Centros de procesamiento de asilo en África, ¿puede la UE replicar el ejemplo australiano?

Ana Calvo Sierra

El debate en torno al establecimiento de centros de procesamiento de asilo fuera de la UE vuelve a estar en auge esta semana, tras la cumbre de líderes europeos en la que se ha planteado la posibilidad de crear ‘plataformas regionales de desembarco’ en África con la intención de filtrar a los verdaderos refugiados de los migrantes económicos, y así evitar más muertes en el Mediterráneo.

Esta política no es nueva; ya en los años ochenta Dinamarca presentaba un proyecto de resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la creación de centros offshore, iniciativa que sería más tarde recogida por el Reino Unido en los ‘UK Proposals’ en 2003. Aunque entonces el clima político no fuera lo suficientemente favorable– Reino Unido encontró la fuerte oposición de Francia y Suecia, así como de la propia ACNUR, que no tardó en desvincular su ‘Convention Plus’ de los planes británicos – sentó las bases de una propuesta que quince años más tarde parece ser la idea definitiva entre las políticas de externalización de la función del asilo. Tras la popularmente llamada crisis de los refugiados precipitada en 2015, varios mandatarios europeos se han acogido al caso australiano para animar a la réplica de esta política de control migratorio.

Australia aprobó en el año 2001 la Solución Pacífico: una política dirigida a frenar las llegadas de barcos no autorizados a las costas australianas mediante el traspaso de los ‘boat people’ a, en sus comienzos Christmas Island, y recientemente a las islas de Papua Nueva Guinea (PNG) y Nauru. Pese a la revocación de la Solución en el año 2008 por el partido laborista siguiendo una promesa electoral, en el año 2012 los centros en PNG y Nauru fueron reabiertos debido al aumento de llegadas migratorias. Durante los últimos seis años, son cientos los refugiados, demandantes de asilo y otros migrantes que se han encontrado detenidos en centros de procesamiento sin esperanza de ser reasentados en Australia. Esto es sabido desde que el anterior ministro de migración Kevin Rudd declarara en el año 2013 junto al primer ministro de PNG que aquellos reconocidos como verdaderos refugiados tendrían la oportunidad de quedarse allí mismo, declarando “ningún refugiado será reasentado en Australia”. Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos sistemáticas y a las llamadas al cierre por parte de Australia, los centros siguen en vigor.

Con el acrecentamiento de los partidos de extrema derecha en Europa y la narrativa anti-inmigración, no sorprende que Australia haya sido citada como un ejemplo a seguir. En los últimos tres años, Wilders, Farange o Szijjarto han expuesto públicamente su voluntad de tratar a los refugiados a la australiana; mientras otros países, como Francia, Italia o España se han centrado en cerrar acuerdos bilaterales con países africanos. No obstante, en febrero de 2018, The New York Times hacía sonar las alarmas publicando la conclusión de un centro de procesamiento de solicitudes de asilo francés en Níger, titulando el artículo “asilo para los elegidos”. Esta iniciativa parecía haber surgido de la reunión mantenida en París entre mandatarios de Libia, Níger, Chad, Italia, Alemania y España donde se debatió cómo frenar el flujo de migrantes irregulares. En última instancia hemos sabido estos días que la propuesta ha encontrado el apoyo mayoritario de los líderes europeos, por lo que parece que es el momento de analizar las posibilidades de éxito en la práctica.

El caso australiano ha demostrado con creces que la externalización del asilo a través de los centros offshore es políticamente vendible. Se requiere de discursos que presenten la migración irregular como abrumadora; que asuman esta política como humanitaria –concebida para evitar muertes en el Mediterráneo– y no como de control –pese a que cualquiera podría pensar que limita la libertad de movimiento recogida por todos los textos de derechos humanos–; y que se plantee bajo una aparente sujeción al derecho tanto doméstico como internacional. En cambio, jurídicamente, la UE y Australia presentan diferencias insalvables: Australia no está sujeta a un órgano judicial supranacional como sí lo están las políticas migratorias de los miembros de la UE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y especialmente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la Convención en materia de asilo de forma que a día de hoy su jurisprudencia es la mayor garantía para los refugiados y demandantes de asilo. Y lo ha hecho pese a que el derecho de asilo no se reconoce explícitamente en la Convención. El TEDH ha extendido la noción de jurisdicción a casos extraterritoriales, bajo el concepto de control efectivo –de iure y/o de facto– en sentencias como Medvedyeb v. Francia o Hirsi Jaama v. Italia. También ha ampliado el ámbito de aplicación personal y material de la Convención de Ginebra, extendiendo la prohibición de refoulement a no sólo refugiados sino cualquier extranjero que pueda verse sometido a trato inhumano o degradante si fuera devuelto o extraditado a otro país, con sentencias clave como Soering v. Reino Unido, Cruz Varas v. Suecia o Chahal v. Reino Unido. Y por último, ha definido las condiciones de detención aplicable a terceros de otros países, limitando así las posibilidades que encontraría la UE en el caso de efectivamente confinar a demandantes de asilo en centros extraterritoriales.

