Cadena perpetua: estudios e ideología importan

Juan Carlos Pérez Cortés

Se ha publicado recientemente una encuesta de opinión sobre la cadena perpetua en España en la que las posiciones a favor y en contra se hallan segmentadas en función de las variables “sexo”, “edad”, “estudios” y “orientación política” (partido votado en las últimas elecciones generales).

Una manera útil e intuitiva de interpretar los datos que se presentan así es la de considerar esas variables como “predictores univariantes”. En este caso, una variable constituirá un mejor predictor cuando nos permita estimar de manera más fiable un resultado conociendo únicamente esa variable. Por ejemplo, la variable “fuma” (frente a “no fuma”) es el mejor predictor para estimar la probabilidad de que alguien padezca cáncer de pulmón. Otras variables por sí mismas no nos aportarían tanta capacidad predictiva.

En la encuesta sobre la cadena perpetua los dos mejores predictores son la educación recibida y la orientación política. Conociendo si una persona ha completado estudios de educación universitaria podemos estimar que tiene casi el doble de probabilidad de estar en contra de esta pena. Conociendo si ha votado al Partido Popular o a Ciudadanos sabemos que la probabilidad de estar contra la cadena perpetua es 4 veces inferior a si votó al PSOE o a Unidos Podemos.

Pero, a mi juicio, lo más tristemente relevante de ese estudio tiene que ver con la variable “edad”. Resulta que este eje no es un predictor fiable de la posición de una persona en relación a la cadena perpetua. Esto significa que no hay avance social inter-generacional. Estamos perpetuando en las personas jóvenes valores invariables heredados del enfoque todavía predominante en la población. Un planteamiento inherentemente agresivo y vengativo a la hora de resolver conflictos de derechos que son difíciles de gestionar emocionalmente. Un paradigma en el que se trasladan, en un salto profundamente desatinado, comprensibles e inevitables sentimientos individuales de rabia e ira a una dimensión colectiva y social en la que pierden todo su sentido, justificación y legitimidad, siendo además contraproducentes frente al problema que se pretende resolver.

En EE.UU., por ejemplo, las últimas encuestas respecto a la pena de muerte dan lugar a una situación similar, excepto que hay una pequeña mejora en el segmento más joven de la población. Por otro lado, la desigualdad y probablemente la percepción sobre la neutralidad de la justicia en la sociedad estadounidense provoca que el principal predictor sea en ese caso ser “blanco no hispano”. Concretamente, si una persona es blanca de ascendencia europea la probabilidad de que se oponga a la pena de muerte es casi la mitad de la esperable si tiene otro origen. Los siguientes predictores en importancia son los mismos que en España.

Con un apoyo global de casi la mitad de la población a este castigo inhumano, en los Estados Unidos de América todavía se manifiestan de forma más evidente esos planteamientos primarios basados en el escarmiento y la represalia. Y al mismo tiempo también es mucho mayor el grado de violencia criminal. Curiosamente, si consideramos el nivel de apoyo a la pena capital o a la cadena perpetua como variables, resultan buenos predictores de la criminalidad y la violencia social de un país o territorio. Y lo mismo ocurre con la dureza de las penas. La vigencia de penas más altas predice valores más altos de delitos violentos. Claramente, la “amenaza” de penas extraordinarias no cambia la actitud de las personas que han desarrollado tendencias violentas y no reduce el número de crímenes.

Y, en coherencia con lo anterior, tanto en EE.UU. como en España no se aprecia, ni probablemente quepa esperar, una mejora sustancial en las cifras de este tipo de delincuencia más grave. Si seguimos evidenciando que, en general, como sociedad, consideramos que la revancha y el ajuste de cuentas es el camino, las actitudes profundas frente a la violencia de las personas jóvenes seguirán igual o empeorarán. El miedo a la pena es un factor racional real que no se debe subestimar, pero los factores emocionales se enraízan en aspectos de índole más subconsciente y menos reflexiva. No son aprendidos como una consigna moral o como un dato a tener en cuenta (la dureza del castigo), sino inducidos de un modo subliminal o intuitivo a partir de las actitudes que observamos en las personas de nuestro entorno, sobre todo en las primeras etapas de la vida.

Si no cambia nada en los próximos años, por este camino, en lugar de avanzar en la resolución de los problemas mediante una evolución social que forme personas alejadas de sentimientos y disposiciones violentas, seguiremos instalados en una visión atávica de los conflictos que perpetuará o empeorará la calidad de vida de nuestras sociedades.

Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

La Iglesia despide profesoras de religión porque puede

Fernando Flores

La Iglesia acaba de retirar la idoneidad como docente de religión en un colegio público a una profesora, por estar separada, por tener hijos con su nueva pareja y por recurrir a la fecundación “in vitro”. La Iglesia ha perdido su confianza en ella, pues no se comporta según sus reglas y su conducta no es testimonio de vida cristiana, y ella, en consecuencia, ha perdido la missio canonica.

No es la primera vez que sucede algo así. Todavía colea desde 2001 el caso de Resurrección Galera, profesora de religión en Almería, despedida por contraer matrimonio civil con un divorciado. El Tribunal Supremo dio la razón a la profesora, pero ni aún así la han readmitido y, si se me permite el espoiler, no la van a volver a contratar. Sigue leyendo

Hazte Oír, a vueltas con el odio, esta vez en las escuelas

Ana Valero

Casi todos los medios de comunicación así como las redes sociales se hacen eco de la campaña publicitaria iniciada por la asociación ultracatólica Hazte Oír consistente en hacer circular por las calles de Madrid un autobús con los siguiente mensajes pintados en su exterior: “Que no te engañen: Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” y “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”.

Esta misma organización ya había enviado previamente a colegios de distintas Comunidades Autónomas un libro titulado ¿Sabes qué quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexualcon el fin de combatir legislaciones en defensa del colectivo LGTBI.

Este hecho plantea dos problemas de importante relevancia con respecto a los cuales parece no existir un claro consenso entre la comunidad política, jurídica y social: uno tiene que ver con lo que desde hace algún tiempo viene siendo una rápida, socorrida y fácil apelación a la vía penal para tratar de combatir todo aquello que resulta denigrante, ofensivo u odioso; y, el segundo atañe a si realmente los padres tienen derecho a que sus hijos puedan quedar excluidos de la formación en determinadas materias o valores que, a sus ojos o, de acuerdo con sus convicciones, puedan resultar adoctrinadoras. Sigue leyendo

Caso Rita Maestre: ¿la fiscal también puede ofender?

Fernando Flores

Si a la fiscal Morando se le aplicase la Ley con el rigor subjetivo con que defiende la condena penal a la concejal Rita Maestre, podemos estar seguros de que en breve ella misma sería objeto de sanción por una “falta grave de desconsideración a los ciudadanos” (art.63.3 EOMF). La causa: el contenido del Escrito con el que impugna la apelación contra la sentencia que condenó a Maestre por los sucesos de la capilla de la complutense.

La fiscal es severa en su apreciación con lo que ocurrió aquel día. A su modo de ver, la protesta no puede de ninguna manera defenderse como pacífica, porque los manifestantes “irrumpieron” en el templo católico y “empujaron” al capellán que estaba en la puerta. Y hubo delito de profanación (art.524 CP) porque no hubo respeto, sino, a través de un acto de cierta entidad y magnitud, “ánimo de ofender, molestar y ridiculizar” a los católicos allí presentes, elemento subjetivo necesario para aplicar el tipo.

En su argumentación, discutible (véase el post de Ana Valero) pero bien razonada, la fiscal opta por una severidad que no se aplica a sí misma, lo que no parece lógico ni justo. Amparándose en una pretendida “literalidad” de lo que las manifestantes llevaban pintadas en sus cuerpos (“putas, libres, lesbianas, bolleras”), Morando afirma que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres o bolleras o lo que quieran ser”, descontextualizando irónicamente (¿o deberíamos pensar que con ánimo de ofender?) un mensaje que en la manifestación tiene un sentido muy diferente al que se refleja en el Escrito.

Más aún, la fiscal considera que es necesario incorporar al texto de su impugnación consideraciones subjetivas sobre el comportamiento de las manifestantes:

“Es un ejercicio lamentable que grupos universitarios pretendidamente liberales y progresistas quieran imponer sus ideas y sus pretensiones por la fuerza. Y es un ejercicio de cinismo pretender amparar esa conducta en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y sobre los argumentos del abogado:

“Resultan infantiles y lamentables las observaciones que realiza el recurrente al respecto de si no se actúa con contundencia ante delitos de odio. La fiscalía actúa siempre en defensa de la legalidad cuando le llega la ‘noticia críminis’ y es bochornoso que haya que recordárselo al recurrente”.

