El manoseo a la Constitución: el referéndum y el Matadero

Ana Valero

El manoseo de la Constitución está de moda…Tomar el nombre de la Constitución en vano es algo a lo que siempre ha sido muy propicia la derecha política española, y que alcanza su máxima expresión cuando de la unidad territorial del Estado se trata. Pero lo más preocupante es que a ello se han sumado algunos sectores del Poder Judicial.

El último ejemplo lo encontramos en auto dictado el día de ayer por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, por el cual declara la suspensión, sin posibilidad de recurso, de la autorización por parte del Ayuntamiento de Madrid de un acto de apoyo al referéndum convocado en Cataluña el próximo 1 de octubre, como consecuencia del recurso interpuesto por el Grupo Municipal Popular. Sigue leyendo

Suicidio y delito

Juan Carlos Carbonell

Dos recientes Sentencias, de la Audiencia Provincial de Zaragoza y de un juzgado de Avilés, acaban de condenar a tres personas por el delito de cooperación al suicidio del artículo 143.2 del Código Penal a penas de dos años de prisión. En el segundo caso se trata de una sentencia de conformidad tras una acusación con petición de más de seis años sostenida por la Fiscalía que da por buena la admisión de la tentativa y la consideración como necesarios de actos de complicidad indirecta que parecen lejanos a tal carácter. Esto rompe una situación de inaplicación del precepto que había venido generando una cierta despreocupación por parte de la mayor parte de críticos con la relevancia penal de la cooperación al suicidio.

En el caso de Zaragoza, resulta sumamente dudoso que la intervención del hijo, muy dependiente de la voluntad de la madre, fuera realmente necesaria. Por otra parte, el Tribunal, contra la pretensión del Ministerio Fiscal, considera el parentesco como circunstancia atenuante precisamente por entender que la relación materno-filial convirtió el hecho en un acto presidido por el amor. En el supuesto de Avilés han sido condenados dos miembros de la Asociación del Derecho a Morir Dignamente por proporcionar una sustancia letal a un socio que la trasmitió a la suicida por precio, lo que, por cierto, comportó en su momento el rechazo de la citada Asociación que jamás ha cobrado precio alguno. El fallecimiento de esta persona es la única razón por la que no está en la causa. Por fin, un tercer miembro de la Asociación, médico especialista en cuidados paliativos, ha sido condenado por tentativa de cooperación al suicidio por recabar la sustancia que fue interceptada sin llegar a su poder.

grito Munch 1893

La conformidad ha comportado condenas por complicidad y tentativa, lo que constituye sendos dislates jurídicos. La primera es atípica, pues sólo se castiga la cooperación necesaria –aquélla sin la cual no hubiera podido producirse la muerte–, y la segunda, generalmente no admitida en este delito, requiere en cualquier caso del comienzo de los actos ejecutivos que en absoluto se ha producido. La amenaza por parte del ministerio fiscal con penas que implican años de cárcel ha sido el desencadenante de la aceptación de los hechos. Pero ésta no puede implicar el mantenimiento de decisiones jurídico-penales insostenibles.

Y con todo esto se pone de relieve, una vez más, la necesidad político-criminal de abordar una reforma en profundidad del derecho a decidir sobre la vida propia. El Código Penal sigue empeñado en considerar al ser humano que decide que no quiere seguir viviendo como un enfermo mental al que hay que evitar, a toda costa, que lleve a cabo una conducta tendente al suicidio. Eso se extiende a los supuestos en que se padece una enfermedad grave y mortal o graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar: también en esos casos, aunque se rebaje la pena, se castiga la cooperación necesaria. También en esos casos, pues, se desconoce el derecho a decidir sobre la vida propia, y la continuación de la vida no deseada se convierte en una obligación jurídicamente imponible: es verdad que no se castiga la tentativa, pero sí la intervención de terceros. O lo que es lo mismo, sólo puede practicarse la eutanasia por propia mano –lo que sucede en el caso de Zaragoza-, y sólo, claro, si se tiene la posibilidad material de suicidarse sin ayuda alguna.