La definición y el carácter de estas tres nociones –jurisdicción, principio de non-refoulement y detención– desarrolladas por el TEDH son a día de hoy, bajo mi opinión, el mayor obstáculo para la implementación del modelo australiano por parte de la UE. Incluso en el caso en el que la UE no se desvinculara de los centros offshore como hace Australia, y los diseñara bajo su jurisdicción y consecuentemente sujeción al derecho europeo, son diversas las cuestiones técnicas y jurídicas que surgirían haciendo de esta política una misión poco factible en estos momentos: ¿serían los centros capaces de atender a casos específicos de personas vulnerables? ¿Se atendrían a los límites temporales y condiciones de detención impuestos por el TEDH en casos como MSS v. Bélgica y Grecia? ¿Cómo se garantizarían los recursos efectivos y la defensa ante un refoulement indirecto por parte del país huésped? ¿Supondría esta política cambios en el sistema de reparto de carga y en definitiva la modificación de Dublín?

De cualquier modo, aunque la UE consiguiera presumiblemente ajustarse al derecho con la creación de estos centros, este hecho suscitaría inquietudes éticas ya que se trataría una vez más del aprovechamiento de técnicas legales para evadir obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos concebido para dar protección a los que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad; lo que me lleva a concluir que aunque fuera legal, nunca sería una herramienta legítima para con los refugiados y demandantes de asilo. Es en el tratamiento a los refugiados donde los valores en los que se fundó la UE yacen hoy; no los pongamos fuera de nuestra vista.

Ilustración de Oslo Davis. Foto de Centelles: campo de refugiados españoles en Bram (Francia), 1939.

 

Refugiados: ¡tienen derechos! (En el Día Mundial de los Refugiados)

Javier de Lucas

Aunque es cada vez mayor la toma de conciencia de que los refugiados –como los inmigrantes, por cierto– son personas titulares de derechos cuyo cumplimiento obliga, como es obligado respetar cualquier otro derecho, lo cierto es que todavía hoy nos encontramos con dos tipos de mensajes, que calan en la opinión pública y obstaculizan ese obligado respeto.

De una parte, la visión “humanitaria” –seudohumanitaria, sería mejor decir– que apela a la “ética”. Una invocación que, las más de las veces, no acaba en la exigencia de acomodar nuestra conducta a esos valores, sino que nos propone esas conductas como ejemplares, pero no exigibles y, menos aún, sancionables, en caso de incumplimiento. A nadie se le ocurre castigar a quien no participa en una de esas telemaratones o subastas con los que compramos buena conciencia. Como se trata de un “problema de ética”, por definición, su observancia es cuestión de conciencia, de buena conciencia, de conciencia solidaria, sí, pero no exigible so pena de sanción. No es un comportamiento debido, aunque admiremos a quienes tienen la bondad de hacerlo.

De otro lado, asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.

Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó  un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.

En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.

No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.

Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.

Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?

Ha llegado la hora de tomarnos en serio los derechos de los refugiados. Es la conclusión que deberíamos adoptar. Y como se ha repetido tantas veces, no es un deseo. No es una opción, sino un deber. Si es que queremos seguir llamándonos civilizados.

Ilustraciones: 1. Desconocido. 2. Aegean Guernica. 3. Ulanovsky.

Violación en Manada

Juan Carlos Carbonell

La reciente Sentencia sobre el que ha dado en denominarse, por el apodo adoptado por el grupo de autores, “Caso Manada” ha sido recibida como un auténtico escándalo y ha generado una contestación masiva, tanto por el voto particular que viene a retrotraernos a tiempos no tan remotos en que cualquier mujer era sospechosa por el mero hecho de serlo y en que la culpabilización de la víctima de un delito sexual era casi automática –no en vano la mujer era poco más que una “cosa” propiedad del padre primero y del marido después-, cuanto por el contenido de la condena cuya calificación jurídica convierte en abusos sexuales continuados once penetraciones de todo tipo: vaginal, anal y bucal, practicadas sobre una única mujer, en un patio oscuro y a las tres de la madrugada del día de San Fermín, en Pamplona. Sigue leyendo

Cadena perpetua: estudios e ideología importan

Juan Carlos Pérez Cortés

Se ha publicado recientemente una encuesta de opinión sobre la cadena perpetua en España en la que las posiciones a favor y en contra se hallan segmentadas en función de las variables “sexo”, “edad”, “estudios” y “orientación política” (partido votado en las últimas elecciones generales).

Una manera útil e intuitiva de interpretar los datos que se presentan así es la de considerar esas variables como “predictores univariantes”. En este caso, una variable constituirá un mejor predictor cuando nos permita estimar de manera más fiable un resultado conociendo únicamente esa variable. Por ejemplo, la variable “fuma” (frente a “no fuma”) es el mejor predictor para estimar la probabilidad de que alguien padezca cáncer de pulmón. Otras variables por sí mismas no nos aportarían tanta capacidad predictiva.