En mi opinión, tanto aquella mención (llamar a las manifestantes “señoritas” que alardean de ser putas) como este rapapolvo paternalista están fuera de lugar, pues no añaden nada a una posición –discutible pero absolutamente legítima– que podía argumentarse sin ellas. Son, claramente (si aceptamos el rigor que gusta a la fiscal), una desconsideración grave con las ciudadanas que se manifestaron, con la concejal Maestre y con el abogado.

No se trata de un tema menor. El Escrito de Morando también tiene “cierta entidad o magnitud” (elemento a tener en cuenta a la hora de valorar su contenido), pues el de Maestre es un caso público muy notorio. Por ello, y siguiendo el mismo argumento que la fiscal aplica a la concejal, no se puede decir que ella (la fiscal) no sepa cuál es la repercusión que dicho Escrito va a tener (como al parecer Maestre no podía desconocer las repercusiones de lo que hacía en la capilla). No en vano también Morando “es persona física, universitaria y por tanto con cultura suficiente” para entender lo que ha escrito, su intención y lo que el EOMF prevé cuando existe una falta de consideración con el ciudadano. Como es su caso.

En fin, como dice Jesús Maraña, nos ahorraríamos todas estas disquisiciones si dejase de prevalecer un concepto parcial de libertad de expresión que nos hace cada vez más pequeños como Estado Democrático de Derecho.

Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight ca. 1665

Ilustración: Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight, 1665.

Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

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La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados. Sigue leyendo

Titiriteros y títeres

Fernando Flores

Se toman los hechos y se les hace pedazos. Los pedazos se separan para que no se mezclen. Se condimentan con especias para potenciar su sabor o anular su presencia, según conviene al paladar al que se dirigen. Hiérvase rápido, sin muchas contemplaciones. Cocinado el plato, no dejarlo reposar, servirlo muy caliente como realidad informativa en bandeja antiterrorista, crujiente y a punto de opinión. La receta, propia de fogones informativos de larga tradición, sin duda será del gusto de muchos, nula en matices pero sustanciosa y picante.

La lección negativa de periodismo que muchos de los medios que el sábado cocinaron, sirvieron o copiaron la noticia sobre el caso de los titiriteros, aparte de provocar vergüenza ajena, representa el estado de debilidad que sufre el derecho a la información en España. Si a ella sumamos las reacciones de la mayoría de los dirigentes políticos, temerosos en sus respuestas de que se les pueda atribuir simpatía o falta de firmeza frente a grupos terroristas como Al Qaeda o ETA, la desolación es el único estado de ánimo que cabe albergar sobre el futuro de nuestros derechos y libertades. Sigue leyendo

La crisis de la igualdad

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Paco Solans

Perdidos en debates a veces estériles o irresolubles si no es desde una honestidad en el propio desarrollo del discurso que evite todo intento de manipulación –algo que se echa de menos de forma clamorosa– nos enfrentamos a falsas dicotomías. La que hoy está más en boga es la que enfrenta libertad y seguridad. En otro tiempo no muy lejano la “moda” era enfrentar libertad e igualdad. Ni que decir tiene que tanto los que presentaban la desigualdad como precio de la libertad como los contrarios, que argumentaban la necesidad de pagar con libertad un caro precio por la igualdad, mentían descaradamente. Ocurre que esas dialécticas se articulan en base a conceptos cuyo contenido no parece estar muy claro para nadie, como suele pasar con todos los símbolos y banderas, que es en lo que se convierte a estos conceptos. Y eso que como bandera, la libertad ha funcionado como ninguna otra en estos dos siglos y pico que, tras la Ilustración, han definido eso tan pomposo que los historiadores llaman la modernidad. Sigue leyendo

Blasfemar en el siglo XXI: un pecado constitucionalmente inadmisible

Ana Valero

Hace unas semanas se produjo la imputación de varios representantes de CGT Andalucía por llevar en procesión el llamado “coño insumiso”, como consecuencia de la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. La misma asociación que ha interpuesto otra querella contra el artista Abel Azcona por su exposición titulada Desenterrados, en la que se exhiben 242 hostias consagradas para formar la palabra pederastia. La Delegación de Gobierno de Navarra, ha trasladado al Ministerio Fiscal un informe para que estudie si la obra incurre en el delito previsto en el artículo 525 del Código Penal, el mismo en el que se fundamentaron las causas emprendidas en su día contra el cantante Javier Krahe y el cómico Leo Bassi, y que tipifica el escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa para ofender los sentimientos de sus miembros. Sigue leyendo