Los vértigos de la defensa militar

Carlos Penedo

Desde la Guerra Civil y el posterior Estado militarizado vigilante de la población local, principal preocupación de cualquier dictadura, la secuencia por la que España ha ido mejorando sus competencias militares -siendo generoso, conformando una política de defensa- pasa por Estados Unidos, la OTAN, decisiones propias y ahora se plantea en el marco de la Unión Europea.

Los convenios de defensa con EEUU a partir de 1953, la integración en la OTAN en 1982 (y en su estructura militar en 1999), la transición militar que no se completa hasta finales de los ochenta, las leyes que organizan la Defensa nacional de comienzos del siglo XXI, el Tratado de Lisboa de la UE de 2007 y los avances en materia de defensa europea de los últimos años son todas decisiones políticas, nivel estratégico, con consecuencias sobre la organización, su personal, los medios y las actuaciones finales con medios militares.

Fueron decisiones políticas ceder soberanía y bases militares a cambio de la reincorporación de la dictadura a la comunidad internacional, y una consecuencia de aquello fue la llegada de material militar norteamericano excedente de la Segunda Guerra Mundial.

La participación en la Alianza Atlántica, referéndum mediante, fue una decisión política de enorme relevancia para modernizar las Fuerzas Armadas y calmar reacciones ultras, objetivo alcanzado en el primer supuesto.

Es pura política que la Unión Europea se plantee hoy una autonomía estratégica en materia de defensa y del mismo carácter la decisión de formar parte o no por cada país miembro de las iniciativas comunitarias.

En este ámbito de la seguridad se habla mucho de operaciones militares, de intervenciones más o menos pacíficas, de operaciones especiales de las que nada se dice porque son especiales, y poco se debate sobre la efectividad de tales intervenciones, si cumplen o no sus objetivos.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de lo que dicen los responsables políticos, de declaraciones en cumbres y pre-cumbres, se analizan los tuits de Donald Trump con la dedicación de un kremlinólogo hacia las fotografías de la jerarquía soviética, y no rascando mucho aparecen intereses industriales.

En asuntos de defensa y seguridad se habla mucho de presupuestos, de destinar el dos o el cuatro por ciento del PIB, de grandes y pequeños programas de armamento.

poco tiempo y esfuerzo se dedica a la estrategia de seguridad que debiera amparar declaraciones, presupuestos y actuaciones.

Lo anterior en cierta forma sobrevoló el reciente seminario celebrado a comienzos de junio en Toledo organizado por la Asociación de Periodistas Europeos de Miguel Ángel Aguilar y Diego Carcedo, bajo el título de “OTAN: el vértigo de la retirada americana”.

En este tipo de seminarios se hace un esfuerzo colectivo e individual muy sano por captar la diferente percepción sobre seguridad de aliados como las repúblicas bálticas o Polonia, mientras que se ignora directamente, cuando no se desprecia, la percepción sobre seguridad de los españoles, manifestantes o no contra la invasión de Irak.

Otra peculiaridad es que en estos foros a un profesor universitario ruso lo convertimos inmediatamente en portavoz de Putin, mientras que una investigadora francesa se representa exclusivamente a sí misma y su capacidad de análisis.

Aparte de sensibilidades y generalizaciones, también se escucha mucho y bueno.

Por ejemplo, respuestas a la pregunta, parafraseando a Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodieron las relaciones OTAN-Rusia?  Muchos lo sitúan en la anexión de Crimea en 2014, otros lo remontan al bombardeo de Belgrado en 1999, alguno apunta a la extensión de la OTAN hasta las mismas fronteras de Rusia, y la lógica apunta hacia la instalación de un escudo antimisiles norteamericano cuyo componente naval descansa en la base española de Rota, el terrestre por Rumanía y Polonia.

Centra el debate de forma recurrente en la actualidad la disyuntiva de destinar esfuerzos humanos y presupuestarios de los países europeos con la UE o la OTAN. Quien dirigiera la Alianza y la política exterior y de seguridad de la Unión, Javier Solana, afirma tajante que la duda sobre la compatibilidad de ambas organizaciones procede más de la ideología que de la realidad; y se muestra partidario de gastar más en defensa, pero europeamente.

