La paranoia razonable

Fernando Flores

Hace unos días se filtró a la prensa que la agencia inteligencia alemana, el Bundesnachrichtendiest (BND), ha espiado ilegalmente a toda su población y enviado los datos a la National Security Agency (NSA) norteamericana. Se trata de un nuevo escándalo en relación con la vigilancia masiva que los Estados democráticos realizan sobre sus ciudadanos, un escándalo que se suma a muchos otros ya descubiertos (el de la NSA a los estadounidenses, el GCHQ a los británicos…) y a otros que sin duda aparecerán en el futuro.

Lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos tiene asumido que la protección de su seguridad frente a amenazas tan presentes como el terrorismo o el crímen organizado pasa por aceptar la intromisión del Estado en su privacidad, y ha interiorizado la máxima según la cual “si nada tienes que esconder, nada tienes que temer”. Sigue leyendo

Somos CocaColaenLucha: dignidad y derechos

Fernando Flores

Hace tres años las empresas embotelladoras de Coca-Cola en España se fusionaban en Coca-Cola Iberian Partners. Un año después, a principios de 2014, ésta procedía a la presentación de un ERE y al cierre de 4 plantas. Una de ellas –la de Fuenlabrada– había firmado la misma mañana su convenio colectivo. El ERE afectaba a 1250 trabajadores.

Tras más de dos años de lucha contra la empresa, cerca de 300 trabajadores y trabajadoras consiguen ganar y cerrar el conflicto jurídico a su favor, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El ERE se declara nulo por vulneración del derecho fundamental a la huelga, por vulneración de la obligación de comunicación a la representación sindical, y por incumplimiento de las directivas europeas en materia de información a la representación legal de los trabajadores. A día de hoy, la empresa ha retrasado todo lo posible el cumplimiento de lo ordenado por los tribunales, y ha utilizado todo este tiempo para desmantelar la embotelladora de Fuenlabrada, impidiendo así que aquéllos puedan regresar a sus puestos de trabajo tal y como los ocupaban en el momento del cierre ilegal. Sigue leyendo

Los derechos humanos en Cuba

Fernando Flores

Tras los discursos, se abrió el turno de preguntas y un periodista estadounidense con acento de Miami (confesó que su padre era un cubano que abandonó la Isla), preguntó al Presidente Obama sobre las palabras con las que había instado al Presidente Castro a realizar reformas en la Isla a favor de los derechos humanos. Al mandatario cubano le planteó directamente “¿por qué tiene presos políticos, y por qué no los sueltan?”. Acto seguido, Andrea Mitchell, de la NBC, señaló a Castro que para muchos era increíble oírle hablar de derechos humanos, y puso de manifieso que la visita de Obama había estado precedida del arresto de un grupo de las Damas de Blanco, que se estaban manifestando pacíficamente. De modo que no alcanzaba a comprender cómo podía existir una “coexistencia civilizada” entre dos países con una interpretación tan diferente de lo que significan la democracia y los derechos humanos. Sigue leyendo

España, de nuevo condenada por incumplir la Carta Social Europea

Belén Cardona

De nuevo el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) llama la atención al Estado Español por la disconformidad de la legislación interna laboral con los preceptos reconocidos en la Carta Social Europea (CSE), Tratado Internacional que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, ratificado en su totalidad por España en 1980, en su versión originaria.

El CEDS, a través del procedimiento de control de informes, y a partir del informe periódico que España tiene la obligación de elaborar (como los otros estados parte de la CSE), constata los incumplimientos de la Carta Social Europea por parte del Estado Español, en esta ocasión en relación al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.

European-Social-Charter

En las Conclusiones XX-3 del (2014) sobre el cumplimiento por España del grupo de artículos sobre derechos laborales de la CSE (arts. 2, 4, 5 y 6 y 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988) el CEDS dictamina el incumplimiento de España de la Carta Social Europea hasta en siete materias diversas, relacionadas con derechos laborales individuales, condiciones de trabajo, negociación colectiva, libertad sindical y ejercicio del derecho de huelga (arts. 2.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 6.2 y 6.4). También emite nueve conclusiones de conformidad con los arts. 2.2, 2.3, 2.5, 4.3, 5, 6.1, 6. 3 CSE y arts. 2 y 3 del Protocolo Adicional. Amén de solicitar ulterior información al Ejecutivo Español, que considera imprescindible, para poder pronunciarse sobre algunas de las cuestiones objeto de análisis.

Estas conclusiones llegan en un momento particularmente interesante a nivel interno, puesto que nuestro Tribunal Constitucional ha convalidado la reforma laboral del 2012 (Ley 3/2012), confirmando su constitucionalidad. Reforma que, sin embargo, a la luz de las Conclusiones XX-3 del (2014) no supera el control de convencionalidad. Es precisamente el CEDS, desempeñando su papel de salvaguarda y control del cumplimiento de la CSE por los estados parte, quien señala, de nuevo, la conculcación por parte de nuestro ordenamiento jurídico laboral de preceptos del texto internacional. Sigue leyendo

Grandes almacenes: derechos pequeños

Pepe Reig Cruañes

Las jornadas de huelga general se parecen entre sí como las gotas de agua: a primera hora la lucha por fijar la impresión mediática de éxito o fracaso; a última hora, la guerra de cifras sobre el paro y la manifestación. En medio, los piquetes y el fingido escándalo de la prensa conservadora por aquellos que impiden el “derecho al trabajo”. Sobre los verdaderos piquetes empresariales de amenazas y acoso a los sindicalistas nada de nada. Parece que no existen.

Por cierto que una de las primeras tareas sindicales en cualquier huelga que se precie es acercar algún piquete a las puertas de El Corte Inglés, que nunca hace huelga porque sus trabajadores están amenazados. La escena se repite invariable en cada ocasión. Y es que para la patronal este gran almacén es un emblema y lo necesitan disciplinado y “ejemplar”. Confluencia de intereses: las demás grandes superficies necesitan que El Corte Inglés aguante y la empresa del triángulo verde gasta demasiado dinero en comprar una buena imagen mediática, para que unos sindicalistas trasnochados vengan a cuestionarla. Prefieren soportar piquetes a la puerta y tiendas vacías el día de la huelga, antes que reconocer a sus trabajadores el derecho que otros se ganan con su lucha. El reverso de esta política de imagen es el “consentimiento” de los propios trabajadores de la casa. Estos pueden soportar condiciones leoninas y merma de derechos, porque se sienten afortunados por su mera pertenencia a un buque insignia. Un puesto en el Corte Inglés viste mucho, aunque luego te machaquen los fines de semana o te birlen las horas extras. No es muy diferente en las otras grandes tiendas. Las grandes superficies suelen tener, laboralmente hablando, derechos muy pequeños.

Sigue leyendo

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga?

Belén Cardona

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad? La pregunta no es nueva, desde la aprobación de nuestra Carta Magna y la inclusión del derecho a la huelga como derecho fundamental colectivo, en su art. 28.2, la cuestión se ha planteado con cierta frecuencia.

Hay que tener en cuenta que el régimen jurídico del derecho de huelga se contiene en una norma de carácter preconstitucional, el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, cuya texto fue sometido al control del Tribunal Constitucional en su emblemática sentencia 11/1981, de 8 de abril, que declaró derogadas buena parte de sus disposiciones, quedando vigentes los preceptos que actualmente constituyen la regulación del derecho del huelga en el ordenamiento laboral español.

huelga-servicios-minimos--644x362

Sólo en 1993, bajo la penúltima legislatura de Felipe González, se estuvo a punto de aprobar una ley general de huelga, que finalmente no prosperó por el adelanto de las elecciones generales.

Ahora la pregunta vuelve a traerla a la actualidad, al calor de la huelga en los servicios de limpieza de Madrid, unas declaracionesdel presidente del Gobierno en las que informa sobre su decisión de encargar al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimos.

La regulación concreta de la huelga en servicios esenciales para la comunidad se encuentra en el art. 10 del Decreto Ley de 1977, que articula a favor de la autoridad gubernativa la facultad de imponer la realización de servicios mínimos a los trabajadores huelguistas, cuando la huelga afecte a servicios esenciales para la comunidad. La parquedad e indeterminación del precepto deja cuestiones en el aire, a las que la Jurisprudencia ha ido dando respuesta.

Indudablemente, la actual regulación del derecho de huelga adolece de defectos y carencias, no es la mejor de las regulaciones, pero podríamos decir que con el apoyo de la Jurisprudencia y doctrina de los tribunales se ha ido construyendo un edificio sólido y suficiente.

Pero partiendo de lo que parece ser la apertura de un nuevo escenario regulador en el que el ejecutivo tiene la intención de introducir lo que denomina una “ley de servicios mínimos”, es el momento de reflexionar sobre qué elementos sería interesante introducir en la misma y cuáles evitar.

Captura de pantalla 2013-12-16 a la(s) 12.37.08

Comenzando por los factores negativos, el primero a evitar sería la adopción del prisma neoliberal, al que parecen haber sucumbido las instituciones europeas y según el cual las libertades económicas prevalecen sobre los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga, y en la que éstos sólo son realizables en el espacio europeo condicionados y subordinados a los primeros. Es la lógica de la propuesta de Reglamento conocido como Monti II, que la Comisión Europea se vio obligada a retirar ante el rechazo sindical y social que condujo a diversos Parlamentos nacionales (entre los que no se hallaba España) a activar el procedimiento de “tarjeta amarilla”, que permite contestar iniciativas legislativas europeas, cuando se consideren lesivas del principio de subsidiariedad y por tanto de la soberanía nacional (n. 2 del Tratado de Lisboa).

Ni que se pretenda con la anunciada nueva regulación, introducir un aparato normativo restrictivo del ejercicio de derecho de huelga, que permita reprimir la oleada de protestas que la crisis y la destrucción de empleo y derechos laborales está provocando.

