El “peccadiglio di Spagna” en su versión contemporánea

Javier Palao

En 1524, Ludovico Ariosto escribía la sexta de sus célebres Sátiras, dirigida al escritor humanista Pietro Bembo. En ella le pedía un profesor de griego para su hijo Virginio, que estudiaba en Padua. En el texto, le encarecía que fuese un preceptor de confianza por la solidez de su doctrina y por la virtud de sus costumbres morales:

Dottrina abbia e bontà ; ma principale

sia la bontà; chè non vi essendo questa

nè molto quella alla mia estima vale.

Y, a continuación, añade:

Ed oltra questa nota, il peccadiglio

di Spagna gli danno anco, che non creda

in unità del Spirto, il Padre e’l Figlio.

Non che contempli come l’un proceda

dall’altro, o nasca, o come il debol senso,

che uno e tre possano essere, conceda.

Ariosto le pide a su amigo Bembo que el maestro no profese “el pecadillo de España”; es decir, que crea en la santísima Trinidad y que acepte “que uno y trino puedan ser”. Aprovecha el autor de Orlando Furioso para lanzar una pulla teológica contra los españoles, tan poderosos en aquel tiempo en Roma –incluida la Corte pontificia– y en toda Italia. Y es que estos ofrecían una imagen en la Europa de entonces muy distinta a la que nos han mostrado los libros de texto con los que nos formamos en colegios e institutos. Lejos de la devoción fanática y de la ortodoxia católica intransigente y sin fisuras con que se pintan en ellos, los españoles eran vistos como una amalgama heterogénea de escépticos, creyentes a medias, analfabetos del catecismo y de la formación religiosa más rigurosa, gentes de fe vacilante e incierta, poco fiables e hipócritas… Dignos descendientes, pues, de los musulmanes y moriscos que todavía poblaban extensas regiones de la Península, y de los judíos que, aun cuando acababan de ser expulsados de los territorios de la monarquía, dejaban en los conversos o marranos –vaya nombre– la funesta semilla de la herejía y la heterodoxia.

El “pecadillo español” era la duda en el dogma de la Santísima Trinidad y, por extensión, una acusación –bien antisemita, por cierto– de increencia en la fe verdadera y de escepticismo ante los dogmas de la Santa Madre Iglesia, heredados de los genes islámicos y hebreos presentes en una parte nada despreciable de la población hispana de entonces. El propio Erasmo rechaza una invitación del cardenal Cisneros para ocupar una cátedra en Alcalá de Henares (“non placet Hispania”) que luego concreta en una carta a Fabricius Capito: “Los judíos abundan en Italia; en España, apenas hay cristianos”.

Aquel estereotipo –un tópico, más bien– se sustentaba en realidad sobre diversos elementos: el mayor aislamiento peninsular, respecto de los centros y núcleos de poder de la Europa de entonces; una red de universidades dispersas, menor en densidad y menos conocidas en el continente, que hacían surgir dudas sobre su capacidad formativa; la coexistencia de masas de población cristiana, musulmana y judía, una circunstancia única en el continente; la expansión súbita de la monarquía, a un lado y otro del océano, que había llevado incluso a dos Papas hispanos a sentarse en la silla de Pedro…

La respuesta a aquellas sospechas, que tampoco tenían mayor importancia, fue exagerada, como si se quisiera dejar la ortodoxia religiosa de los españoles fuera de toda duda. Así, la nueva Inquisición creada por los Reyes Católicos se dio un baño de sangre y fuego depurativos con las minorías religiosas, que la Monarquía acabó rematando con la expulsión de los moriscos en 1609. La sociedad dio en un delirio de linajes con limpieza de sangre, proclamas de honras y honores bien hueras, cristianías viejas e hidalguías sin mancha… que acabaron conformando un mundo muy alejado del moderno que se gestaba en el norte de Europa. Hasta se desarrolló una cocina intensiva del cerdo que aprovechaba todas las partes del animal, como si fuese una profesión de fe culinaria…

La sociedad española no se convirtió por esta vía en un colectivo más culto y mejor formado, sino en uno de los más fanatizados del continente en el plano religioso. El “peccadiglio” fue el anticipo de la leyenda negra de un país atrasado y primitivo, repleto de frailes cazurros, campesinos miserables, soldados crueles y élites parasitarias, alejado de los estándares sociales y culturales europeos. España acabó configurándose así como un país exótico, ya en el siglo XIX. Las Universidades siguieron siendo pocas y atrasadas; la educación apenas avanzó y el índice de analfabetismo, a fines del XVIII, era de los más altos de Europa. El dogma trinitario se defendió –como el inmaculista– con más fervor que convicción, pues tampoco la teología avanzó hasta niveles notables. Paradójicamente, los mejores teólogos se alumbraron durante el reinado de Carlos I y se apagaron después de Trento. La Inquisición se encargó de eliminar los tímidos brotes de humanismo, a veces de corte erasmista, y Felipe II remató la faena prohibiendo a los universitarios españoles estudiar en otros países –Pragmática de 22 de noviembre de 1559– para evitar que entrasen en contacto con la Reforma protestante. Cuando llegó el tiempo de las revoluciones, en este país nadie sabía nada sobre la separación de poderes, la representación política o quién era John Locke (aun así, hay historiadores que siguen manteniendo que los Borbones modernizaron la España de entonces; en fin…).

Viendo el panorama de estos últimos días y años, a uno le da la impresión de estar viviendo un nuevo capítulo de ese “pecadillo”, transportado a la actualidad y con otros conceptos. La historia política española contemporánea es bien conocida en sus líneas generales. Los siglos XIX y XX contemplan –en el mejor de los casos– el imperio de una forma adulterada del liberalismo político: el doctrinarismo o moderantismo, es decir, una lectura y una práctica mistificadas de los principios esenciales del liberalismo clásico o radical, tal como lo podemos encontrar propuesto en las obras de Locke, Montesquieu o Burlamaqui –entre muchos otros– y aplicado con mayor o menor fidelidad en los países del norte de Europa y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. En España, la soberanía no corresponde solo a la nación, sino que se comparte con la Corona, que goza de un papel exorbitante en el gobierno hasta el exilio de Alfonso XIII; se reconoce el derecho de sufragio, pero fuertemente limitado por requisitos sociales, profesionales o económicos –censitario–, con lo que se reserva a una minoría de la población masculina; la representación política corresponde así a una reducida élite nucleada en torno a unos partidos típicamente de cuadros, sin militantes, que llegan incluso a denominarse dinásticos y que se configuran como meros mecanismos para ganar las elecciones y gobernar; se establece una separación de poderes formal, pues en la práctica el Ejecutivo somete a los otros dos mediante mecanismos viciados: elecciones amañadas que designan un Parlamento dócil al partido en el Gobierno a través del pucherazo de turno, y la selección de los jueces por el ministro de Gracia y Justicia, que escoge a los más proclives al poder. No hay propiamente una cultura de los derechos humanos, simplemente porque es imposible: ni se ha elaborado por los juristas o por las Universidades, ni es estimada por la clase política, ni es conocida por la mayor parte de la sociedad –como si fuese un arcano, vaya–. De este modo, las partes dogmáticas de nuestras Constituciones se elaboran sobre una concepción estatalista de los derechos: éstos son los que el Estado reconoce y concede –no son previos ni autónomos–, y la regulación de su ejercicio se defiere a leyes ordinarias y hasta a reglamentos. El contenido es, en ocasiones, bien pobre –Constituciones de 1837 y 1845–, y en otras, como en la de 1876, tramposo.

Se construyó así una monarquía pseudoparlamentaria, una falsa democracia de baja intensidad y menor calidad, y un presunto Estado de derecho en el que éste se hallaba al servicio de las clases rectoras. Cronistas certeros no le han faltado, desde Galdós a Baroja, pasando por Barea. Y es verdad que hubo algunos intentos de superar esa situación y acercarnos al patrón europeo, señaladamente en 1868 y 1931, ambos rematados con la instauración de sendas repúblicas. Pero en los dos casos, las fuerzas de siempre, amparadas también como siempre en el ejército, dieron al traste con el esfuerzo modernizador y reclamaron el monopolio de un poder en el que estaban permanentemente instaladas.

El aislamiento exterior que preconizaron aquellos Gobiernos, y que fue el santo y seña de la diplomacia española durante siglo y medio, contribuyeron igualmente a acuñar un nuevo “pecadillo de España”, es decir, un país aparentemente incluido en el escenario europeo, pero atrasado, pobre e incapaz de desarrollar un régimen político homologable al de las naciones de su entorno, en buena medida porque no podía creer en él. Si el pasado plurirreligioso dificultó la inclusión de la Monarquía Hispánica en el concierto de las naciones cristianas, el pasado político de la España contemporánea le impedía hacer lo propio en la Europa de los imperios.

