Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

La doble vida de la Ley de Amnistía

Pepe Reig Cruañes

¿Quién le iba a decir a la famosa Ley de Amnistía que viviría, 40 años después, un renacimiento de su fama como el que ahora contemplamos? Lo que entonces nos parecía la fuerza imparable de la razón, se nos muestra ahora como el truco final e inapelable de la fuerza. La puerta cerrada a cal y canto. Misterios de las cosas hechas a medias, o sea, de casi todo lo que hacemos por aquí, al parecer.

Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley para derogar la Ley de Amnistía, una norma que su partido matriz, el PCE, impulsó en su día más que nadie. El propósito explícito es superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada”. En esto de la derogación IU ha cambiado de postura, porque en 2010 lo que pedía era una reforma de la Ley, para recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben e impedir su utilización como “ley de punto final”.

Esa iniciativa conecta bien con la nueva sensibilidad pública hacia los derechos de las víctimas del franquismo, que desde mediados de los noventa no ha hecho más que extenderse, y también con la desafección creciente hacia el “régimen” de la transición, visto ahora como culpable de todas las disfunciones que la crisis puso dramáticamente de relieve. El ataque a aquella Ley se justifica por el uso y abuso que de ella vienen haciendo quienes se oponen al esclarecimiento de los crímenes del franquismo, al levantamiento de las fosas y al relato de la naturaleza criminal de aquel régimen. A la cabeza de todos ellos el juez ultraconservador Adolfo Prego, ponente que fue de la causa contra Baltasar Garzón, a quien acusó de ignorar la Ley de Amnistía cuando pretendió investigar la desaparición forzada de más de cien mil personas. Sigue leyendo

Sin Justicia no hay transición: el caso jesuitas de El Salvador

Almudena Bernabeu

Desde que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008 por el asesinato de dos mujeres, Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas en El Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, algunas voces, todas ellas circunscritas a El Salvador, se han pronunciado en contra de este proceso.

Indirecta e irónicamente, con sus alegatos de estupor y crítica dotan a esta causa abierta en Madrid de un poder obstaculizador y sustancial para lo que ellos llaman la estabilidad nacional y la democracia de El Salvador. De pronto, un proceso penal al amparo de nuestra moribunda Ley de Justicia Universal se convierte en el único y a todas luces más poderoso obstáculo de futuro para el país; no así el poder enquistado en los mismos de siempre, o la falta de legitimidad de sus líderes políticos, su sumisión económica o la violencia endémica, todos ellos problemas graves y estructurales de El Salvador. Al parecer, de todo ello, el peligro más grande y más grave es sin duda investigar y perseguir penalmente a los asesinos de mujeres indefensas y sacerdotes. Sigue leyendo

Secretos y mentiras. El caso Víctor Jara

Almudena Bernabeu

Los regímenes dictatoriales no se establecen con vocación de agotarse. Esencial a esa irregular concentración de poder es la arrogancia para mantenerlo y una interesante capacidad de denegar que habrá un futuro, un después de tanto poder.

Como consecuencia de ello, es pertinente observar cómo los diferentes actores sociales propios de este tipo de regímenes (fuerzas armadas, servicios de inteligencia, iglesias, empresarios, medios de comunicación), ponen en marcha, tras el agotamiento real o aparente de esa dictadura, lo que a efectos de hacerme entender en este artículo llamaré (coloquialmente hablando, claro) secretos y mentiras. Nunca pensaron que tendrían que ocultarlo. A la brutal y soez aplicación de sus políticas de Estado (miedo, represión, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones), y con el ánimo –presumo– de perpetuarlas (ya no abiertamente, pues su poder se ha debilitado) se une la persistencia en negar lo que ocurrió, y ocultar las circunstancias de lo ocurrido. Es decir, como nunca pensaron que hubiera que ocultarlo o maquillarlo, hoy simplemente lo niegan. Pasados tantos años mienten o se niegan a hablar, boicoteando a diario la sociedad en que viven. A la deshumanización de la violencia que infligieron se une ahora la que acarrea la negación de lo hecho. Y me pregunto: ¿Dónde están los límites de la deshumanización? ¿No fue suficiente el dolor causado? ¿Hay que negarlo, sin ningún matiz? ¿A qué le tienen miedo? Sigue leyendo

La memoria también es un derecho. Las invisibles constituyentes y el derecho a recordar

Pepe Reig Cruañes

“Yo no podía ser testigo de la historia, sino protagonista de ella”

Asunción Cruañes

 

La maduración de las sociedades democráticas sólo puede darse a través de un permanente proceso de ampliación de derechos. Se sabe, ahora quizá más que nunca, que es un camino lleno de altibajos y reveses. Y se sabe también que en ese proceso la iniciativa corresponde a unas sociedades civiles vivas y organizadas que desarrollan una cultura cívica cada vez más exigente en cuanto al ámbito de aplicación de esos derechos. La salud, la educación, la privacidad, la seguridad jurídica, no fueron siempre derechos universales ni siquiera sobre el papel.  Ciudadanos y ciudadanas en acción los acuñaron y luego los extendieron a capas cada vez más amplias de la población. Y aún procuran que no se les escamoteen en cada crisis.