En la encuesta sobre la cadena perpetua los dos mejores predictores son la educación recibida y la orientación política. Conociendo si una persona ha completado estudios de educación universitaria podemos estimar que tiene casi el doble de probabilidad de estar en contra de esta pena. Conociendo si ha votado al Partido Popular o a Ciudadanos sabemos que la probabilidad de estar contra la cadena perpetua es 4 veces inferior a si votó al PSOE o a Unidos Podemos. Sigue leyendo

La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana

Ignacio Durbán Martín

Cuando el pasado miércoles 20 de diciembre la presidenta del Observatorio por el Derecho Universal a la Salud, María José Moya, calificó de “insensatez” la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el acceso universal a la atención sanitaria valenciana, no sólo hizo suyo el sentir de una gran parte de la ciudadanía a la que el tenor de esta resolución ha provocado una enorme indignación, sino que, además, demostró estar en sintonía con el grupo de cinco magistrados del propio Tribunal, que ha expresado abiertamente su disconformidad con este controvertido fallo.

Y es que, tras haberse conocido el contenido de la sentencia, hemos podido saber que la acompañan dos votos particulares (que son, en ambos casos, una remisión a los dos votos formulados a la STC 134/2017, relativa a un supuesto análogo que afecta al País Vasco): uno, más contundente y prolijo en su argumentación, respaldado por cuatro magistrados (Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer) y otro, más comedido y parco en su razonamiento, formulado por el magistrado Antonio Narváez. Pues bien, a la vista de la escasa atención mediática que se ha prestado a este reseñable desacuerdo en el seno del TC, parece pertinente dedicarle unas líneas a la cuestión para exponer sintéticamente cuáles son los motivos en los que se funda la posición discordante de este grupo de magistrados.

Como es sabido, la polémica sentencia declara la inconstitucionalidad del decreto-ley que el entonces flamante Govern del Botànic dictó en 2015 para proporcionar cobertura sanitaria a determinados colectivos (en particular a los inmigrantes sin papeles) que habían quedado desprotegidos tras la reforma que el Gobierno de Rajoy operó en el Sistema Nacional de Salud en 2012. La decisión del TC, conviene precisarlo, se ha adoptado por motivos estrictamente competenciales al entender que la vigente legislación básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas para determinar quién tiene derecho a recibir la prestación sanitaria fuera de la forma y los límites previamente configurados por el Estado.

No es de extrañar que esta interpretación expansiva de la legislación básica estatal –que a la postre ha constituido la ratio decidendi del asunto– sea el motivo central de las discrepancias plasmadas en los dos votos particulares que acompañan a la sentencia; y que, como ya se ha apuntado, en este caso, congregan a un total de cinco magistrados, es decir, a casi la mitad del Alto Tribunal. En esencia, los magistrados discrepantes manifiestan –con fundamento en abundante jurisprudencia del propio TC– su rotundo desacuerdo con una desmedida noción de las bases estatales –que comparan con “un muro rígido e infranqueable”– que restringe toda capacidad a las Comunidades Autónomas para establecer una normativa propia al respecto. Los magistrados denuncian que semejante línea interpretativa equivale a otorgar al Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad, lo cual, como resulta obvio, desvirtúa por completo el régimen de distribución competencial previsto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

El corolario del razonamiento anterior es claro y se expresa sin ambages en los dos votos particulares: la Comunitat Valenciana no incurrió en ningún exceso competencial por mejorar el estándar mínimo de cobertura sanitaria fijado en la legislación básica estatal. Lo vedado para el legislador autonómico –según reiterada jurisprudencia– habría sido precisamente lo contrario, esto es, empeorar el nivel mínimo homogéneo estatal, pero en ningún caso mejorarlo. Negar a una Comunidad Autónoma adoptar una decisión de esta naturaleza supone, según este grupo de magistrados y buena parte de la doctrina académica, una vulneración del principio de autonomía por verse lesionada la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad y la consiguiente capacidad para desarrollar políticas propias en dicho ámbito.

Ahora bien, no todas las discrepancias gravitan en torno a la problemática competencial: el primero de los votos particulares –es decir, el rubricado por cuatro magistrados– va aún más allá en su disconformidad con la fundamentación de la sentencia y apunta algunos motivos adicionales de desacuerdo de enorme peso e interés. Sin duda, el más llamativo y sugerente de todos ellos es el que invoca la relevancia del trasfondo material del caso para el adecuado enjuiciamiento de la contienda competencial. El argumento –que cuenta con algún precedente jurisprudencial– es contundente:

“La efectividad del derecho a la protección de la salud hubiera debido presidir la interpretación de los títulos competenciales confrontados, a fin de respaldar, de entre las diversas interpretaciones posibles, aquellas que razonablemente permitan cumplir el mandato proclamado en el artículo 43 CE [derecho a la protección de la salud] y alcanzar sus objetivos”.

