La excepción española, último capítulo

Jorge Rodríguez Rodríguez

España como excepción puede ser leída en numerosas claves; desde aspectos absolutamente banales, hasta situaciones que han puesto en riesgo el disfrute de los más elementales derechos humanos, como las que aquí se tratarán. Excepciones, en fin, que se corresponden con actuaciones que se distinguen totalmente del ejemplo que, en determinadas situaciones, representan lo que se ha venido denominando comúnmente “los países de nuestro entorno”. Así, por ejemplo, podremos mencionar todas aquellas ocasiones en las cuales, habiendo ganados las elecciones un partido que había sido ilegalizado por la dictadura y sus miembros exiliados, una vez ha llegado al poder nunca ha llevado a cabo las políticas necesarias y suficientes para, al menos, reparar y reconocer el daño que desde 1936 se ha infringido a todo un espectro de la sociedad española. La vigencia de nuestra Ley de amnistía da buena muestra de ello.

Sin embargo, la excepción española va más allá, porque la misma ha traspasado ya nuestras fronteras y ha quedado tristemente instalada en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En efecto, pese a la más reiterada jurisprudencia, asentada en nuestros sistemas universal y europeo de protección de derechos humanos, que obliga a los Estado a investigar las violaciones de derechos humanos (con especial ahínco en el caso de las desapariciones forzadas) ocurridas en el territorio bajo su jurisdicción, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el pasado (especial referencia al caso Canales Bermejo en 2012), ni ahora el Comité de Derechos Humanos, han aplicado esta dilatada práctica al respecto a los casos que se les han presentado sobre hechos ocurridos desde la Guerra Civil y durante el franquismo; y con unos razonamientos, de hecho, bastante parecidos.

La puerta cerrada hace pocos días por el Comité de Derechos Humanos, encargado de fiscalizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sido especialmente (como poco) decepcionante. Y es que estamos hablando de un órgano que en 2015 decía sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: “El Comité reitera su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas.”

Con todo lo anterior como marco general, en 2019 se presentó ante el Comité de Derechos Humanos el primer caso sobre estos hechos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo: el caso Francisca Alomar et al c. España, presentado por la hija y la nieta de Antoni Alomar y Margalida Jaume, ambos desaparecidos en Mallorca desde 1936. Veremos a continuación porque este caso representa la penúltima excepción española:

Estamos hablando de unos hechos que, efectivamente, comenzaron antes de la entrada en vigor del mencionado Pacto para España, sí. Pero esta situación no es nueva para el Comité, pues no son pocas las ocasiones que este órgano ha admitido casos ocurridos antes de la fecha en cuestión. Sin embargo, en el que aquí nos ocupa, el Comité interpreta que estamos ante hechos que ocurrieron “hace tanto tiempo”, que no se considera competente para pronunciarse sobre ellos; incluso, de hecho, si la inacción del Estado al respecto llega hasta nuestros días.

Y es que, esta inadmisibilidad es aún más excepcional al estar tratando un asunto de desaparición forzada, y donde el propio Comité ha reconocido siempre el sufrimiento de las víctimas por el desconocimiento del paradero de la persona desaparecida y, también, el carácter continuado de la misma. Práctica del Comité que, por lo visto, es desconocida para nuestra Abogacía del Estado, que afirmó durante el procedimiento que este órgano carecía de competencia material para conocer de un caso de desapariciones debido a que existe un Comité de Desapariciones Forzadas… Razonamiento que sorprende ya que el Comité de Derechos Humanos lleva conociendo de casos de desapariciones forzadas desde los años 80.

Pese a ello, y a todas las trabas que este órgano ha reconocido a lo largo de los años que existen en España para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, el Comité considera “que, incluso comunicaciones que aleguen desapariciones forzadas no deberían de ser presentadas con una excesiva o inexplicada demora por parte de los autores, una vez que se den cuenta, o que deberían de darse cuenta, de que no se ha iniciado ninguna investigación o (…) no haya perspectiva realista de investigación efectiva sobre la suerte de las víctimas”. A este respecto, las demandantes desarrollan todo un largo periplo de recursos judiciales y administrativos orientados a la búsqueda de sus familiares (lo que se conoce en el argot del Comité “la necesidad del agotamiento de los recursos internos” antes de acudir ante su jurisdicción), siendo el último de ellos una denuncia en el Juzgado de Instrucción núm.1 de Manacor, la cual fue archivada el 3 de agosto de 2017 alegando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en la conocida sentencia de 2012 sobre el caso Garzón. La pregunta que se presenta entonces es: ¿cuál habría de ser esa fecha? ¿Cuándo las víctimas deberían haberse dado cuenta de ello? ¿No han mostrado una diligencia más que debida para resolver su caso en la jurisdicción española? Todo parece indicar que sí, pero para el Comité, no.