La óptica adecuada sería aquella de considerar el derecho de huelga como una forma de autotutela colectiva de los trabajadores que sirve para compensar la disparidad de fuerzas en el contrato de trabajo y que como tal mecanismo reequilibrador, merece consideración y reconocimiento de derecho fundamental, ponderando al tiempo la necesidad de atender y garantizar la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, en nuestro diseño constitucional que no es otro que el del Estado social y democrático de Derecho, que proclama nuestra Constitución.

En referencia a qué elementos debería imprescindiblemente hacerse referencia en ese eventual diseño legal, una de las primeras cuestiones es la definición de servicio esencial.

No es cierto que existiera un vacío en este sentido, puesto que el Tribunal Constitucional ha ido construyendo en su jurisprudencia un concepto de servicio esencial a partir de la afectación a los usuarios de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos, en la que se ha optado por ponderar las circunstancias concretas concurrentes (gravedad, duración, extensión territorial, ámbitos personales y funcionales afectados…), rechazando la consideración de antemano de una actividad productiva o servicio como esencial (SSTC 26/1981, 8/1992). Se trata de un concepto flexible, en el que partiendo de la obligada atención al interés de los ciudadanos de recibir los servicios considerados esenciales y admitiendo, por tanto, una constricción del ejercicio del derecho de huelga, dicha limitación debe ser entendida de manera restrictiva sin que, en ningún caso, dicho límite puede afectar el contenido esencial del derecho de huelga, dejándolo vacío de contenido por la vía de hacerlo  impracticable.

servicios_minimos_0

Se trata de una cuestión de límites de un derecho fundamental “en la que, en la relación entre el derecho y su posible límite, el criterio de interpretación debe ser el de mayor amplitud posible del derecho y la restricción del límite a lo necesario” (SSTC 40/1995, 183/2006). La consideración de un servicio como esencial no puede comportar la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino “la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal” (STC 191/2996; también, SSTC 26/1981, 53/1986, 27/1989, 43/1990).

Por otra parte, “la cláusula abierta de esencialidad” (MERINO SEGOVIA) que el Tribunal Constitucional construye ha permitido la generosa y paulatina introducción de diversos servicios en el amplio concepto de servicio esencial, también incorporado en la doctrina del Tribunal Supremo, así: el servicio de transporte ferroviario, el tráfico aéreo, transporte metropolitano urbano, residencia de ancianos, suministro de energía eléctrica, la estiba portuaria en el caso de un puerto de interés general, la alimentación básica, abastecimiento de agua, suministro de derivados del petróleo, administración de justicia, prisiones enseñanza, finanzas, hospitales, medios de comunicación, limpieza…

Choca esta tendencia propia de nuestro sistema, a la generosa consideración del concepto de esencialidad del servicio con los parámetros internacionales y tradicional doctrina de la OIT, que incorpora un concepto restrictivo al considerar que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva; la Comisión estima, por lo tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población” (“Libertad sindical y negociación colectiva: el derecho de huelga”. Informe III, parte 4B, presentado a la 81 Conferencia de la OIT, 1994, apartado 159).

04huelga_seat_2

Sería necesaria, por tanto, sí, una revisión del propio concepto de servicios esenciales y una definición más precisa del mismo. La amplitud con la que el Tribunal Constitucional ha interpretado la “vaporosa noción” de servicio esencial (BAYLOS GRAU) tiene un indudable potencial invasivo en el ejercicio del derecho fundamental de huelga del que sería necesario desprenderse.

En segundo lugar, siendo loable que el Gobierno haya manifestado su intención de buscar para esta futura norma el consenso con los agentes sociales, imprescindible en mi opinion, siempre que se quiera garantizar la pacífica aplicación de la misma, mayor importancia adquiere, si lo que se quiere es introducer un sistema moderno, democrático, eficiente y alejado de lógicas autoritaria, que se aproveche esta oportunidad para cuestionarse el modelo de decisión gubernativa articulado en el art. 10 del Decreto de 1977, que propicia, en ocasiones, el abuso de derecho en la fijación desproporcionada de servicios mínimos. Siguiendo al Profesor CABEZA PEREIRO, desde el respeto a la intervención y capacidad decisoria final de la autoridad gubernativa, sería el momento de dar carta de naturaleza a la participación de los sindicatos en la determinación de los servicios mínimos, lo que implicaría por otra parte atender a las reiteradas advertencies del Comité de Libertad Sindical al Reino de España, en dicho sentido.

Respondiendo a la pregunta que da título a este post, una nueva regulación del ejercicio de derecho de huelga en los servicios esenciales ¿resulta imprescindible y urgente? En mi opinion, no  ¿Podría ser positiva? Sí, siempre que la misma se realice sin urgencias, rehuyendo populismos, sin introducir en el debate la ficticia contraposición del interés de los usuarios al de los trabajadores huelguistas, buscando el consenso social y confiriendo el protagonismo necesario e imprescindible a los agentes sociales en la misma y desde la perspectiva de que lo que se pretenda sea introducir un sistema más eficiente, moderno y democrático de gestión en los procesos de huelga en servicios esenciales, escrupulosamente respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental a la huelga.

9b05d85fb9716b3248daddae5d7fcafa_XL