España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.