Tibet: los derechos de los otros y nuestros intereses

Javier de Lucas

Esta semana hemos conocido una decisión que es un importante avance en la lucha por los derechos humanos. La Audiencia Nacional española ha cursado las órdenes internacionales correspondientes para poder llevar ante los tribunales a altos dirigentes del Partido Comunista chino y de su Gobierno, presuntamente implicados y aun responsables del genocidio tibetano en las décadas de los 80 y 90. Entre ellos,  el expresidente Jiang Zemin y su sucesor, Hu Jintao.

Esta causa judicial, en manos del magistrado Ismael Moreno, se inició en 2006, tras una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), y se basa en el trabajo jurídico del abogado e investigador del Institut de Drets Humans Universitat de València, José Elías Esteve, que realizó su tesis doctoral sobre el Tibet, publicada poco después como libro que conviene consultar: Tibet. La frustración de un Estado. El genocidio de un pueblo. Precisamente el Instituto ha organizado un Congreso internacional sobre el problema que tendrá lugar los días 28 y 29 en la misma Universitat (aquí su programa).

JIang Zeming y Hu Jintao

Pues bien, aunque, a mi juicio, resulta evidente que se trata de un paso decisivo en el proyecto de hacer realidad el principio de jurisdicción universal –desde luego, simbólicamente, pues se plantea por primera vez a los dirigentes de una gran potencia-, parece que no son pocos los que pretenden ignorar esta evidencia, o incluso negarla.

Así, por ejemplo, los hay que tratan de ridiculizar la decisión, con el peregrino argumento de que se trata de un gesto superfluo, megalómano y, en todo caso, inútil. Les parece que supone sacar los pies del tiesto: “¿La Audiencia Nacional ocupándose de China? ¿Es que no hay suficiente trabajo aquí? ¿Quién les va a hacer caso?”. Son los mismos que, en la mejor de las hipótesis, despachan el asunto con la referencia a la ingenuidad o el utopismo propias de académicos o doctrinarios que ignoran la realidad, si es que no se trata –en la hipótesis menos generosa- de quienes practican una política de gestos que salen baratos a quien los propone, aunque nos puedan resultar muy caros a los demás: los consabidos intereses.

mapa tibet

Precisamente hay quienes subrayan lo dañino e irresponsable de tales decisiones, que ponen en peligro nuestra relación con una superpotencia con la que más vale llevarnos bien, pues la necesitamos: hay muchos intereses en juego, que se verían afectados muy negativamente si insistimos en esta vía. Desde la balanza comercial, las exportaciones españolas a China, el incremento del turismo chino en España, o las ganancias reales y futuras de cientos de emprendedores españoles, muchos de ellos ya presentes en ese país. Por no hablar de efecto estimulante que pueden tener las relaciones con China sobre una España  sumida en la crisis y con tanto paro.

Nada nuevo, por otra parte. El “realismo” frente al “idealismo” (algunos dirían ‘fundamentalismo’). La ética de principios frente a la ética de la responsabilidad. Bla, bla, bla… Por mi parte, creo que es hora de dejarse de tópicos. Y de dejar claro si tomamos o no en serio los derechos humanos. Porque la lógica de la soberanía estatal (los “asuntos internos” o “propios”) es incompatible con la lógica universalista de los derechos humanos. Antes o después, como han advertido por ejemplo Carrillo Salcedo o Ferrajoli, entran en colisión. Y hay que decidir. Si hacemos excepciones por razones de Estado (para llevarnos bien, para ser realistas), los derechos humanos son papel mojado, como “en realidad, sabe todo el mundo”:  quod erat demonstrandum.