Un aventurado y comprometido planteamiento que se sostiene, para los magistrados, sobre el consabido principio de unidad de la Constitución, según el cual ésta “sólo puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende como unidad”, lo cual implica que, en controversias de orden competencial como la presente, el TC también debería tener en cuenta el conjunto de principios constitucionales de orden material, o sea, en este caso, el derecho a la protección de la salud. Un enfoque que, en términos más coloquiales, cabría expresar del modo siguiente: el fuero y el huevo no son elementos que siempre puedan desgajarse en el desempeño de la labor interpretativa del texto constitucional.

Pero todavía interesa hacer referencia a un último y tajante reproche que el voto particular colectivo dirige contra la sentencia. Los magistrados disconformes recuerdan que, tras aprobarse la reforma sanitaria del gobierno de Rajoy de 2012 –que no dudan en calificar de “intenso retroceso”, “involución normativa” e “injustificado viraje”–, las Comunidades Autónomas han procedido a adoptar medidas de retorno al principio de universalidad de la asistencia sanitaria: unas de manera abierta y directa plasmando dichas medidas en disposiciones normativas (como es el caso de la Comunitat Valenciana); y otras adoptando medidas camufladas de carácter indirecto e informal. Pues bien, paradójicamente, arguyen los magistrados, con fallos judiciales como el que aquí se comenta, el TC no sólo castiga a las primeras, sino que, además, las aboca tácitamente a transitar la senda irregular recorrida por las segundas. Un horizonte, subrayan, que supone, a un mismo tiempo, la quiebra de dos pilares constitucionales: la cláusula social y el principio de seguridad jurídica.

Estas son, en síntesis, las razones aducidas en los votos particulares discrepantes contra la fundamentación de la sentencia que declara inconstitucional el decreto-ley valenciano de 2015. Pese a que, como es evidente, tales motivos de desacuerdo no alteran en nada los efectos de la resolución del TC, no puede negarse que poseen una gran relevancia tanto por su rotundidad y manifiesta sensibilidad social como por el número de magistrados que los respaldan (que, además, lo han hecho por duplicado en un corto espacio de tiempo, esto es, en el caso vasco y en el valenciano). Por ello, y al margen de otras variables de naturaleza política –que son, sin duda, las que terminarán por decantar, en un sentido u otro, la configuración normativa de esta materia–, habrá que prestar atención en los próximos tiempos al posible grado de incidencia que los argumentos plasmados en estos votos particulares puedan tener en el debate sobre las garantías jurídicas del acceso a la sanidad universal en el contexto del Estado autonómico.

Fotos: Eugene W. Smith. 1 y 3: De la serie “Country doctor”, 1948. 2 y 4: De la serie “Nurse Midwife”, 1951.

 

CIA, drones y derechos humanos

Cristina Pauner Chulvi

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia militar expansiva. Si hace unos días anunciaba que su Administración solicitará una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa con el propósito de que “EEUU vuelva a ganar guerras”, anteayer descubrimos el último movimiento en su pretendida “erradicación” del Estado islámico, objetivo con el que se ha comprometido dentro de su difusa política exterior militar. Así, la prensa norteamericana publicó la noticia de la concesión a la Agencia International de Inteligencia (CIA) de nuevas atribuciones para atacar a terroristas con aviones no tripulados o drones.

Esta orden presidencial otorga más libertad de actuación al Pentágono y a la CIA para lanzar ataques con drones contra objetivos extremistas en Oriente Próximo incluso sin pedir autorización a la Casa Blanca. Con esta decisión, Donald Trump se desmarca de la línea seguida por su antecesor, Barack Obama, bajo cuya presidencia se incrementó el empleo de esta tecnología como arma de ataque militar aunque limitando el papel de los servicios secretos de la CIA a la fase de reconocimiento y recogida de información sobre sospechosos de terrorismo, en tanto que la ejecución del ataque quedaba en manos de los militares del Pentágono, y era autorizado en la mayoría de los casos por un proceso intergubernamental antes de ser ejecutado. Bajo la anterior distribución de funciones subyacía una importante consecuencia jurídica: una mayor garantía de transparencia ya que mientras que el Pentágono debe rendir cuentas de sus misiones y de las eventuales muertes de civiles, los servicios secretos no están obligados a facilitar estas cifras. Este cruce de roles entre la Agencia y el Pentágono viene a sumar importantes problemas a los que ya genera el empleo de drones como arma militar para alcanzar a objetivos concretos, bien sean infraestructuras, vehículos o personas aisladas en los conocidos como “asesinatos selectivos”, que sistemáticamente denuncian organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Sigue leyendo

Paz y Justicia para Siria

Almudena Bernabeu

El pasado 29 de diciembre, apenas días después de la caída de la ciudad de Aleppo, bastión rebelde y resistente indiscutible del conflicto armado en Siria, Rusia y Turquía anunciaron, como representantes de los bandos opuestos y originarios del conflicto, un alto el fuego con el fin de “reducir la violencia, evitar la muerte de civiles y garantizar el acceso sin obstáculos de ayuda humanitaria”.

