Centros de procesamiento de asilo en África, ¿puede la UE replicar el ejemplo australiano?

Ana Calvo Sierra

El debate en torno al establecimiento de centros de procesamiento de asilo fuera de la UE vuelve a estar en auge esta semana, tras la cumbre de líderes europeos en la que se ha planteado la posibilidad de crear ‘plataformas regionales de desembarco’ en África con la intención de filtrar a los verdaderos refugiados de los migrantes económicos, y así evitar más muertes en el Mediterráneo.

Esta política no es nueva; ya en los años ochenta Dinamarca presentaba un proyecto de resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación de centros offshore, iniciativa que sería más tarde recogida por el Reino Unido en los ‘UK Proposals’ en 2003. Aunque entonces el clima político no fuera lo suficientemente favorable– Reino Unido encontró la fuerte oposición de Francia y Suecia, así como de la propia ACNUR, que no tardó en desvincular su ‘Convention Plus’ de los planes británicos – sentó las bases de una propuesta que quince años más tarde parece ser la idea definitiva entre las políticas de externalización de la función del asilo. Tras la popularmente llamada crisis de los refugiados precipitada en 2015, varios mandatarios europeos se han acogido al caso australiano para animar a la réplica de esta política de control migratorio.

Australia aprobó en el año 2001 la Solución Pacífico: una política dirigida a frenar las llegadas de barcos no autorizados a las costas australianas mediante el traspaso de los ‘boat people’ a, en sus comienzos Christmas Island, y recientemente a las islas de Papua Nueva Guinea (PNG) y Nauru. Pese a la revocación de la Solución en el año 2008 por el partido laborista siguiendo una promesa electoral, en el año 2012 los centros en PNG y Nauru fueron reabiertos debido al aumento de llegadas migratorias. Durante los últimos seis años, son cientos los refugiados, demandantes de asilo y otros migrantes que se han encontrado detenidos en centros de procesamiento sin esperanza de ser reasentados en Australia. Esto es sabido desde que el anterior ministro de migración Kevin Rudd declarara en el año 2013 junto al primer ministro de PNG que aquellos reconocidos como verdaderos refugiados tendrían la oportunidad de quedarse allí mismo, declarando “ningún refugiado será reasentado en Australia”. Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos sistemáticas y a las llamadas al cierre por parte de Australia, los centros siguen en vigor.

Con el acrecentamiento de los partidos de extrema derecha en Europa y la narrativa anti-inmigración, no sorprende que Australia haya sido citada como un ejemplo a seguir. En los últimos tres años, Wilders, Farange o Szijjarto han expuesto públicamente su voluntad de tratar a los refugiados a la australiana; mientras otros países, como Francia, Italia o España se han centrado en cerrar acuerdos bilaterales con países africanos. No obstante, en febrero de 2018, The New York Times hacía sonar las alarmas publicando la conclusión de un centro de procesamiento de solicitudes de asilo francés en Níger, titulando el artículo “asilo para los elegidos”. Esta iniciativa parecía haber surgido de la reunión mantenida en París entre mandatarios de Libia, Níger, Chad, Italia, Alemania y España donde se debatió cómo frenar el flujo de migrantes irregulares. En última instancia hemos sabido estos días que la propuesta ha encontrado el apoyo mayoritario de los líderes europeos, por lo que parece que es el momento de analizar las posibilidades de éxito en la práctica.

El caso australiano ha demostrado con creces que la externalización del asilo a través de los centros offshore es políticamente vendible. Se requiere de discursos que presenten la migración irregular como abrumadora; que asuman esta política como humanitaria –concebida para evitar muertes en el Mediterráneo– y no como de control –pese a que cualquiera podría pensar que limita la libertad de movimiento recogida por todos los textos de derechos humanos–; y que se plantee bajo una aparente sujeción al derecho tanto doméstico como internacional. En cambio, jurídicamente, la UE y Australia presentan diferencias insalvables: Australia no está sujeta a un órgano judicial supranacional como sí lo están las políticas migratorias de los miembros de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y especialmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la Convención en materia de asilo de forma que a día de hoy su jurisprudencia es la mayor garantía para los refugiados y demandantes de asilo. Y lo ha hecho pese a que el derecho de asilo no se reconoce explícitamente en la Convención. El TEDH ha extendido la noción de jurisdicción a casos extraterritoriales, bajo el concepto de control efectivo –de iure y/o de facto– en sentencias como Medvedyeb v. Francia o Hirsi Jaama v. Italia. También ha ampliado el ámbito de aplicación personal y material de la Convención de Ginebra, extendiendo la prohibición de refoulement a no sólo refugiados sino cualquier extranjero que pueda verse sometido a trato inhumano o degradante si fuera devuelto o extraditado a otro país, con sentencias clave como Soering v. Reino Unido, Cruz Varas v. Suecia o Chahal v. Reino Unido. Y por último, ha definido las condiciones de detención aplicable a terceros de otros países, limitando así las posibilidades que encontraría la UE en el caso de efectivamente confinar a demandantes de asilo en centros extraterritoriales.