Se dice que la velocidad de los acontecimientos exige reaccionar sin la obligada en otro tiempo reflexión teórica previa. “La OTAN ha hecho teoría desde la práctica”, defienden los más atlantistas; la OTAN impone doctrina actuando, opinan conocedores de la organización.

Tengo escuchado a Javier Solana en otros foros decir que las intervenciones militares -pensando en aquellas llamadas operaciones de paz que nadie llama hoy así- tienen la capacidad de detener el reloj del conflicto y dar tiempo a la política para encontrar una solución, la resolución del conflicto no es militar.

Por tanto, todo indica que miramos hoy el instrumento, los medios, el gasto y no su finalidad.

El centro de atención no debiera ser la presencia de un grupo táctico acorazado español en Letonia (con carros de combate Leopardo), la participación intensiva de la Armada en las operaciones navales de la OTAN -incluido el Mar Negro-, la presencia de una batería española de misiles Patriot en Turquía desde hace un lustro, la participación del Eurocuerpo en la República Centroafricana, de militares españoles en Malí, Sahel, Cabo Verde o Túnez.

Más que en su presencia el interés tendría que centrarse en porqué están allí, qué estrategia, legalidad y legitimidad ampara su presencia en esos escenarios, qué se pretende conseguir y cómo se va consiguiendo (cumplimiento de objetivos).

A España, a la Unión Europea y a la OTAN, a Estados Unidos, habrá que pedirles cuál es su estrategia de seguridad, el marco político que ampara sus decisiones en la materia y se entiende que sus adquisiciones de material militar para tener unas determinadas capacidades de actuación.

El llamado concepto estratégico de la OTAN data de 2010, momento anterior a las concentraciones del Maidán de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia, cuando finalizaba la operación ISAF en Afganistán y la Alianza se planteaba su futuro y su área de actuación, todo interrumpido por una simulación de guerra fría que no resiste comparación con el modelo original, entre otros muchos motivos porque no existe alternativa ideológica ni contraparte militar: el presupuesto de defensa sólo de EEUU triplica al de China y es diez veces el de Rusia.

La última estrategia de seguridad de la UE fue aprobada en 2016, su texto sigue pareciendo casi revolucionario (“La UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo”), y se mantiene la duda de si los 28 países miembro la firmarían hoy y la aplican en la práctica, en cualquier caso requerirá una actualización en el nuevo periodo que arranca con las recientes elecciones al Parlamento Europeo.

La estrategia española de seguridad es de finales de 2017, Gobierno Rajoy, y la última Directiva de Defensa Nacional en la que cada Gobierno deja escritos sus objetivos data nada menos que de 2012, hace tres elecciones generales.

Un ejercicio de interés sería contrastar en qué coinciden y difieren las estrategias de seguridad de EEUU, la OTAN, la UE y España; en el campo de los intereses comunes de seguridad, que debe ser mayoritario, sirve la situación actual; recordemos que en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad; en las áreas y objetivos no compartidos -por ejemplo, acuerdo nuclear con Irán- pues se requiere determinar estrategia y medios propios.

¿Debe la UE quedarse con misiones en defensa que no quiera afrontar la OTAN?

¿Necesita la UE la disuasión nuclear, un arma inútil por no utilizable?

El mundo es más complejo que la división entre aliados y enemigos que nos llega desde Estados Unidos, existen muchos otros estados intermedios, frecuentes en el mundo de la empresa, como la competición y la cooperación, defendió Sylvie Matelly, directora del think tank francés IRIS.

Una parte minoritaria de los reunidos en Toledo se mostraba partidario de que Europa refuerce sus capacidades militares y de mantener una relación de colaboración con la OTAN sin jerarquías, la parte más uniformada y más oficial se muestra acríticamente atlantista.

En cualquier caso, reconociendo el espectáculo de contemplar un tanque de 60 toneladas a 70 kilómetros por hora campo a través, las actuaciones sobre el terreno y el gasto militar no conforman una estrategia de seguridad.

Haciendo un símil con otras disciplinas, el medio ambiente está dejando de ser una opción en materia de desarrollo económico, no es admisible crecimiento a costa del entorno. En asuntos de seguridad quizá pueda ocurrir algo similar con otros elementos como derechos humanos en destino y transparencia, que es debate político y público, en origen, resultado de la voluntad de fijar por escrito que estas cosas no dependan de las personas y las circunstancias, sino del sistema así organizado.

