Ucrania, del gris al negro

Carlos Penedo

Angela Merkel habla ruso y Vladímir Putin, alemán. Las capacidades lingüísticas de ambos algo aportan sobre diversidad europea, vecindad, experiencias personales, Guerra Fría, algo añaden de complejidad ante un panorama informativo simplificado hasta el límite tras la invasión de Ucrania.

Reflexiona algún filósofo político (Innerarity) que lo más difícil de alcanzar ante un problema es la visión de conjunto, los argumentos suelen ser de parte, abundan los especialistas con gran conocimiento sobre un área muy limitada de la realidad y a menudo con posiciones enfrentadas.

Utilicemos para hacernos una idea aproximada del conflicto en Ucrania la fórmula de tratar de iluminar cuatro ingredientes que recibimos mezclados, cuatro enfoques o fogonazos que arrojen algo de luz: conflicto militar, comunicación, energía y globalización.

El objetivo es identificar tendencias que se hayan disparado por la crisis, los conflictos no suelen crear fenómenos de la nada, sino que hacen crecer asuntos ya en germen (y no todas las tendencias se desarrollan).

CONFLICTO MILITAR

Las guerras producen muertos y violaciones de mujeres, todas las guerras, las justas, las elegidas, las injustas y las injustificables, lo que algunos parecen estar descubriendo ahora. De ahí que todo esfuerzo para evitarlas resulte obligado, a pesar del creciente número de humillados por las cesiones reales o inventadas al contrincante, la nostalgia en dirigentes propios de la voluntad y firmeza que tanto se alababa de Putin en muchos ámbitos, hasta el 24 de febrero. Sorprende en cualquier caso la frivolidad con la que se trata la implicación propia en un conflicto armado.

La guerra, esta guerra, es un fracaso de la disuasión y el peor escenario posible.

Parecía extendida la idea de que los conflictos bélicos tradicionales iban a la baja -al menos entre grandes potencias, y en Europa- y los países competían en el terreno de la economía y en la difusa zona gris, espacio intermedio en el conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política (blanco), del enfrentamiento armado directo y continuado (negro).

La realidad es que desde Cuba y Vietnam no se ha estado más cerca de un enfrentamiento entre grandes potencias que pensábamos aparcado.

En el terreno militar podríamos apuntar que al menos a partir de la Guernica arrasada en 1937 durante la Guerra Civil que recordaba el presidente ucraniano en su alocución al Parlamento español -aquella Legión Condor nazi se empleó a fondo en la zona oeste de Madrid meses antes-, las guerras del último siglo se caracterizan por la omnipresencia de bombardeos aéreos de mayor o menor precisión, principal causa de las víctimas de todo conflicto armado, en su inmensa mayoría civiles, y esta circunstancia no se está produciendo hasta la fecha en Ucrania.

Algunos analistas califican este conflicto casi como una guerra civil, dados los estrechos lazos de todo tipo entre rusos y ucranianos, culturales, familiares, históricos, a lo que habría que objetar que las guerras civiles suelen ser aún más cruentas que lo que nos llega de Ucrania; podríamos calificarlo de un conflicto entre primos hermanos, por buscar una explicación a la escasez de bombardeos aéreos masivos sobre población civil.

Otro apunte no menor es que las guerras crean identidad nacional, el nacionalismo ucraniano saldrá reforzado de este conflicto. La historiografía tiene bastante estudiado que los nacionalismos son una construcción política -nada inmutable de dos milenos de trayectoria-, la identidad nacional es construida y cambiante, y nada como una guerra con el vecino para reforzarla.

Resulta también destacable que la reacción militar de Estados Unidos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea ha sido coordinada e indistinguible hasta el momento.

La Unión Europea se encamina a incrementar los más de 200.000 millones de euros que suman los presupuestos de Defensa de los 27, el triple que Rusia; como novedad, el mantra del objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto militar pasará de la abstracción a concretarse en breve en qué se decide impulsar, programas y sistemas de armas específicos, algunos ya se estarán probando sobre el terreno ucraniano.