La definición y el carácter de estas tres nociones –jurisdicción, principio de non-refoulement y detención– desarrolladas por el TEDH son a día de hoy, bajo mi opinión, el mayor obstáculo para la implementación del modelo australiano por parte de la UE. Incluso en el caso en el que la UE no se desvinculara de los centros offshore como hace Australia, y los diseñara bajo su jurisdicción y consecuentemente sujeción al derecho europeo, son diversas las cuestiones técnicas y jurídicas que surgirían haciendo de esta política una misión poco factible en estos momentos: ¿serían los centros capaces de atender a casos específicos de personas vulnerables? ¿Se atendrían a los límites temporales y condiciones de detención impuestos por el TEDH en casos como MSS v. Bélgica y Grecia? ¿Cómo se garantizarían los recursos efectivos y la defensa ante un refoulement indirecto por parte del país huésped? ¿Supondría esta política cambios en el sistema de reparto de carga y en definitiva la modificación de Dublín?

De cualquier modo, aunque la UE consiguiera presumiblemente ajustarse al derecho con la creación de estos centros, este hecho suscitaría inquietudes éticas ya que se trataría una vez más del aprovechamiento de técnicas legales para evadir obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos concebido para dar protección a los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad; lo que me lleva a concluir que aunque fuera legal, nunca sería una herramienta legítima para con los refugiados y demandantes de asilo. Es en el tratamiento a los refugiados donde los valores en los que se fundó la UE yacen hoy; no los pongamos fuera de nuestra vista.

Ilustración de Oslo Davis. Foto de Centelles: campo de refugiados españoles en Bram (Francia), 1939.

 

La alianza del PP y el Tribunal Constitucional contra las políticas sociales

Fabiola Meco Tébar

Las normas jurídicas son el instrumento mediante el cual un Estado social y democrático de Derecho marcado por el imperio de la ley reconoce derechos y consagra garantías para hacerlos efectivos. Es el mecanismo habilitado en democracia parlamentaria para la concreción de políticas.

La tarea del Legislador, como la del juez, requiere de marcos previos de actuación. Uno, el propio marco normativo superior en materia de derechos que viene determinado por normas bien estáticas, como la Constitución española, o bien dinámicas o en evolución, como los “olvidados” por “ninguneados” tratados internacionales ratificados por España. Se trata de un acervo jurídico que constituye, o debiera constituir, un significativo motor de cambio y renovación de nuestro ordenamiento. El otro marco relevante para todo legislador y juez es la propia realidad social a la que se va a dar respuesta.

Gobernar para las personas, ponerlas en el centro de la política, no solo es ser consciente de sus necesidades; sino principalmente cumplir con el compromiso adquirido de remover todos los obstáculos existentes para dotar de eficacia a los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Las políticas de cambio se sirven de las normas jurídicas para hacer efectivos principios y valores significativamente distintos a los que hasta ahora han marcado la suerte de nuestros derechos, los mimbres de nuestra democracia. La igualdad, la justicia social, la transparencia, la independencia judicial, la integridad pública y la participación ciudadana son, entre otras, banderas de identidad con las que liderar y defender un cambio de modelo.

La lucha contra la desigualdad es, sin lugar a dudas, el gran caballo de batalla de estas políticas del cambio. Normas como las de la pobreza energética, la función social de la vivienda o la sanidad universal para dar cobertura sanitaria a personas “sin papeles” en los distintos territorios son, entre otras, importantes regulaciones autonómicas de carácter social que afectan a derechos humanos y que son recurridas sistemáticamente de inconstitucionalidad.