Porque estos asuntos de la seguridad se organizan a nivel estratégico, lo demás llega en cascada, o así tendría que ser si ese tipo de documentos fueran más que un ejercicio elaborado para amparar actuaciones que se van organizando según los acontecimientos.

La ausencia de una estrategia propia es siempre aprovechada por la inercia, por intereses industriales o por la estrategia de terceros que sí la tienen.

 

Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Carlos Penedo

El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad. Se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto -para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo- y, como es natural, lo detectan por todos sitios porque es su objetivo profesional. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas, precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.

En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.

En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismos demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre “La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas”.

El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre. En cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.

Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.

Resulta que hará unos años, en tiempos de Pedro Morenés como ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas, y dejó de difundir su encuesta, o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.

El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.

Se podría decir que en algunos aspectos  la opinión pública no coincide con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa; la interna, si funciona, puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.

El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.

Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.

Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).

En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?), si el encuestado considera que hay algo por lo que arriesgar o dar la vida. El 46,4% responde que no, el 45% que sí.

Ésta es una de las respuestas que no gustan. Tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).

En el caso de que España fuera atacada militarmente, el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.

Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.

En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es… la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.

El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.

En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y un escaso 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.

Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos (que curiosamente distinguen de países árabes), aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales y entre países concretos que son quienes suelen lanzar ataques militares pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).

Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o internacional, circunstancia que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.

Si las estadísticas son fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.

Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

Desinformación: editores, plataformas y UE

Carlos Penedo

La Unión Europea media entre editores y plataformas por la desinformación, a favor de los primeros, se podría titular también esto; demasiado largo.

Demos por hecho que hay mucha gente con el propósito de desinformar a través de medios digitales, siempre teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario no es convencer, sino confundir; y con más frecuencia aún, generar tráfico para obtener beneficio económico.

Y dejemos a un lado la influencia real de estos contenidos, porque difusión no es convicción, porque incluso el tráfico generado no ha sido en exceso relevante en procesos como las elecciones de EEUU o Cataluña (aquí alguna pista sobre el asunto).

Junto con lo anterior, cabe preguntarse quiénes están alimentando la desinformación como gran problema de nuestro tiempo, y así se comportan porque tienen un interés directo en el asunto, que es económico y es político, y es político-económico. Hay tres actores especialmente activos: las empresas editoras de noticias, las plataformas digitales (Facebook, Google) y en tercer lugar aquel llamado “complejo industrial-militar” del que alertaba en los años 50 el general de cinco estrellas y presidente de EEUU Dwight Eisenhower, el Ike que bendijo a Franco, complejo que evidentemente tiene terminales políticas, todo por supuesto versión 2.0.

La Unión Europea (léase Comisión) puede desesperar por orientación de sus políticas o velocidad de actuación, pero es universalmente reconocido que cuando se fija un objetivo no suelta la presa.

En materia de desinformación se ha puesto en marcha.

La Comisión Europea ha difundido este 26 de abril una Comunicación, que es un tipo de documento no vinculante, en la que propone un conjunto de medidas para combatir la desinformación en línea, que incluyen un Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación a nivel de la UE, el apoyo a una red independiente de verificadores de información (fact-checkers) y medidas destinadas a fomentar el periodismo de calidad y promover la alfabetización mediática.

Con tal motivo, los servicios de prensa de la UE facilitan declaraciones de tres responsables políticos.

Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión responsable del Mercado Único Digital:

“Las nuevas tecnologías, especialmente las digitales, han ampliado su alcance a través del entorno en línea para socavar nuestra democracia y nuestra sociedad. Puesto que la confianza en línea es fácil de romper y difícil de recuperar, el sector necesita colaborar con nosotros en esta cuestión”.

Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales:

“Hacemos un llamamiento a todos los agentes, en particular a las plataformas y redes sociales, que tienen una clara responsabilidad, para que actúen sobre la base de un plan de acción destinado a establecer un planteamiento común europeo, de manera que los ciudadanos estén capacitados y protegidos eficazmente contra la desinformación. Seguiremos de cerca los progresos realizados y, si los resultados no fuesen satisfactorios, de aquí al mes de diciembre propondríamos otras medidas, en particular de carácter reglamentario”.

