¡Qué tiempos nos toca vivir!

José Manuel López Blay

Señalar a las maestras y maestros, hacerlos responsables del envenenamiento de las almas de la infancia y la juventud, es un hecho, por desgracia, conocido en nuestra historia más reciente. Josefina Aldecoa, en su inolvidable Historia de una maestra apuntaba cómo fue frecuente, tras la revolución de 1934, leer en proclamas y editoriales de la prensa más cainita, alegatos denunciando la siembra en las aulas del germen de la rebeldía. Fue la macabra antesala del desproporcionado, arbitrario y devastador proceso de purga y depuración al que fue sometido el Magisterio en los primeros años del franquismo.

Mayo de 2018. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana acaba de presentar la campaña “No más adoctrinamiento en las aulas”, en la que se invita, a través de una plataforma alojada en su página web, a denunciar cualquier acto de adoctrinamiento sufrido en las aulas de las escuelas e institutos valencianos, garantizando el anonimato para evitar posibles represalias. Sigue leyendo

Becas y tasas. Las clases a clase

 Pepe Reig

El inmoderado ministro Wert celebra que las movilizaciones cívicas y estudiantiles contra su ofensiva privatizadora no tengan la contundencia que se acostumbra en otras latitudes. El estilo bronco del ministro de educación sólo puede considerarse inadecuado, si se busca un Pacto Educativo; pero no lo es en absoluto si se pretende arrasar un modelo defectuoso, pero solidario, solidario para implantar uno clasista. Y parece que ese es el plan.

La propuesta de apadrinamiento de estudiantes que defendió Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ante la brutal subida de tasas, representa el grado cero de la idea de un derecho universal a la educación. La indignación con que fue acogida por sindicatos y partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes y por algunos rectores, da cuenta del deterioro de los consensos educativos básicos en el país. Pero los argumentos contra esta alternativa bienintencionada, aunque absolutamente dentro de la lógica neoliberal del gobierno y tan en línea con la conversión de la Universidad en un territorio de negocio, no han tenido la profundidad suficiente para afectar a su línea de flotación. Así que no descarto que nos encontremos de pronto ante el mecenazgo dieciochesco de talentos, a manos de nobles empresarios o sponsors de hoy en día.

El debate en España está siendo alicorto y conformista, porque se niega a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de universidad que se pretende para una sociedad democrática europea del siglo XXI.

El efecto combinado de los recortes y reformas de Wert, junto a la subida de las tasas y el endurecimiento del acceso a las becas es la inversión de una tendencia que compartíamos hasta hace poco con la mayor parte del mundo. La tendencia a la democratización del acceso a los estudios superiores que se había ido registrando sin interrupción desde mediados de los noventa.

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En efecto, entre 1995 y 2009  se produjo, al decir de los expertos, una apertura generalizada del acceso a los estudios superiores de 22 puntos porcentuales de media en los países de la OCDE. Esto significa que “casi el 60% de las cohortes de edad relevantes acceden a la universidad” (Jorge Calero). Esto no ocurre solo, ni siquiera principalmente, porque se mejoren los indicadores de equidad en nuestras sociedades –todo indica que ha ocurrido justo lo contrario desde que el neoliberalismo es la religión oficial-, sino porque lo requiere el sistema productivo. La universidad como espacio de elite y privilegio había ido quedando atrás por razones de justicia y eficacia social. España había llegado a estar levemente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, pero los expertos creen que se acaba de invertir la tendencia.

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A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución

Por Ana Valero

El viernes pasado, el Gobierno del PP aprobaba el Proyecto de Ley de lo que será la séptima reforma educativa de nuestra democracia con toda la comunidad educativa y el resto de los partidos políticos de la Cámara en contra. Entre otras novedades, el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales, en Primaria y Valores Éticos, en Secundaria- serán evaluables y su nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”.

profesor religión

El documento “Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe”, hecho público ayer por la Conferencia Episcopal Española contiene la siguiente frase

“Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”.

Y hace un mes la misma Conferencia Episcopal presentaba bajo el título “Una asignatura apasionante” el vídeo promocional de la asignatura de Religión en la escuela. En el citado vídeo aparece un profesor que le dice a los estudiantes que con la asignatura de religión van a aprender y a comprender las obras de autores como Leonardo da Vinci  o Newton, o que la misma “les puede dar las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo”.

¿Está la Iglesia Católica Española intentando obtener carta de naturaleza científica para la religión como trataran de hacerlo las doctrinas del “Creacionismo” y del “Diseño Inteligente” en Estados Unidos?