perro semienterrado - goya, 1819-23

La confusión permanente, por otra parte, entre eutanasia y cuidados paliativos –evidente en el supuesto del médico condenado por tentativa al intentar adquirir una sustancia que en dosis adecuadas puede tener esos efectos– y la estricta limitación del texto del número 4 del artículo 143 conducen, con demasiada frecuencia, a que supuestos de ayuda a paliar el dolor o a poner fin al sufrimiento físico y, sobre todo, psicológico, corran el riesgo de comportar la aplicación de los preceptos de cooperación al suicidio distintos de la eutanasia, con penas que llegan a los diez años de prisión. Y, ¿en nombre de qué?

Ante la decisión libremente adoptada por un ser humano absolutamente sano desde el punto de vista psíquico, y sin presiones de ningún tipo, de poner fin a su vida, ¿es legítima la intervención del Estado castigando a todos aquéllos que intervengan en el hecho del suicidio? El Estado sólo puede, desde su condición de democrático, prohibir aquellas conductas que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad ajena. Función suya es, en cambio, tomar en consideración el libre desarrollo del sujeto pasivo. Sólo desde posiciones eticistas y moralistas, muy vinculadas a influencias religiosas, puede explicarse la punición de las conductas relacionadas con el suicidio. Si la función del Derecho penal es tutelar la vida constitucionalmente reconocida, y ésta es precisamente la libremente deseada por su titular, cuando este deseo no exista, sino que sea contrario, el Derecho penal no puede intervenir. Desde este punto de vista, se ha de afirmar que existe una contradicción entre las valoraciones constitucionales y las del artículo 143 del Código Penal.

van gogh - noche estrellada , 1889

Podrá contra-argumentarse que la intervención penal resulta necesaria para tutelar la vida de las personas que no se encuentran con capacidad real de decidir libremente; que puede haber suplantaciones de voluntad, que la cooperación al suicidio puede esconder acciones llevadas a cabo sobre personas débiles mental o hasta físicamente a las que se impone la voluntad de quien aparece como cooperador. Pero ésos no son casos a los que deba aplicarse la cooperación al suicidio, que requiere que estemos ante una decisión libre: son supuestos de homicidio o asesinato. Y nada tienen que ver con los casos que han dado lugar a las recientes condenas.

Lo que ahora se pone de relieve es la imperiosa y urgente necesidad de abrir un debate político sobre el reconocimiento de la capacidad de los ciudadanos a decidir sobre nosotros mismos. El miedo al tabú, detrás del que se viene escondiendo la clase política –que va muy por detrás del debate social– para no afrontar una cuestión que afecta a nuestra propia identidad, no puede justificar ni excusar no afrontar la paradoja de que el Estado democrático tiene como fundamento precisamente la afirmación de la libertad y ésta la capacidad de la persona para decidir sobre las cuestiones que le implican. Y nada implica más a una persona que decidir sobre su vida.

La afirmación de que la vida es un derecho dependiente de la voluntad de su titular no significa que no exista una valoración positiva de aquélla con independencia de ésta. El ordenamiento constitucional no es neutral: la vida es un valor, la muerte no. Por ello, no sólo es lógico, sino absolutamente consustancial a los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico que el Derecho no sea neutral ante la vida o la muerte, y que prevea medidas tendentes a que el ciudadano que se encuentre en cualquier trance desee la continuidad de su vida. Y sólo cuando pueda asegurarse su voluntad contraria, levante la tutela que le dispensa. Pero, desde luego, eso no autoriza al Estado democrático a imponer la obligación de vivir y de sufrir dolor. No le autoriza a impedir que quien quiere evitarse esa situación pueda hacerlo con la dignidad que comporta recibir la ayuda necesaria; que pueda hacerlo, en suma, con la dignidad que comporta la categoría de persona. No puede hacerlo, al menos, sin negar su propia esencia, porque son esa categoría y esa dignidad las que fundamentan el Estado democrático. Sin ellas, éste no tiene sentido.

el caballero, la muerte y el diablo - durero 1513

Ilustraciones: 1. El grito. Munch, 1893 (detalle). 2. Perro semienterrado. Goya, 1819-23 (detalle). 3. La noche estrellada. Van Gogh, 1889 (detalle). 4. El caballero, la muerte y el diablo. Durero, 1513 (detalle).