Julian King, comisario responsable de Seguridad (seguridad interior lleva este responsable de nacionalidad británica):

“La militarización de las noticias falsas y la desinformación en línea supone una seria amenaza para la seguridad de nuestras sociedades. Las plataformas de internet desempeñan un papel esencial en la lucha contra los abusos de sus infraestructuras por agentes hostiles y en la preservación de la seguridad de sus usuarios y de la sociedad”.

Como se ve, opinan responsables del Mercado Único Digital, Economía y Seguridad; ponen el foco sobre las plataformas digitales; y les amenazan con elaborar normativa si en un semestre no hay resultados.

Con plazo fijo aparece ese Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación: de aquí al mes de julio, como primer paso y con efectos claros en octubre, las plataformas en línea deben desarrollar y aplicar un código común de buenas prácticas, con el objetivo de garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados, en particular la publicidad de carácter político; proporcionar una mayor claridad en el funcionamiento de los algoritmos y permitir la verificación por terceros; hacer que resulte más fácil para los usuarios encontrar y acceder a fuentes distintas de noticias que representen otros puntos de vista; introducir medidas para identificar y cerrar cuentas falsas; capacitar a los verificadores de información, los investigadores y las autoridades públicas para controlar permanentemente la desinformación en línea.

Si se hace responsable a las plataformas de los contenidos que canalizan y se les imponen procedimientos rigurosos, las empresas periodísticas no tendrán muchos motivos para la celebración. Un ejemplo práctico: si Facebook acaba medio voluntariamente aumentando su transparencia sobre quién financia su publicidad en época electoral, o contenidos patrocinados, lo mismo deberemos pedir a los medios tradicionales, que tampoco nos lo cuentan. Un caso extremo sobre esto lo encontramos entre 2004 y 2005, cuando el PP inyectó 446.000 euros de su caja B en el periódico de Jiménez Losantos Libertad Digital, financiación directa, al margen de publicidad o licencias que recibió también generosamente.

En otro aviso sobre seguridad dura, la Comisión anuncia que informará en junio, junto con el Servicio Europeo de Acción Exterior (departamento de Mogherini, seguridad exterior), sobre los avances realizados en relación con las amenazas híbridas, que incluyen ciberseguridad, comunicación estratégica y contra inteligencia. En este apartado de la seguridad se mezclan con salero dos ingredientes: Rusia y su doctrina militar, más los casos contrastados del desvío de datos personales de usuarios de Facebook con fines económico-electorales (Cambridge Analytica). Es decir, se utiliza Rusia + FB / protección de datos para apuntalar las presiones contra las plataformas.

En todo este proceso puede ocurrir, como en la vida misma, que sea más útil y atractivo el camino que el destino final. Bajando hacia Andalucía, la playa y la tumbona, pocos kilómetros antes de llegar a Despeñaperros, término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), se encuentra el santuario llamado de Las Virtudes, con una plaza de toros cuadrada adosada a la ermita, un paraje ideal para filosofar o comerse un bocadillo de tortilla de patata con pimientos, traído de casa. Su recuerdo compite con el de la playa (o de la alcazaba de Málaga y su museo Picasso).

La sorpresa de Las Virtudes, hablando de desinformación y de la UE, no son las conclusiones que ha sacado en esa Comunicación el ejecutivo comunitario, sino el camino recorrido, el informe de especialistas presentado en marzo, que desbrozaba el tema con criterio periodístico riguroso; y otro informe de abril que nos descubre los intereses económicos que andan en juego.

Editores de noticias contra plataformas 

La Comisión Europea encargó un estudio a su Centro Común de Investigación (JRC) sobre las noticias falsas y la desinformación, más concretamente ha realizado una investigación sobre el impacto de la transformación digital de los mercados de noticias sobre la calidad de la información. En ese estudio publicado también en abril se indica que dos terceras partes de los consumidores de noticias en línea prefieren acceder a ellas a través de plataformas que funcionan con algoritmos, como los motores de búsqueda y los agregadores de noticias, así como por medio de las redes sociales. También se afirma en ese estudio que el poder de mercado y los flujos de ingresos han pasado de estar en manos de los editores de prensa a las de los operadores de plataformas, que disponen de los datos para concordar a lectores, artículos y anuncios de la forma más eficiente. Aquí están las claves más importantes, las económicas y las prácticas: quienes distribuyen los contenidos no son quienes los elaboran.