Otro de los asuntos que suscitan más desconcierto es el referente a la falta de agotamiento de recursos internos sobre la otra gran queja de las víctimas: el sufrimiento, similar a una tortura, que les produce la desaparición de sus familiares. Una conexión, entre desaparición y tortura, que fue realizada en su momento por el propio Comité y que, de hecho, reconoce que se está produciendo en España. Por ello, causa estupor que dicho Comité alegue la falta de agotamiento de recursos internos, como manifiestan algunos de sus miembros en un voto disidente. Y es que, ¿cuáles habrían de ser esos recursos? La pregunta no es baladí porque la mayoría del Comité no dice nada al respecto. Según sobreentendemos, en España no hay más recursos que los ya agotados por las víctimas. Por ello, los miembros disidentes del Comité califican los argumentos de la mayoría como “desconcertantes”, ya que es perfectamente “demostrable” que las víctimas sí los han agotado. Como ejemplo de todo ello, bastaría con aludir, como se hace en el voto particular, tanto a la Ley de amnistía, como a la referida sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que “condicionó la posición de los tribunales de inferior instancia en relación a la demanda de las víctimas”. Es decir, según alegan estos miembros del Comité, y concuerdo, en España “no hay recursos efectivos que agotar”, lo que debería haber llevado al Comité a admitir la demanda, al menos, por el sufrimiento que las víctimas siguen padeciendo hoy en día.

Además, estamos hablando de dos víctimas que forman parte de la querella argentina; que forman parte del colectivo de víctimas que, ante la ausencia de justicia en su propio país, han tenido que acudir a los tribunales de un tercero. ¿Por qué cree el Comité que dos personas, rebasando una de ellas ya la barrera de los noventa años de edad, acuden a los tribunales de otro país, si no es porque consideran que no hay futuro posible para su causa en el suyo propio?

En definitiva, la ausencia de respuesta a nivel de protección internacional de los derechos humanos se ha erigido como la penúltima piedra en el camino en esta odisea que es la búsqueda de justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Piedra inesperada por todo lo ya relatado, sí, pero piedra, al fin y al cabo. Retomando el inicio de este artículo, el caso de España es una auténtica excepción en materia de búsqueda de los más elementales derechos de las víctimas; derechos de obligatoriedad jurídica indiscutible e inexcusable (que no ya solo moral o etérea) pero que vienen siendo negados tras cada una de las puertas que las víctimas tocan; incluso en aquellas que parecían (y deberían) estar de su lado, como la puerta del Comité y anteriormente la del Tribunal Europeo. Pues, recordemos, son órganos de derechos humanos. Se dedican a ello. Aunque a veces, como esta, cueste creerlo.

No a la impunidad. La necesidad de defender y fortalecer la justicia internacional penal

Carlos Gil Gandía

Todos los Estados del mundo vulneran los derechos humanos en diversos grados, la diferencia radica en que algunos los vierten de forma sibilina por sus alcantarillas, que son tapadas por la retórica jurídica y política. De ahí que los Estados deban cumplir sus obligaciones internacionales y que existan mecanismos jurídicos que controlen tal cumplimiento.

El 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional en honor a la adopción del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte Penal Internacional), cuya adopción se llevó a cabo el día y mes señalados de 1998 y entrada en vigor en 2002, por un amplio consenso internacional tanto de la sociedad civil como de los Estados y organizaciones internacionales.

La lucha contra la impunidad no solamente es un principio jurídico, sino es también un deseo de que la lógica de la justicia en tanto valor se imponga a la del olvido, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.

En el ámbito internacional se está articulando normativa e institucionalmente la justicia internacional penal desde los juicios de Núremberg (1946) hasta la operatividad de la Corte Penal Internacional (2003). A lo largo de ese período se han redoblados los esfuerzos internacionales en la lucha contra la impunidad y, por consiguiente, en la protección y promoción de los derechos humanos, sistematizando en el marco de las Naciones Unidas las obligaciones generales existentes en relación con no a la impunidad. Estas obligaciones ponen de relieve la existencia de crímenes internacionales más graves de trascendencia para la comunidad internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ecocidio, crimen de agresión); por consiguiente, su gestión es un imperativo categórico que nos corresponde a todos, sin distinción de cargo jurídico-político, porque los crímenes mencionados son tan graves que son imprescriptibles.

¿Por qué se necesita una justicia internacional penal si están las justicias nacionales? Porque en muchas ocasiones las personas que cometen crímenes internacionales ─utilizando el aparato estatal la mayoría de las veces─ forman una tribu opulenta cuyo poder les permite, en la mayoría de los casos, lograr la ansiada impunidad (esta es la mayor vulneración de los derechos humanos: ejemplos varios tenemos todavía en España en relación con determinados personajes oscuros del franquismo). En este sentido, el contenido de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad quedan diluidos en el olvido a través de ejercicios y maniobras de manipulación y relativización en los diferentes contextos nacionales en los cuales se ha logrado incluir en la agenda pública la reconciliación y la paz en detrimento de la justicia y la lucha contra la impunidad, amén de deslegitimar o acallar las voces de las víctimas por mor de la tergiversación de los lenguajes institucionales en cuyos postulados retóricos subyace el refrán borrón y cuenta nueva.

Para evitar lo anterior, se necesita una justicia internacional penal fuerte, lo que supone la defensa y apoyo de instituciones como la Corte Penal Internacional. De esto modo, se demuestra el apoyo a la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de un Estado de Derecho y Democrático que defiende los derechos de las víctimas reconocidos en instrumentos internacionales. Lo contrario implica la imposición en clave interpretativa de la narrativa del victimario, invisibilizando a la de la víctima.