 

Constitución y esteladas, la paradoja

Fernando Flores

Creo que vincular la afirmación, o la humillación, de una idea política al resultado de una competición deportiva es absurdo. Un absurdo normalizado, que sucede a cada rato, sobre todo cuando se trata de reforzar las identidades nacionales, sean éstas las que sean. Ahora bien, perseguir esa opción prohibiendo la exhibición de banderas en un campo de fútbol, sean éstas esteladas, republicanas o rastafaris, es absurdo, inconstitucional y, si me apuran, contraproducente.

Es absurdo porque el argumento para explicar la prohibición –evitar comportamientos violentos– carece de peso ante quienes no necesitan motivos para agredir. Quienes buscan bronca no necesitan que el contrario exhiba una bandera, con que se exhiba a sí mismo es suficiente. Si además porta una bandera independentista, la violencia les parecerá más jugosa, pero no más justificada.

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Es inconstitucional porque atenta contra las libertades públicas de las personas. Primero contra las libertades ideológica y de expresión. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, y desde luego a expresarlo públicamente. El límite de esa expresión debe estar claramente establecido por la ley, no en una interpretación sesgada y abierta de la norma por parte de la autoridad gubernativa. El racismo, la discriminación a la identidad sexual, o la incitación a la violencia y al odio justifican aquella limitación. De ninguna manera la hipotética reacción de quien se siente ofendido con la finalidad de reprimir la libertad de los demás.

La prohibición atenta, además, contra la libertad personal que nos protege contra cacheos y registros arbitrarios. Desde esta perspectiva la persecución de las banderas esteladas es, más allá de ridícula, desproporcionada e ineficaz. Que se asemeje a los controles para prevenir actos terroristas en realidad nos muestra que su verdadero objetivo es provocar temor y autocensura en aquellos aficionados que les gustaría llevarla.

En fin, puede ser contraproducente porque aunque las banderas se prohíban en el interior del estadio su exhibición en el exterior será libre, así que los hipotéticos problemas de orden público que la prohición trataría de evitar se pueden producir igualmente.

Así que la decisión de la Federación Española de Fútbol y la Delegada del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de banderas independentistas –no oficiales pero no ilegales– no cumple ninguno de los requisitos exigidos para limitar los derechos de los ciudadanos: ni acata estrictamente el principio de legalidad, ni es eficaz, ni es necesaria e inevitable (puede obtenerse su objetivo de otras maneras), ni es proporcionada al daño que produce. Todo un logro.

En fin, resulta paradójico que sea precisamente la utilización de banderas esteladas la que justifique un ataque tan directo a los derechos y libertades que la Constitución española reconoce.

adolescentes jugando al futbol tarfaya

Fotos: 1. Esteladas. 2. Muchachos jugando al fútbol en Tarfaya (F.Flores).

Vida y salud impuestas

Joan Carles Carbonell Mateu

La Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (Ley 26/2015, de 28 de julio – BOE 29 de julio) modifica más de lo que anuncia. Cada vez es más frecuente el uso de la “técnica” de introducir o reformar aspectos muy importantes esquivando el debate, sustrayendo por supuesto a la opinión pública, pero también en cierto modo al Parlamento una discusión en condiciones. Pero en este caso el tema es muy grave, porque afecta directamente al desarrollo de derechos fundamentales lo que, como es sabido, requiere de una Ley Orgánica.

