Ucrania, del gris al negro

Carlos Penedo

Angela Merkel habla ruso y Vladímir Putin, alemán. Las capacidades lingüísticas de ambos algo aportan sobre diversidad europea, vecindad, experiencias personales, Guerra Fría, algo añaden de complejidad ante un panorama informativo simplificado hasta el límite tras la invasión de Ucrania.

Reflexiona algún filósofo político (Innerarity) que lo más difícil de alcanzar ante un problema es la visión de conjunto, los argumentos suelen ser de parte, abundan los especialistas con gran conocimiento sobre un área muy limitada de la realidad y a menudo con posiciones enfrentadas.

Utilicemos para hacernos una idea aproximada del conflicto en Ucrania la fórmula de tratar de iluminar cuatro ingredientes que recibimos mezclados, cuatro enfoques o fogonazos que arrojen algo de luz: conflicto militar, comunicación, energía y globalización.

El objetivo es identificar tendencias que se hayan disparado por la crisis, los conflictos no suelen crear fenómenos de la nada, sino que hacen crecer asuntos ya en germen (y no todas las tendencias se desarrollan).

CONFLICTO MILITAR

Las guerras producen muertos y violaciones de mujeres, todas las guerras, las justas, las elegidas, las injustas y las injustificables, lo que algunos parecen estar descubriendo ahora. De ahí que todo esfuerzo para evitarlas resulte obligado, a pesar del creciente número de humillados por las cesiones reales o inventadas al contrincante, la nostalgia en dirigentes propios de la voluntad y firmeza que tanto se alababa de Putin en muchos ámbitos, hasta el 24 de febrero. Sorprende en cualquier caso la frivolidad con la que se trata la implicación propia en un conflicto armado.

La guerra, esta guerra, es un fracaso de la disuasión y el peor escenario posible.

Parecía extendida la idea de que los conflictos bélicos tradicionales iban a la baja -al menos entre grandes potencias, y en Europa- y los países competían en el terreno de la economía y en la difusa zona gris, espacio intermedio en el conflicto político que separa la competición acorde con las pautas convencionales de hacer política (blanco), del enfrentamiento armado directo y continuado (negro).

La realidad es que desde Cuba y Vietnam no se ha estado más cerca de un enfrentamiento entre grandes potencias que pensábamos aparcado.

En el terreno militar podríamos apuntar que al menos a partir de la Guernica arrasada en 1937 durante la Guerra Civil que recordaba el presidente ucraniano en su alocución al Parlamento español -aquella Legión Condor nazi se empleó a fondo en la zona oeste de Madrid meses antes-, las guerras del último siglo se caracterizan por la omnipresencia de bombardeos aéreos de mayor o menor precisión, principal causa de las víctimas de todo conflicto armado, en su inmensa mayoría civiles, y esta circunstancia no se está produciendo hasta la fecha en Ucrania.

Algunos analistas califican este conflicto casi como una guerra civil, dados los estrechos lazos de todo tipo entre rusos y ucranianos, culturales, familiares, históricos, a lo que habría que objetar que las guerras civiles suelen ser aún más cruentas que lo que nos llega de Ucrania; podríamos calificarlo de un conflicto entre primos hermanos, por buscar una explicación a la escasez de bombardeos aéreos masivos sobre población civil.

Otro apunte no menor es que las guerras crean identidad nacional, el nacionalismo ucraniano saldrá reforzado de este conflicto. La historiografía tiene bastante estudiado que los nacionalismos son una construcción política -nada inmutable de dos milenos de trayectoria-, la identidad nacional es construida y cambiante, y nada como una guerra con el vecino para reforzarla.

Resulta también destacable que la reacción militar de Estados Unidos, la Alianza Atlántica y la Unión Europea ha sido coordinada e indistinguible hasta el momento.

La Unión Europea se encamina a incrementar los más de 200.000 millones de euros que suman los presupuestos de Defensa de los 27, el triple que Rusia; como novedad, el mantra del objetivo de destinar el 2% del PIB a gasto militar pasará de la abstracción a concretarse en breve en qué se decide impulsar, programas y sistemas de armas específicos, algunos ya se estarán probando sobre el terreno ucraniano.

COMUNICACIÓN

Estrenamos nuevas formas de comunicación, “estrategia del megáfono”, ha sido denominada, disuasión por exceso informativo, que tampoco ha sido efectiva.

Pedro Biden, Pedro Johnson y Pedro Stoltenberg avisaron desde finales de 2021 en una veintena de ocasiones de que venía el lobo y en realidad acabaron acertando, pero se equivocaron en 19; y podemos preguntarnos si Pedro o nosotros podíamos haber hecho algo más que esperar en el proceso, por aquella razón de evitar muertos y violaciones.

Se intenta aquí apuntar que la comunicación ha desarrollado tendencias en este conflicto, quizá sacando conclusiones de lecciones estudiadas -más que aprendidas- de la estrategia rusa de desinformación en el pasado reciente o remoto. Se puede afirmar con poco margen de error que en toda esta crisis Rusia ha ido a remolque desde el punto de vista comunicativo, y ha perdido claramente la batalla de la opinión pública en territorio EEUU-OTAN-UE, no así en territorio ruso; en este sentido, convencer a los propios, como ha sucedido en cada bando, es un logro no fácil, aunque deja trabajo pendiente en el área del contrario y en zona neutra donde podríamos situar a medio planeta.

Noticia real: un bloguero ucraniano ha sido recientemente detenido en Tarragona y puesto a disposición de la Audiencia Nacional por una orden internacional emitida por el Gobierno de Ucrania por sus posiciones prorrusas. Ésta es otra importante novedad en el ámbito de la comunicación como consecuencia de la invasión de Ucrania: la restricción de las libertades de prensa y opinión se ha acentuado en la propia Rusia, con larga tradición de perseguir periodistas, empresas periodísticas y nueva legislación que amenaza con cárcel a quien no publique la versión oficial; restricción novedosa de la libertad de prensa en Europa y España, con la decisión de prohibir medios de comunicación como Russia Today o Sputnik sin autorización previa de juez alguno. Recordemos aquí entrevistas hasta del demonio Saddam Huseín en televisiones españolas en alguna de las tres guerras del Golfo.

Un último apunte sobre comunicación puede ser la aparición de periodistas/tertulianos/analistas en  el papel de activistas, mayoritariamente con un rechazo acrítico contra Putin, que no sorprende por el posicionamiento, sino porque no parece la función de un periodista o un analista apoyar acríticamente nada.

Seguiremos la invasión de Ucrania, con decenas de periodistas desplazados, sin imágenes de combates, sin partes de bajas, sin líneas de frente, sin objetivos claros, sin información fiable, sin contexto y sin opiniones del bando agresor.

ENERGÍA

Muchos focos se dirigen a la dependencia energética de gran parte de centroeuropa del suministro ruso, y se vuelve a simplificar con expresiones del tipo «Alemania financia la guerra de Putin».

El mismo argumento podría haber sido utilizado durante la existencia de la URSS, cuando nunca dejó de fluir el gas, «Alemania financia el comunismo soviético», cosa que jamás se dijo porque resulta una reducción engañosa; del mismo estilo sería afirmar que Francisco Franco financió la revolución socialista argelina por la compra de gas (el primer metanero llegó en 1974) y la Yamahiría Árabe Libia Popular Socialista de Muammar el Gaddafí (acuerdo en 1969); que quien compre petróleo saudí financia sus penas de muerte, quien importe algo de EEUU las ejecuciones capitales desde la silla eléctrica o la invasión del Capitolio.

Se nos llena hoy la boca de soberanía energética sin reconocer el avance de las renovables en España de las últimas dos décadas, impulso político claramente identificable y criticado o directamente torpedeado con impuestos al sol.

Un tercio de la energía eléctrica producida en España en 2021 procedió de parques eólicos o solares, que sumado a la hidráulica alcanza el 46% de la electricidad generada el último año. Esto es autonomía estratégica, soberanía energética y ha tenido quienes lo han impulsado en los últimos años y quienes no.

Ni Alemania financia la guerra de Putin, ni Europa, ni la solución va a llegar por importar carbón australiano o uranio nigerino. La realidad es que la invasión de Ucrania ha acelerado la necesidad de desarrollar energías verdes, tendencia ya presente en las prioridades políticas de la UE antes de esta crisis, junto con la transformación digital.

España afronta esta crisis europea en unas circunstancias mucho más favorables que otros socios del club europeo, con un suministro energético diversificado, nula dependencia de origen ruso, capacidad de distribución de gas y creciente generación de origen renovable.

GLOBALIZACIÓN

El orden internacional se ha desordenado, aunque ya dada síntomas previos de fatiga de materiales, el sistema internacional, político y de seguridad, diseñado en la Guerra Fría tras la 2GM, renqueante desde la caída del muro, ya no daba más de sí, con la ausencia de China como país ya emergido.

La invasión de Ucrania ha alterado el orden mundial económico, energético, militar, la producción y distribución de mercancías, el sistema financiero internacional.

La crisis de Ucrania ha provocado el bloqueo quizá ya definitivo del Consejo de Seguridad de la ONU, algo previsible porque ocurre siempre que el conflicto afecte a uno de sus miembros permanentes con derecho de veto, lo que ha llevado a recurrir a la Asamblea General con resoluciones no vinculantes que en esta ocasión tienen relevancia máxima, no así en otros casos y geografías.

Y hemos descubierto que la globalización es un sistema menos globalizado de lo que creíamos, al menos con una dirección no globalizada. La expulsión de Rusia, que no de Putin, de organismos internacionales, del sistema bancario, de Eurovisión, de la Organización Mundial del Turismo, de foros culturales o competiciones deportivas, revela que el mundo globalizado tiene un control no globalizado.

La consecuencia no es menos globalización, sino distinta y esperemos mejor regulada. El grado de apertura de la economía española -peso del comercio exterior sobre el PIB- seguirá rondando el 60% del movimiento económico del país.

CIERRE

Parece claro el error estratégico de Putin con la invasión de Ucrania por sus consecuencias: aislamiento internacional (en su parte europea y norteamericana); la resurrección de la OTAN (en muerte cerebral antes de ayer, según Macron), Finlandia y Suecia llaman a su puerta, lo que llevará la Alianza hasta la frontera norte; la UE ha despertado desde el punto de vista estratégico; sanciones, muertos.

Putin con Ucrania ha pasado la confrontación del gris al negro, del enfrentamiento no abierto al intercambio de obuses.

Se puede identificar el error estratégico como propio de una autocracia, categoría de régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad; estos regímenes no son capaces de procesar bien la información, principio aplicable a norte y sur de esta península.

Recurriendo al sistema de estandarización de colores de Pantone, el stanag cromático, Putin ha situado las relaciones internacionales en el negro, que se identifica con seis ceros; de ahí cuesta imaginar ganancias estratégicas para Rusia o para sí mismo.

La gama de grises entre el blanco y el negro, que es donde reside el análisis, no parece hoy interesar en exceso, y va a hacer mucha falta en la posguerra.

Desinformando sobre desinformación

Carlos Penedo

En la pequeña e intensa historia -bien reciente- de la lucha contra la circulación masiva de contenidos digitales manipulados, acaba de pasar bastante desapercibido un ejemplo muy claro de desinformación sobre desinformación. Contemos la historia al revés, así adelantamos conclusiones y desenlace.

Epílogo. Imaginemos que un referente moral, ético, profesional sea inmoral, antiético, inepto, o directamente un delincuente, como un cura o un docente pederasta, un médico que ataca al paciente, un militar golpista, un juez prevaricador, el mundo al revés. En estos casos ni el nivel estadístico de degradación media es admisible, la tolerancia debe ser cero. En asuntos relacionados con la información averiada ocurre a menudo y si se considera material sensible habría que ser intransigente en los casos en que quien nos alerta sobre la desinformación nos está desinformando.

Desenlace. Nota de Europa Press de 22 de octubre de 2021: «El Tribunal Supremo avala el procedimiento de las ‘fake news’ impulsado por el Gobierno y señala que no se excedió en sus funciones».
Agradezcamos a esta agencia privada de noticias la cobertura de la sentencia, lo que tiene dos implicaciones: que llegó a la mayor parte de los medios de comunicación del país, que tienen sus servicios contratados, y que muy pocos la recogieron.
Dice la agencia: «El Tribunal Supremo ha avalado el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por el Gobierno para luchar contra las ‘fake news’ recordando que el Ejecutivo cumplía con directrices de la Unión Europea y señalando que no se excedió en sus funciones».

En realidad las sentencias han sido dos, inadmitiendo sendos recursos presentados por un medio de noticias jurídicas llamada Confilegal y una entidad llamada Club Liberal Español, asociación que tiene «como único fin la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y comportamiento social», dicen de sí mismos; y que tiene entre sus vicepresidentes a un tal Pablo Casado Blanco.

Nudo. Ante la supuesta gravedad del contenido del Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 30 de octubre de 2020 y publicado en forma de Orden Ministerial en el BOE del 5 de noviembre (aquí enlace del BOE), el Partido Popular anunció la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional para que «estudie, valore y desmonte» el llamado ‘ministerio de la verdad’ de Sánchez.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2020, Teodoro García Egea, diputado por Murcia y secretario general del Partido Popular, declaraba rotundo que “éste es el Gobierno de la mentira, el que más mentiras por minuto ha lanzado en la historia de la democracia”. Anunciaba García Egea una campaña en Twitter sobre el asunto, con el hashtag #MinisterioDeLaVerdad, con imágenes del dirigente venezolano Nicolás Maduro mezcladas con Sánchez y Pablo Iglesias, y gente con esparadrapo en la boca para denunciar el ataque del Gobierno a la libertad de información.

Pablo Casado, en enero de 2021, escribía en Twitter: «Jefferson decía que es preferible un país con prensa sin gobierno que con gobierno sin prensa. En España sufrimos el peor gobierno de la democracia que encima señala a periodistas críticos. Llevaremos a la UE el ‘ministerio de la verdad’ y los ataques a la libertad de información».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó en noviembre de 2020 de «cacicada» que «el Gobierno de las mentiras» quisiera llevar a cabo un plan contra la desinformación y anticipó que su partido lo denunciaría en Europa. El jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, advirtió de que era un “mazazo a la democracia” que además podía poner en riesgo la llegada de los fondos de recuperación y pedía a la Comisión que interviniera.

En febrero de 2021, Macarena Olona, diputada por Granada, portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados y abogada del Estado en una vida anterior, declaraba rotunda que el objetivo del Gobierno era «controlar la opinión pública, controlar los medios de comunicación a través del Ministerio de la Verdad».

Se pudo escuchar sobre este asunto a algún periodista de referencia (Carlos Herrera, COPE, 6.11.2020) que dejó dicho: «¿Existen las ‘fake news’? Claro que sí. ¿Existen los bulos? Claro que sí. Pero, oiga, para eso no hace falta crear un comité antidesinformación. Para eso que trabaje el CNI y que después, cuando el Gobierno tenga todos los datos, actúe en consecuencia (…). El Gobierno más mentiroso que ha habido en España en toda su historia, con el presidente más embustero que ha habido, que no dice la verdad ni al médico (…). Tiene a la mayoría de los medios casi sodomizados y a su servicio, pero quiere más (…). ¿Desde cuándo el Gobierno es juez y parte de la verdad? ¿Desde cuándo puede poseer la verdad absoluta, especialmente uno que está presidido por un embustero cósmico? Aquí, oiga, no se trata de proteger a los ciudadanos de mentiras, de lo que se trata es de proteger a Sánchez de verdades (…). Este Gobierno sueña con la censura previa. Los bulos y la pandemia son una coartada para blindarse ante las críticas».

Presentación. Como consecuencia de la publicación en el BOE de 5 de noviembre de 2020 del llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación, se generó una seria polémica en España en ámbitos políticos y periodísticos con consecuencias jurídicas.

El mencionado Protocolo fue una iniciativa del Gobierno central, que decide crear desde Moncloa en el marco del sistema de seguridad nacional una serie de mecanismos relacionados con la desinformación, en concreto la elaboración de una estrategia y la constitución de una comisión permanente (aquí enlace a un artículo del autor explicando en caliente el Protocolo).

Acabaron presentando denuncia o recurso ante los tribunales PP ante la Audiencia Nacional, Vox ante el Supremo y Ciudadanos ante la Unión Europea; más los recursos citados de Confilegal y el Club Liberal Español.
Con una rapidez digna de destacarse, la Asociación de la Prensa de Madrid redactó y difundió un comunicado el mismo día de la publicación en el BOE del Protocolo: «La APM alerta de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura. Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos». Nada ha dicho sobre el archivo de los recursos.

El 15 de febrero de 2021 tras analizar en profundidad la Orden Ministerial, la Comisión Europea se pronunció oficialmente señalando que el texto «actualiza el sistema español existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y para establecer estructuras de coordinación» y, por otro lado, «no constituye una base jurídica para decidir sobre el contenido de la información facilitada por los medios de comunicación».

A juicio de la Comisión, «el Comité Permanente se encarga de supervisar y evaluar las campañas de desinformación en línea, investigar su origen y determinar si el caso debe elevarse al Consejo de Seguridad Nacional para que se adopte una respuesta política, como actuaciones diplomáticas o medidas de represalia cuando el autor sea un Estado extranjero».

La labor respecto a las referidas campañas de desinformación «es responsabilidad del Gobierno central y está en consonancia con el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 (de la propia UE), en el que se pedía a los Estados miembros que reforzaran sus capacidades en la lucha contra la desinformación».
Con esta respuesta, la Comisión Europea avala oficialmente que el Procedimiento de Actuación contra la desinformación aprobado por el Gobierno de España no supone ninguna merma de la libertad de prensa ni intento alguno de control sobre los medios de comunicación, sino que tiene el único cometido de investigar y evaluar las campañas de desinformación.

Prefacio. En unos días del otoño de 2020, un viento de libertad y denuncia recorrió España, bueno, una ráfaga, un calambre de libertad. En el otoño de 2021 descubrimos que se había tratado de un simple catarro, no el tsunami democrático que nos prometieron los denunciantes de las supuestas barrabasadas del Gobierno social-comunista. Como en tantas ocasiones, mucho ruido, mucha denuncia engolada que quedó en nada y un silencio significativo sobre su resolución. Ninguno de los defensores de Jefferson se ha retractado de sus declaraciones.
Por aprender algo del cuento: hay vida desinformativa más allá de Rusia y a menudo la tenemos muy cerca. Segundo aprendizaje: las metáforas y referencias a 1984 de George Orwell quedaron antiguas hace ya 38 años. Y ni el mismísimo Orwell podría haber imaginado el desparpajo de algunos al hablar de la libertad de expresión.

«Johnny Depp» en Zinemaldia: derecho, fantasmas, cultura de la cancelación y nueva sensibilidad

Jesús García Cívico

La discusión en torno a si el Festival de Cine de San Sebastián debe dar marcha atrás a la concesión del premio Donostia a un actor acusado de maltratador vuelve a poner de actualidad eso que en EE. UU. se conoce con la neo-expresión «cultura de la cancelación». De un lado, sus más firmes detractores dan sólidos argumentos para tildar este peculiar formato de la sanción social de censura. Pensadores como Justin Tosi o Brandon Warmke lo definen como «exhibicionismo moral» mientras que Noam Chomsky –American power and the new mandarins– lo trata como el punitivismo de los nuevos burócratas de la corrección. De otro lado, plataformas feministas (más allá del movimiento #MeToo) insisten en que se trata de una forma de hacer visible formas de opresión que permanecían ocultas, disimuladas o tácitamente permitidas y señalan que la crítica a su crítica es lo que constituye propiamente una limitación a la libertad de expresión cuando no una forma de cinismo irresponsable.

La aproximación más cortés y respetuosa con el estado de cosas parece exigir la apertura de paréntesis: Una de las causas más justas de la historia de las ideas es el feminismo: reivindicación –la de la igualdad y liberalización de la mujer– sobre la que todos deberíamos mantener una postura inequívoca porque tanto la discriminación social, económica, laboral, política y simbólica como la agresividad sexual masculina son un gravísimo problema. Pero, por poner solo un ejemplo bien conocido del peligro que supone el uso del «yo te creo» como modo de pasar de la condena en abstracto al caso particular, muchas personas revisaron en cuestión de horas su opinión sobre el director de cine y guionista Woody Allen (antes famoso precisamente por la forma de reivindicar y potenciar magníficas actuaciones de las protagonistas femeninas) muchos años después de una acusación de abuso sexual que no prosperó judicialmente… ¡sin que apareciera ni una sola nueva prueba en su contra!

Como quiera que nuestro fenómeno va mucho más allá de las acciones concretas de individuos más o menos famosos para adentrarse en el terreno de las opiniones ofensivas o políticamente incorrectas, no hace mucho, en «A Letter on Justice and Open Debate» (Harper´s Magazine) una serie de representantes del mundo de la cultura abogaron por el intercambio libre de información e ideas, una suerte de columna vertebral de las sociedades liberales frente a lo que consideraban tendencias a la humillación pública y a la simplificación de problemas políticos complejos en una sola posición moral «cegadora» (blinding). También sobre el eje de la libertad de expresión, en Kindly Inquisitors y en «The Cancel Culture Checklist» el periodista norteamericano Jonathan Rauch, trazaba una serie de diferencias conceptuales entre la cancelación como «linchamiento» y la crítica propia de la libertad de expresiónl: esta presenta pruebas y argumentos en un esfuerzo por persuadir. La cancelación, en contraste, no busca la verdad sino organizar el ámbito mediático con el propósito de castigar simbólica o económicamente.

Es posible que haya muchos casos en que suceda así (que se produzca una desproporción, un «linchamiento», un injusto y un tanto enloquecido castigo como irracional afrenta a la presunción de inocencia, o simplemente a la distinción entre la complejidad del ser humano y algunos de los actos que realiza) sin embargo, las personas que defienden de forma honesta que hay que señalar con el dedo o con el emoticono de disgusto los comportamientos racistas, machistas, etc. de la gente del mundo del cine, el arte, la música o la literatura se mueven también habitualmente con una buena intención. Incluso cuando recogen firmas para retirar «Thérèse soñando», la pintura de Balthus del Metropolitan de Nueva York bajo la interpretación (un tanto reductiva y posiblemente fútil de que se trata de una complaciente visión romántica del voyerismo y de la cosificación de las mujeres menores de edad) están guiados por algún tipo de convicción no solo (o incluso no tanto) de una moral individual sino también (o sobre todo) de una moral social cargada de razón (con toda la inquietante plurivalencia del verbo). ¡Tan grave es la pederastia! ¡Tanto daños se ha hecho a tantos seres humanos por oscuros y enfermizos odios raciales, machistas y homófobos! La «cultura de la cancelación» con todas las pegas léxicas, morales, estéticas y jurídicas no se puede entender sin atender a una larga historia de injusticias, abusos y vilezas.

Más allá de los argumentos esgrimidos por ambas posturas (interpretados bajo el respeto a lo que Rorty y otros articularon como «principio de solidaridad), creo que la cuestión de fondo de la «cultura de la cancelación» no solo debe situarse en el marco de la evolución de una serie de asimetrías reversibles, neo-democratización y efectos laterales de los empoderamientos sino que como parte de un fenómeno más amplio que algunos llamamos «nueva sensibilidad», apunta a un orden de cosas particularmente comprensible desde el solapamiento de transformaciones culturales de signo muy distinto: desde las innovaciones tecnológicas en el campo de la comunicación a los cambios culturales insertos en la subjetividad posmoderna estudiada por Fredric Jameson, de la hipervisibilidad a las nuevas representaciones ficcionales y multiculturales del mundo, del recelo y el desprestigio del discurso meritocrático –la «aristofobia» expresada en la malicia contra el intelectual y la suspicacia insalvable que levanta la idea de «elitismo»– al malestar del gran precariado entre crisis, del cambio de rumbo de la izquierda –desde la redistribución y la lucha de clases, al identitarismo– al deterioro de la capacidad crítica y lectora (por ejemplo en lo que toca al género de la auto-ficción), desde el «giro afectivo» y ese victimismo del que (entre otros) habló tempranamente Pascal Bruckner a la pérdida de peso de la verdad de los hechos en favor de una suerte de política de las emociones en una tradición de excesos hermenéuticos de textos combativos muy discutibles por parte de ensayistas influyentes (de Michel Foucault a Judith Butler) y otros de los que no resulta posible dar cuenta aquí.

En todo caso, si tratamos de no salirnos de la expresión bajo la que se debatiría el último caso (el de Johnny Depp) encontramos un continuo. Desde el boicot a J. K. Rowling, la autora de la serie Harry Potter, por algunos comentarios interpretados como transfóbicos a la retirada de reconocimientos público al gran filósofo escocés David Hume por alguna nota a pie de página con tufillo a racismo etnocéntrico, de las velocísimas lecciones de moral impartidas a Maradona mientras ingresaba en su tumba, a las cobardes palas de porquería lanzadas contra el poeta Gil de Biedma, ¿debe la esfera privada del creador interferir en la valoración o el reconocimiento de su obra?

Creo que hay algunos marcos argumentales que todavía ayudan a situar la cuestión: El primero es la separación entre el autor y la obra (porque tan erróneo es menospreciar la obra como lo es blanquear la figura del autor): el regate de Maradona, el cuadro de Picasso (menospreciado recientemente entre distintas reivindicaciones de Dora Maar), el poema de Gil de Biedma, los tratados sobre la tolerancia de Voltaire o el cine de Polanski no se resienten por la vida privada de sus autores. En el terreno de la filosofía fue Hans Gadamer –sucesor y discípulo del autor de Ser y tiempo– quien intentó cerrar uno de los casos más famosos afirmando que «Martin Heidegger era el más grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres». Efectivamente, el filósofo es autor de una de las obras más importantes de la historia de la metafísica, pero al mismo tiempo se comportó de forma vergonzante y servil durante el nazismo. Lo ha expresado felizmente José Luis Pardo: el principio en virtud del cual los tribunales dejaron de juzgar a las personas por su biografía para hacerlo exclusivamente por sus acciones es el mismo que, en el dominio de la cultura, determinó que los tribunales con jurisdicción dejasen de considerar a los autores en función de su vida y lo hiciesen únicamente de acuerdo con su obra. En estas coordenadas propias de la teoría del derecho (me refiero a la separación de los distintos órdenes normativos) es donde puede elucidarse primeramente la cuestión de la naturaleza del homenaje (no se homenajea a un hombre a una mujer por su vida sino por su carrera profesional).

Una segunda vía (poco relevante en el supuesto de Johnny Depp) es retener que la idea de que belleza y la bondad (de la obra o del autor) van unidas es, en algún imprescindible punto, claramente contrafáctica: no nos gusta solo lo moral, lo legal o lo que adelgaza, sino que acostumbra a suceder al revés. Quizás la enunciación más célebre acerca de esto la hiciera el sociólogo Max Weber: algo puede ser sagrado, no solo aunque no sea bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es. «Lo hemos visto realizado en Las flores del mal: algo puede ser verdadero aunque no sea ni bello, ni sagrado, ni bueno».

Una tercera vía, expresada mucho tiempo atrás por Hegel (Fenomenología del espíritu) y por la que siento una íntima predilección apunta a lo que nos perdemos al detenernos solo en las «manchas» (soy consciente del eco del título de Philip Roth) de la vida privada, cuando absortos en los defectos de los demás, presos de envidia o resentimiento, cegados por ímpetus justicieros o por bajezas del alma no somos capaces de ver más allá. El ayudante de cámara (el sirviente) de Napoleón no conoce sus hazañas, no sabe del Código civil, no retiene el impacto en el mapa de la historia sino tan solo una mancha en el uniforme o la forma afectada en que se coloca el peluquín. Fijarse en la vida privada en lugar de en una carrera cinematográfica es adoptar el punto de vista del subalterno.

La noción de la cultura de la cancelación (me parece muy luminosa la inversión de la expresión: cancelación de la cultura) también podría observarse a la luz de una tipología de la sanción propia de la teoría del derecho de inspiración sociológica. Lo que en ningún caso parece deseable es importar el tipo de sanción jurídica (rodeada de un serie de garantías, entre ellas el principio de contradicción –el hecho de que ambas partes sean igualmente escuchadas– y la presunción de inocencia). ¿No es raro sentenciar globalmente en términos de culpable o inocente?

Entonces, ¿se resuelve el asunto definitivamente así?

El director de la Zinemaldia, José Luis Rebordinos, ha escrito, en mi opinión, una respuesta impecable: justa, sensible, elegante. El estupendo protagonista de Donnie Brasco o de Ed Wood se ha expresado con contundencia racional: ningún tribunal lo ha condenado. ¿Añadimos que denuncias tan visibles pueden resultar perversas (inmunizar o dejar de sensibilizar frente un problema de enorme gravedad como el machismo o la violencia de género)? ¿Habría que mencionar que la comprensión en clave personal de problemas estructurales que requieren profundas reformas institucionales se sitúa en una suerte de individualismo metodológico de inspiración neoliberal dañino para la cohesión social?

Pero, ¿y si los excesos de racionalización esbozados (me refiero a los míos) de esta «cultura de la cancelación» fueran más inútiles de lo que nuestra vanidad podría aceptar? En el interior uno intuye que detrás de la cancelación respira el pulmón de una minoría que teme que nunca tendrá justicia porque la experiencia les muestra que nunca la ha llegado a tener. ¿Qué significa la expresión «yo te creo»? ¿Es una inversión de la presunción de inocencia del acusado? El teórico del derecho dirá que sí (y no le faltará razón), pero el que sepa escuchar más allá de la teoría, sabrá que ese «yo te creo» es una inversión de la presunción de culpabilidad no del acusado… ¡sino de la víctima! Porque históricamente, en el campo de la discriminación racial y de la violencia sexual se ha culpabilizado y sospechado de la víctima Se trata de invertir esa desconfianza hacia la mujer (tantas veces repetida) de policías, jueces, familiares y amigos por la que se inhibía, se miraba a otro lado o se culpabilizaba directa o sutilmente a la víctima de maltrato o de violación. Lo que se expresa con ese «yo te creo» no es una presunción formal si no una presunción moral, emocional si se quiere así, que haríamos mal en interpretar en los estrechos márgenes del vocabulario procesal.

Con ese apoyo abstracto (a pesar de su aparente concreción) y moral, con las llamadas a la «cancelación» quizás se viene a expresar sencillamente que hay gente que sabe de qué va la historia de la larga noche de muchas mujeres, tan similar a la noche en la que un policía blanco cose al chico negro a balazos por llevarse la mano al monopatín. «Yo creo» al chico negro, a la mujer violada, en abstracto. Con ello se quiere decir que hay razones para aumentar la sensibilidad social e implementar políticas específicas: contra el racismo, contra la violencia de género.

La «cultura de la cancelación» está mal porque es consecuencia de un mal mayor y nada bueno surge de la discriminación porque nada bueno surge del mal. Nada bueno surge de la miseria, de la humillación social, cultural o laboral, de las risas, de los látigos, de la burlas, de los golpes, del ninguneo, de la explotación. El éxito de este tipo de sanción social radica en que supone una contra-experiencia: una imagen de la justicia inmediata (no la justicia misma), un simulacro, una aparición, un phantasmata, afín a la nueva velocidad de esta época de ilusiones banas y horizonte terminal.

La «cancelación» (el boicot emocional y colectivo) aparece en tiempos de «síntomas mórbidos» (por decirlo con Gramsci: una época que termina y otra que no acaba de despegar). Emerge y triunfa informal, fugaz o al menos coyunturalmente como micro-experiencia de un simulacro de justicia: rápida, visible y en algún punto que tiene que ver con la desproporción… eficaz. Presenta una dimensión pública pero también, íntima, privada (en su doble acepción como límite y como privación), porque la privación es el ámbito de la vida que el desposeído conoce mejor. Al otro lado del «estrado social», en ese proceso sin garantías, no es descartable que la eliminación de la presunción de inocencia (quizás solo la eliminación de la inocencia –nadie es inocente o nadie es suficientemente inocente) constituya en sí misma el contenido de esta nueva forma de sanción.

El castigo que mejor conocen aquellos que nunca han sido escuchados es privar a alguien de voz.

A puta bandeira o la autodestrucción de un Tribunal

Ana Valero

Hace dos días el Tribunal Constitucional español ha dado a conocer su Sentencia en la que afirma que gritar en una concentración de protesta “hay que quemar la puta bandera” no es un acto de libertad de expresión. No han pasado ni tres años, sin embargo, desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España porque su Tribunal Constitucional había sostenido que quemar una foto del rey en una manifestación pacífica no constituía un ejercicio legítimo de tal derecho. Esta flagrante contradicción solo puede responder a dos hipótesis: la primera sería que el Tribunal Constitucional español no conoce la jurisprudencia del Tribunal Europeo, algo del todo improbable si tenemos en cuenta que cualquier estudiante de primero de Derecho sabe que la jurisprudencia de Estrasburgo es canon interpretativo vinculante para el órgano constitucional; la segunda, más creíble pero grave, que el Tribunal Constitucional la conoce, pero se la trae al pairo.

Pues bien, antes de leer esta sentencia lo primero que una cree es estar ante “otra más” que sumar al cúmulo de sentencias constitucionales -siete desde el año 2000- que han propiciado la condena de España por vulnerar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Sin embargo, la presente Sentencia es mucho más que eso. Nos encontramos, quizás, ante la sentencia que confirma la autodestrucción de un Tribunal que, con buena parte de sus integrantes en situación de prórroga forzosa, viene mostrando desde hace tiempo sus horas más bajas.

Y ello porque en esta Sentencia el Tribunal Constitucional miente, y lo hace con esa técnica tan propia de los tiempos que corren que consiste en hacerlo citando previamente algo que es verdad, con el fin de que el lector piense que la globalidad de lo dicho lo es. Y miente, afirmo, porque creo que no puede ser la ineptitud de la mayoría de sus Magistrados lo que le ha conducido a emitir un Fallo tan radicalmente opuesto a la jurisprudencia de Estrasburgo, sino algo que es todavía más grave en el ámbito jurisdiccional, y que consiste en resolver un asunto en sentido contrario a Derecho, aun conociéndolo y apelando a él, por y desde la propia ideología. Y me explico.

Con esta Sentencia, el Tribunal Constitucional confirma la condena penal por un delito de ultraje a la bandera de España previsto en el artículo 543 del Código Penal, de un dirigente sindicalista gallego que, en el seno de una concentración de protesta pacífica por motivos laborales en las instalaciones militares de Ferrol profirió, a través de un megáfono, la frase “aquí tedes o silencio da puta bandeira” y “hai que prenderlle lume a puta bandeira”. Y ello durante el acto de izado de la bandera nacional con presencia militar.

En el que algún colega ha calificado gloriosamente como “el primer Voto Particular abiertamente punk” de la historia del Tribunal Constitucional, el Magistrado Ollero, redactor del primer borrador de la sentencia y que fue apartado de la ponencia, confiesa sin tapujos que un buen porcentaje del tenor literal de la Sentencia definitiva es de su autoría. Aquella parte de ésta, precisamente, en la que el Tribunal Constitucional recuerda y cita la doctrina del Tribunal de Estrasburgo en materia de libertad de expresión. Y es que el Magistrado Ollero se apoyaba en su borrador inicial en dicha consolidada doctrina para apoyar un fallo contrario al definitivamente emitido, es decir, un fallo que sí otorgaba el amparo al sindicalista gallego y reconocía su derecho a pedir quemar la puta bandera.

Huelga recordar que dicha doctrina sostiene que un acto de protesta que resulte ofensivo o desagradable para terceros es libertad de expresión; y que ese acto puede incluso consistir en la quema de una imagen o una bandera que simbolicen dicha protesta -SSTEDH de 2 de febrero de 2010, asunto partido demócrata cristiano del pueblo contra la República de Moldavia; y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España. Sin embargo, tras el citado repaso jurisprudencial, y antes de llegar a un fallo definitivo que contradice flagrantemente dicha jurisprudencia, el Tribunal Constitucional construye una tesis tan frágil como un castillo de naipes según la cual, ninguna de las sentencias europeas citadas tiene unos hechos similares a los del presente caso, lo que excluye su aplicación. Así, afirma que en el asunto Moldavia, existía una situación de violencia y de hostilidad hacia la bandera que convertía su quema en un acto de libertad de expresión. Algo no aplicable al presente caso donde nos hallamos, sostiene, “ante una concentración pacífica por motivos laborales”.

Ante semejante dislate solo cabe una pregunta, ¿de verdad es posible que la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional español desconozcan el histórico Fallo del Tribunal Supremo norteamericano del año 1989, en el caso Texas c. Johnson, del que bebe toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia? ¿de verdad existe alguna remota posibilidad de que la mayoría de los Magistrados del Tribunal Constitucional español no sepan que es precisamente al carácter pacífico del acto de quema de la bandera lo que lo convierte en deudor sin matices de la protección de la libertad de expresión? ¿Cómo puede, por tanto, la mayoría del Tribunal Constitucional español llegar a afirmar que pedir su quema en un en un acto pacífico de reivindicación laboral es un acto constitutivo de delito?

Y con respecto a la inaplicación en el presente caso de la doctrina Taulats, el Tribunal Constitucional sostiene, en un acto de desfachatez sin precedentes, que mientras la quema de la imagen del rey “es un ejercicio de libertad de expresión por tratarse de una crítica hacia personas que, por su función, están sometidas a un especial escrutinio ciudadano”, las expresiones objetivamente ofensivas dirigidas hacia un símbolo, la enseña nacional, en un marco reivindicativo completamente ajeno a los valores que la bandera representa, no son amparadas por dicho ejercicio. En este sentido, no puede ser más acertada la reflexión de los Magistrados Xiol Ríos y Balaguer Callejón en su Voto Particular conjunto, según la cual los actos, gestos y palabras de ataque a la bandera tienen tanta fuerza simbólica como la bandera misma y, por ello, son manifestación de una posición ideológica, la opuesta a la de quienes la defienden, indiscutiblemente constitutiva del derecho a la libertad de expresión. Recuérdese que la presente Sentencia tiene cuatro Votos Particulares firmados por cinco Magistrados de un total de doce.

En el año 1989 fue un Juez conservador de la Corte Suprema norteamericana, el Juez Kennedy, quien afirmó aquello de que “es irónico y a la vez fundamental que la bandera debe también proteger a aquellos que no la acatan”. En el año 2021, resulta más irónico todavía que vuelva a ser otro Juez “conservador”, el Magistrado Ollero, quien deba recordar a la mayoría de sus compañeros que el Tribunal que ocupan está obligado constitucionalmente a asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, deudora de la afirmación de Kennedy.

La sentencia de la puta bandeira evidencia que nuestro Tribunal Constitucional está más necesitado que nunca de “esos buenos conservadores a quienes siempre lapidan sus correligionarios, y sin los cuales todas las revoluciones pasarían sin dejar rastro”. Lamentablemente ahora lo ocupan mayoritariamente esos “malos conservadores” que creen legítimo retorcer el Derecho hasta desnaturalizarlo en aras a hacer valer su estúpida concepción del patriotismo.

Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

Los riesgos del Covid-19 más allá de la salud

Rosario Serra Cristóbal

Utilizando la expresión de Ulrich Beck, “vivimos en la sociedad del riesgo”, porque son muchos los riesgos a los que se enfrentan nuestras sociedades, riesgos que pueden suponer, todos ellos, una amenaza para la seguridad.

Claro que hablar de riesgo exige matizar, porque a veces se trata de verdaderas amenazas, y en otras ocasiones de desafíos a los que nos enfrentamos. Y cuando referimos a la seguridad que se puede ver damnificada, esta también puede ser de diversa naturaleza. La seguridad no es un concepto unívoco. Así, podemos referirnos a la seguridad nacional, a la seguridad pública, a la seguridad económica, a la seguridad humana, a la seguridad democrática y a un largo etcétera.

Entre los riesgos o desafíos a los que me refiero pueden encontrarse las crisis medioambientales, los conflictos armados, el terrorismo yihadista, las ciberamenazas, las grandes crisis económicas, los grandes flujos migratorios o las epidemias sanitarias, solo por poner algunos ejemplos. Lo que caracteriza a todos ellos es su carácter global, el ser fenómenos cuya afección ha de predicarse más allá de las fronteras de cualquier Estado.

Ahora nos ha tocado vivir una de esas crisis epidemiológicas que los ciudadanos solo hubiésemos imaginado en una de esas obras distópicas que los libros o la pantalla nos han brindado. El Covid-19 ha puesto en jaque a las sociedades y gobiernos de los más variados puntos del planeta, sin distinción entre sociedades más o menos desarrolladas.

Al igual que otras amenazas u otros riesgos, la pandemia incrementa la vulnerabilidad de los Estados y el equilibrio económico de los mismos y sus ciudadanos, además de la afección a la salud y vida de los individuos. Pero, las decisiones que se adoptan para luchar contra tales amenazas pueden poner también en riesgo otros bienes preciados cualquier sistema democrático, empezando por los derechos fundamentales de los ciudadanos y continuando con la propia democracia.

La experiencia nos ha demostrado, y lo hemos podido ver en las medidas que se han tomado frente a amenazas como la del terrorismo yihadista, que las respuestas de los Estados desmesuradas o indebidamente dilatadas en el tiempo generan a su vez una amenaza contra los derechos de la ciudadanía. Las medidas adoptadas contra el fenómeno del terrorismo global constituyen un ejemplo de cómo la sobrevaloración de la seguridad en nuestros días ha derivado en la aceptación social de que nuestras libertades deben ceder en favor de dicha seguridad hasta unos límites preocupantes. Ello ha conducido, en ese caso, a una involución en derechos tan fundamentales en democracia como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, la libertad religiosa, o los derechos de participación asociativa y política.

El covid-19 nos sitúa de nuevo ante ese mismo escenario.

Como decía, más allá del riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos, sin duda el Covid-19 ha puesto de relieve la forma tan rápida en que los derechos de la ciudadanía pueden verse coartados.

No es la primera vez que un Estado reacciona frente a una situación de excepcionalidad decretando un estado de emergencia como el estado de alarma que el Gobierno español acordó el pasado 14 de marzo. Los estados de excepción habilitan a los gobiernos y sus agentes con mayores poderes con el fin de que puedan ofrecer una respuesta más ágil y apropiada a la situación de emergencia sanitaria. Entre otras cosas, ello puede conllevar incómodas consecuencias para el ejercicio de la libertad y demás derechos por parte de los ciudadanos. Pero, no olvidemos que los estados de excepción constituyen un mecanismo de defensa de la propia Constitución, que esos estados de excepción establecen unas cautelas, unos tiempos y la necesaria intervención del parlamento para evitar el abuso de poder.

Con la declaración del estado de alarma nos hemos visto privados de nuestra libertad deambulatoria, confinados en nuestras casas como en una especie de prisión domiciliaria, y no caben los desplazamientos de una residencia a otra, lo cual supone a su vez la limitación del pleno ejercicio del resto de derechos que tenemos como ciudadanos: no es posible ejercer el derecho de reunión o de manifestación, no podemos desarrollar nuestra actividad económica o disfrutar de algo tan ligado a la intimidad familiar como el despedir a nuestros seres queridos, solo por poner algunas muestras.

Pero, además, hemos sido conocedores de la puesta en marcha de programas de geolocalización a través de nuestros móviles para obtener datos de los desplazamientos de los ciudadanos para estudiar cómo se generan sinergias de transmisión del Covid-19. La pregunta que se hace el ciudadano es, ¿de verdad están anonimizados esos datos? ¿Lo estaban haciendo ya antes? ¿Lo van a seguir haciendo cuando esta crisis sanitaria pase al igual que sabemos que nuestros datos podrían estar siendo tratados asiduamente? Al final, todo ello puede producir el denominado chilling effect en la ciudadanía, esto es, el efecto desalentador por el miedo a estar siendo vigilado. Es un efecto inhibidor del comportamiento personal que la sobrevigilancia del Estado produce en el libre ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales. El saber que existe una posibilidad de que nos monitoricen constantemente puede generar un efecto inhibitorio sobre otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho de reunión y de asociación e incluso a la vida familiar o al derecho a la salud.

Sin duda, ahora nos encontramos ante un riesgo serio de salud, que es global, ante el cual hay que responder y han de adoptarse determinadas medidas. Y esas medidas obviamente pueden afectar a nuestros derechos. Para analizar cuándo cabe tal limitación de las libertades con el fin de protegernos de ese presunto peligro podrían ser útiles las reflexiones del filósofo Rawls sobre la llamada “regla del peligro claro y presente”. Su argumentación teórica le lleva a concluir que solo debe limitarse el contenido de un derecho si ello es necesario para evitar una pérdida mayor y más significativa, bien directa o indirecta, de las libertades.. Sin duda, con el Covid-19, los graves riesgos para la salud parecen ser tan obvios, y las consecuencias tan graves, que ello justificaría el mantenimiento actual de esas limitaciones a los derechos de los que he hablado (aunque no tengo claro que todos y cada uno de ellas pasarían ese test de proporcionalidad en la ponderación de intereses de la que hablaba Rawls).

La limitación de derechos, en todo caso, es asumida hoy por la ciudadanía como algo necesario. Es una crisis que muestra que la población, en el mundo entero, tiene una responsabilidad. Y así es. Vaya de paso que esta es una llamada y una actitud que debiéramos rescatar y mantener frente a otros desafíos como, por ejemplo, la crisis climática, entre otros muchos.

Esa limitación de nuestras libertades es aceptada por los individuos hasta extremos impensables cada vez que nos enfrentamos a una situación de amenaza. Porque la amenaza genera miedo y el miedo hace que los ciudadanos renunciemos casi a cualquier cosa con tal de sentirnos seguros. Y, esa capacidad de generar miedo, de transmitir una sensación de peligro, es conocida por cualquiera que ejerza el poder. El recurso a la seguridad es tan efectista, si se me permite la expresión, tan populista, que, es fácil aceptar socialmente ese tipo de limitaciones sin crítica alguna. El mensaje del miedo ha enraizado de tal modo frente a algunos fenómenos, que la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sufrir individualmente un nivel de merma en sus libertades ordinarias como nunca hubiese aceptado en el pasado o, lo que es peor, despojar a otros ciudadanos del igual ejercicio de los derechos.

Sin duda, un instrumento fundamental para manejar la opinión pública y auspiciar cualquier tipo de sentimiento colectivo, sea de miedo o de responsabilidad, son los medios de comunicación y las redes sociales.

Maximizar la circulación de información y de opiniones debiera ser la prioridad en un Estado democrático, porque ello contribuye a que esa opinión pública sea plural, formada y libre.  Lo cierto es que la sociedad de la información en la que vivimos ofrece tantas fuentes de información por vía tradicional o telemática que hace difícil al ciudadano hacerse con la imagen completa de todos los datos como para tener una opinión verdaderamente contrastada y, por lo tanto, fundada. Más bien diríamos que esto es una quimera. Es en este campo de la superinformación donde determinados mensajes pueden acabar calando en la opinión pública frente a otros, cosa que puede suceder de manera fortuita o, en la mayor parte de las ocasiones, de una forma pretendida.

De hecho, se habla del empleo de las emociones en las democracias actuales, de lo que ha venido a denominarse emocracia. Consiste en propiciar la comunicación o trasmisión de emociones que acaban predominando sobre la razón; ello conduce a la formación de una voluntad colectiva, basada en las emociones mayoritariamente aceptadas y exacerbadas por quien tiene la capacidad de hacerlo (los medios, los gobiernos, los movimientos populistas…). Lo cual supone reconocer que la soberanía individual acaba siendo menor de lo que creíamos. A veces la libertad individual de opinar, de criticar, de expresar las propias ideas viene anestesiada por el discurso único que acaba generándose espontáneamente o potenciado desde el gobierno o por grupos de interés.

La cobertura de los medios de comunicación puede ser crucial para estimular el debate informado en situaciones de crisis. Los profesionales de la información también pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra las amenazas y en la conformación de una opinión pública crítica, en particular, informando lo más objetivamente posible (si cabe seguir soñando con ello) sobre cómo responden los Estados miembros y las organizaciones internacionales a la amenaza del Covid-19. Y, en la transmisión de esa información, también es importante el uso que se hace de las palabras. Así, no es lo mismo la recurrente utilización el término guerra, que los propios líderes políticos utilizan, que la de lucha o desafío. Ahora más que nunca hay que apelar a su responsabilidad a este respecto.

Me refería al debate público lo más informado y libre posible (también en tiempos de crisis) porque la eficacia del Estado democrático de derecho está ligada al principio de la rendición de cuentas de las autoridades públicas ante la ciudadanía. Y me estoy refiriendo ahora exclusivamente a la rendición de cuentas de carácter político. Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que ha debilitado una de las maneras más evidentes de controlar al gobierno (o a los gobiernos).

En España, los parlamentos, el estatal y los autonómicos, han quedado relegados en esa función de control tan característica en democracia. Es innegable que algo de ello se ha podido materializar en los momentos de autorización de la prórroga del Estado de alarma, en las preguntas parlamentarias y en alguna comparecencia de miembros del Gobierno ante las Cámaras, pero se ha reducido severamente. Y esa labor de control ha quedado minimizada y es prácticamente inexistente en muchos de los parlamentos regionales. Bien es verdad que el ejercicio de esa función de control, más en los momentos en los que nos encontramos, debiera ser constructiva y no meramente crítica o censora, pues la urgencia de la situación precisa de respuestas rápidas y proactivas, pero no es menos cierto, que también cabe arbitrar mecanismos que superen la necesaria distancia física para asegurar la continuidad de la participación del resto de fuerzas políticas en el debate democrático.

Luego vendrá la rendición de cuentas ante los ciudadanos. En democracia los ciudadanos queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde la defensa de nuestros propios intereses y la adopción de medidas de precaución ante los posibles peligros, ¾que conocemos que existen porque fluye la información¾, hasta el poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones públicas a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Mantener la confianza pública en estos momentos de la crisis sanitaria es crucial, pues la responsabilidad y los esfuerzos que se están exigiendo de los ciudadanos son de un calado como nunca habríamos imaginado. Pero, cuando esta crisis sanitaria pase, esa confianza pública se tornará en una actitud más libre y más crítica sobre el modo en el que los poderes públicos actuaron y gestionaron la crisis generada por el Covid-19. Se corre incluso el riesgo de que la opinión pública pueda llegar a considerar que se controla mejor esa pandemia en regímenes autoritarios como el de China que en un régimen democráticos. Esperemos que esta consideración no consolide, pues, entre otras cosas, sus éxitos, que no serán mejores que los nuestros, se han construido sobre limitaciones de los derechos de la ciudadanía de un calado mucho mayor.

Por último, quería aludir al serio riesgo de que los gobiernos utilicen esta situación de emergencia y las medidas adoptadas para luchar contra ella para ampliar sus poderes de forma permanente. Incluso es probable que los gobiernos de algunos Estados no renuncien en adelante a esos nuevos poderes. Es más, más de uno utilizará esta emergencia para auspiciar el miedo contra otros fenómenos como podrían ser los flujos migratorios y seguirán alentando determinadas políticas de exclusión. Todos tenemos en mente ahora a ciertos líderes políticos que, probablemente, recurrirán al recuerdo de la crisis u otras pseudocrisis para arremeter contra determinados grupos de la sociedad o para reprimir formas legítimas de disenso político.

De todos modos, del mantenimiento de medidas excepcionales en tiempos de normalidad no nos salvamos ningún Estado, pues incluso los considerados más democráticos hemos pecado de ello en el pasado, incluso seguimos haciéndolo en nuestros días. Precisamente, uno de los fenómenos que más reservas suscita en relación con el derecho de excepción es la tendencia a incorporar al ordenamiento, de forma prácticamente permanente, institutos hasta entonces considerados por su carácter específicos de ese derecho de excepción. Prestemos atención al ejemplo que nos ha dado la lucha contra el terrorismo yihadista, donde no pocas medidas que fueron adoptadas para luchar en esos momentos contra el fenómeno, amparadas en la situación de emergencia, acabaron siendo incorporadas a la normativa ordinaria o a la jurisprudencia, convirtiendo en normal lo que hasta entonces solo era comprensible en un estado de excepcionalidad. En definitiva, se ha normalizado en no pocas ocasiones una respuesta que entonces se consideró excepcional. Con ello se olvida que, como decía Cruz Villalón, “el derecho de excepción debe cumplir el objetivo de protegerse frente a sí mismo, es decir, tiene que garantizar no solo la superación de la crisis, sino la vuelta a la Constitución legítima”.

En estos días, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirmaba algo que hacía referencia a la superación de la crisis con vistas a lo que vendrá luego. Decía: “el desafío para los líderes es manejar la crisis (del Covid-19) mientras se construye el futuro”. Esperemos que los líderes estén pensando en construir un futuro que sea más seguro, pero, como mínimo, tan garante en derechos como era el que teníamos.

En definitiva, se trata de evitar las respuestas irreflexivas, desmesuradas o injustificadamente prolongadas en el tiempo y mantener la firmeza de convicciones en los valores propios del Estado democrático de derecho por los que tanto se ha luchado.

Como advertía Innerarity, nuestras principales discusiones futuras van a girar en torno a la cuestión de cómo valoramos los riesgos y qué conductas recomendamos en consecuencia. Y este es un desafío global. No hay duda de que el coronavirus es una emergencia global. Y, ante una amenaza que es global, las respuestas han de ser también globales, lo cual nos conduce a la necesidad de aludir a los espacios supranacionales y, entre ellos, a la Unión Europea.

Como en todas las grandes crisis, Europa se enfrenta a un nuevo desafío, tiene por delante la oportunidad de salir reforzada en lo que representa o de perder su sentido en el curso de la historia. Solo necesita visión política. Porque no hay que olvidar que, junto a los tradicionales riesgos o crisis (grandes movimientos migratorios, crisis de la eurozona, el Brexit…), se abren cada día amenazas que son más nuevas.

La del Covid-19 y la crisis económica que acarreará nos están dando un nuevo aviso, pero existen otras amenazas vinculadas a las nuevas tecnologías, al cambio climático u a otros elementos, que están al acecho. Frente a todas ellas la Unión Europea tendrá que estar a la altura si no quiere correr el riesgo de acabar desapareciendo.

 

¿Que no debata qué?

Fernando Flores

Aquí estoy, escribiendo un artículo para defender la libertad de expresión y de debate en la Universidad. De todas las expresiones. De cualquier debate.

Quizás sepan por qué. Por el caso de unas jornadas sobre prostitución que han acabado suspendiéndose en la Universidade da Coruña, pues el rectorado no podía garantizar la seguridad y la celebración adecuada del encuentro.

No es la primera vez. Independentismo, aborto, vientres de alquiler, transgénero, nacionalismo, religión e igualdad, terrorismo… Son temas que activan el sistema nervioso y la sensibilidad de muchas personas, provocando debates encendidos, a veces ásperos y muy enfrentados.

No me preocupa esa sensibilidad, ni siquiera la acritud. Al contrario, me anima, porque refleja una sociedad viva y plural, que defiende sus opiniones e intereses. En cambio, me asusta que esta misma sociedad, cada vez menos democrática, interiorice que se puede excluir al molesto, al que ofende, al que defiende “sus intereses”, al que no tiene la visión de la sociedad que tengo yo. Esta polarización de amigo – enemigo tiene un final escrito: siempre termina en que solo podrá ofender el más fuerte.

¿Qué temas no deben discutirse en una Universidad? ¿Qué jornadas o conferencias no deben permitirse?

Son algunos los argumentos, no pocas las ocurrencias, y abundante la demagogia con que se justifica la postura limitadora de la libertad de opinión y del debate.

En la Universidad “no caben debates que pongan en duda o vayan en contra de los derechos humanos”, afirma una profesora de la UCM. Quien dice esto habla como si los derechos humanos no fueran controvertidos. Todos lo son. Hasta la posibilidad de practicar torturas lo es.

¿Puedo prohibir un seminario en el que se planteen las razones para defender el derecho a la interrupción del embarazo? ¿Y sobre la eutanasia? Aunque somos muchos los que los consideramos derechos no protegidos, también son numerosas las personas que están convencidas de que ambos son atentados contra el derecho a la dignidad y la vida. ¿No pueden exponerse en la universidad las posturas de unos y otros? ¿De quiénes no?

 “No caben debates que vayan en contra de la legalidad. Y menos los que ‘promuevan’ delitos”. Decir que no me gusta la Constitución o una ley y que quiero cambiarlas no va contra la legalidad. Organizar un seminario que explique por qué prefiero la república inexistente a la monarquía constitucional no va contra la legalidad. Dar una conferencia en la que el ponente exprese que –a pesar de las resoluciones de la ONU– no debe haber referéndum en el Sahara, no va contra la legalidad. Contra la legalidad va impedir que alguien lo diga.

De otro modo habrá que aceptar que, en cuanto la sentencia del Supremo decida lo que se prevé, no puedan celebrarse debates sobre el procés. Ni que los haya sobre la prostitución, aunque esta tenga una regulación parcial en España, sea legal en países como Alemania, Suiza o Grecia, e ilegal en Suecia, Noruega o Francia. ¿De verdad se quiere prohibir que se trate en la Universidad una posición que –por mucho que nos pueda repeler– es legal en otros países de la UE? ¿No se podrá invitar a dar una charla en mi Universidad al abogado de Junqueras sobre el juicio que perdió?

“Las jornadas tienen que ser plurales, deben dar voz a todas las posiciones”. ¿Las prohibimos si no lo hacen? La pluralidad de ponentes es preferible, sin duda, da calidad a un seminario, pero no impide nunca un público exigente y crítico. Si una jornada no es plural se la puede criticar por pobre, parcial y carente de interés, pero no se puede prohibir. A veces se habla como si no existiera el público, como si éste fuera menor de edad, o como si le hubieran prohibido la asistencia al que pide la prohibición del acto.

Por lo demás, la exigencia radical de pluralidad descartaría por definición las conferencias de una sola persona. ¿Debe prohibirse una charla al profesor de Georgetown y congresista republicano que defiende la Patriot Act, la existencia de la cárcel de Guantánamo y la necesidad del waterboarding en los interrogatorios a terroristas? No hay pluralidad y va en contra de los derechos humanos. ¿Debería prohibirse?

No con mis impuestos… No defenderé su derecho a utilizar dinero público (el que supone utilizar las instalaciones de una Universidad) para promover una visión de la sociedad que yo combato”, afirma categórico un periodista en redes. Pero, aunque él no lo defienda, ese derecho existe. Es un valor constitucional y democrático, el pluralismo político, que se refleja en la libertad de pensamiento y de expresión, y que la Universidad debe favorecer. La Universidad –sobre todo la pública– debe acoger todas las visiones que la sociedad expresa, nos gusten o no. Porque esa es su esencia. La Universidad nos da precisamente un espacio sagrado para expresar y combatir las visiones que no comparto, promoviéndolas o criticándolas, ridiculizándolas si pensamos que lo merecen.

¿Pero prohibirlas? ¿A instancia de quién? ¿Con criterios ad hoc, o elaborando al efecto una norma pseudoadministrativa, que determine cómo deben componerse los seminarios para ser plurales, que detalle en qué casos puedo limitar el derecho fundamental a expresar opiniones en sede universitaria? ¿Y quién toma la última decisión al respecto: el decano, el rector, un comité de sabios? No es serio.

Claro que se puede protestar por la celebración de una jornada. En la puerta de la sala en que se celebra si se quiere. Y denunciar que es sesgada y que sus ponentes son lo peor. Y pedir el boicot para los patrocinadores. Y afirmar que el departamento que las auspicia es mediocre. Y que el profesor que las organiza un pésimo académico. Y retirarle la palabra en los pasillos. Y polemizar con dureza (y ojalá con respeto) en redes. Se trata siempre de la libertad de expresión. El único límite a todo esto es que no se convierta en censura. Es decir, la protesta no puede impedir, directa o indirectamente, que un seminario o conferencia se realice. Eso, además de contraproducente, es ilegal, por vulneración de los derechos fundamentales.

Del mismo modo que defiendo que la Universidad debe investigar y tratar aquellos temas que no están de moda en el debate público, o que no interesan a los grupos de poder, no puedo imaginar que las bibliotecas y las aulas queden al margen de lo que está presente en la calle y en los medios de comunicación.

En fin, puedo entender que esa pulsión hacia la censura se deba, en ocasiones, a una indignación razonable contra posiciones que consideramos retrógradas. También al miedo a que las mismas triunfen, o al cansancio de oponernos tantas veces a ellas. Sea como fuere, el instrumento para luchar contra una sociedad que no nos gusta no puede ser silenciar al otro, y menos en la Universidad.

Derecho a la desinformación

Carlos Penedo

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, «se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción»; y «a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica». Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». «El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa», advierte. Y, «Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial».

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar («expresar y difundir libremente») y a ser informado («recibir libremente información»). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, «información veraz», que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La «información veraz» puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que «el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie».

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

 

Restituir la palabra

Gabriel Moreno González

 

En estos tiempos de campaña electoral son frecuentes los ejemplos de mala educación de algunos candidatos y los descalificativos, constantes, en los que incurren. Las quejas contra esas estridencias intentan sin mucho éxito hacerse notar en medio de un ruido incansable de hipérboles, salidas de tono, acusaciones falsas y difamaciones varias que han venido a normalizar, con relativo éxito, un clima de crispación política sin igual en la historia de nuestra reciente y maltrecha democracia. Porque henos aquí con uno de los principales medios de atentar contra ella: el del maltrato permanente, sin rubor, del valor de la palabra.

            Los análisis sesudos sobre la calidad de los sistemas democráticos de “nuestro entorno” y los cientos de índices que a tal efecto se elaboran tienden a centrarse, exclusivamente, en las fallas de la institucionalidad o en el cumplimiento de los principios del Estado de derecho y la separación de poderes. Y no es que estén errados, puesto que países como el nuestro adolecen de múltiples vicios y “déficits” (como se dice ahora) lo suficientemente aparatosos como para que todos, en reflexión colectiva, empecemos a percatarnos ya de la gravedad de los mismos. Los casos recientes que están apareciendo y que se encuentran bajo investigación judicial, en los que se vislumbra un combalache de policías, periodistas y gobernantes con el objetivo de fabricar falsedades contra uno de los principales partidos políticos de España, nos ilustran mejor que cualquier deducción la necesidad de que sigamos cuidando y vigilando a unos poderes salvajes que, desde el interior del Estado, torpedean los principios que en teoría deberían presidirlo. Pero, más allá de la intensidad de estas realidades, sin duda graves por su mera existencia, podemos encontrar otros parámetros para medir la calidad democrática de nuestro país y que suelen quedar fuera de los radares de los índices y los ránkings a los que, con tanta fe mariana, se aferran algunos.

            La proliferación del insulto en las manifestaciones políticas debería centrar también nuestra preocupación por el mantenimiento de un mínimo de democracia que hoy, lamentablemente, se aleja cada vez más de una actualidad asediada por la polarización. Es imposible mantener un sistema democrático que quiera predicarse como tal si los principales actores políticos que lo forjan día a día se decantan por la difamación y por el discurso odioso contra un “enemigo” al que previamente se demoniza. “Okupa” o “traidor” son dos de los calificativos menos hirientes que Pablo Casado dedica al Presidente del Gobierno, al que sintomáticamente nunca denomina así para intentar negar, con ello, el reconocimiento mismo de su legitimidad. Y es que el uso de esos términos refleja no sólo la débil capacidad dialéctica que se le intuye al vociferante, sino la pendiente por la que están comenzando a bajar, sin freno, sus concepciones de lo democrático.

