Reprimir a fuego lento

Patricia Goicoechea

Hace dos años se publicó la novela Oxford 7 de Pablo Tusset. Está ambientada en el año 2089 y en ella se narra –entre coches voladores, chips subepidérmicos y estaciones espaciales– la intentona revolucionaria de una serie de estudiantes universitarios. Las revueltas estudiantiles son habituales y, para reprimirlas, los policías antidisturbios que les apuntan con sus bocachas disparan ¡multas! Conforme la presión va aumentando, se incrementa la cuantía de esas multas. Estos disparos obligan a muchos estudiantes a abandonar las protestas, puesto que afrontar el pago de las multas les impide abonar los gastos de sus matrículas.

Uno de los personajes de más edad cuenta cómo se desarrollaron las revueltas en Europa tras el crack de 2013 (la novela fue publicada en abril de 2011). “Aquello era la Europa de antes de la Unión Occidental, no lo olvidéis”, les dice para explicar cómo actuaba entonces la policía, cómo eran las porras con las que golpeaban a los manifestantes y cuáles las consecuencias de esos golpes. “No habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”, concluye. El contexto represivo que se describe en la novela parece, efectivamente, mucho más civilizado. Los policías enviados a reprimir las revueltas estudiantiles no agreden físicamente a los estudiantes, tampoco los detienen, no los llevan ante un tribunal acusados de delito alguno. Simplemente, los multan.

Oxford 7 es una novela de ciencia ficción ambientada en un futuro lejano. ¿Seguro?

Desde mayo de 2011 se han impuesto, sólo en Madrid, más de 787 multas administrativas a personas que participaban en manifestaciones o concentraciones. Esto supone una recaudación de 309.763 Euros. Más de la mitad de estas sanciones (concretamente 496, lo que equivale a 142.730 Euros), se han impuesto por infracción de desobediencia (artículo 26.h) de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana), argumentándose en esos expedientes sancionadores que el individuo en cuestión se encontraba participando en una concentración no comunicada a la autoridad competente y que habría desobedecido una orden de los agentes actuantes. Lo curioso es que tal orden supuestamente desobedecida rara vez se especifica en los expedientes sancionadores, de los que sin embargo sí puede deducirse que la supuesta orden sería la de abandonar el lugar, la concentración, al ser ésta una concentración no comunicada previamente.

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Desobedecer la orden de disolver una manifestación puede constituir una infracción administrativa grave, prevista en el artículo 23.d) de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Ahora bien, esa infracción del artículo 23.d) supone que la orden que se haya desobedecido tenga su razón de ser en una serie de motivos muy concretos, previstos en la Ley reguladora del Derecho de Reunión (Ley 9/1983). Conforme al artículo 5 de esta norma, las concentraciones o manifestaciones en lugares de tránsito público sólo pueden ser disueltas por tres únicos motivos: (i) cuando la manifestación en cuestión sea ilegal en el sentido del artículo 513 del Código Penal (es decir, las que tienen por finalidad la comisión de algún delito o aquellas en las que los participantes llevan armas, explosivos u objetos peligrosos), (ii) cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, (iii) cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los participantes.

Entre estos motivos, claramente, no se incluye la ausencia de comunicación previa de la concentración a las autoridades. Ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico autoriza a los agentes de la autoridad a ordenar la disolución de una concentración por el hecho de que no se haya cumplido con un requisito formal. Ninguna norma prohíbe tampoco participar en una concentración que no haya sido previamente comunicada. Por la tanto, la orden dada a los manifestantes de disolver una concentración por el mero hecho de que ésta no haya sido previamente comunicada es una orden que en sí misma carece de base legal. No cabe, en fin, infracción de desobediencia cuando la orden emitida no es legal. Y, cuando no hay infracción, no puede haber sanción.

Disolver una concentración supone impedir el ejercicio efectivo del derecho de reunión y es precisamente por ello por lo que sólo puede emitirse la orden de disolución basándose en los motivos expresamente previstos en las normas. De igual modo, toda sanción que tenga su razón de ser en el ejercicio del derecho de reunión debe estar especialmente motivada por la autoridad que la impone y únicamente podrán sancionarse aquellos comportamientos que las normas califican como infracción. Fuera de estos casos, las sanciones serían una limitación injustificada y desproporcionada del ejercicio de un derecho fundamental. En palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “la esencia misma del derecho a la libertad de reunión se vería afectada si el Estado (…) impusiera sanciones a los participantes [en una manifestación] por el mero hecho de participar en ella, sin que hubieran cometido ningún acto reprochable” (Sentencia en el asunto Galstyan c. Armenia, de 15 de noviembre de 2007, párr. 117).

Con rotundidad lo ha expresado recientemente el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid, en su sentencia de 30 de julio de este año, que anuló la sanción, por supuesta infracción de desobediencia, impuesta a una manifestante por la Delegación de Gobierno de Madrid. La sentencia concluye que la imposición de tal sanción constituye una vulneración del derecho fundamental de reunión y manifestación reconocido y protegido por nuestra Constitución. Así, en el Fundamento de Derecho Cuarto se afirma textualmente que “se ha producido una vulneración del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución dado que mediante las actuaciones sancionadoras se enerva la posibilidad de poder reunirse de manera pacífica y en señal de protesta, pues la orden dada de disolución no tenía una justificación amparada legalmente que la hiciera procedente.”

La limitación de derechos puede tomar formas muy diversas. La más extrema es la prohibición del ejercicio. Pero no es la única mediante la cual puede alcanzarse el mismo fin; es decir, impedir el ejercicio del derecho en cuestión. Entre las formas más habituales de restricción del ejercicio del derecho de reunión se incluyen aquellas condiciones que imponen las autoridades a los organizadores de una manifestación, impidiéndoles celebrarla en el lugar que éstos han elegido y obligándoles a desplazarse a espacios más alejados; o bien la prohibición de determinadas consignas. Medidas que también contribuyen a limitar el ejercicio del derecho de reunión son las intervenciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de disolver las concentraciones y que pueden concluir con cargas policiales y detenciones. Lo que todas estas formas de obstrucción del ejercicio del derecho tienen en común es su visibilidad y la conciencia colectiva de que a través de ellas se está llevando a cabo una forma de represión.

