El sexo en las mujeres a los 50 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Fernando Flores

Tras una operación quirúrgica por una enfermadad ginecológica, Maria Ivone Carvalho comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, pérdida de sensibilidad en la vagina, dificultad para andar y sentarse, incontinencia urinaria e imposibilidad de mantener relaciones sexuales. En tribunales se demostró que estos efectos habían sido causados o empeorados por mala práctica médica durante la intervención hospitalaria.

En primera instancia, el juez impuso una indemnización con que sufragar el coste de una persona que le ayudase en las tareas de la casa, así como por los daños físicos y psicológicos causados por el error médico. Sin embargo, la Corte de apelación redujo considerablemente dicha compensación, y lo hizo basándose en estos argumentos: primero, dado que sus dos hijos eran mayores, Maria solo tendría que cuidar de su marido, por lo que no iba a necesitar una gran ayuda para los trabajos caseros; segundo, a sus 50 años, la imposibilidad sobrevenida de mantener relaciones sexuales (relaciones de por sí disminuidas en una mujer de su edad) no podía tener la misma importancia que para una joven. De este modo, el tribunal de apelación consideró la edad y el sexo como factores decisivos para rebajar las espectativas de la demandante, y con base en ellos tratarla de forma desigual en comparación con personas de igual o menor edad y de sexo masculino.

El caso, sustanciado en vía ordinaria en Portugal, llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien hace unas semanas ha resuelto considerando vulnerado el derecho de Carvalho a no ser discriminada (art.14 de la Convención Europea de Derechos Humanos) y a que se respete su intimidad personal y familiar (art. 8 CEDH). Se trata de una decisión importante, pues enfoca el no tan tratado tema en Estrasburgo de los prejuicios y estereotipos sociales en relación con el sexo y la edad. Estereotipos que provocan no pocas vulneraciones cotidianas –en este caso por parte del poder judicial– de los derechos fundamentales de las mujeres.

De hecho, el TEDH observa que el mismo tribunal que había reducido la indemnización a Carvalho por las razones indicadas, había resuelto tiempo atrás un par de casos similares en los que dos hombres –de 55 y 59 años–, habían quedado impotentes como resultado de errores médicos. En ambos casos los jueces portugueses habían considerado para establecer las indemnizaciones el “tremendo shock” o “tremendo shock mental” que suponía para los afectados el quedar desprovistos de su vida sexual. Un shock que al parecer se descartaba que pudiese concurrir en una mujer. Así, el tribunal portugués (no resuta muy arriesgado deducir que compuesto exclusivamente por hombres) asumía el prejuicio social según el cual para una madre de 50 años con dos hijos el sexo no es importante, entre otras cosas porque (para ellas al menos), las relaciones sexuales están ligadas a la reproducción.

Por otra parte, la Corte de Estrasburgo rechaza la consideración que asume que la demandante, por el solo hecho de ser mujer, es la responsable del cuidado de su marido, una argumento que tiene como consecuencia la reducción de la indemnización para pagar a una persona que la ayude en casa. Esa presunción, propia de una sociedad patriarcal con roles claramente determinados para las mujeres, no se basa en hechos objetivos, sino en estereotipos de género incompatibles con sociedades que pretenden garantizar la igualdad de derechos.

De este modo, aunque en su decisión no profundiza sobre la transversalidad de género ni sobre la doble discriminación que sufren las mujeres (en este caso sexo y edad), el TEDH establece un precedente para el rechazo de estereotipos que distorsionan la realidad y las discriminan. Además, también llama la atención sobre la especial gravedad que supone que esos prejuicios sociales contaminen o sean asumidos por los tribunales, aunque a decir verdad lo grave es que los tribunales se vean ocupados por personas ya contaminadas por aquéllos.

En fin, la conclusión es que los prejuicios de género, como los de edad, aun disfrazados de “cultura” o tradición populares, forman parte de las exclusiones estructurales que en muchos ámbitos sufren las mujeres, y de ningún modo pueden imponerse a la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Ilustración: ‘Tertulia’, Ángeles Santos (1929).