La distribución digital de noticias ha disminuido el papel de los editores. Es decir, se ha separado la función de editor y gestor de contenidos y en gran medida se ha transferido la segunda hacia la publicidad conducida por algoritmos, que maximiza tráfico e ingresos.

En toda esta polémica de las noticias falseadas y la desinformación debatimos periodistas y lectores sobre contenidos, en un asunto agitado por intereses empresariales; a quienes se ha unido el grupo de presión sobre la seguridad, siempre ávido de argumentos.

No hay que subestimar el poderío de la industria nacional dedicada a la comunicación, empresas que consiguieron hace pocos años que Google cerrara en España su agregador de noticias -Google news- o al menos lo limitara y mucho. Ahora han encontrado como compañero de viaje al lobby de la defensa y la seguridad, claramente a sus terminales políticas, lo que tiene muchos riesgos, y no es el menor la credibilidad escasa de ambos sectores, la creciente distancia entre ciudadanos y medios de comunicación -a quienes se ve como una terminal del poder político y económico-, la creciente distancia entre ciudadanos y los responsables de la seguridad.

Podríamos resumir diciendo que la Unión Europea se ha animado a mediar entre editores y plataformas para abordar la desinformación, y se alinea con los primeros, y lanza también algún guiño sobre seguridad que siempre está de actualidad; lo más interesante son claramente los materiales intermedios del proceso, porque no toman partido, describen la situación y ofrecen datos para los interesados más en reflexionar sobre el tema que en defender banderas.

Ilustraciones: Vasíli Kandinsky.

Artículo publicado también en el blog Contextos: http://contextospnd.blogspot.com.es/

 

Terrorismo argumental a la baja

Carlos Penedo

La misteriosa explosión de cinco artefactos este mes de marzo en Texas en una serie de ataques con paquetes bombaque provocaron dos muertos y cuatro heridos, acabó finalmente con el suicidio de su responsable cuando iba a ser detenido. Resultó ser un vecino de 23 años y las crónicas sólo nos han contado que el joven fue educado en casa por sus padres en su adolescencia y que entre 2010 y 2012 asistió a la Universidad en Austin pero no terminó sus estudios.

Con este suceso ha vuelto a surgir el debate en EEUU sobre cuándo y cómo aplicar el término terrorismo a un suceso violento, cuestión intermitente que también aparece en las matanzas en colegios, institutos o conciertos con armas de guerra. Sigue leyendo

Información contra la desinformación

Carlos Penedo

En paralelo a la actividad reactiva de una decena de periodistas que en Bruselas se dedican a tiempo parcial a localizar noticias falsas publicadas en cirílico, la Comisión Europea acaba de presentar una iniciativa de mucho mayor calado y muy escasa repercusión contra la desinformación a través de medios digitales.

El trabajo consta de tres elementos diferenciados: un informe redactado por un grupo de especialistas, que trata de definir el problema e incluye recomendaciones; entre noviembre y febrero la Comisión puso en marcha además una consulta pública sobre el asunto, en la que participaron cerca de 3.000 personas entre profesionales de medios de comunicación y ciudadanos de a pie, el que quiso participar; el tercer elemento ha sido una encuesta, más de 26.000 entrevistados en febrero de este 2018. Sigue leyendo

La información es una amenaza

Fernando Flores

Cuando leo una noticia en los grandes medios de prensa escrita, lo primero que me pregunto es si lo que dice será verdad o mentira, o cuánto de cierto y de falso habrá en ella. Me pasa igual con los informativos –públicos y privados– de televisión, aunque es cierto que cuando veo Informe Semanal ni siquiera tengo dudas. Tal es la situación.

Los medios mezclan impúdicamente información, opinión, comunicación -que es como llamamos a la propaganda del siglo XXI- y entretenimiento, están vendidos al capital y al gobierno que eventualmente los controla, y maltratan especialmente a las opciones políticas que intentan limitar la influencia del dinero en las decisiones públicas que nos afectan (pongamos aquí y en adelante todos los matices que nos hagan sentir más cómodos: hay algunos que no, en todos hay buenos profesionales, etc.).