Sobre algunas ya hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que las declara inconstitucionales (no sin significativos votos particulares) por invadir competencias de carácter general o básico. Normas dictadas en ejercicio de competencias autonómicas y en desarrollo del art. 2 de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Leyes que buscan blindar protección a la ciudadanía y remover los obstáculos de la desigualdad, son recurridas ante un Tribunal Constitucional politizado. Un juez éste, el máximo garante de la norma suprema, un “señor del derecho” al que Zagrebelsky le recordaría que a la hora de dictar sentencia no sólo hay que pensar en respetar la ley, sino también tener en cuenta la protección de derechos de los particulares y la búsqueda de la justicia.

Con esta técnica en diferido del recurso de inconstitucionalidad, el gobierno central del Partido Popular aplica un poder que no tiene en los territorios autonómicos donde no gobierna, en una clara ofensiva centralizadora de las políticas, en una negación misma de la capacidad de autogobierno de las autonomías. Una unilateralidad que amenaza lo construido en términos territoriales y trabaja por la desprotección de derechos antes reconocidos. Frente a ello, hoy más que nunca urge afrontar un escenario constituyente que no tenga las cartas marcadas.

Las instituciones son las personas que las componen, y cuando unas son lo que son y otras están teledirigidas, como es el caso de quienes integran el Tribunal Constitucional, es casi seguro que la espada de Damocles caerá sobre quien con políticas valientes combatan la desigualdad, la pobreza y la exclusión, y se alejen de un camino establecido por el que no puede avanzar la mayoría social. Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, les recordaría seguramente aquello de que “el poder no transforma a las personas, sólo muestra cómo son realmente”.

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo

Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

Paco Solans

Cuando un debate se estanca, se anquilosa, y con pocas variaciones, como un oleaje perenne, se repite insistentemente cada cierto tiempo, denota la existencia de un problema estructural que probablemente no se está sabiendo afrontar por alguna o por todas las partes. La existencia de los CIE, por un lado quienes aducen su necesidad o conveniencia y adecuación a nuestro ordenamiento jurídico frente a quienes rechazan de plano su existencia misma, resulta uno de estos debates que desde 1985, fecha de entrada en vigor de la vieja Ley de Extranjería que los creó, sigue esas pautas.

Desde las primeras actuaciones al respecto por parte del Defensor del Pueblo, el primer informe que yo conozca elaborado por la sociedad civil data de más de 20 años, de 1994, y tuve el dudoso honor de haberlo elaborado con la colaboración de unos cuantos compañeros del Colegio de Abogados de Valencia. Tras él han venido muchos otros, y lamentablemente, la situación no ha variado en lo sustancial, evidenciándose sólo – y en honor a la verdad – una serie de parches y reformas, importantes pero a la postre anecdóticas, que sospecho no tenían otra intención que hacer soportable lo insoportable. La experiencia de todos estos años me ha hecho decantarme cada vez más por la opinión de que es un problema cuya única solución es radical, es decir, su cierre, pero entiendo que ante las muchas demagógicas opiniones vertidas estos días al respecto, y no pocas mentiras descaradas, conviene aclarar los términos y los motivos para tal postura. Expondré los mismos con una muy discutible y abierta gradación en importancia de menor a mayor: Sigue leyendo

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”. Sigue leyendo

La política española de derechos humanos es un borrador

Diego Blázquez

El pasado día 13 de mayo se publicaron las Observaciones finales sobre España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Nuestro país presentaba puntualmente sus informes número 21, 22 y 23 a este órgano de los tratados de Derechos humanos. A pesar de que algunas de las cuestiones que aborda el CERD son de gran importancia y afectan a algunos de los temas cruciales en la agenda política actual en pleno periodo electoral (asilo y refugio, migración, ley de seguridad ciudadana, educación o salud…) no ha sido este un tema que hayan tratado especialmente los medios de comunicación ni tampoco al que el gobierno en funciones haya querido dar especial relevancia.

Es cierto que este tipo de informes de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante, sin embargo las observaciones finales de cada Comité son la base de la reacción global del sistema respecto de cada Estado, y se hacen sobre la base de la autorictas de los expertos independientes que la forman y que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. Su valor reside en que intentan recoger de manera objetiva las fortalezas y debilidades de cada país en cada una de las materias de derechos humanos objeto del Comité respectivo, identificando los principales y más sensibles problemas de cada país, incluyendo sus avances y retrocesos producidos.