Hazte Oír, a vueltas con el odio, esta vez en las escuelas

Ana Valero

Casi todos los medios de comunicación así como las redes sociales se hacen eco de la campaña publicitaria iniciada por la asociación ultracatólica Hazte Oír consistente en hacer circular por las calles de Madrid un autobús con los siguiente mensajes pintados en su exterior: “Que no te engañen: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” y “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”.

Esta misma organización ya había enviado previamente a colegios de distintas Comunidades Autónomas un libro titulado ¿Sabes qué quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexualcon el fin de combatir legislaciones en defensa del colectivo LGTBI.

Este hecho plantea dos problemas de importante relevancia con respecto a los cuales parece no existir un claro consenso entre la comunidad política, jurídica y social: uno tiene que ver con lo que desde hace algún tiempo viene siendo una rápida, socorrida y fácil apelación a la vía penal para tratar de combatir todo aquello que resulta denigrante, ofensivo u odioso; y, el segundo atañe a si realmente los padres tienen derecho a que sus hijos puedan quedar excluidos de la formación en determinadas materias o valores que, a sus ojos o, de acuerdo con sus convicciones, puedan resultar adoctrinadoras. Sigue leyendo

Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

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El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

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Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

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Para ver en detalle la cronología de la “legislatura Gallardón” (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

Teorema de las mujeres – Capítulo II

Maguy Borrás

Captura de pantalla 2015-03-25 a la(s) 10.04.26En este segundo Capítulo del Teorema de las mujeres sigo con la exploración del contenido de la norma «mujer». El vestido rosa como metáfora de esa norma. (primer Capítulo aquí). Esta vez las preguntas han ido más allá de consideraciones estéticas para cuestionar también el papel y el lugar que nos es otorgado dentro y por la sociedad. (Sólo extractos de las entrevistas que han sido a menudo largas conversaciones han sido expuestos).

Todas, en nuestra diversidad, hacemos malabarismos interiores con descripciones que son en realidad prescripciones. Ninguna puede extraerse de ellas, no importa de dónde sea ni dónde esté.

Entre adhesión, ambivalencia y ruptura, la identificación e interiorización de una imagen y de un rol de La Mujer por parte de Las Mujeres es constante.

Cada una compone su identidad singular en esa jaula de la que también somos las guardianas y de donde la evasión nos cuesta cara en aislamiento y exclusión cuando no en muerte para las que intentan salir.

En el momento actual en que la primera causa de mortalidad de las mujeres en el mundo es debida a las violencias masculinas, quiero sacar a relucir con este trabajo socio-artístico el vínculo que existe entre esa identidad impuesta y el no reconocimiento de nuestros derechos, incluso exterminación, por razón de nuestra pertenencia al colectivo mujer.

Desde que el mundo es mundo, el poder político, religioso, científico, social, ha escrito su orden moral sobre nuestro cuerpo.

Nuestra inferiorización, erigida en norma y en saber, ha sido institucionalizada.

El orden «natural» de las cosas es en realidad un mito que oculta la dominación de los hombres sobre las mujeres haciéndose pasar por justo y legítimo.

Sacralizadas en madres, malditas en mujeres, reducidas a nuestra envoltura corporal, se trata siempre de una identidad opresiva, definida por el exterior. El imaginario colectivo nos niega la capacidad de existir como sujetos autónomos y ese potencial se percibe como una desviación, un peligro o una amenaza.

No obstante, el acceso a la educación, al trabajo, a la esfera política, fruto de largas luchas contra los prejuicios y tutelas misóginas, han mejorado la vida de todas y todos, y han contribuido a construir un mundo más justo en donde la otra mitad de la humanidad es reconocida como igual.

No dejamos por ello, de ser buenas madres y compañeras. No nos impide amar a los hombres.

Así hoy me pregunto, ¿Cómo serían las mujeres si fueran libres de esos mandatos y dispusieran del derecho de elegir su destino?

¿Cómo sería el mundo si el poder fuera compartido ?

El camino que nos queda por recorrer es largo y difícil pero como diría Gide «La utopía de hoy es la realidad de mañana». Mujeres, atrevámonos a cambiar el mundo, a saltarnos los límites impuestos e inventémonos con nuestras propias reglas. Eso, a la humanidad, sólo le puede sentar bien.

Lucette

Maguy: ¿En qué te hace pensar este vestido ?

Lucette: Pienso en que es un vestido de fiesta, agradable de llevar, me hace pensar en las mujeres coquetas.