Sabemos que la gestión de la información se ha convertido en uno de los grandes problemas de los sistemas democráticos, pero la verdad es que el diagnóstico no nos soluciona el problema, pues al tratar de resolverlo nos enfrentamos a un dilema al que no hallamos solución satisfactoria: si de alguna manera se implementan instrumentos de control sobre los medios (instrumento que sin duda manejaría el poder), la libertad de información y expresión, por viciada que ya éste, quedará herida de muerte; si no se hace nada al respecto, la herida abierta en el sistema por esos mismos medios (en buena parte ya manejados por el poder, fundamentalmente el político-financiero) terminará con lo poco que queda de la democracia.

A este aparente dilema sobre intervenir o no intervenir no se le había encontrado una buena solución hasta ahora, un motivo que diese lugar a una respuesta razonablemente justificada, una respuesta que explicase de forma convincente una intromisión decidida en la libertad y el derecho a la información… Algo así como lo que está siendo el discurso del odio o el enaltecimiento del terrorismo para la libertad de expresión u opinión.

Pero parece que ya está, que ya se ha dado con una salida. Hemos descubierto –nos han descubierto– las fake news. Éstas son esas informaciones falsas que, dice el Partido Popular, “pueden poner en peligro la estabilidad institucional en España… pues son capaces de crear conflictos, introducir división en las sociedades e influir en la opinión pública”.

Así es, desde hace unas semanas, los mismos responsables de las noticias falsas nos informan de que existen las noticias falsas y, además, de que son una amenaza. Por una vez saben de lo que hablan. Sin patrimonio moral que defender y sin temor a recibir mal alguno por las medidas que puedan adoptarse al respecto, los sepultureros de la libertad de prensa nos hacen saber por medio de sus gabinetes de comunicación y plataformas convertidas en tabloides que el carácter abierto y plural de las democracias liberales puede transformarse en una “vulnerabilidad estratégica” (atentos al lenguaje securitario) de las mismas… Obviamente, frente a esta grave amenaza, deben tomarse medidas que eviten daños mayores.

Hace un par de días un investigador del CIDOB publicaba en El País un artículo en el que consignaba los siguiente: “Las redes sociales ofrecen un entorno que puede ser saturado, fácilmente y a bajo coste, con noticias falsas y narrativas insidiosas, un acceso libre al corazón de las democracias liberales “. Y ahí queda el agudo análisis. Como si el entorno de los medios tradicionales no estuviera saturado desde hace tiempo, fácilmente y a bajo coste, de noticias falsas, narrativas insidiosas y silencios clamorosos. Como si ello no fuera desde hace tiempo una ¿vulnerabilidad estratégica? de las democracias liberales. Como si los informativos de radio y televisión cumplieran mínimamente con su función (obligatoria) de servicio público. Como si nunca hubiéramos sentido vergüenza al leer el mismo día la misma noticia distorsionada en todas las portadas de los grandes periódicos. Como si no existieran campañas orquestadas para acabar con opciones políticas peligrosas para la corrupción (política, económica, mediática) establecida…

Sin embargo, pronto advierte uno que este hilo argumentativo resulta erróneo, porque el término fake news no se refiere a las manipulaciones informativas tradicionales. Estas últimas no son perseguibles, deben considerarse consustanciales al sistema, al darwinismo democrático (mola el oxímoron) que en él tiene lugar, y es por eso que los movimientos políticos (partidos u organizaciones sociales) que por debilidad o incompetencia no las superan, en realidad no merecen ocupar espacio de reivindicación pública. Por el contrario, las novedosas fake news (otra vez el inglés para nombrar lo que ya pasa pero que parezca otra cosa) se refieren a un solo tipo de intoxicación, el que se lleva a cabo en redes sociales. Redes que son, casualmente, las que albergan los medios de información y opinión más libres, las que utilizan los movimientos sociales y políticos más críticos y reivindicativos con el poder.

Al pensar en todo esto no se me va de la cabeza la página web “versión original” que el Ayuntamiento de Madrid propuso crear en 2015 para desmentir noticias que afectaban a su gestión, así como la reacción de los partidos opositores y la propia FAPE, que hablaban indignados (y durante muchos días) de censura y ataque a la libertad de información. Pues bien, comparado con el planteamiento de las fake news, –la nueva Estrategia de Seguridad Nacional menciona la desinformación como pieza de caza, el Gobierno ya ha anunciado que va a crear un centro de operaciones para combatirla en Internet y la ministra de Defensa las ha mencionado en su discurso de la Pascua Militar–, lo de los comunistas del Ayuntamiento de la capital parece un juego de niños. Lo que ahora se propone desde el poder (el político, el económico, el mediático) no es solo desactivar las noticias que le incomoden, es controlar la información, controlar las redes y controlar a los informadores que circulan en ellas, es decir, vigilarlos (con la colaboración de las empresas propietarias de infraestructuras y servicios en Internet) y, a su tiempo, sancionarlos. La autocensura vendrá por añadidura.