Mientras los herederos del “Creacionismo” han articulado toda una doctrina considerada pseudociencia por la comunidad científica para tratar de sortear los límites constitucionales que exigen una absoluta separación entre Iglesia y Estado en USA, y así colarse en el currículo educativo de algunos Estados, en España la estrategia parece la inversa: primero obtener la carta de naturaleza académica, para después justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de la materia de pretendidos tintes científicos.

En Estados Unidos la polémica se remonta a los años sesenta, cuando su Corte Suprema tuvo que pronunciarse por primera vez sobre una ley que promovía la enseñanza del “Creacionismo” en las escuelas como una teoría que debía ser incluida en el currículo educativo con el mismo estatus que el “Darwinismo” o Teoría de la Evolución de las Especies. Como es sabido, la primera defiende una explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por un dios personal, por lo que fue considerada por la Corte Suprema como un intento de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por el principio de separación Iglesia-Estado previsto por la Constitución Americana.

Los defensores del origen creacionista del Universo han perfeccionado con el tiempo su teoría, derivando en lo que hoy se conoce con el nombre de “Diseño Inteligente”, teoría según la cual el origen o evolución del Universo, la vida y el hombre, es el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes.

Sus partidarios defienden que se trata de una propuesta científica legítima y capaz de sustentar un programa de investigación metodológicamente riguroso. Sin embargo, esto no es aceptado por la comunidad científica y su inclusión en el currículo educativo de la escuela pública ha sido declarada inconstitucional por un Tribunal federal en el año 2004 por vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, sosteniendo que enseñar el Diseño Inteligente es enseñar religión y no ciencia.

Volviendo de nuevo a España, y a la nueva reforma educativa, cabe señalar que con la obtención de un carácter evaluable y computable de la asignatura de religión y su alternativa, el Gobierno claudica a una de las históricas pretensiones de la Iglesia Católica española. Esta previsión tendrá como consecuencia lógica, o así lo pretende esta última, paliar el descalabro de cifras de matriculación de alumnos en la asignatura producido en los últimos años en España, pues, según cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Educación, en los últimos diez años se han reducido diez puntos.

Los defensores de la enseñanza de la religión en la escuela pública tradicionalmente han sostenido que garantizar por parte de los poderes públicos la libertad de optar por dicha materia significa dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual,

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Algo que es completamente incorrecto, pero veámoslo con detenimiento.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones es un derecho de “libertad” frente al Estado y nunca de “prestación”. Esto supone que la escuela pública nunca podrá impartir en su sede contenidos curriculares de carácter adoctrinador que contradigan las creencias o ideas paternas, pero esto no significa, en ningún caso, que esté obligada a satisfacer dichas convicciones mediante la inclusión en el currículo educativo de materias dogmáticas que den prolongación en el ámbito escolar a las creencias transmitidas en el ámbito familiar. Es más, este argumento llevado al extremo podría conducir al absurdo de que el Estado estuviese obligado a crear tantos modelos educativos como distintas convicciones pudieran encontrarse entre los padres, algo totalmente inviable.

Así pues, el primer equívoco (intencionado) que procede aclarar, es que no existe una obligación constitucional de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, obligación que deriva, eso sí, del “Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales” suscrito entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979. Este Acuerdo prevé que “Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

Es preciso destacar que el Acuerdo con la Santa Sede tiene naturaleza concordataria y, en consecuencia, es considerado un tratado internacional. Esto último implica que el legislador español, al regular las cuestiones relativas a la enseñanza, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 96.1 CE. A este respecto, conviene señalar el carácter “demagógico” de las palabras del Secretario General del PSOE cuando afirma que si el Gobierno sigue adelante con su ley, denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede. De sobra sabe Rubalcaba que esa posibilidad, que dicho sea de paso, sí que es una verdadera obligación constitucional en la medida en que los Acuerdos firmados con la Santa Sede contradicen claramente los principios de laicidad y de igualdad, sólo está en manos de quien gobierna, que además, en estos momentos, tiene mayoría absoluta en sede parlamentaria. Así pues, de nada sirven las intenciones oportunistas de quien ha tenido en sus manos la posibilidad de denunciar y/o renegociar tales acuerdos en cualquiera de los momentos en los que ha ocupado el gobierno estatal.

Debe quedar claro, por tanto, que sacar la asignatura de religión de la escuela pública requiere la renegociación de los Acuerdos en la materia con la Santa Sede. Ahora bien, esto no significa que la materia necesariamente deba ser evaluable y computable para la nota media. Esta sí es una opción del legislador, la que ha elegido el PP para satisfacer las exigencias de la Conferencia Episcopal. Opción claramente contraria al principio de laicidad constitucional, así como a los derechos de libertad de conciencia, igualdad y no discriminación. Y ello porque, con esta solución, se atribuye efectos académicos a una evaluación, la de la asignatura de religión, hecha con criterios confesionales y no académicos.

