Comisión de la Verdad. El derecho a saber.

Por Pepe Reig

En los casos de violación de derechos humanos, la búsqueda de verdad es un derecho individual de la víctima, que necesita saber lo que ocurrió, pero también es un derecho colectivo, porque la sociedad debe evitar a toda costa la repetición de la barbarie.

La transición política, cuyo resultado en forma de monarquía constitucional aparece cada día más cuestionado, mantuvo algunas zonas en sombra que no han dejado de pesar en la calidad de nuestra democracia: el prudente silencio sobre los crímenes del franquismo y el velo que cayó sobre el enorme esfuerzo del antifranquismo militante, de la izquierda y los movimientos sociales por conquistar las libertades. Puede que esas sombras fueran inevitables en el tipo de transición pactada que los españoles nos pudimos dar, pero su prolongación en el tiempo ha acabado impidiendo la maduración de eso que en las democracias avanzadas se ha llamado la cultura cívica. Esta variante avanzada de la cultura política no es otra cosa que una suerte de religión civil, que asegura la reproducción de los consensos básicos que requieren los sistemas democráticos.

Fueran o no inevitables en su momento, las zonas de sombra regresan una y otra vez, provocando tensiones que evidencian la debilidad de los fundamentos de nuestra democracia: ni la izquierda ha sabido reivindicar el antecedente legítimo de la república y el referente moral del antifranquismo como pilares de nuestra democracia, ni consecuentemente, se ha podido obligar a la derecha a desprenderse definitivamente del lastre autoritario y franquista, como se evidencia en sus dificultades para condenar el franquismo.

MEMORIA HISTORICA

En medio del huracán desatado contra el Estado del bienestar, puede haber pasado desapercibida la minuciosa deconstrucción que el gobierno conservador viene perpetrando del único e insuficiente intento de reparar aquella carencia,  la Ley de Memoria Histórica: supresión de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Supresión de las ayudas previstas en la Ley para la “indagación, localización, exhumación, identificación y reinhumación de las personas desaparecidas violentamente”. Supresión del Portal digital del Ministerio de Cultura sobre las víctimas, creado por la Ley de Memoria y que había recibido más de 700.000 visitas en busca de datos sobre familiares represaliados. Menos mal que en apenas dos días se dirigieron, 1125 firmas al Defensor del Pueblo Europeo en Estrasburgo y el ministerio hubo de reponer la página web.

La intención apenas disimulada es aplazar de nuevo, si no cancelar del todo, la memoria, pero los procesos políticos son a menudo impulsados por movimientos sociales, aunque éstos tarden en surtir efecto. Memorialistas y familiares de víctimas de la represión franquista, impulsores en su día del debate que obligó a legislar sobre la memoria, no parece que vayan a resignarse a este estado de cosas. Ni a las lagunas e inconsistencias de la Ley de Memoria, ni a la obstrucción sistemática del actual gobierno, empeñado de nuevo en el reino de la sombra, ni al desamparo en que les dejó la sentencia del Supremo que apartó a Garzón del caso.

El pasado 29 de septiembre, en un acto en la Puerta del Sol de Madrid, apoyado por las asociaciones de la memoria y familiares de víctimas, junto a intelectuales y artistas de todo el Estado, los dos grandes sindicatos y dirigentes de partidos de izquierda, se lanzó la iniciativa de constituir una “Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo”. El manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad está siendo el vehículo para concentrar el apoyo de la sociedad civil y llevar la propuesta a la agenda pública, al Parlamento y las instituciones.

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Una vía ensayada con éxito en muchas países castigados por dictaduras feroces, como Sudáfrica, Argentina, Guatemala o tantos otros y recomendada expresamente Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El principio que le da fundamento deriva del “derecho imprescriptible” de las víctimas a “conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos conculcados”.

La misma sentencia del Supremo que rechazó la competencia de Garzón en estos casos, proporciona una legitimación indirecta al señalar que el derecho a la verdad es una “pretensión tan legítima como necesaria”, aunque luego añada de forma incomprensible que “no corresponde al juez de instrucción”, cuya función requiere “un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo”. Como si no fuera preciso investigar primero los hechos, para saber si viven los culpables.

La recomendación de la ONU sobre justicia transicional implica la obligación del Estado de contribuir al esclarecimiento, es decir, derogación de las leyes que se puedan interpretar como “ley de punto final”, creación de una fiscalía especializada, investigación de las desapariciones, exhumación, mapa de fosas y lugares de memoria, acceso a archivos, reparación a las víctimas, anulación de juicios y sentencias, etc. etc.

Por difícil que parezca hoy su aceptación, es una exigencia de la democracia. La Comisión de la Verdad tendría un papel positivo no sólo por su valor probatorio en procesos judiciales, sino principalmente, por sus efectos sobre la cultura política: el acceso a la verdad es la vacuna contra los revisionismos, “el derecho a saber” puede convertirse hoy en la pedagogía que no supo hacer nuestra transición, pedagogía sobre el significado de la represión y sobre la dignidad de la lucha por las libertades.

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Para saber más

Manifiesto de la Plataforma por la Comisión de la Verdad: http://www.comisionverdad.fibgar.org

Recomendaciones de la ONU: http://www.todoslosnombres.org/php/generica.php?enlace=muestranoticia&idnoticia=4629

Víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo. Portal de Archivos Españoles: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?viewName=presentacion

Memoria histórica. Página oficial del Gobierno: http://www.memoriahistorica.gob.es/index.htm

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: http://www.memoriahistorica.org.es/joomla/

Asociación para la Memoria Social y Democrática (AMESDE): http://amesde.org

Cabanyal Archivo Vivo y el Año Europeo de los Ciudadanos

Por Emilio Martínez Arroyo

Esta semana se ha dado a conocer en prensa la resolución de los premios Europa Nostra 2013, en los que ha sido galardonado el proyecto “Cabanyal Archivo Vivo” realizado por la Asociación Esfera Azul y patrocinado del Ministerio de Cultura. El objeto del proyecto es promover el conocimiento y la sensibilización ciudadana sobre el patrimonio en riesgo en el barrio del Cabanyal de Valencia.

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Este parece un primer paso lógico en la actuación sobre un patrimonio cultural, su conocimiento y su divulgación a todos los ciudadanos. Y no es que en este caso dicho patrimonio no haya sido objeto de actuación de las instituciones encargadas de protegerlo. Todo lo contrario, este patrimonio gozaba del mayor nivel de protección que las autoridades pertinentes en primera instancia (la Generalitat Valenciana) podían otorgarle: el Cabanyal fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en 1993.

Sin embargo, a pesar de esta declaración, el conjunto urbano Cabanyal se vio sorprendentemente amenazado por la propia autoridad local en 1998 con la aprobación de su ya famoso PERI (Plan Especial de Reforma Interior), el cual, con el sorprendente argumento de su protección y rehabilitación, suponía su propia destrucción. El PERI planteaba hacer pasar a través del corazón del barrio una enorme avenida de 150 metros de ancho, con la consiguiente nueva construcción de torres y apartamentos, y suponía la destrucción de 1651 viviendas, la mayor parte de ellas en la zona protegida (BIC) del Cabanyal. Esas eran las autoridades que debían velar por la protección y rehabilitación del barrio. Ante el estupor de buena parte de los vecinos del Cabanyal y del resto de la ciudad de Valencia, las siguientes victorias electorales del partido en el poder reafirmaban su empeño.

En estos ya 15 años de lucha ciudadana para evitar semejante atropello se ha conseguido lo que inicialmente parecía una utopía: que se pare semejante proyecto. Una utopía si atendemos al poder ilimitado que el PP acumula a nivel local y en la Comunidad Valenciana (que va para dos décadas), y al poder absoluto alcanzado también a nivel estatal, primero con la llegada de los gobiernos de José María Aznar, y después, con el actual gobierno del señor Rajoy. Poder político y económico, poder de medios de comunicación afines o institucionales, dominados todo este tiempo como el caso ejemplar de Canal 9 (modelo de manipulación informativa al servicio del poder político) y de la prensa local, no menos propicia a bailarle el agua a nuestro populares gobernantes.