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Ahora bien, hay una forma de obstaculizar e incluso impedir el ejercicio de los derechos más discreta, más suave en apariencia, pero igual de dañina, y es el recurso a las sanciones administrativas. Represión de baja intensidad, o buro-represión, es aquella que ejercen las autoridades, a través de la imposición de sanciones (generalmente, la imposición de multas), sobre quienes llevan a cabo actividades que aquéllas no consideran deseables, aún cuando tales actividades sean legales.

Van a disparar multas indiscriminadas de 10 eurodólares”, le dice BB al Profesor Palaiopoulos en Oxford 7. “¿Contra qué infracción? No pueden disparar multas si no hay infracción previa.” (…) “Ordenanza de Emisión de Residuos Gaseosos: la concentración no autorizada produce más vapor de agua por vía respiratoria del permitido en esa área”.

Este tipo de represión se caracteriza porque la aplicación de la norma sancionadora no se realiza para cumplir con el fin protector que tal norma tiene (en ese caso ficticio, la protección del medioambiente), sino que se utiliza la base legal para entorpecer o evitar el ejercicio de un derecho (el derecho de reunión, la libertad de expresión y, por tanto, el derecho a participar en asuntos públicos).

A esta conclusión llegó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Madrid en la sentencia que mencionamos más arriba, y por ello señala que “las actuaciones del expediente administrativo tienden no a salvaguardar la seguridad ciudadana que nunca se puso en peligro sino a evitar o limitar el ejercicio pacífico de un derecho fundamental, de reunión, que no precisa de más elementos para su desarrollo. Es cierto que participan en una reunión o concentración no comunicada, pero cuando se desarrolla sin previa comunicación pero siguiendo pautas y derroteros pacíficos y civilizados ha de existir una motivación específica en la orden o resolución administrativa que ordena la disolución o desconcentración de los reunidos al suponer una restricción de un derecho fundamental por razón únicamente del incumplimiento de un requisito administrativo cuál es la comunicación previa. Se ha de atender en todo caso al principio de favor libertatis de tal manera que sólo se ha de limitar el ejercicio del derecho cuando haya elementos, firmes e indiscutibles, de los que pueda deducirse la clara existencia de un peligro concreto y no meras sospechas o posibilidades de que pueda haber alteraciones del orden público”.

La imposición de sanciones económicas tiene una intención y un efecto represivo directo, en la medida en que sanciona a quien ha tratado de ejercer un derecho. Pero tiene también una intención y un efecto disuasorio, indirectos, en tanto que la imposición de la sanción constituye un mensaje a quienes pretendan ejercer tal derecho en un futuro. Con la experiencia de estos dos últimos años de movilizaciones sociales, es sabido que participar en una manifestación puede llegar a costarle a uno entre 300 y 30.050,61 Euros, y ello sin necesidad de haber incurrido en ningún comportamiento sancionable, sino por la mera participación en la concentración. En definitiva, uno puede encontrarse con una multa por haber hecho aquello que la Constitución le permite: ejercer legítimamente sus derechos fundamentales de reunión y participación en asuntos públicos.

En respuesta a la inquietud social, a la voluntad de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante el legítimo ejercicio de su derecho fundamental de reunión (que no es sino una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión), las autoridades han optado por una táctica de desgaste. Reprimir la protesta social a fuego lento, atacando el flanco más débil es este momento, que es el la capacidad (o incapacidad) económica de los individuos.

En la novela Oxford 7 el personaje Rick Blaine afirma que en el año 2013 las autoridades aún “no habían descubierto las posibilidades de la fiscalidad punitiva en toda su potencia, pero aprendían rápido”. Y vaya si aprenden rápido.

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Para saber más:

* Líneas Directrices de OSCE sobre Libertad de reunión (2ª edición)
- en inglés: http://www.osce.org/odihr/73405

* Observación General núm. 34 al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm

* Informe del Relator especial de Naciones Unidas para el Derecho 
de reunión, mayo de 2012 (en inglés):
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf

 

 

La legitimidad en la lucha por los derechos (a propósito de la estrategia “patrimonial” de la PAH)

Javier de Lucas

Para Alicia Desahucio, con respeto y afecto y desde la distancia respecto a la PAH

Tengo el máximo respeto por quienes han padecido o padecen una situación que me parece tan injusta, inhumana e incluso cruel como es la legislación española aún vigente sobre desahucios. Respeto al que añado el agradecimiento por el valor, el coraje cívico que han demostrado a los ciudadanos que decidieron asociarse en PAH y mantener una firme voluntad de enfrentarse a esa estafa social.

Precisamente por eso, me parece obligado sumarme a algunas voces como la del blog teniente Kaffee, en su crítica a lo que provocativamente denuncia como una estrategia de  «postureo constitucional» por parte de la PAH y la Señora Colau.

Mi crítica se acrecienta ante la campaña lanzada por la propia PAH esta semana, el lunes 12 de agosto, con el propósito de que el Defensor del Pueblo presente el recurso de inconstitucionalidad elaborado por la PlataformaQuizá deberíamos recordar que todo comienza cuando, con tanta contundencia como (a mi juicio) considerable imprecisión, los portavoces de la PAH (el para mí muy fiable letrado Sr Mayoral y la valiosa activista social Sra. Colau) anunciaron que la Plataforma había elaborado un “recurso de constitucionalidad” contra la ley que el PP impuso como reforma del  injusto marco legal de los desahucios, reforma que consideraban manifiestamente anticonstitucional. Pero cuando el PSOE anunció que se sumaba a esa iniciativa y que presentaría un recurso con la firma de 50 de sus parlamentarios, la PAH estalló ante lo que parecía considerar una usurpación de la legitimidad de la Plataforma. La respuesta del PSOE que en cierto modo plegó velas para no enfrentarse a la PAH puede verse  aquí.

