Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

El ingreso mínimo vital, una cuestión de derechos

María Dalli

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España va a poner en marcha, previsiblemente en el mes de mayo, el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de un hito, pues por primera vez el gobierno central pondría en marcha una política de prestaciones de último recurso con independencia del historial de contribución del solicitante y más allá de las prestaciones familiares o por discapacidad. De esta forma, el IMV iría más allá de las prestaciones no contributivas o asistenciales de la seguridad social que han existido hasta el momento, con la finalidad de cubrir a toda persona en situación de pobreza o de exclusión social, cuyos recursos económicos no superen un determinado límite. Esta actuación del Estado se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la seguridad social. Hasta ahora, como prestaciones asistenciales de último recurso han existido las rentas mínimas de inserción autonómicas, que surgieron a raíz de la atribución a las mismas de la competencia en materia de asistencia social según el artículo 148.1.20ª de la Constitución.

Más allá del acogimiento con el que cabe esperar esta medida, es importante no olvidar que, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos. En este sentido, sería conveniente que el nuevo IMV estatal no reincidiera en los problemas en relación con los cuales ya se ha llamado la atención a España repetidamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por estas razones, tras mencionar las principales características hasta el momento conocidas del nuevo IMV, con este texto pretendo destacar la consideración de la asistencia social como derecho humano así como recordar los problemas que, desde una perspectiva de derechos, el IMV debería abordar.

Previsiblemente, el IMV consistirá en una prestación económica para aquellas personas con menos de 200€ de ingresos mensuales si viven solas, o con menos de 450€ si viven en pareja. La cuantía a reconocer sería de aproximadamente 500€, aunque también se ha barajado que podría consistir en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente situado en 430€ mensuales. Además, a esta cantidad se sumarían 250€ más si hay otro adulto sin ingresos en el domicilio familiar, más 150€ por hijo en casos de familias monoparentales, o de 100€ por hijo en los demás casos.  Así pues, la cuantía se aumentará para cada caso según las características del hogar familiar, la existencia de hijos y según exista o no algún miembro en la familia con discapacidad. El IMV se espera implementar de forma progresiva, a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura. A partir de este IMV, las Comunidades Autónomas podrán introducir los complementos que decidan en términos de dotación o adoptando otras direcciones de integración. En este sentido, el IMV irá acompañado de estrategias de activación laboral, así como de itinerarios de acogida y de integración.

Como comentaba, la asistencia social es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que el IMV ha de analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 1.3 insta a los Estados a implementar sistemas universales de protección social. Tradicionalmente, la lucha contra la pobreza así como las ayudas a familias en situación de exclusión se han abordado más como una cuestión de caridad que como una obligación del Estado. Ahora bien, este paradigma se transforma con el reconocimiento internacional de los derechos humanos y con la asunción de obligaciones en la materia por parte de los Estados. Así, si bien el derecho a la asistencia social no se ha reconocido de forma explícita en el sistema de protección de las Naciones Unidas, sí se reconocen derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado así como el derecho a la seguridad social, los cuales incluirían la asistencia social. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como más tarde, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un nivel adecuado de vida para toda persona, lo cual incluye alimentación, abrigo y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la seguridad social se reconoció asimismo en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el artículo 9 del PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisión del PIDESC, ha desarrollado, a través de las Observaciones Generales y, en particular, la Observación General núm. 19, una serie de principios que son relevantes para entender las implicaciones del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano. Así, ha de cumplirse con los elementos de disponibilidad de las prestaciones, la adecuación y la accesibilidad, la cual incluye cuestiones como la asequibilidad de las prestaciones y la importancia de la participación y la información. Además, la tipología de obligaciones estatales incluye tanto deberes negativos (de no intervenir negativamente) así como deberes positivos (de actuación; como la protección, la promoción y la realización o el cumplimiento). El IMV supondría el avance en el cumplimiento de esta obligación positiva de realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando la prestación cumpla con los estándares de los derechos. ¿Y cuáles son estos estándares? En este punto, los Principios Rectores sobre Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomiendan la incorporación de los principios de la dignidad, la universalidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la protección social.

El sistema europeo de protección de los derechos aporta una mayor clarificación en relación con las características concretas que habrían de incluirse en el diseño e implementación de las rentas mínimas. Estos desarrollos se deben al reconocimiento del derecho a la asistencia social en el artículo 13 de la Carta Social Europea, así como a la actividad de monitorización de la Carta llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Así pues, el artículo 13 de la Carta Social Europea reconoce el derecho a la asistencia social junto con la asistencia médica, por el que los Estados parte se comprometen ‘a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado’ (artículo 13.1).