COMUNICACIÓN

Estrenamos nuevas formas de comunicación, “estrategia del megáfono”, ha sido denominada, disuasión por exceso informativo, que tampoco ha sido efectiva.

Pedro Biden, Pedro Johnson y Pedro Stoltenberg avisaron desde finales de 2021 en una veintena de ocasiones de que venía el lobo y en realidad acabaron acertando, pero se equivocaron en 19; y podemos preguntarnos si Pedro o nosotros podíamos haber hecho algo más que esperar en el proceso, por aquella razón de evitar muertos y violaciones.

Se intenta aquí apuntar que la comunicación ha desarrollado tendencias en este conflicto, quizá sacando conclusiones de lecciones estudiadas -más que aprendidas- de la estrategia rusa de desinformación en el pasado reciente o remoto. Se puede afirmar con poco margen de error que en toda esta crisis Rusia ha ido a remolque desde el punto de vista comunicativo, y ha perdido claramente la batalla de la opinión pública en territorio EEUU-OTAN-UE, no así en territorio ruso; en este sentido, convencer a los propios, como ha sucedido en cada bando, es un logro no fácil, aunque deja trabajo pendiente en el área del contrario y en zona neutra donde podríamos situar a medio planeta.

Noticia real: un bloguero ucraniano ha sido recientemente detenido en Tarragona y puesto a disposición de la Audiencia Nacional por una orden internacional emitida por el Gobierno de Ucrania por sus posiciones prorrusas. Ésta es otra importante novedad en el ámbito de la comunicación como consecuencia de la invasión de Ucrania: la restricción de las libertades de prensa y opinión se ha acentuado en la propia Rusia, con larga tradición de perseguir periodistas, empresas periodísticas y nueva legislación que amenaza con cárcel a quien no publique la versión oficial; restricción novedosa de la libertad de prensa en Europa y España, con la decisión de prohibir medios de comunicación como Russia Today o Sputnik sin autorización previa de juez alguno. Recordemos aquí entrevistas hasta del demonio Saddam Huseín en televisiones españolas en alguna de las tres guerras del Golfo.

Un último apunte sobre comunicación puede ser la aparición de periodistas/tertulianos/analistas en  el papel de activistas, mayoritariamente con un rechazo acrítico contra Putin, que no sorprende por el posicionamiento, sino porque no parece la función de un periodista o un analista apoyar acríticamente nada.

Seguiremos la invasión de Ucrania, con decenas de periodistas desplazados, sin imágenes de combates, sin partes de bajas, sin líneas de frente, sin objetivos claros, sin información fiable, sin contexto y sin opiniones del bando agresor.

ENERGÍA

Muchos focos se dirigen a la dependencia energética de gran parte de centroeuropa del suministro ruso, y se vuelve a simplificar con expresiones del tipo «Alemania financia la guerra de Putin».

El mismo argumento podría haber sido utilizado durante la existencia de la URSS, cuando nunca dejó de fluir el gas, «Alemania financia el comunismo soviético», cosa que jamás se dijo porque resulta una reducción engañosa; del mismo estilo sería afirmar que Francisco Franco financió la revolución socialista argelina por la compra de gas (el primer metanero llegó en 1974) y la Yamahiría Árabe Libia Popular Socialista de Muammar el Gaddafí (acuerdo en 1969); que quien compre petróleo saudí financia sus penas de muerte, quien importe algo de EEUU las ejecuciones capitales desde la silla eléctrica o la invasión del Capitolio.

Se nos llena hoy la boca de soberanía energética sin reconocer el avance de las renovables en España de las últimas dos décadas, impulso político claramente identificable y criticado o directamente torpedeado con impuestos al sol.

Un tercio de la energía eléctrica producida en España en 2021 procedió de parques eólicos o solares, que sumado a la hidráulica alcanza el 46% de la electricidad generada el último año. Esto es autonomía estratégica, soberanía energética y ha tenido quienes lo han impulsado en los últimos años y quienes no.

