Ada Colau y la tragedia de Antígona

Manuel Peris

La opinión publicada ha sido bastante unánime a la hora de condenar la afirmación de Ada Colau asegurando que “si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”. Ha sido una reprobación casi unánime y sin matices, como si el tema no tuviera vuelta de hoja. Y sin embargo, la tiene. Al menos desde que Sófocles escribiera Antígona y escenificara el enfrentamiento entre la conciencia individual y el Estado. Un enfrentamiento que tal como fue planteado en esta tragedia, ha sido un leitmotiv en la filosofía, la teoría política, la teoría jurídica, la ética y la poesía de Occidente. Sigue leyendo

Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

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¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

2. Art Pin XIX Nonell Dos pobres durmiendo Gabinete Dibujos y Grabados del MNAC Barc 1897

Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

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Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

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Frente a la Ley Mordaza, el derecho a la protesta

Ana Valero

En los últimos días se han dicho muchas cosas sobre la llamada “Ley Mordaza” que acaba de ser aprobada por el Congreso con el rechazo de todos los grupos parlamentarios de la oposición a excepción de UPN. A pesar de las importantes modificaciones que ha experimentado el proyecto de ley ante las aplastantes recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial que alertaban al Gobierno de la inconstitucionalidad de muchos de sus preceptos, es evidente que la filosofía del texto persiste. Filosofía que no es otra que la de evitar, a golpe de ley, el ejercicio de lo que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella ha calificado como el primer derecho: el “derecho a la protesta”.

Cuando hablamos del derecho a la protesta nos estamos refiriendo a una concreción de la libertad de expresión que, ejercida en el ámbito de la esfera pública, se plasma en la manifestación de la queja o de la crítica política por parte de la sociedad, y, por lo tanto, de uno de los elementos definitorios del sistema democrático. Y ello porque, a través de su puesta en práctica, se dinamiza la acción colectiva y se llevan al espacio público los requerimientos de la ciudadanía, especialmente los de aquellos sectores sociales que, sin este mecanismo, no podrían ser atendidos y representados en los canales de diálogo institucionales.

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Es cierto que la protesta social representa el último de los instrumentos a través de los que canalizar las demandas o los descontentos sociales, y que su activación evidencia el fracaso de los demás canales que el sistema institucional debería haber ofrecido para satisfacerlos. Es cierto que la protesta evidencia el “mal hacer” de quienes ostentan el poder político, pero también lo es que su escenificación representa una oportunidad más para que el Estado, aunque de manera tardía, conozca la problemática denunciada antes de que de lugar a una mayor conflictividad y, enmiende, en su caso, los errores cometidos.

Sin embargo, lejos de reconocer el valor central que la protesta social ocupa en el sistema democrático, en el poder público persiste un claro interés por reprimirla y criminalizarla. Y en el caso de España ha bastado una sola sesión parlamentaria para que la mayoría que apoya al Gobierno aprobase dos proyectos de ley gubernativos que lo ponen de manifiesto: la reforma del Código Penal y la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”.

No han pasado ni dos días desde su aprobación en el Congreso y los relatores de Naciones Unidas ya han hecho un llamamiento urgente al Gobierno de España para que recapacite sobre ambas normas por contener preocupantes aspectos contrarios al derecho internacional que cercenan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social.

Sin ánimo de realizar aquí un análisis exhaustivo de los distintos preceptos de las normas citadas que pueden contradecir la Constitución y la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, pues son numerosos los estudios que se han publicado en este sentido en los últimos días y a ellos me remito, me limitaré a señalar qué aspectos de la llamada “Ley Mordaza” suman a España a lo que parece ser una tendencia generalizada entre los Estados por reprimir la protesta social a través de instrumentos tales como: el aumento del poder punitivo del Estado en materia de seguridad y orden público; la utilización abusiva de la fuerza policial; la introducción de tipos penales específicos para inhibirla; y el impulso de leyes ad hoc que atentan contra el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación, de reunión y manifestación (aquí puede verse una sesión muy interesante al respecto en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

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Así, un breve repaso a las conductas que la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sanciona, evidencian dicho espíritu:

Desde que en el año 1939 el Tribunal Supremo norteamericano acuñara la llamada doctrina del “foro público” en Hague vs. CIO, en virtud de la cual existe un derecho constitucional a la utilización de las calles y parques para la discusión de cuestiones públicas, es indiscutible que éste es el espacio natural para el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación y, por ende, de la protesta social. Por ello, el legislador español no puede apelar, como lo hace el artículo 1 de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, a la “tranquilidad pública”, que ni siquiera es un bien constitucionalmente protegido con el que ponderar los citados derechos fundamentales, para limitar su ejercicio.