De acuerdo con el CEDS, el derecho a la asistencia social supone una ruptura con el concepto tradicional de asistencia ligado al deber moral de prestar caridad a los necesitados.  La asistencia social se entiende como prestaciones que tienen como objetivo responder a situaciones de necesidad individual, sin requerir ningún tipo de afiliación a la seguridad social ni requerir tampoco actividad profesional o cotizaciones sociales. Como parte de mi investigación postdoctoral, financiada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, pude identificar un listado de estándares para definir el derecho a la asistencia social y sus implicaciones, lo cual fue el resultado del estudio de las conclusiones del CEDS a todos los Estados parte de la Carta obligados al cumplimiento del artículo 13. Con la finalidad de contribuir a la clarificación de este derecho y de las obligaciones de los Estados, estos estándares guardan relación con una amplitud de cuestiones como la titularidad, la duración de las prestaciones, la cuantía, la organización territorial, el test de recursos económicos, las medidas de activación, o el sistema de sanciones y de recursos (puede accederse a las conclusiones de este estudio en el artículo publicado por la European Journal of Social Security en su primer número del volumen 22 de 2020, con el título ‘The content and potential of the right to social assistance of Article 13 of the European Social Charter’).

Aquí me interesa recordar los motivos por los cuales el CEDS consideró que España no cumplía con el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta, según las últimas conclusiones en 2017 (Conclusiones XXI-2). De acuerdo con el Comité, el Estado español no se situaba de conformidad con la Carta Social Europea y con las previsiones del artículo 13 debido a los requisitos de edad para acceder a las rentas mínimas de inserción regionales, la duración máxima de las prestaciones, la cuantía de las mismas y los requisitos de residencia o empadronamiento en la Comunidad Autónoma. Así pues, la mayoría de las Comunidades requieren que los solicitantes de las rentas mínimas tengan como mínimo 25 años de edad, salvo algunas excepciones. Además, las rentas mínimas no suelen reconocerse durante todo el tiempo que dure la situación de necesidad. La duración de la residencia requerida afecta a las personas que se mueven entre una región y otra, pues pierden el derecho a la renta mínima durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a ser elegibles. La cuantía de las prestaciones tampoco es la adecuada. Así, en 2014, la cuantía media de las rentas mínimas era de entre 300€ y 665.9€ mensuales según la Comunidad Autónoma, mientras que el límite por debajo del cual una persona se consideraba en situación de pobreza era de 552€ al mes, en 2014. La asistencia social, así pues, caía por debajo del límite de pobreza en la mayoría de comunidades españolas.

En cuanto las medidas de activación laboral, el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta Social Europea permite la implementación de este tipo de medidas. Ahora bien, la activación laboral debe ser consistente con la finalidad de las prestaciones, la cual es la superación de la situación de pobreza y de las dificultades del individuo. En caso de que la prestación quede suspendida por el incumplimiento de las obligaciones de activación, la ayuda de emergencia siempre debe estar disponible pues no se puede dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda económica en caso de necesidad. Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. Las rentas mínimas de inserción suelen imponer estrictas obligaciones en materia de activación laboral, cuyo cumplimiento es necesario para el mantenimiento de las prestaciones. Dada la situación de precariedad laboral que existe en España, el resultado de las medidas de activación puede ser la obtención de empleo de bajo salario, temporal, que puede empeorar las dificultades de las personas beneficiarias de las ayudas. Además, de acuerdo con la European Minimum Income Network, no se estarían poniendo en marcha mecanismos de inclusión para las personas en situación de exclusión social a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de empleo y los servicios sociales.

Así, un sistema demasiado enfocado en la activación laboral podría estar dejando de lado la implementación de medidas de inclusión social más amplias que sean capaces de abordar de forma adecuada el problema de la exclusión social. Las medidas de activación deben aplicarse de forma flexible teniendo en cuenta los horarios dedicados al cuidado, en especial en el caso de las familias monoparentales. Además, los beneficiarios deben poder participar en la elaboración del plan de integración.  Otras críticas comunes de las rentas mínimas de inserción autonómicas son las diferencias territoriales, el tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se recibe (de dos a tres meses en la mayoría de las regiones), las restricciones para acceder a las prestaciones, que afectan principalmente a los inmigrantes recién llegados, los jóvenes, las unidades familiares formadas de forma reciente y a las personas sin hogar, de acuerdo con la European Social Policy Network. Otro problema es la falta de precisión y claridad de las regulaciones lo cual deriva en la toma de decisiones discrecional por parte de las administraciones.