Con todo ello, los mimbres del lazo se van cerrando. Llegado el momento, solo habrá que estirar del extremo.

Imágenes: Fotogramas de Buenas noches, y buena suerte, George Clooney (2005).

Francia: el estado de excepción normalizado

Fernando Flores *

Mañana, 1 de noviembre, se levantará de forma definitiva el estado de urgencia en Francia, una situación decretada el 13 de noviembre de 2015 por el Consejo de Ministros tras los atentados terroristas de París que provocaron más de ciento treinta muertos. La urgencia, en principio de carácter temporal (la duración inicial prevista por la Ley es de doce días), fue prorrogada varias veces por ley del Parlamento galo, primero a propuesta del Presidente Hollande y, más tarde, en julio de 2017, por Macron, su sucesor en el Palacio del Elíseo.

La Ley de 20 de noviembre de 2015 (que prorrogó la urgencia por tres meses), introdujo, además, algunas modificaciones importantes a la Ley del estado de urgencia (1955), unas modificaciones que afectan directamente a los derechos y libertades fundamentales, sobre todo a los de “los sospechosos”, es decir, aquellas personas “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”. Imposición de residencia y limitación de la libertad de circulación, prohibición de mantener contactos con otros sospechosos, obligación de portar brazaletes electrónicos, disolución de asociaciones que“participen, faciliten o inciten” actos de gravedad contra el orden público, orden de registros en domicilios a cualquier hora (esto se declaró inconstitucional), bloqueo de páginas web que inciten a realizar actos terroristas o hagan apología de los mismos… Decisiones todas ellas de origen gubernamental (del ministerio del Interior) sin necesidad de permiso judicial.

Tras un año de vigencia, en noviembre del 2016, Jean-Marc Sauvé, vice-presidente del Consejo de Estado, avisó de que “el estado de urgencia es una situación de crisis que no puede ser extendida indefinidamente”. Por ello, el recién llegado Macron decidió prolongar sus efectos solo unos meses, los suficientes para dar tiempo a elaborar una ley que introdujera en el ordenamiento francés algunas medidas para reforzar la seguridad en materia anti-terrorista. Esta Ley –Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme– ha entrado en vigor el 3 de octubre.

En realidad, lo que ha hecho Francia ha sido normalizar el estado de excepción, pues ha incorporado al Derecho comúnlas severísimas limitaciones de los derechos fundamentales recogidas en la Ley de urgencia tras su reforma en noviembre de 2015. Y aún ha añadido otras, como la posibilidad de cerrar lugares de culto cuando las ideas impartidas en ellos puedan provocar violencia, odio o discriminación; o la de realizar “visitas” domiciliarias y retenciones en ellas (hasta cuatro horas) para prevenir actos de terrorismo. De este modo, la Asamblea Nacional prorroga de forma permanente la excepcionalidad de la urgencia o, dicho de otro modo, anula la temporalidad del estado de excepción. Y lo hace con el voto aplastante de una mayoría parlamentaria (415 votos contra 127) que, a la vista de la presión mediática más conservadora, no quiere ser tachada de débil frente al terrorismo.

Se trata de un momento político muy grave para los europeos, un momento que está recibiendo muy poca atención fuera de las fronteras francesas. Al parecer, nos interesa e impresiona el ascenso de los nuevos partidos fascistas en las elecciones que tienen lugar en los Estados miembros (recientemente Austria, antes en Francia, Holanda o el Reino Unido), pero asistimos con indiferencia a las victorias que limpian su camino hacia el poder. Porque esta Ley antiterrorista francesa, en la línea de las que veremos en otros países europeos (incluida España), da forma a un cada vez mejor definido Estado policial en el que los partidos autoritarios se sienten como en casa y en el que, llegados al poder, aplicarán con toda la fuerza los mecanismos que lo han configurado. Eso sí, de forma legal  pues, llegado ese día, los partidos democráticos habrán dejado el ordenamiento jurídico listo para arrasar con las libertades de todos, no solo de los sospechosos.