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Además, la existencia de una asignatura alternativa a la religión, como prevé el Proyecto de Ley llamado Wert, no es obligada ni por la Constitución ni por el “Acuerdo sobre Educación y Asuntos culturales con la Santa Sede”. No se vulneraría ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico si no existiera. Ni siquiera el Tribunal Supremo español ha sugerido, en sus numerosas sentencias sobre el asunto, que sea una derivación de la fórmula “equiparables” que establece el Acuerdo.

Procede advertir, por último, que la inclusión de la enseñanza confesional de la religión en el currículo formativo de la escuela pública no es la más acertada de las opciones desde una perspectiva que en muchas ocasiones parece no tenerse en cuenta, la de los derechos de los estudiantes, y más concretamente, de su “derecho a la libre formación de la conciencia”. Y ello porque, incluir en los programas escolares una materia que contenga contenidos dogmáticos -que son los que contiene la asignatura de religión por mucho que se empeñen los obispos en convencer de lo contrario- debería desempeñar, para respetar tal derecho, una función estrictamente educativa. Nunca, por tanto, una función aleccionadora o con vocación dogmática a la que parece acercarse, más bien, la presencia en los planes de estudio de una asignatura que tiene por objeto la exposición apologética de una determinada religión y cuyos contenidos, profesores y libros de texto son determinados y seleccionados por una Iglesia concreta.

Foto: Ángel Cantero.

Viñeta: Ferrán Martín

Another brick in the wall o el derecho a evitar el control del pensamiento

Por Ana Valero

La “proyección” o “transferencia” es un mecanismo psicológico de defensa primario que opera en situaciones de conflicto o amenaza emocional y que consiste en atribuir a otras personas los sentimientos, impulsos o pensamientos propios que resultan inaceptables para el sujeto. Se “proyectan” los sentimientos, deseos o impulsos que no terminan de aceptarse como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a este objeto externo. El término fue empleado por Sigmund Freud a partir de 1895 para referirse a un mecanismo que observaba en las personalidades paranoides o neuróticas.

La campaña contra el “adoctrinamiento” en las aulas impulsada por las Nuevas Generaciones del Partido Popular que pide a los alumnos que denuncien anónimamente a sus profesores cuando consideren que se extralimitan en el ejercicio de su libertad de cátedra es un claro ejemplo de “proyección” como estrategia política.

La campaña “Que no te líen” se encabeza con el siguiente párrafo: “Desde Nuevas Generaciones de la Provincia de Castellón nos preocupa que haya adoctrinamiento en las aulas, puesto que creemos que el alumno debe ser educado para que pueda sacar sus propias conclusiones. Nos oponemos a la imposición de ideas e ideologías, y creemos en una educación neutra e imparcial”.

Algo fácilmente asumible si no fuera porque, basta con ser mínimamente conocedor del modelo educativo que defiende y potencia el PP, para sentirse intelectualmente insultado tras su lectura.

El artículo 27.2 de la Constitución española es claro y contundente cuando señala el objeto del derecho a la educación: “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. El mismo artículo especifica cuáles son los instrumentos necesarios para conseguir tal objetivo: sólo a través de un sistema educativo basado en los principios democráticos de convivencia y el respeto a los derechos fundamentales quedará satisfecho el derecho del individuo a recibir una formación integral que garantice el libre desarrollo de su personalidad. Vemos que la Constitución española tiene un ideario, no apuesta por una enseñanza “ideológicamente neutral”, sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de inculcar, de manera transversal o a través de materias concretas, el conocimiento, el respeto y la puesta en práctica de los principios democráticos de convivencia.

Aquí encontramos el primer error de la campaña del PP, la educación en España, se desarrolle en centros públicos o privados, no debe ser neutral e imparcial en lo que al “ideario educativo constitucional” se refiere, los actores educativos tienen el deber de promocionarlo. ¿Cuál es, por tanto, el adoctrinamiento constitucionalmente inadmisible? ¿Cuál es aquél que, por manipulador, debe ser excluido del sistema público de enseñanza? Para disipar tal pregunta basta con acudir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y observar que lo inaceptable es aquello que la Corte de Estrasburgo ha calificado como “proselitismo abusivo o de mala calidad”, esto es, la orientación ideológica o de conciencia “excluyente, dogmática, coactiva, intimidatoria o manipuladora” que ofrezca a su receptor una visión unidimensional del mundo.

