta del Rey?

Joan Carles Carbonell Mateu

Asistimos estos días, con cierto estupor, a la revelación de hechos atribuidos al anterior Jefe del Estado que, de ser ciertos supondrían la comisión de delitos graves. Y a la opinión casi unánime de que su autor no podrá ser juzgado porque en el momento de su comisión gozaba del privilegio –constitucional, se añade- de la inviolabilidad, entendida ésta como la incapacidad absoluta de ser juzgado y, por tanto, condenado. Es decir, el Rey (“la persona del Rey” dice textualmente el artículo 56.3) puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático. El Rey –o la Reina si llegare a haberla bajo el imperio de la vigente Constitución española- no es inviolable frente a cualquier hecho ni la situación puede durar más allá del tiempo que dure la ocupación de la Jefatura del Estado.

De acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución:

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

A su vez, dispone el 64 que:

”Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 (si no se obtuviere la confianza de ningún candidato a la Presidencia transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y,

“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

El único acto que el Rey puede efectuar sin refrendo es, de acuerdo con el 65.2: “nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

Pues bien, éstos son los actos del Rey a los que se refiere la declaración de inviolabilidad del 56.3 de la Constitución. No es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan. Dichos actos carecen de validez si no se producen tales refrendos y asunción de responsabilidad por la sencilla razón de que no son decisiones –ni, por tanto, acciones- del Rey. Y eso justamente por la superación del principio monárquico y el sometimiento de todos a la legalidad; esto es, a la voluntad general.

Acostumbra a entenderse esta inviolabilidad como un residuo del principio monárquico en virtud del cual el Jefe del Estado está por encima de los poderes del mismo. El poder judicial no podría entrar a enjuiciar los actos del Rey, puesto que éste está por encima de todos los poderes del Estado.

A mi juicio, resulta necesaria una reinterpretación de la inviolabilidad del Jefe del Estado, ajustándola a los parámetros constitucionales. Y que el artículo 56.3 se refiera a los refrendos de los actos del Rey deja claro que éstos son los que derivan de su función como jefe del Estado. De ahí que, en mi opinión, sea necesario entender que la inviolabilidad de la persona del Rey tan sólo se extiende a aquellos actos cuya naturaleza requiera el refrendo del Presidente del Gobierno o de los Ministros, en su caso. Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad.

Así, en los supuestos de que el Jefe del Estado realizara cualquier tipo de delito grave de naturaleza común, no quedaría exento de responsabilidad penal. Porque no hay a quien trasladar dicha responsabilidad, salvo que las acciones, que en estos casos sí son propias, vinieran refrendadas. Y es inimaginable que, por ejemplo, el Presidente del Gobierno o la ministra de Hacienda refrenden la apertura de una cuenta ilegal –y anónima- en un banco suizo o una agresión sexual violenta.

Las inviolabilidades, por otra parte, son exenciones penales cuyo fundamento procede de actos y no de personas. Éstas quedan por fuera de la órbita penal justamente porque se pretende con ello salvaguardar la función. Por ello su ámbito ha de quedar estrictamente restringido a lo necesario. Los parlamentarios gozan de inviolabilidad pero sólo por las manifestaciones realizadas en sesión reglamentariamente convocada. Y, también por eso, es menester entender que la inviolabilidad de la persona del Rey sólo se extiende a los actos a los que se refiere el artículo 56.3 de nuestra Norma fundamental.

Precisamente porque son éstos los actos sobre los que se proyecta la inviolabilidad, ésta se mantendrá por siempre, más allá de la duración del mandato de la persona inviolable: la función se vería completamente afectada si quien tiene que realizarla sabe que cuando cese puede ser juzgado por los hechos inherentes a la misma. Y justamente por eso, el resto de los llamados privilegios procesales (inmunidades y aforamientos) sólo se disfrutan durante el mandato. Porque transcurrido éste no hay afección alguna a la función si se juzga por hechos que nada tuvieron que ver con ella.

Si se comparte lo hasta aquí sostenido se habrá de convenir que se debe proceder contra el anterior Jefe del Estado por hechos que nada tuvieron que ver con el desempeño de su alta función y que, por tanto, no estaban comprendidos en el ámbito de su inviolabilidad. Y no sólo porque hoy ya no sea inviolable sino únicamente aforado, como ha recordado la Ministra de Justicia, sino porque la interpretación que casi unánimemente se sostiene sobre la inviolabilidad constitucional del Rey es insostenible.

Foto: «La loca historia del mundo». Mel Brooks (1981).