1 Lucette

M- De manera general, más allá de la estética ¿Qué sientes que la sociedad espera de las mujeres ?

L- La mujer es mucho más valiente que el hombre, tiene más trabajo que el hombre, es más digna que el hombre.

M- ¿Te parece que hay exigencias particulares que recaen en las mujeres?

L- No, creo que son las mujeres las que dominan un poco… Estuve casada pero poco tiempo…

M- ¿Cómo es que estuviste casada poco tiempo?

L- Porque tengo carácter y no dejo que hagan lo que quieran conmigo…

M- ¿Crees que si se tiene carácter y no dejas que hagan lo que quieran contigo no se puede permanecer casada?

L- Depende de las personas, pero no tengo intención de dejarme hacer, así que sigo como estoy, estoy bien así.

Trabajo para mí, no para un hombre.

 

Vimalalogini

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

V- En una modelo, para mí es raro ponerme un vestido así, nosotras tenemos que ponernos mangas cortas. La gente no tiene que ver nuestros brazos.

2 Vimalalogini

M- ¿Por qué ?

V- Porque la gente me va a mirar, formo parte de una cultura tradicional, hay que vestirse correctamente.

M- ¿Qué significa vestirse correctamente ?

V- Un vestido así, la gente dirá que es demasiado sexy. Los hombres van a querer ligar conmigo.

M- ¿Qué crees que la sociedad espera de las mujeres?

V- Hay que ser activa, honesta, hablar amablemente, hay que sonreír, hay que hablar educadamente.

M- ¿Crees que se espera lo mismo de las mujeres que de los hombres?

V- Sí, ahora las mujeres son iguales que los hombres, por ejemplo ahora hay mujeres médicas.

M- ¿Cómo te sientes como mujer en la sociedad ?

V- Yo he estudiado, soy profesora de baile indio y he creado una escuela de danza franco-india. Doy clases aquí.

Clara

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

C- Me recuerda mi infancia, tenía vestidos así.

3 Clara

M- ¿Cómo crees que son las mujeres en el imaginario colectivo?

C- Guapas, frescas..

M- ¿Sientes que la sociedad espera un comportamiento específico por parte de las mujeres?

C- Hay que ser buenas, pero no demasiado, sino la gente se aprovecha..

Hay que ir bien vestida, pintada y aparentar ser joven.

M- ¿Y tú qué piensas de eso ? ¿Cómo lo vives?

C- Me gusta cuando voy bien vestida y voy a algún sitio, siento que me reciben mejor… si visto sexy, tengo vergüenza…

M- ¿Qué es lo que te avergüenza cuando vistes sexy ?

C- Me da la impresión que las mujeres que visten sexy están más agredidas.

Cuando voy bien vestida la gente me trata con respeto.

 

Hanene

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

H- No me gusta, no es mi estilo, es demasiado femenino, no me gusta el color ni la forma…

4 Hanene

M- Me acabas de decir que el año que viene cursarás una carrera de cuidados a las personas. ¿Hay muchos chicos en esta rama?

H- No, hay sólo chicas.

M-¿Por qué crees que no hay chicos?

H- No sé, porque solo las mujeres pueden hacer cosas así

M- ¿Un chico no puede ocuparse de alguien ?

H- Sí, pero es cosa de chicas.

M- Si es una cosa de chicas, ¿Qué competencias crees que se requieren para hacer este trabajo ?

H- Hay que tener paciencia, escuchar, saber cuidar…

M- ¿ Crees que estas cualidades están vinculadas al ser chico o chica ?

H- No

M- ¿Entonces por qué crees que en esas carreras sólo hay chicas ?

H- Por la imagen, a los chicos no tienen ganas de ir a una carrera donde hay sólo chicas, piensan que debe ser un trabajo de mujer.

 

Sofía 

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

S- El verano, algo bucólico, pero nada de sexualizado.

5 Sofia

M- ¿Cuál sería la imagen de las mujeres en la sociedad a nivel estético ?

S- En el espacio público el cuerpo de las mujeres es un bien mercantil. Ya se ve lo que se espera de ella, que tenga un cuerpo deseable, que guste y llame la atención…

M- ¿ Sientes una presión particular en pertenecer a la categoría mujer ?