La Plataforma DESC, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil española, en su informe alternativo a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal a España, recomendó ‘garantizar el derecho a las rentas mínimas reconociéndolo legalmente con regulaciones precisas que eviten las decisiones arbitrarias; asegurando que cumplen las condiciones mínimas que permita reducir las desigualdades territoriales de forma que no excluyan a grupos vulnerables ni causen discriminación; incrementando los niveles de las rentas mínimas de inserción, para ser suficientes para llevar un nivel de vida digno’. También es relevante tener en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, guardan relación con las demoras en la tramitación de las solicitudes, las dificultades en la tramitación de los expedientes, la sujeción del reconocimiento del derecho a la disponibilidad presupuestaria o la implementación estricta de las medidas de activación laboral.

En el repaso de los principales problemas de las rentas mínimas ya existentes en España, y de las principales recomendaciones para abordarlos, no puedo dejar de lado una reclamación de vital importancia para la lucha contra la violencia de género en materia de prevención. Por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales y de instituciones extranjeras de derechos humanos, se ha denunciado el hecho de que las rentas mínimas siempre suelen transferirse a una cuenta bancaria única, lo que deriva en una ausencia de independencia financiera y no ayuda en la prevención de situaciones de violencia doméstica, pudiendo utilizarse la prestación como medida coercitiva. El Women’s Budget Group en el Reino Unido, la Equaliy and Human Rights Commission y, recientemente, el Comité de Trabajo y Pensiones del Parlamento británico han recomendado que los pagos deberían ingresarse en cuentas separadas, o bien deberían ingresarse al principal cuidador de la familia, permitiendo así que exista una fuente independiente de ingresos necesarios para vivir. Así pues, esta es una reclamación cuya aplicación también se debería considerar en el contexto español, en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, ahora sí, una demanda más y la recapitulación. En el contexto de la crisis del coronavirus, y en el caso de que se implementen sistemas digitales para procesar las solicitudes y el mantenimiento de las prestaciones, debe garantizarse que las personas sin acceso a los ordenadores o sin las habilidades necesarias para su manejo no quedan excluidos del sistema de ingresos mínimos. Por último, recapitulación: las rentas mínimas, o la asistencia social, es una cuestión de derechos humanos. No es caridad, es cumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por el Estado. En el diseño del nuevo IMV, y en el camino hacia su implementación, no se olviden de las demandas de los derechos.

Foto: Fernando Flores

Estado de alarma y limitación de derechos: ni excepción, ni suspensión

Joaquín Urías

Los apartados más bizarros y a la vez más peligrosos de la Constitución son aquellos que prevén la posibilidad de dejar de aplicar el orden constitucional. Se suelen explicar con la idea de “defensa de la Constitución” a partir de un malabarismo ideológico como es el de pensar que a veces la Constitución necesita suspender su vigencia para defenderse de una amenaza.

Detrás de esa forma de razonar, está para muchos la sospecha -o el convencimiento- de que la democracia no es el mejor sistema para afrontar una crisis. Esa añoranza de las dictaduras es un enfoque simplista. En realidad, la democracia se sustenta en un complejo equilibrio de facultades y voluntades que concurren y se enfrentan, hasta configurar la gestión colectiva de lo público. Ante determinadas amenazas, que exigen procedimientos rápidos, claros y operativos, el sistema democrático puede necesitar reducir su complejidad de manera temporal: se trata de simplificar el ordenamiento, sin perder la esencia que lo caracteriza como democrático.

Cuando se hace, hay que estar especialmente vigilantes de que sea sólo por una necesidad real e imperiosa; de modo temporal y provisional; y conforme a lo que establece la propia Constitución.

En este sentido, además de la suspensión individual de garantías (art. 55.2 CE) y la intervención de Comunidades Autónomas (art. 155 CE), la Constitución contiene la posibilidad de declarar alguno de los tres estados excepcionales previstos en el art. 116 CE. Su desarrollo aparece en una vetusta Ley Orgánica aprobada en el año 1981, poco después del intento de golpe de Estado del 23F. Así, el estado de alarma permite enfrentar epidemias, catástrofes naturales o desabastecimientos. El de excepción se prevé para alteraciones graves del orden público. El de sitio para ataques armados contra la soberanía o la integridad territorial del país.