Lo mismo ocurre con una clase de “nuevos derechos” como la identidad sexual, la calidad ambiental o la memoria histórica. Derechos que han pasado de reivindicación más o menos aislada a convencimiento cada vez más general. En el año 2008, a pocos meses de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el CIS preguntó a los españoles si les parecía bien esa Ley y si era una medida necesaria y suficiente. La respuesta puede sorprender cuando llevamos tanto tiempo oyendo a la derecha argüir que esa no es una demanda social:  conocida por un 62%, más de la mitad tenían una buena o muy buena opinión de ella, frente a un 15% que la veía mal o muy mal. La cosa pintaba distinto cuando se preguntaba si debían investigarse las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil (si: 38,9%, no: 44,8%) y durante el franquismo (No: 42,2%; sí: 40,8%).

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El franquismo ocultó sus crímenes y la democracia no ha hecho mucho por desvelarlos, desatendiendo así a las víctimas. Aunque el derecho de éstas a saber encaja como un guante en el que la sociedad tiene a la memoria, aún pesa el velo de silencio. La resistencia del sistema judicial y del político tiene su correlato en ese 42% de españoles que no quería investigar las violaciones de derechos durante el franquismo. Aunque ese porcentaje puede haber mejorado desde entonces, parece que esta sección de la memoria que podríamos llamar del “reproche”, no tiene aún suficientes partidarios.

Si se entiende bien la dificultad intrínseca de reconstruir ésta, no se entiende tanto que el velo también envuelva la “otra” memoria, la que no contiene reproches sino actos meritorios. La memoria de la transición sigue aún aquejada de varios sesgos omnipresentes: por un lado el relato “consensual” que los medios –no los historiadores- han canonizado tiende a borrar el rastro de lo conflictual. Así, se han difuminado las tensiones, atentados, abusos represivos, ruidos de sables y presiones ilícitas que rodearon todo el proceso. Por otro lado, la hegemonía de aquel proceso transitorio, que nunca perdieron las clases dominantes del franquismo, ha determinado también la difuminación deliberada de todo protagonismo social: ni el movimiento obrero que levantó huelgas generales cuando estaban prohibidas; ni los movimientos vecinales que deslegitimaron el urbanismo salvaje del franquismo y se unieron a la marcha democrática; ni la agitación universitaria que desde el 56 cambió la mentalidad de las clases medias; ni las protestas “profesionales” de abogados, artistas, economistas o funcionarios. Tampoco los partidos comprometidos en la lucha democrática, los de izquierda y especialmente los comunistas, salen en la foto. El mérito se ha reservado exclusivamente a las elites y los personajes que convienen al relato oficial: Suárez, el rey, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

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Pero, si bien se mira, ese oscurecimiento de una parte de la realidad palidece ante otro de dimensiones numéricas aún mayores: la invisibilización sistemática de la mitad femenina de todos aquellos protagonismos ocultos en la marcha hacia la democracia. Para ellas la invisibilidad era doble. La aportación de las mujeres en los movimientos democráticos y en el feminismo no sólo no se ha contado, es que tampoco se ha colado en el “recuerdo” de la transición. Las mujeres y sus organizaciones llegaron a estar en el núcleo mismo de la tan glorificada transición, pero cuando el CIS pregunta por el recuerdo de los protagonistas, no aparecen junto a Suárez , el Rey, la prensa o los partidos democráticos. Y sin embargo, allí estaban.

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Esa es la doble injusticia que ha querido reparar Oliva Acosta al acercarnos el rostro y la palabra de estas mujeres que nadie recuerda aunque fueron “madres de la Constitución”. La película LAS CONSTITUYENTES se inspiró en un libro-homenaje a las primeras diputadas y senadoras de nuestra democracia que encargó la vicepresidenta Fernández de la Vega a la Red de Mujeres Constitucionalistas y dirigió la profesora Julia Sevilla. Producida por Olivavá Producciones y Canal Sur Televisión, se estrenó en 2012 y acaba de salir en DVD. La película documental de Oliva Acosta lleva la investigación sobre aquellas notables mujeres hasta un plano de proximidad y reivindicación que vuelve el relato emocionante.