Es más, ni siquiera cuando el bien jurídico apelado sea el de la “seguridad pública” cabe priorizarlo sin más sobre los derechos que se activan cuando se ejerce la protesta social. Pues existe una sólida jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos según la cual los límites que el poder público imponga al ejercicio del derecho de libre reunión y manifestación siempre han de ser diseñados del modo más restringido posible, deben dejar abiertos medios alternativos razonables de expresión y deben ser aplicados de manera no discriminatoria.

Partiendo de ello, es claro que cuando la nueva Ley sanciona como falta “el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos”, se está restringiendo el ejercicio de los derechos de manera “desproporcionada” y, por tanto, vulneradora de la libre expresión ciudadana.

Es evidente que la nueva “Ley Mordaza” antepone la “seguridad” al libre ejercicio de los derechos, otorgando, a su vez, amplias y discrecionales facultades a las autoridades policiales para velar por la primera, como objetivo único y prioritario de sus funciones, a costa de la limitación o restricción de los segundos. Esto contradice frontalmente el orden constitucional vigente en el que los derechos fundamentales ocupan un lugar privilegiado y preeminente frente al resto de bienes constitucionalmente protegidos, debiendo la limitación de aquellos estar justificada, ser razonable y proporcionada.

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En segundo lugar, la nueva ley sanciona “la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracción penal”. La vaguedad de la norma puede, como han puesto de manifiesto otros expertos, conducir al poder público “a considerar una alteración de la seguridad ciudadana la mera falta de comunicación previa”, algo que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, no está justificado.

Si con la aprobación de la presente ley lo que se pretende es, entre otras cosas, dar cobertura legal a algunos casos que por la vía de los hechos ya se han producido en España en el último año, como por ejemplo, la disolución de manifestaciones porque no se habían cumplido con determinados requisitos burocráticos, como la necesidad de contar con un permiso previo o la imposición de limitaciones derivadas de lugares, recorridos y horarios, debe tener en cuenta el Gobierno español que con ello no sólo se estarían vulnerando las garantías constitucionales del derecho de manifestación sino ignorando, también, los estándares internacionales sobre la materia.

Por último, al sancionar administrativamente conductas que antes estaban tipificadas como faltas en el Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana las “desjudicializa” y otorga al poder gubernativo facultades descomunales de inspección, retención, investigación, represión y sanción fundadas, además, en meras sospechas. De este modo, se instaura un “derecho administrativo preventivo sancionador”, con multas desproporcionadas, que despoja al infractor de las garantías judiciales que antes le asistían, y que está dirigido a desmovilizar y a desactivar la protesta social, fragilizando con ello el ejercicio de los derechos fundamentales.

No nos extraña que Gobiernos como el actual se sientan amenazados por el derecho a la protesta y quieran reprimirlo a golpe de ley, pues viven anclados en una idea reduccionista de la democracia, aquella según la cual, la constitucional soberanía del pueblo tiene suficiente plasmación en las elecciones que se celebran cada cuatro años, que les otorgan, a su parecer, legitimidad suficiente para hacer y deshacer a su antojo lo comprometido en el programa electoral con el que concurrieron, por no hablar del uso abusivo y arbitrario de todos los instrumentos que tienen a su alcance, incluido el Derecho, para satisfacer intereses que en nada se identifican con el interés general.

Roberto Gargarella señala, haciendo referencia a modelos de democracia representativa de corte presidencialista como el estadounidense o el argentino, pero que, desde mi punto de vista, son perfectamente exportables a sistemas parlamentarios como el español, que éstos carecen de instrumentos que permitan la deliberación entre la sociedad y sus representantes en orden a consensuar los asuntos públicos de interés general. Y ello porque la presencia de legisladores subordinados a sus partidos y no a sus electores, la ausencia de mecanismos destinados a mejorar la representatividad y la responsabilidad de los mandatarios electos, y la inexistencia de mecanismos de control por parte de los electores hacia sus representantes, lo impide. Y es precisamente por eso por lo que el derecho a la protesta cobra especial importancia.

El sistema institucional actual ofrece pocos cauces para hacer oír la voz de la ciudadanía, y los que existen son menospreciados por nuestros representantes.

Mientras no se activen nuevos y mayores instrumentos de democracia deliberativa, seguiremos protestando.