Cada una de estas situaciones excepcionales permite al gobierno adoptar una serie de medidas. Respecto a ellas, la Constitución señala que durante la vigencia del estado de alarma pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos, pero no pueden suspenderse éstos. En los estados de excepción y sitio, en cambio, sí se pueden suspender algunos derechos: esencialmente los relativos a las garantías de la detención, a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones, a circular libremente, a manifestarse, a la libertad de expresión, y a la huelga.

En nuestro sistema, claramente, la diferencia entre los tres estados excepcionales no es de grado. No se trata de que a medida que una situación se hace más grave el Gobierno puede ir subiendo la entidad de la declaración, sino de que, según la naturaleza de la emergencia, cabe adoptar uno u otro. Las medidas permitidas están en consonancia con las necesidades derivadas de la naturaleza de cada una de las amenazas previstas.

El 14 de marzo pasado el Gobierno aprobó el decreto 463/2020 que instaura el estado de alarma. Es razonable, puesto que la epidemia del COVID-19 supone una amenaza a la salud que entra plenamente en lo previsto para la alarma.

En consonancia con ello dictó algunas medidas destinadas a unificar la dirección política y sanitaria de la crisis para todo el Estado, otras que permitían la intervención de bienes privados y la movilización de personal si llegara a ser necesario y, sobre todo, acordó el confinamiento obligatorio de toda la población en sus casas con la salvedad de los casos en los que se permite salir de ellas.

Algunos políticos de la oposición, y hasta algún jurista despistado, afirman que las medidas acordadas para frenar esta epidemia suponen una suspensión de derechos. Es una afirmación falsa que, sobre todo, ignora la esencia de los derechos fundamentales.

España, con la pesada carga de una historia donde la libertad nunca ha sido bien recibida, tiene aún enormes carencias en cuanto a la doctrina de los derechos fundamentales. Nuestros juristas suelen hablar del contenido de uno u otro derecho, sin preocuparse demasiado por mantener una teoría coherente y operativa sobre qué son y cómo funcionan los derechos fundamentales.

Los derechos son espacios de libertad ciudadana resistentes frente al poder. Son facultades que los poderes públicos no pueden limitar ni restringir, pues configuran lo que en términos grandilocuentes se conoce a veces como la libertad. Son intocables para todos los poderes del Estado.

Aún así, en España ya prácticamente hemos aceptado que los derechos no vinculan a los jueces, que se los pueden saltar alegremente alegando que los “ponderan” con otros valores más importantes. Ahora -al hilo del estado de alarma- se está recuperando la idea decimonónica de que los derechos fundamentales son sólo principios inspiradores: normas filosóficas sobre cómo debían ser las cosas, sin contenido jurídico claro. En ese batiburrillo desaparece también la diferencia entre limitación y suspensión de un derecho.

Pese a ello, lo cierto es que en una democracia los derechos tienen un contenido esencial intangible. El núcleo del derecho no admite restricciones, es algo que se tiene o no se tiene, sin matices posibles. Durante el estado de alarma los derechos no desaparecen, durante el de sitio, en cambio, pueden dejar de estar provisionalmente en vigor.

Así, el derecho de manifestación es el derecho a protestar colectivamente utilizando el espacio público, aunque la Constitución permite prohibirlas cuando haya peligro para las personas. Si el derecho de manifestación estuviera suspendido, simple y llanamente no se podrían convocar manifestaciones de ningún tipo. Como estamos en estado de alarma, el derecho sigue tal cual. Igual que en situaciones normales, todos podemos convocar una manifestación pero si eso supone un peligro para la vida de las personas, nos lo pueden prohibir.

Evidentemente, el riesgo de contagio llevará a que se prohíban muchas manifestaciones. Pero, como el derecho no está suspendido, cada vez que eso suceda los convocantes podrán acudir a un juez para que controle si efectivamente en ese caso había peligro o no.  Si estuviéramos en estado de excepción con el derecho suspendido, no sería posible ese control judicial de cada caso. Estaría prohibido manifestarse y punto.