Por esa razón hay que decir que no. Que no es aceptable el mantra del “realismo”. Y decirlo precisamente cuando se está ante la prueba del nueve: no para mandar cañoneras a unos desharrapados de un islote, sino para exigir su cumplimiento, aunque suponga imputar a las más altas autoridades de un Estado; más aún, si es una gran potencia la que ha violado y gravemente esos derechos humanos.

tibet-free

Mis cuatro verdades sobre la doctrina Parot

José Miguel Sánchez

21 de octubre de 2013. Dean Spielmann, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lee el fallo de una Sentencia de la Gran Sala. Se resuelve la solicitud de remisión realizada por el Gobierno español respecto de la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de julio de 2012, recaída en el asunto del Río Prada c. España. La STEDH de 10 de julio de 2012 condenó a España por unanimidad de los siete Magistrados que entonces componían la Sección Tercera por vulneración de los derechos a la libertad (art. 5.1 CEDH) y al principio de legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) al aplicarse a la demandante la denominada doctrina Parot. La STEDH de 21 de octubre de 2013 confirma esa condena a España. La violación del derecho a la libertad (art. 5.1 CEDH) es apreciada por la unanimidad de los diecisiete Magistrados que conforma la Gran Sala. La violación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) es apreciada por una mayoría de quince Magistrados contra dos.

TEDH

España se divide en dos. Los que no son capaces de atender a ningún tipo de argumento jurídico y los que no son capaces de entenderlos. Los primeros sólo ven la consecuencia del pronunciamiento. La puesta en libertad de la demandante y la caída en desgracia internacional de la doctrina Parot. Unos ansían que se aceleren las excarcelaciones. Da igual el porqué. Una nueva batalla ganada en Estrasburgo. Parece que desde un poco más lejos las cosas se ven y se ponderan de una manera diferente. Para otros, la sola idea de que la demandante saliera en libertad les resulta insoportable. Peor aún. Se temen la extensión de la doctrina de la Gran Sala y su aplicación sucesiva a todos aquellos que están en prisión por la doctrina Parot. Se cumplen sus peores augurios solo un día después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 22 de octubre de 2013, acuerda la puesta en libertad con el apoyo del Ministerio Fiscal. Inés del Rio tiene un amplio historial criminal vinculado a su pertenencia a una banda terrorista. Fue condenada, entre otros muchos delitos, por diversos asesinatos. Entró en la cárcel el 6 de junio de 1987, con 29 años. Da igual que hubieran transcurrido más de 26 años y tenga ya 55 años de edad. Más repercusiones. Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2013. Excarcelación con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013. Nueva libertad. Ninguna de las personas de esta España estará interesada en este post. Espero que haya una segunda España. Una dispuesta a intentar entender que es todo este lío de la doctrina Parot. No estoy seguro de que exista. Me gustaría que existiera. No las tengo todas conmigo. A ella dirijo estas cuatro verdades sobre la doctrina Parot. No les engaño. No son las Verdades sobre esta doctrina. Son mis verdades.

Sigue leyendo

Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

rubalcaba chacón zapatero 1

La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

manos

Comisión de la Verdad. El derecho a saber.

Por Pepe Reig

En los casos de violación de derechos humanos, la búsqueda de verdad es un derecho individual de la víctima, que necesita saber lo que ocurrió, pero también es un derecho colectivo, porque la sociedad debe evitar a toda costa la repetición de la barbarie.

La transición política, cuyo resultado en forma de monarquía constitucional aparece cada día más cuestionado, mantuvo algunas zonas en sombra que no han dejado de pesar en la calidad de nuestra democracia: el prudente silencio sobre los crímenes del franquismo y el velo que cayó sobre el enorme esfuerzo del antifranquismo militante, de la izquierda y los movimientos sociales por conquistar las libertades. Puede que esas sombras fueran inevitables en el tipo de transición pactada que los españoles nos pudimos dar, pero su prolongación en el tiempo ha acabado impidiendo la maduración de eso que en las democracias avanzadas se ha llamado la cultura cívica. Esta variante avanzada de la cultura política no es otra cosa que una suerte de religión civil, que asegura la reproducción de los consensos básicos que requieren los sistemas democráticos.

Fueran o no inevitables en su momento, las zonas de sombra regresan una y otra vez, provocando tensiones que evidencian la debilidad de los fundamentos de nuestra democracia: ni la izquierda ha sabido reivindicar el antecedente legítimo de la república y el referente moral del antifranquismo como pilares de nuestra democracia, ni consecuentemente, se ha podido obligar a la derecha a desprenderse definitivamente del lastre autoritario y franquista, como se evidencia en sus dificultades para condenar el franquismo.