Será adoctrinadora, por tanto, aquella educación que por sesgada deje de ofrecer al estudiante una educación plural, esto es, una visión general de las distintas opciones ideológicas, políticas, sociales o religiosas presentes en la sociedad.

Aquí detectamos el segundo error, que además evidencia la doctrina de la “traslación” que inspira la campaña del PP, pues cabe plantearse cómo casa con el pluralismo y la libre formación de la conciencia y personalidad de los alumnos un modelo, el defendido por el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida como Ley Wert, que consagra legalmente la educación diferenciada por sexos, pudiendo los colegios privados que la apliquen suscribir conciertos con la Administración educativa, en clara contradicción de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo; elimina una asignatura que trata de formar a los alumnos en valores constitucionales y en derechos humanos, “Educación para la Ciudadanía”, acusándola de adoctrinadora; y afianza la presencia de la enseñanza dogmática de la religión católica en la escuela pública mediante el establecimiento de una alternativa obligatoria llamada “Sociedad y Valores” que además computará para pasar de curso.

El Tribunal Constitucional español ha reiterado en su jurisprudencia que la educación a la que todos tienen derecho, y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia, no se contrae a un proceso de mera transmisión de conocimientos sino que comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros. Si uno observa el Proyecto de la nueva ley de educación es fácil detectar que sus impulsores desconocen que la educación no sólo persigue la capacitación lingüística, matemática, histórica, filosófica, etc de los estudiantes, sino la formación de auténticos “ciudadanos” capaces de interactuar en la escena pública, de participar en ella y de evaluar las deficiencias del sistema y proponer alternativas.

Pero, ¿cómo se potencia la conciencia ciudadana del alumnado? ¿Tiene la libertad de cátedra del profesorado algo que ver con ello? A este respecto encontramos el tercer error y quizá el más grave de la campaña del Partido Popular, veamos. En otro de los párrafos de la misma encontramos lo siguiente: Sabemos que la mayoría de los profesores son ejemplares, pero muy a nuestro pesar, somos conscientes  de la existencia de casos en los que se hace un uso indebido de la libertad de cátedra”.

Es el artículo 20 de la Constitución española, dedicado a las libertades de manifestación y difusión del pensamiento, el que reconoce “la libertad de cátedra” como derecho fundamental de los docentes, que consiste, de acuerdo con su sentido tradicional, en la libertad de expresión docente, esto es, en la libertad en el ejercicio de la docencia. La libertad de cátedra no es, por tanto, libertad “de enseñar”, sino libertad de expresión “en el ejercicio de la enseñanza”. El Tribunal Constitucional ha dicho que la libertad de cátedra debe graduarse en función del nivel educativo en el que se ejerza, alcanzando su máxima expresión en el ámbito universitario en virtud de la madurez intelectual y de conciencia de los alumnos; y del carácter público o privado del centro en que se ponga en práctica, pues debe armonizarse con el ideario propio de los centros privados.

La libertad de cátedra habilita al profesor para orientar su enseñanza de la manera que juzgue más adecuada a sus convicciones y es precisamente este derecho de los docentes, junto con el principio de neutralidad estatal, lo que garantiza el pluralismo imprescindible para la existencia de una educación en libertad. Pero es que, además, como hemos visto, el artículo 27.2 de la Constitución exige que el alumno sea formado en el conocimiento y en el respeto de los principios y derechos constitucionales, objetivo cuya realización exige, en los niveles inferiores de enseñanza, la difusión activa de tales valores, éticos, ideológicos y políticos, que son el pilar de la convivencia democrática.

Parece claro, por tanto, que si un profesor en el aula enseña a sus alumnos los derechos fundamentales de los que son titulares y los cauces democráticos con los que cuentan para manifestar sus opiniones y críticas frente a las decisiones del poder político no sólo no se está “extralimitando en el ejercicio de su libertad de cátedra” para incurrir en un adoctrinamiento ideológico inadmisible, como señala la campaña del PP, si no que está, precisamente, cumpliendo con el mandato que le impone el “ideario educativo” de la Constitución.

Parece, por tanto, que quien promueve esta campaña no sólo no sabe diferenciar entre ejercicio legítimo y constitucionalmente exigido de la libertad de cátedra y el adoctrinamiento, sino que, además, siendo históricamente un experto en esto último lo “proyecta” sobre todo el profesorado de la escuela pública española, y de paso, trata de ganar terreno en su voluntad de privatizar los servicios públicos esenciales.

“Formar ciudadanos” capacitados para y capaces de detectar las extralimitaciones en el ejercicio del poder político es “adoctrinar”, sí, pero en el ideario educativo constitucional.