Últimas imágenes de la tortura

Jesús García Cívico

La concesión de amparo, estos días, por el Tribunal Constitucional a una joven por una investigación sobre torturas cerrada en falso; la justificación de Jefe de la Guardia Civil en Baleares de las continuas (normalizadas) agresiones a detenidos; el reciente informe del Ministerio Público de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires sobre malos tratos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los primeros meses de 2016 (2 al día); pero, sobre todo, las constantes denuncias de organismos como Amnistía Internacional sobre la extensión de la tortura en el mundo, permiten afirmar que esa auténtica aberración de nuestros sistemas, esa afrenta a la civilización que es la tortura, es una cuestión de triste actualidad.

Cuestión de triste actualidad, y, sin embargo, ninguna de esas tres noticias es estrictamente novedosa: nuestro país ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar eficazmente este crimen; a su vez, las torturas cometidas por ejército y policía en Argentina y otros países americanos son bien conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuestión aparte es el hecho de que los testimonios recogidos por la comisión coordinada por el escritor Ernesto Sábato en Nunca más, el informe sobre violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina, constituye todavía hoy uno de los documentos más estremecedores sobre lo que Luigi Ferrajoli o Massimo La Torre han calificado en términos de «batalla contra la razón»); por último, y por lo que respecta a la situación global, el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional calcula que son 122 los países en los que hoy se tortura. Más concretamente el informe de Human Rights Watch, «No more excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture» pone al descubierto, no sólo la brutalidad e ilegalidad del programa de la agencia norteamericana de inteligencia, sino la falta de interés de la justicia en pedir la más elemental rendición de cuentas.

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Mural en Bagdad

En general, para cualquier aproximación histórica o socio-jurídica a la tortura siguen siendo indispensables los trabajos de Tomás y Valiente, así como las obras de referencia de Mellor, Fiorelli, Langbein y Peters, entre otros. Es igualmente numerosa la atención académica a estas cuestiones al hilo de la red de torturas que siguió a la reacción de la primera administración del presidente de EEUU George Bush, a los atentados del 11 de septiembre, así que a lo que modestamente invitamos en Al revés y al derecho, es a considerar pertinente una mirada a la tortura a través de imágenes que podría complementar, en algún punto, la visión siempre inacabada de este hecho terrible. Un hecho, el de la tortura, al que toda persona, y en particular, todo jurista debería dedicar un tiempo de reflexión, aunque sólo sea porque derecho y tortura han sido cómplices demasiado tiempo, y la tentación (véanse a este respecto, las siniestras opiniones de juristas y políticos como Dershowitz, Baybee, González o Jon Yoo) de continuar con esa macabra relación, permite ver el futuro inmediato del derecho a no sufrir torturas (un derecho, recordémoslo, de carácter absoluto) con menos optimismo que el que tuvieron los ilustrados Jefferson y Voltaire, el primero diciendo aquello de que entre gente civilizada nunca más se quemarían libros, el segundo asegurando que jamás regresaría la tortura judicial.

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Enrique Martí, Getsemaní, 2008

¿Hay alguna novedad en torno a la tortura? Creo que sí y que tiene que ver con una suerte de normalización (de sofisticación de su institucionalización, por decirlo así) de la impunidad, paralela al abuso, tan cínico como peligroso, de los eufemismos del tipo «interrogatorio mejorado» o «presión física moderada». Es una novedad que afecta al ánimo con la que se oculta y lleva a cabo, a la retórica de la excepción y a la responsabilidad de los agentes. Todo ello es observable a través de imágenes. ¿Qué imágenes, pueden integrarse en la comprensión actual de esa lacra de la tortura (un «cáncer que crece» en expresión de Javier de Lucas, también en democracia)?

En primer lugar, habría que reconocer que la reproducción artística (mímesis) de la tortura no es en absoluto novedosa: en lo que toca a la ficción, el arte pronto obtuvo en la tortura un tema recurrente, básicamente a partir de recreaciones del martirio de Cristo, de los tormentos de santos y de la representación del infierno de acuerdo con la escatología católica. También hay tormento en pinturas de suplicios mitológicos y en la recreación de castigos feudales en China y Japón, la hay en las imágenes que invariablemente acompañan la historia occidental, ahora la Inquisición, ahora la quema de brujas, la cruzada, la guerra y sus crueldades, ahora la práctica judicial, ahora la esclavitud, la opresión colonial, los «descubrimientos», las «conquistas»: desmembramientos, flagelaciones, seres humanos desollados vivos, mutilaciones, cuerpos quemados entre alaridos, decapitaciones, amputaciones, violaciones, cuerpos hervidos en vida. En muchos de ellos el artista capta el dolor, pero sobre todo… la indiferencia, cuando no el regocijo del torturador y del espectador. La tortura es también un proceso y las cuatro etapas de la crueldad de William Hogarth (captación del «espíritu diabólico de la barbarie») son un ejemplo tan clásico como conocido.

