El derecho a la educación de los niños en la era COVID-19

Carlos Gil Gandía

Estos días estamos viendo que las diferentes Administraciones Públicas no tienen preparado un protocolo o programa o plan integral de vuelta al colegio COVID-19. Personalmente no me cabe en la cabeza (poseeré una sesera dura, quizá) que no se haya dibujado unas líneas generales durante todos estos meses, cuando se sabe que el virus, por el momento, vivirá con nosotros.

No obstante, cabe hacer aquí una nota breve sobre una noción principal sobre la cual habrá de configurarse el plan integral para volver al colegio, y esta es los derechos del niño, particularmente el derecho a la educación.

La máxima de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) es muy clara: los derechos de los niños son de ellos, y no de los padres; los niños pertenecen a sí mismos. Lo contrario supone cosificarlos. Partiendo de este imperativo jurídico-moral, nos debemos centrar en el derecho a la educación, reconocido en el artículo 28 del citado tratado: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”. Y este derecho está ligado, evidentemente, al artículo 29 (1) en el que se pone de relieve los distintos objetivos que debe perseguir la educación (las tablas educativas de Moisés): a) desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país del que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Las diferentes Administraciones en España son las responsables de llevar a cabo tales objetivos; es decir, realizar procesos educativos sobre la base de tales principios-objetivos; de lo contrario, España, en tanto Estado parte de la Convención, podría vulnerar los derechos de la infancia, tal y como sucede con los menores no acompañados, por ejemplo. Y se debe tener en cuenta que el derecho a la educación no solo se refiere el acceso a ella, sino también su contenido, que está vinculado con el derecho del niño del más alto nivel posible de salud (artículo 24 de la Convención). Educación y salud; salud y educación, van de la mano, junto con el riesgo social de la infancia.

Todavía con todo por hacer con 15 días para que comience el nuevo curso, formulo varias cuestiones. ¿Podría España vulnerar los derechos del niño en caso de no preparar un plan de vuelta seguro al colegio y, por consiguiente, no cumplir sus obligaciones internacionales en relación con la Convención? ¿Están sensibilizadas realmente las Administraciones Públicas con los derechos del niño, su salud, su promoción y, por extensión, la protección también del profesorado? ¿Se tendrá en cuenta a la hora de establecer un marco protocolario el principio del interés superior del menor y, por ende, tener en cuenta variables económicas, familiares, culturales…? ¿Se escucharán las voces de los niños en la elaboración de un plan integral de vuelta a las escuelas o se seguirá vulnerando el derecho a opinar y ser escuchados de conformidad con el art. 12 de la Convención y la observación general núm. 12 del Comité de los Derechos del Niño?

La cuestión es muy sencilla, mientras hay un constante rifirrafe entre Administraciones Públicas (en el fondo subyace una guerra política sin parangón entre diversos partidos, lo que pone de relieve que se desconoce el interés público, y se conoce muy bien el interés de su público) con voceros al más alto nivel como portavoces principales, el desorden educativo es la regla imperante, cuya consecuencia es vaciar de contenido el derecho a la educación (y a la salud) de los niños.

COVID-19, comportamiento ciudadano y orden público

COVID-19, comportamiento ciudadano y orden público

Ricard Martínez Martínez

Desde hace semanas venimos asistiendo como mudos testigos a una deriva social ciertamente compleja con los rebrotes de COVID-19. Los hechos demuestran que ya no podemos considerar estos rebrotes, que en algunos casos alcanzan la transmisión comunitaria, como una plaga bíblica en la que carecemos de responsabilidad. Los hechos acreditan que en nuestra sociedad existe una grave carencia de cultura de los deberes constitucionales.  También se ha considerado como un enfoque centrado en la garantía del derecho fundamental a la protección de datos carente de matices ha cultivado la desconfianza en el ejercicio de funciones estatales básicas y no represivas relacionadas con la salud pública.

Basta mantener una conversación con los llamados rastreadores para identificar situaciones de grave riesgo:

▪ Positivos asintomáticos que se niegan a mantener la cuarentena o a facilitar su ubicación.

▪ Personas que se niegan a comparecer y someterse a pruebas.

▪ Personas que se niegan a facilitar datos sobre sus redes de contactos. En este sentido, me llama la atención la anécdota de la reluctancia de un transportista, esto es alguien que por su propia actividad puede comportarse como un superdiseminador.

▪ Jóvenes que habiendo mantenido contacto con un positivo se niegan a practicarse una prueba ante la perspectiva del aislamiento obligatorio.