S- La única presión que siento es respecto a la procreación.

Si no cumples esa función no has ido hasta el final de tu misión sobre la tierra. Te reducen a eso…

M- ¿Cómo te llevas con eso ? ¿Cómo lo vives ?

S- (…) No lo vivo como algo que me obstaculice, no me frena, aunque vea la presión social no tengo la impresión de padecerla. Para mí la idea de hacer familia cuando se es joven es limitarse, fijarse, estas ante responsabilidades que no te permiten explorar todos los espacios de tu potencial de libertad.

 

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

Captura de pantalla 2016-04-11 a la(s) 10.12.13

La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

copérnico

Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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La esclavitud del siglo XXI: la trata de mujeres para su explotación sexual

Ana Valero

El pasado 16 de octubre la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat publicó las cifras relativas a la trata de seres humanos en Europa en los últimos dos años analizados. En su Informe sobre el Trafficking in Human Beings señala que entre 2010 y 2012, último periodo del que se dispone de datos, se contabilizaron 30.146 casos de trata, un 28% más que en el trienio 2008-2010.

Aunque la “esclavitud del siglo XXI” puede recaer sobre cualquier ser humano y sus fines son diversos: la explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos, venta de bebés o robo forzoso, etc., lo cierto es que el 80% del tráfico recae sobre las mujeres y su finalidad es la explotación sexual. De ellas el 67% son adultas y el 17% niñas: el 45% de víctimas registradas son mayores de 25 años, el 36% tienen entre 18 y 24 años, el 17% comprende la franja de edad que va desde los 12 a los 17 años, y el 2% entre 0 y 11.

Si se atiende a las cifras ofrecidas por la Oficina Comunitaria se observa que el 65% de las víctimas poseen la nacionalidad europea. Así, los cinco países que tienen el mayor número de víctimas registradas son Rumanía, Bulgaria, Países Bajos, Hungría y Polonia. Y, de entre los extracomunitarios, se encuentran a la cabeza Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia. Sigue leyendo

A vueltas con el burka, esta vez desde Europa

Ana Valero

Con fecha 1 de julio de 2014 se ha dado a conocer el pronunciamiento la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso S.A.S. c. Francia, donde se dilucidaba si la Ley francesa número 2010-1192, de once de octubre de 2010, que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público, es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los jueces han rechazado con esta sentencia la demanda interpuesta por una joven musulmana de 24 años de edad que se negó a descubrirse el rostro a petición de la policía, bajo la amenaza de una multa de 150 euros.

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La Asamblea Nacional francesa aprobó en 2010 la Ley que prohíbe el uso del burka con trescientos treinta y seis votos a favor y uno en contra, y el Senado la aprobó definitivamente el 14 de septiembre del mismo año. A partir de su entrada en vigor se aplica a todo el territorio nacional y establece que la violación de la prohibición de cubrir el rostro en espacios públicos implica la imposición de una multa de ciento cincuenta euros y la eventual obligación de seguir cursos de educación cívica. Y quien obligase a otro a llevar el velo integral podrá ser castigado con la pena de privación de libertad de hasta un año y con el pago de una multa de treinta mil euros. Tal sanción se duplica si la mujer es menor de edad. Desde que la norma entró en vigor, la Policía ha actuado por este asunto unas 400 veces al año. Apenas 1.900 mujeres de los cinco millones de habitantes musulmanes del país usan el velo integral.

Las razones esgrimidas por el Gobierno francés ante la Corte de Estrasburgo para defender la conformidad de la citada Ley con el Convenio Europeo de Derechos Humanos son varias, por lo que iré analizando una por una para ver cuál ha sido la argumentación de la Corte y exponer mi opinión al respecto.

1. El primero de los argumentos gubernamentales tiene que ver con el “principio de igualdad y no discriminación”: el velo que cubre el rostro de la mujer es, para el Gobierno francés, un instrumento de opresión sexista que niega la dignidad de la mujer y un símbolo del fundamentalismo islámico que manifiesta lejanía a los valores de la sociedad occidental y que denigra a la mujer musulmana.

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A este respecto, el Tribunal de Estrasburgo, en línea con lo defendido por el propio Consejo de Estado francés –máximo órgano consultivo del gobierno- en su Informe emitido con anterioridad a la aprobación de la Ley, ha considerado que un Estado Parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede basarse en la igualdad de género para prohibir una práctica que las mujeres -como la demandante- reclama como manifestación de su propio derecho de libertad religiosa. Y ello porque, en ocasiones, el porte del velo es una práctica consciente y voluntaria por parte de un número considerable de mujeres que funda sus raíces en la exigencia de afirmar su propia identidad cultural.

A este respecto, me parece acertada la posición del Tribunal de Estrasburgo y coincido con la postura del Consejo de Estado francés cuando sostiene que suponer que el burka implica un ataque a la dignidad de las mujeres es discutible jurídicamente, y en concreto, cuando el uso del burka es el resultado de una decisión voluntaria y adoptada libremente por una persona mayor de edad. Y ello porque, cuando se hace referencia al principio de la dignidad humana, no se pueden dejar de lado dos conceptos que se pueden oponer o limitar mutuamente: aquél que exige salvaguardar la dignidad a expensas incluso del sacrificio de la autonomía y del libre albedrío de la persona; y aquél que considera que debe protegerse el libre albedrío como valor consustancial de la persona humana. Y es precisamente este último concepto el que ha defendido tradicionalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha reiterado en su jurisprudencia que “el respeto de la vida privada y del principio de autonomía personal implica que cada cual puede conducir su vida según sus convicciones y sus elecciones personales, incluso en el caso de que ponga en peligro su vida, siempre y cuando no atente contra terceros”.

El segundo de los argumentos que esgrime el Gobierno galo para defender la legitimidad de la Ley hace referencia a la necesidad de proteger “la seguridad pública”. A este respecto la Corte de Estrasburgo también adopta una posición que me parece acertada al sostener que, teniendo en cuenta el enorme impacto que una prohibición absoluta del uso del velo integral en los espacios públicos tiene para el derecho de libertad religiosa de las mujeres que lo portan libremente, la Ley de 11 de octubre de 2010 resulta desproporcionada. Y ello porque el objetivo del Gobierno galo quedaría satisfecho con una simple obligación de mostrar el rostro para permitir la identificación cuando ésta se hace necesaria y no siempre y en todo caso.

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Sin embargo, lo más llamativo de la Sentencia radica en que es el tercero de los argumentos esgrimidos por el Gobierno francés -“las exigencias mínimas de la convivencia y de la vida en sociedad”- el que ha asumido el Tribunal Europeo para declarar la adecuación de la Ley francesa al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Apelando a la discrecional doctrina del “margen de apreciación” que tiene cada Estado para valorar cuáles son las circunstancias particulares que se dan en su sociedad y en sus tradiciones nacionales, la Corte afirma que la normal interacción de los individuos en el espacio público puede ser un bien jurídico cuya protección justifique la limitación del derecho de las mujeres musulmanas a utilizar libremente el burka. De este modo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos considera “legítima” la prohibición del velo islámico integral en los espacios públicos porque “el rostro juega un rol importante en la interacción social”, por lo que llevarlo tapado puede constituir una “amenaza para la convivencia”.

Mi posición a este respecto ya se expuso en el post publicado en este mismo blog bajo el título “El (es) tupido velo del paternalismo”, que analizaba una Sentencia del Tribunal Supremo español emitido con ocasión de un supuesto de hecho similar pero con un fallo opuesto al del Tribunal Europeo, por lo que sólo nos queda reiterar lo allí indicado. ¿Puede un genérico derecho a no ser molestado en el espacio público de acuerdo a los cánones occidentales de vida en comunidad anteponerse a un derecho constitucional como la libertad ideológica y religiosa de las mujeres adultas musulmanas que usan libremente el velo integral para relacionarse con sus vecinos? Mi respuesta es NO.

La homofobia del cardenal

Fernando Flores

Creo que la homofobia de la Iglesia hacia los homosexuales es una estupidez, una falta de respeto y daña a la sociedad, pero también pienso que no es, en sí misma, un delito.

Hago esta reflexión al leer la noticia de que “La Fiscalía abre por primera vez diligencias contra un cardenal por homofobia”, tras la petición presentada por la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS), después de que el pasado día 23 de enero el cardenal monseñor D. Fernando Sebastián Aguilar declarase a un medio local que la homosexualidad “es una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento”.

En opinión de COLEGAS, la expresión del cardenal “atenta contra la legislación española que protege como derecho fundamental la dignidad y la no discriminación en el artículo 18 y 14 de nuestra Constitución, y constituye una clara incitación al odio y a la discriminación, comportamientos penados en el vigente Código Penal en su artículo 510”. Por eso han celebrado la apertura de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y han reiterado que “no se debe menospreciar y menos dejar impunes los numerosos hechos de homofobia y transfobia que sufre nuestro colectivo y animamos a denunciar cualquier tipo de ataque, o situación discriminatoria”.

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Pienso que COLEGAS tiene razón de sobra para estar molesto con Sebastián, y hace bien en recriminarle por sus palabras, pero creo que las declaraciones de éste no son delito.

Me detengo a comentar este caso, en que mi simpatía y mi razonamiento están con los que por esta vez no estoy de acuerdo, para tratar de explicar con honestidad la inquietud que me asalta al comprobar el creciente recurso a los tribunales para perseguir opiniones que, a mi entender, por muy rechazables que sean, forman parte de la libertad de expresión a la que da cobertura nuestra Constitución.

No me voy a detener en el acierto (o no) que supone demandar en vía judicial las declaraciones del cardenal. Sólo apunto que, aunque es verdad que esa vía da más opciones a la mediática (y se trata de dar a conocer la indignación legítima contra sus palabras), no estoy seguro de que el mensaje que traslada (el reproche penal como reacción ante opiniones lamentables) sea el acertado.

Porque creo que, en el caso del cardenal, resulta muy claro que no estamos ante una opinión que “incite” a la discriminación, y menos aún al odio. Si aceptara esto, entonces tendría que aceptar que algunas críticas u opiniones respecto de la Iglesia u otras religiones –críticas y opiniones con las que estoy muy de acuerdo– incitan también a la discriminación o al odio a los creyentes. (Un argumento, por cierto -el de que se la persigue porque se la critica-, que la Iglesia suele utilizar de forma victimista en cuanto se le recriminan opiniones reaccionarias como las del cardenal). Estas opiniones son lamentables, pero a mi modo de ver, no vulneran (jurídicamente) los derechos de los homosexuales.

El ejercicio de la libertad de expresión molesta, a veces mucho. Pero no es solo el grado de molestia en quien es criticado o sobre quien se opina (el aspecto subjetivo) lo que determina si ese ejercicio es ilegal. Si fuera así, mi admirado Leo Bassi no saldría de la cárcel. La injuria, el menosprecio, y la voluntad de discriminación o incitación al odio de quien se expresa debe estar clara.

Por otra parte, si por más ateo que yo sea, acepto la existencia de las confesiones como un derecho que se deduce de la libertad religiosa, entonces tengo que aceptar a la Iglesia con sus curas (y a los imanes y a los rabinos) y sus consecuencias. Con la Iglesia católica irremediablemente aparece su idea de que la sexualidad tiene un solo fin, que es el reproductivo, y en consecuencia la idea de que la sexualidad no dirigida a tal fin es una sexualidad deficiente. Que es justo lo que ha dicho el cardenal Sebastián. A mi me parece una idea aberrante, que merece un duro reproche social, pero no puedo aceptar la libertad religiosa y obligar jurídicamente a los creyentes a pensar como yo, u obligarlos a callar si no coinciden conmigo. Puedo tratar de convencerlos para que cambien de opinión, pero entretanto… La libertad de expresión es esto también.

Obviamente, todos los derechos tienen límites, y también la libertad de expresión, por muy amparada que esté en las creencias profundas de cada uno. Pero ese límite es, necesariamente, restrictivo. En una sociedad democrática deben conocerse públicamente las opiniones de los demás que nos disgustan. Para contradecirlas, para recriminarlas, para tratar de cambiarlas con el ejercicio de la dialéctica, para mostrar la bajeza moral de quienes las profieren, para mofarse de ellas… utilizando esa misma libertad de expresión.

El pleno de la Eurocámara ha reclamado este martes a la Unión Europea una ‘hoja de ruta’ para proteger los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. En ella se abordan áreas como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a bienes y servicios, la familia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la incitación al odio, el asilo y la política exterior. Creo que ese es el camino, reclamar una política integral para luchar contra la homofobia en todos los frentes, utilizando la ley y la justicia de forma sensata y proporcionada.