1. cúpula barceló - NU Ginebra

En esta ocasión, el “examen” de España ante el CERD es muy revelador sobre la situación de la política de derechos humanos en los últimos años, y nos permite extraer algunas simples, pero demoledoras conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar cómo el Comité contra la Discriminación Racial recoge algunas ideas básicas y más o menos unánimes entre todos los Comités de Derechos Humanos. En este sentido, en el reciente informe del CERD destaca la alerta del Comité uniéndose al clamor de los otros órganos de tratados, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, criticando el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la difícil coherencia de las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto de los “rechazos en frontera”.

2. Melilla. Foto Frontera Sur

Junto a ello, la segunda de las conclusiones que podemos extraer de la reacción del CERD es que, desgraciadamente, la política española de derechos humanos en general, y en particular sobre la erradicación de la discriminación racial, es un borrador, un proyecto basado en anteriores iniciativas, en glorias pasadas o, como nos decían en época de exámenes: en “vivir de las rentas”. Resulta revelador que el Comité salude positivamente proyectos de ley como el de Igualdad de trato y no discriminación presentado en 2011, la nonata iniciativa del II Plan Nacional de Derechos Humanos, el borrador del Plan sobre Derechos Humanos y Empresas… sin que ninguna de estas herramientas legales o de políticas públicas se hayan aprobado a lo largo de la anterior legislatura.

Igualmente se destaca cómo no se han elaborado planes nacionales de desarrollo o de acción sobre la Declaración de Durban y su Programa de acción, como recomienda el Comité desde 2009. Ni tampoco hay planes o iniciativas nacionales sobre el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, en ejecución de una Resolución de la Asamblea General.

Lo dramático es que pese a esta inacción los problemas de derechos humanos crecen, y pese a alguna creencia taumatúrgica, la (supuesta) mejora de la economía no los resuelve, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos. Un ejemplo de estos problemas preexistentes que permanecen y que se agravan es el fenómeno de “las escuelas gueto” (para las que utiliza esa denominación), que preocupa al Comité y respecto del cual recomienda que se tomen medidas efectivas de política educativa para garantizar una distribución equitativa de estudiantes.

3. escuela guetto - peli

En la misma línea, el Comité no sólo subraya la falta de acción en la adopción formal de estas propuestas o la pasividad respecto del abordaje de problemas concretos (como el de las escuelas gueto), sino que además considera que algunos recursos institucionales existentes adolecen de carencias como falta de independencia o de recursos, como es el caso del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, incluso frente a requisitos comunitarios (estos si obligatorios para España). Igualmente, el Comité destaca la puesta en marcha de la recogida de datos sobre delitos de odio, pero subraya la ausencia de seguimiento de esos casos, invitando a ofrecer datos sobre los casos judicializados, las penas impuestas y la reparación otorgada. Así, de la misma manera, se saluda la inclusión legal de los principios que deben inspirar los controles de identificación de seguridad para no resultar discriminatorios, pero, a párrafo seguido, se destaca la ausencia de información sobre potenciales medidas de investigación y sanción ante el incumplimiento de esos criterios. Una cuestión que el Comité considera especialmente urgente y por la que se pide información a complementaria a España en un plazo de 12 meses.

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Junto a la inacción, una tercera conclusión es la existencia de nuevos supuestos de falta de respeto a la Convención. El Comité también incluye como una cuestión sobre la que requiere información rápida la cuestión de la restricción del acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité considera que esta es “una medida regresiva” (que en términos ginebrinos es algo muy serio) y que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud sin discriminación, lo que sería una posible vulneración del tratado.

El Comité destaca otras cuatro cuestiones como “de particular importancia” (que en la terminología de la diplomacia ginebrina ya es mucho). Estas cuestiones se refieren al “uso recurrente de la privación de libertad de migrantes en situación irregular” (los CIEs), la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, la lucha contra los estereotipos raciales especialmente en las redes sociales y medios de comunicación; y, en cuarto lugar, sobre la ausencia de medidas acerca de la discriminación racial sobre los afrodescendientes y muy particularmente incluir en el sistema educación mayor información sobre los periodos de esclavitud y la colonización.

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Como se puede apreciar, y sin entrar en los detalles de las apreciaciones y recomendaciones del Comité, solo en estos cuatro puntos se tratan aspectos de gran importancia social e institucional que deberían de ser objeto de un serio debate político tanto dentro del ejecutivo como en sede parlamentaria. Ese es el objetivo esencial de los informes periódicos: abrir un debate con el Estado que le permite mejorar y ampliar su compromiso con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, periódicamente la reacción frente a estos valiosos informes que apuntan a algunos de los problemas esenciales de nuestro país, son ninguneados en un frio vacío institucional; o, en el mejor de los casos, son objeto de enroques en políticas inmovilistas recubiertas de huecas palabras o vacías estrategias o acciones.