El programa de gobierno de la II República trató de recoger lo mejor de las ideas expresadas hasta aquella fecha para la regeneración del país. Se buscaba sacarlo del atraso secular en todos los ámbitos –social, económico, cultural y científico, etc.–, modernizar y democratizar sus estructuras de poder y superar, de una vez por todas, el lastre del moderantismo. La parte dogmática de la Constitución incluía por vez primera derechos sociales. Un Estado social de derecho, una república democrática de trabajadores de todas clases… Aquel proyecto fue truncado por los de siempre, por aquellos que venían detentando el poder en España durante más de un siglo, mediante el mecanismo habitual: el golpe de Estado. La guerra que siguió a la rebelión militar hundió al país en el peor de sus abismos y lo condujo a una cuarta división en el concierto de las naciones de su tiempo.

La dictadura franquista congeló a una sociedad ya de por sí atrasada, y en algunos aspectos la devolvió a la Edad Media. Se impuso un relato homogéneo en las ciencias sociales y humanas, y se acalló la disidencia con los métodos más diversos. Se demonizó la política y se buscó, conscientemente, educar un tipo de ciudadano competente en lo profesional pero con mentalidad de vasallo en sus relaciones con el Estado. Una buena muestra literaria la constituye aquel sobrino que conduce en su coche a Max Aub a las gestiones para tratar de recuperar los libros que constituyeron su biblioteca y que estaban depositados en la de la Universidad de Valencia. Fastidiado por lo que juzga una pérdida de tiempo y por la actitud de su tío, que parece tratar de remover un pasado para él remoto y deliberadamente ignorado, acaba enfrentándose a él con dureza:

―“Lo que sucede es que aquí estás buscando lo que no hallarás nunca. Ni tú ni nadie.

―¿Qué?

―El tiempo pasado. Tu juventud. Ahora es la nuestra”.

Es un precursor del discurso, tan actual, sobre lo innecesario y hasta contraproducente que resulta remover el pasado. La suya era una generación conformista e identificada con el sistema en su mayoría –también están los que militan en la oposición activa al régimen, no lo olvido–, ahormada por un sistema educativo bastante más interesado en que aprendan los productos minerometalúrgicos del Turquestán chino o a cuantificar el calor que desprende un objeto móvil cuando desciende por una rampa, antes que los sistemas políticos de otros países o cómo es la sociedad en que viven. En un contexto así, el “pecadillo español” se acrecienta y consolida. Europa empieza en los Pirineos y el país queda más aislado –políticamente hablando– que nunca.

Difícilmente puede un país tan convulso y tan castigado disipar sus fantasmas y recobrar una cierta normalidad. La Transición fue una buena oportunidad, y el país la aprovechó parcialmente. Hace poco, el periodista Pedro Vallín recordaba que la Transición fue un pacto, no un consenso. En un pacto, las partes que intervienen renuncian a algo para alcanzar el acuerdo; el consenso, sin embargo, requiere el esfuerzo previo de alcanzar una posición común en la que las partes convergen. El consenso puede tener una vigencia intemporal conforme se sumen más partes –o ciudadanos–. Sin embargo, el pacto la tiene limitada a las que intervienen en él, y se explica entre ellas, por lo que pierde vigor con el paso del tiempo. En la Transición, los que habían detentado el poder durante el franquismo –y antes, claro– renunciaron a su monopolio y aceptaron dirimirlo en elecciones libres (aun cuando con un sistema electoral más cercano a sus intereses y conservando una influencia neta en el poder judicial).

A cambio, la oposición democrática renunció a la revolución, a juzgar las responsabilidades derivadas de la dictadura y a poner en valor la República traicionada, aceptando algo tan exorbitante como la Ley de Amnistía de 1977. Por eso se dice que la Transición fue en realidad un pacto por el olvido, un olvido que permanece aun en nuestros días. Y por eso es tan difícil explicarla a los más jóvenes: ellos no fueron parte del pacto, no entienden los condicionantes de la época y no se sienten obligados por ellos. Y tienen buena parte de razón. La monarquía, por ejemplo, fue una de las condiciones del pacto; por eso se ve ahora cuestionada, y más cuando quienes ocupan la jefatura del Estado se comportan de manera nada ejemplar. A lo mejor hay que explicarle esto a esos políticos clásicos de aquella época que, como Alfonso Guerra, pasan el día dando lecciones de democracia y explicando lo bien que se hizo todo a partir de 1976, sin percibir que solo los de su edad –y no todos– les compran el relato, y cada vez son menos…

La Constitución fue el fruto más importante de aquel pacto, con sus virtudes y sus defectos. Lo que ocurre es que, cuarenta y tantos años más tarde, perdido aquel contexto histórico y en una sociedad muy distinta de la que alumbró el código de 1978, los segundos tienden a verse más que las primeras. Y, al ser el resultado de un pacto, los que no participamos en él –y me incluyo, como más de la mitad de la población española–, más allá de cumplir con sus mandatos y respetarla razonablemente, nos acercamos a ella con una visión distinta, sin prejuicios ni condicionamientos históricos. Tejero nos queda muy lejos… Que la política española no sabe de consensos, y sí de pactos, lo demuestra la incapacidad absoluta y completa para reformar el texto constitucional. Es un mal que viene de lejos: desde 1812 este país no ha hecho ni una sola modificación de calado en una Constitución; y no será porque no las ha habido… Pero ahora mismo, los que se aferran al texto incólume de 1978 no necesitan nada de los que sí querríamos cambiarlo y actualizarlo, por lo que la posibilidad de un pacto sigue desvanecida. Enhorabuena: las personas con diversidad funcional seguirán siendo “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”; menos mal que no los llamaron subnormales o deficientes, términos también vigentes en el pleistoceno de las ciencias sociales…

Decía antes que el franquismo contribuyó a hacer casi imposible la eliminación del “pecadillo” que nos sigue persiguiendo desde los tiempos de Cádiz. Son muchos los aspectos afectados por tendencias y usos que la España del dictador acuñó con sello de hierro. El discurso historiográfico es uno de ellos. Todavía hoy resulta exótico explicar nombres como los de Abulcasis, Ibn Hazm, Averroes, Ibn Arabi, Maimónides o Ibn al-Abbar, así como la espléndida cultura y la sociedad en la que se desenvolvieron durante siglos en la Península. A Franco y sus panegiristas les molestaba recordar que el Islam estuvo presente aquí durante muchos siglos. Pero, a día de hoy, su presencia en libros y manuales sigue siendo muy reducida respecto al relieve y la extensión del periodo histórico… Por cierto, los detractores de la descentralización política de nuestro país, herederos muchos de ellos de antiguos gerifaltes franquistas, siguen utilizando el término “reinos de taifas” para referirse peyorativamente a las comunidades autónomas, ignorando que la mayor parte de aquellos poetas, matemáticos y científicos andalusíes encontraron allí su escenario vital. También ignoran que muchos de ellos tuvieron que marchar al exilio tras la conquista –que no “reconquista”– cristiana, inaugurando una larga y nefasta tradición hispana de expulsiones y exilios forzados. Pero es que, en general, lo ignoran todo…

Más doloroso resulta que la ideología y las consignas creadas por la Dictadura continúen infectando el relato histórico sobre la II República y la guerra civil. Los manuales siguen hablando de “alzamiento”, de “inevitable guerra fratricida”, o aun refieren el cuento de la muerte de Calvo Sotelo como causa inmediata de la sublevación, que se vende como ineludible al ser una reacción contra un supuesto caos imperante… No hay que olvidar que quienes sostuvieron al régimen de Franco en sus últimos años estuvieron entre quienes pilotaron también la transición a la democracia, e impusieron ese relato equidistante que repartía responsabilidades por igual entre un Gobierno legítimo y constitucional, y otro surgido de una rebelión militar y un golpe violento contra la legitimidad democrática. Los estudios e investigaciones que salían de las Universidades y que demostraban la enormidad de la represión franquista no parecían calar en los manuales de secundaria y bachillerato (unos manuales, por cierto, que tergiversan y manipulan la historia no solo en las comunidades autónomas con gobiernos nacionalistas, sino también en las grandes editoriales con sede en Madrid, como demuestran los estudios de Jorge Saiz Serrano). Por mi parte, puedo atestiguar los enormes obstáculos que tuvimos que vencer los historiadores para poder acceder a los archivos con testimonios de la guerra, en algunos casos 70 años después de acabada ésta… Algunos casos, como los de la documentación conservada en los archivos de Capitanías y Comandancias Militares, han sido escandalosos, más propios de países tercermundistas donde el ejército no tiene la conciencia de ser un servicio público sometido al imperio de la ley. Pero, claro, ¿qué nos cabe esperar en un país que tiene una Ley sobre Secretos Oficiales de 1968 que carece de plazos para desclasificar los documentos correspondientes y vulnera derechos fundamentales con el mayor de los desparpajos? La sombra del franquismo, tan alargada, se extiende por todas partes…