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Mutilación genital femenina: identidad y estigma

Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de revocar una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en abril de 2013 a una madre senegalesa a dos años de cárcel por ser responsable de la mutilación genital practicada a su hija de tres años de edad. La sentencia de la Audiencia era la primera dictada en España condenando a una persona extranjera por este tipo de delito cometido en el extranjero y antes de que la víctima y sus responsables emigraran a España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha absuelto a la madre de la menor por considerar, entre otras cosas, que no hizo omisión de su condición de garante de la vida y salud de la menor por dejarla en casa de su abuela, quien supuestamente le confirió una práctica que es de uso generalizado en las zonas rurales de Senegal.

La mutilación genital es una de las prácticas más abominables que pueden llevarse a cabo sobre la mujer y, sin embargo, es considerada por quienes la practican –mujeres en la mayor parte de los casos- como definitoria de su identidad cultural y de género. Estamos, pues, ante uno de los más graves conflictos que la convivencia en sociedades multiculturales como las actuales plantea. Y de las respuestas de que nos dotemos acerca de cómo deben coexistir la distintas culturas y creencias y de cómo debe gestionarse la multiculturalidad, dependerá en gran medida la calidad de nuestra convivencia social y la estabilidad de las comunidades políticas en las que vivimos.

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Desde una perspectiva estrictamente jurídica es evidente que en las respuestas que los países de acogida dan o deben dar a la mutilación genital o a otras prácticas como la poligamia o el uso del burka en espacios públicos, subyace el inconcluso dilema sobre la universalidad de los derechos humanos, por un lado, y el relativismo en que se sustenta la obediencia a la norma cultural del grupo de pertenencia, por otro. Y las respuestas no son sencillas.

La mutilación genital femenina es una práctica ancestral extendida en un importante número de países, en su gran mayoría del África subsahariana, vinculada a un rito de iniciación a la pubertad social. A diferencia de lo generalmente entendido, no es una práctica vinculada a la religión musulmana, pues el Corán no la menciona en ninguno de sus versículos y se practica por otras comunidades como las mujeres falashas de Etiopía o las cristianas coptas en Egipto o Sudán. Podríamos afirmar, en consecuencia, que es un rito cuya constricción a su perpetración responde más a los usos y costumbres sociales y a la tradición -lo que la convierte en una sunna-, que a la obligatoriedad religiosa.

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Grandes almacenes: derechos pequeños

Pepe Reig Cruañes

Las jornadas de huelga general se parecen entre sí como las gotas de agua: a primera hora la lucha por fijar la impresión mediática de éxito o fracaso; a última hora, la guerra de cifras sobre el paro y la manifestación. En medio, los piquetes y el fingido escándalo de la prensa conservadora por aquellos que impiden el “derecho al trabajo”. Sobre los verdaderos piquetes empresariales de amenazas y acoso a los sindicalistas nada de nada. Parece que no existen.

Por cierto que una de las primeras tareas sindicales en cualquier huelga que se precie es acercar algún piquete a las puertas de El Corte Inglés, que nunca hace huelga porque sus trabajadores están amenazados. La escena se repite invariable en cada ocasión. Y es que para la patronal este gran almacén es un emblema y lo necesitan disciplinado y “ejemplar”. Confluencia de intereses: las demás grandes superficies necesitan que El Corte Inglés aguante y la empresa del triángulo verde gasta demasiado dinero en comprar una buena imagen mediática, para que unos sindicalistas trasnochados vengan a cuestionarla. Prefieren soportar piquetes a la puerta y tiendas vacías el día de la huelga, antes que reconocer a sus trabajadores el derecho que otros se ganan con su lucha. El reverso de esta política de imagen es el “consentimiento” de los propios trabajadores de la casa. Estos pueden soportar condiciones leoninas y merma de derechos, porque se sienten afortunados por su mera pertenencia a un buque insignia. Un puesto en el Corte Inglés viste mucho, aunque luego te machaquen los fines de semana o te birlen las horas extras. No es muy diferente en las otras grandes tiendas. Las grandes superficies suelen tener, laboralmente hablando, derechos muy pequeños.

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