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Hogarth, The reward of cruelty, 1751

Solo en el siglo XX la imagen de la tortura acompaña los trabajos (de muy distintas calidades e intenciones estéticas) del propio Picasso, de Lovis Corinth, de Max Ernst, Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix, Aroldo Bonzagni, Bohumil Kubišta, Leon Golub, Nancy Spero, Pier-Paolo Pasolini

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Max Beckmann, Die Nacht, 1918

¿Hay pues algo sustancialmente distinto, una tendencia particular, en la representación de la tortura en el siglo XXI? En primer lugar, y por centrarnos sólo en las imágenes de la primera década, parece indispensable desentrañar los significados de las imágenes reales (fotografías, vídeos y otros documentos gráficos) de Guantánamo y Abu Ghraib en relación con hechos que las precedieron. Estas imágenes son importantes para comprender nuestro siglo, siglo de la imagen, pero lo son aún más, en un sentido político, porque el siglo XXI comenzó con una imagen en movimiento: el terrible derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York a la que siguió, como recuerdan entre otros Habermas, un hecho peor, la violación de la legalidad internacional. La imagen de ese derrumbe tuvo desde el principio algo de irreal y de golpe emocional, pero también desempeñó una función ligada al imaginario del orden: la imagen, tantas veces repetida, dejaba en suspenso, congelaba, la conmoción y su contracara, el estado de alarma y excepción.

La generalización, el ánimo de venganza, la necesidad de reafirmación del poder, la desproporción entre los fines y los medios, eran todos ellos asuntos que se habían asumido desde el principio, es por ello que las imágenes que llegaron inmediatamente después del 11/S, las fotografías de un centro de detenciones en Irak, provocaran reacciones de naturaleza contradictoria.

El escándalo conocido como el de Abu Ghraib empezó en enero de 2003 cuando el soldado Joseph Darby destapó numerosas fotografías de abusos sobre detenidos en esa prisión iraquí por parte de agentes de los EEUU. Las imágenes eran ofensivas desde cualquier consideración ética como jurídica, pero, sobre todo eran… grotescas. ¿Qué hacía esa joven con el pulgar levantado ante una pirámide de hombres desnudos apilados de forma obscena con signos de haber sufrido violencia sexual y otros tipos de llamativas vejaciones? ¿A qué vienen todas las fotografías de esos chicos desorientados, desnudos llenos hasta las cejas de orín y desechos fecales, con la cabeza cubierta, incapaces ya no de ver de dónde vienen los golpes o los ladridos de los perros, sino de percatarse de las sonrisas orgullosas de sus sádicos maltratadores? ¿Y ese hombre en forma de árbol de Navidad, sus testículos rodeados de cables eléctricos?

Uno de los textos que mejor responde a estas cuestiones es el del periodista norteamericano Marc Danner. Los abusos expresados en humillaciones físicas, morales y psicológicas, la mayor parte en relación con el sexo, no se explican sin la confluencia de muchos factores. La respuesta de Danner, es que se trata básicamente de la forma torpe, pero gráfica de cumplir órdenes ambiguas «de arriba abajo» a través de materiales simbólicos y culturales.

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Nancy Spero, Torture of Women

Sí, la idea central de Danner es que esas imágenes reflejan exactamente una voluntad. Traducen, con extraordinario éxito simbólico, una política sistemática: los soldados debían «aflojar» a los detenidos para posteriores interrogatorios. El medio más rápido era tratarles con tanto desprecio y dureza que temieran que cualquier cosa podía pasar allí, dicho de otra forma, se trataba de hacerles saber que no se les iba a respetar en ningún sentido. «Asegúrense de que pasen una mala noche». ¿Cómo hacerlo? Básicamente, invirtiendo el imaginario del trato debido. Los soldados norteamericanos conocían la teoría acerca las diferencias culturales y de las sensibilidades locales. A través de la inversión de ese mundo de valores e imágenes lograron un microcosmos de pesadilla.

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Grzegorz Klaman Fear and Trembling, 2007

Hay en esas imágenes regodeo, hay algo de orgullo de vengador. Lo expresaba bien García Amado (Torturas en el cine, 2005) cuando al hilo de otra tortura, la de la ficción, recuerda que O´Brien, personaje de 1984, es consciente de que no busca una confesión sino acabar con el sentimiento de sentirse hombre. La tortura es ineficaz como forma de esclarecer una verdad procesal pues en mayor o en menor medida, se aplica como venganza y no como recurso procesal, pues se sabe su nula fiabilidad. La tortura es un crimen y, además es una forma ineficaz de luchar contra el terrorismo. Sus efectos son perversos, en el peor de los casos, da siniestros argumentos a los terroristas.

