Tibet: los derechos de los otros y nuestros intereses

Javier de Lucas

Esta semana hemos conocido una decisión que es un importante avance en la lucha por los derechos humanos. La Audiencia Nacional española ha cursado las órdenes internacionales correspondientes para poder llevar ante los tribunales a altos dirigentes del Partido Comunista chino y de su Gobierno, presuntamente implicados y aun responsables del genocidio tibetano en las décadas de los 80 y 90. Entre ellos,  el expresidente Jiang Zemin y su sucesor, Hu Jintao.

Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006, tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), y se basa en el trabajo jurídico del abogado e investigador del Institut de Drets Humans Universitat de València, José Elías Esteve, que realizó su tesis doctoral sobre el Tibet, publicada poco después como libro que conviene consultar: Tibet. La frustración de un Estado. El genocidio de un pueblo. Precisamente el Instituto ha organizado un Congreso internacional sobre el problema que tendrá lugar los días 28 y 29 en la misma Universitat (aquí su programa).

JIang Zeming y Hu Jintao

Pues bien, aunque, a mi juicio, resulta evidente que se trata de un paso decisivo en el proyecto de hacer realidad el principio de jurisdicción universal –desde luego, simbólicamente, pues se plantea por primera vez a los dirigentes de una gran potencia-, parece que no son pocos los que pretenden ignorar esta evidencia, o incluso negarla.

Así, por ejemplo, los hay que tratan de ridiculizar la decisión, con el peregrino argumento de que se trata de un gesto superfluo, megalómano y, en todo caso, inútil. Les parece que supone sacar los pies del tiesto: “¿La Audiencia Nacional ocupándose de China? ¿Es que no hay suficiente trabajo aquí? ¿Quién les va a hacer caso?”. Son los mismos que, en la mejor de las hipótesis, despachan el asunto con la referencia a la ingenuidad o el utopismo propias de académicos o doctrinarios que ignoran la realidad, si es que no se trata –en la hipótesis menos generosa- de quienes practican una política de gestos que salen baratos a quien los propone, aunque nos puedan resultar muy caros a los demás: los consabidos intereses.

mapa tibet

Precisamente hay quienes subrayan lo dañino e irresponsable de tales decisiones, que ponen en peligro nuestra relación con una superpotencia con la que más vale llevarnos bien, pues la necesitamos: hay muchos intereses en juego, que se verían afectados muy negativamente si insistimos en esta vía. Desde la balanza comercial, las exportaciones españolas a China, el incremento del turismo chino en España, o las ganancias reales y futuras de cientos de emprendedores españoles, muchos de ellos ya presentes en ese país. Por no hablar de efecto estimulante que pueden tener las relaciones con China sobre una España  sumida en la crisis y con tanto paro.

Nada nuevo, por otra parte. El “realismo” frente al “idealismo” (algunos dirían ‘fundamentalismo’). La ética de principios frente a la ética de la responsabilidad. Bla, bla, bla… Por mi parte, creo que es hora de dejarse de tópicos. Y de dejar claro si tomamos o no en serio los derechos humanos. Porque la lógica de la soberanía estatal (los “asuntos internos” o “propios”) es incompatible con la lógica universalista de los derechos humanos. Antes o después, como han advertido por ejemplo Carrillo Salcedo o Ferrajoli, entran en colisión. Y hay que decidir. Si hacemos excepciones por razones de Estado (para llevarnos bien, para ser realistas), los derechos humanos son papel mojado, como “en realidad, sabe todo el mundo”:  quod erat demonstrandum.

Por esa razón hay que decir que no. Que no es aceptable el mantra del “realismo”. Y decirlo precisamente cuando se está ante la prueba del nueve: no para mandar cañoneras a unos desharrapados de un islote, sino para exigir su cumplimiento, aunque suponga imputar a las más altas autoridades de un Estado; más aún, si es una gran potencia la que ha violado y gravemente esos derechos humanos.

tibet-free

Minería y derechos humanos en América Latina

Fernando Flores

América Latina se ha visto sometida desde inicios de los años 90 a un incremento significativo de la inversión –nacional y extranjera– en el ámbito de las industrias extractivas. Las compañías que allí operan son mayoritariamente norteamericanas, especialmente de Canadá, pero también las hay europeas, brasileñas y argentinas (y últimamente chinas), dedicadas en gran parte a la extracción de gas y petróleo.

Instituciones Financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
 Corporación Financiera Internacional, así como los bancos europeos, facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar.

Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos minerales, muy atractivos para la financiación de los Estados y el trasiego en los mercados globales, viene necesariamente acompañado por grandes proyectos de infraestructura (oleoductos, hidrovías, carreteras, gasoductos, represas, tendidos eléctricos, etc…) que violentan de forma muy considerable el hábitat indígena y el medio ambiente.

selva amazónica

Las comunidades indígenas

Para los indígenas la tierra no es objeto sino sujeto, y su relación con ella no es de apropiación sino de reciprocidad. Más allá de los cambios que un larguísimo período de aculturación ha podido producir en muchas comunidades, es necesario partir de esa idea para entender la racionalidad indígena, el fundamento de su espiritualidad y la singular vinculación que mantienen con la tierra. Una vinculación que es de naturaleza no mercantil.

El territorio es la base de la supervivencia. En la tierra cultivan los productos que comen, venden o intercambian. En ella se crían sus animales. Su identidad se construye en el hábitat de los bosques, los ríos, los lagos, las sabanas. En él se organizan y se educan, de él depende su salud. En él construyen sus redes sociales y determinan un espacio psicosocial propio e intransferible. En él habitan sus dioses, sus mitos, su historia, y se encuentran enterrados sus familiares. En consecuencia, para los indígenas no cabe distinguir territorio y comunidad, pues ambas son parte de una sola identidad.

El conflicto y el Derecho aplicable

Existe, pues, una contradicción entre las políticas estatales dirigidas a aprovechar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico de cada país y la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

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Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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Derecho a decidir: contexto y pretexto

Por Javier De Lucas

El debate sobre el “derecho a decidir del pueblo de Catalunya”, tal y como viene discutiéndose desde la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, adoptada el 23 de enero de 2013, parece cada vez más un campo minado. Y no sólo por la falta de claridad sobre las cuestiones realmente decisivas (el sujeto, el objetivo y el procedimiento de ejercicio del derecho a la autodeterminación), ni tampoco por la estrategia de vinculación entre derecho a decidir y derecho de autodeterminación, sino por lo que me permitiré denominar contexto y pretexto del debate. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el planteamiento del derecho a decidir y del la autodeterminación (1), querría ahora ofrecer algunos argumentos que se situarían en lo que podríamos denominar “perspectiva sociológica de los derechos fundamentales” y que tocan sobre todo a la función que se les atribuye. Porque buena parte de los conflictos en torno a los derechos no reside en éstos en sí, sino en su utilización, esto es, en las razones por las que, para las que se alegan.

Si hablamos de funciones de los derechos y del Derecho mismo, como ha enseñado Ferrari, es preciso atender a las funciones manifiestas, pero también a lo que se denomina “funciones latentes” (2) de un proceso que se abre con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012. Por eso, la primera pregunta es por qué ahora. Por qué plantear en este momento el derecho a decidir. Hay varias hipótesis. Algunos lo vinculan a un estallido de la conciencia nacional catalana que habría eclosionado en la diada de 2012. Otros lo explican en la clave de búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. Veamos esas propuestas de interpretación.

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