Lo que ahora entra en vigor en Francia es una ley de sospechososque facilita (y banaliza) los controles étnicos, que permite la restricción arbitraria de la libertad personal y de movimiento, que limita el derecho de acceso a la justicia, que amenaza el derecho de asociación y la libertad de reunión pacífica, así como las libertades religiosa y de expresión. Y el detalle. Lo que entra en vigor es una Ley dirigida en principio a un grupo aparentemente muy determinado de personas(recordemos: “sobre las que existan razones que lleven a pensar que su comportamiento es una amenaza para la seguridad y el orden público”; y pensemos: ¿realmente es esto algo “muy determinado”?) que puede aplicarse a toda una población. Una población amedrentada que, no sintiéndose sospechosa, aplaude la instalación de unos barrotes que en el futuro (y ya mismo en numerosos casos concretos) acabarán con su libertad.

Sabemos que el terrorismo busca, sobre todo, respuestas inadecuadas al reto que plantea. Sabemos que como combatiente no tiene fuerza para acabar con un sistema político pero que, sin embargo, puede inducir a un sistema a acabar consigo mismo. Sabemos que si permitimos al Estado –al poder– entrometerse y violar las libertades de unos pocos, esa intromisión irá ampliándose a cada vez grupos más amplios de ciudadanos, pues quien gobierna usa todos los medios a su alcance para acallar a los críticos, sobre todo si quien gobierna es un partido fascista. Es por eso que el verdadero peligro del terrorismo, más allá del dolor e inquietud que provoca en cada acto asesino, se sitúa en la respuesta que busca provocar en el Estado democrático de Derecho. Una respuesta que, si es emocional, irracional y cortoplacista, permitirá el abuso institucionalizado del poder y dinamitará los propios pilares del Estado constitucional.

La banalización del estado de emergencia es la brecha por la que se cuela el totalitarismo, afirmaba el otro día Edwy Plenelen este mismo medio. Nada más cierto. El Estado de Derecho debe proteger a sus ciudadanos de los peligros que le amenazan, pero no puede vender sus principios a cambio de una insegura seguridad. Es importante que, por difícil e incómodo que sea, reivindiquemos el equilibrio. Para ello, defendamos la libertad de los otros y protegeremos nuestra libertad.

* publicado el 18/10/2017 en infoLibre,
en el blog del Foro Milicia y Democracia

Publicar fotos de muertos y heridos

Joaquín Urías

Los atentados del verano en Cataluña han abierto un cierto debate público sobre la publicación de fotos y vídeos de víctimas de atentados, de los cadáveres de sus autores y de menores implicados en los hechos. El debate ha sido especialmente virulento en las redes sociales, de modo que la polarización ha sido instantánea.

Por un momento pareció que todo el que fuera más o menos conservador o “de orden” tenía que estar a favor de que se publicara todo tipo de imágenes horribles. Primero de las víctimas del atentado, luego de los cuerpos de sus autores. Por otro lado, cualquiera que se calificara de progresista o de izquierdas parecía obligado a indignarse con la publicación de cualquier representación, siquiera lejana, de personas heridas o muertas por esta causa. Sigue leyendo

La era Trump, contra la protección de datos

Rosario Serra

El pasado 23 de marzo la mayoría republicana del Senado votó a favor de la derogación que la normativa que exigía a las compañías de comunicaciones pedir permiso a los usuarios antes de almacenar datos sobre sus hábitos en la red. Con ello Trump da un nuevo revés una de las regulaciones más protectoras que se habían aprobado en este ámbito hasta el momento, algo que sucedió durante la era Obama.

La normativa anterior, aprobada el 23 octubre de 2016 por la Federal Communications Commission, exigía a los proveedores de internet (como AT&T, Charter, Comcast o Verizon) solicitar permiso a los usuarios para procesar datos privados como las páginas visitadas, las aplicaciones utilizadas, localización o información financiera. Dicha normativa constituyó un paso importante en la protección de los usuarios de internet, pues hasta entonces las compañías de comunicaciones, por lo pronto, podían procesar y ceder dicha información, salvo que los usuarios solicitasen que dejasen de obrar así. Con ello la nueva regulación se acercaba unos pasos hacia el modelo europeo de protección de datos de los consumidores. Sigue leyendo

CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Sigue leyendo