El acuerdo de cese cubre tres áreas. Primero, prevé un cese de hostilidades, que comenzó el día 30 de diciembre de 2016, y que incluye por un lado a las tropas pro-gubernamentales (ejercito, inteligencia y fuerzas de seguridad), y por otro a los grupos rebeldes, que conforman el Ejército Libre de Siria (ELS) y el Alto Comité de Negociaciones. No obstante, el acuerdo excluye a grupos considerados terroristas como el Estado Islámico, y dada la fragmentación dentro de la facción rebelde, hay dudas sobre la inclusión en el acuerdo de otros grupos como Jabhat Fateh al-Sham (el antiguo Frente al-Nusra), asociado con al-Qaeda, o las Unidades de Protección Popular Kurdas (YPG). Sigue leyendo

Cuidadores invisibles, ciudadanía demediada

Pepe Reig Cruañes

Si los sistemas del bienestar nacieron principalmente para corregir la desigual capacidad de las personas para afrontar los riesgos de la vida y las situaciones de necesidad, las políticas de austeridad han venido a recordarnos que frente a la desgracia somos vulnerables, pero unos más que otros. Mucho más. Las actitudes y las propuestas frente a ese tipo de situaciones “marcan” indeleblemente a los partidos con una posición “antropológica” que se encuentra en el fondo de sus discursos.

Cuando se habla de los recortes en Dependencia tendemos a olvidar los concretos dramas que hay detrás de esos recortes y se obvia el dilema entre una sociedad en la que cada cual apechuga con lo suyo o una con redes de solidaridad que protegen y amortiguan. Aunque parezca crudo, eso es lo que está al fondo cuando se revierten las políticas inclusivas que, de acuerdo con la Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, tratan justamente de facilitar el ejercicio de la ciudadanía, es decir, algo que va más allá de evitar la discriminación. Cuando se recorta en este campo, no se está equilibrando un presupuesto, se está generando una exclusión.

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La Ley de Dependencia de 2006 abría la puerta a la superación del modelo tradicional exclusivamente asistencial, privado y femenino, para dar paso a un nuevo “derecho al cuidado” que ha ampliado las bases del Estado del Bienestar. Aparte de las prestaciones previstas para la atención a la Dependencia, la Ley puso en marcha el mecanismo por el que la tradicional dedicación al cuidado en el ámbito familiar podía transformarse en una actividad reconocida, retribuida y con cotización a la Seguridad Social y, hasta cierto punto, profesionalizante, de cara a una futura empleabilidad para las personas que la ejercían. Se trataba de los llamados Cuidadores No Profesionales.

Dos líneas de crítica han señalado efectos no deseados de la Ley: la crítica feminista apunta a la reafirmación de la tradicional asignación de roles femeninos, ahora reforzada por la posibilidad de cobrar por lo que ya se venía haciendo. De hecho la proporción de mujeres entre los Cuidadores nunca bajó del 92%.

La crítica social, por su parte, incide en la falta de avances en la creación de redes de asistencia y cuidado públicas, dado que resultó más barato para las administraciones transferir dinero que crear y dotar dichas redes, lo que ha ralentizado aquella deseable expansión del Estado del Bienestar. Un, por ahora, improbable restablecimiento del derecho a la Dependencia debería contemplar esas dos fundadas críticas al modelo de 2006.

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Ambas disfunciones palidecen, no obstante, ante la magnitud del proceso de deconstrucción iniciado por la derecha gobernante que, con la excusa de la crisis y los ajustes, ha procedido a reinstaurar el modelo tradicional y a devolver a las personas con dependencia al ámbito privado y a cierta invisibilidad. También ha vuelto invisible, al menos para el Estado, el trabajo de aquellas personas que deben dedicar su vida, sacrificando otras opciones vitales, al cuidado de algún familiar altamente dependiente.

En el corto recorrido de aplicación de la Ley en su formato original entre 2007 y 2011, el sistema creaba empleo y producía inclusión, que es, o debiera ser, el objeto de las políticas públicas de ciudadanía. Lo cierto es que más allá de mejorar la vida de las personas con problemas de autonomía, demostró que el cuidado y la atención a la dependencia podían generar dinamismo económico y empleo, incluso en una sociedad tan tradicional como la nuestra. Era uno de los famosos “nichos de empleo” del bienestar, que el conservadurismo tiende a ver como lastre para una sociedad competitiva. De hecho algunos estudios señalan que era el único sector que creaba empleo durante la crisis en actividades como los centros residenciales para mayores, los de personas con discapacidad, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y la teleasistencia. Y, por supuesto, en el ámbito de las prestaciones para la asistencia familiar y no profesional.

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Fuente: Jiménez Lara, A. “Crisis y atención a la Dependencia. 
Efectos sobre el empleo y las familias” en Actas de Dependencia, 
nº 5. Julio 2012. Accesible: 
http://www.fundacioncaser.org/sites/default/files/sumario-n5.pdf

En el sector específico de los Cuidadores No Profesionales las retribuciones previstas en la Ley no fueron nunca muy altas, pero aún se redujeron en un 15% a partir del RD 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Ese decreto del recién estrenado gobierno de Rajoy en mayoría absoluta, cambiaba las prioridades desde el título mismo y procedía a “extinguir” las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Estado, que la Ley de Dependencia había facilitado para las personas que se ocupan en casa de algún familiar. Los convenios especiales suscritos con la Seguridad Social a partir de ese momento corren a cargo del interesado. La abrupta caída de la curva de Altas registradas en la Seguridad Social proclama a voz en grito la vuelta al modelo tradicional.