Por esto el Cabanyal se ha convertido en una referencia y en un caso que se estudia en numerosas universidades a nivel internacional. Es la lucha en tiempo de democracias liberales del David ciudadano contra el Goliat del poder político absoluto, encarnado por nuestro Partido Popular en este caso. Afortunadamente para David, durante estos 15 largos años ha sido capaz de hacer oír su voz utilizando el empeño y el compromiso colectivo, la movilización ciudadana, la creatividad, muchas cosas más y por supuesto haciendo valer sus derechos. Además, durante estos 15 años no hemos dejado de encontrar adhesiones de personas e instituciones, profesionales de la arquitectura, del urbanismo, del mundo de la cultura, de la comunicación,  de la política, instituciones independientes o públicas y tanta gente que han hecho propios los valores a nivel político, jurídico, cultural, que suponen la lucha del Cabanyal. Ha sido tan larga la lista de adhesiones y colaboraciones ofrecidas en este tiempo que han acabado por dejar resuelto el supuesto debate que planteaba el proyecto del Ayuntamiento de Valencia, dejándolo en el lugar histórico que le corresponde y del que no debió haber salido, el siglo XIX. Ya nadie piensa seriamente que el proyecto del Ayuntamiento sea de beneficio colectivo para la ciudad de Valencia. Hasta sus escasos y bien pagados defensores no se lo creen y en privado lo confiesan.

Pero el peligro sigue ahí como el primer día. Nuestra popular alcaldesa solo quiere saber de resultados electorales. Ante la ruina a la que nos ha llevado junto a sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana, ella entiende que solo cabe la salida hacia delante. No puede aceptar su error, como justificar quince años de degradación continua, urbana y social a que ha sometido al Cabanyal; como justificar tanto sufrimiento inducido a los vecinos sin el horizonte de un futuro mejor que su proyecto les prometía. Y aunque los sueños de futuros mejores para nuestra Comunidad se han transformado en pesadillas, los populares políticos que dilapidaron nuestro dinero y nuestros futuro todavía hoy quieren seguir gestionando nuestra hipoteca.

Afortunadamente los tiempos están cambiando que decía Dylan. Los tiempos cambian siempre, no hay manera de detenerlos. El despertar de la conciencia política en los ciudadanos, los 15M, la crisis económica, la de los valores, el desempleo, los tiempos han cambiado. El Cabanyal ha tenido el discutible honor de ver y participar en primera persona de estos cambios, lo que antes defendíamos se une a esta marea y ya no parece tan disparatado: la participación ciudadana. Pero cuidado, nuestros populares dirigentes son especialistas en asimilar las ideas ajenas para interpretarlas sui generis en su proceso apropiación / desvirtuación, y dejar las ideas deglutidas en algo difícil de reconocer. Recordamos a nuestra alcaldesa hablado en la sede de la Unesco de Valencia como ejemplo de cohesión social, o cuando apremiada por las reivindicaciones vecinales creó la concejalía de participación ciudadana, acabando así o por lo menos intentándolo, con cualquier intento de participación ciudadana real.

Este año 2013 ha sido declarado por la Comisión Europea el “Año Europeo de los Ciudadanos”. Esta semana el jurado internacional del premio Unión Europea de Patrimonio Cultural /Europa Nostra 2013, comunicaba el premio al proyecto Cabanyal Archivo Vivo señalando:

«la importancia de la iniciativa ciudadana cuando es consciente de su responsabilidad con respecto al patrimonio cultural tanto a nivel urbano o de calle, como a mayor escala arquitectónica y social. El proyecto muestra, de manera ejemplar, hasta qué punto se puede despertar la sensibilidad de los ciudadanos hacia el frente marítimo histórico de Valencia, a través de una planificación urbana sostenible, basada en la identidad cultural y en la participación».

Señora Alcaldesa y demás miembros del séquito, háganselo mirar.

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Los dos apellidos de la democracia (a propósito de la grabación de plenos municipales)

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

1. La idea de grabar plenos municipales y otras reuniones en que los representantes públicos discuten y deciden sobre temas de interés general se va extendiendo. Estas grabaciones ponen en común algunas elementos esenciales del sistema democrático: la información, el control y la responsabilidad.

La información sobre lo que se discute. De qué se habla y en qué términos, quién defiende qué cosas, y con qué argumentos lo hace.

El control por parte de los ciudadanos. Esa información les permite vincular las tomas de posición, las decisiones y las acciones sobre lo público, con los representantes y los partidos políticos que las adoptan. Éstos, al sentir el aliento cercano de sus electores, se ven más presionados para actuar como les prometieron en campaña.

Y la responsabilidad de los representantes. Porque todo lo anterior –la información de los hechos y la detección de sus causantes (causantes para bien y para mal)– permite reclamarles con conocimiento de causa, favoreciendo la claridad de lo sucedido y evitando el tan hábil como habitual escapismo de los responsables.

Por lo demás estas grabaciones no son pasivas, sino que suelen acompañarse de intervenciones de los vecinos dirigidas a obtener información, aclaraciones o, simplemente, hacer llegar a los gobernantes su malestar por cualquier circunstancia. Es decir, las grabaciones son una muestra de la voluntad participativa de algunos ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de la cosa pública. Una voluntad que encaja perfectamente en lo que, por ejemplo, predica la web del Ayuntamiento de Valencia respecto de las juntas municipales:

“Las juntas municipales son órganos de gestión desconcentrada cuya finalidad es aproximar la gestión municipal a los vecinos e incentivar su participación en los asuntos de competencia municipal”.

2. Pero la verdad es que estas grabaciones producen cierta (en ocasiones mucha) incomodidad entre los alcaldes, concejales y algunos vecinos palmeros. ¿Por qué?

Si los plenos municipales tratan cuestiones que afectan a la gente y abordan cosas públicas de interés general. Si quienes trabajan en ellos, los representantes, están pagados por los ciudadanos, a quienes sirven. Si son votados por ellos tras arduas campañas de seducción electoral… Si esto es así, ¿por qué muchos de esos representantes hablan de las grabaciones como un boicot a las instituciones? ¿Por qué vinculan a los activistas como minorías insignificantes pero ruidosas y molestas? ¿Por qué, en no pocas ocasiones, tratan de impedir con la fuerza pública esas grabaciones?

Afortunadamente estas actitudes están cambiando, aunque, hay que decirlo, lo están haciendo obligadas por sentencias judiciales, informes jurídicos que las rechazan y mucha presión popular.

Los jueces han dicho que:

– Los plenos son sesiones públicas que, por esencia, implican que cualquier ciudadano pueda conocer pormenorizadamente lo que sucede en ellos.

– Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su transparencia. Esto supone que sus decisiones no solo pueden sino que deben ser conocidas por los ciudadanos.

– El derecho a la elaboración y transmisión de la información no sólo pertenece a periodistas y administraciones. También los ciudadanos, cualquier ciudadano, tienen la facultad de informar por cualquier medio sobre hechos de interés público, y, por supuesto, mostrar su opinión respecto de los datos que transmite.

– El límite al ejercicio de ese derecho viene dado por la salvaguarda del orden público. Si la obtención de información alterase el buen funcionamiento del pleno (circunstancia difícilmente producible si el que graba simplemente se limita a grabar), quien preside el mismo (alcalde o concejal), podrá impedirla o reconducirla. Cualquier limitación a ella deberá ser, en todo caso, motivada.

Y para fundamentar estos argumentos los jueces se han basado en jurisprudencia constitucional, como la que afirma que:

– Las libertades de expresión e información no tienen más límites que los fijados por la Constitución, y estos límites son los derechos y las libertades de los demás. No cabe la censura previa.

– Los poderes públicos no solo no pueden tomar medidas que prohíban la elaboración y difusión de información, tampoco tienen legitimidad para adoptar aquellas que simplemente restrinjan, obstaculicen o disuadan al ciudadano de llevar a cabo su derecho.

– Las sesiones plenarias de los Ayuntamientos son públicas y –salvo en casos puntuales, que pudieran declararse formal y motivadamente reservadas– no hay restricción alguna al derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento.

3. Pero no solo grabar. Grabar es una acción que simplemente da fe de lo que ocurre en los plenos, pero obviamente lo importante es “lo que ocurre” en ellos.

El pasado miércoles día 20 de marzo tuvo lugar en el distrito marítimo de Valencia una junta municipal. Previamente, la Asamblea del 15M Pobles de la Mar había presentado dos preguntas: una de ellas referida a las propiedades municipales en el barrio del Cabanyal-Canyamelar y los desalojos que se están produciendo en él (con las consiguientes consecuencias para las familias en riesgo de exclusión social); y otra relativa al Consorcio de la Copa del América, en relación a la cesión de la dársena a la ciudad, que el Ayuntamiento de Valencia vende “como un gran logro y un gran acontecimiento para la ciudad”, pero que en realidad y desde hace años se trata de un espacio público abandonado.