Otros comportamientos se aprecian a simple vista. Basta un paseo por mi ciudad para apreciar que muchas personas siguen una regla ciertamente sorprendente: si yo “no lo tengo y mis amigos son confiables, ninguno nos podemos contagiar”. Eso sumado a la idea de que es más difícil contagiarse al aire libre conforma un coctel explosivo de cercanía social. Somos cariñosos.

Por otra parte, también es evidente la constante infracción del deber de portar una mascarilla. Las podemos apreciar en todas sus variedades: no llevarla directamente, llevarla en posición gargantil, tomarla de un lado para facilitar la reverberación en las conversaciones, incluso tomarla con las manos cruzadas donde la espalda pierde su honesto nombre a fin de evitar, digo yo, el riesgo de contagio anal.

Mención aparte merece el deporte como excusa. Para algunos basta ponerse unos pantalones cortos y simular que caminan. Por otro lado, si una persona asintomática es deportista practicará deporte. Y sin ánimo de ofender, en el Jardín del Turia de mi ciudad me cruzo frecuentemente “fuera de pista” como una especie de sapiens, el homo runner, que se cruza a escasos centímetros de mi cara resoplando despreocupadamente con alegre fruición. Nuestro espíritu científico familiar nos llevó a hacer un experimento en esta materia. Un joven deportista realizó 40 minutos de spinning con una máscara de simulación de altitud. Tras 30 minutos de actividad la medición de saturación de oxígeno con un pulsioxímetro se situó entre el 96 y el 97%. ¿Realmente no se puede correr o ir en bici con mascarilla quirúrgica?

Mientras se escriben estas líneas un alcalde en una entrevista de radio manifiesta su zozobra e impotencia. Señala el edil la imposibilidad de controlar fiestas privadas y familiares masivas celebradas en espacios privados, su intuición sobre la falta de preservación de distancia entre las sillas en bares y restaurantes, y, finalmente, que la policía local carece de herramientas porque no conoce qué personas deben guardar cuarentena.

Muchos juristas y expertos hemos puesto el foco en un procedimiento clásico de ponderación de los conflictos que afectan a nuestros derechos y libertades individuales en relación con las limitaciones de derechos durante esta pandemia. Y, me temo, lo hemos hecho con una aproximación de laboratorio, con un enfoque trufado por un sesgo de confirmación. Como docentes, abordamos siempre los conflictos de derechos a través de un proceso ciertamente estratificado en el que el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad, y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se centran en la medida que se pretende adoptar. Sin embargo, frecuentemente obviamos que esos juicios deben correlacionar la medida con la situación de hecho que se pretende remediar. Es decir, no tomamos en cuenta un conjunto de elementos de índole material que adicionalmente deben ser jurídicamente evaluados. En este sentido, en estos momentos parece razonable tener en cuenta cuáles son algunas de las consecuencias materiales en este estadio de la pandemia, que conviene enumerar, aunque sean de sobra conocidas:

▪ Los rebrotes ponen de nuevo en riesgo a las personas vulnerables por razón de edad, condición socioeconómica o de salud, entre otras.

▪ Esta enfermedad mata, o deja graves secuelas, y ello afecta al derecho fundamental por excelencia: el derecho a una vida digna y exenta de sufrimientos innecesarios.

▪ El crecimiento de personas infectadas somete a nuevas tensiones al sistema de salud. En escenarios pandémicos esto implicó una reasignación de recursos que puso en riesgo nuestro concepto de sanidad como servicio de prestación universal. Esto es, se han debido diferir operaciones no urgentes, dilatar la atención de enfermedades no graves, y limitar significativamente tareas de medicina preventiva y comunitaria.

▪ El impacto de los rebrotes en la economía también es significativo. Suman al ya de por sí descenso significativo de producción y empleo, y afectan gravemente a sectores que siguen siendo estratégicos como el turismo. Esto implica un incremento significativo de familias que viven en el umbral de la pobreza, reduce el consumo familiar, y reconduce la alimentación a un consumo masivo de productos de mala calidad y carbohidratos, anunciando una espiral de obesidad y nuevos costes sanitarios.

Pero no sólo esto, este estado de cosas incrementa las necesidades y el volumen de gasto social, disminuye las posibilidades recaudación, en un modelo impositivo cuestionado por su carencia de progresividad con un probable descenso de los ingresos por IVA e IRPF, y obliga a endeudarse al estado hipotecando el futuro de varias generaciones.

