¿Empresas sin escrúpulos? Sobre la responsabilidad social corporativa

Ángeles Solanes

Cuando grandes tragedias como la reciente muerte de la líder indígena Berta Cáceres, en marzo de 2016, o el derrumbe de un edificio textil en Bangladesh en abril de 2013, ponen en evidencia las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y las grandes corporaciones multinacionales, la necesidad de exigir a éstas responsabilidades ocupa la actualidad por unos días. Luego, ante la siguiente desgracia, las reivindicaciones de justicia parecen diluirse. En ese íter temporal, siguen firmándose pactos para obligar a la sociedad a continuar arrodillada ante los mercados. Así, por ejemplo, mientras múltiples acontecimientos copaban el prime time en España, el BOE publicaba el 15 de marzo de 2016, la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Gas Natural Almacenamientos Andalucía, SA, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública para la ejecución del proyecto «Marismas Occidental», asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Marismas». Es decir, la declaración de utilidad pública de la extracción de gas en el parque natural de Doñana, como el primero de los cuatro proyectos hábilmente fragmentados para no ser informados negativamente. Sigue leyendo

La razón de Estado y los derechos humanos. ¿Un Ministerio de derechos humanos?

Javier de Lucas

Entre las ideas interesantes que se encuentran en los diferentes documentos presentados por los partidos políticos a propósito de las negociaciones para investidura y/o Gobierno en estas semanas, una de las que apenas ha recibido atención es la formulada por Podemos, la propuesta de crear una Secretaría de Estado de derechos humanos.

En la estructura actual de la Administración central del Estado no existe tal cosa (si dejamos aparte el Defensor del Pueblo, porque su naturaleza es muy diferente, comenzando por el hecho de que es Comisionado de las Cortes generales y, por tanto, independiente del Ejecutivo). Sí hay departamentos de menor rango, con competencias específicas y limitadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo existió la oficina de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, transformada por un Decreto de 9 de enero de 2015 del Gobierno Rajoy que creó la Dirección general de Naciones Unidas y derechos humanos. Con todo, conviene tener en cuenta el propósito con el que tomó esta iniciativa, en el que parece decisivo el contexto político, esto es, medidas que acompañaran al papel que alcanzaba España al ser elegida miembro del Consejo de Seguridad en ese período. Sigue leyendo

Muerte de un mantero senegalés

Javier de Lucas 

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia de manteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia, da buenos réditos en esos sectores de votantes y contribuyentes. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar). Sigue leyendo

¿Usted invertiría sus ahorros en energía solar en España?

Teresa Ribera

El 5 y 6 de diciembre, la OCDE organizó en París una jornada sobre cómo estimular las inversiones en “desarrollo verde”. El moderador de una de las mesas, consejero delegado de una de las firmas que mejor conoce y analiza las claves financieras de la transición hacia una matriz energética limpia y eficiente, ilustraba la falta de confianza de los inversores y las contradicciones en los mensaje con un caso práctico: “¿Invertiría usted sus ahorros en energía solar en España?”. No era una pregunta retórica, sino la respuesta irónica –y negativa, claro- que él mismo obtuvo de un importante grupo de inversores asiáticos interesados en colocar sus cuantiosos fondos en proyectos energéticos con futuro.

Al respecto, cabe hacer dos reflexiones. Una, de índole energética y, otra,  sobre la curiosa identidad nacional que proyectamos.

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Empecemos por la energética. El ejemplo se ha convertido en el caso práctico más citado en los foros internacionales sobre lo que no se debe hacer. Al principio, cuesta un poco entender por qué el “caso español” ni es sólo español ni es sólo solar. Salta a la vista por qué hay un numeroso grupo de inversores, nacionales y extranjeros, profundamente irritados por las decisiones que recortan la cuantía de las primas que, en su momento, sirvió como garantía de Estado para hacer viable la financiación de la inversión inicial. Una reducción transitoria que, posteriormente, pasa a ser permanente y reiterada y acompañada de otras importantes medidas disuasorias. Los inversores afectados denuncian ante los tribunales y las cortes de arbitraje internacional –quien puede- o reclaman soluciones ad hoc –incluso la dación en pago- entre pequeños ahorradores nacionales que no dan crédito ante una intervención pública que ha convertido el sol en una especie de activo tóxico sin escapatoria.

¿Por qué, además, ha llegado a ser el anatema por excelencia de cualquier analista con un poco de experiencia internacional? Por la sencilla razón de que hemos convertido una legítima duda tecnológica –ya despejada, por cierto-  en un verdadero riesgo regulatorio. Si lo que está ocurriendo en España, un país con tecnología y sol, con peso importante de la industria e inversores en el sector, ocurre ante la pasividad y el silencio de las instituciones comunitarias, ¿por qué invertir en renovables? No deben tenerlo tan claro los gobiernos cuando hacen o consienten medidas como ésta. ¿Por qué no esperar a ver qué ocurre? Y, mientras, quizás podamos colocar nuestro dinero en algún continente o sector con menos riesgo.

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Se equivoca quien piensa que esto no es más que una pequeña corrección sin consecuencias. Las está habiendo ya. Desde 2011, las cifras globales de nueva inversión en energía limpia caen trimestre a trimestre, situándose el monto actual en un tercio de lo que debiera haber ocurrido para mantenernos en horquillas de seguridad energética y climática. De hecho, la evolución previsible de la demanda global puede generar grandes tensiones en la capacidad de suministro y en los precios en los próximos años, por lo que una mejor coordinación de actuaciones a nivel global y la plena integración de los costes ambientales en los procesos de decisión ayudarían a consolidar un modelo más seguro y asequible. Un retraso en este proceso se traduce en un riesgo mayor de quedar atrapados en costosas infraestructuras que habrá que desmontar antes de lo que su desgaste por uso aconsejaría y un incremento general de los costes económicos y ambientales para nuestras sociedades.

Se equivocan, también, los directivos que piensan que retrasando la irrupción de renovables modulares, pueden asegurarse un mejor tratamiento en bolsa, en acceso a financiación o, simplemente, eludir una degradación de su deuda por estar demasiado expuestos a un modelo de generación tradicional. Las cosas han cambiado y hay propuestas que ya no son creíbles en escenarios a 20 años vista; como tampoco lo es ignorar que el perfil de la demanda y el usuario y las características del negocio evolucionarán con arreglo a un patrón similar al que ha valido los últimos 30 años. Los operadores eléctricos deben ser actores decisivos en la transición energética pero lo inteligente no es aferrarse al “antiguo régimen” sino ser parte activa del proceso de transformación, incluso contribuyendo con fórmulas y calendarios razonables para transitar al nuevo modelo. Ni la solar es la mayor responsable del “déficit de tarifa” de España, ni las pérdidas de la generación térmica en Alemania pueden resolverse por decreto, ni una eventual moratoria renovable generará per se mayor confianza de los mercados para abordar nuevas inversiones energéticas en Europa.

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La segunda reflexión del “caso español” a la que aludía tiene que ver con la orientación de nuestras decisiones y las señales que mandamos a los potenciales interesados en invertir en nuestro país. Un moderador patrio hubiera podido preguntar en esa mesa redonda sobre “desarrollo verde”: “Dígame usted en qué recomienda invertir en España: ¿en urbanización en la costa o en cauces de ríos; en cacerías en espacios protegidos; en autovías y autopistas rescatadas por manifiesta sobreestimación de su necesidad; en aeropuertos sin viajeros; en hospitales en quiebra recién construidos mientras se abandonaba la inversión en mejora y garantía de prestación de servicio en los preexistentes; en colegios privados ultraconservadores subvencionados mientras se recorta en educación pública; en programas de I+D+i inicialmente cofinanciados con dinero público hoy retirado, etc.?”

Podríamos, sin duda, ofrecer como atractivo la “competitiva” cifra de paro y la regulación de la entrada y salida del mercado laboral que permite ofrecer, sin bochorno, 640 euros al mes a un trabajador a tiempo completo y facilita una clarísima dualidad salarial y excelentes retornos para el inversor. También podríamos argumentar que las construcciones ilegales se amnistían, que las grandes catástrofes ambientales ocasionadas por incidentes industriales o de transporte se diluyen y absuelven diez años más tarde, que las obligaciones ambientales y sanitarias se relajan para facilitar la recuperación… ¿Vendemos desprotección social y ambiental como activos para recuperar la confianza en nuestro país? Rescatemos nuestras otras posibilidades, revaloricemos nuestros activos naturales, nuestra industria más eficiente en consumo de recursos; nuestras ciudades reinventadas, habitables, atractivas y eficientes en agua, energía y afecciones al entorno; liberemos recursos despilfarrados para destinarlos a reinvertir en nosotros mismos. No despreciemos el inmenso potencial de recuperación y actividad económica de un desarrollo verde e incluyente.