En esa reunión sucedieron dos cosas reseñables:

La primera es que no se facilitó la grabación. La Policía local trató de impedir la entrada al periodista que llevaba la cámara y, sólo tras mucha insistencia, cierta tensión y habiendo esgrimido argumentos jurídicos y sentencias, quien presidía la junta dio permiso a la Policía para que le permitiera la entrada.

La segunda es que, una vez dentro, no se facilitó de forma adecuada la información requerida por los ciudadanos. Se quiso “cubrir el expediente” de manera formal, y pasó esto:

¿Para qué necesito ir personalmente y en grupo a una Junta municipal a leer unas preguntas si la autoridad política me da las respuestas por escrito para que me las lea en casa? ¿Cómo puedo pedir, por ejemplo, aclaración de lo que no entienda? ¿En la siguiente Junta, el mes que viene? ¿Sólo podré quejarme por escrito de las tramposas, publicitarias y evasivas respuestas? ¿También he de reírme por escrito si éstas me llevan a la carcajada? Es antológica la risotada general del público -minuto 2:40- ante la información leída finalmente por la secretaria según la cual el Ayuntamiento solo tiene 15 casas en los barrios marítimos. Todo el mundo sabe que, simplemente, eso es falso. Desde que se aprobó el PEPRI en el 2001 (con la propuesta estrella de la alcaldesa Rita Barberá de demoler 1650 viviendas para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar) el Ayuntamiento ha comprado, según sus propios informes de urbanismo, 559 viviendas. De éstas, 123 ya han sido demolidas. El resto, salvo 21 que están alquiladas, permanecen tapiadas, en estado ruinoso o ocupadas por familias pobres que, en su mayoría, llevan años en lista de espera para obtener una vivienda de protección social.

4. En conclusión. La burocratización extrema del sistema democrático es la prueba no solo de una inclinación práctica del ser humano a la hora de resolver las cosas del modo más fácil y rápido posible; también y sobre todo es la muestra de una profunda falta de respeto al ciudadano.

La reivindicación social y la presión continua de los ciudadanos comprometidos con la democracia se están mostrando como el único medio para obtener la realización de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, y para provocar el cambio político y social. Esto es debido a que los poderes públicos solo parecen capaces de aceptar (y a rastras) las reglas básicas de la democracia formal, pero no de (siquiera) imaginar la necesidad y la obligación de hacer de ese sistema algo real.

La participación ciudadana en las juntas de distrito o en los plenos municipales ejercitando el derecho a la información es un ejemplo más de la creciente conciencia ciudadana de que su implicación en los asuntos públicos es un derecho y un deber, y que de ella también depende que un sistema pueda llamarse democrático. Y es que la democracia, para serlo, debe contar con dos apellidos en condiciones de igualdad. La democracia es participativa y representativa. O no es.

El video 1 fue realizado por el Canal de 15MRussafa.
Los videos 2 y 3 son de Sergi Tarín.

Sentencia del TSCV sobre grabaciones de los plenos municipales en Manises

Derechos de la militancia y la ciudadanía en los partidos

Por Pepe Reig Cruañes

El derecho de los militantes de un partido a la democracia interna tiene un correlato externo que es el derecho de los ciudadanos a que los partidos sean transparentes. El déficit de ambos derechos en todos los partidos es una de las causas de su actual declive y constituye una de las principales paradojas de nuestra democracia: siendo el principal vehículo de participación de la ciudadanía, resultan en su interior escasamente democráticos y participativos.

Aunque el mandato constitucional (art. 6 C.E.) de que los partidos se rijan democráticamente sea universal, su incumplimiento resulta mucho más dañino para la izquierda, porque esa carencia es, precisamente, el mecanismo por el que se produce la desconexión respecto de la ciudadanía. Esa desconexión no es más que la contraparte interna de la tan traída “desafección ciudadana” y no consiste sólo en la sangría de votos, sino en una especie de pérdida de inspiración o acierto político, que resulta mucho más grave. Aquí hay algo más que la Ley de Hierro de Michels. Algo más y algo peor.

Viene siendo un lugar común en nuestro país referirse a la crisis del sistema de partidos y el agotamiento del marco institucional de los últimos 35 años. Quizá no sea tan aceptada, sin embargo, la necesidad de una refundación o, al menos, profunda revisión de sus fundamentos. Uno de los elementos a revisar es esa “desafección”: la reflejan las encuestas y la declinante  curva de apoyos electorales de las dos grandes formaciones de nuestro sistema político. En un plano simbólico, el éxito del “no nos representan” muestra también la pérdida del papel intermediador y de articulación de intereses. Un proceso que debilita la función constitucional de los partidos y nos acerca a un escenario propicio a toda suerte de populismos y “liderazgos sin intermediación”, de difícil encaje en la democracia participativa.

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Es cierto que la naturaleza clasista y expropiadora de las políticas conservadoras frente a la crisis ha podido exacerbar aquella crisis institucional, pero la que se refiere a los partidos y su representatividad venía fraguándose mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tras los grandes pactos sociales del Estado del Bienestar, había partidos de masas que traducían intereses de clase ampliados. Cuando Thatcher y Reagan comienzan a socavar aquellos pactos, entró en crisis la capacidad de esos partidos para colmar, como diría Gambino, “las complejas, y muy frecuentemente conflictivas, expectativas del cuerpo social”. Esta incapacidad se vuelve dramática cuando la globalización de los noventa desnacionaliza los centros de poder económico, es decir, los aleja aún más de las sedes de la soberanía y la representación políticas. Para cuando estalla la actual crisis queda ya muy poco de aquella privilegiada relación del partido y sus electores.

Estamos, por tanto, ante una crisis de representación y de intermediación que afecta a partidos, que ya no monopolizan el diálogo con ninguna clase social en particular y que se ven obligados a gesticular ante una compleja, plural y a menudo inaprehensible “ciudadanía de baja intensidad”.

Los partidos, pues, y no sólo el bipartidismo, están en crisis. Si han de seguir cumpliendo las importantes funciones que la Carta Magna les asigna (expresión del pluralismo, formación de la voluntad popular e instrumentos de participación) no podrán hacerlo sin cumplir también el otro mandato del artículo 6 de la Constitución: la democracia interna. Entidades con tales funciones públicas no pueden regirse bajo el derecho privado, sino que han de admitir alguna forma de vigilancia pública sobre lo que ocurre en su interior. El debate sobre la tutela judicial de los derechos del militante ya era estrecho cuando la Ley 21/1976, de Asociaciones Políticas, seguía siéndolo cuando la también preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos y también con la 6/2002. Es preciso ampliarlo en una perspectiva nueva que conecte políticamente los derechos del militante y los del votante, es decir, los derechos del ciudadano respecto a los partidos.

Derechos de la militancia

Como en cualquier cuerpo social, la democratización en el interior de los partidos pasa por el “empoderamiento” de las bases militantes frente a las direcciones y, sobre todo, los aparatos. La evolución desde el partido-clase, pasando por el partido-masas hasta el partido-ciudadanía, se ha verificado en medio de un universal secuestro de la organización por los aparatos. Éstos tienden a conformar una militancia a su medida, promocionando al apparatchik en detrimento del militante con orientación social, lo que acaba por acentuar la desconexión respecto a la base social. Si ello asegurara la elección de los más capaces, hablaríamos de oligarquización eficiente, pero es un hecho que el proceso se acompaña de una fuga de cerebros y un mecanismo de “selección adversa”, por el que los más capaces no están disponibles y sólo lo están los que aún no se han ido. La democracia interna, pues, no es una cuestión de método, sino de identidad política.

Pero ¿qué significa hoy, más allá de la tutela judicial del militante, la democracia interna?

– En primer lugar, si de acuerdo con el mandato constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, no hay más remedio que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige el reconocimiento de corrientes de opinión y de unas reglas de juego presididas por la equidad y la libertad de expresión, para asegurar un debate maduro entre opciones plurales dentro del marco del ideario propio.

– En segundo lugar la búsqueda de mecanismos representativos de selección del personal político, debe evitar el “secuestro de los aparatos”. Es sabido que cuanto más orgánica, es decir, delegada, sea una elección, más fácilmente será controlada por el aparato funcionarial del partido, y más probablemente se verá cortocircuitada la conexión primordial entre el partido y sus bases sociales. La elección directa por las bases de los principales dirigentes sería un mecanismo adecuado para reducir el control de los aparatos sobre la selección de dirigentes y posibilitar la renovación de las elites.

-La ampliación del círculo de quienes participan en decisiones clave. Cuanto más importante y estratégica es una opción política, más se reduce el círculo de quienes participan de su toma en consideración. ¿Cuántos militantes toman parte efectiva en las decisiones o siquiera en las deliberaciones previas en un partido cuya militancia ha sido convenientemente “desactivada”? Mecanismos de consulta a las bases y consulta vinculante son obligados para dar peso a la militancia.

– Lo que los anglosajones llaman accountability es otro de los puntos débiles en la democracia intrapartidaria. Ninguna asociación de derecho privado que se precie consentiría los bajos niveles de rendición de cuentas que direcciones y aparatos tienen en los partidos. La rendición periódica de cuentas, y no sólo al salir de un mandato, debería ser una práctica establecida y una de las funciones principales de las agrupaciones de base.

Derechos de los votantes y ciudadanos

El tipo de ciudadanía de esta nueva sociedad líquida, plagada de identidades complejas y cruzada por redes de información, incluso aunque siga siendo, o lo sea aún más, una “ciudadanía de baja intensidad”, no tolera bien la oscuridad y el secretismo receloso con que se han conducido siempre las organizaciones. Pasaron los tiempos del centralismo democrático, la jerarquía y el paternalismo organizativo. Si los militantes tienen derecho a la democracia interna, los simpatizantes, los votantes, los ciudadanos tienen derecho a la transparencia, es decir, a ver desde fuera lo que ocurre dentro de los partidos.

Lo que ocurre a la hora de seleccionar el personal político, lo que ocurre a la hora de decidir una política, lo que ocurre al negociar la aplicación de un programa que se había hecho público y, por tanto, comprometía a la organización.

-En el primer sentido, el de la transparencia en la determinación de los liderazgos, debería irse hacia alguna forma de listas abiertas, pero sin duda, el mecanismo por antonomasia son las elecciones primarias. En España se han intentado poco y no siempre con fortuna, pero sobre todo nunca se intentó el procedimiento abierto, es decir, con participación de militantes, simpatizantes y todo aquel/la ciudadano que lo desee, previa adhesión a una genérica declaración de principios. Este sistema es el único que produce efectos en la dinámica intra/extra y permite involucrar a segmentos extensos de la ciudadanía, lo que sigue siendo un objetivo deseable.

-El segundo sentido de transparencia se refiere a las decisiones políticas en torno a los grandes asuntos de la agenda nacional. Transparencia aquí sólo puede significar que en esos grandes temas las posiciones de las distintas tendencias dentro del partido deben poder ser explicitadas en un proceso de debate público. Ello puede requerir la existencia de adecuadas plataformas de comunicación que dialoguen entre sí para formar la voluntad común de la organización. Aquí hay un cambio de cultura política más allá del propio partido, ya que ha de enfrentarse a la inclinación de los medios a presentar cualquier debate como un desgarro interno que los votantes sabrán castigar.

-El tercer aspecto nos lleva a una delicada cuestión, la de la lealtad de los partidos respecto a su propio ideario fundacional y respecto del programa con que se presentan Por ante la ciudadanía, como una forma de transparencia para los ciudadanos que observan.

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La teoría del programa como contrato, o incluso la firma de algún compromiso ante notario, no ha servido para evitar los incumplimientos clamorosos y el casi cínico “los programas están para saltárselos”, y ello ha exacerbado la desafección pública hacia el sistema.

Cuando en mayo 2010 el presidente Zapatero fue inducido a imprimir un drástico giro a su política frente a la crisis, hubo voces que reclamaron dimisión y elecciones, antes que traicionar el programa con que había sido elegido. En el caso de Rajoy se apuntaba al mismo incumplimiento, aunque desde otro ángulo, ya que en este caso no se trataba de una crisis sobrevenida, sino de la existencia de un programa oculto. El asunto requiere, en cualquier caso, una revisión y no estaría de más solemnizar los compromisos mediante algún tipo de protocolo que el público pudiera chequear.

La apuesta por un proceso abierto y ciudadano de elecciones primarias en los partidos de la izquierda española y, especialmente, en el que aún es el mayor de ellos, el PSOE, podría constituir la opción estratégica capaz de hacer converger aquellos dos difíciles desiderata, la democracia interna y la transparencia externa, que hoy parecen condición sine qua non de un renacimiento del poder cívico de los partidos políticos.

El día en que se va a juzgar a Efraín Ríos Montt

Por Almudena Bernabeu

Hoy, quizá, por fin, sea el día en que se juzga en Guatemala por genocidio al ex general, ex dictador y ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt. Hoy, después de algo más de 13 años confluyen en un tribunal colegiado de la capital todos los esfuerzos de investigación y legales que, liderados por las víctimas, se han llevado adelante por abogados en Guatemala, en España, y de nuevo en Guatemala, demandando, esta vez sin fisuras ni medias tintas, la verdad y un juicio justo.

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Se estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1960 y 1996. Lanzo este número consciente de no haber incluido, por ejemplo, a las víctimas de tortura. Con ellas el numero es interminable. A pesar de eso,  el conflicto concluyó a ojos de la comunidad internacional, como debía concluir, con la firma de los Acuerdos de Paz en Oslo en 1996 que a su vez dieron lugar, sentido y mandato a una comisión de investigación, conocida como la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) encargada de investigar los numeroso abusos.

La CEH nació tuerta económica y políticamente –como  como admitiría más tarde ante el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, su presidente, el jurista alemán Christian Tomuschat–,  sin dinero, mermada en facultades, y sin apoyo de gobiernos, en aquel momento tan importantes, como Inglaterra y España. El informe final fue honesto, claro, pero a todas luces insuficiente para todos y sobre todo, para las víctimas, quienes apenas veinte días después de su publicación se reunían con sus representantes en las diferentes organizaciones en Guatemala para decidir los siguientes pasos. La CEH nunca señaló responsables, era parte de su mandato, y la mayoría de los responsables de aquellos terribles crímenes, siguen viviendo en las mismas comunidades que contribuyeron a destruir y sometieron, lo que no ha hecho más que perpetuar el miedo y la impaciencia.

Aunque  varios procesos menores contra mandos bajos y medios de la policía y el ejercito han salido adelante, en Guatemala no se ha establecido hasta hoy la responsabilidad penal individual de ninguno de los altos mandos. Hasta hace poco, todos los intentos de justicia en Guatemala eran frustrados a golpe de corrupción, actividades ilegales, indiferencia y miedo. En ese sentido, no hay duda que la impunidad por los crímenes del pasado y la impunidad presente están íntimamente relacionadas. La impunidad en Guatemala ha llegado a ser de tal envergadura que en 2007 Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El actual caso del genocidio guatemalteco lleva más de una década en proceso. En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional española contra el ex-presidente Efraín Ríos Montt y otros altos oficiales guatemaltecos acusándoles de terrorismo, genocidio y torturas. A pesar del recelo de los más expertos, el caso fue presentado siguiendo el modelo de las causas abiertas contra la Junta Argentina y contra Augusto Pinochet, y fue presentado en España gracias a nuestro principio, hoy mermado, de justicia universal. La querella se interpuso con la esperanza de que las victimas obtuvieran algo de la justicia que en opinión de muchos, el informe de la CEH emprendía pero no aseguraba. Sin embargo, no todas las víctimas ni todos sus representantes apoyaron la iniciativa de la señora Menchu. De hecho hubo quien en Guatemala, como ha venido ocurriendo en muchos países en la región, creía que era necesario probar primero la validez, la legitimidad de los tribunales, de los jueces y fiscales en Guatemala. Sacar el caso de Guatemala era, equivocado o no, rendirse (y eso si lo sé con precisión y por experiencia, los guatemaltecos, no se rinden). En 2000, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) emulaba el paso de Rigoberta, pero esta vez en Guatemala, interponiendo ante la fiscalía la primera denuncia por genocidio en el país en nombre de un grupo de supervivientes del genocidio agrupado en la ya legendaria Asociación de Justicia y Reconciliación o AJR.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum me invitó como abogada internacional a sumarme a la causa en 2004. Ese primer paso se lo debo a Gustavo Meoño, en aquel momento director de la Fundación y quien con visión y conocedor del entorno, había seguido cuidadosamente mi trabajo en investigaciones y casos en tribunales estadounidense por crímenes cometidos en El Salvador. Inicialmente, mi trabajo en el caso se limitó casi exclusivamente a investigar el paradero de uno de los querellados, ex ministro del interior, Donaldo Álvarez Ruiz. Junto con la Fundación, dimos con Álvarez Ruiz en Miami y de nuevo en México aunque lamentablemente las autoridades mexicanas, a pesar de la orden de arresto y todos nuestros esfuerzos, le dejó escapar.