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Otra vez sobre la reforma penal

Joan Carles Carbonell

La reforma del Código Penal que se debate en las Cortes Generales va a suponer, como ya señalamos al conocer el Anteproyecto, un retroceso histórico en materia de respeto a los principios limitadores del poder punitivo del Estado. No puede extrañar que la inmensa mayoría de Catedráticos de Derecho penal nos hayamos manifestado absolutamente en contra del Proyecto. Y que lo hayamos hecho con contundencia y conscientes de nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con la libertad como valor superior y fundamento esencial del mismo.

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Podrá decirse, y el Gobierno insiste en ello, que algunas de las instituciones que se van a introducir ya existen en otros países de nuestro entorno. Y es que el caso español no está aislado; forma parte de una dirección político-criminal global y muy regresiva. La relativización de los principios liberales –en el sentido más digno de ese término-, el auge del Derecho penal del enemigo, la exacerbación de la peor manera de entender la seguridad y el correspondiente dominio de la peligrosidad como fundamento casi exclusivo y sobre todo ilimitado de la intervención punitiva son las notas características de una irrefrenable tendencia a la vuelta atrás hacia los momentos más oscuros del Derecho penal desde el período anterior a la Ilustración. Cada día es más evidente que corremos el riesgo de perder referencias fundamentales que creíamos logros inamovibles. El principio de culpabilidad como expresión rotunda de la dignidad de la persona, que nunca puede ser privada de sus derechos y de su estatuto cívico si no es en virtud de que lo merezca tras incumplir los deberes que también como ciudadano le corresponden, y justamente en esa medida, va a verse especialmente afectado. Sigue leyendo

No se puede poner un fotógrafo detrás de cada desahuciada

Fernando Flores

‘El Rayo Vallecano y el Ministerio de Economía se movilizan ante un dramático desahucio en Vallecas’, titula Expansión. Al parecer hay desahucios dramáticos y otros que resultan una fiesta.

Estamos en España, en la semana en que un joven delincuente que sobrepasa holgadamente la edad penal rompe audiencias por ser joven. La semana en que se ha reunido más gente en el funeral de una aristócrata que en una convocatoria en defensa de la sanidad pública (Maraña). La semana en que un caso más de abusos sexuales por sacerdotes silenciado por la jerarquía eclesiástica no escandaliza como síntoma de un delito monumental, colectivo y continuado que se ha venido cometiendo durante años en el seno de la Iglesia. Probablemente todo cuadra, y el hecho de que la atrocidad del desahucio fotografiado de una anciana finalmente habilite una campaña auto-publicitaria de club de fútbol (sí, es una campaña; si no, que lo hagan en silencio o que impugnen el sistema, como los Bukaneros) forma parte natural del medioambiente. Sigue leyendo

Los derechos de las personas mayores: visibilidad y singularidad

Fernando Flores

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de las Personas Mayores, bajo el lema «no dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos». A esta conmemoración se ha sumado HelpAge International, publicando la segunda versión del excelente Índice Global sobre el Estado de Bienestar de las Personas Mayores.

Este Índice es un Informe que califica a 96 países según el bienestar económico y social de las personas mayores que viven en ellos, y mide su bienestar –el grado de eficacia de sus derechos– a partir de las áreas de “seguridad en los ingresos”, “salud”, “competencias” (empleo y educación) y “entornos favorables”. Sin embargo, en este post no voy a comentar el contenido del Informe, que tiene un muy buen análisis en el artículo “¿Dónde vivir de mayor?”, de Isabel Martínez (Presidenta de la Fundación HelpAge International España y de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores), y que fue objeto del estupendo reportaje de Daniel Ríos en infoLibre, “España se estanca en la clasificación de la calidad de vida de los mayores”. En este post voy a plantear una reflexión sobre un par de cosas que deduzco después de su lectura. Sigue leyendo

#SinJusticia

Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.
En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

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Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

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Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.

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Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Los derechos en España también son derechos humanos

Patricia Goicoechea y Lydia Vicente

La situación de los derechos humanos en España en 2013 ha llamado la atención de varias organizaciones internacionales de las que nuestro país es miembro. El Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia visitó España en enero. En junio fue el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y, unos días después, llegaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que aprovechó la celebración en Madrid del Congreso Mundial contra la pena de muerte para informarse de primera mano de la situación en España. A finales de septiembre, vinieron en misión oficial el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y una delegación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