Son elecciones colectivas importantes. ¿Cuáles son nuestras prioridades?, ¿a qué dedicamos nuestro patrimonio común, cómo gestionamos nuestros recursos, incluidos los humanos y los naturales? Son debates públicos pendientes a los que durante años no se les ha dejado espacio porque “España iba bien” y que, ahora, se enfrentan al riesgo de un silencio consentido porque “España va mal” o porque “ahora que España se va recuperando, no es el momento”. Pues bien, no son debates antipatriotas como tampoco son extremistas ni subversivos quienes argumentan que hipotecarse ambiental y socialmente rarísimamente  –por no decir nunca- es inversión.

¿Quién y en qué queremos que invierta en España?

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Grandes almacenes: derechos pequeños

Pepe Reig Cruañes

Las jornadas de huelga general se parecen entre sí como las gotas de agua: a primera hora la lucha por fijar la impresión mediática de éxito o fracaso; a última hora, la guerra de cifras sobre el paro y la manifestación. En medio, los piquetes y el fingido escándalo de la prensa conservadora por aquellos que impiden el “derecho al trabajo”. Sobre los verdaderos piquetes empresariales de amenazas y acoso a los sindicalistas nada de nada. Parece que no existen.

Por cierto que una de las primeras tareas sindicales en cualquier huelga que se precie es acercar algún piquete a las puertas de El Corte Inglés, que nunca hace huelga porque sus trabajadores están amenazados. La escena se repite invariable en cada ocasión. Y es que para la patronal este gran almacén es un emblema y lo necesitan disciplinado y “ejemplar”. Confluencia de intereses: las demás grandes superficies necesitan que El Corte Inglés aguante y la empresa del triángulo verde gasta demasiado dinero en comprar una buena imagen mediática, para que unos sindicalistas trasnochados vengan a cuestionarla. Prefieren soportar piquetes a la puerta y tiendas vacías el día de la huelga, antes que reconocer a sus trabajadores el derecho que otros se ganan con su lucha. El reverso de esta política de imagen es el “consentimiento” de los propios trabajadores de la casa. Estos pueden soportar condiciones leoninas y merma de derechos, porque se sienten afortunados por su mera pertenencia a un buque insignia. Un puesto en el Corte Inglés viste mucho, aunque luego te machaquen los fines de semana o te birlen las horas extras. No es muy diferente en las otras grandes tiendas. Las grandes superficies suelen tener, laboralmente hablando, derechos muy pequeños.

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Una estrategia de seguridad global para Europa y cómo invertir en seguridad climática

Teresa Ribera

El Consejo Europeo de diciembre incluye en el orden del día un punto sobre la estrategia de seguridad europea. Hay varias cuestiones importantes que requieren un debate a fondo entre los líderes de los 28. Destacan la necesidad de actualizar la identificación y características de los grandes asuntos incluidos entre las prioridades en materia de seguridad común y los pasos a dar para abordar la consolidación de una verdadera estrategia de seguridad a 28 frente a la fragmentación sectorial y nacional que todavía impera. Hay además muchos y variados aspectos sobre los que reflexionar en un momento en el que Europa descubre las debilidades que conlleva el desplazamiento del protagonismo político y económico del Atlántico al Pacífico y una clara reordenación de las debilidades y herramientas para hacerles frente.

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La importancia intelectual y estratégica de este debate queda reflejada en la reciente proliferación de comentarios y artículos al respecto. Entre ellos, uno especialmente acertado es el publicado por el European Council of Foreign Relations (ECFR) titulado “Why Europe needs a global strategy”, escrito por S. Dennison et al. Los autores proponen que el Consejo le encargue a la señora Ashton una reflexión estratégica global e identifican seis grandes ideas que han de estar presentes en cualquier ejercicio serio sobre el papel de Europa en el mundo, en una época caracterizada por ser periodo de transición y por el despertar político global de actores no occidentales. Señalan, en primer lugar, las dificultades y límites de la versión tradicional del soft power que hasta ahora tantos éxitos ha permitido cosechar a Europa. Además, describen los retos que plantean la limitada eficacia de la ayuda y cooperación económicas en un momento en el que ya hay otros actores con mayor capacidad de gasto –incondicional, o con condiciones distintas a las europeas–; las dificultades crecientes de un “multilateralismo eficaz”; las penurias que atraviesa el “intervencionismo liberal”; la progresiva desvinculación de EEUU del eje atlántico y la necesidad de ver Asia como algo más que un mercado o un gigante económico.

Uno de los elementos que debería formar parte de esa reflexión global sobre Europa en el mundo y los aspectos clave para la seguridad es el de los límites del clima y su incidencia no sólo en seguridad física/ambiental sino también en seguridad económica e incidencia política y bélica. Es un asunto que fue apuntado ya en la revisión que Javier Solana hizo en 2008 a la Estrategia de Seguridad Común aprobada por el Consejo en 2003. La seguridad climática requiere de Europa un planteamiento claro y decidido. Un planteamiento que, hoy por hoy, aparece desdibujado -más allá de la retórica-, como consecuencia de las presiones por la vuelta al pasado y por las múltiples distracciones energéticas que hacen que para muchos se olvide, incluso, cuando definen los retos más elementales a los que debe hacer frente cualquier escenario de seguridad energética.

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Esta necesaria reflexión sobre cuál debe ser la estrategia global de Europa coincide en el tiempo con la obligación de llegar a un nuevo acuerdo global sobre clima en una cita que tendrá lugar, de nuevo, en territorio europeo. Pues bien, si Europa quiere tener éxito en París en 2015 debe extraer las consecuencias que se derivan de estos mismos dilemas planteados por S. Denninson y compañía.

La defensa del clima ha sido una de las banderas de la acción exterior de la UE más importantes y exitosas. De hecho, podemos considerarla una referencia esencial de softpower y multilateralismo que, durante mucho tiempo, ha permitido escapar –y orientar– las dificultades de otras agendas globales. Pero hemos entrado en la edad adulta de las políticas de clima. Este asunto ha dejado de ser algo “cool” con lo que adornar decisiones de empresas o gobiernos. Esto va en serio. Hemos iniciado una nueva etapa radicalmente distinta en la que, a menos que haya un compromiso inteligente y con altísimo respaldo político, no será posible garantizar que el resultado de París sea algo más que un mero acuerdo formal, sin contenido suficiente para abordar el cambio climático con éxito. El primer síntoma de inteligencia y compromiso político del Consejo Europeo -y, si logra el mandato para contarnos que piensa al respecto, también de la Sra. Ashton- debería ser la inclusión de los límites del clima como uno de los condicionantes más relevantes a los que prestar atención desde el punto de vista de la seguridad global. La segunda señal de voluntad real por parte de Europa sería la evolución progresiva de su estrategia exterior en materia de clima.

No cabe pensar –por ahora, al menos- en intervenciones físicas de los ejércitos, pero se  advierte con claridad la complejidad moral que implica el uso de la fuerza y cualquier actuación coercitiva en la defensa de fronteras o la disponibilidad de recursos básicos frente a dramas migratorios masivos fruto de fenómenos meteorológicos extremos, problemas serios de acceso a agua potable o tensiones asociadas a seguridad alimentaria.

Por otro lado, las negociaciones de clima siguen siendo, en gran medida, un pulsómetro adelantado de los cambios en la geopolítica. Es un espacio en el que las distracciones o el fracaso serían muy costosos para todos. Por ello, es uno de los ámbitos más propicios para ensayar nuevas fórmulas de multilateralismo eficaz. Y, sobre todo, ofrece a Europa una fantástica plataforma para reorientar la relación con Asia y recuperar una cooperación clave en un eje Atlántico ampliado hacia el sur. Quizás sea también el mejor vector para fraguar consensos globales sobre los principios que han de orientar la asistencia económica y la cooperación para un mejor desarrollo (cómo y para qué se presta el dinero). Poco sentido tiene reclamar que los 100.000 millones de dólares anuales prometidos en Copenhague a los países más pobres procedan exclusivamente del presupuesto público de países occidentales como correctivo histórico por sus emisiones pasadas y olvidarse de lo demás, consintiendo que el resto del “dinero” discurra por sendas que, o agravan el problema, o no prestan demasiada atención a los efectos de un clima distinto que deberán enfrentar.

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Si lo que de verdad se pretende es reorientar el modelo de desarrollo integrando como premisa la seguridad climática, es evidente que una buena parte deberá proceder de las arcas públicas de los países industrializados, pero eso no basta. Se trata de una precondición clave en términos de credibilidad de Occidente y un argumento moral de primer orden, pero es imprescindible abordar con honestidad y a fondo el debate real e impulsar un acuerdo al respecto entre quienes tienen “chequeras”. Ni 100.000 millones anuales es suficiente dinero para afrontar los problemas del clima, ni la atribución exclusiva de esa obligación a los parlamentos occidentales se corresponde con la realidad económica internacional actual, ni soluciones de este tipo abordan de raíz las causas y las soluciones a la cuestión del clima y sus múltiples amenazas para la seguridad global. Sin embargo, hay espacio y necesidad para trabajar a fondo en la consecución de un acuerdo político global que oriente los principios básicos de la cooperación económica de la banca de desarrollo –multilateral, regional o nacional- incorporado dos premisas tan sencillas como coherentes: la transparencia en la intensidad de carbono propia de cada nuevo proyecto o programa de inversión y la resistencia a los impactos de un clima distinto.

¿No es ésta una buena agenda para trabajar juntos de un nuevo modo en seguridad global?, ¿no es una buena ocasión para que Europa aprenda a pensar en los nuevos dilemas de su estrategia global con uno de los casos prácticos de nueva seguridad más relevantes?

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El timo del siglo (XVII)

Fernando Flores

Cuenta Carlo María Cipolla en Tres historias extravagantes que, trescientos cincuentas años atrás, entre 1655 y 1675, las monedas francesas conocidas como “luises” protagonizaron una especie de farsa de dimensiones intercontinentales, cuyos principales actores fueron los franceses y su poderoso “rey Sol”, los nobles de Liguria titulares de las cecas con su derecho de acuñar moneda, los turcos (en especial las mujeres turcas) y, como personajes secundarios, algunos aventureros y entrometidos de toda ralea, región y país.

Muy resumidamente la historia es ésta. Resultó que hacia 1656 fue moda –causó furor– entre las mujeres de Turquía el adorno de collares, brazaletes, pulseras, anillos, incluso en la ropa, con luises franceses.

Esta súbita costumbre provocó una demanda muy considerable de la monedita, la cual, convertida en mercancía y sujeta al juego de la oferta y la demanda, alcanzó en poco tiempo un valor muy por encima del que realmente tenía, aunque legalmente seguía siendo moneda de curso legal.

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El primer problema de todo ello fue el desbarajuste en el sistema bancario francés, pues los comerciantes franceses en Turquía obtenían un sobreprecio por sus monedas que aquél no toleraba. El segundo fue la puntual comparecencia de los especuladores (los nobles con derecho a acuñar moneda y sus arrendatarios, gente sin escrúpulos), quienes, con la intención de enriquecerse rápidamente, empezaron a fabricarla en grandes cantidades, pero con menos plata y cobre del establecido por la Casa de la Moneda.

De nada sirvió que algunos funcionarios recomendaran

“… con gran premura que no se haga la vista gorda ni se introduzcan monedas que no sean buenas”.

            Y que

“… sería necesario disponer de información clara, pues continuar con esta incertidumbre no lleva a nada bueno”.

La carrera del oro estaba lanzada. Objetivo: maximizar beneficio a toda costa.

Por hacerlo corto: once años después, hacia 1667, la magnitud del fraude era más que considerable y empezó a perjudicar a los ingleses quienes, por tener una balanza comercial favorable con los turcos, cobraban en luises de baja calidad. Obviamente, los ingleses pusieron el grito en el cielo turco, y los turcos en el francés.

En este punto Cipolla hace un comentario revelador:

“Debemos admitir aquí que algunos astutos funcionarios turcos se habían olido el timo … sin embargo, un poco por ineficiencia, otro poco por corrupción y otro poco porque estaban implicados de diversas maneras en el tráfico doloso, no habían tomado medidas severas para interrumpirlo”.

En fin, la factura de la avaricia y corrupción de los bien situados (protegida por una libertad de mercado no regulada), la pagó fundamentalmente la economía turca, es decir los turcos de a pie, que se encontraron con una enorme masa de moneda falsa. El país estaba lleno de luises pero nadie los quería, todos buscaban deshacerse de ellos. La crisis se desencadenó, pues subió el precio de los alimentos pero el dinero bueno escaseaba. En Constantinopla, en 1669, estalló una revolución popular

Liard de cobre

No haré moraleja de esta historia, porque se me antoja demasiado fácil, pero sí invito a leer el relato completo, identificar los actores y las circunstancias que en él comparecen, y comprobar si el ser humano aprende algo de su experiencia personal y colectiva.

Ah … es verdad, quizás faltaban unos actores en esta historia:

“… los patricios que arrendaban sus cecas para aquel tráfico deshonesto sintieron en algunos casos remordimientos de conciencia. Para acallarla o adormecerla recurrieron a los teólogos. El Príncipe Giambattista Centurión I acalló la suya gracias a la resolución de un teólogo, que reservó la culpa a quien se dejaba engañar al no proceder a un ensayaje de las monedas …”

Ya estamos todos.

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