Ni Alemania financia la guerra de Putin, ni Europa, ni la solución va a llegar por importar carbón australiano o uranio nigerino. La realidad es que la invasión de Ucrania ha acelerado la necesidad de desarrollar energías verdes, tendencia ya presente en las prioridades políticas de la UE antes de esta crisis, junto con la transformación digital.

España afronta esta crisis europea en unas circunstancias mucho más favorables que otros socios del club europeo, con un suministro energético diversificado, nula dependencia de origen ruso, capacidad de distribución de gas y creciente generación de origen renovable.

GLOBALIZACIÓN

El orden internacional se ha desordenado, aunque ya dada síntomas previos de fatiga de materiales, el sistema internacional, político y de seguridad, diseñado en la Guerra Fría tras la 2GM, renqueante desde la caída del muro, ya no daba más de sí, con la ausencia de China como país ya emergido.

La invasión de Ucrania ha alterado el orden mundial económico, energético, militar, la producción y distribución de mercancías, el sistema financiero internacional.

La crisis de Ucrania ha provocado el bloqueo quizá ya definitivo del Consejo de Seguridad de la ONU, algo previsible porque ocurre siempre que el conflicto afecte a uno de sus miembros permanentes con derecho de veto, lo que ha llevado a recurrir a la Asamblea General con resoluciones no vinculantes que en esta ocasión tienen relevancia máxima, no así en otros casos y geografías.

Y hemos descubierto que la globalización es un sistema menos globalizado de lo que creíamos, al menos con una dirección no globalizada. La expulsión de Rusia, que no de Putin, de organismos internacionales, del sistema bancario, de Eurovisión, de la Organización Mundial del Turismo, de foros culturales o competiciones deportivas, revela que el mundo globalizado tiene un control no globalizado.

La consecuencia no es menos globalización, sino distinta y esperemos mejor regulada. El grado de apertura de la economía española -peso del comercio exterior sobre el PIB- seguirá rondando el 60% del movimiento económico del país.

CIERRE

Parece claro el error estratégico de Putin con la invasión de Ucrania por sus consecuencias: aislamiento internacional (en su parte europea y norteamericana); la resurrección de la OTAN (en muerte cerebral antes de ayer, según Macron), Finlandia y Suecia llaman a su puerta, lo que llevará la Alianza hasta la frontera norte; la UE ha despertado desde el punto de vista estratégico; sanciones, muertos.

Putin con Ucrania ha pasado la confrontación del gris al negro, del enfrentamiento no abierto al intercambio de obuses.

Se puede identificar el error estratégico como propio de una autocracia, categoría de régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad; estos regímenes no son capaces de procesar bien la información, principio aplicable a norte y sur de esta península.

Recurriendo al sistema de estandarización de colores de Pantone, el stanag cromático, Putin ha situado las relaciones internacionales en el negro, que se identifica con seis ceros; de ahí cuesta imaginar ganancias estratégicas para Rusia o para sí mismo.

La gama de grises entre el blanco y el negro, que es donde reside el análisis, no parece hoy interesar en exceso, y va a hacer mucha falta en la posguerra.

De Maidán a Donbass: el zombi ruso y los fantasmas (cinematográficos) de Ucrania

Jesús García Cívico

Estuve en Maidán, la plaza de la Independencia de Kiev, en invierno de 2004 durante la revolución naranja. El personal de la embajada nos había puesto al día de las simpatías de una mayoría del pueblo ucraniano no solo a favor del candidato europeísta Víktor Yushenko (que había padecido al amaño de las elección frente al candidato afín a Moscú Yanukóvich) sino de la modernización de un país cansado de la corrupción y el inmovilismo. Conservo de las distintas ciudades que visité brevemente por motivos laborales como Odessa o Járkov, la ilusionada impresión de una parte de la sociedad (no solo la más joven) alejada de las lógicas heladas de la geopolítica y que básicamente se parecería a la española (la revolución naranja anticipaba parte del descontento generacional del 15M) en el choque entre lo viejo y lo nuevo, lo que no termina de desaparecer y lo que apenas fue capaz de asomarse.

