Misas en À Punt, entre el servicio público y el Derecho de Acceso

Pepe Reig Cruañes

Miembro del Consell de Ciutadania de Àpunt

La plataforma pública valenciana de comunicación À Punt lleva meses retransmitiendo celebraciones religiosas católicas y evangélicas y esto ha generado alguna polémica. Hay una recomendación del Consell de Ciutadania de no consolidar esas retransmisiones en la programación y dos votaciones aparentemente contradictorias en las Cortes: una en contra de consolidarlas y otra de suprimirlas. La razón que adujo en marzo el Consejo Rector de À Punt para autorizar la emisión de oficios religiosos fue que las restricciones de la movilidad a causa de la pandemia aconsejaban facilitar ese “servicio público”.

El “servicio público” es una de las dos formas en que puede verse este asunto de las misas: una prestación destinada a suplir una carencia, por ejemplo, la imposibilidad de acudir a los templos durante el confinamiento. La otra forma es verlo como un caso particular del “derecho de acceso” a las plataformas públicas de comunicación, que también correspondería a otros colectivos y minorías sociales o culturales.

El artículo 20.3 de la Constitución obliga a asegurar el “derecho de acceso” a los medios de comunicación públicos de “los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”. Para un buen desarrollo de este derecho, que deriva del de libertad de expresión, se habría necesitado de una ley orgánica que nunca ha llegado a aprobarse. En su lugar, contamos tan solo con la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de titularidad estatal que, en su artículo 28 prevé la realización de espacios específicos fijados por el Consejo de Administración y dotados de los medios técnicos y humanos para ello. Parecidas regulaciones se han desarrollado en las plataformas de comunicación públicas de algunas comunidades autónomas.

La excepción religiosa

En un sistema comunicativo como el nuestro, que oscila entre la extrema politización y la tendencia al sensacionalismo o “populismo de los contenidos”, se echa en falta la presencia activa de colectivos y grupos sociales que den visibilidad a la verdadera pluralidad del mundo social. Como señala Callejo, catedrático de sociología de la UNED, sin un dispositivo de acceso de colectivos y minorías, el sistema se condena a sí mismo a una suerte de “retroalimentación en bucle”. Quizá la única excepción a esa persistente ausencia venga dada por la emisión de oficios religiosos, católicos, evangélicos, judíos y musulmanes en La 2 de TVE.

La presencia de esos colectivos “con notorio arraigo” se ha venido concretando desde los años 80, a través de una interpretación particular del artículo 20.3 de la Constitución, en forma de cesión de espacios de televisión o tiempos de antena en los medios de comunicación públicos, según la “implantación de la confesión religiosa” y con autonomía de ésta acerca de los contenidos de la emisión. “Día del Señor”, “Culto evangélico”, “Shalom” o “Medina en TV”, son algunos de estos espacios. El mismo esquema se ha aplicado en las TV autonómicas.

Esta cesión se presenta como una suerte de “derecho de prestación” que obliga a la Administración a poner los medios, pero no casa con el “derecho de libertad” que el Tribunal Constitucional vio en el artículo 20 de la Constitución (SSTC 6/1981 y 86/1982). Un derecho de libertad implica que los poderes públicos no deben interferir o impedir arbitrariamente su ejercicio. No exige un determinado sistema de acceso, como lo exige un derecho de prestación, sino evitar cualquier exclusión arbitraria o discriminadora.

El principio constitucional de no confesionalidad del Estado se compadece mal con una interpretación expansiva del derecho de acceso que permitiera a las confesiones religiosas, o cualesquiera otros colectivos, convertir a los medios públicos de comunicación en plataformas de proselitismo, mediante la patrimonialización de espacios o tiempos de antena. Aunque también, ese mismo principio, impide toda “denegación discriminatoria” o arbitraria, porque invalidaría la obligada “neutralidad” de los poderes públicos.

Presencia y representación

Las formas concretas que acabe adoptando el acceso de colectivos sociales a la TV será una resultante de, al menos, dos vectores de fuerza: el grado de “representación” con que aparece el colectivo y el grado de “profesionalidad” con que se realiza la emisión. Esto es, si el actor colectivo aparece activamente (imagen+voz) o es solo referenciado (aludido) él mismo o su accionar. Y si el espacio es realizado con criterio profesional del medio o es decidido y realizado por los propios actores colectivos.

Estamos aquí ante la misma contraposición de intereses, entre actores del colectivo y profesionales del medio, que encontramos en las retransmisiones de actos políticos de partido. Estos últimos aspiran a menudo a patrimonializar la “señal” para asegurarse un producto final favorable. Los profesionales, en cambio, preferirán asegurarse suficiente autonomía operativa, empezando por producir su propia señal. Esta tensión permitiría dibujar un continuo que va desde el espacio cedido al colectivo y administrado por éste, hasta la cobertura realizada por el medio en la que el colectivo aparece como fuente o actor.

La información de un medio público tiene que ser sensible a aquellas realidades sociales que, por carecer de medios de comunicación propios, no tienen la visibilidad adecuada para ejercer su función de enriquecimiento de la conversación pública. Esa es una de las funciones que se asigna al servicio público de comunicación, asegurar una buena reproducción del pluralismo. Esa atención sensible hacia colectivos que son, a veces, poco determinantes socialmente o incluso culturalmente emergentes o vanguardistas, puede adoptar formas variadas que incluyan el acceso a espacios informativos y de infotainment, sin necesidad de marginalizar ese contenido en nichos autoadministrados, sin apoyo profesional, que pronto dejan de cumplir su función dialógica en el espacio público.