Esperemos que la nueva legislatura que se avecina de lugar a una nueva cultura política que se tome más seriamente el dialogo con los órganos de derechos humanos y no solo como un engorroso trámite periódico del que hay que salir lo mejor parado posible y con el menor eco posible en los medios. Una buena manera seria crear una subcomisión de derechos humanos en el Congreso donde se debatieran los informes y las conclusiones, adoptando planes de acciones concretos para la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas.

Por cierto, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la última recomendación del Comité al Gobierno es dar difusión al informe y las observaciones finales.

foto final - gobierno den funciones

Fotos: 1. Sala de los Derechos Humanos de la Onu en Ginebra. Reuters. 2. Valla de Melilla. Frontera Sur. 3. Imagen de ‘La clase’, de Laurent Cante (2008). 4. Manifestación  en Madrid por la sanidad universal. F.Flores. 5. CIE de Madrid. Mónica López.

Canadá, un refugio

Ángeles Solanes

Mientras Europa da la espalda a los refugiados, obviando sus valores fundacionales e incumpliendo tratados internacionales ratificados por sus Estados miembros, como brillantemente han explicando expertos en la materia como Javier de Lucas, Sami Naïr o Steve Peers, Canadá ha puesto en marcha su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés. En el mismo se afirma que ante la acogida de los refugiados “hay muchas razones para estar orgullosos. Refleja nuestro compromiso y demuestra al mundo que compartimos la responsabilidad de ayudar a los desplazados y los perseguidos”. Esta política no es nueva en Canadá, aunque haya atravesado altibajos. Los gobiernos liberales y conservadores de la década de los setenta y los ochenta, por ejemplo, recibieron unos 60.000 refugiados indochinos que huían de los regímenes comunistas.

Como pone de relieve el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la responsabilidad que ha asumido Canadá desde 2013 hasta 2017 en relación a la admisión de personas sirias llega a las 48.089. El Gobierno canadiense muestra en su página web que desde el 4 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2016, el país norteamericano ha admitido un total de 26.859 refugiados sirios. Entre ellos, 15.244 a cargo del gobierno, 2.307 dentro del programa mixto de refugiados designados por la oficina de visados, y 9.308 patrocinados por el sector privado. ¿Cuál es la propuesta canadiense que permite alcanzar estas cuotas y que ningún Estado europeo, salvo alguna histórica excepción, es capaz de emular?

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El actual Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ya puso de manifiesto en la campaña electoral su voluntad de articular un programa para la acogida de refugiados sirios, lo cual en aquel momento no era unánimemente aceptado. Un 54% de los canadienses sondeados a finales de diciembre de 2015 apoyaban la acogida de 25.000 refugiados. Tras el triunfo electoral, a diferencia de lo que ocurre en algunos Estados Europeos, el líder el Partido Liberal no esperó para cumplir su promesa. El plan Trudeau para los refugiados sirios se concreta en cinco fases. La primera consiste en identificar a los refugiados sirios que llegarán a Canadá. Para ello el Estado canadiense colabora con ACNUR en la identificación de personas en Jordania y el Líbano, donde existen registros, y progresivamente también en Turquía. Para el estudio de las diferentes demandas, los refugiados interesados obtienen una cita en una de las dos oficinas establecidas en Amman y Beirut. Comienza así una segunda fase que comprende una entrevista individual, un examen médico completo y la comprobación de determinados datos biográficos y biométricos que son verificados en las bases de datos de inmigración para la protección de la seguridad. Aquellos que superan estas dos primera fases son trasladados, en aviones privados con el apoyo de aviones militares si es necesario, a Montréal y Toronto. Antes de la partida, la Agencia Canadiense de Fronteras (ASF) verifica los datos de cada refugiado. Esta misma Agencia, en la cuarta fase, es la encargada de acogerlos a su llegada a Canadá para tramitar la entrada. Tras este último control en el que de nuevo se verifica la identidad y el estado de salud, comienza la quinta y última fase de instalación e integración en la comunidad que permite que el refugiado tenga la residencia permanente.