MEMORIA HISTORICA

En medio del huracán desatado contra el Estado del bienestar, puede haber pasado desapercibida la minuciosa deconstrucción que el gobierno conservador viene perpetrando del único e insuficiente intento de reparar aquella carencia,  la Ley de Memoria Histórica: supresión de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Supresión de las ayudas previstas en la Ley para la “indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente”. Supresión del Portal digital del Ministerio de Cultura sobre las víctimas, creado por la Ley de Memoria y que había recibido más de 700.000 visitas en busca de datos sobre familiares represaliados. Menos mal que en apenas dos días se dirigieron, 1125 firmas al Defensor del Pueblo Europeo en Estrasburgo y el ministerio hubo de reponer la página web.

La intención apenas disimulada es aplazar de nuevo, si no cancelar del todo, la memoria, pero los procesos políticos son a menudo impulsados por movimientos sociales, aunque éstos tarden en surtir efecto. Memorialistas y familiares de víctimas de la represión franquista, impulsores en su día del debate que obligó a legislar sobre la memoria, no parece que vayan a resignarse a este estado de cosas. Ni a las lagunas e inconsistencias de la Ley de Memoria, ni a la obstrucción sistemática del actual gobierno, empeñado de nuevo en el reino de la sombra, ni al desamparo en que les dejó la sentencia del Supremo que apartó a Garzón del caso.

El pasado 29 de septiembre, en un acto en la Puerta del Sol de Madrid, apoyado por las asociaciones de la memoria y familiares de víctimas, junto a intelectuales y artistas de todo el Estado, los dos grandes sindicatos y dirigentes de partidos de izquierda, se lanzó la iniciativa de constituir una “Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo”. El manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad está siendo el vehículo para concentrar el apoyo de la sociedad civil y llevar la propuesta a la agenda pública, al Parlamento y las instituciones.

plataforma04

Una vía ensayada con éxito en muchas países castigados por dictaduras feroces, como Sudáfrica, Argentina, Guatemala o tantos otros y recomendada expresamente Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El principio que le da fundamento deriva del “derecho imprescriptible” de las víctimas a “conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos conculcados”.

La misma sentencia del Supremo que rechazó la competencia de Garzón en estos casos, proporciona una legitimación indirecta al señalar que el derecho a la verdad es una “pretensión tan legítima como necesaria”, aunque luego añada de forma incomprensible que “no corresponde al juez de instrucción”, cuya función requiere “un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo”. Como si no fuera preciso investigar primero los hechos, para saber si viven los culpables.

La recomendación de la ONU sobre justicia transicional implica la obligación del Estado de contribuir al esclarecimiento, es decir, derogación de las leyes que se puedan interpretar como “ley de punto final”, creación de una fiscalía especializada, investigación de las desapariciones, exhumación, mapa de fosas y lugares de memoria, acceso a archivos, reparación a las víctimas, anulación de juicios y sentencias, etc. etc.

Por difícil que parezca hoy su aceptación, es una exigencia de la democracia. La Comisión de la Verdad tendría un papel positivo no sólo por su valor probatorio en procesos judiciales, sino principalmente, por sus efectos sobre la cultura política: el acceso a la verdad es la vacuna contra los revisionismos, “el derecho a saber” puede convertirse hoy en la pedagogía que no supo hacer nuestra transición, pedagogía sobre el significado de la represión y sobre la dignidad de la lucha por las libertades.

Amnistia_de_genoves_2

Para saber más

Manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad: http://www.comisionverdad.fibgar.org

Recomendaciones de la ONU: http://www.todoslosnombres.org/php/generica.php?enlace=muestranoticia&idnoticia=4629

Víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo. Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=presentacion

Memoria histórica. Página oficial del Gobierno: http://www.memoriahistorica.gob.es/index.htm

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: http://www.memoriahistorica.org.es/joomla/

Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE): http://amesde.org