Ese mismo criterio podría ser aplicado a las confesiones religiosas. La información y, en general, la programación de una plataforma pública debe contemplar la realidad de las religiones presentes en la sociedad. Esto puede hacerse mediante espacios dedicados que fomenten el conocimiento y el respeto de las creencias, a través el debate y la información en profundidad. Y también aquí debería evitarse la creación de guetos o nichos a base de retransmisiones de rituales u oficios, cuyo carácter es bien distinto de la información y el conocimiento.

Una cosa es la información sobre un evento o un acto determinado, de cuya relevancia informativa entiende un Consejo de Redacción, y otra muy distinta es reservar una franja de emisiones para actos internos o externos de un partido, un sindicato o una iglesia.

No todo es servicio público, sin embargo, en una plataforma de comunicación. Entretenimiento, debate, cultura y, en fin, reconocimiento mutuo entre colectivos cívicos, justifican sobradamente la presencia de creencias religiosas … y ateas, pero no obligan a convertir la TV en un mosaico de nichos cerrados en sí mismos, mientras la vida transcurre fuera de la pantalla.

 

 

 

Libertad, epidemia y el vínculo social

Juan Carlos Pérez Cortés

En el barrio de Salamanca de Madrid se está dando estos días una situación sorprendente. Quienes poseen casi todo están tomando la calle al grito de “¡Libertad!”. Una calle que ya no es del ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, como en 1976. Ahora es de la gente… e incluso las élites son gente. La irresponsabilidad de llevar a cabo concentraciones en una circunstancia sanitaria epidémica es evidente, pero el objeto de análisis que me interesa aquí tiene más que ver con las consignas que se escuchan y el pensamiento que subyace, examinado desde el punto de vista de los aspectos éticos y afectivos que nos unen o deberían unirnos como sociedad.

Las ideas abstractas de libertad y de derechos individuales, como todos los conceptos morales que están ampliamente aceptados, parecen algo natural que surge de nuestra esencia como seres humanos. Pero, por supuesto, no son nociones directamente basadas en la experiencia y la empatía, como por ejemplo la preocupación por evitar el dolor de otra persona o la aflicción al perder a alguien cercano y querido. Son conceptos más complejos, difíciles de concebir intuitivamente o considerar en una reflexión rápida. Requieren un marco conceptual que los contextualice.

El marco atomista de Taylor sirve de soporte ontológico para la concepción neoliberal de los derechos como algo por encima del contexto social. En ese marco, la pertenencia a una sociedad, el apoyo mutuo y la solidaridad son elementos secundarios. Los derechos (a menudo suplantando lo que realmente son privilegios) corresponden al individuo como tal y considerarlos condicionados al bien común se plantea como un peligro para la libertad.

En un sentido opuesto, Herbert Marcuse, en la década de los 60 del siglo pasado, hace un análisis de las sociedades tecnológicas y de consumo en el que estudia entre otras cosas las necesidades creadas en su seno para fabricar la identidad individual de poder y para establecer una posición social –no para satisfacer verdaderas carencias o aspiraciones– y también examina la dificultad de llevar a cabo cambios profundos dentro del sistema o mediante una revolución clásica, proponiendo que la única vía sería un despertar de la solidaridad como «necesidad biológica», una idea que cobra un sentido profético en estos días de lucha colectiva contra un enemigo común en forma de virus.

Su influyente obra contiene una amplia y potente crítica a los mecanismos de control, dominio y explotación en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, plantea que las auténticas libertades y derechos únicamente pueden darse en un sistema que asegure la satisfacción de las necesidades reales de todos los miembros de la sociedad y que solo sobre esta base se deberían interpretar los derechos de las personas y la libertad individual.

La ventaja hegemónica que está consiguiendo el primero de estos relatos en el universo simbólico dominante del final del siglo XX y el inicio de este siglo XXI es lo que provoca la sensación en muchas personas de que algo falla. De que quien está demandando libertad lo hace desde una paradójica posición privilegiada, inmovilista y reaccionaria. El grupo social que en la España de hace cincuenta años abominaba de ese término ahora lo enarbola como bandera y lo reivindican pancartas y discursos de partidos de derecha y ultraderecha mientras evocan imágenes de viejos dictadores. Sí, algo está fallando.

Porque desde otros lugares hemos mantenido viva la visión que adopta el segundo escenario de interpretación –el de Marcuse– alejado del individualismo, reivindicando una mirada colectiva que combine el concepto de soberanía personal con el compromiso de ayuda mutua. Rechazando la coacción y al autoritarismo, pero al mismo tiempo defendiendo un orden derivado de la responsabilidad personal con el colectivo. Es la idea de libertad que subraya la autodeterminación individual supeditada al bienestar común, que pone la libertad del primero al mismo nivel que la libertad del último o (más probablemente) la última. Esto exige una configuración social de apoyo, cuidado y compromiso responsable: un vínculo con los demás, individualmente con cada persona y colectivamente con la comunidad.