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Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.

De lo que a estas alturas no puede caber ninguna duda es de que, deliberadamente o no, se ha abortado tempranamente, y con un coste de imagen despreciable para el gobierno, la consolidación de ese sector emergente que nos hubiera aproximado a las sociedades del Estado del Bienestar. Volvemos pues donde solíamos en este crucial asunto de la dependencia y la autonomía personal. Los retrocesos en la inclusión y la igualdad no incumben sólo al colectivo afectado, sino que cuestionan la ciudadanía común. Pero esa es una “marca antropológica” que el conservadurismo actual luce sin complejos.

Lawence Alma-Tadema

Ilustración: Cuadro de Lawence Alma-Tadema (1872).

Últimas imágenes de la tortura

Jesús García Cívico

La concesión de amparo, estos días, por el Tribunal Constitucional a una joven por una investigación sobre torturas cerrada en falso; la justificación de Jefe de la Guardia Civil en Baleares de las continuas (normalizadas) agresiones a detenidos; el reciente informe del Ministerio Público de la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires sobre malos tratos cometidos por sus fuerzas de seguridad durante los primeros meses de 2016 (2 al día); pero, sobre todo, las constantes denuncias de organismos como Amnistía Internacional sobre la extensión de la tortura en el mundo, permiten afirmar que esa auténtica aberración de nuestros sistemas, esa afrenta a la civilización que es la tortura, es una cuestión de triste actualidad.

Cuestión de triste actualidad, y, sin embargo, ninguna de esas tres noticias es estrictamente novedosa: nuestro país ha sido sancionado en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar eficazmente este crimen; a su vez, las torturas cometidas por ejército y policía en Argentina y otros países americanos son bien conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuestión aparte es el hecho de que los testimonios recogidos por la comisión coordinada por el escritor Ernesto Sábato en Nunca más, el informe sobre violaciones de derechos humanos de la dictadura argentina, constituye todavía hoy uno de los documentos más estremecedores sobre lo que Luigi Ferrajoli o Massimo La Torre han calificado en términos de «batalla contra la razón»); por último, y por lo que respecta a la situación global, el informe 2015-2016 de Amnistía Internacional calcula que son 122 los países en los que hoy se tortura. Más concretamente el informe de Human Rights Watch, «No more excuses: A Roadmap to Justice for CIA Torture» pone al descubierto, no sólo la brutalidad e ilegalidad del programa de la agencia norteamericana de inteligencia, sino la falta de interés de la justicia en pedir la más elemental rendición de cuentas.

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Mural en Bagdad

En general, para cualquier aproximación histórica o socio-jurídica a la tortura siguen siendo indispensables los trabajos de Tomás y Valiente, así como las obras de referencia de Mellor, Fiorelli, Langbein y Peters, entre otros. Es igualmente numerosa la atención académica a estas cuestiones al hilo de la red de torturas que siguió a la reacción de la primera administración del presidente de EEUU George Bush, a los atentados del 11 de septiembre, así que a lo que modestamente invitamos en Al revés y al derecho, es a considerar pertinente una mirada a la tortura a través de imágenes que podría complementar, en algún punto, la visión siempre inacabada de este hecho terrible. Un hecho, el de la tortura, al que toda persona, y en particular, todo jurista debería dedicar un tiempo de reflexión, aunque sólo sea porque derecho y tortura han sido cómplices demasiado tiempo, y la tentación (véanse a este respecto, las siniestras opiniones de juristas y políticos como Dershowitz, Baybee, González o Jon Yoo) de continuar con esa macabra relación, permite ver el futuro inmediato del derecho a no sufrir torturas (un derecho, recordémoslo, de carácter absoluto) con menos optimismo que el que tuvieron los ilustrados Jefferson y Voltaire, el primero diciendo aquello de que entre gente civilizada nunca más se quemarían libros, el segundo asegurando que jamás regresaría la tortura judicial.

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Enrique Martí, Getsemaní, 2008

¿Hay alguna novedad en torno a la tortura? Creo que sí y que tiene que ver con una suerte de normalización (de sofisticación de su institucionalización, por decirlo así) de la impunidad, paralela al abuso, tan cínico como peligroso, de los eufemismos del tipo «interrogatorio mejorado» o «presión física moderada». Es una novedad que afecta al ánimo con la que se oculta y lleva a cabo, a la retórica de la excepción y a la responsabilidad de los agentes. Todo ello es observable a través de imágenes. ¿Qué imágenes, pueden integrarse en la comprensión actual de esa lacra de la tortura (un «cáncer que crece» en expresión de Javier de Lucas, también en democracia)?