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La PAH continuó su campaña manteniendo una, también a mi juicio, calculada ambigüedad sobre el hecho evidente de que no tiene capacidad jurídica para plantear un recurso de constitucionalidad y que, por tanto, debía recurrir a los partidos políticos o al Defensor del Pueblo para que así lo hiciera. Eso sí, aparentemente, con la condición de que no de debía modificar una coma de “su” recurso. El último paso, ante la evidencia de que el plazo para que el Defensor del Pueblo interpusiera recurso concluía esta semana, y que no cuentan con los 50 parlamentarios para hacerlo (pese al apoyo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC, Amaiur y Compromís-Equo, apoyo recibido y aceptado a diferencia de lo que ocurrió con el PSOE), ha consistido en proponer la mencionada campaña de seudoescrache al Defensor, con las etiquetas #bancCriminal, #DefensoraDefienda y #ElRecursoDeLaPAH y a través de la plataforma oiga.me.

A mi juicio, el verdadero punctum dolens de la estrategia de la PAH consiste en que estos últimos pasos en su  también a mi juicio legítima y justa causa de acabar con el fraude del mal parche frente al drama de los desahucios que fue la ley aprobada por la mayoría absoluta del PP, parecen poner de relieve algo que excede incluso a ese su problema, su tragedia. Porque esta línea de acción toca el núcleo mismo del debate sobre la necesidad de renovación de la legitimidad democrática. Y, a mi entender, la toma de posición de la PAH, que es legítima, claro, pero sólo respetable si sus argumentos lo fueran, podría implicar el riesgo de una considerable confusión acerca de la legitimidad social y política para luchar por los derechos, una cierta visión “patrimonial” de esa lucha (calificativo que sugirió en un debate en Facebook mi colega Pepe Calvo) en la que el copyright de quién fue primero y más ferviente defensor fuera más importante que los derechos mismos. Y, sobre todo, en la que con el agua sucia del desprestigio ganado a pulso por cierta clase política que ha hecho de la corrupción su sello, tirásemos el fundamento mismo de la legitimidad en cuestión que, para mí, es el respeto a lo acordado libre y razonadamente como marco legal: el respeto al Estado de Derecho, el respeto a lo que acordamos que debe valer como ley y a la tarea de los tribunales en ese Estado de Derecho. Quiero decir que, a mi entender, toda ley se puede modificar y aún tenemos la obligación de tratar de hacerlo. Pero sin arrogarse exclusividades o privilegios en esa tarea, en aras de supuestas superioridades morales o autenticidades políticas. Nadie puede pretender estar por encima de los demás en esa tarea, pública, de todos, que es la lucha por los derechos y por el Derecho, que es la tarea política básica de todos los ciudadanos y que da sentido al Derecho y al Estado de Derecho.

Y es que pareciera como si la tarea de garantizar la legitimidad democrática ahora hubiera cambiado de titular. No me refiero al soberano que es y no puede dejar de ser otro que el pueblo, todos los ciudadanos. Los representantes políticos son servidores de ese soberano. Hasta ahí podíamos llegar. No hablo de eso. Me refiero a una especie de pendant político, por otra parte explicable ante los excesos y  bloqueos impuestos por un perverso juego de mayoría alentado por leyes electorales y de financiación de partidos a todas luces necesitadas de profunda renovación, un juego perverso cuyo resultado más sucio es la corrupción. Proclamada por no pocos ese Delenda est la democracia representativa y sus instituciones, el garante y el instrumento de la democracia auténtica (ya estamos con los calificativos) serían los movimientos sociales, los únicos no sospechosos de manipulación de nobles causas en aras de intereses espúreos. El test de la legitimidad democrática consistiría, pues, en el papel de esos movimientos. Porque la otra cara de la moneda sería ésta: los clásicos agentes institucionales, en primer lugar los partidos políticos, pero incluso el propio Parlamento y otras instituciones constitucionales (el Defensor del Pueblo, los tribunales de justicia) estarían bajo sospecha. De forma que sólo admitiríamos que luchan por los derechos si lo hacen en apoyo o de consuno con tal o cual movimiento social. De paso, esa sospecha recae sobre la legalidad constitucional y sobre la actuación, insisto, de los tribunales de justicia que, debido a su rigidez e inadecuación a la realidad social, deberían ser orillados como procedimientos inservibles y que, más allá incluso de viejas apelaciones a un uso alternativo del Derecho, pasarían a un cuarto plano, mientras se nos propone (o se nos predica) que nos dispongamos al inminente advenimiento de una verdadera ruptura constituyente, quizá bajo la guía del sendero luminoso que nos señala el movimiento social de turno…

Lo reitero: no soy yo quien va a discutir el merecido reconocimiento con el que cuenta la PAH como movimiento social y político. Ni su aportación a la pedagogía democrática, tan abandonada por los clásicos agentes institucionales, por ejemplo, por partidos y sindicatos, pero también por buena parte de las instituciones, comenzando por la jefatura del Estado, el monarca y la casa real que le rodea. Y es que, por otra parte, ¿cómo vamos a creer o aprender de quienes con sus hechos contradicen lo que pretenden defender? Sí. La valía de la PAH, su contribución a una sociedad más decente, mejor, su reconocido trabajo ciudadano anclado genuinamente en la solidaridad y que ha denunciado eficaz y valerosamente una forma de hacer política que parece otra cara de los negocios y, sobre todo, que no deja de producir víctimas, es indiscutible. Son un activo social y político, en el sentido de la reivindicación de lo público y por eso me pareció muy merecido el premio con el que les distinguió el Parlamento europeo. Precisamente por ello, considero muy desafortunado que la PAH haya entrado aparentemente –es obvio que puedo equivocarme; ojalá sea así- en una dinámica que acaba creando otras víctimas y contribuye al descrédito de todo lo que no se pliegue a su estrategia. Con todos los respeto y matices necesarios, algo como lo que ha pasado con algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. Así me lo parece ese juego según el cual ilusionan a la opinión pública con la confusión de que van a plantear un recurso, recurso que saben que no pueden llevar a término por sí solos. El hecho de convocar la rueda de prensa de presentación del “recurso”, el 7 de agosto, a las puertas del Constitucional,  contribuye a la confusión. Porque, evidentemente, el tal “recurso” no se presentó. Necesitaban que otros lo presenten (el Defensor o 50 parlamentarios): claro que quizá es que en su estrategia no les conviene mancharse las manos con el apoyo del PSOE, aunque eso sea incoherente con el hecho de que la PAH haya estado pidiendo que la sociedad civil y sus agentes -y los partidos lo son- compartan su problema. Tampoco me parece muy coherente descalificar obsoletas formalidades legales, para a continuación acudir sin empacho a triquiñuelas jurídicas propias de leguleyos, con la coartada de fondo de que su fin es bueno y legítimo. Y en tercer lugar, me parece indigno bloquear la comunicación de cualquier ciudadano con el Defensor del pueblo, que es el resultado –¿daño colateral, quizá?- de su última medida de presión, que no puede dejar de perjudicar a los demás ciudadanos que quieren, que necesitan contactar con el Defensor…y que acaban siendo victimas de la PAH, lo que me parece el colmo de la paradoja cruel…

Disculpen si molestamos: precisiones sobre el derecho de reunión en Democracia

Por Patricia Goicoechea

Desde hace cuatro años hemos escuchado en innumerables ocasiones que una crisis es una oportunidad. Y esta que vivimos lo está siendo, entre otras cosas, para calibrar la solidez de nuestra democracia. O, mejor dicho, está dándonos a los ciudadanos la oportunidad de comprobar que muchos de quienes desempeñan funciones y cargos públicos no se sienten cómodos cuando ejercemos algunos de nuestros derechos fundamentales, inherentes a todo régimen democrático. En fin, que quizá con lo que no se sienten cómodos algunos de nuestros políticos es con el propio concepto de democracia.

Ello ha quedado especialmente patente con el ejercicio del derecho de reunión. Derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 21, y derecho humano reconocido y protegido por multitud de instrumentos internacionales de los que España es parte y que, por ello, han de ser obligatoriamente respetados por las administraciones y autoridades. Este derecho de reunión al que se refieren la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es el derecho a reunirse, en privado, para una celebración familiar. Este derecho a la libertad de reunión que protegen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales no es el derecho a juntarse en un lugar apartado, lejos de la vista de terceros, y en silencio. El derecho humano a la libertad de reunión, el derecho fundamental de reunión, incluye evidentemente la posibilidad de que los ciudadanos nos manifestemos, nos concentremos, nos unamos para reivindicar, protestar, quejarnos o apoyar aquello que consideremos oportuno, siempre que lo consideremos necesario y allí donde nos parezca apropiado. En definitiva, lo que se protege es una forma de ejercer el derecho a la participación en asuntos públicos a través del derecho de reunión y manifestación. Ello tiene una contrapartida para los poderes e instituciones del Estado: su obligación de proteger el disfrute de este derecho y asegurarse de que pueda ser efectivamente ejercido.

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Sin embargo, antes, durante y después de cada una de las manifestaciones masivas a las que venimos asistiendo en estos últimos años, son habituales las declaraciones de cargos públicos en las que se pone en duda que el ejercicio de este derecho fundamental se esté ejerciendo de forma legítima, en las que se califican de ilegales aquellas concentraciones que no han cumplido con el requisito de la comunicación previa o, en fin, se apela a la necesidad de revisar nuestras leyes y modular el ejercicio de este derecho fundamental.

Tanta es la confusión, que hace unos días el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, tuvo que recordar lo obvio: que una concentración pacífica es un ejemplo de ejercicio del derecho fundamental de reunión. Esta demostración de sentido común y, sobre todo, de conocimiento jurídico por parte del señor Moliner dio lugar a que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, volviera a repetir ese argumento al que se viene aferrando desde que tomara posesión de su cargo para tratar de restringir sistemáticamente toda manifestación o concentración: que el artículo 21 de la Constitución establece que el ejercicio del derecho de reunión debe ser previamente comunicado. De este argumento, que la Delegada del Gobierno repite como un mantra, concluye ella misma que toda concentración no comunicada es ilegal y, por tanto, ha de ser restringida (mediante la imposición de sanciones administrativas a los participantes, despliegues policiales desproporcionados y cargas arbitrarias por parte de los agentes antidisturbios).

Es cierto que el artículo 21 de la Constitución prevé que se dé comunicación previa a las autoridades en el supuesto de manifestaciones en lugares de tránsito público. Ahora bien, ese requisito de notificación previa tiene como único fin asegurar que las autoridades pongan los medios necesarios para que pueda darse un ejercicio efectivo del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de notificación previa puede considerarse un motivo legítimo para la obstaculización del ejercicio del derecho, ni para la disolución de la manifestación, ni tampoco para la posterior sanción a los participantes. Así lo vienen recordando los tribunales internacionales (entre otras, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Barraco c. Francia), las organizaciones internacionales (por ejemplo, las Líneas Directrices sobre el Derecho de reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea) y más recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho de reunión en su último Informe al Consejo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales han de ser respetados por las autoridades y órganos judiciales españoles cuando interpretan los derechos fundamentales que reconoce y protege nuestra Constitución, como ésta prevé expresamente en su artículo 10.2. En definitiva, el carácter esencial del derecho de reunión, inherente a toda democracia y forma de ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, exige que su ejercicio sea protegido siempre, aún cuando no se haya cumplido con el requisito de la comunicación previa.