Y es que las sociedades pueden verse desde arriba. Analizarse como un complejo dispositivo que requiere gestionar los recursos, los servicios públicos, los flujos de producción, la movilidad, las correlaciones de fuerzas, los problemas de convivencia entre grupos, las tensiones territoriales y tantos otros factores. Pero también pueden mirarse desde abajo y contemplar así una urdimbre configurada en forma de gran red de relaciones entre personas. Y las relaciones, en su sentido más amplio, son fuente de satisfacción, pero al mismo tiempo requieren de compromiso y responsabilidad.

Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte fácil o divertida de las relaciones y por ello, a ese nivel más cotidiano, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra “libertad” suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa: la de tener en cuenta lo que necesitan las demás personas.

De hecho, hay en general un fuerte sesgo de género en este fenómeno. La aversión a la comunicación, a los compromisos, a la solidaridad y al trabajo emocional son más evidentes en las personas socializadas como hombres. A nosotros nos enseñan a negociar con éxito, a buscar acuerdos favorables, a intercambiar para ganar. Las mujeres, sin embargo, han recibido en su socialización desde todos los ámbitos la instrucción de cuidar, agradar, ceder, buscar la concordia y la armonía.

Todavía, la construcción de sentido de las identidades masculina y femenina, y sus roles más comunes, dan lugar a estas orientaciones de las conductas. Y la supremacía masculina en el diseño y la articulación social en el espacio de lo público, frente a la asignación predominante de lo femenino al entorno de lo privado –sobre todo en los ambientes más inmovilistas– es una de las razones por las que la narrativa de la libertad personal sin matices ni límites configura el relato político de esos sectores.

Pero si insistimos en poner el foco en esa mirada desde abajo, que percibe en primer plano el vínculo del individuo con sus semejantes y con la red social, si consideramos nuestra realidad en común no como un mercado sino como una relación –un vínculo con ese tejido de otras personas enlazadas a su vez entre ellas– entramos en otro plano, en otro campo semántico donde importan cosas distintas y la gestión no se compone de papeles, sellos y trámites sino de comunicación, empatía, consideración y cuidado. Es la política de lo personal.

En ese plano son nociones como la del compromiso consciente y responsable las que actúan de elementos reguladores de los conceptos abstractos de derechos y libertad que han encontrado un eco amplificador y distorsionador en las concavidades del individualismo liberal. Pero en la vida diaria de personas y sociedades, sobre todo en el segmento de las clases medias-altas, la idea de compromiso está eclipsada por una constante actividad de negociación de acuerdos, de estipulación de condiciones y firma de contratos.

Las leyes definen que los contratos, para ser válidos, han de ser suscritos libremente y sin presiones, pero nadie es tan ingenuo como para pasar por alto que las posiciones a la hora de negociar –incluso dentro de la estricta legalidad– no son siempre equilibradas. Quien tiene la necesidad de vender un bien, un servicio o su fuerza de trabajo está supeditado a una presión que debilita su capacidad negociadora y concede ventaja a la otra parte. Quien tiene menos conocimientos, experiencia, contactos, respaldo financiero, margen temporal, acceso a la información u otros beneficios competitivos, tendrá más difícil alcanzar un buen trato.

Y en ese escenario vivimos, y en ese escenario viven las élites arropadas por el privilegio que hace que entiendan el mundo como el parqué de una plaza bursátil. El contrato social que imaginaron Hobbes, Locke y Rousseau se percibe desde ese marco como una transacción en la que hay que desequilibrar la balanza a favor de mis posiciones. No es un vínculo con la sociedad que he de cuidar y cultivar, sino una negociación que he de ganar. Porque “yo lo valgo”. No hay un compromiso, hay una compraventa.

Decía Bakunin que el contrato social era una argucia dialéctica para dar cobertura a la ilegitimidad intrínseca del proceso de imponer la autoridad por parte del Estado, en lugar de alcanzar la soberanía popular de forma emergente a partir de principios racionales. Pero sin necesidad de compartir posiciones anarquistas, esta pandemia nos está confirmando que esto no va de comercio, de negocios ni de dividendos. Que no es el contrato social en bruto y desregulado, sino el compromiso colectivo lo que nos puede salvar. Intentemos trasladar al ámbito de lo público las fórmulas que nos gusta valorar y disfrutar en nuestras relaciones. Podemos vivir y entender lo político como vivimos y cuidamos nuestros vínculos. Y, desde luego, con palos y cacerolas podrán ensordecernos, pero no nos van a seducir.

El autor acaba de publicar:

Anarquía Relacional. La revolución desde los vínculos.

Editado por La Oveja Roja

«Una revolución desde los afectos: esa es la propuesta principal de este libro, que entreteje los principios del anarquismo social con el deseo de extender el ámbito de lo político a las formas que damos a nuestras relaciones».

La desmemoria de la Educación

Gabriel Moreno González

Si la democracia necesita de ciudadanos informados, cultos, críticos, forjados con la palabra y el debate, en pocos años podremos dar por finiquitada esa concepción.

Quiero ser conciso y trasladar un mensaje más que alarmante, fatídico: se ha perdido la memoria.