Las 27 mujeres (6 senadoras y 21 diputadas) que integraron las Cortes Constituyentes de 1977. Dolores Ibarruri, Carlota Bustelo, Asunción Cruañes, Dolors Calvet, Ana María Ruiz Tagle, Soledad Becerril, Belén Landáburu, María Izquierdo y tantas más. Alternando encuentros particulares con cada una de ellas (las que aún vivían durante el rodaje) con una conversación colectiva en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso que reúne a varias de ellas con las actuales representantes de la soberanía popular. Setenta minutos intensos de visibilidad –palabra talismán para el feminismo- que revelan la magnitud de lo que se nos había ocultado. Un documento imprescindible para quien quiera reconstruir la imagen completa de aquella gesta colectiva de la transición que no es un cuento de príncipes que liberan princesas, como se nos hizo ver, sino una obra compleja e incompleta de ciudadanas y ciudadanos en busca de sus derechos.

Más allá de la precisa textualidad de las leyes, hay derechos que no están aún escritos ni reconocidos en la Declaración de la ONU, pero se han ido abriendo paso como derechos morales por la persistencia de unos pocos y por la fuerza de sus razones. El derecho a la memoria de lo que se ha sufrido y de lo que se ha luchado. El derecho a la visibilidad de lo que cada uno y cada una aporta en el espacio público. Porque es requisito para el aprendizaje de la ciudadanía, es decir, de esa condición que habilita para ser “no testigo, sino protagonista de la historia” y porque “sin ellas, sin las mujeres, no es democracia”.

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Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

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La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

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Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

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Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

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Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Los derechos en España también son derechos humanos

Patricia Goicoechea y Lydia Vicente

La situación de los derechos humanos en España en 2013 ha llamado la atención de varias organizaciones internacionales de las que nuestro país es miembro. El Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia visitó España en enero. En junio fue el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y, unos días después, llegaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que aprovechó la celebración en Madrid del Congreso Mundial contra la pena de muerte para informarse de primera mano de la situación en España. A finales de septiembre, vinieron en misión oficial el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y una delegación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

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El objetivo de estas visitas era comprobar el grado de protección de los derechos humanos en España y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Es necesario recordar que nuestro país forma parte de la Comunidad Internacional, es miembro de la ONU, Estado parte del Consejo de Europa y uno de los fundadores de la OSCE, lo cual implica el deber de cumplir con las obligaciones y compromisos que le corresponden. Es cierto que España ha ratificado la mayor parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Pero este es sólo el primer paso y, quizás, el más fácil de asumir. Ser miembro del sistema internacional de protección de los derechos humanos implica, sobre todo, adecuar las normas y prácticas internas a esos convenios o tratados internacionales para garantizar que las personas puedan beneficiarse de los derechos reconocidos. También significa informar de forma honesta y veraz a los órganos constituidos por comités de expertos, encargados de supervisar la aplicación del tratado en cuestión, sobre los progresos y dificultades a la hora de aplicarlos. Tales comités, así como otros procedimientos especiales del sistema –como Relatores y Grupos de Trabajo– emiten recomendaciones para ayudar y guiar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó Madrid y Sevilla a fin de evaluar el impacto que la crisis y las medidas de austeridad están teniendo sobre los derechos de los ciudadanos. En su Informe, publicado el día 9 de octubre, se incluyen varias conclusiones y recomendaciones a las autoridades. Merece destacarse que en este informe se reitera una protección insuficiente de los derechos humanos en nuestro país, en particular respecto del derecho a la libertad de reunión y de la impunidad de los funcionarios de policía que cometen malos tratos o torturas. A este respecto, señala el Comisario que

“los malos tratos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España”.

Subraya el informe que

“en una serie de casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la tortura de Naciones Unidas se ha concluido que España ha incumplido las normas de derechos humanos que prohíben la tortura”.

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Precisamente, en mayo de este mismo año, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo públicos dos informes sobre visitas realizadas a España en 2011 y 2012. El Comité ponía de relieve las mismas trabas encontradas en años anteriores para acceder a algunos centros y, en particular, expresaba preocupación por lo poco o nada que se había hechoen relación con ciertas recomendaciones clave hechas en informes previos”.