La lectura de la «revolución naranja» en clave europeísta o el «Euromaidán» desencadenó, como resulta sabido, una violenta reacción en una parte de la población ucraniana pro-rusa apoyada material, militar e ideológicamente por el gobierno de Putin, que culminó en 2014 con el estallido de la guerra en la región de Donbass al este de Ucrania. El verano de ese mismo año un misil de fabricación rusa derribaba un avión que sobrevolaba la región de Donetsk matando a sus 298 ocupantes.  Los interesados en el estado de los derechos humanos en el mundo leyeron los desgarradores informes de la ONU sobre las torturas y violaciones en las zonas de Donetsk y Luhansk dominadas por grupos armados. Las cifras de víctimas entre civiles y militares se cuentan por millares.

La visión del bello y sobrio documental Maidán (2014) del director ucraniano, nacido en Bielorrusia, Serguéi Loznitsa, me ha hecho revivir no solo mi recuerdo personal (un tipo de espectro subjetivo) de este episodio de la historia europea más reciente, sino una serie de referencias cinematográficas que ilustran aspectos de la guerra de Ucrania.  No es, pues, mi intención, ni tengo suficiente competencia, para un análisis político y mucho menos para un examen de las relaciones internacionales en clave realista (soy de los ingenuos que defienden la necesidad de un orden jurídico internacional kantiano o kelseniano al margen de los intereses egoístas de los estados y la idea cultural de que los conflictos deben resolverse por los cauces legales y democráticos), y lo único que quería apuntar en este blog son algunas cuestiones del tipo de las que nos interesan en el proyecto «La norma y la imagen», en particular, el reflejo en el reciente cine ucraniano de los conflictos humanos a los que estamos haciendo referencia.

Desde esa perspectiva, uno de los argumentos de incredulidad ante lo que está sucediendo tiene que ver ora con las imágenes relativas a la inagotable capacidad de sufrimiento de la gente, ora con la desasosegante escalada de las amenazas que incluyen el desastre nuclear. Ambas –conocidas e históricamente intermitentes– han sido objeto del cine como arte atento a su tiempo, ¿hay algo novedoso?

Creo que la novedad de la representación del sinsentido, la abyección y la crueldad en los conflictos contemporáneos –del que el de Ucrania es solo un ejemplo– tiene que ver, en el apartado de las ideas con la vitalidad de las reacciones anti-ilustradas (al estilo del populismo empresarial y demagógico de la era Trump) y en el apartado de la imagen con una categoría estética que ha evolucionado desde lo sublime a lo grotesco y de ahí hacia una representación de la crueldad perfecta en la última fase de la postmodernidad que apunta a lo póstumo, a la hauntología en los términos del desaparecido crítico cultural Marc Fisher: la desaparición del futuro, el final del horizonte de mejora de lo humano en favor, bien del cul de sac de la nostalgia, bien de peligrosas pulsiones identitaristas básicamente premodernas. Se trata de una crueldad fanstasmática, marcadamente extemporánea (de ahí nuestro estupor), con rasgos medievales y carnavalescos, un mérito basado en la fuerza y la sangre que al desintegrar en virtud de su misma potencia la idea de verdad, despoja a las víctimas de su condición.

Esa abyección –a diferencia del horror de la guerra de otros tiempos– comparte los códigos estéticos no solo de la propaganda bélica sino de la publicidad comercial más efectiva y vacua propia del último estadio del capitalismo. Creo que, en cierta medida, apunta a una desazón (no exenta de contradicciones) que quisieron transmitir artistas como Jonathan Hobin sobre las recreaciones infantiles de Abu-Grahib o los Chapman Brothers en su intervención sobre los desastres de la guerra de Goya (en lo que toca a ese revés cultural que fue el regreso de la tortura tras el 11S) o lo que ocupó (en lo que al declive del socialismo real se refiere) las películas más excesivas del desaparecido director ruso de cine Alekséi Balabánov como la nueva pornografía que despuntaba en De monstruos y hombres, el arribismo empresarial caótico de una generación sin servofrenos morales o el tránsito de la sofisticación de la impunidad desde la opacidad del poder político al descrédito de la verdad en el marco de la información viral y segmentada como anunciaba Cargo 200.