Durante siglos la educación, reservada para unas élites y repartida desigualmente, y a veces por goteo, entre gran parte de la población, había creado un imaginario colectivo en el que sus destinatarios se sentían miembros. Un conjunto de lugares comunes, de mitos, figuras literarias y narraciones constituían el fondo compartido que unía a gentes de países lejanos entre sí, cuando no remotos. Ese sustrato tuvo unas características singulares y definidas en Europa gracias a esa In varietate concordia que en estos días de tribalismo y genuflexiones ante los altares del grupo parece difuminarse. Las imágenes e intuiciones culturales de Troya, Ulises, el beatus ille del campo romano, Antígona… olvidadas y luego recogidas en la Baja Edad Media, sumándose así a las virtudes cristianas y al poder metafórico de las escenas del Evangelio, y agrupado todo ello en la gran simbiosis del Renacimiento y el humanismo; las figuras de Fausto, el don Juan, nuestro Quijote; referencias todas ellas a imaginarios colectivos compartidos, no ya por grupúsculos aislados, sino por las decenas de pueblos que han habitado este pequeño terruño que es Europa. El guante de esas imágenes y referencias lo recogieron luego, ya en pleno siglo XIX, los diversos nacionalismos que empezaron a pulular por el viejo y ajado continente, convirtiendo algunas de ellas en símbolos propios, potentes, sugestivos. Los niños ingleses se aprendían el “brave Horatius” en inglés y enlazaban el nacionalismo británico con las viejas ideas republicanas y patrióticas de Roma; los españoles se aprendían hasta hace poco algunos poemas del romanticismo español, que nos hablaban de lugares tan comunes como la libertad del individuo frente a la tiranía de la sociedad totalizadora, y que estaban más inspirados en Virgilio que en los efluvios patrios. Había, para bien o para mal, con más o menos aciertos, marcos comunes de referencias culturales y simbólicas, de adscripciones colectivas que, más allá del “suave” yugo de las leyes, vinculaban a las personas con una idea, quizá falsa pero idea al fin y al cabo, de pertenencia a algo mayor que no tenía por qué frenarse en las fronteras nacionales. Pues bien, creo que todo eso se está comenzando a perder de manera acelerada, o quizá, o probablemente, ya se haya perdido irremediablemente.

            Fundamentalmente están operando en los diversos niveles educativos dos conjuntos de circunstancias antes insospechados y que hoy, en pleno siglo XXI, cuando todo el mundo ha accedido en nuestros países occidentales a la educación reglada, están anulando por completo las posibilidades de transformación social que la transmisión de saberes comportaba. El primero de ese conjunto de circunstancias viene presidido por el individualismo atroz que consume cualquier proyecto, por mínimo que sea, de acción colectiva, lo que conlleva un solipsismo embrutecedor alimentado por el ego desbordado que impulsa y favorece la tiranía actual de la imagen instantánea, de la red social en permanente cambio y estímulo. Los jóvenes, entre los que me encuentro, ya no tenemos aliciente alguno para sentirnos parte del sustrato común que nos une al diferente, al “otro”, al de enfrente. Ni siquiera compartimos mínimos marcos comunes, por débiles y mendaces que podían llegar a ser antes. Un ejemplo: entre mis alumnos nadie, o casi nadie, ve el telediario. ¿El telediario es informativamente enriquecedor? Me temo que poco, o muy poco, pero al menos proporcionaba un conjunto común de problemas, de comportamientos colectivos y referencias supraindividuales que ahora empiezan a difuminarse a una velocidad de vértigo. La información no les llega por unos canales unitarios, sino de manera dispersa por decenas (sino cientos) de fuentes o, incluso si lo desean, no les llega por ningún sitio. La “vida Netflix”, que permite la supuesta elección libre e individual de los contenidos que queremos y podemos ver continuamente y a todas horas, ha dinamitado los mínimos referentes comunes que antes nos ofrecían las cadenas generalistas. Y esto sólo a modo de ejemplo, repito, con el telediario o la televisión, pero dicha realidad podemos trasladarla al resto de actividades de ocio, a la literatura que “se consume”, al día a día fuera de las instituciones sociales/políticas, a esas vidas a veces atomizadas, carentes de objetivos y fines, sumidas en una permanente y errante huida.

            El segundo conjunto de circunstancias es aún más preocupante, puesto que afecta directamente a quienes estamos encargados de la educación institucionalizada, la cual podría ser el único contrapeso a las tendencias disgregadoras de la actualidad. La pérdida de los referentes comunes es también una consecuencia del olvido de la memoria, impuesto por las escuelas, en aras del “aprender a aprender” y de las nuevas pseudopedagogías abrazadas por diversos sectores que rinden culto a la supuesta libertad intrínseca de los estudiantes y de los niños, olvidándose por completo del aserto de Epicteto de que “sólo los instruidos son libres”. Pero claro, estos profetas de la nueva educación, ¿cómo se van a acordar de lo que dijo hace miles de años un esclavo grecolatino si desprecian la memoria y la adquisición de conocimientos? Hacen hincapié en la necesidad de que se potencien las habilidades inherentes del estudiante (“destrezas”, “competencias”, en la neo-jerga), y está bien, pero se olvidan de que una mente crítica y ordenada necesita una materia que ordenar y de la que extraer los elementos para ser, precisamente, crítica. Rechazar que la educación consiste sobre todo en instrucción, en transmisión vertical de conocimientos y del rico legado de quienes nos precedieron con más acierto, lanza un torpedo contra la línea de flotación de cualquier marco común y compartido, que debe ser conservado siempre por la disciplina de la memoria y el ejercicio, racional, de ordenación de sus riquezas acumuladas.