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El objetivo de estas visitas era comprobar el grado de protección de los derechos humanos en España y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Es necesario recordar que nuestro país forma parte de la Comunidad Internacional, es miembro de la ONU, Estado parte del Consejo de Europa y uno de los fundadores de la OSCE, lo cual implica el deber de cumplir con las obligaciones y compromisos que le corresponden. Es cierto que España ha ratificado la mayor parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Pero este es sólo el primer paso y, quizás, el más fácil de asumir. Ser miembro del sistema internacional de protección de los derechos humanos implica, sobre todo, adecuar las normas y prácticas internas a esos convenios o tratados internacionales para garantizar que las personas puedan beneficiarse de los derechos reconocidos. También significa informar de forma honesta y veraz a los órganos constituidos por comités de expertos, encargados de supervisar la aplicación del tratado en cuestión, sobre los progresos y dificultades a la hora de aplicarlos. Tales comités, así como otros procedimientos especiales del sistema –como Relatores y Grupos de Trabajo– emiten recomendaciones para ayudar y guiar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó Madrid y Sevilla a fin de evaluar el impacto que la crisis y las medidas de austeridad están teniendo sobre los derechos de los ciudadanos. En su Informe, publicado el día 9 de octubre, se incluyen varias conclusiones y recomendaciones a las autoridades. Merece destacarse que en este informe se reitera una protección insuficiente de los derechos humanos en nuestro país, en particular respecto del derecho a la libertad de reunión y de la impunidad de los funcionarios de policía que cometen malos tratos o torturas. A este respecto, señala el Comisario que

“los malos tratos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España”.

Subraya el informe que

“en una serie de casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la tortura de Naciones Unidas se ha concluido que España ha incumplido las normas de derechos humanos que prohíben la tortura”.

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Precisamente, en mayo de este mismo año, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo públicos dos informes sobre visitas realizadas a España en 2011 y 2012. El Comité ponía de relieve las mismas trabas encontradas en años anteriores para acceder a algunos centros y, en particular, expresaba preocupación por lo poco o nada que se había hechoen relación con ciertas recomendaciones clave hechas en informes previos”.

Ante la preocupación sobre la posible existencia de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE solicitó permiso a las autoridades españolas para enviar una misión de observadores internacionales, con ocasión de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 28 de septiembre. Estas misiones de observación tienen por finalidad comprobar cómo se protege el derecho a la libertad de reunión en los países miembros de la OSCE, identificar posibles restricciones al ejercicio de este derecho y, en su caso, emitir recomendaciones a los estados. Cuando los seis miembros de la delegación se encontraban ya en Madrid, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara la manifestación y tras haber obtenido previamente permiso de las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunicó que el Gobierno había cambiado de opinión y ya no deseaba que realizasen sus labores de observación. El Director de ODIHR emitió un contundente comunicado expresando su decepción y sorpresa por esta decisión de último minuto. En efecto, es decepcionante y muy preocupante. El compromiso estatal con la defensa de los derechos humanos supone proteger el ejercicio de los mismos, pero también aceptar que las organizaciones a las que el estado pertenece puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, informar sobre ello y, en su caso, realizar las observaciones que consideren apropiadas.

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Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha examinado las principales iniciativas y políticas respecto de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y, en concreto, las cuestiones relativas a la justicia, verdad y reparación. Tras su visita, el Grupo puso de relieve que si bien ha habido avances, éstos han sido gracias principalmente a iniciativas de familiares de las víctimas o de la sociedad civil, y que el “Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”. El Grupo ha resaltado que “es lamentable la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada” por lo que también instó a “priva[r] de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.” Igual de contundente ha sido el Comité contra la Desaparición Forzada tras examinar en noviembre el informe de España, al

“exhorta[r] a[l Estado español a] que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.

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Inquietantes son también las conclusiones a las que ha llegado el Relator de Naciones Unidas sobre Racismo tras su visita a España. Tras poner de manifiesto que la crisis económica ha causado el retroceso de los avances en relación con los derechos humanos de los migrantes, señala que “la legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad lamentable”. Es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la que supone, para el Relator, el mayor reto en materia de derechos humanos, dada la ausencia de criterios objetivos respecto de las condiciones de quienes están allí internados, de asistencia sanitaria o de la asistencia letrada. Asimismo, por lo que respecta a las denuncias por malos tratos sufridos por internos, el Relator recomienda que se instaure un sistema de acceso periódico a estos centros por parte de actores independientes, como las ONG de derechos humanos.

La responsabilidad fundamental en la protección de los derechos humanos la tienen las instituciones y poderes del Estado, pues los tratados internacionales contienen obligaciones que son jurídicamente vinculantes para ellos. Este es el punto de partida y el de llegada. Los estados son los que pueden y deben crear los mecanismos y llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con dichas obligaciones. Y, en el cumplimiento de este objetivo, es de gran importancia la asistencia de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales. En el recordatorio al gobierno sobre la indisponibilidad de los derechos fundamentales tiene un papel importantísimo no sólo tales recomendaciones sino las aportaciones de la sociedad civil. Así nos lo dijo la Alta Comisionada de la ONU este verano, quien aseguró priorizar el trabajo con las ONG para que éstas recuperen los espacios que les han sido recortados en la esfera política.