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Teorema de las mujeres – Capítulo II

Maguy Borrás

Captura de pantalla 2015-03-25 a la(s) 10.04.26En este segundo Capítulo del Teorema de las mujeres sigo con la exploración del contenido de la norma «mujer». El vestido rosa como metáfora de esa norma. (primer Capítulo aquí). Esta vez las preguntas han ido más allá de consideraciones estéticas para cuestionar también el papel y el lugar que nos es otorgado dentro y por la sociedad. (Sólo extractos de las entrevistas que han sido a menudo largas conversaciones han sido expuestos).

Todas, en nuestra diversidad, hacemos malabarismos interiores con descripciones que son en realidad prescripciones. Ninguna puede extraerse de ellas, no importa de dónde sea ni dónde esté.

Entre adhesión, ambivalencia y ruptura, la identificación e interiorización de una imagen y de un rol de La Mujer por parte de Las Mujeres es constante.

Cada una compone su identidad singular en esa jaula de la que también somos las guardianas y de donde la evasión nos cuesta cara en aislamiento y exclusión cuando no en muerte para las que intentan salir.

En el momento actual en que la primera causa de mortalidad de las mujeres en el mundo es debida a las violencias masculinas, quiero sacar a relucir con este trabajo socio-artístico el vínculo que existe entre esa identidad impuesta y el no reconocimiento de nuestros derechos, incluso exterminación, por razón de nuestra pertenencia al colectivo mujer.

Desde que el mundo es mundo, el poder político, religioso, científico, social, ha escrito su orden moral sobre nuestro cuerpo.

Nuestra inferiorización, erigida en norma y en saber, ha sido institucionalizada.

El orden «natural» de las cosas es en realidad un mito que oculta la dominación de los hombres sobre las mujeres haciéndose pasar por justo y legítimo.

Sacralizadas en madres, malditas en mujeres, reducidas a nuestra envoltura corporal, se trata siempre de una identidad opresiva, definida por el exterior. El imaginario colectivo nos niega la capacidad de existir como sujetos autónomos y ese potencial se percibe como una desviación, un peligro o una amenaza.

No obstante, el acceso a la educación, al trabajo, a la esfera política, fruto de largas luchas contra los prejuicios y tutelas misóginas, han mejorado la vida de todas y todos, y han contribuido a construir un mundo más justo en donde la otra mitad de la humanidad es reconocida como igual.

No dejamos por ello, de ser buenas madres y compañeras. No nos impide amar a los hombres.

Así hoy me pregunto, ¿Cómo serían las mujeres si fueran libres de esos mandatos y dispusieran del derecho de elegir su destino?

¿Cómo sería el mundo si el poder fuera compartido ?

El camino que nos queda por recorrer es largo y difícil pero como diría Gide «La utopía de hoy es la realidad de mañana». Mujeres, atrevámonos a cambiar el mundo, a saltarnos los límites impuestos e inventémonos con nuestras propias reglas. Eso, a la humanidad, sólo le puede sentar bien.

Lucette

Maguy: ¿En qué te hace pensar este vestido ?

Lucette: Pienso en que es un vestido de fiesta, agradable de llevar, me hace pensar en las mujeres coquetas.

1 Lucette

M- De manera general, más allá de la estética ¿Qué sientes que la sociedad espera de las mujeres ?

L- La mujer es mucho más valiente que el hombre, tiene más trabajo que el hombre, es más digna que el hombre.

M- ¿Te parece que hay exigencias particulares que recaen en las mujeres?

L- No, creo que son las mujeres las que dominan un poco… Estuve casada pero poco tiempo…

M- ¿Cómo es que estuviste casada poco tiempo?

L- Porque tengo carácter y no dejo que hagan lo que quieran conmigo…

M- ¿Crees que si se tiene carácter y no dejas que hagan lo que quieran contigo no se puede permanecer casada?

L- Depende de las personas, pero no tengo intención de dejarme hacer, así que sigo como estoy, estoy bien así.

Trabajo para mí, no para un hombre.

 

Vimalalogini

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

V- En una modelo, para mí es raro ponerme un vestido así, nosotras tenemos que ponernos mangas cortas. La gente no tiene que ver nuestros brazos.

2 Vimalalogini

M- ¿Por qué ?