            Las escuelas, convertidas muchas veces en máquinas del olvido, no cumplen mínimamente la función de la antigua paideia griega, y es algo que vienen denunciando los pocos baluartes de los estudios humanísticos que sobreviven en España y en el resto de Europa (véase, en nuestros lares, García Gual, Moreno Castillo, Fernández Liria…). La conjunción en nuestros centros docentes de los dos conjuntos de circunstancias antedichas, unido al uso desaforado de las nuevas tecnologías en el aula (y en la Universidad), con la consiguiente pérdida de la capacidad de concentración y esfuerzo, crean el campo de cultivo de la ignorancia generalizada, de la desmemoria conscientemente impulsada y, por tanto, de los diversos dogmatismos que hoy vuelven a acosar a lo común de lo humano. Si la democracia necesita de ciudadanos informados, cultos, críticos, forjados con la palabra y el debate, en pocos años podremos dar por finiquitada esa concepción. Y es que no es de extrañar que la propia cultura de los derechos humanos, que debería pertenecer a aquel sustrato que comenzábamos con Troya o Antígona, es decir, al patrimonio común de la humanidad, esté también en crisis y asediada. Hagan una prueba si son docentes, o si son padres: pregunten a una persona ya mayor de edad, universitaria o no, qué fue el Holocausto y qué supuso. Yo lo he hecho, y por culpa del mutis, la incredulidad o el balbuceo generalizado de las respuestas que recibí, he escrito estas líneas. Fíjense si la situación es fatídica ya: ni siquiera se comparte entre todos el hecho que ha cambiado por completo la condición humana y nuestra historia; ni siquiera se tiene memoria de ello. Recordemos las palabras de Hannah Arendt: “Corremos el riesgo de olvidar y tal olvido significaría que nos privaríamos de una dimensión esencial: la de la profundidad de la existencia humana”.

No nos extrañe, pues, el regreso de viejos fantasmas con renovadas armas, porque hemos destrozado los anticuerpos que podían hacerles frente desde la defensa, a ultranza, de la democracia.

¿Que no debata qué?

Fernando Flores

Aquí estoy, escribiendo un artículo para defender la libertad de expresión y de debate en la Universidad. De todas las expresiones. De cualquier debate.

Quizás sepan por qué. Por el caso de unas jornadas sobre prostitución que han acabado suspendiéndose en la Universidade da Coruña, pues el rectorado no podía garantizar la seguridad y la celebración adecuada del encuentro.

No es la primera vez. Independentismo, aborto, vientres de alquiler, transgénero, nacionalismo, religión e igualdad, terrorismo… Son temas que activan el sistema nervioso y la sensibilidad de muchas personas, provocando debates encendidos, a veces ásperos y muy enfrentados.

No me preocupa esa sensibilidad, ni siquiera la acritud. Al contrario, me anima, porque refleja una sociedad viva y plural, que defiende sus opiniones e intereses. En cambio, me asusta que esta misma sociedad, cada vez menos democrática, interiorice que se puede excluir al molesto, al que ofende, al que defiende “sus intereses”, al que no tiene la visión de la sociedad que tengo yo. Esta polarización de amigo – enemigo tiene un final escrito: siempre termina en que solo podrá ofender el más fuerte.

¿Qué temas no deben discutirse en una Universidad? ¿Qué jornadas o conferencias no deben permitirse?

Son algunos los argumentos, no pocas las ocurrencias, y abundante la demagogia con que se justifica la postura limitadora de la libertad de opinión y del debate.

En la Universidad “no caben debates que pongan en duda o vayan en contra de los derechos humanos”, afirma una profesora de la UCM. Quien dice esto habla como si los derechos humanos no fueran controvertidos. Todos lo son. Hasta la posibilidad de practicar torturas lo es.

¿Puedo prohibir un seminario en el que se planteen las razones para defender el derecho a la interrupción del embarazo? ¿Y sobre la eutanasia? Aunque somos muchos los que los consideramos derechos no protegidos, también son numerosas las personas que están convencidas de que ambos son atentados contra el derecho a la dignidad y la vida. ¿No pueden exponerse en la universidad las posturas de unos y otros? ¿De quiénes no?

 “No caben debates que vayan en contra de la legalidad. Y menos los que ‘promuevan’ delitos”. Decir que no me gusta la Constitución o una ley y que quiero cambiarlas no va contra la legalidad. Organizar un seminario que explique por qué prefiero la república inexistente a la monarquía constitucional no va contra la legalidad. Dar una conferencia en la que el ponente exprese que –a pesar de las resoluciones de la ONU– no debe haber referéndum en el Sahara, no va contra la legalidad. Contra la legalidad va impedir que alguien lo diga.

De otro modo habrá que aceptar que, en cuanto la sentencia del Supremo decida lo que se prevé, no puedan celebrarse debates sobre el procés. Ni que los haya sobre la prostitución, aunque esta tenga una regulación parcial en España, sea legal en países como Alemania, Suiza o Grecia, e ilegal en Suecia, Noruega o Francia. ¿De verdad se quiere prohibir que se trate en la Universidad una posición que –por mucho que nos pueda repeler– es legal en otros países de la UE? ¿No se podrá invitar a dar una charla en mi Universidad al abogado de Junqueras sobre el juicio que perdió?

“Las jornadas tienen que ser plurales, deben dar voz a todas las posiciones”. ¿Las prohibimos si no lo hacen? La pluralidad de ponentes es preferible, sin duda, da calidad a un seminario, pero no impide nunca un público exigente y crítico. Si una jornada no es plural se la puede criticar por pobre, parcial y carente de interés, pero no se puede prohibir. A veces se habla como si no existiera el público, como si éste fuera menor de edad, o como si le hubieran prohibido la asistencia al que pide la prohibición del acto.

Por lo demás, la exigencia radical de pluralidad descartaría por definición las conferencias de una sola persona. ¿Debe prohibirse una charla al profesor de Georgetown y congresista republicano que defiende la Patriot Act, la existencia de la cárcel de Guantánamo y la necesidad del waterboarding en los interrogatorios a terroristas? No hay pluralidad y va en contra de los derechos humanos. ¿Debería prohibirse?

No con mis impuestos… No defenderé su derecho a utilizar dinero público (el que supone utilizar las instalaciones de una Universidad) para promover una visión de la sociedad que yo combato”, afirma categórico un periodista en redes. Pero, aunque él no lo defienda, ese derecho existe. Es un valor constitucional y democrático, el pluralismo político, que se refleja en la libertad de pensamiento y de expresión, y que la Universidad debe favorecer. La Universidad –sobre todo la pública– debe acoger todas las visiones que la sociedad expresa, nos gusten o no. Porque esa es su esencia. La Universidad nos da precisamente un espacio sagrado para expresar y combatir las visiones que no comparto, promoviéndolas o criticándolas, ridiculizándolas si pensamos que lo merecen.

¿Pero prohibirlas? ¿A instancia de quién? ¿Con criterios ad hoc, o elaborando al efecto una norma pseudoadministrativa, que determine cómo deben componerse los seminarios para ser plurales, que detalle en qué casos puedo limitar el derecho fundamental a expresar opiniones en sede universitaria? ¿Y quién toma la última decisión al respecto: el decano, el rector, un comité de sabios? No es serio.

Claro que se puede protestar por la celebración de una jornada. En la puerta de la sala en que se celebra si se quiere. Y denunciar que es sesgada y que sus ponentes son lo peor. Y pedir el boicot para los patrocinadores. Y afirmar que el departamento que las auspicia es mediocre. Y que el profesor que las organiza un pésimo académico. Y retirarle la palabra en los pasillos. Y polemizar con dureza (y ojalá con respeto) en redes. Se trata siempre de la libertad de expresión. El único límite a todo esto es que no se convierta en censura. Es decir, la protesta no puede impedir, directa o indirectamente, que un seminario o conferencia se realice. Eso, además de contraproducente, es ilegal, por vulneración de los derechos fundamentales.

Del mismo modo que defiendo que la Universidad debe investigar y tratar aquellos temas que no están de moda en el debate público, o que no interesan a los grupos de poder, no puedo imaginar que las bibliotecas y las aulas queden al margen de lo que está presente en la calle y en los medios de comunicación.

En fin, puedo entender que esa pulsión hacia la censura se deba, en ocasiones, a una indignación razonable contra posiciones que consideramos retrógradas. También al miedo a que las mismas triunfen, o al cansancio de oponernos tantas veces a ellas. Sea como fuere, el instrumento para luchar contra una sociedad que no nos gusta no puede ser silenciar al otro, y menos en la Universidad.

Hartos de la ‘Carta Magna’

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Javier de Lucas

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora repetida desde tiempo inmemorial y que nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

Los derechos, conquista y defensa

Fernando Flores

Sabemos que el poder puede acabar con los derechos de las personas y anular su libertad. De hecho, somos conscientes de que esa inclinación siempre late en su seno. Para impedirlo se creó hace más de doscientos años el Estado constitucional, y más tarde, para evitar que la libertad de los más fuertes impidiese la justicia y la igualdad material de los más débiles, se conquistó el Estado social.

Con el primero se alcanzó la división de poderes –que evita su abuso– y el principio de legalidad –que destierra los privilegios–, y se sembró la democratización de la política y la reivindicación por la garantía de los derechos. Con el Estado social se incorporó la idea de justicia como valor común, y con ella el compromiso colectivo de no dejar a nadie a un lado, de vincular la dignidad del individuo a la dignidad social.

Estos logros no han conseguido la supresión de grandes injusticias, como la pobreza, la desigualdad global y local, la discriminación y violencia contra las mujeres o el rechazo de inmigrantes y refugiados, pero han procurado dignidad a muchas personas y han señalado un camino correcto hacia el respeto y la protección de los derechos humanos.

Hoy ese camino se ha detenido, la fuerza que lo construía frente a poderes ilegítimos bien conocidos ha sido reducida o desactivada por quienes manejan el dinero. Ellos y sus reglas (es falso que exijan la ausencia de reglas, imponen las suyas) nos están empujando hacia atrás, como en un juego perverso, hacia la casilla de salida.

Desde hace unos años venimos sufriendo la reducción, cuando no la pérdida, de los derechos sociales, un retroceso que nos traslada a los comienzos del capitalismo. Nos han demostrado –vía Grecia por si no quedaba claro– que las decisiones fruto de la participación democrática del pueblo soberano tienen sus límites en las cuentas financieras de unos pocos y el equilibrio de su sistema injusto, un bloqueo que nos sitúa en el liberalismo conservador del siglo XIX. La reivindicación y la queja de los ciudadanos contra este atropello ha producido como reacción del poder un estrechamiento y acoso a las libertades públicas, una situación que nos recuerda a los Estados policiales de antaño, pero en nuestro caso dotados de la tecnología y la justificación securitaria antiterrorista que les permite vigilarnos muy de cerca y cortar de raíz las disidencias peligrosas.

Nos están arrebatando nuestros derechos.

Decía Ihering que la vida del derecho es lucha, que todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, que todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y que todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.

Los derechos se tienen porque se han conquistado, y se mantienen si se han defendido. En la actualidad, en Europa, en los denominados Estados Sociales y Democráticos de Derecho, estamos en retroceso. Un poder no elegido, hoy más fuerte que el democrático, ha expulsado a la gente de sus casas, ha desmontado las garantías laborales, ha abandonado la educación y la sanidad públicas, ha ocupado los medios que nos daban información y criterio, ha desprestigiado la participación ciudadana … y ha armado con leyes y tecnología a las fuerzas del orden, para que puedan contener la resistencia del pueblo a perder sus derechos constitucionales.

Estamos en el momento de la defensa, de la lucha por la afirmación de lo que se ha logrado con el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo. La defensa se prepara y se trabaja.

Para aspirar a responder con eficacia al impacto poderoso de las acciones de quienes defienden sus intereses económicos, los ciudadanos dispuestos a defender sus derechos deben tener muy claro dos cosas. La primera es que la defensa –la lucha–, debe ser colectiva. La segunda es que debe abarcar la reivindicación y protección de todos los derechos.

La lucha debe ser colectiva, y persistente. La agresión debe combatirse por todos los afectados –que son casi todos–, desde todas las esferas, en todos los espacios, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en los medios, en las empresas, en las organizaciones civiles…, en lo público y en lo privado. Debe ser continuada y generosa, abierta de mente, ganando voluntades, creando el clima para que pueda ser posible. Y debe ser organizada y paciente, perseverante, sabedora de que el agresor es poderoso, carece de escrúpulos y es muy resistente.

La lucha debe ser por todos los derechos. Hay que ser conscientes de que los derechos son indivisibles e interdependientes, de que la división entre derechos civiles, sociales, políticos y económicos es una clasificación académica, cuando no interesada. Sin vivienda adecuada no existe intimidad familiar; sin información veraz no existe ni opinión ni participación política que merezca ese nombre; sin salud no ni hay trabajo ni libertad; sin condiciones laborales dignas no hay igualdad posible…

La protección de los derechos no puede bajar los brazos en momentos de crisis políticas, económicas o sociales, más bien al contrario. Es en estos contextos de dificultad cuando ellos deben afianzar su fortaleza (su normatividad, su justiciabilidad) y reivindicar su vigencia, pues los embates que sufren son más intensos y la vulnerabilidad de las personas a las que protegen mucho mayor.

El poder no tiene legitimidad para anular nuestros derechos, pero lo está haciendo, y debemos responder. Los derechos se conquistan y se defienden.

Ilustraciones: 1. David. El juramento del Juego de la Pelota: los representantes del Tercer Estado dando a Francia una Constitución, 20 de junio de 1789 (1791). 2. Siqueiros. Del porfirismo a la revolución (1957-1966). 3. Kristen Visbal. Fearless Girl (2017).

¿Quién protege al denunciante de corrupción?

Marifé Blanes Soliva y Fabiola Meco Tébar                

La corrupción es un fenómeno que aqueja a las sociedades democráticas y es un problema contemporáneo a escala global. Tan es así que desde 2003 existe un consenso internacional recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, por el que se entiende que

“la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Uno de los ejes de esta Convención es la protección de las personas que denuncian la comisión de irregularidades o hechos delictivos relacionados con la corrupción y las políticas lesivas para el interés general. Sin embargo, tras su ratificación en julio de 2016, España sigue sin contar con una regulación que proteja de forma específica a los denunciantes de la corrupción.

En este sentido, en la Convención se diferencia entre la protección de los testigos, peritos y víctimas en el artículo 32 y, la protección del denunciante recogido en el artículo 33. Respecto a la protección del denunciante se requiere a los Estados parte que consideren la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proteger contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables cuestiones relacionadas con la corrupción.

Han tenido que pasar diez años para que algunas normativas autonómicas (Ley 2/2016 de Castilla León, Ley 11/2016 de la Comunitat Valenciana, Ley 16/2016 de Baleares, y Ley 5/2017 de Aragón) hayan reaccionado y reconocido un derecho básico en la lucha contra el fraude, la corrupción y los delitos relacionados con el abuso de poder como es la protección de la persona denunciante. Son las primeras, las pioneras, esperemos que lleguen otras.

No son pocos los casos de gente valiente defensora de lo público que no ha dudado en dar un paso al frente y lo ha pagado caro. Son los casos de Azahara Peralta (AcuaMed) Ana Garrido (Gürtel) o Roberto Macías (cursos de formación de UGT), y otras tantas personas, cuyos nombres no han trascendido a través de los medios de comunicación, y que han denunciado distintos casos de corrupción. Tras sus denuncias se han enfrentado a amenazas, difamaciones, acoso, incluso a despidos.