No hace falta ni ser un experto epidemiólogo, ni economista, para apreciar estos efectos. En este contexto, y habida cuenta que los hechos demuestran que una parte de la población no cumple con sus deberes, deberíamos plantearnos con rigor bajo qué condiciones debería actuar el Estado. Vaya por delante, que desde el enfoque de este artículo el argumento del bajo porcentaje de población incumplidora carece de relevancia por cuanto los efectos sobre el conjunto de la población en caso de diseminación de un virus son exponenciales.

Desde un punto de vista jurídico resulta significativa la presencia de herramientas que deberían permitir la acción del Estado. De un lado, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública impone deberes de colaboración y comunicación en sus artículos 8 y 9. La ciudadanía tiene el deber de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen la ejecución del desarrollo de las actuaciones de salud pública y de comunicar hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o peligro grave para la salud de la población. El incumplimiento de estos deberes puede calificarse según la Ley como infracción muy grave cuando produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población. Estas infracciones llevan aparejadas sanciones de 60.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cuantía hasta alcanzar el quíntuplo del valor de mercado de los productos o servicios objeto de la infracción. En este sentido, es obvio que no existe ninguna novedad significativa en el anuncio reciente de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el artículo Tercero de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública permite a la autoridad sanitaria medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato con el fin de controlar las enfermedades transmisibles.

Por último, hasta tanto no se trasponga la Directiva (UE) 2016/680, siguen vigentes los artículos 22 a 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En este sentido, la conformación de la regulación nos conduce a una situación ciertamente endemoniada ya que el artículo 22.3 de la LOPD condiciona el tratamiento de datos de salud sin consentimiento a que sea «absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales». Es más, se separan las funciones de policía administrativa de las propiamente policiales. En este sentido, debe considerar que con carácter general el artículo 11.1.a) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye la función de «velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias». Ello conduce a dos escenarios:

▪ Interpretar que la autoridad sanitaria puede requerir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de asegurar el cumplimiento de los deberes de colaboración y en particular que aseguren el cumplimiento de las cuarentenas o aislamientos.

▪ Considerar que estas cesiones de datos personales requieren de una habilitación legislativa expresa.

En el pasado la Agencia Española de Protección de Datos optó siempre por la segunda opción. Fue significativa su posición en materias relacionadas con las cesiones de datos de personas inhabilitadas para conducir por razones de salud. En este sentido, la AEPD en su Informe 0438/2012 fue muy clara: se necesita una habilitación específica en una norma con rango de Ley.  Es decir, en nuestro país, pero también en otros, un piloto deprimido puede estrellar un avión, o un señor mayor morir de infarto al volante matando a otras personas, sin que sus empleadores o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieran la menor constancia previa. Durante COVID-19 las cosas no han variado un ápice. El criterio de predeterminación normativa expresa ha guiado tanto las posiciones del Comité Europeo de Protección de Datos como las de la Agencia Española de Protección de Datos.

A pesar de la complejidad del marco normativo y de su interpretación, es evidente que las campañas de concienciación y la confianza en la responsabilidad de la población no son una herramienta suficiente. Y en tales casos, el mantenimiento de la seguridad pública, del orden público en su dimensión de salud pública exigen de la intervención del Estado.

Somos víctimas de una percepción del orden público, y de la función del Estado anclado en nuestro pasado totalitario. Esta percepción traiciona el verdadero valor del orden público como garantía de la convivencia social en un Estado democrático de derecho. Negarse a una prueba de PCR, no asumir el deber de aislarse, actuar como un propagador, son conductas que incorporan un enorme disvalor. La población ha sido suficientemente informada, sabe que esas conductas expanden una enfermedad que mata. Es hora de una acción administrativa decidida soportada cuando resulte indispensable por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos, a los gobiernos en sus distintos niveles, y si procede al legislador, definir cómo hacer las cosas. Pero el conjunto de la población no puede, ni debe, soportar inerme el riesgo sistémico que causa una minoría insolidaria. Y, la ponderación de derechos a la hora de adoptar medidas ni puede desconocer los riesgos, ni puede desconocer los daños, ni puede anclarse en un procedimiento meramente formal centrado en una concepción individualista que eluda el valor de los deberes, y el significado de la comunidad.

¿Excluimos del ingreso en la UCI a los infractores de las normas sanitarias?