Lo mismo sucede con la libertad religiosa: el derecho a tener una religión y a efectuar actos privados de culto es intocable y ni siquiera se puede suspender durante el estado de sitio. La celebración de actos de culto externo, en cambio, es una manifestación de religiosidad sometida al respeto de otras normas. Igual que no es evidente que se puedan tocar las campanas de una iglesia o hacer un llamamiento a la oración a las tres de la madrugada, tampoco lo es que se puedan reunir centenares de personas en una iglesia durante la pandemia. Quienes dicen que en estos momentos la libertad religiosa está suspendida no tienen ni idea de lo que es suspender un derecho: si lo estuviera -cosa imposible en democracia- se podría prohibir rezar incluso en privado.

Pongo estos ejemplos por no hablar del derecho fundamental a la libertad deambulatoria del art. 19 CE. Nadie con un mínimo de formación jurídica puede pensar que el contenido esencial de ese derecho incluya la facultad de pasar por cualquier sitio o usar cualquier calle. Si el desarrollo de unas meras obras de reparación urbana es constitucionalmente suficiente para prohibir pasar por determinado lugar o a determinada hora, sería absurdo pretender que las medidas actuales han suspendido un derecho de contenido tan dúctil. No estamos ante una prohibición absoluta de desplazarse sin previa autorización. Es evidente además que si estuviera suspendido ese derecho, no serían impugnables las limitaciones de movimientos inútiles para la protecciónde la salud. Pero ése, afortunadamente, no es el caso.

Así, durante el estado de alarma pueden limitarse proporcionadamente algunas manifestaciones accesorias de los derechos fundamentales, pero no está prohibido el núcleo de los derechos.

En estos momentos, es un disparate proponer la declaración del estado de sitio. Tan sólo el sueño húmedo de algún totalitario reprimido podría llegar justificar que para afrontar una epidemia sea necesario suspender los derechos fundamentales y el normal funcionamiento de la democracia o militarizar la administración pública.

La amenaza que sufrimos es de las que se enfrentan con el estado de alarma. Eso no excluye que en esta ocasión algunas de las medidas aprobadas contra la epidemia pueden ser desproporcionadas. Tampoco que su aplicación puntual sea en ocasiones inconstitucional.

Si, por ejemplo, el confinamiento impuesto resulta innecesario en algún caso y no contribuye a combatir la epidemia, la medida concreta puede ser anulada por el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la aplicación, no me cabe duda de que al amparo del estado de alarma está habiendo excesos de las fuerzas de seguridad y hasta de los destacamentos militares que sancionan sin motivo o vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía.

Todos esos casos deben ser revisados judicialmente. Y pueden serlo, precisamente, porque los derechos no están suspendidos. Quien crea que se han suspendido los derechos tendrá que aceptar que, entonces, no es posible violarlos.

No puede violarse lo que no se tiene, pero si eso sucediera, con estado de alarma o de excepción, en estos momentos sería un atentado al sistema democrático. Afortunadamente, con mayor o menor acierto en las medidas aprobadas y su aplicación, en esta ocasión la declaración de estado de alarma es absolutamente conforme a lo que exige nuestra Constitución. Podremos salir de la crisis y volver al funcionamiento normal de las instituciones sin que se haya producido una quiebra de la Constitución que ponga en riesgo la legitimidad del sistema.

La prima de riesgo social

Carlos Penedo

Ha cambiado el foco en la respuesta inicial a las dos últimas crisis, la Gran Recesión y la covid-19 

La prima de riesgo nos obsesionó en 2008 y la curva de infectados y fallecidos en 2020, dos actitudes diferentes por parte de responsables políticos y por derivación de ciudadanos.

Riesgo país y riesgo ciudadano: se podría decir que en el fondo son lo mismo, pero la experiencia ha demostrado que el enfoque condiciona el resultado y los destinatarios no coinciden.

En cuanto a la respuesta a la crisis 2008/2018, no existen pruebas de laboratorio que hayan confirmado que el saneamiento financiero a costa de un endeudamiento público ingente haya desbordado las cuentas de resultados empresariales para beneficiar al común de la gente.

Hace poco más de una década anduvieron dos presidentes del Gobierno español con una aplicación en el móvil que les indicaba en tiempo real el estado de ánimo de los mercados financieros; quizá hoy Pedro Sánchez tenga algo similar para la curva de fallecidos o ingresos hospitalarios.