Otra costumbre que va arraigando entre nuestros cargos públicos, y a la que es especialmente aficionada la Delegada del Gobierno en Madrid, es la sistemática confusión entre “concentración no comunicada” y “concentración ilegal”. Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas manifestaciones que entran en la descripción del artículo 513 de nuestro Código Penal; es decir, aquellas que se celebren con el fin de cometer un delito o a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o peligrosos. Luego, el mero hecho de que una manifestación no haya sido previamente comunicada a la autoridad competente no es motivo para considerarla ilegal, mucho menos para calificarla como tal. Sólo puede haber dos motivos para tal confusión. El primero, el mero desconocimiento de las normas por parte de quien mezcla ambos conceptos. El segundo, la descarada voluntad de confundir con ello a la opinión pública, trasladando el mensaje de que quienes acuden a tales concentraciones no comunicadas previamente están incurriendo en comportamientos ilegales, peligrosos, dignos por tanto de ser reprimidos. Esto último es una gravísima irresponsabilidad por parte de quien desempeña funciones públicas. Es aterrador que quien tiene la responsabilidad de asegurar y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales en la Comunidad de Madrid (y la posibilidad de dar las órdenes necesarias para restringir e impedir su ejercicio) demuestre sin sonrojo tan poco respeto por esos mismos derechos y tan poco apego a las normas que regulan su ejercicio.

Finalmente, venimos escuchando otros dos argumentos también inquietantes: que los mensajes críticos transmitidos en algunas manifestaciones son considerados ofensivos por nuestros dirigentes, y constitutivos por ello de violencia verbal, y que convendría que las manifestaciones, de no poder ser evitadas, se realicen a suficiente distancia del lugar en el que están aquellos a quienes van dirigidos los mensajes (300 metros, se ha llegado a decir). En primer lugar, el derecho de reunión en una democracia incluye, necesariamente, la posibilidad de que quienes lo ejercen sostengan mensajes incómodos, chocantes y ofensivos. Incluye también, por supuesto, que el ejercicio de este derecho resulte perturbador para terceros, en particular para aquellos que no comparten el mensaje y, sobre todo, para aquellos contra quienes éste va dirigido. Cuando la movilización social busca hacer llegar un mensaje de desafección, de protesta, de queja a los dirigentes y cargos públicos es obvio que para estos últimos tal mensaje será incómodo. Pero esa incomodidad no es motivo para que se pretenda obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental, ni mucho menos para pretender anularlo, aún cuando para ello se utilice el absurdo eufemismo de la modulación. Si bien existe un derecho humano a la libertad de reunión, no se reconoce en ningún texto internacional ni en nuestra Constitución un derecho humano o fundamental a no ser ofendido. En segundo lugar, el ejercicio del derecho de reunión debe venir presidido por el principio de la percepción visual y auditiva (“sight and sound principle”), que implica que el mensaje que la movilización pretende transmitir llegue efectivamente a sus destinatarios y también al resto de la población. Toda pretensión de alejar la concentración de un espacio físico concreto elegido por quienes en ella participan, o de censurar consignas, puede resultar en una restricción del derecho de reunión de entidad suficiente como para conducir a una negación de su ejercicio, atentando contra la esencia misma del derecho. Ello resultaría desproporcionado e injustificado en una sociedad democrática.

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No olvidemos que en los regímenes totalitarios se protege también el derecho de reunión y la libertad de expresión. Eso sí, siempre que la expresión sea favorable al régimen y el ejercicio del derecho de reunión sirva para dar lugar a baños de multitudes afines. De ese entendimiento de los derechos de reunión y expresión sabemos mucho en este país, pues esa fue la interpretación que perduró durante los cuarenta años de dictadura. Quizá lo que proceda preguntarse ahora, ante las declaraciones de algunas y algunos que ejercen cargos públicos, es si es allí donde queremos volver o si, por el contrario, es precisamente ahora cuando nos corresponde defender nuestros derechos fundamentales que tanto costó ver reconocidos y protegidos. Estos derechos nuestros no son en modo alguno un lujo que nos fuera otorgado y que pueda recortarse, sino el producto de una larga y difícil conquista social.

La mentira como método político y la grabación como desenmascaramiento

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Se reunió el concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia, señor Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, señora Ramón Llin, y el gestor de la oficina municipal del Plan Cabanyal-Canyamelar, señor Mifsut, con la asociación Sí Volem, asociación de vecinos favorables (como el gobierno municipal) a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre el barrio del Cabanyal. El encuentro tuvo lugar el día jueves 25 de abril, fue abierto al público y se celebró en el Ateneo Marítimo del Canyamelar.

La reunión fue recogida en video por Sergi Tarín, en principio con ciertas reticencias por parte de los organizadores, y después colgada en YouTube. Tras visionar con calma la grabación nos reafirmamos en la idea de que el contenido de estos actos públicos debe ser puesto a disposición de todos, como elemento fundamental del derecho a la información y a la participación política, y como pieza esencial del sistema democrático, pues permite a los ciudadanos conocer mejor a sus representantes políticos, y a éstos decir a sus electores que después no se quejen por desconocer a quienes votaron.

De lo hablado en este encuentro pueden decirse muchas cosas, porque hay intervenciones muy interesantes y reveladoras, tanto las realizadas desde la Mesa (por los representantes del gobierno municipal y las portavoces de Sí Volem), como las vertidas desde el público. Aquí señalaremos sólo algunas relativas a temas que consideramos especialmente importantes: la utilización impune de la mentira, el rechazo de la responsabilidad por el cargo público que se ocupa, y el daño social que todo ello provoca.

1.         La utilización de la mentira como método.

En la reunión se pidieron explicaciones a los miembros del gobierno municipal porque en campaña electoral el Partido Popular afirmó reiterada y vehementemente que si Rajoy llegaba a la presidencia del Gobierno el tema del Cabanyal (conflicto sobre el Plan que prevé derribar más de 400 inmuebles y 1600 viviendas de un barrio declarado Bien de Interés Cultural) se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero va para año y medio de la victoria popular, nada se ha movido sino a peor (la degradación del barrio, la suciedad en las calles, la negativa arbitraria a dar licencias de obras, la falta de inversión, la desatención social…), y la asociación Sí Volem, que apoyó abiertamente al Partido Popular en las elecciones, ve cómo su predicamento entre los vecinos ha caído en picado. En consecuencia, es más que comprensible que pidan públicamente argumentos y explicaciones al concejal señor Domínguez.