Balabánov puede considerarse como el cineasta que realizó la autopsia de la URSS no solo como colapso de un estado poderoso sino como fracaso de la última gran utopía política. El declive del modelo del «socialismo real» no significó la aparición de una sociedad cohesionada sobre unos nuevos ideales democráticos, cívicos o humanistas sino más bien la aceleradísima aparición de los tics más indeseables del nuevo capitalismo global: una fuerte oligarquía empresarial y política que se movía inquietantemente cómoda en medio de una fuerte corrupción y un gélido vacío moral. Desde esas coordenadas anímicas en Cargo 200 (2007) la metáfora de la Unión Soviética como cuerpo putrefacto era llevada al límite en la escena en la que el capitán de la policía obligaba a una muchacha a acostarse con un cadáver. El fetichismo y la violencia se alternaban en este film ambientado durante los meses anteriores a la llegada de Gorbachov. Los espacios metafóricos elegidos para la «autopsia» (un garaje convertido en discoteca, la casa de una «madre» trastornada) así como el humor negro y una serie de aciertos en la dirección artística funcionaban magistralmente como imágenes terroríficas del nacimiento de una nueva clase social tan infantilizada como poderosa capaz de hacer de cualquier cosa un negocio rentable y abyecto. Balabanov fue el cineasta de la autopsia de una nación donde todavía no se había levantado, como una suerte de Nosferatu, la tétrica y cerosa figura (más cerca de los delirios de los oligarcas filo-fascistas que de cualquier utopía de la modernidad) de Putin.  Pero, si sus películas sobre un imperio que no sabe que ha muerto remitían a la figura simbólica de los zombis, el cine ucraniano, al menos, algunas de la principales películas que pudimos ver durante la última década tras el impacto de The tribe (Miroslav Slaboshpitsky, 2014) con toda su violencia radical apuntaban más bien a la figura del fantasma como sueño social moral y político súbitamente desvanecido.

Y es que en la insistencia de la propaganda de Putin acerca de que Ucrania no es una nación real subyacía otra mentira que podía leerse como una amenaza ontológica: el pueblo de Ucrania tampoco es real, luego se le puede hacer cualquier cosa. A ese declive de lo real y al auge del simulacro ya anticipado por Baudrillard se unía un diagnóstico que tenía ver con lo póstumo (la «condición póstuma» en los términos de Marina Garcés) o con lo que Franco Berardi había anunciado como «lenta cancelación del futuro»: la voladura de la esperanza en la construcción de un mundo más humano, más habitable. No debía extrañar, pues, que algunas de las ficciones del nuevo cine ucraniano elucubraran el peligro del desvanecimiento violento o la propia desaparición. Así sucedía en Atlantis de Valentyn Vasyanovych, un film que intuía un futuro en el que Ucrania habría quedado destruida tras una guerra con Rusia.

Por citar solo otros referentes de ese «nuevo cine ucraniano» plagado de desapariciones fantasmales, El hipnotista (Kamísnki, 2016) apuntaba un mundo premoderno salpicado de espectros de una cosmovisión medieval. En Volcano (2018) de Roman Bondarchuck la opción elegida para retratar las nuevas dinámicas sociales y la pérdida de un horizonte utópico era una suerte de surrealismo vitriólico sobre un escenario ideológico no solo postmoderno, sino poscultural (de acuerdo con una acepción filosófica de la cultura no como Kultur nacionalista y romántica sino como cultivo y formación: Paidea, Bildung y análogas).

Pero es posible que la película más visceral, por encima de documentales sobre los efectos en la población más vulnerable, ancianos y niños, tan sentidos como The Distant Barking of Dogs de Simon Lereng, sobre la experiencia ucraniana de la nueva barbarie sea, por su actualísima y desesperada conciencia de la estupidez y lo irreconciliable Donbass (2018) del citado Loznitsa, 2018.