Las diferencias entre las dos crisis se pueden detectar también en otras políticas públicas.
La seguridad tradicional ha delimitado el ámbito de actuación a las fronteras del Estado, del propio y de los vecinos. Es decir, la seguridad física organizada sigue siendo estatal, cuando las amenazas son globales. Por éste y otros motivos con la crisis provocada por la enfermedad covid-19 el secretario general de la OTAN anima a no dejar de aumentar los presupuestos de Defensa, algún nubarrón percibe en el horizonte. En el marco de esa Alianza España ha pedido ayuda y la ha recibido de Turquía y Chequia, hasta ahí la multinacionalidad de la respuesta, a la espera de lo que los Gobiernos nacionales decidan mancomunar bajo el paraguas de la UE.

Tres novedades se pueden destacar de esta crisis sanitaria que evolucionará a económica, social y por supuesto política.

La primera novedad es la apuntada: la primera preocupación de esta crisis es humana, a diferencia de la Gran Recesión, y por eso chirría y se entiende la movilización de quienes defienden sus intereses económicos con fuerza, actores con gran capacidad de presión, de interlocución y de presencia mediática.

Segunda novedad, desde el punto de vista de la seguridad: el enemigo no es humano. Tras una década de indefinición con el final de la guerra fría, el terrorismo ha copado los tres primeros lustros del siglo XXI como amenaza omnipotente y omnipresente, recurso ya agotado -no se sostiene ni por número de víctimas ni como justificación militar- que ha sido sustituido el último quinquenio por las ciberamenazas.

En ambos casos hay personas detrás, incluso Estados en algunos casos, la seguridad podía apuntar sus instrumentos hacia algo físico y hacia responsables humanos; no sucede hoy con los virus. En esta crisis tenemos muchos héroes y víctimas, pero nos falta un villano humano o estatal a la altura de las consecuencias.

En cuanto a lo cíber, reconozcamos que el virus real se presenta más peligroso que el virus de la desinformación, con evidentes exageraciones que parecen pretender que esta novedosa pandemia se parezca a la geopolítica de siempre.


Tercera novedad: las estrategias de seguridad nacional han incluido las pandemias y las crisis sanitarias, pero no como amenaza directa, sino como riesgo indeterminado en compañía de otros que no se sabe muy bien cómo calibrar («desafío» la denomina la española de 2017); se equivocaron, no es uno de los desafíos (una especia de cajón de sastre), sino amenaza directa. Lo relevante es que la respuesta a esta amenaza no puede descansar en los medios tradicionales.

Por supuesto que las Fuerzas Armadas cuentan con capacidades de extrema utilidad para hacer frente a una crisis sanitaria como la que vivimos: sólo hay que ver la actuación de la Unidad Militar de Emergencias; también la vigilancia de infraestructuras críticas; la sanidad militar probablemente esté infradotada, pero contamos con un gran hospital de la Defensa que aunque no tiene capacidad para albergar a dictadores amigos sí da servicio a un importante barrio de Madrid, y es muy útil como respaldo de emergencias, igual que la farmacia militar, que habrá que fortalecer de alguna forma.

Cosa distinta es el empleo de los militares en tareas de seguridad ciudadana, como se ha anunciado, muy discutible en un país con 250.000 agentes policiales (la mitad bastante bien formados) y hasta el momento afortunadamente no llevado a la práctica por imposición de la sensatez, más que por celos entre organismos públicos, esperemos.

Triple novedad de la crisis provocada por la enfermedad del coronavirus, entonces: las personas están en primera línea de preocupación; el adversario no es humano; y la amenaza a medio y largo no tiene respuesta militar-policial, sino que requiere un reforzamiento de los servicios públicos de sanidad y protección social.

Todo lo anterior apunta hacia un concepto que se ha ido abandonando y emerge con la fuerza de la lógica de forma intermitente y ahora mismo aparece en primer plano: la seguridad humana. Se trata de un marco amplio que incluye la seguridad física, pero también la personal, laboral, sanitaria, más allá del equilibrio en el número de carros de combate o la disuasión nuclear; se plantea garantizar unas condiciones aceptables de vida, que el ciudadano sienta que tiene cierto control sobre lo que sucede.

Abundan ejemplos de cómo la prioridad en crisis recientes ha sido la economía financiera, las aguas territoriales, la soberanía estatal delimitada, y luego al final se supone que las personas dentro de esa economía y esos límites geográficos; pero en la respuesta se encuentran también casos de recorte de libertades individuales en aras de una mayor seguridad, de desconexión entre ciudadano y seguridad.

La crisis del covid-19 ha dado la vuelta a la ecuación: no hay seguridad sin personas.

Hemos pasado del riesgo-país al bienestar del ciudadano en su sentido más amplio, que empieza por la salud y sigue por el trabajo.

Las circunstancias de este comienzo de 2020 obligarán en cualquier caso a replantearse estrategias sociales, de seguridad, defensa, empresariales, laborales; y sobre todo y antes de nada resolver una cuestión de fondo: ¿tiene capacidad hoy la suma de lo público para mantener controlada la prima de riesgo social?

Garantizar los derechos humanos durante estado de alarma

Jose Antonio García Sáez

Jorge Correcher Mira

Profesores de la Facultad de Derecho, Universitat de València

No, esto no es una guerra. El lenguaje bélico que han adoptado los responsables políticos hace un flaco favor a la cultura de los derechos humanos que debe acompañar a todo estado de derecho. Y hay que tener claro que aun durante la vigencia del estado de alarma, España sigue siendo un estado de derecho, es decir, un sistema político en el que cualquier autoridad que ejerza un poder lo hace sometida al imperio de la ley. Pero la lógica de la legalidad es una lógica incompatible con la lógica de la guerra. Como nos recuerda el jurista italiano Luigi Ferrajoli en Razones jurídicas del pacifismo, la idea de la guerra representa en última instancia la negación del propio derecho, que es —o, más precisamente, debe ser— un orden racional orientado a conseguir la paz social. En la guerra, la auténtica guerra, se vale todo. La guerra es la ausencia de normas por excelencia. Lo que podría denominarse como cultura de la legalidad o cultura de los derechos palidece ante situaciones como la actual, donde, paradójicamente, la excepcionalidad parece convertirse en norma, apelando —como en otros momentos históricos— a la creación de enemigos internos, o a la tolerancia cero como modelo de ordenación social.
Por eso resulta preocupante la retórica de la guerra que se ha apoderado del discurso oficial y del debate público. Es necesario emplear todos los medios posibles para terminar con un virus que ha creado una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Pero es al mismo tiempo necesario hacerlo sin abonar el camino de otro virus que puede ser igualmente fatídico: el virus del autoritarismo, que late en el discurso bélico y que se alimenta del caldo de cultivo que supone una sociedad que descuida los derechos. Deben ser cuidados por igual tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos. Respecto de los primeros, si alguna enseñanza podemos extraer de esta crisis multinivel, es nuestra gratitud con quienes defendieron en el pasado unos servicios públicos de calidad, al tiempo que se pone de manifiesto la deslealtad de aquellos que, amparados en (i)lógicas neoliberales, pretendieron reducir a su mínima expresión esa sanidad pública que ahora ensalzan.

Por su parte, el cuidado de los derechos civiles y políticos exige una actitud de permanente vigilancia a quien ejerce el poder. No se trata necesariamente de desconfiar de los servidores públicos, sino de establecer los mecanismos y garantías para que estos rindan cuenta de sus actuaciones. Es ahí donde la retórica belicista utilizada en la gestión de esta crisis contribuye a generar un nefasto estado de ánimo que tiende a exaltar las supuestas virtudes del incremento de la vigilancia policial y de la militarización del espacio público. Todos hemos podido ver estos días no pocos vídeos de tratos degradantes dispensados por policías a personas que aparentemente incumplían las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma. Y lo más sorprendente de todo es que en varios casos la actuación de la policía era no afeada, sino jaleada por las personas que presenciaban la escena desde sus balcones: la cada vez más activa policía de balcón. Encontramos aquí una nueva forma de linchamiento, reprobable per se, pero especialmente grave cuando los autoproclamados justicieros se dedican a abuchear a vecinos que se dirigen a su puesto de trabajo, a personas con problemas de salud mental, o incluso a los mismos sanitarios a los que aplauden cada día a las ocho de la tarde.

No se nos entienda mal. Pensamos que las medidas de confinamiento social decretadas por el gobierno y convalidadas por el parlamento tienen, en general, todo el sentido. Y consideramos que para hacer efectivas esas medidas se necesita intensificar la vigilancia policial y aplicar el régimen sancionador correspondiente. Pero hasta ahí. Como ha dejado claro la propia Oficina del Defensor del Pueblo, incluso en el estado de alarma los derechos humanos siguen vigentes porque “la democracia no se suspende”. Precisamente por eso, los vínculos y límites al ejercicio de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad son exactamente los mismos que rigen fuera del estado de alarma. Como es evidente, insultar, abofetear o empujar a una persona está tan fuera de lugar y es tan sancionable en el estado de alarma como fuera de él. El confinamiento no nos puede hacer perder la perspectiva de que el uso de la fuerza ejercido por los cuerpos policiales siempre está sometido a estrictos criterios de legalidad, proporcionalidad y congruencia. Sobre esto, cabe considerar que el estado de alarma no supone ninguna modificación excepcional dentro del Código penal, tampoco respecto del régimen sancionador en materia administrativa. No obstante, este último ámbito continúa regido por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como ley mordaza), normativa criticada desde distintos colectivos por la tanto por vaguedad de su articulado, como por el amplio margen de actuación que permite a los cuerpos policiales.

Medidas tan urgentes y graves como las adoptadas por el Real Decreto 463/2020,  por el que se declara el estado de alarma, o la Orden del Ministerio del Interior 226/2020, ciertamente ponen a prueba el talante y la actitud de los funcionarios policiales, puesto que —como ya ocurriera con la ley mordaza— la imprecisión de sus disposiciones les dota de un considerable margen de discrecionalidad. ¿Qué se considera, por ejemplo, una actividad análoga a las actividades permitidas por el Real Decreto? ¿Cómo se puede justificar debidamente un desplazamiento imprescindible? La urgencia propia de la redacción de la norma, incluso después de algunos ajustes, sigue siendo un coladero de imprecisiones, de términos ambiguos y vagos, que necesitan ser interpretados por el agente encargado de su aplicación. Eso es lo que llamamos discrecionalidad: la elección de uno de los posibles significados que permite una norma. La discrecionalidad es, en mayor o menor medida, inevitable en cualquier sistema jurídico, puesto que las normas están hechas de palabras y las palabras son, por su propia esencia, imprecisas. Pero esa discrecionalidad no puede ser nunca arbitrariedad, prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución. Actuar de forma arbitraria es actuar sin ofrecer motivos válidos, sin ofrecer razones. Actuar, en suma, de forma autoritaria. En este sentido, no cabe recurrir a la defensa de la seguridad para justificar una limitación de los derechos y libertades de la ciudadanía, pues supondría reforzar la errónea dicotomía seguridad vs. libertad, tan repetida siempre que se introducen medidas de carácter coercitivo en el ordenamiento jurídico. Así, la seguridad debe predicarse precisamente respecto de la libertad, también en relación con los derechos, de manera que cualquier arbitrariedad, por mucho que se quiera justificar por razones securitarias, sigue siendo contraria a la garantía de los derechos de la ciudadanía.

El mantenimiento de la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad es el requisito sine qua non de un estado democrático y de derecho. Por eso, incluso en las difíciles circunstancias del estado de alarma, la actuación policial no puede tornarse arbitraria. Evitar que eso ocurra depende de que seamos capaces de establecer tanto los oportunos sistemas de monitoreo y de responsabilidad en la actuación policial como de aumentar el conocimiento de sus propios derechos por parte de la ciudadanía. Una persona informada, que conoce sus derechos, aceptará ser sancionada si ha cometido una infracción, pero no admitirá un trato arbitrario y desconsiderado por parte de la autoridad.

Estas reflexiones nos permiten presentar el trabajo realizado estos días por nuestros estudiantes de la Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Facultat de Dret de la Universitat de València. Con los ánimos intactos para seguir con sus prácticas, han trabajado colaborativamente desde sus casas en la elaboración de este folleto, proporcionando una guía básica que ayude a la ciudadanía a conocer sus derechos durante el estado de alarma. Precisamente, la realización de este proyecto persigue una de las finalidades básicas de la enseñanza jurídica clínica, como es la aproximación del derecho a la sociedad. Los derechos fundamentales no pueden entender de excepciones, máxime cuando la manera en que solucionemos esta crisis determinará significativamente el tipo de sociedad que queremos ser. En lugar de exaltar esa guerra que supuestamente estamos librando, sería más conveniente animarnos a cuidar a las personas que tenemos a nuestro lado, a repensar determinadas actitudes vistas estas semanas y a poner siempre en el centro, como bien muestra la actitud de nuestros estudiantes, la defensa de los derechos como medio para conseguir una sociedad democrática.

Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.