Aquí (minuto 15:45 de la grabación) entra en escena el concejal. Cómo se puede faltar a la verdad de ese modo, tratar (con éxito) de confundir a los vecinos, contradecirse en la misma frase, y no pestañear siquiera, es algo que forma parte de una rara habilidad al alcance de muy pocos. Pero no empecemos por la valoración, vayamos a las palabras. Dice el concejal:

“Hemos tenido nueve sentencias a favor … para sacar el Plan adelante”.

Esta es una de las piezas clave del argumentario de la alcaldesa Barberá y su gobierno en defensa de la legalidad del Plan del Cabanyal. El relato consiste en que el Ayuntamiento tendría todas esas sentencias a su favor y que los malos de Salvem el Cabanyal (y los grupos políticos de la oposición) obstaculizarían la ejecución del Plan, en perjuicio de todo el vecindario. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todas esas sentencias a favor y una mayoría absoluta tantos años disfrutada por el PP, Rita Barberá no haya podido ejecutar ese Plan? En principio no se entiende. O sí. La respuesta es porque lo que dice es, sencillamente, mentira. Una mentira amparada en la complejidad de los distintos procedimientos judiciales.

El Ayuntamiento no ha podido ejecutar el Plan que destruye una parte del barrio porque ha sido declarado ilegal por dañar el patrimonio histórico. Las sentencias a que se refiere la alcaldesa y sus concejales son las relativas a las competencias de urbanismo, pero no a las de protección del patrimonio. Es como si a Domínguez le acusan de asesinato y para defender su inocencia saca la declaración de la renta. Ni cumplir con tus deberes tributarios demuestra que no disparases el arma homicida, ni ejercer tus competencias en urbanismo impide que lo hagas destruyendo el patrimonio histórico (que es lo que ocurre en el Cabanyal).

De modo que el concejal Domínguez airea unas sentencias a su favor (las relativas a su competencia exclusiva en materia urbanística) que ya nada tienen que ver con el conflicto, y además, y esto es fundamental, oculta las sentencias que sí tiene en contra. Estas sentencias, las que le condenan, declaran la ilegalidad del Plan por atentar contra el patrimonio histórico, son posteriores a las famosas “nueve sentencias” y, si nos empeñamos en insistir en la cantidad (aunque esto es irrelevante), resulta que son muchas más.

Domínguez, ya embalado, y a la vista que nadie va a poder probar en contra, afirma (minuto 16:27) que

“…a pesar de las sentencias (las teóricas nueve a su favor, que nada tienen que ver con lo que sigue) el Gobierno del PSOE sacó una Orden paralizando toda la situación … era una Orden que no había derecho a esa Orden … y los tribunales avalaron esa Orden”.

Vaya, así que no había derecho a esa Orden del Ministerio de Cultura (la que declara el Plan ilegal por suponer expolio) pero los tribunales la avalaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Si no había derecho cómo es que los tribunales la apoyaron? Es evidente que a estas alturas los vecinos ya están confundidos, y el concejal, al ver sus caras de desconcierto, afirma (minuto 17:00):

“…que no lo entiende nadie… yo el primero”.

Pero Domínguez sí lo entiende, desde luego que lo entiende. Domínguez sabe que la Orden del Ministerio de Cultura no solo es legal, sino que fue obligada. Sabe que esa Orden Ministerial es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a emitirla. Sabe que esa Orden, que él ha impugnado, ha sido declarada legal por la Audiencia Nacional. Lo sabe todo y, sin embargo, actúa como si el varapalo legal que el Ayuntamiento lleva sufriendo varios años ya, no existiera.

Acto seguido, Domínguez, en la teatralización de su impotencia y victimismo llega a decir (minuto 17:30):

“Las nueve sentencias anteriores del Tribunal Supremo al final no han servido para nada… para ganar pleitos, para que al final un ministerio lo haya paralizado…”.

¿Del Supremo? De nuevo el concejal falta a la verdad. Ni el Ayuntamiento ha ganado nueve sentencias en el Supremo, ni un ministerio hubiera podido paralizar lo que el Supremo ordena. La verdad es que el Ayuntamiento ganó una sentencia (convertida en cuatro por ser cuatro los demandantes, pero sobre la misma pregunta), sobre el tema de la competencia urbanística, no sobre la destrucción del patrimonio histórico. Una sentencia que pasó a la historia. Después de esa sentencia favorable (ganada en el año 2006), el concejal y el resto del gobierno municipal han perdido varias veces en el Supremo y en la Audiencia Nacional, sentencias y autos que consideran competente al Ministerio de Cultura para intervenir en el Cabanyal, y que consideran ilegal el Plan por atentar contra el patrimonio histórico. Pero el concejal no nombra ni una de las resoluciones que declaran la ilegalidad de su Plan.

Llegados a este punto, la conclusión es simple: el Ayuntamiento no quiere cumplir la legalidad que le impide ejecutar su plan destructivo sobre el barrio, y prefiere engañar y confundir a los vecinos antes que buscar una salida consensuada y legal.

Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento marea y confunde a los vecinos en las cuestiones técnicas, pero la grabación demuestra que muchos vecinos ya no se creen la buena fe del gobierno municipal. En este sentido, es más que reveladora la intervención (min.21:18) de un asistente que deja las cosas bastante claras:

“¡¡El PP nos ha engañado, nos ha engañado el PP, totalmente!! Porque un gobierno que está gobernando con mayoría absoluta no se preocupa de esto … esto es política barata todo, y nadie se complica la vida en nada”.

2.      La falta de responsabilidad por el cargo que se ocupa y el daño social que se provoca

Una de las informaciones que nos da la grabación de la reunión con el equipo del Ayuntamiento es que los vecinos plantean cuestiones pertinentes, y que conocen las obligaciones que van aparejadas al ejercicio de lo público. El concejal trata de escapar de su responsabilidad amparándose en la judicialización del conflicto, pero los vecinos no quieren hablar de tribunales, sino de aspectos sociales que nada tienen que ver con los jueces (minuto 21:49):

“Hay una familia extranjera que no está empadronada, que está ensuciando nuestras calles. Los niños no están escolarizados, no trabaja nadie, no sabemos de qué viven, de dónde sacan el dinero… ¿Quién se preocupa de eso? Las mismas personas que no dan licencias (el gobierno municipal, arbitrariamente, se niega a darlas al barrio hasta que no se desbloquee su Plan) se tendrían que preocupar de eso…”.