Pero ¿a quién se debe proteger y en qué debe consistir la protección? Lo más acertado, por los resultados que puede dar, es ampliar al máximo el concepto de denunciante. No sólo se ha de proteger a denunciantes personas físicas, sino también a las jurídicas, y no circunscribirlo al ámbito público. Recordemos que muchos contratistas o subcontratistas pudieran ser, o mejor, son conocedores de prácticas que generan fraude y corrupción. Los hechos de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que en este tipo de delitos, también participa el sector privado, usualmente es en la interacción entre ambos cuando se producen las posibles corruptelas. Este es el caso de las empresas privadas que prestan sus servicios a las entidades públicas a través de procedimientos de contratación administrativa, los empleados y empleadas de estas empresas, en ocasiones, también son conocedores de las posibles irregularidades en la ejecución de las contrataciones administrativas, aunque no sean empleados públicos.

Entendemos también aconsejable favorecer como cauce posible las denuncias anónimas, pues ha de ser la verosimilitud de los hechos y no la identidad del denunciante la que determine que prospere la denuncia. La inacción ante casos de fraude y corrupción debe ser mínima y para eso han de habilitarse cauces de conocimiento seguros que mantengan la confidencialidad del denunciante.

En cuanto a las medidas de protección han de ir dirigidas a procurar que el denunciante quede indemne tras su denuncia, que no sufra ninguna consecuencia negativa, ningún trato discriminatorio, ninguna clase de intimidación, ninguna represalia ni física ni económica. Se trata de garantizarles defensa jurídica en las denuncias y frente a quienes vulneren sus derechos acosándoles, amenazándoles, calumniándoles o injuriándoles, así como frente a quienes no los protejan debidamente.

Aún no hay norma estatal aprobada que arbitre medidas avanzadas y efectivas de protección integral del denunciante. La iniciativa de Ciudadanos que se tramita en el Congreso en la actualidad está lejos de ser la norma que precisa un país donde la corrupción ha campado y sigue campando por desgracia en todos los niveles local, autonómico y estatal.

Proteger debidamente a la persona denunciante de la corrupción en el ámbito de lo público permite y favorece la participación activa de la ciudadanía española en la defensa de la integridad de sus instituciones públicas. En definitiva, es más que una cuestión de respetar los acuerdos internacionales que suscribimos, es fundamentalmente haber aprendido el daño que el fraude y la corrupción hacen a las arcas públicas; es legislar para prevenir, para hacer que las políticas sociales no se resientan por falta de recursos que se distraen en bolsillos particulares; es trabajar en el respeto al Estado de derecho, en la obligación de rendir cuentas y la transparencia pública. Para hacer todo esto posible sólo hace falta voluntad política. Es evidente que aún queda un largo recorrido por delante y que el contexto político actual favorece la pluralidad de voces en el seno de los Parlamentos, y permite la asunción de compromisos compartidos. Ha llegado el momento de reconciliar en la lucha contra la corrupción a la política y a la ciudadanía.

Ilustraciones de Jopep Renau: 1. El gran empresario, 1956. 2. Sociedad de provecho, 1952. 3. La corbata (detalle), 1949.

¿Presos políticos? Autos políticos

Joan Carles Carbonell Mateu

El Auto del Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo –en funciones de Juez Instructor- Pablo Llarena acuerda modificar la situación procesal de la mayoría de los presos preventivos implicados en la Causa contra “El Procés” independista de Catalunya, y mantener la del Vicepresidente (cesado) Junqueras, el Conseller (cesado) Forn y los ya popularmente conocidos como los Jordis (Cuixart y Sánchez).

La primera decisión es explicada por el Magistrado de forma análoga a la que sirvió para no decretar la prisión incondicional de los miembros de la Mesa del Parlament (incluida su Presidenta), no se dan de manera suficientemente intensa como para justificar una privación de libertad las tres causas que la justificarían: peligro de fuga, capacidad de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva. Y es esta última la que alcanza, a lo largo de todo el Auto, el mayor peso, descartadas prácticamente las dos primeras.  Y lo alcanza tanto para la revocación de la prisión provisional de unos como para la confirmación de las de los otros. Centrémonos en ésta. Sigue leyendo

Derecho de autodeterminación: ni derecho fundamental ni derecho moral

José Manuel Rodríguez Uribes

La Constitución de 1978 no reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos o territorios de España, tampoco de Cataluña. Esto lo saben los secesionistas catalanes y por eso se han inventado a marchas forzadas, contraviniendo de la forma más grosera la legalidad constitucional y estatutaria, una suerte de soberanía de origen que nunca han tenido.

Lo recuerdo porque aunque la historia no legitima nada (no existe la historia constituyente como nos recordaba Tomás y Valiente), los nacionalistas suelen apelar a ella. Pues la historia nos dice que Cataluña nunca fue soberana y que sólo desde 1978 (con la excepción de 1931 a 1936; después vino la tragedia) ha alcanzado un nivel de autogobierno equivalente al de muchos Estados democráticos del mundo. Es verdad que últimamente utilizan un argumento distinto, el del voluntarismo más burdo, un “porque yo lo quiero”, “porque lo queremos nosotros”, que es casi infantil. Sigue leyendo

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo