Derecho a la desinformación

Carlos Penedo

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, advierte. Y, “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar (“expresar y difundir libremente”) y a ser informado (“recibir libremente información”). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, “información veraz”, que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La “información veraz” puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que “el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie”.

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

 

¡Qué tiempos nos toca vivir!

José Manuel López Blay

Señalar a las maestras y maestros, hacerlos responsables del envenenamiento de las almas de la infancia y la juventud, es un hecho, por desgracia, conocido en nuestra historia más reciente. Josefina Aldecoa, en su inolvidable Historia de una maestra apuntaba cómo fue frecuente, tras la revolución de 1934, leer en proclamas y editoriales de la prensa más cainita, alegatos denunciando la siembra en las aulas del germen de la rebeldía. Fue la macabra antesala del desproporcionado, arbitrario y devastador proceso de purga y depuración al que fue sometido el Magisterio en los primeros años del franquismo.

Mayo de 2018. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de presentar la campaña “No más adoctrinamiento en las aulas”, en la que se invita, a través de una plataforma alojada en su página web, a denunciar cualquier acto de adoctrinamiento sufrido en las aulas de las escuelas e institutos valencianos, garantizando el anonimato para evitar posibles represalias. Sigue leyendo

Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

Es libertad de expresión, estúpidos

Ana Valero Heredia

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona acaba de abrir diligencias contra la revista satírica El Jueves, por un presunto delito de injurias ante el escrito presentado ante la Fiscalía General del Estado por los principales cinco sindicatos de policía en el que se denuncia el artículo publicado el pasado 5 de octubre bajo el título: “La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña”.

Con el tono propiamente satírico de la revista, el artículo señala que los cárteles colombianos han advertido que son “incapaces de abastecer tanta demanda” tras la actuación policial contra la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña. Tras abrir diligencias, la juez ha citado como investigado al director de la revista.

Asimismo, ha quedado visto para sentencia el juicio celebrado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra doce raperos que integran el grupo llamado La insurgencia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. La Fiscalía solicita dos años y un día de prisión para cada uno de los integrantes del grupo musical por estimar que las letras de sus canciones hacen apología de la violencia y ensalzan a la organización terrorista GRAPO.

Como es sabido, estos dos nuevos casos no son los primeros ni los últimos pues se suman a los del rapero Valtonyc, César Strawberry, Pablo Hásel, el del concejal Zapata, Cassandra, los titiriteros, Rita Maestre, Abel Azcona, Javier Krahe, Leo Bassi, los manifestantes que quemaron la foto del rey, el autobús de Hazte Oír y tantos otros. Algunos de ellos han sido condenados penalmente, otros han sido absueltos. A algunos se les imputan delitos como el escarnio religioso, las injurias, el enaltecimiento del terrorismo, o, el discurso del odio, pero en todos ellos subyace, la limitación de un derecho fundamental: la libertad de expresión.

Ante esta realidad, una empieza a preguntarse con preocupación a qué responde este evidente retroceso en la protección de tal derecho en nuestro país, pues es evidente que la Fiscalía y determinados órganos jurisdiccionales, incluido el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 31 de julio de 2015 relativa a la quema de fotos del rey, parecen haberse empeñado en contradecir uno de los principios definitorios del sistema constitucional español, el de que España no es una “democracia militante”, lo que significa, a diferencia de otros modelos de nuestro entorno cercano, que aquí cabe la defensa de cualesquiera ideas y opiniones, incluso, aquéllas que contradigan el propio modelo constitucional democrático, siempre que se haga respetando los procedimientos previstos para ello y sin emplear la violencia.

En este sentido, parece que procede reiterar, una vez más y hasta la extenuación si es necesario, que el ámbito de protección del derecho a la libertad de expresión de nada nos sirve respecto de ideas u opiniones generalmente aceptadas por la sociedad, o consideradas inofensivas por ésta. La verdadera utilidad y eficacia de este derecho radica, precisamente, en relación con el tratamiento que reciba la manifestación de aquellas expresiones más radicales o extremas respecto del propio sistema democrático.

Centrándome ahora en el artículo de la revista El Jueves, es importante recordar que el artículo por el que se ha citado a su director por incurrir en un presunto delito de injurias, se sitúa bajo el paraguas del ejercicio de la sátira y la caricatura como manifestación de la libertad de expresión.

A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que

“la sátira es una forma de expresión artística y comentario social que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar. Por lo que, es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista -o de cualquier otra persona- a expresarse por este medio”.

Ello significa que, al ya carácter preferente que de por sí goza la libertad de expresión en todo sistema democrático, cuando además la misma se ejerce en el marco del humor, los límites que le son aplicables son todavía más restringibles.

Sin embargo, es evidente que nuestros tribunales no parecen tener muy en cuenta esta jurisprudencia. Baste recordar la reciente condena penal de un año de cárcel a César Strawberry por parte del Tribunal Supremo por sus tuits relativos a víctimas de ETA o de los GRAPO, sin tener en cuenta su perfil artístico ni su actitud no violenta. Y no hay que olvidar, tampoco, que en el año 2007 los dibujantes de la revista El Jueves, Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, ya fueron condenados por un delito de injurias a la Corona por la portada de los entonces príncipes de Asturias en actitud sexual.

El caso de los raperos del grupo La Insurgencia es todavía más grave, pues el delito que se les imputa es el de “enaltecimiento del terrorismo”, que lleva aparejada pena de privación de libertad. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 578 del Código Penal, a través de dos conductas diferenciadas. Por un lado, el elogio hacia los actos terroristas o sus autores; y, por otro, el desprecio, humillación u ofensa a sus víctimas, siempre que dichas conductas sean realizadas a través de cualquier medio de expresión o difusión pública.

Como señalé en posts anteriores, si se observa la interpretación que los tribunales han hecho del artículo 578 del Código Penal al aplicarlo, se llega a la conclusión de que éste establece un verdadero delito de opinión pues, para poder ser aplicado no es necesario que el discurso o las expresiones emitidas inciten directa o indirectamente a la comisión de un delito o a la incitación al uso de la violencia.

Pues bien, letras como

“Leyendo a presos de los Grapo entendí muchas cosas, como que la lucha de clases no se gana con rosas”, o

“Yo no lleno salas, diciendo que el Rey tiene una bala con el nombre de Lasa y Zabala, terrorismo institucional”, o

“Estoy de lado, estoy con los parias, quiero ver a Rajoy atado a una vida precaria, con rabia me revelo, con la misma que se hizo volar a Carrero, vuelos altos bajo esta dictadura. Franco murió pero Juan Carlos siguió con la tortura”,

han llevado a la Fiscalía a afirmar, en su escrito de conclusiones, que estas composiciones “propagan un método violento para combatir un sistema que (los acusados) consideran injusto”, y que “enaltecen al grupo terrorista PCE(r)-Grapo y a miembros del mismo que llevaron a cabo múltiples secuestros, atracos y asesinatos”. Así, continua que “los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos”.

Este escrito de la Fiscalía, así como las sentencias condenatorias o de imputación relativos a otros casos anteriormente citados, se empeñan en desconocer la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia del discurso del odio, según la cual, lo será el desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. Algo a tener en cuenta ya que en el cálculo del cumplimiento de estándares en materia de Derechos Humanos parece que nos encontramos enfrascados.

Ilustraciones: 1. Eneko. 2. Hermano Lobo. 3. Rac.

 

Honduras: capitalismo vigente, derechos olvidados

Fernando Flores

Berta Cáceres, la líder indígena lenca, feminista y ambientalista, fue asesinada hace poco más de siete meses. Hace unos días, su sucesor en la COPINH (Consejo Popular e Indígena de Honduras), salió ileso del segundo atentado con arma de fuego en lo que va de año. A mediados de 2013, Tomás García, dirigente local de la misma organización, había sido abatido a tiros por el ejército durante una manifestación. Estos y otros terribles sucesos, así como su escasa repercusión entre el gran público, se explican por un contexto de especulación y control económico capitalista a gran escala, que entiende el respeto a los derechos humanos como una molestia fácilmente superable.

En junio de 2009 un golpe de Estado desbancó del gobierno constitucional de Honduras al presidente Zelaya. Los motivos de su caída fueron revelados llanamente por su sucesor: “Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó” (Micheletti en el diario Clarín, 30 de setiembre de 2009). Sigue leyendo

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”. Sigue leyendo

Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

1- eneko

La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados. Sigue leyendo

Titiriteros y títeres

Fernando Flores

Se toman los hechos y se les hace pedazos. Los pedazos se separan para que no se mezclen. Se condimentan con especias para potenciar su sabor o anular su presencia, según conviene al paladar al que se dirigen. Hiérvase rápido, sin muchas contemplaciones. Cocinado el plato, no dejarlo reposar, servirlo muy caliente como realidad informativa en bandeja antiterrorista, crujiente y a punto de opinión. La receta, propia de fogones informativos de larga tradición, sin duda será del gusto de muchos, nula en matices pero sustanciosa y picante.

La lección negativa de periodismo que muchos de los medios que el sábado cocinaron, sirvieron o copiaron la noticia sobre el caso de los titiriteros, aparte de provocar vergüenza ajena, representa el estado de debilidad que sufre el derecho a la información en España. Si a ella sumamos las reacciones de la mayoría de los dirigentes políticos, temerosos en sus respuestas de que se les pueda atribuir simpatía o falta de firmeza frente a grupos terroristas como Al Qaeda o ETA, la desolación es el único estado de ánimo que cabe albergar sobre el futuro de nuestros derechos y libertades. Sigue leyendo

Blasfemar en el siglo XXI: un pecado constitucionalmente inadmisible

Ana Valero

Hace unas semanas se produjo la imputación de varios representantes de CGT Andalucía por llevar en procesión el llamado “coño insumiso”, como consecuencia de la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. La misma asociación que ha interpuesto otra querella contra el artista Abel Azcona por su exposición titulada Desenterrados, en la que se exhiben 242 hostias consagradas para formar la palabra pederastia. La Delegación de Gobierno de Navarra, ha trasladado al Ministerio Fiscal un informe para que estudie si la obra incurre en el delito previsto en el artículo 525 del Código Penal, el mismo en el que se fundamentaron las causas emprendidas en su día contra el cantante Javier Krahe y el cómico Leo Bassi, y que tipifica el escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa para ofender los sentimientos de sus miembros. Sigue leyendo