V- Porque la gente me va a mirar, formo parte de una cultura tradicional, hay que vestirse correctamente.

M- ¿Qué significa vestirse correctamente ?

V- Un vestido así, la gente dirá que es demasiado sexy. Los hombres van a querer ligar conmigo.

M- ¿Qué crees que la sociedad espera de las mujeres?

V- Hay que ser activa, honesta, hablar amablemente, hay que sonreír, hay que hablar educadamente.

M- ¿Crees que se espera lo mismo de las mujeres que de los hombres?

V- Sí, ahora las mujeres son iguales que los hombres, por ejemplo ahora hay mujeres médicas.

M- ¿Cómo te sientes como mujer en la sociedad ?

V- Yo he estudiado, soy profesora de baile indio y he creado una escuela de danza franco-india. Doy clases aquí.

Clara

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

C- Me recuerda mi infancia, tenía vestidos así.

3 Clara

M- ¿Cómo crees que son las mujeres en el imaginario colectivo?

C- Guapas, frescas..

M- ¿Sientes que la sociedad espera un comportamiento específico por parte de las mujeres?

C- Hay que ser buenas, pero no demasiado, sino la gente se aprovecha..

Hay que ir bien vestida, pintada y aparentar ser joven.

M- ¿Y tú qué piensas de eso ? ¿Cómo lo vives?

C- Me gusta cuando voy bien vestida y voy a algún sitio, siento que me reciben mejor… si visto sexy, tengo vergüenza…

M- ¿Qué es lo que te avergüenza cuando vistes sexy ?

C- Me da la impresión que las mujeres que visten sexy están más agredidas.

Cuando voy bien vestida la gente me trata con respeto.

 

Hanene

M- ¿En qué te hace pensar este vestido ?

H- No me gusta, no es mi estilo, es demasiado femenino, no me gusta el color ni la forma…

4 Hanene

M- Me acabas de decir que el año que viene cursarás una carrera de cuidados a las personas. ¿Hay muchos chicos en esta rama?

H- No, hay sólo chicas.

M-¿Por qué crees que no hay chicos?

H- No sé, porque solo las mujeres pueden hacer cosas así

M- ¿Un chico no puede ocuparse de alguien ?

H- Sí, pero es cosa de chicas.

M- Si es una cosa de chicas, ¿Qué competencias crees que se requieren para hacer este trabajo ?

H- Hay que tener paciencia, escuchar, saber cuidar…

M- ¿ Crees que estas cualidades están vinculadas al ser chico o chica ?

H- No

M- ¿Entonces por qué crees que en esas carreras sólo hay chicas ?

H- Por la imagen, a los chicos no tienen ganas de ir a una carrera donde hay sólo chicas, piensan que debe ser un trabajo de mujer.

 

Sofía 

M- ¿Qué evoca para ti este vestido ?

S- El verano, algo bucólico, pero nada de sexualizado.

5 Sofia

M- ¿Cuál sería la imagen de las mujeres en la sociedad a nivel estético ?

S- En el espacio público el cuerpo de las mujeres es un bien mercantil. Ya se ve lo que se espera de ella, que tenga un cuerpo deseable, que guste y llame la atención…

M- ¿ Sientes una presión particular en pertenecer a la categoría mujer ?

S- La única presión que siento es respecto a la procreación.

Si no cumples esa función no has ido hasta el final de tu misión sobre la tierra. Te reducen a eso…

M- ¿Cómo te llevas con eso ? ¿Cómo lo vives ?

S- (…) No lo vivo como algo que me obstaculice, no me frena, aunque vea la presión social no tengo la impresión de padecerla. Para mí la idea de hacer familia cuando se es joven es limitarse, fijarse, estas ante responsabilidades que no te permiten explorar todos los espacios de tu potencial de libertad.