Ello repercutió en la paupérrima política de reconciliación, resarcimiento y memoria –para qué hablar de “justicia transicional”– que el Estado español llevó adelante desde 1975: hasta 2007 (¡32 años después de la muerte de Franco!) no encontramos un primer intento, fallido por cierto, de hacer desde la ley una política de la memoria en nuestro país. ¿Cuántas veces no ha sido amonestada España por estas razones, y por la nefasta Ley de Amnistía de 1977? Puede entenderse una cierta prudencia en los primeros años, pero, ¿qué impidió al Gobierno socialista de Felipe González avanzar con decisión en esta materia, cuando exiliados y represaliados aun estaban vivos? Hace apenas dos meses, toda una vicepresidenta del Gobierno actual anunciaba que la nueva ley sobre memoria histórica que se presentará próximamente en el Congreso “saldará la deuda pendiente con el exilio republicano”. Una noticia como ésta produce un intenso sonrojo y una sensación no menor de vergüenza ajena si tenemos en cuenta que los últimos exiliados salieron de España en marzo… de 1939, hace más de 80 años, y cuando la totalidad de ellos ya han muerto. Menos mal que las Universidades y algunas asociaciones han hecho el trabajo de estudiar –con fondos bien reducidos, por cierto– y poner en valor su legado y el tremendo agujero que su marcha produjo en nuestro país. Otra cosa es que nuestras autoridades, consciente o inconscientemente, no se hayan enterado. También aquí el dictador sigue teniéndolo todo atado y bien atado…

La visión de la política como un oficio ruin al que se dedican aprovechados y aventureros que solo buscan el medro personal y el lucro contante y sonante es igualmente una de nuestras herencias de la dictadura. Aquel “Haga usted como yo, no se meta en política” que le espetó Franco al director del diario Arriba sigue pesando como una losa y se traduce en una falta de cultura política espantosa en buena parte de la población española (que, todo sea dicho de paso, aun piensa que el general, sus militares y ministros no hacían política, como si la dictadura no fuera una forma más –pésima– de política). Uno de los resultados es esa confusión, tan nuestra, entre el liberalismo político y el económico, de manera que resulta que nuestros mayores liberales son habitualmente personajes de extrema derecha que en realidad abominan de los principios del liberalismo político radical. Todavía hoy, en España, cuando alguien manifiesta su intención, y su vocación, de dedicarse a la gestión pública, formándose incluso para ello a nivel universitario, o se integra en un partido político, es mirado con esa suspicacia socarrona y paleta, tan típicamente española, del que para sus adentros piensa “tú lo que quieres es forrarte”. Lo que no piensa es que, muy posiblemente, los abundantes casos de corrupción que han azotado a nuestro país durante el periodo democrático se deben a esa falta de cultura política que vengo denunciando, y a la confusión entre los intereses personales o privados y los públicos que a menudo ponen de manifiesto, porque nadie ha dedicado un rato a explicar qué es y en qué consiste el interés público.

La falta de formación política, jurídica y social se encuentra también en la base de la carencia de una verdadera cultura de los derechos. Este es un déficit plurisecular que nos aleja de nuestros conciudadanos europeos, para los que ese pasado dictatorial sigue siendo un lastre a la hora de vivir en democracia. La gente confunde –a veces interesadamente– la libertad como derecho fundamental con el libertinaje de hacer lo que a uno le dé la gana, como tanto estamos viendo en estos días de pandemia. ¡Habeas Corpus! Pero eso no evita que se pontifique en las redes sociales con las ideas más peregrinas, que se exponen con la misma solvencia y contundencia con que lo haría un John Rawls… Y prueba a disentir, que la misma autoridad parece tener un catedrático dedicado a estudiar estos problemas durante décadas que un ignaro formado en esa nueva escuela del saber que es Twitter… No me extiendo ya con la escasa formación sobre la materia de nuestros más altos jueces, y que es la razón por la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos saca los colores periódicamente, como recuerda una monografía recientemente publicada por el profesor Ricardo Juan. En estas cuestiones, los pleiteantes comienzan su largo periplo pensando ya en Estrasburgo, lo que es un hecho terrible a los ojos de un alemán, por ejemplo. Me consta personalmente la extrañeza de funcionarios y magistrados europeos radicados en Bruselas acerca de la forma en que en España se abordan los problemas relacionados con las libertades o derechos de expresión, de manifestación o de asociación. Nos quedan muchos años para asumir e integrar comme il faut los estándares continentales sobre estas materias.

Sin embargo, no hay que asustarse demasiado. Porque todos estos problemas, estas cuestiones, tienen solución. Y no es otra que la educación, la formación, el aprendizaje si se quiere. Pero para ello hay que liberarse de otro de los lastres que nos ha legado el franquismo, el que he dejado para el final. Si analizamos sin excesiva pasión los planes de estudios de la educación secundaria y del bachillerato en nuestro país, comprobaremos que sigue habiendo una auténtica indigestión de contenidos tocantes a las ciencias experimentales (física, química, matemáticas, ciencias naturales…), mientras que humanidades y ciencias sociales se explican siempre en combinaciones a menudo raras, contra natura, y a niveles tan básicos que asustan. El resultado final es que un estudiante de ciencias experimentales abandona el bachillerato sabiendo cálculo matricial y resolviendo ecuaciones de Schrödinger, mientras que el de los otros bachilleratos egresa con una tintura confusa de diversos conocimientos que apenas le aprovechan después. A veces tengo que explicar que, en Derecho, un equivalente aceptable a los sistemas de Schrödinger –o al principio de indeterminación de Heisenberg– sería conocer el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Sin embargo, un bachiller en sociales y humanidades no sabe ni siquiera qué es el Derecho (el equivalente en Matemáticas sería saber sumar o restar).

Los planes de estudios del franquismo cargaron la mano en el apartado de las ciencias experimentales, y limitaron las humanidades a la memorización de los contenidos recogidos en los infames manuales de la época. Las primeras no permitían debates ni disensiones: a2 + b2= c2, ácido + base = sal + agua, y punto. Conforman un tipo de mentalidad como la del sobrino de Max Aub, que había estudiado una ingeniería. En cuanto a las otras, a ver quién se atrevía a discutir la autoridad del profesor o del manual cuando afirmaban que la guerra civil fue una cruzada… Las ciencias sociales se redujeron a la celebrada asignatura de “Formación del espíritu nacional”, frustrado intento del régimen para adoctrinar a los estudiantes de la época y que se acabó convirtiendo en una “maría” ideal para aprobar sin dar golpe. Por supuesto, nada de sociología, de antropología, de derecho o de economía, no fuese a ser que estos mismos alumnos se pusiesen a pensar y a razonar sobre la sociedad en que vivían y terminasen atando cabos… En humanidades, mucho latín y griego, y poco Cicerón y Tucídides, cuando el tiempo en que vivimos seguramente recomienda lo contrario.

Esto puede entenderse durante la vigencia de un régimen dictatorial. Pero ahora mismo ya es insostenible. La diferencia entre los planes de estudios de la Ley Villar y los actuales estriba, sobre todo, en las didácticas y en la exigencia de contenidos. Las ciencias sociales siguen ausentes, con una excepción: las asignaturas de contenido económico en el bachillerato. El derecho, y los derechos, también están ausentes. Hace poco una abogada de Murcia contaba que, con algunos compañeros, recorrían los institutos de la comunidad autónoma dando charlas sobre los derechos fundamentales; los alumnos descubrían así un mundo que intuían, pero del que nadie les había dado noticia. Cuando les preguntaban que dónde denunciarían una violación de estos derechos que les afectase a ellos, casi todos respondieron sin dudar: “En la televisión”. En fin: hemos delegado en Netflix un aspecto esencial en la formación de los futuros ciudadanos de este país. No es el único caso cómico: hace un par de años se efectuó una encuesta entre alumnos de educación secundaria en que se les preguntaba, entre otras cosas, que qué era la Constitución. La mayoría (más de la mitad) contestó que era “un día de fiesta” o “un puente festivo”. Y recuerdo aquí solo algunos de los términos jurídicos que la pandemia ha puesto de moda: estado de alarma, ERTE, permiso retribuido, habeas corpus, testamento vital, eutanasia, derecho de reunión y de manifestación, delitos de odio y desobediencia, suspensión de plazos… Como este tipo de cosas jamás se han visto en escuelas, institutos y colegios, los expertos más variopintos (incluso los epidemiólogos) han podido dar su opinión y explicar (un eufemismo, en muchos casos) qué era toda esta selva de cuestiones y problemas sociales nacidos al socaire de una pandemia vírica.

A nuestra clase política no se le cae de la boca la palabra “Constitución”, que es, al parecer, la panacea para todos nuestros males; pero luego no se molestan en incluir una materia que la exponga en sus contenidos y en sus repercusiones. ¿Cómo se explica esto? Tampoco se enseña con propiedad la estructura política e institucional de nuestro país: la Constitución, los poderes, los partidos políticos, la organización territorial, qué es la Administración o el “Gobierno de España” ése que sale en los anuncios… Nuestras autoridades parecen conformarse con una lección al final de algún temario abigarrado de historia contemporánea de España (que a menudo ni se explica, por ser la última) o de esas “ciencias sociales” que empaquetan conjuntamente a Chindasvinto con los ríos del país, su orografía y su clima, y una referencia en nota al pie sobre el desarrollismo de los años 60. Además, se confiere la explicación de estos contenidos tan someros a profesorado que no está adecuadamente preparado para impartirlos. Sólo hay que ver, en mi propia Universitat, en qué consiste la asignatura “didáctica de las ciencias sociales” y qué materias abarca. Desde luego, ni derecho, ni política, ni sociología, ni antropología… La mitad es historia, disciplina que la propia institución no duda en situar dentro de la oferta de grados… en Humanidades. Valga, pues, como muestra de la confusión y pobreza de contenidos que siguen campando a sus anchas en nuestros planes de estudios y que, desde luego, no se aceptarían en modo alguno en los currículos de ciencias experimentales o de la salud.

Estos planes, pues, siguen teniendo una materia pendiente, que no es otra que la de formar ciudadanos responsables y conscientes. Y para ello hay vías y soluciones. En el Bachillerato debería incluirse al menos una asignatura de modalidad sobre Constitución y derechos humanos; y si se incluyese otra sobre la estructura del Estado (poder legislativo, ejecutivo y judicial y sus instituciones; Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos; cogobernanza; Jefatura del Estado; política exterior; etc.), estaríamos proporcionando una guía para entender (y criticar) lo que están viendo a todas horas en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo que se pide no es exorbitante; al fin y al cabo, ya hay una asignatura que explica todo esto… en relación con una empresa. Si nos parece más importante saber cómo funciona una empresa que entender cómo lo hace el Estado, dígase en voz alta y evítesenos más esfuerzo. Reconoceremos el triunfo del franquismo ideológico y del pseudoliberalismo económico, y nos dedicaremos a otras tareas… Mientras, nuestros conciudadanos seguirán pensando que las leyes han de obedecerse y respetarse en función de si es el partido al que votan el que las ha promulgado, o no. Y si no lo es, se demonizan y se hacen opinables y optativas según la conveniencia personal.

La pandemia ha demostrado que el gran fracaso de nuestro país ha radicado en la gestión social de la crisis. El enfoque únicamente sanitario y epidemiológico, unido al represivo durante el confinamiento obligatorio, ha sido el caldo de cultivo perfecto para la explosión de contagios que estamos viviendo y para el comportamiento incívico de una parte significativa de nuestra sociedad. Se han creado comités de expertos repletos de médicos y enfermeros, pero sin juristas, sociólogos o politólogos. El resultado es que no se ha sabido hacer frente al movimiento negacionista (más allá de la vía coercitiva), en buena medida porque no se ha sabido organizar de forma eficaz la comunicación científica; tampoco ha sido posible convencer a la población de los requerimientos sociales de la lucha contra la pandemia (distanciamiento, uso de mascarillas, higiene colectiva, evitación de reuniones familiares y sociales, disminución del ocio a límites admisibles…); no hemos llegado a los jóvenes, porque nadie se ha planteado cómo hacerlo, más allá de un prestigioso epidemiólogo que pedía a través de las pantallas la ayuda de los influencers (alguno de los cuales había recomendado en días anteriores beber agua caliente o respirar más despacio para eliminar el virus); etc. La reflexión reciente que hacía en La Vanguardia Carles Feixa, profesor de Antropología en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en culturas juveniles, va en esa dirección: es necesario un análisis social, y no solo el que hace lo que él llama “el gran hermano sanitario”; así, al moralismo religioso le habría sucedido una ideología higienista de control del cuerpo marcada por planteamientos médicos y sanitarios. Se puede estar más o menos de acuerdo, pero este análisis es tan necesario como el otro.

Mientras tanto, el resultado de la perspectiva higienista lo tenemos en las portadas de los periódicos y los telediarios: fiestas raves e ilegales (más de 100 en Madrid en una sola noche); macrobrotes –de los más grandes de Europa– protagonizados por jóvenes en colegios mayores y residencias por acudir a esas mismas fiestas terrazas de bares atestadas de gente sin medidas de protección; hordas de energúmenos enfrentándose a la policía en Burgos, Barcelona o Valencia; y un grupo de políticos de medio pelo, encabezado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusando al Gobierno de franquista y liberticida por confinar a la población. Mientras tanto, todas las estadísticas subiendo en flecha y los hospitales, otra vez al borde de la saturación. La relajación y el egoísmo social están en la base de nuestro récord europeo de contagios, junto con otros factores que no olvido, como el de la pobreza, que también es social; si eso no se combate, ni un millón de rastreadores o de médicos de atención primaria serán suficientes para atajarlo. Pero si nunca se les ha explicado a nuestros conciudadanos lo que es la sociedad, su sentido comunitario, cómo afectan nuestras acciones a los demás y los límites de nuestros derechos a ese respecto, ¿qué esperábamos? Ya sabemos que el individualismo es una de las bases de nuestro comportamiento social, frente al agere comunitario o colectivo de los países orientales; mas si no se educa y se corrige en sus aspectos más extremos, el individualismo se convierte en un egoísmo feroz rayano en el autismo. Una parte, por suerte minoritaria, de nuestros jóvenes ha dado buena muestra de ese comportamiento salvaje: sabiéndose poco o nada vulnerables ante el virus, desafían las prohibiciones con el sorprendente argumento de que queremos robarles su juventud y el derecho a divertirse. No entienden nada, no son capaces de percibir las posibles consecuencias inmediatas y sucesivas de sus actos: el contagio de un familiar que sí es vulnerable, por ejemplo.

Más de uno ha recordado en las Universidades lo poco que invierte nuestro país en la investigación y formación en ciencias sociales. Si no educamos ciudadanos en las aulas, ¿cómo les vamos a exigir luego que se comporten como tales? En vano reclamará el profesor Javier de Lucas, recordando a Cicerón y con toda lógica, que la salud del pueblo debe ser el primer imperativo y la guía de las decisiones políticas (“salus populi suprema lex esto”), si no explicamos primero qué cabe entender por “salus populi” y su importancia en el seno de una sociedad moderna. Y si nos rendimos a las primeras de cambio cuando los mismos herederos del franquismo ideológico nos acusen de querer adoctrinar con esta clase de materias, ¿cómo vamos a decir que trabajamos por un país mejor? El profesor Jacobo Dopico recordaba hace poco que adoctrinar es, precisamente, no proporcionar formación sobre la Constitución o los derechos fundamentales en los niveles de formación no universitaria…

En fin, en la mano de nuestras autoridades está el cambiar el signo de nuestras pautas y de nuestras políticas educativas. Y si no se hace nada, perfecto. El dictador nos sonreirá y nos guiñará un ojo desde el lugar donde ahora descansa (y rige parte de nuestro destino) eternamente; sus herederos dormirán más tranquilos sabiendo que el rebaño está a salvo de inquietudes y que puede seguir balando a gusto; y, cada vez que hablemos de la democracia en España, nuestros colegas europeos seguirán esbozando una sonrisa comprensiva mientras se acuerdan del pecadillo español.

* Este artículo ha sido publicado en una versión reducida por la Revista tintaLibre núm.85, de este mes de noviembre de 2020.

Ilustraciones: 1. La Santísima Trinidad: Corrado Giaquinto, 1754. 2. Escena de Inquisición: Goya, 1808-12. 3. Caricatura de la revista La Flaca sobre el fraude electoral en la Restauración. 4. La escuela, luz de la república (Museo de la Memoria – Ayto de Altura). 5. Miniatura del Códice de “Al-Tarisf” describiendo la utilización del cauterio. 6. Portada del Diario16. 7. Del libro Alicante: la guerra ha terminado. Ed. Media Vaca, 2019. Foto de José María Azkárraga. 8. Exposición La escuela en blanco y negro, Altura 2020. Foto de Fernando Flores. 9. Constitución española. Foto F. Flores. 10. Publicación del artículo en tintaLibre.

 

El ingreso mínimo vital, una cuestión de derechos

María Dalli

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de España va a poner en marcha, previsiblemente en el mes de mayo, el ingreso mínimo vital (IMV). Se trata de un hito, pues por primera vez el gobierno central pondría en marcha una política de prestaciones de último recurso con independencia del historial de contribución del solicitante y más allá de las prestaciones familiares o por discapacidad. De esta forma, el IMV iría más allá de las prestaciones no contributivas o asistenciales de la seguridad social que han existido hasta el momento, con la finalidad de cubrir a toda persona en situación de pobreza o de exclusión social, cuyos recursos económicos no superen un determinado límite. Esta actuación del Estado se enmarca en el artículo 41 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la seguridad social. Hasta ahora, como prestaciones asistenciales de último recurso han existido las rentas mínimas de inserción autonómicas, que surgieron a raíz de la atribución a las mismas de la competencia en materia de asistencia social según el artículo 148.1.20ª de la Constitución.

Más allá del acogimiento con el que cabe esperar esta medida, es importante no olvidar que, cuando hablamos de asistencia social, hablamos de derechos humanos. En este sentido, sería conveniente que el nuevo IMV estatal no reincidiera en los problemas en relación con los cuales ya se ha llamado la atención a España repetidamente por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Por estas razones, tras mencionar las principales características hasta el momento conocidas del nuevo IMV, con este texto pretendo destacar la consideración de la asistencia social como derecho humano así como recordar los problemas que, desde una perspectiva de derechos, el IMV debería abordar.

Previsiblemente, el IMV consistirá en una prestación económica para aquellas personas con menos de 200€ de ingresos mensuales si viven solas, o con menos de 450€ si viven en pareja. La cuantía a reconocer sería de aproximadamente 500€, aunque también se ha barajado que podría consistir en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), actualmente situado en 430€ mensuales. Además, a esta cantidad se sumarían 250€ más si hay otro adulto sin ingresos en el domicilio familiar, más 150€ por hijo en casos de familias monoparentales, o de 100€ por hijo en los demás casos.  Así pues, la cuantía se aumentará para cada caso según las características del hogar familiar, la existencia de hijos y según exista o no algún miembro en la familia con discapacidad. El IMV se espera implementar de forma progresiva, a lo largo de los tres últimos ejercicios presupuestarios de la legislatura. A partir de este IMV, las Comunidades Autónomas podrán introducir los complementos que decidan en términos de dotación o adoptando otras direcciones de integración. En este sentido, el IMV irá acompañado de estrategias de activación laboral, así como de itinerarios de acogida y de integración.

Como comentaba, la asistencia social es un derecho internacionalmente reconocido, por lo que el IMV ha de analizarse desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos. Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 1.3 insta a los Estados a implementar sistemas universales de protección social. Tradicionalmente, la lucha contra la pobreza así como las ayudas a familias en situación de exclusión se han abordado más como una cuestión de caridad que como una obligación del Estado. Ahora bien, este paradigma se transforma con el reconocimiento internacional de los derechos humanos y con la asunción de obligaciones en la materia por parte de los Estados. Así, si bien el derecho a la asistencia social no se ha reconocido de forma explícita en el sistema de protección de las Naciones Unidas, sí se reconocen derechos como el derecho a un nivel de vida adecuado así como el derecho a la seguridad social, los cuales incluirían la asistencia social. El artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como más tarde, el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce el derecho a un nivel adecuado de vida para toda persona, lo cual incluye alimentación, abrigo y vivienda adecuados, así como la mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho a la seguridad social se reconoció asimismo en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, posteriormente, en el artículo 9 del PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), organismo de las Naciones Unidas encargado de supervisión del PIDESC, ha desarrollado, a través de las Observaciones Generales y, en particular, la Observación General núm. 19, una serie de principios que son relevantes para entender las implicaciones del reconocimiento de la seguridad social como derecho humano. Así, ha de cumplirse con los elementos de disponibilidad de las prestaciones, la adecuación y la accesibilidad, la cual incluye cuestiones como la asequibilidad de las prestaciones y la importancia de la participación y la información. Además, la tipología de obligaciones estatales incluye tanto deberes negativos (de no intervenir negativamente) así como deberes positivos (de actuación; como la protección, la promoción y la realización o el cumplimiento). El IMV supondría el avance en el cumplimiento de esta obligación positiva de realización del derecho a la seguridad social, siempre y cuando la prestación cumpla con los estándares de los derechos. ¿Y cuáles son estos estándares? En este punto, los Principios Rectores sobre Pobreza Extrema y los Derechos Humanos de Naciones Unidas recomiendan la incorporación de los principios de la dignidad, la universalidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas en la protección social.

El sistema europeo de protección de los derechos aporta una mayor clarificación en relación con las características concretas que habrían de incluirse en el diseño e implementación de las rentas mínimas. Estos desarrollos se deben al reconocimiento del derecho a la asistencia social en el artículo 13 de la Carta Social Europea, así como a la actividad de monitorización de la Carta llevada a cabo por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Así pues, el artículo 13 de la Carta Social Europea reconoce el derecho a la asistencia social junto con la asistencia médica, por el que los Estados parte se comprometen ‘a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado’ (artículo 13.1).

De acuerdo con el CEDS, el derecho a la asistencia social supone una ruptura con el concepto tradicional de asistencia ligado al deber moral de prestar caridad a los necesitados.  La asistencia social se entiende como prestaciones que tienen como objetivo responder a situaciones de necesidad individual, sin requerir ningún tipo de afiliación a la seguridad social ni requerir tampoco actividad profesional o cotizaciones sociales. Como parte de mi investigación postdoctoral, financiada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, pude identificar un listado de estándares para definir el derecho a la asistencia social y sus implicaciones, lo cual fue el resultado del estudio de las conclusiones del CEDS a todos los Estados parte de la Carta obligados al cumplimiento del artículo 13. Con la finalidad de contribuir a la clarificación de este derecho y de las obligaciones de los Estados, estos estándares guardan relación con una amplitud de cuestiones como la titularidad, la duración de las prestaciones, la cuantía, la organización territorial, el test de recursos económicos, las medidas de activación, o el sistema de sanciones y de recursos (puede accederse a las conclusiones de este estudio en el artículo publicado por la European Journal of Social Security en su primer número del volumen 22 de 2020, con el título ‘The content and potential of the right to social assistance of Article 13 of the European Social Charter’).

Aquí me interesa recordar los motivos por los cuales el CEDS consideró que España no cumplía con el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta, según las últimas conclusiones en 2017 (Conclusiones XXI-2). De acuerdo con el Comité, el Estado español no se situaba de conformidad con la Carta Social Europea y con las previsiones del artículo 13 debido a los requisitos de edad para acceder a las rentas mínimas de inserción regionales, la duración máxima de las prestaciones, la cuantía de las mismas y los requisitos de residencia o empadronamiento en la Comunidad Autónoma. Así pues, la mayoría de las Comunidades requieren que los solicitantes de las rentas mínimas tengan como mínimo 25 años de edad, salvo algunas excepciones. Además, las rentas mínimas no suelen reconocerse durante todo el tiempo que dure la situación de necesidad. La duración de la residencia requerida afecta a las personas que se mueven entre una región y otra, pues pierden el derecho a la renta mínima durante un periodo de tiempo hasta que vuelven a ser elegibles. La cuantía de las prestaciones tampoco es la adecuada. Así, en 2014, la cuantía media de las rentas mínimas era de entre 300€ y 665.9€ mensuales según la Comunidad Autónoma, mientras que el límite por debajo del cual una persona se consideraba en situación de pobreza era de 552€ al mes, en 2014. La asistencia social, así pues, caía por debajo del límite de pobreza en la mayoría de comunidades españolas.

En cuanto las medidas de activación laboral, el derecho a la asistencia social del artículo 13 de la Carta Social Europea permite la implementación de este tipo de medidas. Ahora bien, la activación laboral debe ser consistente con la finalidad de las prestaciones, la cual es la superación de la situación de pobreza y de las dificultades del individuo. En caso de que la prestación quede suspendida por el incumplimiento de las obligaciones de activación, la ayuda de emergencia siempre debe estar disponible pues no se puede dejar a las personas sin ningún tipo de ayuda económica en caso de necesidad. Sin embargo, la realidad en España es muy diferente. Las rentas mínimas de inserción suelen imponer estrictas obligaciones en materia de activación laboral, cuyo cumplimiento es necesario para el mantenimiento de las prestaciones. Dada la situación de precariedad laboral que existe en España, el resultado de las medidas de activación puede ser la obtención de empleo de bajo salario, temporal, que puede empeorar las dificultades de las personas beneficiarias de las ayudas. Además, de acuerdo con la European Minimum Income Network, no se estarían poniendo en marcha mecanismos de inclusión para las personas en situación de exclusión social a través de un trabajo conjunto entre las oficinas de empleo y los servicios sociales.

Así, un sistema demasiado enfocado en la activación laboral podría estar dejando de lado la implementación de medidas de inclusión social más amplias que sean capaces de abordar de forma adecuada el problema de la exclusión social. Las medidas de activación deben aplicarse de forma flexible teniendo en cuenta los horarios dedicados al cuidado, en especial en el caso de las familias monoparentales. Además, los beneficiarios deben poder participar en la elaboración del plan de integración.  Otras críticas comunes de las rentas mínimas de inserción autonómicas son las diferencias territoriales, el tiempo de espera desde que se solicita la prestación hasta que se recibe (de dos a tres meses en la mayoría de las regiones), las restricciones para acceder a las prestaciones, que afectan principalmente a los inmigrantes recién llegados, los jóvenes, las unidades familiares formadas de forma reciente y a las personas sin hogar, de acuerdo con la European Social Policy Network. Otro problema es la falta de precisión y claridad de las regulaciones lo cual deriva en la toma de decisiones discrecional por parte de las administraciones.

La Plataforma DESC, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil española, en su informe alternativo a las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal a España, recomendó ‘garantizar el derecho a las rentas mínimas reconociéndolo legalmente con regulaciones precisas que eviten las decisiones arbitrarias; asegurando que cumplen las condiciones mínimas que permita reducir las desigualdades territoriales de forma que no excluyan a grupos vulnerables ni causen discriminación; incrementando los niveles de las rentas mínimas de inserción, para ser suficientes para llevar un nivel de vida digno’. También es relevante tener en cuenta que la mayoría de las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo sobre el funcionamiento de las rentas mínimas de inserción, guardan relación con las demoras en la tramitación de las solicitudes, las dificultades en la tramitación de los expedientes, la sujeción del reconocimiento del derecho a la disponibilidad presupuestaria o la implementación estricta de las medidas de activación laboral.

En el repaso de los principales problemas de las rentas mínimas ya existentes en España, y de las principales recomendaciones para abordarlos, no puedo dejar de lado una reclamación de vital importancia para la lucha contra la violencia de género en materia de prevención. Por parte de organizaciones no gubernamentales internacionales y de instituciones extranjeras de derechos humanos, se ha denunciado el hecho de que las rentas mínimas siempre suelen transferirse a una cuenta bancaria única, lo que deriva en una ausencia de independencia financiera y no ayuda en la prevención de situaciones de violencia doméstica, pudiendo utilizarse la prestación como medida coercitiva. El Women’s Budget Group en el Reino Unido, la Equaliy and Human Rights Commission y, recientemente, el Comité de Trabajo y Pensiones del Parlamento británico han recomendado que los pagos deberían ingresarse en cuentas separadas, o bien deberían ingresarse al principal cuidador de la familia, permitiendo así que exista una fuente independiente de ingresos necesarios para vivir. Así pues, esta es una reclamación cuya aplicación también se debería considerar en el contexto español, en la puesta en marcha del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, ahora sí, una demanda más y la recapitulación. En el contexto de la crisis del coronavirus, y en el caso de que se implementen sistemas digitales para procesar las solicitudes y el mantenimiento de las prestaciones, debe garantizarse que las personas sin acceso a los ordenadores o sin las habilidades necesarias para su manejo no quedan excluidos del sistema de ingresos mínimos. Por último, recapitulación: las rentas mínimas, o la asistencia social, es una cuestión de derechos humanos. No es caridad, es cumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales asumidas por el Estado. En el diseño del nuevo IMV, y en el camino hacia su implementación, no se olviden de las demandas de los derechos.

Foto: Fernando Flores

Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.

 

El SNS y el derecho a la salud: la nueva regulación del acceso a la asistencia sanitaria

María Dalli

La aprobación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), ha supuesto un cambio de paradigma en el acceso a las prestaciones sanitarias en España.

Tras aproximadamente seis años de aplicación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, la nueva regulación reconoce las prestaciones del Sistema Nacional de Salud a todos los nacionales y residentes habituales, incluyendo disposiciones específicas que habilitan el acceso, también, a los extranjeros en situación administrativa irregular. A la espera de conocer los efectos de la aplicación de este Real Decreto-ley 7/2018, se pueden realizar valoraciones preliminares de la nueva regulación en relación con las implicaciones para el modelo de salud del SNS y para el derecho a la salud.

La nueva regulación vincula el acceso a las prestaciones sanitarias a la condición de residencia, lo cual va en la línea de las características que tradicionalmente han definido los sistemas nacionales de salud. Estos suelen venir financiados a través de impuestos y ofrecen cobertura a toda la población residente. En cambio, el Real Decreto-ley 16/2012, al introducir las categorías de ‘asegurados’ y de ‘beneficiarios’, vinculadas a la participación en el sistema de la Seguridad Social, supuso que el SNS español pudiera considerarse, entre los años 2012-2018, como un sistema de rasgos mixtos: el modelo de salud vinculado a la seguridad social en cuanto a la titularidad (modelo biscmarckiano), y el modelo propio de los sistemas nacionales de salud o beveridgeano, en relación con el mecanismo de financiación.

El modelo beveridgeano de los sistemas nacionales de salud existe en países como el Reino Unido, donde este tuvo su origen a mediados del siglo XX, los países nórdicos y países del Sur europeo como España e Italia. El modelo de la seguridad social o bismarckiano existe, por ejemplo, en Alemania, donde el sistema de acceso a las prestaciones viene vinculado a la participación en el mercado de trabajo o, en otro caso, a un límite de ingresos. Si bien este modelo que surgiría a finales del siglo XVIII en Alemania se extendió a otros países de la Europa Continental, en la actualidad muchos de estos sistemas han evolucionado a un modelo de aseguramiento. En estos sistemas, con habitual presencia de compañías privadas en la prestación de los servicios, se da una cobertura obligatoria para toda la población residente, si bien la financiación sigue llegando en su mayoría a través de las contribuciones sociales. Por ejemplo, en Bélgica, en los Países Bajos, en Suiza o en Francia, donde en enero de 2016 se reformó la regulación sanitaria en aras de una mayor universalización.

La cobertura de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión que, debido a que es la residencia legal el estatus que habitualmente da acceso a los derechos sociales en el marco de los Estados del bienestar, no ha sido tenida en cuenta en las clasificaciones típicas de los modelos de salud. Así, lo cierto es que las restricciones tienen lugar independientemente del modelo sanitario y en una mayoría de países europeos. Sistemas como Francia, Bélgica, Italia y, en la actualidad, España, son una minoría al respecto, al contemplar disposiciones específicas con el objetivo de ofrecer cobertura al colectivo que no ha obtenido la residencia legal.

Es necesario reforzar los enfoques de derechos humanos en los análisis de los sistemas sanitarios. La vinculación del ámbito de la salud con el de la seguridad social carece de sentido tanto desde el punto de vista de las necesidades a las que la asistencia sanitaria da respuesta, como desde la perspectiva de los derechos que se reconocen en los tratados internacionales de derechos humanos. La salud y la seguridad social son dos derechos que se reconocen de forma autónoma. Además, la población inmigrante en situación irregular que, a pesar de estar residiendo con habitualidad en un territorio no ha obtenido todavía el estatus de residencia legal, no puede quedar desatendida. Que estas personas tengan acceso a la atención sanitaria que necesiten es exigible atendiendo a las obligaciones suscritas en materia de derechos humanos, así como por razones de humanidad y de salud pública.

En relación con el derecho a la salud, este se reconoce en la mayoría de tratados internacionales con carácter universal, esto es, para todas las personas. Existen contradicciones todavía por superar, como el articulo 28 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el cual reconoce solo la atención urgente; o el articulo 13.4 de la Carta Social Europea, que restringe el derecho a la asistencia médica en situaciones de irregularidad administrativa. Sin embargo, todos los órganos supervisores de los tratados coinciden en subrayar la importancia de la atención sanitaria a la población inmigrante. Así, el Comité Europeo de Derechos Humanos ha defendido, a través de sus Conclusiones, la cobertura a este grupo, aun sin residencia legal, atendiendo al artículo 11 de la Carta Social que reconoce el derecho a la salud. También el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité DESC, cuyas Observaciones Generales permiten conocer las implicaciones de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la salud, pues, implica el derecho de todas las personas a las medidas adecuadas destinadas a garantizar un buen estado de salud. El derecho ha de ser accesible, disponible, adecuado y de calidad, de acuerdo con la Observación General núm. 14. Las obligaciones de prohibición de la discriminación y de protección a los grupos vulnerables se reconocen con un carácter mínimo o básico, lo cual quiere decir que no cabe la justificación de medidas regresivas. Tales obligaciones exigen la cobertura de la población sin residencia legal, especialmente a fin de proteger a colectivos vulnerables que, de otro modo, no podrían sufragar el precio de la medicina privada. Por todas estas razones, la cobertura sanitaria para las personas inmigrantes en situación irregular es una exigencia para todo país que, además de tener un sistema de salud consolidado, se diga respetuoso de los derechos humanos.

La anterior regulación del acceso al SNS español, implementada por el gobierno del Partido Popular por el Real Decreto-ley 16/2012, modificó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS introduciendo las categorías de asegurados y de beneficiarios, en atención a una serie de vinculaciones a la Seguridad Social, y reconociendo a la población sin residencia legal únicamente la asistencia en situaciones de urgencia, de embarazo y para menores de edad.

Ello supuso la retirada de más de 600.000 tarjetas sanitarias. Expertos internacionales en materia de derechos humanos denunciaron la reforma de 2012, como el Comité DESC, los Relatores especiales en materia de pobreza extrema y de discriminación racial, el Comité Europeo de Derechos Sociales o el Comisario Europeo de Derechos Humanos.

Rápidamente, la sociedad civil criticó la reforma, denunciando principalmente las restricciones para los inmigrantes en situación irregular, y puso en marcha acciones para promover una mayor cobertura en la práctica. Destacaron las campañas para la promoción de la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios, llevadas a cabo por Yo Sí Sanidad Universal, así como por Médicos del Mundo, con su campaña ‘Derecho a curar’. En la Comunidad Valenciana se puso en marcha ODUSALUD, Observatorio para registrar denegaciones de acceso a la asistencia sanitaria en territorio valenciano.

El Real Decreto-ley 7/2018 aprobado por el gobierno del PSOE en julio, supone un cambio de paradigma al reconocer las prestaciones del SNS a todas las personas nacionales y residentes habituales en España. Con esta regulación se vuelve a reformar el artículo 3 de la Ley 16/2003 mencionada anteriormente. A las personas extranjeras sin residencia legal también se les reconoce el acceso siempre que no puedan acreditar la existencia de cobertura por otra vía, no exporten su derecho de asistencia desde sus países de origen, ni exista un tercero obligado al pago. Los efectos y términos precisos de su aplicación todavía están por comprobarse, pero puede afirmarse que esta regulación resulta más acorde con el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Además, supone una vuelta a la regulación de la titularidad de acuerdo con las características propias de los sistemas nacionales de salud, al no vincular el derecho de acceso a la participación en el sistema de la seguridad social.

Las organizaciones sociales han acogido la nueva regulación de diferente forma; con Médicos del Mundo celebrando la nueva regulación, la Federación de Asociación en Defensa de la Sanidad Pública calificándola de un avance positivo. Sin embargo, Yo Sí Sanidad Universal lo ha hecho de forma más crítica, considerando que la cobertura a inmigrantes no se reconoce en términos de derecho, sino en base a provisiones específicas sujetas a la implementación de las Comunidades Autónomas. En este sentido, la cobertura sanitaria para inmigrantes sin residencia legal se regula en un artículo separado al que establece los términos de la cobertura general, y da a las Comunidades Autónomas la competencia para regular el procedimiento de solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras el acceso a las prestaciones sanitarias del SNS.

La pasada regulación de 2012 deja, en cualquier caso, legados importantes a tener en cuenta. La sentencia del Tribunal Constitucional 139/2016, de 21 de julio, declaró como constitucional el Real Decreto-ley 16/2012 en su mayor parte y realizó consideraciones de relevancia en relación con el derecho a la protección de la salud en España. Así, se considera que la reforma efectivamente supuso un cambio de modelo, legítimo y dentro de la libertad del legislador. El derecho a la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución española, según el Tribunal, no implica un acceso gratuito y sin costes a la asistencia sanitaria. De este modo, la universalidad no es incompatible con las restricciones que la reforma introdujo. La asistencia mínima reconocida a los extranjeros sin residencia legal y, asimismo, el convenio especial que se reguló para permitir el acceso al SNS tras el pago mensual de una cuota, fueron suficientes para considerar que los derechos en juego no se encontraban vulnerados. Aunque la regulación sanitaria ha cambiado en la actualidad, este pronunciamiento constitucional deja valoraciones restrictivas para la garantía del derecho a la protección a la salud en España.

El otro legado de la reforma de 2012 tiene relación con las regulaciones de las Comunidades Autónomas. Muchas de estas, además de recurrir la reforma estatal ante el Tribunal Constitucional, también aprobaron normativa autonómica de diferente tipo para ampliar la cobertura ofrecida en sus territorios respectivos a la población inmigrante, especialmente tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. En abril de 2016, se consideraba de 14 de las 17 Comunidades habían aprobado algún de medida de este tipo, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la plataforma REDER. Sin embargo, el gobierno estatal recurrió estas normas autonómicas. Todas ellas están siendo declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en atención a la vulneración de competencias estatales para regular aspectos generales de la asistencia sanitaria. Por ejemplo, las regulaciones que se aprobaron en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, Extremadura, o Navarra, han sido anuladas a través de las sentencias de inconstitucionalidad 134/2017, de 16 de noviembre, 145/2017, de 14 de diciembre, 2/2018, de 11 de enero, o 17/2018, de 22 de febrero, respectivamente.

En definitiva, la reforma sanitaria articulada a través del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, es bienvenida al suponer una mejora considerable de la anterior situación, teniendo en cuenta una perspectiva de derechos humanos y atendiendo a las características que definen el Sistema Nacional de Salud. La anterior regulación deja, no obstante, jurisprudencia constitucional preocupante desde el punto de vista de la garantía del derecho a la protección de la salud en España. Asimismo, la implementación de la nueva regulación deberá efectivamente garantizar que no se deniegue a ninguna persona la asistencia médica necesitada.

Brecha salarial y brecha mental

Pepe Reig Cruañes

El presidente del Gobierno volvió a dar pruebas de su indudable talento y talante. El rey de la inmovilidad sugirió que en eso de la brecha salarial entre hombres y mujeres lo mejor es “no meterse”. Cada vez son más las cosas sobre las que este imperturbable anti-héroe de la modernidad decide no hacer nada, así se hunda el mundo. El hombre recibió tal abucheo que hubo de hacer como que rectificaba.

No sabemos si lo de “no meterse” vale también cuando se paga menos a un negro, un homosexual o un farmacéutico de León. Como el hombre no se explica, no sabemos si ese “no meterse” es un rasgo de carácter -abulia, podría llamarse- o tiene un fundamento ideológico en el núcleo duro de sus convicciones liberales. Es sabido que el liberalismo desaconseja cualquier injerencia del Estado en la vida de las empresas.

Ahora recuerdo que el primer pronunciamiento público que se le conoce a Rajoy fueron dos artículos del Faro de Vigo en 1983 y 1984 (pueden verse aquí) en los que defendía antropológicamente la desigualdad. Esto apuntaría a que estamos ante una idea “liberal” arraigada, pero el hecho de que no la haya matizado ni siquiera un poquito desde hace 40 años, haciendo honor a su proverbial inmovilidad, sugiere de nuevo el rasgo de carácter.

El misterio de Rajoy no lo desvela ni su máxime intérprete en la tierra, el “marianólogo” Antón Losada. Quizá un detenido examen de sus lecturas arrojara alguna luz sobre sus convicciones, pero ya les adelanto que la afición excesiva por las páginas del AS tiene, por fuerza, que abrir una brecha en la mente del más pintado. Ese puede que sea el problema. Sigue leyendo

La asignatura pendiente de la brecha salarial en España

Jaime Cabeza y Belén Cardona 

Llevamos décadas hablando de la brecha salarial, es decir, la diferencia retributiva en perjuicio de las mujeres con respecto a los trabajadores varones. Lo que la Comisión Europea define como “la diferencia existente entre los salarios percibidos por los trabajadores de ambos sexos, calculada sobre la base de la diferencia media entre los ingresos brutos por hora de todos los trabajadores” (COMISIÓN EUROPEA, ¿Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea?, 2014).

Se han dedicado esfuerzos y recursos a cuantificar dicha diferencia retributiva entre sexos y a evaluar sus consecuencias sobre las mujeres, y sin embargo sigue siendo una asignatura pendiente, y ello a pesar del aparato legislativo desarrollado para combatirla, particularmente, del art. 28 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (2): teoría

Javier Palao Gil

Una situación como la descrita en mi anterior post (sobre la discriminación que en la Comunidad Valenciana supone la figura de la tutela de personas con discapacidad), no se produciría si la Generalitat valenciana pudiese ejercer con plenitud la competencia sobre el derecho civil que le reconoce el Estatuto de Autonomía, y que un Tribunal Constitucional cada vez más contestado y más desautorizado por su propia actividad jurisprudencial ha cercenado con unas sentencias lamentables.

Y es que, en éste, como en tantos otros casos, el Gobierno de Madrid hace como el perro del hortelano: no come ni deja comer. Ha tenido una década para dar cumplimiento a lo previsto en la Convención de 2006, pero no ha hecho ni amago… Ahora bien, si alguna comunidad autónoma trata, por su parte, de mejorar la legislación o de hacer el trabajo que el Gobierno declina, ahí estará la Abogacía del Estado para, con la colaboración del Tribunal Constitucional, frustrar el intento. Lo acabamos de ver con el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, anulado por otra sentencia igualmente infortunada que hace poco glosaba Ignacio Durbán en este mismo blog. Y es que una de las tragedias de la recentralización que experimenta este país aprovechando la excusa de la crisis, es que se ha cebado en los derechos sociales de las personas. Lo ponía negro sobre blanco el profesor Joaquín Tornos en un trabajo que puede descargarse aquí. Sigue leyendo

Derecho civil y derechos sociales (1): práctica

Javier Palao Gil

Un fantasma recorre el mundo de la diversidad funcional: el de las personas que, padeciendo una gran discapacidad, con el transcurso de los años han perdido a sus padres. Cuando esto sucede, han de ser los hermanos, o los primos –incluso algún vecino– los que asuman la tutela de estas personas, pues generalmente no pueden valerse por sí mismas.

Pero el ejercicio de la tutela es muy oneroso: para empezar, el tutor ha de depositar una fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones, y debe hacer un inventario de los bienes del tutelado; en todo ello interviene la Administración de Justicia (juez, fiscal y secretario judicial), en un proceso bastante engorroso, y a veces un tanto desagradable, que puede durar varios meses. Lo peor viene después: el tutor o tutora deben velar por el tutelado y procurarle alimentos y una formación integral, fomentar la recuperación de su capacidad y su inserción social, e informar al juez anualmente sobre su situación. Además, están obligados a rendir cuentas de su administración también cada año (otro procedimiento judicial muy pesado) y a representar legalmente al tutelado. Y cuando acaba la tutela, aún espera un proceso más nada sencillo… Lo peor es que la curatela, que es la institución diseñada para los casos en que la incapacidad de la persona es menor, resulta en la práctica igual de gravosa y de rígida. Claro: son instituciones decimonónicas que vienen de tiempos más antiguos y se ajustan poco y mal a una sociedad del siglo XXI y a la era de internet. Sigue leyendo

La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana

Ignacio Durbán Martín

Cuando el pasado miércoles 20 de diciembre la presidenta del Observatorio por el Derecho Universal a la Salud, María José Moya, calificó de “insensatez” la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el acceso universal a la atención sanitaria valenciana, no sólo hizo suyo el sentir de una gran parte de la ciudadanía a la que el tenor de esta resolución ha provocado una enorme indignación, sino que, además, demostró estar en sintonía con el grupo de cinco magistrados del propio Tribunal, que ha expresado abiertamente su disconformidad con este controvertido fallo.

Y es que, tras haberse conocido el contenido de la sentencia, hemos podido saber que la acompañan dos votos particulares (que son, en ambos casos, una remisión a los dos votos formulados a la STC 134/2017, relativa a un supuesto análogo que afecta al País Vasco): uno, más contundente y prolijo en su argumentación, respaldado por cuatro magistrados (Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer) y otro, más comedido y parco en su razonamiento, formulado por el magistrado Antonio Narváez. Pues bien, a la vista de la escasa atención mediática que se ha prestado a este reseñable desacuerdo en el seno del TC, parece pertinente dedicarle unas líneas a la cuestión para exponer sintéticamente cuáles son los motivos en los que se funda la posición discordante de este grupo de magistrados.

Como es sabido, la polémica sentencia declara la inconstitucionalidad del decreto-ley que el entonces flamante Govern del Botànic dictó en 2015 para proporcionar cobertura sanitaria a determinados colectivos (en particular a los inmigrantes sin papeles) que habían quedado desprotegidos tras la reforma que el Gobierno de Rajoy operó en el Sistema Nacional de Salud en 2012. La decisión del TC, conviene precisarlo, se ha adoptado por motivos estrictamente competenciales al entender que la vigente legislación básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas para determinar quién tiene derecho a recibir la prestación sanitaria fuera de la forma y los límites previamente configurados por el Estado.

No es de extrañar que esta interpretación expansiva de la legislación básica estatal –que a la postre ha constituido la ratio decidendi del asunto– sea el motivo central de las discrepancias plasmadas en los dos votos particulares que acompañan a la sentencia; y que, como ya se ha apuntado, en este caso, congregan a un total de cinco magistrados, es decir, a casi la mitad del Alto Tribunal. En esencia, los magistrados discrepantes manifiestan –con fundamento en abundante jurisprudencia del propio TC– su rotundo desacuerdo con una desmedida noción de las bases estatales –que comparan con “un muro rígido e infranqueable”– que restringe toda capacidad a las Comunidades Autónomas para establecer una normativa propia al respecto. Los magistrados denuncian que semejante línea interpretativa equivale a otorgar al Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad, lo cual, como resulta obvio, desvirtúa por completo el régimen de distribución competencial previsto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

El corolario del razonamiento anterior es claro y se expresa sin ambages en los dos votos particulares: la Comunitat Valenciana no incurrió en ningún exceso competencial por mejorar el estándar mínimo de cobertura sanitaria fijado en la legislación básica estatal. Lo vedado para el legislador autonómico –según reiterada jurisprudencia– habría sido precisamente lo contrario, esto es, empeorar el nivel mínimo homogéneo estatal, pero en ningún caso mejorarlo. Negar a una Comunidad Autónoma adoptar una decisión de esta naturaleza supone, según este grupo de magistrados y buena parte de la doctrina académica, una vulneración del principio de autonomía por verse lesionada la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad y la consiguiente capacidad para desarrollar políticas propias en dicho ámbito.

Ahora bien, no todas las discrepancias gravitan en torno a la problemática competencial: el primero de los votos particulares –es decir, el rubricado por cuatro magistrados– va aún más allá en su disconformidad con la fundamentación de la sentencia y apunta algunos motivos adicionales de desacuerdo de enorme peso e interés. Sin duda, el más llamativo y sugerente de todos ellos es el que invoca la relevancia del trasfondo material del caso para el adecuado enjuiciamiento de la contienda competencial. El argumento –que cuenta con algún precedente jurisprudencial– es contundente:

“La efectividad del derecho a la protección de la salud hubiera debido presidir la interpretación de los títulos competenciales confrontados, a fin de respaldar, de entre las diversas interpretaciones posibles, aquellas que razonablemente permitan cumplir el mandato proclamado en el artículo 43 CE [derecho a la protección de la salud] y alcanzar sus objetivos”.

Un aventurado y comprometido planteamiento que se sostiene, para los magistrados, sobre el consabido principio de unidad de la Constitución, según el cual ésta “sólo puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende como unidad”, lo cual implica que, en controversias de orden competencial como la presente, el TC también debería tener en cuenta el conjunto de principios constitucionales de orden material, o sea, en este caso, el derecho a la protección de la salud. Un enfoque que, en términos más coloquiales, cabría expresar del modo siguiente: el fuero y el huevo no son elementos que siempre puedan desgajarse en el desempeño de la labor interpretativa del texto constitucional.

Pero todavía interesa hacer referencia a un último y tajante reproche que el voto particular colectivo dirige contra la sentencia. Los magistrados disconformes recuerdan que, tras aprobarse la reforma sanitaria del gobierno de Rajoy de 2012 –que no dudan en calificar de “intenso retroceso”, “involución normativa” e “injustificado viraje”–, las Comunidades Autónomas han procedido a adoptar medidas de retorno al principio de universalidad de la asistencia sanitaria: unas de manera abierta y directa plasmando dichas medidas en disposiciones normativas (como es el caso de la Comunitat Valenciana); y otras adoptando medidas camufladas de carácter indirecto e informal. Pues bien, paradójicamente, arguyen los magistrados, con fallos judiciales como el que aquí se comenta, el TC no sólo castiga a las primeras, sino que, además, las aboca tácitamente a transitar la senda irregular recorrida por las segundas. Un horizonte, subrayan, que supone, a un mismo tiempo, la quiebra de dos pilares constitucionales: la cláusula social y el principio de seguridad jurídica.

Estas son, en síntesis, las razones aducidas en los votos particulares discrepantes contra la fundamentación de la sentencia que declara inconstitucional el decreto-ley valenciano de 2015. Pese a que, como es evidente, tales motivos de desacuerdo no alteran en nada los efectos de la resolución del TC, no puede negarse que poseen una gran relevancia tanto por su rotundidad y manifiesta sensibilidad social como por el número de magistrados que los respaldan (que, además, lo han hecho por duplicado en un corto espacio de tiempo, esto es, en el caso vasco y en el valenciano). Por ello, y al margen de otras variables de naturaleza política –que son, sin duda, las que terminarán por decantar, en un sentido u otro, la configuración normativa de esta materia–, habrá que prestar atención en los próximos tiempos al posible grado de incidencia que los argumentos plasmados en estos votos particulares puedan tener en el debate sobre las garantías jurídicas del acceso a la sanidad universal en el contexto del Estado autonómico.

Fotos: Eugene W. Smith. 1 y 3: De la serie «Country doctor», 1948. 2 y 4: De la serie «Nurse Midwife», 1951.

 

2017, el año que reformaremos peligrosamente (la Constitución)

Fernando Flores

Parece que todo el mundo está de acuerdo, en el 2017 hay que reformar la Constitución. O al menos aparentar que hay voluntad de hacerlo. Y casi todos asumen que habrá un tema estrella, el territorial. Quizás algo de monarquía o república, aunque esta discusión quedará para las redes sociales, porque los grandes medios no le darán mucho espacio.

El protagonismo histórico del miedo, los intereses creados y el autoengaño político, sumados a una no desdeñable indisposición general para el acuerdo razonable, han hecho de España un país de tradición constituyente, no reformista. Como no somos capaces de adaptar los textos constitucionales a la realidad cambiante, la realidad cambiante termina derribando los textos constitucionales. En este siglo XXI acabaremos repitiendo la jugada, aunque no todavía. Sigue leyendo