Mi primera aproximación al cine de Sergei Loznitsa fue a propósito de una investigación sobre la mentira política y su relación con el episodio actual más coyuntural e inquietante de la mentira como posverdad: The trial (Loznitsa, 2018) suponía un documento histórico sobre uno de los primeros juicios-espectáculo del estalinismo en los años 30 que podía leerse como un anticipo de la dramática capacidad de los regímenes totalitarios para entreverar la realidad y el simulacro, la mentira y su representación. Sin perder la vista la teoría de la imagen de lo que se niega a abandonarnos (de W. J. T. Mitchell a Didi-Huberman), el lado inquietante de las vanguardias, la vergüenza o el patetismo (señas de la literatura rusa y del cine rusos como narrativas de un país donde a decir de Emil Cioran «todo está sublimado»), la puesta en escena de un juicio con falsas acusaciones e inverosímiles confesiones pedían ser conectadas inmediatamente, a pesar del tránsito de casi un siglo, con las primeras imágenes (los actores de la guerra de la desinformación) de este fresco en episodios (algunos extraídos de YouTube) que es Donbass: una serie de segmentos sobre la sinrazón y el fomento del odio en las regiones prorusas cuya visceralidad cae más de lado de los recursos narrativos de la sátira negra que del posible (o probable) sesgo ideológico de su autor.

Donbass se inicia con la salida carnavalesca de una serie de ciudadanos-actores crecientemente aterrorizados que deben interpretar el papel de falsas víctimas, de creíbles testigos de una versión insostenible de los hechos (¿un hecho alternativo?). Como en The Trial el utillaje, el maquillaje, el disfraz y el guion memorizado funcionan como piezas humanas manejadas por títeres sin escrúpulos en un nuevo teatro del mundo salpicado de mentira, absurdo y crueldad. Si el arte ruso fue maestro en mostrar la pérdida de la inocencia (de Dostoievski a Eisenstein), en Donbass la impunidad del abuso y la corrupción es la principal obsesión ficcional: las lógicas mafiosas de los puestos fronterizos, las reacciones animalescas ya a título individual que siguen a la weberiana pérdida del monopolio de la violencia legítima por parte del estado de derecho, la barbarie, el chantaje económico, la vileza como corolarios del perverso tránsito de la víctima al verdugo (descrito perfectamente por Pascal Bruckner en La tentación de la inocencia)

Quizás el más insoportable entre los distintos episodios de Donbass lo constituya el linchamiento del hombre maniatado expuesto como un objeto publicitario ante el pueblo, un ser humano al que es lícito matar, al que se le puede golpear sin sanción, un correlato del «homo sacer» de Giorgo Agamben, un chivo expiatorio ucraniano decorado con un cartel que incita a la creciente y espectacularizada violencia de la multitud. Es ahí donde el director Loznitsa con un plano magistral levemente simbólico permite ligar finalmente la nueva violencia cruda y la vieja mentira del poder con el atavismo del pueblo sencillo: en los bordes abyectos de la calzada se equilibran los autoengaños y la propia bajeza de esa jauría humana que al otro lado del océano ya dibujó magistralmente Arthur Penn en The Chase (con la diferencia de que en EE. UU. quedaban estructuras capaz de sancionarla).

Los novedosos elementos circenses de lo grotesco-cruel adquieren en Donbass una cruda profundidad, una brutal obscuridad de farsa precisamente porque se producen no solo al otro lado del telón de la corrupción y la impunidad veladas (la derogación de la seguridad jurídica en el episodio del ciudadano con problemas comunes que solo quiere recuperar el coche que le ha sido requisado) sino de una lacra actual ante la que todos debemos sentirnos alarmados: la desinformación como principio del caos y ya no solo como recurrente coartada del criminal.

  • Fotos: Escenas de las películas Cargo 200 y Donbass.

España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.