            Al margen de ideologías, de ideas políticas, de simpatías personales o de adherencias partidistas, todo demócrata (es más, ¡todo liberal!) ha de compartir la necesidad de que, para adjetivarse como tal, se respete al contrario y se le reconozca su existencia política. Un respeto que no es únicamente un ejercicio de mera tolerancia, sino un elemento insustituible de la isegoría de la que nos hablaban los griegos, de la igualdad entre ciudadanos en el ejercicio de sus derechos que es, en el fondo, el uso mismo de la palabra. La comunidad política democrática es la que permite y alienta un ágora, un espacio permanentemente abierto de confrontación retórica, para que las distintas ideas puedan defenderse y enfrentarse (ágora viene de agón, conflicto) desde el reconocimiento activo hacia el otro, hacia el que no piensa como nosotros. Los intentos de neutralizar esa capacidad de confrontación mediante el uso del insulto y la difamación, que no son más que la negación del “otro” en su propia alteridad, constituyen pretensiones a su vez de negar el valor mismo de la democracia, es decir, el cuidado de la palabra en común dicha en el ágora de lo político. Porque la política democrática es eso, es palabra que se confronta, es palabra que se pronuncia y que, con su uso, tiene por objetivo su materialización misma en actos, en acciones y en decisiones.

            Las elecciones son el momento decisivo de esa democracia retórica, ya que es en ellas cuando el valor de la palabra tiene la posibilidad máxima de materializarse en uno u otro gobierno. Sin embargo, el espectáculo lamentable al que estamos asistiendo las priva hoy de dicha potencialidad. De ahí la preocupación extrema que tenemos que mostrar por nuestra democracia, por un sistema que ya tiene por sí suficientes defectos y fallas en su institucionalidad como para que ahora añadamos el peor de todos los vicios, que es el de la negación de la igualdad respetuosa del adversario. Si Casado se considera liberal, que parece que sí (no sabemos muy bien por qué), debería aprender que los grandes liberales, como Benjamin Constant, Madame de Staël o Stuart Mill cultivaron antes que nada el amor por la palabra y por el respeto, y que fueron muy conscientes de que sus respectivos menoscabos nos acercaban cada vez más a las puertas de la barbarie y de la negación de un ágora, de un espacio de lo político, que siempre pretendieron cuidar. Algunos de aquellos viejos liberales fueron excesivamente vehementes en la defensa de sus ideales, pero hasta Jefferson terminó carteándose con su gran adversario, Adams, en una correspondencia única rebosante de respeto mutuo y admiración por el otro.

Simone Weil nos alertaba de la fragilidad de lo mejor que pueden dar los patriotismos, que es el apego por lo común y por el interés colectivo; una fragilidad que puede romperse, no obstante, por la acción interesada de otros falsos patriotismos como el de nuestro irrespetuoso vocinglero. En éstos no se busca ese apego ciudadano, sino su destrucción en los altares del desprecio hacia el valor de la palabra que debería regir el edificio de nuestra copertenencia. El número de insultos no aparece en los índices, pero nos muestra con más fuerza que otros parámetros la debilidad de una comunidad política que quiere ser, y algún día puede que lo consiga, un verdadero Estado social y democrático de Derecho. Recuperemos la serenidad y hagámoslo entre todos, apartando el ruido de nuestros espacios comunes y dándole a la palabra democrática la posición que le corresponde.

Ciencia contra la desinformación

Carlos Penedo

La desinformación (fake news, noticias falsas) está demostrando una capacidad muy destacada para aparecer como síntoma de enfermedades diversas, de manera similar a cómo alérgicos y acatarrados comparten mismas reacciones por causas diferentes.

El picor de ojos y estornudo desinformante, con efectos letales sobre el enfermo y su círculo, puede tener detrás el virus de la guerra, de la geopolítica, de la protección de datos, de la competencia por la publicidad en la web, de la falta de credibilidad del periodismo o la pretensión de rematarlo, de la búsqueda de un nuevo modelo de negocio de los medios de comunicación tradicionales, de la promoción de tráfico digital e ingresos, de la transparencia de las campañas de publicidad en canales digitales o del propio virus que lleva a las plataformas tecnológicas a pagar pocos o muy pocos impuestos y entonces la desinformación es un buen motivo para perseguirlas.

Como con cualquier enfermedad, tras la alarma inicial -¡epidemia, genocidio!-, comienzan a aparecer investigaciones científicas, manejando otro tipo de plazos más pausados, que tratan de analizar el fenómeno de la desinformación, lo que permite teorizar y extraer conclusiones a partir de datos, novedad en un panorama en el que abundan reclamos alarmistas y acusaciones no fundadas.

La prestigiosa revista Science ha publicado este mes de enero un artículo sobre la proliferación de noticias falsas durante las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. Analizando cuentas de votantes en Twitter sus autores tratan de determinar quién estuvo expuesto a las noticias falsas, quién las difundió y cómo la desinformación interactuó con noticias reales.

Las principales conclusiones de la investigación revelan que las noticias falsas afectaron únicamente al 6% de todos los usuarios que compartieron contenidos políticos y estuvieron además muy concentradas: únicamente el 1% de los usuarios consumió el 80% de las noticias falsas; y un reducido 0,1% de los usuarios fue el responsable de compartir el 80% de la desinformación.

Los contenidos falseados también se encuentran muy concentrados, un 5% de las fuentes de este tipo de noticias falsas registraron más del 50% del tráfico.

El estudio está firmado por cinco investigadores de las universidades de Boston, Harvard y Buffalo, quienes analizaron 16.422 cuentas de Twitter -representativas del votante medio norteamericano- y los tuits que enviaron durante algo más de cuatro meses (entre agosto y comienzos de diciembre de 2016, alrededor de las elecciones celebradas el 8 de noviembre).

El informe revela también que los usuarios que más consumen y difunden noticias falsas son extremadamente más activos que la media y cabe pensar por el elevado número de retuits de contenido político de muchos de ellos sean cuentas automatizadas total o parcialmente.

La afinidad política supone asimismo un factor relevante en la difusión de desinformación política en Twitter durante las elecciones norteamericanas, según este estudio, que señala que menos del 5% de la gente de izquierdas difundió contenidos manipulados frente al 11% de los situados en la derecha y el 21% de la extrema derecha.

En contra de otros estudios publicados, en este caso se afirma que la desinformación no es más viral que las noticias reales, los contenidos que más circulan proceden de medios tradicionales.

Del estudio no se puede deducir la influencia real de la desinformación sobre la intención de cada votante, el comportamiento humano y político consecuencia de la exposición a ciertos contenidos, siempre una incógnita, pero sí es un acercamiento muy revelador a la difusión de esta mercancía. Los propios autores del artículo señalan que ha sido más analizada la participación de cuentas automatizadas (bots) en la difusión de noticias falsas que la experiencia personal de ciudadanos corrientes, como en este caso.

Otros estudios citados en la investigación publicada en Science coinciden en la tendencia clara de ciudadanos de ideología conservadora a consumir (y difundir) más noticias falsas que el resto, en concreto el 10% de los norteamericanos más conservadores se encuentran detrás del 60% de las visitas a fuentes de contenidos manipulados.

El análisis científico del fenómeno solo puede arrojar luz y alumbrar espacios que se irán ampliando con nuevas investigaciones que se vayan sumando, en cualquier sentido.

Del mismo modo cabe pensar que la tecnología que ha permitido la difusión inmediata, casi a coste cero y masiva de contenidos averiados cuenta con exactamente la misma capacidad para canalizar y difundir contenidos rigurosos, y para detectar la manipulación, por ejemplo para impedir la actividad disparada de cuentas muy concretas y reducidas en número responsables de multiplicar la difusión de contenidos procedentes de fuentes comprobadas como poco fiables.

En este sentido la Policía española ha comenzado a utilizar de forma experimental ciertos algoritmos que permiten detectar con un alto grado de acierto denuncias falsas, un apoyo que siempre necesita el criterio y la decisión final humana.

Una curiosidad relacionada con las incipientes iniciativas que comienzan a aplicar inteligencia artificial para detectar bulos o desinformación es que no se centran tanto en el contenido de los textos (la censura siempre rondará este tipo de actuaciones) como en patrones de difusión, el comportamiento de los usuarios, y la catalogación de cuentas o webs por sus contenidos averiados, los emisores suelen ser muy insistentes. Las iniciativas que trata de impulsar la Unión Europea en este ámbito se dirigen también más a limitar el tráfico que a poner límites a la resbaladiza libertad de expresión (aquí algunas pistas).

La ciencia y la tecnología detrás de nuestros males muy probablemente las encontraremos también detrás de su remedio, y en el camino, entre el ruido y la niebla, nos permitirán además ir distinguiendo cómo, quién y cuánto se difunde la desinformación, y los intereses diversos que la impulsan.