Entre enero de 2000 y septiembre de 2005, los abogados de Rigoberta Menchu, con el inestimable y generoso apoyo de entrañables compañeros como Manuel Olle Sese, Carlos Slepoy y otros, enfrentaron una batalla liderada por la fiscalía, brutal en mi opinión, que solo en cuestiones de competencia agotaría la vía jurisdiccional precipitando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por denegación de justicia. En este devenir se cuenta la desconcertante decisión del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003, reconociendo la competencia de los tribunales españoles al amparo del articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por genocidio y otros crímenes internacionales, cuando los crímenes y sus consecuencias tuvieran vínculos cercanos con España, o por ejemplo, víctimas españolas. Como consecuencia, y aunque la querella prosperaba parcialmente por los hechos cometidos contra españoles, el delito de genocidio y con ello los anhelos de justicia de la población maya guatemalteca, principales víctimas del conflicto, se desvanecían.

Tras muchas discusiones en Madrid y en Guatemala, se tomó la decisión de presentar un recurso de amparo por violación de la tutela judicial efectiva en la persona de Rigoberta Menchu, y el 26 de septiembre de 2005, en una decisión sin precedentes (con ciertos visos de extralimitación pero excelente,) el Tribunal Constitucional aceptó el amparo y con ello revocó la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia dejó clara la vocación universal del art. 23.4 LOPJ y los fundamentos de éste, en el sentido de que lo universal no puede ser constreñido a una nacionalidad, a una decisión legislativa, a un vinculo histórico y mucho menos, a una oportunidad política.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Constitucional supuso la apertura formal de la instrucción y, con ello, la formalización de una estrategia legal para investigar el delito de genocidio cometido contra cientos de miles de indígenas mayas guatemaltecos.

El Juez de Instrucción Santiago Pedraz, titular y recién llegado al Juzgado Central de Instrucción No. 1 de la Audiencia Nacional, decidió formalizar una comisión rogatoria a Guatemala, señalada para junio de 2006, con el fin de tomar declaración a los querellados. Aparentemente,  una comisión similar desde Bélgica había transcurrido sin altercados.

Al llegar el Juez Pedraz a Guatemala se encontró con un recurso de amparo interpuesto por los imputados, que le impedía tomarles declaración. El viaje no fue en vano, porque el juez logró reunirse informalmente con el grupo de sobrevivientes que habían tratado de entablar una investigación local, y oír algunas de sus historias. A su regreso a España, el 7 de julio de 2006, emitió órdenes de arresto internacionales contra los siete imputados por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos. A los pocos meses emitió además solicitudes formales de extradición basadas en el Tratado de Extradición de 1895 entre ambos países.

Las órdenes de arresto sólo se harían efectivas, estando los imputados en Guatemala, si un tribunal guatemalteco las ejecutaba. Dada la debilidad de los tribunales guatemaltecos, esto se presentaba como algo poco probable. Sin embargo, a principios de noviembre de 2006, el Tribunal Quinto Penal, de Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala (tribunal de primera instancia) emitió órdenes de arresto para cuatro de los siete imputados.

El proceso en ese momento tomó dos rumbos deseados en cierto modo, interrelacionados pero distintos. Por un lado, había que diseñar una estrategia legal para probar la existencia de un genocidio, lo que se haría a través del testimonio de las víctimas, documentos, y peritajes. Por otro lado, había que intentar lograr poner presión y lograr la extradición de los imputados de Guatemala a España. A pesar de la aparente dificultad respecto de Guatemala, aun cuando no se consiguiese la extradición, debía intentarse con el objeto de impulsar la obligación internacional de juzgar a los acusados en los tribunales guatemaltecos. Ahí empezó, la que ya es sin duda, la otra parte de la historia.

grupo de valientes

Así formalizamos la creación de un equipo legal internacional especializado y capaz de asumir los retos para la nueva fase. Además de la que suscribe el equipo estuvo integrado por Manuel Ollé, abogado español experto en casos de jurisdicción universal, la profesora y abogada Naomi Roht-Arriaza, abogados en La Haya con experiencia en Guatemala y en derecho penal internacional, abogados e investigadores de CALDH y hasta de la Fundación Menchú en Guatemala. Este equipo se propuso dos tareas inmediatas: por un lado diseñar una estrategia para presentar y probar el caso de genocidio ante la Audiencia Nacional y por otro hacer todo lo posible para asistir y luchar legalmente en los tribunales guatemaltecos por la extradición de los acusados a España y con ello, construir una posible vía de justicia en Guatemala.

La preparación y presentación del caso de genocidio y las diferentes diligencias de prueba propuestas por el equipo legal generaron para nuestra sorpresa efectos inmediatos dentro de Guatemala. Parte de la estrategia fue la presentación de testigos provenientes de las múltiples zonas más afectadas por las campañas militares, sobre todo las señaladas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esto requirió de la estrecha colaboración entre varias organizaciones de víctimas del país. Estas organizaciones jugaron un papel importante en escoger a los testigos, trabajar con ellos y acompañarlos a prestar su testimonio en España.

testigos en Madrid

Simultáneamente se prepararon mas de nueve peritajes por parte de expertos en todo el mundo diseñados para probar todos los elementos del delito de genocidio. Pasaron por Madrid testigos como el presidente de la CEH Christian Tomuschat, Fredy Peccerelli, antropólogo forense y el presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien testificaba por primera vez en su vida como perito acerca de la exhumación de más de 400 fosas comunes realizadas por su equipo durante los últimos 15 años. Se presentaron, además, importantes documentos militares como el Plan Sofía, plan militar elaborado en 1982 que implica ampliamente al ejército y al Alto Mando guatemalteco en los asesinatos masivos de civiles.

El trabajo en la Audiencia Nacional (y que éste se diera a conocer en Guatemala) provocó que, en febrero de 2008, el Presidente guatemalteco Álvaro Colom anunciara que ordenaría al ejército abrir sus archivos relativos al período de guerra civil, y que los enviaría al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (Defensor del Pueblo). Además, en un gesto sorprendente, un juez guatemalteco del caso, decidió que atendería las continuas peticiones del juez Pedraz relativas a una segunda la Comisión Rogatoria, para tomar declaración a testigos.

En mayo de 2010, de la mano de Women’s Link Worldwide, se amplió la querella para incluir por primera vez en un caso de justicia universal en curso la violencia de género en el marco del Derecho Penal Internacional y garantizar el derecho a la verdad en lo relativo al papel que la violencia de género jugó en el genocidio guatemalteco.

Así mismo, la directora de cine Pamela Yates viajó a Madrid en 2009 para testificar y aportar como prueba una entrevista al General Ríos Montt filmada en 1981, en pleno conflicto en Guatemala. En la entrevista Ríos Montt admite haber dirigido y controlado a las tropas que cometieron abusos contra la población civil. Esta experiencia se convirtió en la base del documental que inauguró el Festival de Sundance en 2011, la película Granito, que relata las circunstancias del genocidio y el trabajo del equipo internacional en toda la preparación de su denuncia.

En 2010 Claudia Paz y Paz fue elegida Fiscal General de Guatemala. Desde ese momento fue preciso centrar nuestra atención y esfuerzos de nuevo a Guatemala. Paz y Paz tenía entre sus prioridades procesar a los responsables del genocidio, y para ello, sin duda, todo lo actuado en España, desde y con Guatemala, iba a ser crucial. El 26 de enero de 2012, Paz y Paz acusó al ex dictador y General Efraín Ríos Montt por genocidio y su papel en la campaña de “tierra arrasada” durante la guerra civil.

Tras las pertinentes audiencias probatorias y agotados todos los recursos por parte de la defensa, hoy, 19 de marzo, día del Santo del Silencio, San José a quien solo se conoce por sus obras, no por sus palabras, se sienta en el banquillo para ser juzgado por genocidio el dictador Efraín Ríos Montt. A partir de hoy y durante semanas estará obligado a escuchar el testimonio de cientos de personas supervinientes de los crímenes más horrendos. No hacen falta palabras, ninguna en mi opinión, para entender lo extraordinario de esta acción que hoy, con toda dignidad, llevan adelante los guatemaltecos.

A los abogados del equipo legal internacional, aun cuando éramos conscientes de las dificultades, siempre nos movió la necesidad de incidir en la situación nacional en Guatemala y el hecho de que, para muchos en la sociedad civil guatemalteca, este proceso y otros como éste, eran la única esperanza de cambio y de justicia para las víctimas. Es un honor haber podido contribuir a todo ello.

Fotos

1. Ríos Montt en el mes de febrero en las primeras audiencias de prueba (Foto Marlon García).

2. Equipo legal ante la Audiencia Nacional. (De izda a dcha) Naomi Roht Arriaza, Kate Doyle, Pamela Yates, Almudena Bernabeu y Susan Kemp. (Cortesía de Granito, How to Nail a Dictator).

3. Primeros testigos de Ixil y Rabinal que testificaron en Madrid España en nuestro esfuerzo de iniciar justicia en octubre de 2008 (Foto Almudena Bernabeu).

Cómplices del mal

Por Javier De Lucas

“Matar a un hombre es algo muy duro: le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener”. Los cinéfilos recordarán la cita de Ned Logan, el personaje encarnado por Morgan Freeman en Sin Perdón, el western dirigido por Clint Eastwood en 1992.  No hace falta militar en Amnistía Internacional o en cualquier otra ONG de las que luchan por el respeto de los derechos humanos, para entender por qué es tan importante la campaña para la abolición de la pena de muerte. Es un mal absoluto.

Pero, por más que creamos adquirido el avance abolicionista, lo cierto es que quedan importantes huecos, países que no sólo no han abolido esa pena, sino que continúan ejecutándola, como China, los EEUU o Arabia Saudí. Y lo que es peor, no pocos Gobiernos que se proclaman abolicionistas y se erigen en campeones de los derechos humanos, aceptan que otros países sostengan la pena capital, alegando “diferencias culturales” o, aún más cínicamente, una perspectiva “realista” frente al “moralismo”.

Ante todo, conviene recordar que una cosa es que entendamos las razones por las que se sigue practicando el asesinato legal aquí o allá, y otra es que las aceptemos y aún peor, que las justifiquemos. No hay diferencias culturales que puedan justificar ese mal. Semejante argumento es la expresión de un atávico paternalismo, el propio de la perspectiva colonial que sigue trazando la línea divisoria entre civilizados y salvajes.  Por cierto, tesis que es un contrasentido cuando se sostiene desde el imperio –no importa cuál- que la practica en su seno. Pero igualmente repugnante es la posición de tantos olímpicos opinadores que desprecian la ingenuidad abolicionista y nos imparten lecciones de sutil realpolitik  a cuento de consideraciones geoestratégicas sólo accesibles a quienes gozan de un conocimiento superior, ajeno a los sentimentalismos primarios del vulgo.

Todo eso viene a cuento de lo sucedido en Arabia Saudí, donde el  pasado miércoles 13 de marzo fueron fusilados siete hombres de la provincia de Asir que  habían sido condenados a muerte en 2009 por un asalto a mano armada contra una joyería en 2006. Según los datos de Amnistía Internacional, al menos dos de los condenados  eran menores de edad en el momento de cometer el presunto delito. El líder de la banda iba a ser crucificado pero finalmente –como si se tratara de los versos de La hoguera– se prefirió el fusilamiento. Los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que entendían que las condenas habían sido dictadas en “juicios injustos” y que los cargos habían sido “inventados », habían pedido clemencia a las autoridades saudíes. Por su parte, el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, había hecho pública su preocupación por las supuestas torturas infligidas a los procesados para obligarlos a “firmar las confesiones”.

Claro está que los fusilamientos se ejecutaron mientras en el Vaticano elegían a un nuevo Papa y el resto del mundo mundial se deshacía en la única tarea necesaria, la de jugar a vaticanólogos o vaticanistas para ver quién acertaba la quiniela, con una sensación de que el tiempo estaba detenido a la espera de esa decisión. Un mensaje mediático al servicio –la lógica del quod erat demonstrandum– de quienes sostienen que el alfa y omega de cuanto nos sucede estaría, a fin de cuentas, en lo que sucede en el recinto de esa monarquía absoluta que pretende ostentar el monopolio del legado del mensaje de Cristo, sin avergonzarse jamás de tan flagrante contradicción.

Esperar del recién electo papa Francisco una condena de esos asesinatos legales posiblemente es ingenuidad: se enfrenta a tan pesada carga que bastante hace con no haber dimitido, como Benedicto XVI y como el papa protagonista de la premonitoria Habemus papam, el film de 2011 de Nanni Moretti. No dudo de las dificultades que abruman al jesuita argentino promovido a tan alta dignidad. Pero sigo pensando que, para quien pretende ser representante en la tierra de quien hizo del amor, la caridad y la misericordia sus mensajes primordiales, esa condena es una obligación ineludible. Salvo que no se quiera molestar a un régimen asentado en un fundamentalismo que no está lejos del que profesan algunos en la iglesia católica y en otras confesiones cristianas.

Ahora bien, el hecho de que hasta hoy sólo hayamos escuchado la denuncia de Amnistía Internacional y de alguna otra ONG ante los fusilamientos en cuestión es un ejemplo de otro estrepitoso silencio que resulta insoportablemente más grave, la ausencia de condena alguna por parte de las cancillerías occidentales. Es posible que, por ejemplo,  si preguntáramos al Sr García Margallo por esta omisión, invocara su condena a título personal, pero se parapetara en esas razones prudenciales, el realismo político de marras. Lo que nos conduce a una conclusión tan evidente como inaceptable: la complicidad culpable de unos Gobiernos que presumen de campeones de los derechos al mismo tiempo que callan cuando estas violaciones de derechos son realizadas por un aliado. Aunque se comporte como un hijo de puta (sin perdón): o, peor, precisamente porque de trata de nuestro hijo de puta. Un régimen que sostiene y exporta uno de los fundamentalismos más extremos, la ideología del wahabismo. Que ignora y desprecia los derechos de la mujer. Que da alas a la esclavitud. Que practica torturas y penas incompatibles con la dignidad. Pero está sentado en una balsa de petróleo y paga las expediciones de los representantes de Occidente contra los sucesivos “ejes del mal”, las listas de enemigos públicos de la civilización que nos proponen Washington y sus palmeros.

Y con todo, no son los únicos cómplices del mal. Porque hay otro silencio más estruendoso aún: el de todos nosotros, el de los ciudadanos que consideramos todo esto como algo ajeno, cosa de los políticos. Si nosotros no actuamos, al menos tomando la palabra, si no los denunciamos, nos convertimos, por omisión, en los últimos cómplices de ese mal.

Habemus estado confesional

Por Fernando Flores

A media tarde de ayer, cuando la chimenea vaticana comenzó a verter humo blanco, todos los grandes medios de comunicación de España, públicos y privados, entraron en cadena y no dejaron de hablar durante horas de la elección del Papa. Televisión Española, “la de todos”, consideró que dos de sus cadenas –tve1 y 24 horas– debían transmitir exactamente lo mismo como si necesitásemos conocer la buena nueva en estéreo. No oí Radio Nacional, pero me la imagino. Todo ello se prolongó (hasta el infinito, y más allá) en los telediarios, análisis y tertulias posteriores.

balcónpapal

¿Dónde acaba la información y empieza el proselitismo? ¿Es razonable que los medios públicos se comporten con la Iglesia como si fueran una de las tan criticadas cadenas chavistas? ¿Dónde queda en este caso el respeto a los ciudadanos no católicos, a su libertad religiosa?

Si se estaba retransmitiendo la muy noticiable elección del Jefe de Estado del Vaticano, cuesta aceptar, más allá de la interminable retransmisión, los continuos elogios, las desproporcionadas muestras de admiración cercanas al síndrome de Estocolmo (antes de la elección: “ser Papa es una carga muy pesada…”; sobre el elegido: “humilde, carismático …”) de unos presentadores – periodistas convertidos en comparsas. Si se estaba publicitando a una Iglesia necesitada de buena imagen y vocaciones, la herramienta era equivocada. La política de comunicación de la Iglesia no puede estar vinculada a los medios públicos de un Estado definido por su Constitución como aconfesional.

En cualquier caso lo sucedido no extraña, pues resulta coherente con el comportamiento nada neutral en lo religioso de nuestros poderes del Estado. En España los funerales de Estado se celebran por el Cardenal Arzobispo de Madrid (Rouco Varela) en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, aunque el funeral sea también por ciudadanos musulmanes y ateos, como sucedió en el caso de los atentados del 11-M. Los altos cargos públicos tienen que jurar o prometer (una elección ya de connotaciones religiosas) en su toma de posesión frente a una mesa con biblia y crucifijo (también hay una Constitución). El régimen de la asignatura de religión católica en la escuela pública es propio de países con confesión estatal. El ejército, la guardia civil, la policía, argumentan muchas veces el respeto a la tradición y el folclore para ocultar un ejercicio institucional del culto católico, culto que de entrada es legítimo y respetable, pero no cuando se confunde con los organismos del Estado, organismos que son de todos, creyentes y no creyentes… Y éstos son sólo algunos ejemplos.

Arabia Saudí acaba de ejecutar a siete personas. Hoy se aprueba por el Congreso el bochornoso Decreto Ley que modifica la Ley de Tasas y afecta al derecho de acceso a la Justicia de los más pobres. Se ha descubierto que la policía atropelló a una patera en extrañas circunstancias y murieron varios inmigrantes. Se acaba de rechazar la amnistía a Ríos Montt que de entrada evita la impunidad para quien es responsable de la muerte de decenas de miles de indígenas guatemaltecos. El Parlamento catalán aprueba el derecho a decidir por amplia mayoría…

Tantas y tantas noticias que no han podido emitirse, o que no han podido contar con un poco más de cancha en nuestros informativos públicos. Estoy seguro de que la humildad y generosidad cristianas hubieran aceptado hacerles un sitio.

El (es) tupido velo del paternalismo

Por Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de anular una Ordenanza del Ayuntamiento de Lleida que prohibía el uso del burka en los espacios públicos. Así, con una sentencia, de catorce de febrero de 2013, anula el Acuerdo del Pleno del Consistorio de 8 de octubre de 2010, que, modificando la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia, prohibía el acceso o permanencia en los espacios o locales destinados al uso o servicio público a las personas que porten velo integral. Impidiendo, además, acceder con dicha prenda al archivo municipal y obligando a los que lo portaran a identificarse ante el personal de transporte de viajeros bajo amenaza de multa de hasta 600 euros.

Soy mujer, progresista y constitucionalista, atributos, los tres, que bien podrían predisponer al lector, para desilusionarlo después, sobre la inclinación con la que abordaré en estas líneas una cuestión tan polémica como el uso del velo islámico integral en los espacios públicos. Sé que me adentro en un debate especialmente sensible en entornos feministas, pero trataré de salir indemne siendo fiel a mi propósito: hablar a favor de la igualdad y la libertad de la mujer musulmana desde una posición que rechaza de lleno el paternalismo de la cultura social dominante, aquélla que, cuando prescinde de que la dignidad reside en el respeto por la libre voluntad, corre el riesgo de limitar ilegítimamente el ejercicio de los derechos fundamentales básicos.

burka

Varios son los derechos y principios constitucionales implicados en la prohibición del velo integral y, como expondré, el Tribunal Supremo no pasa de puntillas sobre ellos. Sin embargo, es una cuestión de carácter competencial la que conduce al Supremo a anular la ordenanza municipal cuestionada, abriendo la puerta a una futura ley que pudiera prever tales límites. Pero vayamos por partes.

La primera cuestión a abordar es si ataviarse con el velo integral constituye una manifestación del derecho a la libertad de conciencia, en este caso religiosa, de quién lo hace. El Tribunal Supremo es claro y, haciéndose eco de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirma que ello es innegable, con independencia de que las auténticas fuentes de la religión islámica contemplen esta conducta o no como un verdadero deber. Y ello porque es indiscutible que existe una motivación de conciencia en la decisión de vestirse con el burka y no corresponde al Estado valorar su legitimidad.

Parece, pues, que si no existe duda de que el uso del velo integral responde a una motivación de conciencia, su prohibición no puede entenderse más que como una limitación del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa que debe, para ser constitucionalmente legítima, cumplir dos requisitos. El primero, perseguir la protección de otro u otros derechos o bienes constitucionalmente reconocidos y, el segundo, la proporcionalidad de tal limitación, esto es, a grandes rasgos, la necesidad e idoneidad de la misma.

Veamos pues cuáles son esos otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos llamados a ser ponderados con la libertad ideológica y religiosa, para examinar, después, si merecen la consideración de “términos de ponderación”, pues es aquí, desde mi punto de vista, donde reside el principal punto de flaqueza de quienes defienden la prohibición del uso del velo integral en el espacio público.

Sin circunscribirme a la Sentencia del Tribunal Supremo que motiva estas líneas trataré de exponer, para rebatir después, los motivos aducidos, no sólo por el consistorio de Lleida, sino también por el legislador francés o belga, que han aprobado leyes que imponen una prohibición general al uso del burka, y que están motivando otras propuestas legislativas en diferentes países europeos.

En este marco, se aduce la incompatibilidad del uso del burka en la esfera pública con los pilares basilares del orden democrático-liberal occidental, entre los que se encuentran la dignidad de la mujer y la igualdad de género. El velo que cubre el rostro de la mujer es, para el legislador francés o para el ayuntamiento de Lleida, un instrumento de opresión sexista que niega la dignidad de la mujer y un símbolo del fundamentalismo islámico que manifiesta lejanía a los valores de la sociedad occidental y que denigra a la mujer musulmana. Otro de los motivos invocados carece de tales tintes moralistas y adquiere un carácter más represor, apelando a la seguridad y al orden público como principios que pueden verse amenazados por el uso del burka en el espacio público. Pero son, quizás, aquéllos sobre los que pivota la ordenanza municipal enjuiciada y otras adoptadas con posterioridad a su aprobación en 2010 en distintos municipios catalanes, los más llamativos, pues apelan a un genérico “derecho a no ser molestado“ o a la no perturbación de la tranquilidad de los vecinos que puede verse alterada por el ocultamiento del rostro de la mujer.

Por lo que se refiere al carácter sexista y opresor del velo integral, creo que cualquier análisis o reflexión al respecto debe partir de la siguiente idea: no es extraño que la sociedad de acogida plantee reticencias hacia lo desconocido y ofrezca resistencia frente a los estereotipos que sitúan a la mujer musulmana en una situación de subordinación dentro grupo étnico o religioso al que pertenecen o como sujetos que padecen la discriminación sexual frente al varón en el seno de su propia comunidad. Dichos estereotipos –que sin duda pueden conducir a la islamofobia, mujeres musulmanas víctimas, cuasi-esclavas de la religión– determinan que la situación en la que se encuentran estas mujeres en las sociedades occidentales sea doblemente preocupante en la medida en que el riesgo discriminatorio puede provenir, al menos, de dos instancias distintas: por un lado, del propio grupo social al que pertenecen y, por otro, de la sociedad de acogida, habida cuenta que la mayor parte de ellas son mujeres inmigrantes.

Cuando se plantea la prohibición del uso del velo islámico integral en los espacios públicos, desconcierta observar que los poderes públicos parecen ignorar las exigencias que derivan de la Constitución a la hora de plantearse la limitación de cualquier derecho fundamental. Así, resulta paradójico ver cómo se enarbola la bandera de la libertad e igualdad de la mujer para protegerla de los imperativos de una religión dominante, dejando de lado la voluntad libremente expresada de ésta. Pero es que, además, si el móvil no es otro que el de garantizar la libertad de la mujer en el espacio público, parece no ser del todo coherente adoptar medidas que pueden producir el efecto opuesto al pretendido, esto es, la desaparición de la mujer del espacio público y su aislamiento en el ámbito familiar o cultura del que presuntamente proviene su discriminación, imposibilitándole, con ello, contrastar lo allí inculcado y su visión de la vida con el pluralismo de opciones presente en una sociedad plural como la española.

Tras la apelación al orden público y a la seguridad para justificar la prohibición del uso del burka en el espacio público reside un nuevo estereotipo social, el que vincula el Islam con el uso de la violencia y el terrorismo. Han transcurrido veinte años desde que en 1993 Huntington publicara en la revista Foreign Affairs su polémico y premonitorio artículo “Choque de Civilizaciones” y diversas han sido las acciones que podrían confirmar, al menos en parte, sus tesis. A partir de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre y los consiguientes ataques occidentales a Irak y Afganistán es indudable que en Europa se ha producido un repliegue identitario que tiende a situar, en palabras de Huntington, a la “civilización islámica” como rival de la occidental por su sistema de valores contrapuestos. Las disposiciones que prohíben con carácter general el uso del velo integral en el espacio público podrían ser un paso más en dicho intento de reafirmar los valores occidentales frente a toda amenaza. Así, no cabe olvidar la tentativa de incluir infructuosamente en el Preámbulo del no aprobado Tratado de Roma de 2004, por el que se establecía una Constitución para Europa, una mención expresa a las raíces cristianas de ésta; o la invocación del principio de laicidad republicano por parte del legislador francés para prohibir en 2004 a las niñas musulmanas acudir a la escuela pública ataviadas con el foulard islámico; así como los múltiples conflictos jurisdiccionales relativos a la presencia del crucifijo en instancias educativas o administrativas públicas.