 

El CGPJ vulnera las libertades públicas, y lo sabe

Fernando Flores

Cuando dentro de unos años el Tribunal Constitucional declare (si para entonces le queda dignidad) que la decisión del CGPJ contra el juez Vidal vulnera sus libertades ideológica y de expresión, éste llevará jubilado mucho tiempo, así que el doble objetivo del gobierno judicial, castigar a un juez por su ideología (nacionalista no españolista) y la prevención general (quien se atreva ya ve lo que le puede pasar), se habrá conseguido. No habrá marcha atrás y de nuevo habrá vencido la disolvente (para las libertades, las instituciones y la confianza de los ciudadanos en ellas) práctica política de los hechos consumados.

escudo cgpj

Según el instructor del caso, el juez Santiago Vidal habría participado, sin la cobertura formal exigible, en la elaboración de un texto constitucional para Cataluña, habría realizado de forma reiterada “declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña”, y habría participado “activa y públicamente en iniciativas políticas que adoptaban instituciones públicas catalanas y entidades privadas sobre un proceso por y para la independencia de Cataluña”. En su opinión (la del promotor de la acción disciplinaria contra Vidal), dos habían sido las faltas graves cometidas por el juez: vulnerar su deber de observancia del régimen de incompatibilidades (art.417.6 LOPJ), e ignorar de forma inexcusable el cumplimiento de los deberes judiciales” (art.417.14). En consecuencia, la sanción merecida era la expulsión de la carrera judicial.

El pleno del CGPJ ha rechazado que el juez haya inobservado el régimen de incompatibilidades. Parece que el descubrimiento de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha realizado, “sin cobertura”, trabajos remunerados por la Comunidad de Madrid, ha provocado efectos colaterales. Sin embargo, la mayoría del Consejo (12 votos contra 9) ha apoyado que se le sancione por su “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes judiciales”, y ha determinado que la sanción sea de tres años de suspensión de la carrera (el máximo previsto en la Ley). En realidad se trata de una expulsión encubierta, pues Santiago Vidal tiene 61 años.

Según el Consejo, el deber judicial básico que ha sido vulnerado por el Juez con la exteriorización de su libertad ideológica es el de “fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. Una interpretación que sorprende al sentido común y a la argumentación jurídica más sencilla. No hay que ser un gran jurista para saber que esa exigencia de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento se le exige al juez en el ejercicio de su función. Es decir, el juez, al juzgar, debe aplicar el Derecho y no su ideología. Y punto. Además de ilegal, resulta absurdo e inútil exigir a un juez que sea ideológicamente fiel a las normas vigentes, sean estas constitucionales, legales o reglamentarias.

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Primero, porque no hay norma constitucional que se lo exija (la Constitución sólo impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos). Además, si una ley (la LOPJ) pretendiese limitar el ejercicio de una libertad como la ideológica, o la de expresión, debería determinar claramente en qué casos actuaría la restricción, y no es el caso. Segundo, porque la Constitución admite sin límites su propia reforma. Y si ella, rechazando adscribirse a la “democracia militante”, no objeta las aspiraciones políticas de los ciudadanos, cualesquiera que éstas y éstos sean ¿con qué derecho habría de hacerlo el Consejo?

Decir, como hace el instructor, que la actuación del juez no puede quedar amparada bajo el derecho fundamental de libertad de expresión porque choca con “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”, es tan vago y decepcionante como argumento jurídico, que dan ganas de expedientar al mismo instructor. Lo que atenta contra la independencia del Poder Judicial (además de su propia configuración), son ciertas decisiones del Consejo General como la referida, no que un juez opine que Cataluña debe constituirse en Estado por su cuenta, o que España estaría mejor sin autonomías.

Conociendo la consideración de ariete que el Partido Popular otorga al Consejo (para atacar al Gobierno y sus propuestas legales si se está en la oposición, para hacer política por otros medios cuando gobiernan), no sorprende la intervención selectiva y discriminatoria con la que escoge a sus víctimas, pero preocupa el atrevimiento con que despachan la flagrante vulneración de las libertades constitucionales. En el caso del juez Vidal, pueden apuntarse una más.