Sin entrar (por ahora) en la valoración que hace de sus vecinos (empadronados o no, con empleo o no, responsables de la suciedad o no …), la vecina da en el clavo. Ella está apelando a obligaciones del Ayuntamiento que nada tienen que ver con los tribunales, está preguntando por la responsabilidad del concejal. Pero no recibe respuesta, tan solo un capote al político de una de las organizadoras (“yo no vengo aquí a defender al Ayuntamiento…”), preguntándose retóricamente a quién le interesa que esos extranjeros estén ahí, cuántos vecinos se benefician de los alquileres ilegales de las plantas bajas a estas personas. Aún así, otro vecino demuestra que no es tan fácil engañarles, pues señala que cómo no lo va a hacer los vecinos si el propio Ayuntamiento realiza esos alquileres ilegales… (minuto 22:50). Los miembros del gobierno municipal, responsables de la estrategia de deterioro material y social del barrio, guardan silencio.

Todo esto tendría una gravedad relativa si no fuera precisamente por dos cuestiones asociadas que sí son graves, y que se contienen en la última intervención transcrita. El creciente sentimiento de criminalización y odio racial hacia los gitanos y hacia los extranjeros (fundamentalmente rumanos) que se han venido instalando en el barrio, y el sufrimiento de muchos vecinos por el contexto de inseguridad y suciedad creado en él. Ambas circunstancias como elementos de la estrategia central del Ayuntamiento para conseguir su objetivo.

Dice la dirigente vecinal desde la Mesa (minuto 22:55):

“Cada vez tengo más visitantes de otros países, y cada vez la convivencia es más insoportable… entonces no solo es el Ayuntamiento el que se está lucrando, también se están lucrando muchos propietarios…”.

Sorprendentemente, quien debería exigir con más fuerza al Ayuntamiento acciones sociales y responsabilidad reconoce con naturalidad delante de los concejales (que no mueven una pestaña) que es la propia Administración la que ha alquilado y alquila ilegalmente casas de propiedad municipal a familias en situación de exclusión social (viviendas sin cédula de habitabilidad, luz, agua…). Sin embargo, ella centra su discurso en lo insoportable que es vivir con los extranjeros (antes ya ha hecho otros comentarios xenófobos). Naturalmente, este argumento encuentra eco en la desesperación de una vecina (minuto 24:55), que relata su contexto: «venta de droga, suciedad, malos tratos, rumanos, gitanos, viviendas sin las mínimas condiciones, los niños no van al colegio, orinan en la calle…» Se nota que no quiere ir contra los extranjeros, pero la realidad es que le hacen la vida imposible. Aún así apunta a los verdaderamente responsables, y acierta:

“¿Ahí no puede llegar sanidad y decir algo? a mi no me ayuda nadie del Ayuntamiento, aquí no se hace nada… no es un tema de partidos, ni PP ni PSOE, aquí ninguno nos ayudaNo se podrá hacer la prolongación, eso tardará más o menos, pero ayudarnos a las personas que están ahí, no lo hacen porque no les da la gana o no les conviene…”.

El aplauso general que recibe obliga al concejal Domínguez a cambiar de estrategia (o engaño o silencio) y a prometer que “toman nota y harán el seguimiento” (minuto 33:00). Pero ya es tarde, una asistente, escéptica, le dice:

“Por mucho que nos digan hágannos llegar, ustedes ya lo saben todo… lo único que estamos pidiendo es voluntad política”.

La gente sí sabe de lo que habla.

Conclusiones

La grabación de esta reunión, de este tipo de reuniones, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a la información y a la participación ciudadana, porque sirve para varias cosas:

– Para descubrir qué políticos (y dirigentes vecinales) renuncian a la sinceridad en su relación con los ciudadanos, y hacen uso premeditado de las verdades a medias, o de la mentira directa. El uso de la mentira muestra desprecio al ciudadano.

– Para comprobar cuándo, en vez de aclarar la complejidad de los conflictos sociales (lo que como cargos públicos es su obligación), se amparan en esa complejidad para no responder de los propios errores, inacciones y arbitrariedades, así como para conseguir sus objetivos, aunque estos sean ilegales.

– Para denunciar a los cargos públicos que crean, utilizan y alimentan el conflicto social (polarización vecinal, criminalización racial, xenofobia) en beneficio propio. Es muy revelador que ninguno de ellos matizase o mostrase desaprobación ante las expresiones xenófobas vertidas desde la propia Mesa, por las dirigentes vecinales, y desde el público.

– Para advertir que las mentiras no convencen sino a los entregados, que los ciudadanos sí saben hacer las preguntas acertadas, y que los vecinos exigen que sus políticos, sean del color partidista que sean, respondan (aunque los del gobierno municipal valenciano, por lo visto en el video, no piensan hacerlo por ahora).

– Para demostrar el drama social que provoca el uso perverso de la acción política.

– Para comprobar cómo no todo sucede como los medios de comunicación afines al poder nos cuentan en sus crónicas sectarias.

cabanyal

* Video de Sergi Tarín

* Sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de 
Cultura a emitir una Orden Ministerial sobre el Plan del Cabanyal

* Orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el Plan del 
Ayuntamiento sobre el Cabanyal

Empatía o escrache

Por Fernando Flores

“Mi casa es el terreno de mi vida personal y mi familia”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.

Gran verdad. El hogar, la vivienda habitual, es el espacio donde nos encontramos a solas, o a solas con la familia y los amigos, donde nos reunimos con nuestros incondicionales, donde nos refugiamos de la dureza exterior, donde podemos cerrar por dentro. En nuestra casa se desarrolla eso que llamamos intimidad familiar, que por cierto es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos.

Miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y sus correspondientes desahucios han golpeado durante años la intimidad familiar de muchos ciudadanos, españoles y extranjeros. Miles de personas han sido desalojadas de sus casas por bancos amparados en una legislación abusiva y despiadada, pero el concepto de intimidad familiar no aparecía por ninguna parte. Ha tenido que ser un movimiento social fuerte y decidido, algunos abogados y jueces comprometidos con los derechos, y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los que han obligado al Gobierno y muchos parlamentarios a plantearse de nuevo las cosas. Pero algunos parecen no entender todavía.

Las casas de los desahuciados eran también el terreno de su vida personal y su familia. Y en ocasiones fueron el domicilio que les permitía tener un permiso de residencia, el entorno donde los hijos desarrollaban sus relaciones sociales y educativas, el enclave desde el que llegar con facilidad a un trabajo… Cada desahucio rompió definitivamente algo de eso, y muchos de ellos condenaron a familias enteras a la exclusión social. Con la indiferencia de la política y el silencio mediático de los informadores más relevantes.

Decía Ihering en La lucha por el derecho que si la fuerza limitada del individuo va a estrellarse contra las instituciones que dispensan a la arbitrariedad una protección que niegan al derecho, entonces el individuo, aguijoneado por la injusticia contra la que es impotente, pierde el sentimiento de la vida moral y la creencia en el derecho. ¿A quién se dirige la vicepresidenta cuándo avisa que los escraches entran en el terreno intocable de su vida personal y familiar? ¿A los miles de desahuciados? ¿A los activistas que les han protegido mientras la fuerza pública ejecutaba de forma implacable decisiones judiciales que aplicaban una legislación brutal?

Es importante saber la trascendencia real de los derechos que vulneramos, y es triste que para ello tengamos que sufrir en nuestras carnes su erosión. La vicepresidenta recibe el daño que produce el golpe agrio a su intimidad que es el escrache. Y nos habla de su privacidad y de su familia. Pero se niega a cambiar la ley que multiplica por cien el golpe irreversible que reciben cientos de personas con menos recursos, que sencillamente pierden definitivamente ese “terreno de su vida personal y su familia”. Así las cosas, no debería extrañarle la alternativa planteada: o empatía o escrache.

Proteger los derechos a rastras

Por Fernando Flores

El jueves de esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si el procedimiento de ejecución hipotecaria español es legal de acuerdo con la normativa europea. Este hecho ha creado mucha expectación.

El procedimiento en entredicho se caracteriza procesalmente por su enorme rapidez. La persona que no ha pagado unas pocas mensualidades ve cómo, tras la demanda del banco acreedor, en semanas el juez señala fecha para la subasta de su vivienda, ésta pasa a manos del banco y, tras unos meses, resulta desahuciado. Y esto ocurre aunque haya sido un deudor cumplidor y de buena fe hasta que la crisis le ha arrebatado el empleo y las posibilidades de abonar su deuda; ocurre aunque la información que en su momento recibió de la entidad crediticia fuera insuficiente y engañosa; aunque la tasadora, vinculada al banco, barriera para casa; aunque la hipoteca contenga cláusulas abusivas; aunque la vivienda sea su único hogar; aunque tenga familia y haya menores en casa; aunque sea un extranjero cuyo permiso de residencia dependa de la tenencia de una vivienda habitual; aunque la subasta de su casa vaya a ser un timo en beneficio de su acreedor; aunque con la venta de su casa no vaya a satisfacer la deuda.

Obviamente estas circunstancias no concurren siempre, pero sí muchas veces. Y cuando así sucede, el deudor no puede defenderse. No puede porque la ley que regula ese procedimiento impide al deudor que aporte los hechos, argumentos, documentos y observaciones que puedan detener la subasta y el desahucio de su casa, ya que las alegaciones que puede hacer están estrictamente tasadas por una Ley (Ley de Enjuiciamiento Civil) que reduce de forma drástica el principio contradictorio. O pagas rápidamente, o pierdes la casa y te vas. Ese es el resumen.

No conozco a nadie que piense que se trata de un procedimiento justo. Como mucho se dice que es legal. En esta dirección, el propio Tribunal Constitucional, en una resolución de 2011 que no lo elevará al altar de los grandes protectores de los derechos fundamentales, por formalista, ajena a la realidad social y, me temo, respetuosa con el poder bancario y status quo económico, decidió que ese procedimiento no vulneraba ningún derecho constitucional. Y sin embargo, es un procedimiento legal que facilita las peores injusticias a favor de la parte fuerte, el banco.

Que, con la que está cayendo, haya tenido que ser un juez “de a pie”, y no los partidos políticos mayoritarios, el que haya puesto en duda ante el TJUE la legalidad y la justicia del procedimiento ejecutivo hipotecario (por ser contrario a la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores) da que pensar. La política sobre derechos humanos debe hacerla el Parlamento y el Gobierno, no los tribunales.

Este jueves el Tribunal Europeo resolverá la cuestión prejudicial del juez, y lo que él diga vinculará al Estado español. Pero ¿es necesario llegar a Luxemburgo para cambiar la norma? Ya existe un documento relevante, las Conclusiones de la Abogada General de ese Tribunal, que aprecia que la “regulación procesal (el procedimiento de ejecución hipotecaria) menoscaba la eficacia de la protección que pretende otorgar la Directiva 93/13” (párrafo 51). Y, también contrario a ese procedimiento, por vulnerador del derecho a un juicio justo, encontramos el Informe de los jueces españoles apoyado por más de 40 jueces decanos. Y el importante y demoledor Informe del Defensor del Pueblo de 2012. Y los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada. Y el tenaz movimiento social que ha servido con su lucha el contexto que aprisiona y acorrala a los partidos políticos.

¿A qué esperan éstos, pues, para reformar la ley que regula ese procedimiento tramposo? ¿A una fecha? ¿A la decisión formal de un Tribunal? ¿A que la presión ciudadana sea mayor que la de los bancos? Ni los derechos ni la democracia se protegen eficazmente a rastras.