Burorrepresión

Fernando Flores

Ayer se presentó en Traficantes de Sueños el libro “Burorrepresión: sanción administrativa y control social”, una publicación de análisis y resistencia contra la utilización política de la sanción administrativa como herramienta represora del Estado dirigida a los movimientos sociales y la protesta ciudadana. Se relatan a continuación algunas ideas que los autores explicaron a los asistentes.

El fenomenal acoso y evidente derribo que el Estado Social de Derecho está sufriendo por parte de las agresivas políticas neoliberales ha producido una reacción de protesta ciudadana -colectiva, solidaria, creciente-, que los gobiernos (bien aliados, bien secuestrados por el capital) han tratado de atajar desde un principio. Sobre todo tras el 15-M de 2011.

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Sin embargo, al advertir el precio que pagan en pérdida de imagen al reprimir esa protesta con violencia policial, el poder ha cambiado el enfoque de la respuesta, arrastrando ésta hacia la sombra que impide el escrutinio público de la actividad del Estado. Nace entonces la palabra “burorrepresión”, que comprendería tanto el uso de sanciones por parte de la Administración para reprimir la protesta social (aspecto “duro”, del que ya dio cuenta Patricia Goicoechea en Reprimir al fuego lento), como el conjunto de trabas burocráticas que implican la denegación de derechos básicos a las personas más vulnerables (aspecto “blando”). El aspecto duro comprendería, por ejemplo, las identificaciones masivas e indiscriminadas seguidas de sanciones económicas. Mientras que la mejor representación del blando sería la híper-regulación de extranjería y el desigual e impredecible trato que los inmigrantes reciben en las oficinas de la Administración. Dependiendo del objetivo a reprimir o marginar, el Gobierno utilizará la violencia directa, las sanciones administrativas o las infinitas trabas normativas.

La característica básica de la burorrepresión es la “extracción” del ciudadano del colectivo solidario a través de su individualización, la privatización del castigo. Con él se invisibiliza la represión y se impide la reacción mediática, tan temida (tan querida) por el poder. El manifestante recibe “su multa” semanas después, en el buzón de su casa, solo, alejado en ese momento de la solidaridad colectiva que caracteriza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

Resulta llamativa la manipulación y retorsión de ordenanzas varias dirigidas en principio a mejorar la convivencia ciudadana (sobre ruido, basura, etc) que son interpretadas con absoluta arbitrariedad por los agentes de la autoridad para sancionar al ciudadano activo políticamente. El uso de un megáfono, la instalación de pequeñas mesas en la calle, la pegada de carteles… son acciones que, consideradas contrarias a los buenos comportamientos ciudadanos, deben ser reprimidas. Así, de forma simbólica, se convierte en “basura urbana” todo el material de protesta y se denigran los movimientos sociales que usan la calle y los derechos constitucionales de expresión para protestar contra el saqueo político y económico que el país está sufriendo.

En último término, con este modelo de represión el poder no sólo pretende obligar a los ciudadanos a ejercer un “autocontrol” en el ejercicio de sus derechos, sino también que los movimientos sociales negocien su presencia en la calle, el “cómo se debe estar en la calle”. De este modo, limitando su espontaneidad, domesticándolos, conseguirán desactivarlos aparentando respetarlos. Conseguirán una protesta institucionalizada agradable a las bases del sistema. El ideal máximo de esta idea (que no es reciente en Madrid) es crear un “manifiestódromo” con wi-fi.

Estamos asistiendo a la deriva del Estado Social en Estado Penal. Se vacía la atención a los más vulnerables y el espacio resultante se completa con contenido policial. Se penaliza la solidaridad y se aleja a los jueces del control administrativo, principal elemento de un Estado de Derecho. Y es que un Estado en manos de lo privado (esa es la deriva original) no piensa políticas sociales sino en riqueza, no entiende de reinserción sino de castigo, no habla de ciudadanos sino de enemigos.

Frente a la deriva autoritaria del Estado los movimientos sociales plantean respuestas variadas: respuestas jurídicas a cada “no” (a través de recursos administrativos y contenciosos), cajas de resistencia, desobediencia civil… y, a no olvidarlo, solidaridad social, implicación ciudadana, responsabilidad y compromiso.

La publicación de Burorrepresión es un muy buen trabajo que, con los pies en la realidad, nos informa de lo que tratan de escondernos, nos indica lo que no debemos tolerar y, así, nos prepara para una resistencia y una acción política informada.