La propia forma gráfica que sintetiza este proceso en la página web del gobierno canadiense es significativa de la visión positiva que se pretende ofrecer del mismo:

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Uno de los aspectos más llamativos de este programa es que invita a participar en él a la ciudadanía canadiense a través de la posibilidad de patrocinio privado o apadrinamiento de un refugiado, con un plan y una guía para hacerlo efectivo. Así tanto grupos de cinco o más personas cuanto organizaciones pueden implicarse en esta iniciativa como sponsor.

Este programa, que supera toda ridícula previsión realizada por los Estados Europeos, tiene, con todo, algunas matizaciones. Se trata de un programa cuyo objetivo principal, en este momento, es la población siria, y entre ésta la que forma parte de las preferencias establecidas por el gobierno canadiense. En ese sentido, en la primera fase del programa literalmente se afirma “con el fin de minimizar los riesgos de seguridad y para proporcionar a los refugiados vulnerables un nuevo lugar para vivir, Canadá pidió a ACNUR establecer una lista de prioridades de los refugiados vulnerables que representen un bajo riesgo para la seguridad, incluyendo a las mujeres en situación de riesgo y a familias completas. Esta forma de proceder es conforme a la que ha seguido Canadá en el reasentamiento de los refugiados”. En su política tradicionalmente colectivos como el LGBTI también han sido considerados como grupos vulnerables.

Junto a la postura oficial de apertura, un sentir social difícil de cuantificar aparece también en el ámbito canadiense: el miedo al otro. Así el alcalde de Québec verbalizaba el temor latente entre la población por la llegada de refugiados, ahondando en el sentir de un parte de la población que llegó a recoger firmas para detener el proceso. Una posición semejante, en cuanto a la ralentización o suspensión de la acogida fue mantenida por el alcalde de Toronto y el primer ministro de la Saskatchewan, Brad Wall. Canadá tampoco ha contado con el apoyo de Estados Unidos en la articulación de este plan. A las críticas de una parte de la ciudadanía se ha unido el desasosiego del país vecino. El presidente de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre la Seguridad Interior, Ron Johnson, puso de manifiesto la inquietud por la llegada de “un gran número de refugiados” amparados por el programa canadiense, apelado a una cuestión siempre presente como es la de la seguridad en la frontera.

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Un segundo aspecto debe tomarse en consideración para entender que el acceso al estatuto de refugiado en Canadá no es lineal. Es decir, junto a quienes no forman parte de los grupos vulnerables de refugiados sirios hay otros solicitantes cuyas demandas se demoran y/o se conceden en menor medida. Se trata de una opción que tiene que ver con la necesidad imperante de organizar la llegada. Más allá del programa específico para los sirios, sigue existiendo el que podría denominarse régimen general de asilo (aunque éste por su propia naturaleza vinculada a la persecución no pueda ser calificado como tal) que es el que se aplica al resto de refugiados. El sistema canadiense de protección de asilo distingue entre los programas de reasentamiento de refugiados y personas que requieren protección humanitaria para aquellos que se encuentran en el extranjero, y el programa para las personas que presentan una demanda de asilo cuando ya se están en Canadá. Se mantiene la división tripartida entre los refugiados a cargo del gobierno, en el programa mixto y los que cuentan con el patrocinio del sector privado. Entre quienes se han sumado a las críticas al plan para la acogida de los refugiados sirios, también se ha puesto en evidencia el descenso de otros colectivos, como puede verse en la evolución desde 2005 atendiendo a los diferentes países de procedencia de los demandantes.

Canadá no es, con todo, un paraíso para los refugiados. Siguen pendientes cuestiones de gran calado, dentro del estrategia global articulada por ACNUR para el período 2014-2019, como el acabar o minimizar las detenciones de los solicitantes de asilo y refugiados. Sin embargo, no puede negarse que, aún con desavenencias internas y reservas externas, ha sabido priorizar lo que el derecho de asilo supone en cuanto protección internacional frente a la persecución y la ayuda de carácter humanitario. Canadá ha sido históricamente y es de los pocos Estados capaces de llevar a la práctica el lema que exhibe en la página oficial de su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés: “acoger a los refugiados en nuestros corazones y en nuestras comunidades”, continuando así una tradición de la que, sin duda, podrían aprender los líderes europeos.

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Fotos. 1, 2 y 4: De la página web del gobierno canadiense dedicada a los refugiados. 3. El Primer Ministro Justin Trudeau recibe el primer vuelo de refugiados sirios que llega a Canadá (Nathan Denette/Canadian Press).

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo