Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: “Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó” (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009). Sigue leyendo

Sin Justicia no hay transición: el caso jesuitas de El Salvador

Almudena Bernabeu

Desde que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008 por el asesinato de dos mujeres, Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas en El Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, algunas voces, todas ellas circunscritas a El Salvador, se han pronunciado en contra de este proceso.

Indirecta e irónicamente, con sus alegatos de estupor y crítica dotan a esta causa abierta en Madrid de un poder obstaculizador y sustancial para lo que ellos llaman la estabilidad nacional y la democracia de El Salvador. De pronto, un proceso penal al amparo de nuestra moribunda Ley de Justicia Universal se convierte en el único y a todas luces más poderoso obstáculo de futuro para el país; no así el poder enquistado en los mismos de siempre, o la falta de legitimidad de sus líderes políticos, su sumisión económica o la violencia endémica, todos ellos problemas graves y estructurales de El Salvador. Al parecer, de todo ello, el peligro más grande y más grave es sin duda investigar y perseguir penalmente a los asesinos de mujeres indefensas y sacerdotes. Sigue leyendo

¿Empresas sin escrúpulos? Sobre la responsabilidad social corporativa

Ángeles Solanes

Cuando grandes tragedias como la reciente muerte de la líder indígena Berta Cáceres, en marzo de 2016, o el derrumbe de un edificio textil en Bangladesh en abril de 2013, ponen en evidencia las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y las grandes corporaciones multinacionales, la necesidad de exigir a éstas responsabilidades ocupa la actualidad por unos días. Luego, ante la siguiente desgracia, las reivindicaciones de justicia parecen diluirse. En ese íter temporal, siguen firmándose pactos para obligar a la sociedad a continuar arrodillada ante los mercados. Así, por ejemplo, mientras múltiples acontecimientos copaban el prime time en España, el BOE publicaba el 15 de marzo de 2016, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto «Marismas Occidental», asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Marismas». Es decir, la declaración de utilidad pública de la extracción de gas en el parque natural de Doñana, como el primero de los cuatro proyectos hábilmente fragmentados para no ser informados negativamente. Sigue leyendo

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

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La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

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Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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Respiren hondo

Teresa Ribera

“Respiren hondo prestando atención. Somos la primera generación de humanos que con cada bocanada de aire inhalamos 400ppm de CO2e”. Con esta gráfica referencia inauguró Christiana Figueres, la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático la Conferencia de las Partes 2013 el pasado 11 de noviembre en Varsovia.

Cinco días antes, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmaba el dato: la medición de la concentración promedio de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante 2012 superó las 397 partes por millón, muy por encima de las concentraciones promedio en la era preindustrial, en el entorno de 278ppm, e incomparable a ningún otro registro reportado por los estudiosos del clima en los últimos 800.00 años.

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Si se mantiene la tendencia, el incremento promedio de la temperatura de 0,8ºC vivido en las últimas décadas podrá ser de hasta 4.6ºC a finales de siglo XXI.

Afortunadamente, los gobiernos de 189 países se comprometieron hace unos años a tomar las medidas precisas para que la temperatura media no se incremente más de 2ºC. Eso nos hará convivir con muchos cambios, nos obligará a adaptarnos a un clima distinto y, para muchos, supondrá amenazas tan serias que será imprescindible que la comunidad internacional responsa solidariamente con los más vulnerables. Mantengamos viva en la retina la imagen de desolación de Filipinas: una realidad meteorológica que, compatible con las proyecciones, podría llegar a ser parte de la nueva normalidad climática.

La alarma suena de nuevo cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos recuerda que, a pesar de ese compromiso de no permitir que la temperatura supere 2ºC más, las medidas identificadas y comprometidas hasta la fecha todavía quedan muy por debajo de los rangos de probabilidad de éxito y muy por encima de lo recomendable desde el punto de vista de distribución de esfuerzos y costes en el tiempo. Es decir, estamos aún muy lejos de saber qué vamos a hacer para asegurarnos un futuro menos cálido y un incremento exponencial de los riesgos a los que ya hoy estamos expuestos. Es lo que, en la jerga climática, se conoce como “emissions gap” que, a escala global, nos obliga a identificar medidas para reducir entre 8 y 12 GtCO2e adicionales al año de aquí a 2020 (a modo de referencia, en 2010 emitimos anualmente alrededor de 50GtCO2e y para mantenernos en una senda de probabilidad de éxito razonable deberíamos emitir alrededor de 44GtCO2e en 2020, 40GtCO2e en 2025, 35GtCO2e en 2040 y 22GtCO2e en 2050).

Muchas medidas para reducir la distancia que todavía existe para cumplir nuestros compromisos son claras, factibles y tienen ventajas mucho más allá de la preservación del clima. Benefician también nuestra salud, nuestro bolsillo y las arcas públicas; inducen actividad industrial, innovación y empleo y, sobre todo, reducen la factura en vidas humanas y pobreza que dibujan las proyecciones de clima. La gran dificultad para llevarlas a cabo es, sobre todo, política: las implicaciones que los cambios tienen en nuestro modelo económico actual, la estructura empresarial y financiera construidas sobre la premisa de la alta rentabilidad de las inversiones en combustibles fósiles y la demanda de un esfuerzo social colectivo que puede generar irritación en el corto plazo a votantes y consumidores; aun cuando, en el medio plazo, reporte muchas más ventajas que cualquier escenario tendencial de los que se manejan.

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Hay una gran coincidencia al señalar dos grandes áreas sustantivas de actuación: energía y agricultura/bosques. Empezando por la primera, se requiere una inmensa apuesta por la eficiencia energética a todos los niveles, incluida la creación de herramientas específicas para que cualquier ciudadano con intención de invertir en la reducción drástica de su consumo energético en el hogar pueda acceder fácilmente a la financiación inicial que requiere con cargo a los ahorros futuros. Es imprescindible, además, eliminar las billonarias subvenciones a combustibles fósiles que la Agencia Internacional de la Energía cifra en más de 519 billones de dólares/año; en su lugar sale más barato y eficaz económicamente subvencionar directamente a las rentas bajas o a los trabajadores de sectores especialmente afectados como los de la minería del carbón ineficiente. Si a eso sumamos un amplio despliegue de las energías renovables que son ya hoy viables a un coste razonables tenemos gran parte de la ecuación resuelta.

En agricultura, las recomendaciones de mayor impacto son las relativas a una reducción del uso de fertilizantes nitrogenados, una mejor gestión de las emisiones de metano y otras buenas prácticas agrícolas y de usos de suelo que eviten la deforestación y aprovechen al máximo el potencial de fijación de CO2 que ofrecen las plantas.

Con esta agenda, compleja pero positiva, se reanudan las negociaciones internacionales para adoptar marcos globales que faciliten la reducción de emisiones. Lástima que en menos de 48 horas, Japón haya anunciado que renuncia a cumplir sus compromisos de reducción por las dificultades originadas por Fukushima y el nuevo gobierno de Australia haya confirmado su declarado entusiasmo por el carbón y su nula intención de mantener la palabra dada por el anterior en materia de clima y energía.

Es decir que, cuando el viernes 22 de noviembre Christiana Figueres vaya a clausurar la conferencia, no es descartable que tenga que apostillar su entrada: “respiren hondo y disfruten porque, quizás, ésta sea una de las últimas ocasiones en las que inhalen menos de 400ppm en cada bocanada de aire”.

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¿Quién tiene miedo al cambio climático?

Teresa Ribera

¿Qué tienen en común Lampedusa, la bahía de Bengala y Acapulco? Los tres son atractivos destinos de vacaciones. Los tres han sentido en menos de seis semanas lo que puede llegar a ser una pesadilla cotidiana de la que no es nada fácil salir: los terribles efectos, directos e indirectos del cambio climático en sus vidas cotidianas. India y México intensamente azotados por corrimientos e inundaciones que obligan a desplazar a cientos de miles de personas, arruinan cultivos y generan grandes destrozos en casas e infraestructuras –incluidas las que garantizan educación y asistencia sanitaria, agua potable y electricidad…–. Lampedusa, símbolo de una tragedia que no hará sino aumentar: gentes que huyen del hambre y los conflictos y mueren ahogados a nuestra puerta generando un estremecimiento de horror y vergüenza que en pocas semanas queda convertido en vago recuerdo e indiferencia para todos aquellos que no han sido protagonistas directos del naufragio o el  rescate.

Iguales en libertad y derechos, empezando por el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Derechos humanos tan elementales, tan difíciles de garantizar y tan amenazados por las consecuencias que un clima distinto, intenso en fenómenos meteorológicos extremos, que está cambiando las condiciones en las que se desenvuelve la vida cotidiana del hombre. Hay zonas especialmente vulnerables y, sobre todo, hay colectivos que lo son todavía en mayor medida: pobres, residentes en zonas bajas, próximas a cauces de ríos o al litoral, barriadas de viviendas frágiles, dependientes de economías precarias basadas en actividades agrícolas… Tensiones asociadas al acceso a agua potable y alimentos, dificultades para satisfacer una demanda energética basada en monocultivos fósil … serán algunas de las constantes en los próximas décadas si no hacemos nada para remediarlo.

No son escenarios de ciencia ficción. Son, simplemente, algunas de las consecuencias asociadas a lo que los modelos climáticos ofrecen como escenarios probables si no se producen cambios drásticos inminentes en nuestros patrones de vida y consumo. Convivir con 2ºC más en la temperatura media no es tarea fácil, pero conseguir que el incremento quede limitado a 2ºC todavía está muy lejos de estar garantizado.

En septiembre, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático aprobó el capítulo de su Quinto Informe de Evaluación dedicado a la ciencia del clima. Actualiza de forma resumida los datos más relevantes del clima observado y proyecta los datos que los más sólidos y contrastados modelos ofrecen para final de siglo. El resultado es todavía más demoledor que el que ofrecían los cuatro informes de evaluación precedentes.

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Uno de los problemas más grandes a los que nos enfrentamos quienes hemos querido –o queremos– actuar contra esta amenaza es, paradójicamente, que no tenemos suficiente miedo. Los datos son abrumadores pero están relacionados con realidades poco comprensibles o lejanas en el tiempo y en el espacio. Hay, a la hora de la verdad, poca conciencia de que convivimos con ello ya, de que nos afecta de cerca y que lo hará en mucha mayor medida y no necesariamente de forma lineal. Incendios, canícula y sequía es una combinación poco atractiva y, sin embargo, altamente probable en gran parte de la península ibérica para una buena parte del año. Hambrunas, conflictos y migraciones masivas son referencias constantes en los escenarios para África, generando inevitablemente un incremento del tráfico “irregular” de personas en el Mediterráneo. ¿Qué igualdad, qué seguridad, qué educación, qué asistencia sanitaria, qué libertad y qué derecho a la vida podemos garantizar a quién? Podríamos seguir con otros ejemplos… ¿apátridas del clima con países enteros engullidos por el mar?, ¿justicia climática o, dicho de otro modo, quién repara el daño generado por la pérdida de “todo” ocasionadas por terceros?; niños y adultos, mujeres y hombres, ¿se ven afectados en la misma medida?… O podemos, incluso, pensar en realidades más sofisticadas: ¿quién garantiza pensiones a quienes colocaron sus ahorros en acciones de las empresas más seguras y con más alta cotización en bolsa –pero enormemente vinculadas a un modelo llamado a desaparecer-?, ¿qué efectos tienen las reivindicaciones de soberanía y el deshielo del Ártico para la seguridad global?

Trabajar para minorar los riesgos de que las proyecciones más duras se conviertan en realidad es hoy una tarea de “elemental sentido común”, que diría nuestro Presidente de Gobierno. Esto requiere reducir las emisiones que originan el problema, pero requiere también integrar masivamente la variable de adaptación preventiva a las condiciones climáticas más probables, de forma que se reduzca la vulnerabilidad a la que están expuestos, sobre todo, los que, de por sí son más frágiles en nuestras sociedades. Lo que es insensato y peligroso es, sobre todo, no hacer nada, esperar pacientemente al límite…

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Minería y derechos humanos en América Latina

Fernando Flores

América Latina se ha visto sometida desde inicios de los años 90 a un incremento significativo de la inversión –nacional y extranjera– en el ámbito de las industrias extractivas. Las compañías que allí operan son mayoritariamente norteamericanas, especialmente de Canadá, pero también las hay europeas, brasileñas y argentinas (y últimamente chinas), dedicadas en gran parte a la extracción de gas y petróleo.

Instituciones Financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la
 Corporación Financiera Internacional, así como los bancos europeos, facilitan créditos a las exportaciones y garantías de inversión para permitir que estas compañías puedan operar.

Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos minerales, muy atractivos para la financiación de los Estados y el trasiego en los mercados globales, viene necesariamente acompañado por grandes proyectos de infraestructura (oleoductos, hidrovías, carreteras, gasoductos, represas, tendidos eléctricos, etc…) que violentan de forma muy considerable el hábitat indígena y el medio ambiente.

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Las comunidades indígenas

Para los indígenas la tierra no es objeto sino sujeto, y su relación con ella no es de apropiación sino de reciprocidad. Más allá de los cambios que un larguísimo período de aculturación ha podido producir en muchas comunidades, es necesario partir de esa idea para entender la racionalidad indígena, el fundamento de su espiritualidad y la singular vinculación que mantienen con la tierra. Una vinculación que es de naturaleza no mercantil.

El territorio es la base de la supervivencia. En la tierra cultivan los productos que comen, venden o intercambian. En ella se crían sus animales. Su identidad se construye en el hábitat de los bosques, los ríos, los lagos, las sabanas. En él se organizan y se educan, de él depende su salud. En él construyen sus redes sociales y determinan un espacio psicosocial propio e intransferible. En él habitan sus dioses, sus mitos, su historia, y se encuentran enterrados sus familiares. En consecuencia, para los indígenas no cabe distinguir territorio y comunidad, pues ambas son parte de una sola identidad.

El conflicto y el Derecho aplicable

Existe, pues, una contradicción entre las políticas estatales dirigidas a aprovechar los recursos naturales en beneficio del desarrollo económico de cada país y la pervivencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

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