En dicho contexto me pregunto ¿el hecho de que las mujeres que libremente lo decidan vistan con el velo integral incrementa los riesgos de que se produzcan atentados u otro tipo de actos lesivos de la seguridad ciudadana? Es importante disipar dicha incógnita ya que sólo si existe una relación directa de causa-efecto entre ambos hechos podría limitarse el ejercicio de dicha conducta de una manera constitucionalmente legítima. Y ello porque, como han señalado los Tribunales Supremo y Constitucional, para activar la cláusula de orden público no bastan las meras sospechas, sino que es preciso siempre una real alteración del orden (material), entendiendo por tal la que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que ponen en peligro la integridad de las personas o de los bienes”. Pero el orden público no puede ser nunca empleado como una cláusula preventiva frente a eventuales riesgos que en su expresión máxima son ciertamente infinitos, porque en tal caso ella misma se convierte en el mayor peligro para el ejercicio del derecho de libertad. Y dicha real y directa alteración del orden público no se da en el caso que nos ocupa, pues, tal y como afirmó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 2010, en el caso Arslan contra Turquía, “el simple hecho de encontrarse en la vía pública un grupo de personas vestidas de una forma concreta -en este caso era un turbante, un “salvar” y una túnica negra- no constituye una amenaza para el orden público -en su versión de seguridad pública- o una coacción sobre los demás”. Ante lo que cabe concluir que cualquier disposición que prohibiese con carácter general el uso del burka para proteger “preventivamente” el orden público y la seguridad, no superaría el test de proporcionalidad que debe regir toda limitación que se imponga al ejercicio de un derecho fundamental.

Por último, conviene que atendamos a las finalidades relacionadas con un pretendido derecho ciudadano a que todas las personas respeten un modelo preconfigurado de “actuaciones cívicas” en el espacio público. El consistorio de Lleida aduce la perturbación de la tranquilidad ciudadana que genera la ocultación del rostro y ante ello me pregunto ¿puede un genérico derecho a no ser molestado en el espacio público de acuerdo a los cánones occidentales de vida en comunidad anteponerse a un derecho constitucional como la libertad ideológica y religiosa de las mujeres adultas musulmanas que usan el velo integral para relacionarse con sus vecinos? ¿es necesario recordar a las autoridades municipales, como se recordó El Principito a sí mismo, que “lo esencial es invisible a los ojos”?

Creo que en este último caso no es preciso si quiera atender a las exigencias del principio de proporcionalidad para rechazar la medida limitadora, pues no existe ni tertium ponderable. No existe un derecho a no ser molestado que pueda ser ponderado con el derecho fundamental de libertad de conciencia, no procede si quiera comprobar la correcta nivelación la balanza para garantizar la fiabilidad de la ponderación.

Quiero concluir aplaudiendo la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que rechaza de plano concepciones pretendidamente benefactoras para la mujer, pero sin contar con ella, y me reafirmo en la idea de que la lucha por su igualdad no pasa por la adopción de normas que proscriben el derecho de aquéllas a exteriorizar sus convicciones sino, más bien, por favorecer su inserción, de la forma que les resulte más cómoda, en el espacio público. Concebir el espacio público municipal como un lugar idóneo para la puesta en práctica de los valores constitucionales de convivencia exige, como presupuesto obligatorio, el re«conocimiento» de la especificidad del «otro», aunque sea a través de una rejilla. 

Photo © Olivia Arthur/Magnum Photos
Jeddah. SAUDI ARABIA. 2009

 

 

Proteger los derechos a rastras

Por Fernando Flores

El jueves de esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si el procedimiento de ejecución hipotecaria español es legal de acuerdo con la normativa europea. Este hecho ha creado mucha expectación.

El procedimiento en entredicho se caracteriza procesalmente por su enorme rapidez. La persona que no ha pagado unas pocas mensualidades ve cómo, tras la demanda del banco acreedor, en semanas el juez señala fecha para la subasta de su vivienda, ésta pasa a manos del banco y, tras unos meses, resulta desahuciado. Y esto ocurre aunque haya sido un deudor cumplidor y de buena fe hasta que la crisis le ha arrebatado el empleo y las posibilidades de abonar su deuda; ocurre aunque la información que en su momento recibió de la entidad crediticia fuera insuficiente y engañosa; aunque la tasadora, vinculada al banco, barriera para casa; aunque la hipoteca contenga cláusulas abusivas; aunque la vivienda sea su único hogar; aunque tenga familia y haya menores en casa; aunque sea un extranjero cuyo permiso de residencia dependa de la tenencia de una vivienda habitual; aunque la subasta de su casa vaya a ser un timo en beneficio de su acreedor; aunque con la venta de su casa no vaya a satisfacer la deuda.

Obviamente estas circunstancias no concurren siempre, pero sí muchas veces. Y cuando así sucede, el deudor no puede defenderse. No puede porque la ley que regula ese procedimiento impide al deudor que aporte los hechos, argumentos, documentos y observaciones que puedan detener la subasta y el desahucio de su casa, ya que las alegaciones que puede hacer están estrictamente tasadas por una Ley (Ley de Enjuiciamiento Civil) que reduce de forma drástica el principio contradictorio. O pagas rápidamente, o pierdes la casa y te vas. Ese es el resumen.

No conozco a nadie que piense que se trata de un procedimiento justo. Como mucho se dice que es legal. En esta dirección, el propio Tribunal Constitucional, en una resolución de 2011 que no lo elevará al altar de los grandes protectores de los derechos fundamentales, por formalista, ajena a la realidad social y, me temo, respetuosa con el poder bancario y status quo económico, decidió que ese procedimiento no vulneraba ningún derecho constitucional. Y sin embargo, es un procedimiento legal que facilita las peores injusticias a favor de la parte fuerte, el banco.

Que, con la que está cayendo, haya tenido que ser un juez “de a pie”, y no los partidos políticos mayoritarios, el que haya puesto en duda ante el TJUE la legalidad y la justicia del procedimiento ejecutivo hipotecario (por ser contrario a la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores) da que pensar. La política sobre derechos humanos debe hacerla el Parlamento y el Gobierno, no los tribunales.

Este jueves el Tribunal Europeo resolverá la cuestión prejudicial del juez, y lo que él diga vinculará al Estado español. Pero ¿es necesario llegar a Luxemburgo para cambiar la norma? Ya existe un documento relevante, las Conclusiones de la Abogada General de ese Tribunal, que aprecia que la “regulación procesal (el procedimiento de ejecución hipotecaria) menoscaba la eficacia de la protección que pretende otorgar la Directiva 93/13” (párrafo 51). Y, también contrario a ese procedimiento, por vulnerador del derecho a un juicio justo, encontramos el Informe de los jueces españoles apoyado por más de 40 jueces decanos. Y el importante y demoledor Informe del Defensor del Pueblo de 2012. Y los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada. Y el tenaz movimiento social que ha servido con su lucha el contexto que aprisiona y acorrala a los partidos políticos.

¿A qué esperan éstos, pues, para reformar la ley que regula ese procedimiento tramposo? ¿A una fecha? ¿A la decisión formal de un Tribunal? ¿A que la presión ciudadana sea mayor que la de los bancos? Ni los derechos ni la democracia se protegen eficazmente a rastras.

Derecho a decidir: contexto y pretexto

Por Javier De Lucas

El debate sobre el “derecho a decidir del pueblo de Catalunya”, tal y como viene discutiéndose desde la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya, adoptada el 23 de enero de 2013, parece cada vez más un campo minado. Y no sólo por la falta de claridad sobre las cuestiones realmente decisivas (el sujeto, el objetivo y el procedimiento de ejercicio del derecho a la autodeterminación), ni tampoco por la estrategia de vinculación entre derecho a decidir y derecho de autodeterminación, sino por lo que me permitiré denominar contexto y pretexto del debate. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el planteamiento del derecho a decidir y del la autodeterminación (1), querría ahora ofrecer algunos argumentos que se situarían en lo que podríamos denominar “perspectiva sociológica de los derechos fundamentales” y que tocan sobre todo a la función que se les atribuye. Porque buena parte de los conflictos en torno a los derechos no reside en éstos en sí, sino en su utilización, esto es, en las razones por las que, para las que se alegan.

Si hablamos de funciones de los derechos y del Derecho mismo, como ha enseñado Ferrari, es preciso atender a las funciones manifiestas, pero también a lo que se denomina “funciones latentes” (2) de un proceso que se abre con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012. Por eso, la primera pregunta es por qué ahora. Por qué plantear en este momento el derecho a decidir. Hay varias hipótesis. Algunos lo vinculan a un estallido de la conciencia nacional catalana que habría eclosionado en la diada de 2012. Otros lo explican en la clave de búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica. Veamos esas propuestas de interpretación.

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