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Planeta de Derecho

Fernando Flores       

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La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

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Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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Derecho a decidir: suicidio, eutanasia y maternidad

Juan Carlos Carbonell Mateu

1. Lo que diferencia las acciones de los hechos es que las primeras obedecen a tomas de decisión y los segundos simplemente pasan. Y las tomas de decisión responden, a su vez, a razonamientos libremente adoptados conforme a reglas de las que participan los demás. Por eso, las normas se dirigen a los ciudadanos con la finalidad de interferir en sus conductas, de reconducirlas a un ámbito de compatibilidad entre ellas. Las normas no pueden interferir en los hechos directamente, aunque sí intenten controlarlos precisamente a través de la regulación de las conductas; en otras palabras, pretenden que las acciones eviten los hechos que puedan resultar negativos y fomenten los positivos: no se puede evitar un terremoto, pero sí intentar paliar sus efectos a través de la adopción de las medidas adecuadas; es decir, de acciones humanas que las ponen en marcha. Sigue leyendo

El derecho a la vida significa derecho a elegir la muerte

Javier de Lucas

Derecho a la vida, derecho a la muerte

El suicidio asistido de la joven norteamericana Brittany Maynard ha vuelto a plantear, siquiera sea indirectamente, el profundo malentendido que, a juicio de muchos de nosotros, subyace frecuentemente a los argumentos de los autopresentados “defensores del derecho a la vida”. Se trata de la confusión que consiste en presentar ese derecho como un deber, porque entienden la vida como un bien indisponible, sobre el que no debemos decidir.

En otros lugares he debatido sobre la pertinencia de la despenalización de la ayuda a la eutanasia o del suicidio asistido (otras aportaciones pueden consultarse aquí y aquí). Pero mi propósito en este post es volver sobre lo que me parece el núcleo del asunto, que es la formulación correcta, completa, del derecho a la vida. Una formulación que, a mi juicio, no es coherente si no incluye expresamente el derecho a disponer de ella, es decir, el derecho al suicidio. O, dicho en los términos que sostiene, por ejemplo, el ideario de la Asociación DMD“no se puede hablar de dignidad en la muerte –ni en la vida- si no se tiene la libertad de decidir”. Sigue leyendo

Aborto: otro gran paso atrás

Joan Carles Carbonell Mateu

Tras varios meses de aparente debate en el seno del PP, el Gobierno acaba de aprobar un Anteproyecto de Reforma de la Despenalización –para pasar a la penalización- de la Interrupción Libre del Embarazo, con abandono del vigente sistema de plazo con información a la embarazada y el regreso a un sistema de indicaciones más rígido que el que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010 y que no incluye la despenalización en caso de graves malformaciones en el feto, la mal llamada “indicación eugenésica”.

Actualmente rige en España la L.O. 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que introdujo un sistema de plazo con información, en cierta manera derivado de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BVfG) de 1995, considerando ciertos votos particulares presentados en su día por tres de los nueve Magistrados: no es punible el aborto practicado durante las catorce primeras semanas de embarazo siempre que se cumplan determinados requisitos, el más importante de los cuales es que la mujer haya sido informada de sus opciones y hayan transcurrido 72 horas hasta que adopte su decisión. El sistema se combina con indicaciones transcurridas esas catorce semanas.

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La vuelta al sistema de indicaciones se realiza, según la declaración gubernamental, “para adaptar la legislación a la jurisprudencia constitucional”. Y, justamente eso, resulta sorprendente por demás. Porque la finalidad expresada constituye una auténtica falacia, toda vez que el Tribunal Constitucional español jamás se ha pronunciado sobre la vigente regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en su doctrina  en materia de aborto expresada fundamentalmente en la Sentencia 53/1985 de 15 de abril, no se contiene la menor referencia al sistema del plazo en general ni al del plazo con información previa obligatoria a la embarazada de manera específica. El Tribunal tan sólo obligó al legislador a que exigiera mayores garantías en la comprobación de la veracidad de los supuestos alegados. De ahí no puede inducirse, como ahora se pretende, que considerara agotadas las posibilidades constitucionales de no punición.

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