Los soldados aprovecharon la orden para combinar dureza física y verbal con vejaciones sexuales, más o menos recurrentes de trasfondo cultural que llevaran a los detenidos a sufrir físicamente, pero sobre todo a padecer íntimamente un intenso sentimiento de vergüenza e inferioridad: violaciones anales con palos de escoba o tubos fluorescentes, masturbaciones forzosas, vejaciones con animales al ritmo de música rock; a la mayoría se le hacía degustar sus propias heces o se les orinaba encima. Que los detenidos iraquíes experimentaran un intenso sentimiento de vergüenza era algo buscado, de ahí, la predilección por las de mujeres entre las vejadoras, y de ahí las fotografías: la imagen perpetúa la humillación en el tiempo.

Nótese que algunos de esos detenidos fueron luego puestos en libertad porque como la mayoría de los que pasaron por esos centros, no habían cometido ningún delito.

En esta fotografía del canadiense Jonathan Hobin, una niña imita a la soldado Lynndie England.

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Jonathan Hobin, In the playroom, 2012

A pesar del escándalo de las imágenes casi nada cambió: Bush ganó un segundo mandato, la cuestión no ocupó el debate político y apenas se castigó a los culpables. ¿Y la gente?, ¿y la ciudadanía? ¿por qué no se produjo un clamor ciudadano en relación, por ejemplo, con los valores y los principios más elementales sobre los que, es necesario, recordarlo, se estaba produciendo toda esa ofensiva militar pero también política?

Escribió John Berger con ocasión de la publicación de Sobre la fotografía que todos los debates y análisis futuros sobre el papel de la fotografía en la mediática sociedad de la abundancia deberían partir de ese libro. De acuerdo con la autora, Susan Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia políticamente relevante. Esto es, para la autora de Sobre la fotografía, «sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores». Sontag, se refería a las fotografías icónicas del siglo XX, el siglo breve según Hobsbawm: Auschwitz, Hiroshima, el Gulag. ¿Cómo afectarán, las nuestras, a una generación venidera? ¿Qué tipo de conciencia política desentrañará sus múltiples significados?

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De momento, el impacto de las imágenes de esa tortura sádica y grotesca es muy variado, va desde las esculturas que se golpean la cabeza contra el muro en la obra del escultor polaco Grzegor Klaman (Nowy Targ, 1959) o ya en nuestro país el desasosiego de Enrique Marty (Salamanca, 1969). En este último caso, y por citar solo una obra, «Getsemaní», representa con ironía ácida, tal como apuntaba recientemente la gestora cultural Maite Ibáñez, un episodio de la tortura cristiana desde una óptica actual con una imagen terrible que podemos identificar con cualquier prisionero de Siria o Guantánamo. El impacto de las imágenes de Abu Ghraib, generó pronto las conocidas series del artista colombiano, Botero o el arte callejero de Banksy, pero la disposición de los cuerpos humillados y torturados en una suerte de tableau vivant ha inspirado otras imágenes, Marta Sytniewski, el caricaturista brasileño Carlos Latuff, el estupendo artista valenciano Artur Heras.

El libro de Stephen F. Eisenman The Abu Ghraib Effect, da cuenta del fenómeno del impacto visual, los efectos de la imagen y el interesado en esta cuestión encontrará ahí, muchos referentes.

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Artur Heras, Deriva mediterrània, 2014-2016

La frivolidad y el sadismo grotesco en el que hemos hecho hincapié lo captaron perfectamente los británicos Jake y Dinos Chapman en su rectificación al Goya de Los desastres de la guerra o en Great Deeds against the Dead: imagen dantesca de un maniquí descoyuntado atado a un árbol.

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R. Crumb

En obras como la de abajo, un payaso de McDonalds participa en tumultuosas expresiones de guerras y tormentos.

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Dinos & Jake Chapman

Los desastres de la guerra es todavía una obra maestra, también en un sentido moral, pues Goya, el genio, tuvo el acierto de mostrar sin ambages el desengaño y la crudeza de la guerra, incluso cuando la abandera la razón. Por eso, lo peor de todo lo que rodea la tortura, pero también el imaginario de la guerra y el dolor, es que en ellos apenas ocurre, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XXI, ninguna novedad.

Guerras sucias, democracias hipócritas

Fernando Ntutumu

Hay cosas que uno se imagina y que incluso llega a intuir basándose en informaciones de aquí y de allá; sin embargo, cuando te las muestran así, sin tapujos, con pruebas, testimonios y a plena luz del día, resultan demoledoras. A continuación no sólo relato mis impresiones sobre la obra del reportero de investigación Jeremy Scahill y su extraordinaria labor destapando una parte de las guerras sucias en marcha; también recuerdo que éstas vulneran la legalidad internacional y contribuyen a una paradoja insoportable, la de las democracias hipócritas.

Tras el visionado de la película documental Guerras sucias (2013), dirigida por Richard Rowley y protagonizada por el periodista estadounidense Jeremy Scahill, son dos las ideas que me surgen: por un lado, que resulta imprescindible verla de nuevo para captar todos los detalles y entramados (por la complejidad de los mismos); y por otro, que el mal no tiene fronteras, que es como un virus que copa sistemáticamente los gobiernos y que sólo una transformación de las razones que sirven de guía (de facto) para la sociedad internacional –hacia unas alejadas de las instrumentales– podría interrumpir el descenso de la humanidad al infierno moral al que se dirige. Sigue leyendo

Secretos y mentiras. El caso Víctor Jara

Almudena Bernabeu

Los regímenes dictatoriales no se establecen con vocación de agotarse. Esencial a esa irregular concentración de poder es la arrogancia para mantenerlo y una interesante capacidad de denegar que habrá un futuro, un después de tanto poder.

Como consecuencia de ello, es pertinente observar cómo los diferentes actores sociales propios de este tipo de regímenes (fuerzas armadas, servicios de inteligencia, iglesias, empresarios, medios de comunicación), ponen en marcha, tras el agotamiento real o aparente de esa dictadura, lo que a efectos de hacerme entender en este artículo llamaré (coloquialmente hablando, claro) secretos y mentiras. Nunca pensaron que tendrían que ocultarlo. A la brutal y soez aplicación de sus políticas de Estado (miedo, represión, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones), y con el ánimo –presumo– de perpetuarlas (ya no abiertamente, pues su poder se ha debilitado) se une la persistencia en negar lo que ocurrió, y ocultar las circunstancias de lo ocurrido. Es decir, como nunca pensaron que hubiera que ocultarlo o maquillarlo, hoy simplemente lo niegan. Pasados tantos años mienten o se niegan a hablar, boicoteando a diario la sociedad en que viven. A la deshumanización de la violencia que infligieron se une ahora la que acarrea la negación de lo hecho. Y me pregunto: ¿Dónde están los límites de la deshumanización? ¿No fue suficiente el dolor causado? ¿Hay que negarlo, sin ningún matiz? ¿A qué le tienen miedo? Sigue leyendo

Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

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El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

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Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

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Para ver en detalle la cronología de la “legislatura Gallardón” (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

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En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

Prisión permanente revisable: Reforma o contrarreforma

Diego Blazquez 

Ayer El País titulaba “Salto hacia atrás” su editorial sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de la denominada pena de privación de libertad permanente revisable.

En mi opinión es algo mucho más grave. Y es que a pesar del carácter simbólico (o no) que pudiera tener esta decisión legislativa, estamos ante la destrucción del espíritu y la cultura constitucional del 78. Precisamente por ese carácter simbólico (o no) creo que ayer se ha culminado un proceso de contrarreforma frente a lo que fue el espíritu humanista, democrático y social de la Constitución del 78. Sigue leyendo

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

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La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

copérnico

Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

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Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

El Proyecto de Código Penal: un retroceso histórico

Joan Carles Carbonell Mateu

Se anuncian reformas penales en España y la lectura de los textos proyectados o incluso los discursos gubernamentales que los anuncian resultan enormemente preocupantes. Soplan vientos de reacción profunda, de vuelta atrás o, lo que es mucho peor, de absoluto desdén por los derechos fundamentales y los principios penales.

1. La relativización de los principios liberales –en el sentido más digno de ese término–, el auge del Derecho penal del enemigo, la exacerbación de la peor manera de entender la seguridad y el correspondiente dominio de la peligrosidad como fundamento casi exclusivo y sobre todo ilimitado de la intervención punitiva son las notas características de una irrefrenable tendencia a la vuelta atrás hacia los momentos más oscuros del Derecho penal desde el período anterior a la Ilustración. Cada día es más evidente que corremos el riesgo de perder referencias fundamentales que creíamos logros inamovibles. Y, como vamos a ver, el principio de culpabilidad como expresión rotunda de la dignidad de la persona, que nunca puede ser privada de sus derechos y de su estatuto cívico si no es en virtud de que lo merezca tras incumplir los deberes que también como ciudadano le corresponden, y justamente en esa medida, está a punto de ser ignorado de forma tan grosera que puede anunciarse su completa desaparición, si prospera la reforma pretendida.

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