María Jesús Guardiola LagoPaz Lloria García

La crisis provocada por el coronavirus no es sólo sanitaria. También está suponiendo una profunda crisis en la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Valores que dábamos ya por indiscutiblemente asumidos se ponen hoy peligrosamente en duda. Incluso el más elemental: el valor intrínseco de la vida humana, con independencia de quien sea su titular.

En un contexto de pandemia, con recursos sanitarios escasos, el personal sanitario se ha visto obligado a adoptar dramáticas decisiones, que comportan decidir en ocasiones quién va a tener la oportunidad de vivir y a quien no se le van a destinar tratamientos vitales con un beneficio esperable. Insistimos. No estamos hablando de supuestos en los que, por el estado del paciente, sería inútil e incluso contraproducente la aplicación de un determinado tratamiento, sino aquellos casos en los que el tratamiento es el indicado y se hubiera dispensado en condiciones “normales”.

A parte de las cuestiones éticas que suscita esta elección, desde el punto de vista jurídico- penal se trata de situaciones de estado de necesidad, en la modalidad de auxilio necesario (art. 20.5ºCP). Así, el profesional médico -que tiene la obligación de atender a cualquier paciente bajo responsabilidad penal por denegación de asistencia sanitaria (art. 196 CP) y, eventualmente, por los resultados lesivos derivados de su omisión (ex. art. 11 CP)- puede quedar exento de responsabilidad penal cuando exista un conflicto entre la salud o la vida de dos pacientes y sólo sea posible evitar el daño a uno de ellos, lo que conllevará desatender al otro enfermo. El mal causado no debe ser mayor que el que se trate de evitar. Pero en esta tesitura, ¿a quién se escoge?

Para orientar estas decisiones tan extremas, el Ministerio de Sanidad elaboró un informe donde se aclara el principio de “no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y las expectativas objetivas de supervivencia”, como no podría ser de otro modo en un Estado democrático y de Derecho en el que se prohíbe constitucionalmente todo tipo de discriminación por cualquier circunstancia personal o social (art. 14 CE). Sin embargo, y previamente al informe aludido, otras entidades introdujeron elementos distorsionadores y extremadamente preocupantes en esta ponderación. En concreto, y a los efectos que nos ocupa, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SeMicyuc) recomendó tener en cuenta también el valor social de la persona enferma. En semejante afirmación, a todas luces indeterminada, subyace sin duda la idea de que hay personas que valen más que otras. Y en este caso, nada más y nada menos que para valorar la adjudicación de un soporte vital. Como recuerda el Comité de Bioética de España en un informe sobre la priorización de recursos sanitarios, “todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad humana”. Y las consecuencias penales de una valoración de tal calibre son evidentes. La elección en caso de necesidad (y solo en este caso) nunca debería depender de criterios de tal naturaleza, por la clara discriminación que suponen y que pueden llevar a la inaplicación de la circunstancia limitadora de la responsabilidad frente a aquel que tomó la decisión.

Sin embargo, asistimos con estupor al ignominioso debate sobre quién es socialmente menos merecedor de vivir. Y a tal efecto, se plantea públicamente por redes sociales -y lo que es más preocupante, por parte de algunos sanitarios – que, en caso de tener que escoger, debería postergarse al infractor de las normas sanitarias o de confinamiento, en una suerte de autopuesta en peligro indemostrable. O debería relegarse al violador o al abusador sexual de menores por ser socialmente menos valioso que otra persona de “conducta intachable”. En definitiva, una suerte de desatención sanitaria del enemigo, donde el personal sanitario se erigiría en juez y condenaría (quizás a muerte) al supuesto infractor de las normas sanitarias, o a quien consideraran en ese momento socialmente menos valioso, sin posibilidad de defensa alguna.

Desde luego, nunca se debe dejar de prestar asistencia si ello es posible, pues en ese caso se incurriría en el correspondiente delito de omisión que podría dar lugar a un homicidio o unas lesiones en función del resultado producido, si respecto de los mismos se apreciara dolo o imprudencia. Y, esto, es importante también que lo sepan los sanitarios que plantean el debate sobre la oportunidad o no de prestar auxilio a quien “no se comporta” como debe.

Los únicos criterios válidos en una situación de necesidad (no hay más remedio que elegir) han de ser médicos, como advierte el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2.

Cualquier otro que pueda parecer “razonable” desde el punto de vista de la “necesidad” de dar escarmiento a quién no realiza una conducta debida, olvida, por un lado, el contenido esencial de los derechos fundamentales, que debe ser respetado para su limitación como recuerda el Tribunal Constitucional, y por otro, desconoce que las conductas imprudentes respecto de uno mismo resultan impunes, por lo que difcilmente permitirían la aplicación de la circunstancia eximente de responsabilidad.