Ante la preocupación sobre la posible existencia de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE solicitó permiso a las autoridades españolas para enviar una misión de observadores internacionales, con ocasión de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 28 de septiembre. Estas misiones de observación tienen por finalidad comprobar cómo se protege el derecho a la libertad de reunión en los países miembros de la OSCE, identificar posibles restricciones al ejercicio de este derecho y, en su caso, emitir recomendaciones a los estados. Cuando los seis miembros de la delegación se encontraban ya en Madrid, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara la manifestación y tras haber obtenido previamente permiso de las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunicó que el Gobierno había cambiado de opinión y ya no deseaba que realizasen sus labores de observación. El Director de ODIHR emitió un contundente comunicado expresando su decepción y sorpresa por esta decisión de último minuto. En efecto, es decepcionante y muy preocupante. El compromiso estatal con la defensa de los derechos humanos supone proteger el ejercicio de los mismos, pero también aceptar que las organizaciones a las que el estado pertenece puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, informar sobre ello y, en su caso, realizar las observaciones que consideren apropiadas.

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Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha examinado las principales iniciativas y políticas respecto de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y, en concreto, las cuestiones relativas a la justicia, verdad y reparación. Tras su visita, el Grupo puso de relieve que si bien ha habido avances, éstos han sido gracias principalmente a iniciativas de familiares de las víctimas o de la sociedad civil, y que el “Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”. El Grupo ha resaltado que “es lamentable la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada” por lo que también instó a “priva[r] de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.” Igual de contundente ha sido el Comité contra la Desaparición Forzada tras examinar en noviembre el informe de España, al

“exhorta[r] a[l Estado español a] que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.

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Inquietantes son también las conclusiones a las que ha llegado el Relator de Naciones Unidas sobre Racismo tras su visita a España. Tras poner de manifiesto que la crisis económica ha causado el retroceso de los avances en relación con los derechos humanos de los migrantes, señala que “la legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad lamentable”. Es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la que supone, para el Relator, el mayor reto en materia de derechos humanos, dada la ausencia de criterios objetivos respecto de las condiciones de quienes están allí internados, de asistencia sanitaria o de la asistencia letrada. Asimismo, por lo que respecta a las denuncias por malos tratos sufridos por internos, el Relator recomienda que se instaure un sistema de acceso periódico a estos centros por parte de actores independientes, como las ONG de derechos humanos.

La responsabilidad fundamental en la protección de los derechos humanos la tienen las instituciones y poderes del Estado, pues los tratados internacionales contienen obligaciones que son jurídicamente vinculantes para ellos. Este es el punto de partida y el de llegada. Los estados son los que pueden y deben crear los mecanismos y llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con dichas obligaciones. Y, en el cumplimiento de este objetivo, es de gran importancia la asistencia de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales. En el recordatorio al gobierno sobre la indisponibilidad de los derechos fundamentales tiene un papel importantísimo no sólo tales recomendaciones sino las aportaciones de la sociedad civil. Así nos lo dijo la Alta Comisionada de la ONU este verano, quien aseguró priorizar el trabajo con las ONG para que éstas recuperen los espacios que les han sido recortados en la esfera política.

Naciones Unidas y las desapariciones forzadas en España

Javier Chinchón Álvarez

Con motivo del día internacional de las víctimas de desapariciones forzada, el pasado 30 de agosto nuestro Gobierno declaraba solemnemente que “[e]l compromiso de España en esta materia se manifiesta de manera aún más patente este año 2013, ya que en el mes de septiembre España recibirá la visita del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Naciones Unidas (…) [y] asimismo, en el mes de noviembre el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas examinará el primer informe que España ha presentado sobre su grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

A fines del mes de septiembre, al hacerse públicas las primeras conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo tras finalizar su visita, escuché como un ex-alto dirigente del Partido que hoy nos gobierna sentenciaba sobre ellas, en tertulia al uso, que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La razón fundamental que ofrecía como sustento de tal valoración podría resumirse en que frente a lo que el Grupo de Trabajo había constatado y señalado respecto a la situación de las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo, la realidad no era otra que los españoles ya habíamos decidido dejar atrás todo aquello hace muchos años; de tal suerte que ponerse ahora a hablar de esto era algo absurdo, sin sentido, impertinente.

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Unas semanas después, en la fase final del examen del Informe presentado por España al Comité contra la Desaparición Forzada, la representante española sostuvo que la Convención era un instrumento de futuro, cuyo sentido y razón de ser (básicos por no decir únicos) no estaban referidos a los actos cometidos en el pasado. Estas palabras condensaban una posición de orden técnico que nuestro país sostuvo con denuedo ante el Comité, jurídicamente legítima aunque desde luego más que discutible; sobre la que de cualquier modo no quiero incidir en este momento, ni es necesario volver a rebatir. No obstante, aunque a una distancia dialéctica ciertamente sideral, esta última consideración y lo que reprodujimos antes parecieran presentar cierta coincidencia de fondo; esto es, una suerte de convicción de que sea como fuere, lo relativo a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo es algo que sólo pertenece a un pasado más o menos remoto, pero sin duda superado.

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