En primer lugar, habría que reconocer que la reproducción artística (mímesis) de la tortura no es en absoluto novedosa: en lo que toca a la ficción, el arte pronto obtuvo en la tortura un tema recurrente, básicamente a partir de recreaciones del martirio de Cristo, de los tormentos de santos y de la representación del infierno de acuerdo con la escatología católica. También hay tormento en pinturas de suplicios mitológicos y en la recreación de castigos feudales en China y Japón, la hay en las imágenes que invariablemente acompañan la historia occidental, ahora la Inquisición, ahora la quema de brujas, la cruzada, la guerra y sus crueldades, ahora la práctica judicial, ahora la esclavitud, la opresión colonial, los «descubrimientos», las «conquistas»: desmembramientos, flagelaciones, seres humanos desollados vivos, mutilaciones, cuerpos quemados entre alaridos, decapitaciones, amputaciones, violaciones, cuerpos hervidos en vida. En muchos de ellos el artista capta el dolor, pero sobre todo… la indiferencia, cuando no el regocijo del torturador y del espectador. La tortura es también un proceso y las cuatro etapas de la crueldad de William Hogarth (captación del «espíritu diabólico de la barbarie») son un ejemplo tan clásico como conocido.

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Hogarth, The reward of cruelty, 1751

Solo en el siglo XX la imagen de la tortura acompaña los trabajos (de muy distintas calidades e intenciones estéticas) del propio Picasso, de Lovis Corinth, de Max Ernst, Georg Grosz, Max Beckmann, Otto Dix, Aroldo Bonzagni, Bohumil Kubišta, Leon Golub, Nancy Spero, Pier-Paolo Pasolini

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Max Beckmann, Die Nacht, 1918

¿Hay pues algo sustancialmente distinto, una tendencia particular, en la representación de la tortura en el siglo XXI? En primer lugar, y por centrarnos sólo en las imágenes de la primera década, parece indispensable desentrañar los significados de las imágenes reales (fotografías, vídeos y otros documentos gráficos) de Guantánamo y Abu Ghraib en relación con hechos que las precedieron. Estas imágenes son importantes para comprender nuestro siglo, siglo de la imagen, pero lo son aún más, en un sentido político, porque el siglo XXI comenzó con una imagen en movimiento: el terrible derrumbe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York a la que siguió, como recuerdan entre otros Habermas, un hecho peor, la violación de la legalidad internacional. La imagen de ese derrumbe tuvo desde el principio algo de irreal y de golpe emocional, pero también desempeñó una función ligada al imaginario del orden: la imagen, tantas veces repetida, dejaba en suspenso, congelaba, la conmoción y su contracara, el estado de alarma y excepción.

La generalización, el ánimo de venganza, la necesidad de reafirmación del poder, la desproporción entre los fines y los medios, eran todos ellos asuntos que se habían asumido desde el principio, es por ello que las imágenes que llegaron inmediatamente después del 11/S, las fotografías de un centro de detenciones en Irak, provocaran reacciones de naturaleza contradictoria.

El escándalo conocido como el de Abu Ghraib empezó en enero de 2003 cuando el soldado Joseph Darby destapó numerosas fotografías de abusos sobre detenidos en esa prisión iraquí por parte de agentes de los EEUU. Las imágenes eran ofensivas desde cualquier consideración ética como jurídica, pero, sobre todo eran… grotescas. ¿Qué hacía esa joven con el pulgar levantado ante una pirámide de hombres desnudos apilados de forma obscena con signos de haber sufrido violencia sexual y otros tipos de llamativas vejaciones? ¿A qué vienen todas las fotografías de esos chicos desorientados, desnudos llenos hasta las cejas de orín y desechos fecales, con la cabeza cubierta, incapaces ya no de ver de dónde vienen los golpes o los ladridos de los perros, sino de percatarse de las sonrisas orgullosas de sus sádicos maltratadores? ¿Y ese hombre en forma de árbol de Navidad, sus testículos rodeados de cables eléctricos?

Uno de los textos que mejor responde a estas cuestiones es el del periodista norteamericano Marc Danner. Los abusos expresados en humillaciones físicas, morales y psicológicas, la mayor parte en relación con el sexo, no se explican sin la confluencia de muchos factores. La respuesta de Danner, es que se trata básicamente de la forma torpe, pero gráfica de cumplir órdenes ambiguas «de arriba abajo» a través de materiales simbólicos y culturales.

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Nancy Spero, Torture of Women

Sí, la idea central de Danner es que esas imágenes reflejan exactamente una voluntad. Traducen, con extraordinario éxito simbólico, una política sistemática: los soldados debían «aflojar» a los detenidos para posteriores interrogatorios. El medio más rápido era tratarles con tanto desprecio y dureza que temieran que cualquier cosa podía pasar allí, dicho de otra forma, se trataba de hacerles saber que no se les iba a respetar en ningún sentido. «Asegúrense de que pasen una mala noche». ¿Cómo hacerlo? Básicamente, invirtiendo el imaginario del trato debido. Los soldados norteamericanos conocían la teoría acerca las diferencias culturales y de las sensibilidades locales. A través de la inversión de ese mundo de valores e imágenes lograron un microcosmos de pesadilla.

