La Defensora del ministro, y el Pueblo

Fernando Flores

Entre la Defensora del Pueblo y el Pueblo se ha entrometido un ministro. No es la primera vez ni, me temo, será la última. Cuando esto sucede, los derechos de los ciudadanos no salen bien parados. Tampoco la Defensoría.

Ha sido con ocasión de la Ley de Tasas. Ésta, impulsada por un convencidísimo ministro de Justicia, se aprobó con cierta prisa en noviembre. A su favor el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. En contra, todos los demás: la oposición al completo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española, las organizaciones de consumidores, numerosos jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, organizaciones defensoras de los derechos humanos…

No ha sido por falta de discusión, enmiendas, informes, manifestaciones, concentraciones, paros… el ministro Gallardón era consciente del malestar, de la frontal oposición y de los argumentos de quienes consideran la Ley de Tasas una mala norma que, además, es inconstitucional… Quede claro que no es necesario ser doctor para darse cuenta que la Ley era (y es) un atropello contra el derecho a la tutela judicial, que deja indefensos a los ciudadanos con menos recursos, que maltrata a los abogados, y que avergüenza a jueces y secretarios judiciales.

En fin, la Ley se aprobó sin mayor discusión, y el ministro fue capaz de decir al mismo tiempo que la Ley iba a tener un “contenido social extraordinariamente positivo” y que “gobernar era a veces repartir dolor”.

Pero la arrogancia combina mal con la improvisación (y no digamos con la incompetencia). Al parecer, con las prisas, el Gobierno no sólo no había caído en que para cobrar las tasas necesitaba un modelo de autoliquidación (por lo que se vio forzado a dictar una Instrucción al día siguiente y posponer la entrada en vigor de la Ley algunas semanas), sino que había olvidado la existencia de la Defensora del Pueblo, el encargo que tiene de las Cortes Generales de proteger los derechos de los ciudadanos, y su competencia para plantear recursos de inconstitucionalidad.

Así que ahí tenemos a la Defensora, acuciada por abogados y organizaciones sociales, exigiéndole la presentación de un recurso contra la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de acceso a la Justicia, un recurso sin duda ganador.

Pero la Defensora no quería ni interponer el recurso contra el ministro (se sospecha que esto puede ser debido a su pasado como diputada y senadora del Partido Popular), ni aceptaba quedar mal del todo con el Pueblo. Por eso redactó un papel con ocho recomendaciones sobre la Ley de Tasas (ninguna de ellas desconocida para el Gobierno) y, pocos días antes de que expirase el plazo para presentar el recurso, se lo entregó a Gallardón. Se desconoce por qué no se le había ocurrido a la Defensora esa misma iniciativa durante la tramitación parlamentaria, o en el momento en que la Ley entró en vigor (en diciembre). Se desconoce pero se sospecha.

Así que tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el viernes 22 de febrero, el Gobierno aprueba un Decreto Ley (norma reservada para la urgente necesidad) en el que modifica aquélla e incorpora alguna de las recomendaciones, no todas, de la ya desactivada Defensora. (Aquí podría aventurarse una idea, y es que de igual modo que se habla de fraude de ley, podría hablarse de fraude de institución).

En concusión, el Decreto Ley es, en sí mismo, un reconocimiento de la arbitrariedad de la Ley de Tasas modificada (no hay más que leer la exposición de motivos), aunque no prueba que él mismo no sea arbitrario. Más bien al contrario: las tasas siguen sin estar fundamentadas en el principio de capacidad económica del ciudadano, obstaculizan el acceso a la Justicia de las clases medias y bajas y favorecen a quienes más tienen. Quizás la Defensora (si es del Pueblo y no del ministro) estudie ahora el Decreto, y, a la vista de que no ha recogido todas sus recomendaciones, se plantee la posibilidad de impugnarlo. Tiene tres meses para hacerlo.

Documentos relacionados:

Prólogo

Se ha dicho muchas veces que reconocer los derechos en constituciones y leyes no basta, que hay que protegerlos adecuadamente. Por eso se dice que un derecho vale lo que valen sus garantías.

Visto desde esta perspectiva, no estamos en un buen momento, ni a nivel local ni a nivel global. El poder económico vigente, que no cree en los derechos, se ha hecho con muchos de los espacios de poder político democrático (que los protegía, o al menos intentaba hacerlo), y los está vaciando de contenido. En otros sitios, nunca ha habido ni Estados de Derecho ni instituciones democráticas. Frente a ello la Declaración Universal sigue vigente.

Las garantías de los derechos están en las instituciones democráticas, pero también en la gente, que ha de rebelarse cuando tratan de pisotearlos. Es necesario saber que la vida de los derechos supone una lucha constante, y que es un trabajo colectivo. Desde ese planteamiento este blog pretende recoger historias, opiniones y argumentos que sirvan para esa lucha.

El nombre de este blog hace referencia a la convicción de quien lo edita de que las cosas suelen tener varias caras, y que todas deben contemplarse y meditarse. Pero no para permanecer parados o equidistantes a ellas, sino para tomar posición por la que se considere justa, con conocimiento de causa. Es también un pequeño homenaje a la figura de Albert Camus.

Este blog está coordinado y editado por Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.