La peligrosidad de incluir criterios morales, en decisiones que deben ser solo técnicas, se manifiesta en la ampliación de los riesgos del populismo punitivo, en un momento especialmente delicado como el actual.

Por ello las decisiones han de ser colegiadas, justificadas, proporcionadas, necesarias y transparentes y resultan especialmente rechazables, y quizá sancionables, las manifestaciones que atienden a criterios de “validez social” o “merecimiento de tratamiento” por aquellos que deben dar ejemplo de objetividad y profesionalidad, y nos hacen temer por el cumplimiento de su deber más sagrado: defender la vida y la salud por encima de cualquier creencia.

Desinformación y seguridad nacional

Carlos Penedo

Moncloa y Defensa sitúan las ‘fake news’ en el campo del espionaje y los ciberdelitos


En esta primavera de 2020 marcada por la crisis sanitaria provocada por la enfermedad bautizada como covid-19, una especialista sanitaria -lamento no recordar su nombre- comentaba que acumulamos a una velocidad muy acelerada información sobre este coronavirus y su comportamiento, cosa nada habitual en el pasado, la globalización y la velocidad con la que viaja la información reman a favor hoy de la investigación sanitaria; por tanto, tenemos cada vez más datos, casos e información; pero nos falta conocimiento -añadía-, aún no hemos integrado estos primeros datos en un sistema de comprensión que nos permita sacar conclusiones y reducir a partir de ahí el riesgo en la toma de decisiones. Algo similar cabría decir sobre la desinformación / fake news: tenemos el diagnóstico, que no es poco, tenemos algún dato parcial y descontextualizado, tenemos los síntomas de la enfermedad…, nos falta conocimiento, análisis y tratamiento preventivo.

Es un hecho que la información tergiversada con un objetivo determinado -normalmente económico y/o político- es un fenómeno extendido y negativo de nuestro tiempo, y por tanto es habitual comprobar cómo aparece en cada circunstancia que vivimos, sean procesos electorales, emergencia de tendencias políticas, crisis de diversa naturaleza que siempre tienen efectos políticos y sociales, sea su origen económico o en este caso sanitario.

Saludamos por tanto ahora la desinformación ligada al coronavirus, cuyo efecto menos interesante es la relación de disparates surgidos, sea el poder desinfectante de la lejía en la dieta, la luz ultravioleta o las intrigas conspiranoicas Gates-Bosé.

Mayor interés reviste el tratamiento que desde lo público se dedica a la desinformación, ya sea desde el ámbito de la seguridad, las relaciones internacionales, desde el punto de vista tecnológico, de la Unión Europea o desde el imprescindible análisis que requiere por parte de la profesión periodística y de quienes nos dedicamos a alguna faceta de la comunicación.

Desde el punto de vista de la seguridad, se ha firmado a comienzos de junio la Directiva de Defensa Nacional 2020 -DDN-, documento que establece las líneas de actuación y objetivos que persigue el Gobierno-Ministerio de Defensa para la legislatura. Se trata de una comunicación política, generalista siempre, novedosa esta vez y mucho porque el documento que marca las líneas generales sobre política de defensa no se elaboraba desde 2012 (María Dolores de Cospedal pasó por el Ministerio de Defensa sin fijar en un papel sus prioridades políticas).

Dice la DDN 2020 de modo algo alarmista que «la última década ha presenciado cambios sustanciales en la arquitectura internacional de seguridad, que se ha traducido en una erosión notable del orden internacional y en un protagonismo inusitado del recurso a la fuerza. También ha cambiado profundamente la relación de los gobiernos con los gobernados. Los medios de comunicación y las comunicaciones digitales han contribuido a que esos cambios tengan lugar».

Hasta aquí un texto algo derrotista y decriptivo, que en seguida avanza hacia compañías nada tranquilizadoras: «Los retos de seguridad proceden ahora tanto de actores estatales, entre los que existe una intensa competición estratégica, como no estatales (terrorismo y crimen organizado), con una gran capilaridad entre todos ellos, especialmente evidente en las acciones de desinformación y las agresiones en el ciberespacio».

No hay documento sobre seguridad que no aluda hoy a la desinformación, que aparece siempre mezclado con ciberdelitos en una amenaza ya múltiple y poderosa, sin determinar el peso de cada una de las partes.

«Ya no existen problemas exclusivos de la Defensa, pero la Defensa forma parte de la solución a cualquier problema de Seguridad» (mayúsculas en el original), afirma rotunda la DDN en un juego de palabras bastante conseguido, y añade que «en el escenario que incluye el territorio nacional y los espacios de soberanía e interés -marítimos, aéreos, y los del ciberespacio con una dimensión de defensa- se actuará habitualmente con capacidades propias».

La Defensa entonces debe de estar en la respuesta a la desinformación como amenaza a nuestra seguridad, con instrumentos compartidos en el marco de la UE y la OTAN pero sobre todo con medios nacionales.

Entendemos por tanto que el Ministerio de Defensa se está preparando contra la desinformación, suponemos que contratando cientos de periodistas, aunque si la respuesta no es incluir en nómina a especialista de comunicación sospechamos que el interés de Defensa se centra en las redes, por donde circula información, desinformación, datos y el mando y control de sistemas militares: «el acceso seguro a las redes y la protección de los datos privados, y en general el ciberespacio, es un elemento clave de la seguridad del siglo XXI», añade la DDN.

«Los escenarios de actuación para las Fuerzas Armadas han aumentado en complejidad desde la publicación de la última Directiva de Defensa Nacional 2012 (…). En el ciberespacio y en el ámbito de la información es habitual que algunos adversarios enmascaren su acción y mantengan la aplicación de sus estrategias dentro de una zona gris, situado por debajo de lo que han identificado como nuestro umbral de respuesta».

Lo anterior significa que los conflictos híbridos y la desinformación son escenarios ambiguos, elegidos para evitar un conflicto directo, algo contradictorio con la visión alarmista que rezuma la DDN.

La desinformación es un fenómeno que afecta principalmente a la comunicación, por lo que acierta la Directiva cuando sitúa ahí los objetivos: «Para hacer frente a las estrategias híbridas se perseguirá alcanzar una adecuada integración de los recursos disponibles en todos los ámbitos, sean civiles o militares, nacionales o multinacionales con la finalidad de preservar la seguridad, mejorar la comunicación estratégica, incrementar la confianza en las instituciones y fomentar la resiliencia de la sociedad».

Criterio de actuación que además debe ser compartido entre departamentos: «El Gobierno prestará un apoyo decidido a la labor del Ministerio de Defensa para la promoción de la Cultura y Conciencia de Defensa, en el marco de la cultura de Seguridad Nacional, ofreciendo una información veraz y atractiva, y favoreciendo el conocimiento del conjunto de los españoles sobre la actividad cotidiana de sus Fuerzas Armadas y su repercusión en la protección y promoción del avance social y del bienestar ciudadano».

Por aquí figura lo más interesante de la Directiva: el compromiso del Gobierno en ofrecer información veraz y atractiva, el único camino para ganar en credibilidad y convertirse en referencia a la que acudir cuando nos ataque una campaña de desinformación.

Informe de Seguridad Nacional

Un segundo indicador tras la DDN de cómo se contempla la desinformación desde el ámbito de lo público es el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, aprobado en marzo, dado a conocer en mayo y previsto presentar en el Parlamento este junio de 2020.

Ya en la introducción, el Informe señala que «especial mención merecen las amenazas híbridas, uno de cuyos componentes es la desinformación, que mediante la manipulación de la información a través de Internet y las redes sociales provoca la polarización y radicalización de la ciudadanía». Se define por tanto la desinformación no como una amenaza o un desafío, sino como un ingrediente de las amenazas híbridas.

«Se ha asentado la consolidación de la ‘zona gris’ en el tablero de juego estratégico. La nueva normalidad (sic) registra con cotidianidad operaciones de información, subversión, presión económica y financiera junto a acciones militares, para movilizar y llevar a posiciones de extremo a la opinión pública, y desestabilizar y desprestigiar a las instituciones que sustentan los regímenes políticos de las democracias liberales».

Se trata por tanto de un fenómeno a tener muy en cuenta, especialmente durante el año pasado:»Las amenazas híbridas y la desinformación han sido elementos de atención prioritaria en 2019 de forma general, como vector de preocupación para la ciudadanía; y con carácter concreto, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los procesos electorales».

Durante el último año menciona el informe como momentos de especial precaución las elecciones generales de abril y noviembre; las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo; una cumbre del G7 en Biarritz en agosto; y algo indeterminado en octubre que parece tener relación con la sentencia del Supremo del proceso independentista en Cataluña, previendo algún tipo de consecuencia digital que no se produjo: «En las diversas convocatorias electorales de 2019 se han detectado actividades de manipulación informativa, que, sin embargo, no han constituido campañas sostenidas o masivas de desinformación».

En el apartado de conclusiones, el Informe de Seguridad Nacional sitúa la desinformación -en compañía de otros- a la cabeza de nuestras inquietudes: «Los factores de mayor preocupación son aquellos derivados del uso malintencionado del ciberespacio. El robo de datos o el acceso a información sensible, los ciberataques a las infraestructuras críticas o la desinformación son percibidos como riesgos de fuerte impacto y alta probabilidad de que afecten a la sociedad, las empresas y la Administración Pública».

La desinformación no centra ninguno de los 15 ámbitos de seguridad nacional desarrollados en el Informe, aunque aparece por muchas de sus 280 páginas.

¿Dónde sitúa el Departamento de Seguridad Nacional / el Gobierno la desinformación? Preferentemente en dos ámbitos: la contrainteligencia, es decir, servicios de inteligencia extranjeros, y en España campo de actuación del CNI; y la ciberseguridad, infraestructuras críticas, seguridad informática, redes de comunicación, campo amplísimo con un carácter tecnológico-industrial en cuanto a los canales físicos que lo soportan y se defienden.

En el planteamiento anterior difícilmente entrarían fenómenos bien concretos de desinformación procedente de por ejemplo la extrema derecha patria o aliada; o quienes la practican por motivos de rentabilidad económica, en ocasiones unidos.

En cuanto a la Contrainteligencia, se afirma que son de especial importancia «las acciones de desinformación desplegadas principalmente en las grandes plataformas de comunicación online, redes sociales y también en espacios digitales». Se apunta por tanto al escenario, no a quien lo coloca allí. «Esto es así por su potencial de desestabilización política, pues pretenden en general desacreditar a las instituciones democráticas a través de la generación de desconfianza y polarización social, que alientan respuestas radicales e ideologías extremistas».

Por tanto la polarización política que persiguen estas campañas de desinformación no han actuado en las diversas convocatorias electorales de 2019, que es su momento, siempre considerando que el auge de la extrema derecha en España no descansa en estos instrumentos, que utiliza profusamente, sino en otros no especificados.

Los responsables de la seguridad nacional que elaboran de forma mancomunada este informe no parecen muy interesados en actores nacionales. «Especialmente relevante -añade el Informe- es el caso de los denominados Servicios de Inteligencia Hostiles, en sus distintas vertientes, que habrían comenzado a incrementar su actividad en España con anterioridad a la crisis en Cataluña, en coherencia con un mayor dinamismo advertido en otros países occidentales (Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido), centrando sus acciones en campañas de desinformación que ponen el foco en cuestiones de política interna, especialmente desarrolladas en el ámbito cibernético». Por exclusión el redactor se refiere a Rusia.

Y ¿qué se ha hecho? «De especial relevancia ha sido la aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 15 de marzo de 2019, del ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’. No parece que ese documento sea uno difundido por aquellas fechas por el Centro Criptológico Nacional -adscrito al CNI- con algunos consejos útiles para enfrentarse a la desinformación, sino un documento de funcionamiento interno que no es público. Relacionado con el Procedimiento puede estar la creación de una célula de contacto que la Unión Europea ha aconsejado a los países para intercambiar alertas e información.

En relación con la ciberseguridad, el Informe señala que la vulnerabilidad del ciberespacio es el riesgo señalado con mayor grado de peligrosidad, por el nivel de impacto y posibilidad de que ocurra, se nos dice.

Entre las realizaciones, el Informe menciona «combatir la desinformación en línea y las noticias falsas a través de la Secretaría de Estado de Comunicación y del Departamento de Seguridad Nacional, ambos de la Presidencia del Gobierno». Esto último tiene más lógica, que ante un problema de información actúe la Secretaría de Estado de Comunicación, aunque tenga menos glamour que otros departamentos de la Administración General del Estado.

En diversos apartados del Informe de Seguridad Nacional se hace referencia a las actuaciones de la Unión Europea sobre desinformación, como marco y como desarrollo nacional de directrices procedentes de Bruselas, que está especialmente activa desde 2017 en estos temas y elaboró un Plan de Acción a finales de 2018 y en fechas recientes como el 10 de junio ha aprobado una Comunicación sobre el tema. No cabe aquí analizar el desarrollo de la UE en este campo, de enorme interés, sólo apuntar que la Unión ha dejado informes con contenido sobre el tema y ha focalizado mucho su actuación en las grandes plataformas digitales que soportan la información, la desinformación y el entretenimiento (enlace aquí a artículos del autor sobre desinformación y UE).


Una importante novedad del Informe de Seguridad Nacional de 2019 es que incopora por primera vez una encuesta de percepción en la que han participado un centenar de especialistas, una especie de análisis de riesgos a futuro (Horizonte 2022), con impacto y grado de probabilidad de las amenazas, donde el ciberespacio ocupa la primera posición.

Se refiere la prospectiva al «análisis de cinco factores de carácter predominantemente tecnológico y asociados a la vulnerabiliudad del ciberespacio: el acceso a la información y datos sensibles, los ciberataques, el uso ilegítimo del ciberespacio para llevar a cabo actividades ilícitas, como por ejemplo acciones de desinformación, propaganda o financiación del terrorismo, los ciberataques específicamente dirigidos contra las infraestructuras críticas, y las amenazas para la seguridad y la competitividad económica derivadas de las tecnologías disruptivas». Demasiados ingredientes en este párrafo para darle alojamiento en la misma casa (en un caso parecido, El Gran Combo de Puerto Rico cantaba ‘no hay cama pa’ tanta gente’).

Por resumir, el Informe de Seguridad Nacional 2019 sitúa la desinformación como una amenaza procedente de Estados / servicios de inteligencia extranjeros; y como uno de los fenómenos peligrosos del ecosistema digital, al mismo nivel digamos que virus informáticos que pudieran atacar o controlar una central nuclear, el abastecimiento de agua potable de una gran ciudad o el mando y control militar de un sistema de armas.

La interpretación anterior dejaría fuera del fenómeno la dimensión nacional de la desinformación (actores locales), no entra en la forma de reforzar la credibilidad de las instituciones (y de los medios de comunicación tradicionales) o la capacidad del ciudadano para interpretar la avalancha de contenidos digitales; se obvia también la dimensión empresarial que afecta hoy en forma de crisis existencial a muchos de los agentes productores de información.

La desinformación es algo que viene de fuera y es digital, se nos viene a decir, y además peligrosísima, capaz de alterar elecciones e incluso mentes, generalizaciones gigantescas y amenazas no contrastadas.

En muchas ocasiones las referencias a la desinformación en los documentos sobre seguridad nacional se asemejan a un recurso retórico, que cobra importancia por la compañía, por el cóctel que se dice que forma con otros ingredientes peligrosos.

La desinformación cumple con todos los requisitos para poder ser utilizada como una amenaza casi existencial, al calor del ecosistema digital en el que vivimos; omnipotente, se nos dice, omnipresente y 24 horas activa a través de nuestro móvil, y si es difusa es tanto más amenazante, pero cabe objetar que carecemos como ciudadanos de ejemplos concretos que nos permitan calibrar sus efectos; y además entendemos que los responsables públicos de la seguridad habrán puesto en marcha una respuesta proporcional a tan descomunal amenaza, de lo que tampoco tenemos pruebas. Sospechamos que nuestro Estado y Fuerzas Armadas están mejor dotados para la guerra antisubmarina en mitad del Atlántico que para las amenazas que encabezan los documentos estratégicos.

Existen sin duda estudios de interés en el ámbito militar sobre la amenaza híbrida, las operaciones de información y de influencia, la actuación rusa en Ucrania y china en sus aguas e islas de interés, damos por hecho que España-OTAN lo analiza y aplica en su política exterior.

Sin embargo quizá debería considerarse un objetivo de seguridad nacional empoderar al ciudadano para que sea capaz de discriminar la información fiable del bulo (alfabetización mediática); potenciar la comunicación estratégica («veraz y atractiva», fiable añadiríamos) de los organismos públicos; el espíritu crítico y el conocimiento/cultura sobre el ecosistema ciberinformativo en el que nos movemos. También en este campo de la desinformación, la seguridad parece moverse al margen del ciudadano al que protege.

Confusión es el principal objetivo de la desinformación y despejar la confusión debería ser el primer elemento para combatirla.

A cada actor, agente, ámbito, hay que pedirle de lo que es capaz. Los medios de comunicación no tienen la misión de transmitirnos la realidad, sino la excepcionalidad. El ámbito de la seguridad no parece llamado a explicarnos a qué nos enfrentamos en materia de desinformación, sino que alerta de los riesgos, presentados con otros de forma tan gris y ambigua como la amenaza donde la enmarca.

Seguiremos buscando.

Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.