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Grzegorz Klaman Fear and Trembling, 2007

Hay en esas imágenes regodeo, hay algo de orgullo de vengador. Lo expresaba bien García Amado (Torturas en el cine, 2005) cuando al hilo de otra tortura, la de la ficción, recuerda que O´Brien, personaje de 1984, es consciente de que no busca una confesión sino acabar con el sentimiento de sentirse hombre. La tortura es ineficaz como forma de esclarecer una verdad procesal pues en mayor o en menor medida, se aplica como venganza y no como recurso procesal, pues se sabe su nula fiabilidad. La tortura es un crimen y, además es una forma ineficaz de luchar contra el terrorismo. Sus efectos son perversos, en el peor de los casos, da siniestros argumentos a los terroristas.

Los soldados aprovecharon la orden para combinar dureza física y verbal con vejaciones sexuales, más o menos recurrentes de trasfondo cultural que llevaran a los detenidos a sufrir físicamente, pero sobre todo a padecer íntimamente un intenso sentimiento de vergüenza e inferioridad: violaciones anales con palos de escoba o tubos fluorescentes, masturbaciones forzosas, vejaciones con animales al ritmo de música rock; a la mayoría se le hacía degustar sus propias heces o se les orinaba encima. Que los detenidos iraquíes experimentaran un intenso sentimiento de vergüenza era algo buscado, de ahí, la predilección por las de mujeres entre las vejadoras, y de ahí las fotografías: la imagen perpetúa la humillación en el tiempo.

Nótese que algunos de esos detenidos fueron luego puestos en libertad porque como la mayoría de los que pasaron por esos centros, no habían cometido ningún delito.

En esta fotografía del canadiense Jonathan Hobin, una niña imita a la soldado Lynndie England.

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Jonathan Hobin, In the playroom, 2012

A pesar del escándalo de las imágenes casi nada cambió: Bush ganó un segundo mandato, la cuestión no ocupó el debate político y apenas se castigó a los culpables. ¿Y la gente?, ¿y la ciudadanía? ¿por qué no se produjo un clamor ciudadano en relación, por ejemplo, con los valores y los principios más elementales sobre los que, es necesario, recordarlo, se estaba produciendo toda esa ofensiva militar pero también política?

Escribió John Berger con ocasión de la publicación de Sobre la fotografía que todos los debates y análisis futuros sobre el papel de la fotografía en la mediática sociedad de la abundancia deberían partir de ese libro. De acuerdo con la autora, Susan Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es la existencia de una conciencia políticamente relevante. Esto es, para la autora de Sobre la fotografía, «sin política, las fotografías del matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores». Sontag, se refería a las fotografías icónicas del siglo XX, el siglo breve según Hobsbawm: Auschwitz, Hiroshima, el Gulag. ¿Cómo afectarán, las nuestras, a una generación venidera? ¿Qué tipo de conciencia política desentrañará sus múltiples significados?

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De momento, el impacto de las imágenes de esa tortura sádica y grotesca es muy variado, va desde las esculturas que se golpean la cabeza contra el muro en la obra del escultor polaco Grzegor Klaman (Nowy Targ, 1959) o ya en nuestro país el desasosiego de Enrique Marty (Salamanca, 1969). En este último caso, y por citar solo una obra, «Getsemaní», representa con ironía ácida, tal como apuntaba recientemente la gestora cultural Maite Ibáñez, un episodio de la tortura cristiana desde una óptica actual con una imagen terrible que podemos identificar con cualquier prisionero de Siria o Guantánamo. El impacto de las imágenes de Abu Ghraib, generó pronto las conocidas series del artista colombiano, Botero o el arte callejero de Banksy, pero la disposición de los cuerpos humillados y torturados en una suerte de tableau vivant ha inspirado otras imágenes, Marta Sytniewski, el caricaturista brasileño Carlos Latuff, el estupendo artista valenciano Artur Heras.

El libro de Stephen F. Eisenman The Abu Ghraib Effect, da cuenta del fenómeno del impacto visual, los efectos de la imagen y el interesado en esta cuestión encontrará ahí, muchos referentes.

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Artur Heras, Deriva mediterrània, 2014-2016

La frivolidad y el sadismo grotesco en el que hemos hecho hincapié lo captaron perfectamente los británicos Jake y Dinos Chapman en su rectificación al Goya de Los desastres de la guerra o en Great Deeds against the Dead: imagen dantesca de un maniquí descoyuntado atado a un árbol.

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R. Crumb

En obras como la de abajo, un payaso de McDonalds participa en tumultuosas expresiones de guerras y tormentos.

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Dinos & Jake Chapman

Los desastres de la guerra es todavía una obra maestra, también en un sentido moral, pues Goya, el genio, tuvo el acierto de mostrar sin ambages el desengaño y la crudeza de la guerra, incluso cuando la abandera la razón. Por eso, lo peor de todo lo que rodea la tortura, pero también el imaginario de la guerra y el dolor, es que en ellos apenas ocurre, ni siquiera en las primeras décadas del siglo XXI, ninguna novedad.

Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo