Prostitución y derechos humanos

Pepe Reig

Si un día cualquiera, caminando por las calles de Valencia, se le ocurre aceptar los servicios de una prostituta, sepa que incurre en una infracción muy grave por la que le pueden caer hasta 2000€ de multa. La oferente podrá ser conminada a abandonar su actividad y, caso de reincidir, conducida a comisaría por desobediencia y denunciada.

Esto es lo que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Valencia con los votos de PP y PSOE y la oposición de IU, Compromís, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las organizaciones feministas, el Colectivo Lambda, etc.

La Ordenanza Municipal sobre el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aún pendiente de alegaciones, no se acoge en su exposición de motivos ni a uno sólo de los textos legales, convenios y protocolos internacionales dedicados a combatir la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual, que vienen orientando la actividad normativa en este campo. Ni el Convenio sobre prostitución de la ONU de 1949, que negaba a esta actividad el carácter laboral; ni el Protocolo de Palermo (2000) para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; ni el Convenio Europeo de 2005, ni el Informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado que en 2007 concluyó, en línea con el modelo sueco, que la prostitución era una forma de explotación sexual; ni siquiera el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación Sexual, aprobado en Consejo de Ministros en 2008, que se inclina por una respuesta abolicionista.

Una Ordenanza de policía

El texto de la Ordenanza de Valencia viene con membrete del departamento de la policía local. Y eso es exactamente lo que es, una Ordenanza de policía, que no se plantea de ningún modo abordar la prostitución como un asunto de derechos humanos, ni como una cuestión de igualdad de género, ni siquiera como un problema de exclusión social o de salud pública. Un asunto de policía, es decir, de seguridad y una cuestión de “uso del espacio público”, es decir, de imagen urbana. En esto sigue la senda de una iniciativa similar registrada en Barcelona durante el gobierno tripartito y, como aquella, parece abocada al fracaso.

El fundamento declarado no es otro que “preservar a los menores de la exhibición de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales” y “establecer una regulación sobre la ocupación del espacio público” (Art. 1). Cuando la preocupación principal es de imagen, lo que se obtiene es “invisibilidad”, es decir, ocultación hipócrita del problema, lo que hace más difícil su tratamiento. La Plataforma de Organizaciones Feministas, por ejemplo, apunta a un previsible efecto perverso de la Ordenanza: al dificultar la negociación del servicio en plena calle, se está empujando a las mujeres a los locales donde los peligros de violencia, exclusión y explotación permanecerían ocultos y a merced de los dueños de locales de alterne y proxenetas. Eso o, lo que sería peor, se empuja a las mujeres a las carreteras y los polígonos para que no estén a la vista. La conducta que la norma prohíbe es “ofrecer, solicitar, negociar y/o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público” (Art.2.1). La operativa allí descrita sugiere que los agentes “requerirán a los presuntos infractores para que cesen en su conducta” y, de persistir ésta, procederán a denunciar y levantar acta de la “desobediencia a Agentes de la Autoridad” (Art. 5.1).  Aunque el artículo 3.2 excluye de las infracciones a “las personas que ejercen la prostitución”, es evidente que tras el segundo aviso, podrán ser acusadas de desobediencia y denunciadas sin mayor protección.

Del lado de las políticas sociales a lo más que llega la Ordenanza es a declarar que los servicios sociales “informarán y ayudarán a toda persona que ejerza el trabajo sexual en el término municipal y quiera abandonar su ejercicio” (Art. 5.3). Eso es todo. Ni acompañamiento a los servicios sociales, ni detección de situaciones de daño o peligro, ni protección a los derechos de las personas en “situación de prostitución”. Nada.

Algo a todas luces muy distante de lo que se intentó en Sevilla, bajo un gobierno socialista en enero de 2011. Distinto y distante, aunque los defensores de la de Valencia digan haberse inspirado en aquella. En primer lugar porque allí no se trató de un asunto de policía, sino de un Plan Integral que contempla dispositivos de asistencia y acompañamiento para reponer los derechos de la víctima y ayudas a entidades y ONGs que “desarrollen programas de apoyo y atención a mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual”. Un planteamiento ambicioso que se reivindica continuador de las políticas de igualdad y derechos y se acoge a todos aquellos instrumentos jurídicos y científico sociales que la Ordenanza de Valencia ignora tan olímpicamente.

Naturalmente, aquí no se trata sólo de la clamorosa falta de sofisticación de la alcaldesa de Valencia o la vocación “centrófila” del líder de la oposición, sino de algo más serio, la mentalidad conservadora que reduce los problemas sociales a problemas de orden público. De orden y, eventualmente, de moral. Es decir, justo el tipo de enfoque menos adecuado para una realidad tan compleja y sutil.

El problema de la prostitución no soporta tratamientos oportunistas o demagógicos centrados en el discurso de la seguridad, por más legítima que sea la preocupación por el ambiente y el paisaje humano de nuestras ciudades.

El debate que no se puede obviar

El enfoque más integral y que han adoptado los organismos internacionales es el de los Derechos Humanos. Las personas que se prostituyen son a menudo, o han sido, víctimas de trata, por lo que debe considerarse dentro de una problemática más amplia. Tanto la Declaración de Beijing de 1995, como el Convenio de Europa de 2005 llaman a centrar la atención y los esfuerzos en la protección de las personas traficadas. Este enfoque ha logrado insertarse en las normativas más avanzadas introduciendo la atención a la vulnerabilidad de las víctimas de la trata, de toda clase de trata, ya sea para explotación sexual o laboral. La vulnerabilidad se relaciona con el trasfondo de desigualdad, que es preciso tener presente tanto en la prevención como en la reintegración del derecho de esas personas. Este planteamiento enfatiza el hecho de que el eventual consentimiento de la víctima “no invalida la violación de sus Derechos”.

Junto a éste enfoque es preciso incorporar la perspectiva de género, ya que la trata con fines de explotación sexual afecta mayoritariamente a mujeres, hasta el punto de considerarse una forma de violencia de género. Lo mismo puede decirse de la que se produce con fines laborales, que aparece “fuertemente marcada por la división sexual del trabajo”, como señala García Cuesta en un estudio financiado por el Instituto de la Mujer. Bajo esta perspectiva la persona que se prostituye es víctima de una relación de poder desigual.

La perspectiva de género ha sido en ocasiones puesta al servicio de una respuesta reguladora, es decir, de una consideración de la prostitución como actividad laboral legítima de la que habría que erradicar, mediante leyes, la violencia y la coacción. Para este enfoque particular, es preciso distinguir claramente la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la prostitución en sí, ya que ésta puede ejercerse también voluntariamente. Legalización y regulación es la apuesta de los colectivos Hetaira o Genera, cuya labor de apoyo y asistencia a las personas que ejercen prostitución les lleva a reivindicar su libre ejercicio. Y, si bien no puede negarse que existe, al menos en Europa, una prostitución autónoma de mujeres en ejercicio de su libertad sexual, multitud de estudios independientes muestran que el consentimiento voluntario apenas llega a un 5% de los casos, por lo que puede considerarse como un mercado “casi completamente coactivo” (Médicos del Mundo). De todas formas, si hemos de creer al Centro holandés de Investigación y Documentación encargado de hacer el balance tras la legalización de la prostitución en el 2000, En ese país ni ha mejorado la situación “laboral y sanitaria” de las prostitutas, ni ha “aflorado” la mayor parte del negocio oculto. Al contrario, la parte legalizada ha servido para “encubrir la gran masa de mujeres traficadas”. Balance similar presenta la legalización en Alemania.

Tres respuestas

Pero la perspectiva de género ha militado principalmente en una posición muy diferente de ésta: la apuesta abolicionista. Desde el feminismo se ha cargado contra la regularización, señalando que la reducción de la persona, especialmente las mujeres, a mero objeto de consumo atenta contra su dignidad y sus Derechos Humanos, por lo que se considera la prostitución como una forma de violencia. El hombre que compra sexo, compra poder sobre una mujer desprotegida y esto es radicalmente antidemocrático.

Bajo esas premisas se llega en Suecia, tras casi veinte años de debate,  a una legislación abolicionista radical, en la que el culpable es el demandante del servicio sexual y la oferente es la víctima de su poder. Incluso en una sociedad tan igualitaria y sexualmente abierta como la sueca, se entiende que tal relación humilla y cosifica a la mujer. La ley sueca de 1999 castiga al usuario al considerar que el contrato no tiene lugar entre iguales. El resultado de tal política es sorprendente: redujo en un 70% la prostitución callejera y en 50% la de los clubs en el primer año.

El debate sigue abierto y nada anuncia que vaya a cerrarse pronto, porque la prostitución crece en nuestro entorno y se cruza con fenómenos de inmigración y exclusión social acentuados por la crisis. Quizá sea por esa creciente complejidad por lo que se antoja tan ridículo el intento de atajar el problema desde una Ordenanza de policía.

Para saber más:

* ONU (1949): Convenio para la represión de la trata de personas 
y de la explotación de la prostitución ajena.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/01136

* ONU (2000). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños. Palermo.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Protocolo_Palermo_-_ESP.pdf

* Consejo de Europa (2005). Convenio del Consejo de Europa sobre 
la lucha contra la trata de seres humanos. Varsovia.
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf

* Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la Prostitución
(2007). Informe de la Ponencia sobre prostitución en nuestro país.
http://www.lourdesmunozsantamaria.cat/IMG/pdf/INFORME_PONENCIA_PROSTITUCION.pdf

* Red Española contra la Trata (2006)
http://www.redcontralatrata.org

*Alianza Global contra el Tráfico de mujeres (GAATW)
http://www.gaatw.org

 

 

 

A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución

Por Ana Valero

El viernes pasado, el Gobierno del PP aprobaba el Proyecto de Ley de lo que será la séptima reforma educativa de nuestra democracia con toda la comunidad educativa y el resto de los partidos políticos de la Cámara en contra. Entre otras novedades, el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales, en Primaria y Valores Éticos, en Secundaria- serán evaluables y su nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”.

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El documento “Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe”, hecho público ayer por la Conferencia Episcopal Española contiene la siguiente frase

“Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”.

Y hace un mes la misma Conferencia Episcopal presentaba bajo el título “Una asignatura apasionante” el vídeo promocional de la asignatura de Religión en la escuela. En el citado vídeo aparece un profesor que le dice a los estudiantes que con la asignatura de religión van a aprender y a comprender las obras de autores como Leonardo da Vinci  o Newton, o que la misma “les puede dar las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo”.

¿Está la Iglesia Católica Española intentando obtener carta de naturaleza científica para la religión como trataran de hacerlo las doctrinas del “Creacionismo” y del “Diseño Inteligente” en Estados Unidos?

Mientras los herederos del “Creacionismo” han articulado toda una doctrina considerada pseudociencia por la comunidad científica para tratar de sortear los límites constitucionales que exigen una absoluta separación entre Iglesia y Estado en USA, y así colarse en el currículo educativo de algunos Estados, en España la estrategia parece la inversa: primero obtener la carta de naturaleza académica, para después justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de la materia de pretendidos tintes científicos.

En Estados Unidos la polémica se remonta a los años sesenta, cuando su Corte Suprema tuvo que pronunciarse por primera vez sobre una ley que promovía la enseñanza del “Creacionismo” en las escuelas como una teoría que debía ser incluida en el currículo educativo con el mismo estatus que el “Darwinismo” o Teoría de la Evolución de las Especies. Como es sabido, la primera defiende una explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por un dios personal, por lo que fue considerada por la Corte Suprema como un intento de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por el principio de separación Iglesia-Estado previsto por la Constitución Americana.

Los defensores del origen creacionista del Universo han perfeccionado con el tiempo su teoría, derivando en lo que hoy se conoce con el nombre de “Diseño Inteligente”, teoría según la cual el origen o evolución del Universo, la vida y el hombre, es el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes.

Sus partidarios defienden que se trata de una propuesta científica legítima y capaz de sustentar un programa de investigación metodológicamente riguroso. Sin embargo, esto no es aceptado por la comunidad científica y su inclusión en el currículo educativo de la escuela pública ha sido declarada inconstitucional por un Tribunal federal en el año 2004 por vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, sosteniendo que enseñar el Diseño Inteligente es enseñar religión y no ciencia.

Volviendo de nuevo a España, y a la nueva reforma educativa, cabe señalar que con la obtención de un carácter evaluable y computable de la asignatura de religión y su alternativa, el Gobierno claudica a una de las históricas pretensiones de la Iglesia Católica española. Esta previsión tendrá como consecuencia lógica, o así lo pretende esta última, paliar el descalabro de cifras de matriculación de alumnos en la asignatura producido en los últimos años en España, pues, según cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Educación, en los últimos diez años se han reducido diez puntos.

Los defensores de la enseñanza de la religión en la escuela pública tradicionalmente han sostenido que garantizar por parte de los poderes públicos la libertad de optar por dicha materia significa dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual,

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Algo que es completamente incorrecto, pero veámoslo con detenimiento.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones es un derecho de “libertad” frente al Estado y nunca de “prestación”. Esto supone que la escuela pública nunca podrá impartir en su sede contenidos curriculares de carácter adoctrinador que contradigan las creencias o ideas paternas, pero esto no significa, en ningún caso, que esté obligada a satisfacer dichas convicciones mediante la inclusión en el currículo educativo de materias dogmáticas que den prolongación en el ámbito escolar a las creencias transmitidas en el ámbito familiar. Es más, este argumento llevado al extremo podría conducir al absurdo de que el Estado estuviese obligado a crear tantos modelos educativos como distintas convicciones pudieran encontrarse entre los padres, algo totalmente inviable.

Así pues, el primer equívoco (intencionado) que procede aclarar, es que no existe una obligación constitucional de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, obligación que deriva, eso sí, del “Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales” suscrito entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979. Este Acuerdo prevé que “Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

Es preciso destacar que el Acuerdo con la Santa Sede tiene naturaleza concordataria y, en consecuencia, es considerado un tratado internacional. Esto último implica que el legislador español, al regular las cuestiones relativas a la enseñanza, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 96.1 CE. A este respecto, conviene señalar el carácter “demagógico” de las palabras del Secretario General del PSOE cuando afirma que si el Gobierno sigue adelante con su ley, denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede. De sobra sabe Rubalcaba que esa posibilidad, que dicho sea de paso, sí que es una verdadera obligación constitucional en la medida en que los Acuerdos firmados con la Santa Sede contradicen claramente los principios de laicidad y de igualdad, sólo está en manos de quien gobierna, que además, en estos momentos, tiene mayoría absoluta en sede parlamentaria. Así pues, de nada sirven las intenciones oportunistas de quien ha tenido en sus manos la posibilidad de denunciar y/o renegociar tales acuerdos en cualquiera de los momentos en los que ha ocupado el gobierno estatal.

Debe quedar claro, por tanto, que sacar la asignatura de religión de la escuela pública requiere la renegociación de los Acuerdos en la materia con la Santa Sede. Ahora bien, esto no significa que la materia necesariamente deba ser evaluable y computable para la nota media. Esta sí es una opción del legislador, la que ha elegido el PP para satisfacer las exigencias de la Conferencia Episcopal. Opción claramente contraria al principio de laicidad constitucional, así como a los derechos de libertad de conciencia, igualdad y no discriminación. Y ello porque, con esta solución, se atribuye efectos académicos a una evaluación, la de la asignatura de religión, hecha con criterios confesionales y no académicos.

viñeta

Además, la existencia de una asignatura alternativa a la religión, como prevé el Proyecto de Ley llamado Wert, no es obligada ni por la Constitución ni por el “Acuerdo sobre Educación y Asuntos culturales con la Santa Sede”. No se vulneraría ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico si no existiera. Ni siquiera el Tribunal Supremo español ha sugerido, en sus numerosas sentencias sobre el asunto, que sea una derivación de la fórmula “equiparables” que establece el Acuerdo.

Procede advertir, por último, que la inclusión de la enseñanza confesional de la religión en el currículo formativo de la escuela pública no es la más acertada de las opciones desde una perspectiva que en muchas ocasiones parece no tenerse en cuenta, la de los derechos de los estudiantes, y más concretamente, de su “derecho a la libre formación de la conciencia”. Y ello porque, incluir en los programas escolares una materia que contenga contenidos dogmáticos -que son los que contiene la asignatura de religión por mucho que se empeñen los obispos en convencer de lo contrario- debería desempeñar, para respetar tal derecho, una función estrictamente educativa. Nunca, por tanto, una función aleccionadora o con vocación dogmática a la que parece acercarse, más bien, la presencia en los planes de estudio de una asignatura que tiene por objeto la exposición apologética de una determinada religión y cuyos contenidos, profesores y libros de texto son determinados y seleccionados por una Iglesia concreta.

Foto: Ángel Cantero.

Viñeta: Ferrán Martín

Una tautología: el Defensor incómodo

Por Javier de Lucas

Escribo estas líneas tras hacerse oficial ayer, 22 de mayo de 2013, la decisión del Parlamento de Andalucía de no renovar el mandato de José Chamizo de la Rubia como Defensor del Pueblo andaluz. Y pongo por delante, para que no haya equívocos, que soy uno más entre las muchísimas personas que admiran a José Chamizo como persona y como personaje, como Defensor del Pueblo (puede leerse la plataforma en apoyo de su renovación: Twitter @apoyoChamizo, Facebook: Plataforma apoyo renovación José Chamizo Defensor Pueblo Andaluz). Es más, me considero amigo suyo. Pero no escribo para ensalzar al amigo, ni siquiera al personaje y a su labor.

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La creación del Defensor del Pueblo es, a mi juicio, uno de los aciertos de la hoy cuestionada – y no sin razones- Constitución de 1978. Por cierto, aunque su perfil responda al modelo de ombudsman, no es una institución sin antecedentes en nuestra cultura jurídica. Pero, sobre todo, no se trata de ningún adorno institucional; siempre, claro, que se tome en serio. Lo deja claro el artículo 54 de la Constitución: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. Y la importancia de esa función fue más concretamente perfilada en el artículo 9 de la Ley orgánica 3/1981, que establece: “El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el art.103.1 de la Constitución y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero”.

Tan compleja y difícil es esa tarea, que los Estatutos de la mayoría de las Comunidades Autónomas crearon instituciones paralelas y específicas, que deben coordinarse con la establecida por la Constitución (lo que no siempre ha sido el caso), pero ejercen en su ámbito autonómico esa defensa de los derechos de los ciudadanos en supervisión de la actividad de la Administración. Lejos de superflua o redundante, se trata, pues, de una institución imprescindible que reconoce la posición preferente que ha de tener el ciudadanos en su relación con los poderes públicos.

Nadie puede discutir que la decisión de elegir y renovar o cesar al Defensor del Pueblo es competencia exclusiva del Parlamento. También en el caso del Defensor del Pueblo andaluz. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 9/1983 del Parlamento de Andalucía que regula esta institución, “El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento”. Inequívocamente, por tanto, es el Parlamento, en nombre de la soberanía popular y con el máximo de acuerdo (3/5 de los votos), quien lo debe elegir. Pero dicho esto, en mi opinión, la no renovación de José Chamizo ha sido un error. Si alguien está haciendo bien su trabajo y sigue con ánimo y capacidad para hacerlo, tal como acreditan los resultados, lo mejor es que siga. ¿Indefinidamente? No. Mientras lo haga bien.

Lo interesante es, precisamente eso, ¿en qué consiste hacer bien la labor de Defensor del Pueblo? Y mi respuesta es sencilla: en ser incómodo para la Administración, pues en caso contrario es que no está cumpliendo con lo que dispone la Constitución y, en el caso andaluz, la propia Ley 9/1983, en su artículo 6, que reproduce el modelo del artículo 6 de la ley orgánica 3/1981: “El Defensor del Pueblo Andaluz no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio”.

Esto es, para que entendamos que el Defensor del Pueblo hace bien su tarea, es preciso que no la entienda como un retiro privilegiado, un despacho dorado con el que se le ha recompensado por su trayectoria. Muy al contrario, si se toma en serio su función, ha de ser incómodo. Debe molestar a la administración. Y eso, sin duda, supone molestar a los partidos políticos, sobre todo a los que forman el Gobierno y aún más si esos partidos controlan la composición de la Administración que aparece como correa de transmisión de los mismos.

Otra cosa, otro debate, es si algún día alcanzaremos en nuestro país un modelo de administración pública más cercano por ejemplo al del civil service británico, que no cambia su composición al albur de los resultados electorales, sino que permanece estable como condición de garantía de su sometimiento a los intereses generales, tal y como establece el artículo 103 de la Constitución (“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”). Ese es el debate sobre la caracterización weberiana del funcionariado como clase universal, neutral, pública por excelencia, lejos de los fototipos al uso y quizá también, desgraciadamente, lejos de tanta degradación y manipulación de ese modelo de funcionariado por los insaciables intereses de cierta clase política.

Cada quien tiene su estilo. Algunos, más sinceros e incluso en ocasiones abruptos, como José Chamizo. Pero insisto, la del Defensor no es, no debe ser, por definición, ni una figura ni una tarea complaciente con la administración. Su perfil el de quien sabe que los derechos no existen si no se lucha por ellos. Incluso cuando ya están proclamados. Sobre todo en el caso de los más vulnerables  y aún más en tiempos de crisis. No digamos si, en esa crisis brutal, la prioridad no es la protección de los derechos de las personas que están menos protegidas. Precisamente aquellos que han sabido que siempre contarían con el Defensor del Pueblo, con José Chamizo. Pero la buena noticia es ésta: seguirán contando con la fuerza, con el terco empeño de José Chamizo por luchar por ellos, por defenderlos, esté donde esté. Y esa es, a mi juicio, una de las mejores razones de esperanza que nos caben.

Culpable, sí. ¡Y además por Genocidio!

Por Almudena Bernabeu

A las 4:45 horas de la tarde en Guatemala del pasado viernes 10 de mayo, la presidenta del Tribunal colegiado de Mayor Riesgo de Guatemala Yasmin Barrios declaraba al ex dictador y general retirado Efraín Ríos Montt culpable del delito de Genocidio por el asesinato de 1.771 indígenas mayas Ixiles y condenado por ello a 50 años en prisión. Aunque también fue condenado a 30 años de prisión por un delito contra los bienes de humanidad (1). El paso histórico para Guatemala es sin duda alguna que este militar, símbolo de la barbarie de los años más duros del conflicto armado en el país (1982-1983) y de la dogmática contrainsurgente, haya sido declarado ante todos en Guatemala y ante el mundo, genocida.

RM escucha sentencia

Debo admitir que a pesar de haber trabajado en la investigación del delito de Genocidio en Guatemala y en el caso ante la Audiencia Nacional durante tantos años, es solo tras mi mas reciente visita a Guatemala durante el juicio para acompañar a las victimas y a mis colegas en la acusación, que he entendido, con el corazón y con la cabeza, lo trascendental de esta decisión.

Me trasladé a Guatemala a observar el juicio el pasado 11 de abril. Me dirigí a Guatemala con cautela y sintiendo de nuevo algo del desasosiego que en ocasiones, trabajar en Guatemala y enfrentar algunos de los problemas del país, me ha causado. Aunque siempre me he sentido orgullosa y feliz de poder contribuir y trabajar con la gente en Guatemala, me preocupaba. Un par de horas después de llegar a la capital, ya estaba sentada en la sala grande (por cuestiones de aforo) de la Corte Suprema, donde se llevaban adelante  las sesiones diarias del juicio. En esos días cada sesión se vivía entre la emoción de ver que el juicio avanzaba, escuchando atentamente cada testigo de la acusación, y la angustia de una posible suspensión del proceso con base a alguno de los numerosos recursos de amparo interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por los abogados de los dos procesados, Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez.

Que el uso de recursos de amparo por parte de los abogados de los procesados es una técnica destinada a dilatar e interferir maliciosamente el proceso no se pude cuestionar. Prueba de esto son, no solo el exorbitante número de recursos interpuestos, (mas de 100 desde que empezara el proceso) sino la misma ley guatemalteca, que claramente prevé que el recurso de amparo puede utilizarse siempre y cuando se den dos condiciones previas: 1º. Que efectivamente los derechos constitucionales del procesado hayan sido violados; y 2º. Que la sentencia o resolución objeto del recurso sea firme.

Solo llevaba cinco minutos en la sala de la Corte Suprema cuando vi como iban llegando colegas, amigos, profesionales de muchas ONG y otras entidades nacionales e internacionales, que con sonrisa y en silencio me daban la bienvenida. En aquellas sonrisas ya no había rivalidades de antes, ni modos distintos de ver las cosas. Pude percibir una unión, una cohesión, sabida pero inesperada. Lejos estaban ya por ejemplo, los viejos recelos de si llevar el caso de genocidio a la Audiencia Nacional española o de si sacarlo adelante en Guatemala. Ahora se cristalizaba lo que intuitivamente muchos sabíamos y defendíamos, sin el trabajo de todos, en cada una de las paradas de este largo proceso, esto no hubiera salido adelante. El trabajo en Guatemala, el trabajo en el sistema interamericano, el trabajo ante la Audiencia Nacional y de nuevo en Guatemala, el trabajo de todos.

Durante mi estancia tuve la oportunidad de escuchar importantes testimonios, algunos de ellos muy conocidos para mi, de testigos y peritos o expertos. Sentí por ejemplo no escuchar en directo a mi amiga ya y antropóloga Marta Casaus, guatemalteca profunda, honesta, coherente, quien tuvo la valentía de hablar del racismo en Guatemala como ese mal estructural instalado en la colonia que tanto ha tenido que ver con el conflicto, con su cualidad y con su desarrollo. Si política y sociológicamente la palabra patriota volviera a tener sentido alguna vez, los patriotas deberían ser todos como Marta, valientes, fuertes y frágiles en igual proporción, para poder así entender, enfrentar y ser parte de su historia.

A pesar de perderme a Marta pude ver testificar a profesionales guatemaltecos como Héctor Rosada y Ramón Cadena y a profesionales internacionales como Patrick Ball y Liz Oglesby, quienes pusieron números, análisis y respuestas a lo endiablado del proyecto, de ese conflicto armado interno que dejó de serlo para convertirse en, como encontraríamos escrito en alguna novela colombiana, una “pura matazón”.

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El extraño caso de la diputada Menéndez

Por Fernando Flores

El día 9 de mayo una parlamentaria de la Asamblea de Madrid, la diputada Maru Menéndez, fue expulsada de la Cámara por el Presidente de la Asamblea, señor Echevarría. El motivo fue que durante una intervención de control parlamentario al gobierno llamó “corrupto” al también diputado y Presidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González.

Pero la sanción aplicada a la señora Menéndez no quedó saldada con la expulsión. Entendió el Presidente de la Cámara que su comportamiento merecía algo más, y le aplicó una pena mayor, a saber, no sentarse en su escaño durante un mes.

La dureza de la sanción –impedir a un representante elegido por el pueblo ejercer su trabajo a lo largo de treinta días– llama la atención tanto por la forma (o mejor dicho, por la falta de formas) en que se adoptó, como por lo que implica en el fondo. A la vista de lo sucedido, puede decirse que el presidente de la Asamblea (del Partido Popular) utilizó un poder discrecional que tiene una finalidad concreta, mantener el orden en la Cámara, para desactivar el control parlamentario de la oposición al Gobierno. Y para ello vulneró varios derechos y principios constitucionales. Veamos por qué.

Qué es un representante

En democracias parlamentarias –la nuestra lo es a nivel estatal y a nivel autonómico– el protagonismo de los representantes elegidos en elecciones libres es uno de los elementos fundamentales del sistema. Más aún en sistemas representativos como el español, que da poco juego a la participación ciudadana como fuerza activa en la conformación de la voluntad general, en la toma de decisiones políticas y en la ejecución de las mismas. Y más aún cuando algunos cargos públicos identifican “la política democrática” exclusivamente con la acción de los partidos políticos, la elección de representantes y el juego parlamentario.

Es por eso que, a la vista de este modelo, y entretanto se abre alguna opción más a la participación real de los colectivos sociales, debe asumirse que la limitación al ejercicio del derecho de participación política del parlamentario ha de ser excepcional, en casos muy graves y claramente justificados.

Además del argumento señalado debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, la función más importante de los diputados y diputadas es la de “control al gobierno”, sobre todo en aquellos casos (como el madrileño) en que el ejecutivo cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Asamblea. Y es que reducidas al mínimo las clásicas funciones del Parlamento, la legislativa (pues legisla el gobierno con el apoyo de los votos de su partido), y la presupuestaria (pues de nuevo es el gobierno el que elabora y aprueba los presupuestos sin necesidad de negociación con la oposición), a las minorías solo les queda la posibilidad de la crítica, la denuncia, la queja, y ser altavoz público de lo que consideren actuaciones censurables del gobierno. Toda restricción a esas críticas entierra (más aún) lo que de democrático queda a nuestro sistema.

Los hechos

Si estamos de acuerdo en lo anterior la pregunta siguiente es obvia: qué acción tan intolerable de la diputada Menéndez mereció una limitación tan grave de sus derechos. Derechos que, en definitiva, no son sino una prolongación de los de los ciudadanos, a quienes ella, como parlamentaria, pone voz y representa.

Todo empezó cuando el Presidente de la Asamblea entendió que llamar “corrupto” a otro diputado (en este caso el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid) constituía una acción muy grave que iba en contra de los principios básicos de la cortesía parlamentaria.

Los hechos sucedieron más o menos así:

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Ciudadanía y salud mental. El internamiento involuntario: entre la psiquiatría y el derecho

Por Pepe Reig

FJGF es un ciudadano de un país democrático, pero fue internado el 2 de mayo de 2007 en un centro hospitalario contra su voluntad y permaneció allí hasta que, diecinueve días después, recibió el alta médica. Esta medida de “internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico”, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763.1), fue ratificada por el juzgado de 1ª Instancia número 16 de Granada y después por la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Pero FJGF era, después de todo, ciudadano de un país democrático y el Tribunal Constitucional le amparó en Sentencia dictada el 2 de julio de 2012, decretando que había sido “privado ilegalmente de su libertad”, toda vez que no se habían respetado los requisitos legales del internamiento involuntario, los plazos y los informes psiquiátricos, ni se le informó de sus derechos.

Este de los internamientos involuntarios es, a un tiempo, una pieza clave de la teoría de los derechos humanos y un nudo gordiano para la psiquiatría moderna. En el cruce de estos dos mundos podría encontrarse un índice fiable de la calidad de nuestra democracia. Y el examen no es del todo satisfactorio.

Internamientos Psiquiátricos Involuntarios

Dejando de lado las pesadillas más o menos cinematográficas sobre internamientos instados por familiares para despojar al paciente de sus bienes, o las crueldades soviéticas sobre manicomios para disidentes, no cabe duda de que estamos ante un delicado asunto, no por invisible menos real.

Los trastornos mentales son más frecuentes en Europa que el cáncer o las patologías cardiovasculares. Según el Ministerio de Sanidad, el 9% de la población padece trastornos mentales y el 15% los padecerá. De modo que puede presumirse que la regulación sobre el internamiento psiquiátrico, consentido o no, tendrá efectos sensibles sobre la vida de un número importante de ciudadanos.

En la normativa española, los ingresos por trastorno mental pueden ser urgentes u ordinarios (dependiendo de la manifestación patológica que los provoca) y también voluntarios e involuntarios (dependiendo de si se producen o no con consentimiento del paciente).

Aunque la iniciativa pueda originarse fuera del dispositivo sanitario (por ej.: en la familia o la administración), el ingreso de urgencia debe ser indicado por el médico y requiere una autorización judicial a posteriori, que trata de salvar la relativa suspensión de garantías que conlleva el “no consentimiento” del paciente. Urgencia aquí sólo puede significar necesidad de inmediata intervención médica, ya que en nuestro ordenamiento no cabe la finalidad de “aislamiento preventivo”.

El internamiento urgente es el que ofrece más dudas jurídicas, pero es también el más frecuente. En Italia, por ejemplo, el ordinario, es decir, con informe médico ex ante, ni siquiera está previsto y en Alemania apenas se da.

En un proceso donde se ponen en juego derechos y responsabilidades tan sutiles, se hace imprescindible una claridad procedimental que los profesionales no siempre encuentran, por eso se han desarrollo protocolos de actuación reglados que intentan objetivar la toma de decisiones:

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* Cuadro 1 (pulsar para ampliar)

Lo que el protocolo no ha podido evitar es una vertiginosa caída en la “calidad” del ingreso, una vez que éste se hace inevitable. Los profesionales más conscientes denuncian allá donde pueden prácticas como el aislamiento familiar, la incomunicación, la videovigilancia, etc. del paciente, en claro abuso de ley.

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Disculpen si molestamos: precisiones sobre el derecho de reunión en Democracia

Por Patricia Goicoechea

Desde hace cuatro años hemos escuchado en innumerables ocasiones que una crisis es una oportunidad. Y esta que vivimos lo está siendo, entre otras cosas, para calibrar la solidez de nuestra democracia. O, mejor dicho, está dándonos a los ciudadanos la oportunidad de comprobar que muchos de quienes desempeñan funciones y cargos públicos no se sienten cómodos cuando ejercemos algunos de nuestros derechos fundamentales, inherentes a todo régimen democrático. En fin, que quizá con lo que no se sienten cómodos algunos de nuestros políticos es con el propio concepto de democracia.

Ello ha quedado especialmente patente con el ejercicio del derecho de reunión. Derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 21, y derecho humano reconocido y protegido por multitud de instrumentos internacionales de los que España es parte y que, por ello, han de ser obligatoriamente respetados por las administraciones y autoridades. Este derecho de reunión al que se refieren la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es el derecho a reunirse, en privado, para una celebración familiar. Este derecho a la libertad de reunión que protegen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales no es el derecho a juntarse en un lugar apartado, lejos de la vista de terceros, y en silencio. El derecho humano a la libertad de reunión, el derecho fundamental de reunión, incluye evidentemente la posibilidad de que los ciudadanos nos manifestemos, nos concentremos, nos unamos para reivindicar, protestar, quejarnos o apoyar aquello que consideremos oportuno, siempre que lo consideremos necesario y allí donde nos parezca apropiado. En definitiva, lo que se protege es una forma de ejercer el derecho a la participación en asuntos públicos a través del derecho de reunión y manifestación. Ello tiene una contrapartida para los poderes e instituciones del Estado: su obligación de proteger el disfrute de este derecho y asegurarse de que pueda ser efectivamente ejercido.

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Sin embargo, antes, durante y después de cada una de las manifestaciones masivas a las que venimos asistiendo en estos últimos años, son habituales las declaraciones de cargos públicos en las que se pone en duda que el ejercicio de este derecho fundamental se esté ejerciendo de forma legítima, en las que se califican de ilegales aquellas concentraciones que no han cumplido con el requisito de la comunicación previa o, en fin, se apela a la necesidad de revisar nuestras leyes y modular el ejercicio de este derecho fundamental.

Tanta es la confusión, que hace unos días el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, tuvo que recordar lo obvio: que una concentración pacífica es un ejemplo de ejercicio del derecho fundamental de reunión. Esta demostración de sentido común y, sobre todo, de conocimiento jurídico por parte del señor Moliner dio lugar a que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, volviera a repetir ese argumento al que se viene aferrando desde que tomara posesión de su cargo para tratar de restringir sistemáticamente toda manifestación o concentración: que el artículo 21 de la Constitución establece que el ejercicio del derecho de reunión debe ser previamente comunicado. De este argumento, que la Delegada del Gobierno repite como un mantra, concluye ella misma que toda concentración no comunicada es ilegal y, por tanto, ha de ser restringida (mediante la imposición de sanciones administrativas a los participantes, despliegues policiales desproporcionados y cargas arbitrarias por parte de los agentes antidisturbios).

Es cierto que el artículo 21 de la Constitución prevé que se dé comunicación previa a las autoridades en el supuesto de manifestaciones en lugares de tránsito público. Ahora bien, ese requisito de notificación previa tiene como único fin asegurar que las autoridades pongan los medios necesarios para que pueda darse un ejercicio efectivo del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de notificación previa puede considerarse un motivo legítimo para la obstaculización del ejercicio del derecho, ni para la disolución de la manifestación, ni tampoco para la posterior sanción a los participantes. Así lo vienen recordando los tribunales internacionales (entre otras, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Barraco c. Francia), las organizaciones internacionales (por ejemplo, las Líneas Directrices sobre el Derecho de reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea) y más recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho de reunión en su último Informe al Consejo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales han de ser respetados por las autoridades y órganos judiciales españoles cuando interpretan los derechos fundamentales que reconoce y protege nuestra Constitución, como ésta prevé expresamente en su artículo 10.2. En definitiva, el carácter esencial del derecho de reunión, inherente a toda democracia y forma de ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, exige que su ejercicio sea protegido siempre, aún cuando no se haya cumplido con el requisito de la comunicación previa.

Otra costumbre que va arraigando entre nuestros cargos públicos, y a la que es especialmente aficionada la Delegada del Gobierno en Madrid, es la sistemática confusión entre “concentración no comunicada” y “concentración ilegal”. Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas manifestaciones que entran en la descripción del artículo 513 de nuestro Código Penal; es decir, aquellas que se celebren con el fin de cometer un delito o a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o peligrosos. Luego, el mero hecho de que una manifestación no haya sido previamente comunicada a la autoridad competente no es motivo para considerarla ilegal, mucho menos para calificarla como tal. Sólo puede haber dos motivos para tal confusión. El primero, el mero desconocimiento de las normas por parte de quien mezcla ambos conceptos. El segundo, la descarada voluntad de confundir con ello a la opinión pública, trasladando el mensaje de que quienes acuden a tales concentraciones no comunicadas previamente están incurriendo en comportamientos ilegales, peligrosos, dignos por tanto de ser reprimidos. Esto último es una gravísima irresponsabilidad por parte de quien desempeña funciones públicas. Es aterrador que quien tiene la responsabilidad de asegurar y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales en la Comunidad de Madrid (y la posibilidad de dar las órdenes necesarias para restringir e impedir su ejercicio) demuestre sin sonrojo tan poco respeto por esos mismos derechos y tan poco apego a las normas que regulan su ejercicio.

Finalmente, venimos escuchando otros dos argumentos también inquietantes: que los mensajes críticos transmitidos en algunas manifestaciones son considerados ofensivos por nuestros dirigentes, y constitutivos por ello de violencia verbal, y que convendría que las manifestaciones, de no poder ser evitadas, se realicen a suficiente distancia del lugar en el que están aquellos a quienes van dirigidos los mensajes (300 metros, se ha llegado a decir). En primer lugar, el derecho de reunión en una democracia incluye, necesariamente, la posibilidad de que quienes lo ejercen sostengan mensajes incómodos, chocantes y ofensivos. Incluye también, por supuesto, que el ejercicio de este derecho resulte perturbador para terceros, en particular para aquellos que no comparten el mensaje y, sobre todo, para aquellos contra quienes éste va dirigido. Cuando la movilización social busca hacer llegar un mensaje de desafección, de protesta, de queja a los dirigentes y cargos públicos es obvio que para estos últimos tal mensaje será incómodo. Pero esa incomodidad no es motivo para que se pretenda obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental, ni mucho menos para pretender anularlo, aún cuando para ello se utilice el absurdo eufemismo de la modulación. Si bien existe un derecho humano a la libertad de reunión, no se reconoce en ningún texto internacional ni en nuestra Constitución un derecho humano o fundamental a no ser ofendido. En segundo lugar, el ejercicio del derecho de reunión debe venir presidido por el principio de la percepción visual y auditiva (“sight and sound principle”), que implica que el mensaje que la movilización pretende transmitir llegue efectivamente a sus destinatarios y también al resto de la población. Toda pretensión de alejar la concentración de un espacio físico concreto elegido por quienes en ella participan, o de censurar consignas, puede resultar en una restricción del derecho de reunión de entidad suficiente como para conducir a una negación de su ejercicio, atentando contra la esencia misma del derecho. Ello resultaría desproporcionado e injustificado en una sociedad democrática.

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No olvidemos que en los regímenes totalitarios se protege también el derecho de reunión y la libertad de expresión. Eso sí, siempre que la expresión sea favorable al régimen y el ejercicio del derecho de reunión sirva para dar lugar a baños de multitudes afines. De ese entendimiento de los derechos de reunión y expresión sabemos mucho en este país, pues esa fue la interpretación que perduró durante los cuarenta años de dictadura. Quizá lo que proceda preguntarse ahora, ante las declaraciones de algunas y algunos que ejercen cargos públicos, es si es allí donde queremos volver o si, por el contrario, es precisamente ahora cuando nos corresponde defender nuestros derechos fundamentales que tanto costó ver reconocidos y protegidos. Estos derechos nuestros no son en modo alguno un lujo que nos fuera otorgado y que pueda recortarse, sino el producto de una larga y difícil conquista social.

La mentira como método político y la grabación como desenmascaramiento

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Se reunió el concejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia, señor Domínguez, la concejala de Medio Ambiente, señora Ramón Llin, y el gestor de la oficina municipal del Plan Cabanyal-Canyamelar, señor Mifsut, con la asociación Sí Volem, asociación de vecinos favorables (como el gobierno municipal) a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez sobre el barrio del Cabanyal. El encuentro tuvo lugar el día jueves 25 de abril, fue abierto al público y se celebró en el Ateneo Marítimo del Canyamelar.

La reunión fue recogida en video por Sergi Tarín, en principio con ciertas reticencias por parte de los organizadores, y después colgada en YouTube. Tras visionar con calma la grabación nos reafirmamos en la idea de que el contenido de estos actos públicos debe ser puesto a disposición de todos, como elemento fundamental del derecho a la información y a la participación política, y como pieza esencial del sistema democrático, pues permite a los ciudadanos conocer mejor a sus representantes políticos, y a éstos decir a sus electores que después no se quejen por desconocer a quienes votaron.

De lo hablado en este encuentro pueden decirse muchas cosas, porque hay intervenciones muy interesantes y reveladoras, tanto las realizadas desde la Mesa (por los representantes del gobierno municipal y las portavoces de Sí Volem), como las vertidas desde el público. Aquí señalaremos sólo algunas relativas a temas que consideramos especialmente importantes: la utilización impune de la mentira, el rechazo de la responsabilidad por el cargo público que se ocupa, y el daño social que todo ello provoca.

1.         La utilización de la mentira como método.

En la reunión se pidieron explicaciones a los miembros del gobierno municipal porque en campaña electoral el Partido Popular afirmó reiterada y vehementemente que si Rajoy llegaba a la presidencia del Gobierno el tema del Cabanyal (conflicto sobre el Plan que prevé derribar más de 400 inmuebles y 1600 viviendas de un barrio declarado Bien de Interés Cultural) se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Pero va para año y medio de la victoria popular, nada se ha movido sino a peor (la degradación del barrio, la suciedad en las calles, la negativa arbitraria a dar licencias de obras, la falta de inversión, la desatención social…), y la asociación Sí Volem, que apoyó abiertamente al Partido Popular en las elecciones, ve cómo su predicamento entre los vecinos ha caído en picado. En consecuencia, es más que comprensible que pidan públicamente argumentos y explicaciones al concejal señor Domínguez.

Aquí (minuto 15:45 de la grabación) entra en escena el concejal. Cómo se puede faltar a la verdad de ese modo, tratar (con éxito) de confundir a los vecinos, contradecirse en la misma frase, y no pestañear siquiera, es algo que forma parte de una rara habilidad al alcance de muy pocos. Pero no empecemos por la valoración, vayamos a las palabras. Dice el concejal:

“Hemos tenido nueve sentencias a favor … para sacar el Plan adelante”.

Esta es una de las piezas clave del argumentario de la alcaldesa Barberá y su gobierno en defensa de la legalidad del Plan del Cabanyal. El relato consiste en que el Ayuntamiento tendría todas esas sentencias a su favor y que los malos de Salvem el Cabanyal (y los grupos políticos de la oposición) obstaculizarían la ejecución del Plan, en perjuicio de todo el vecindario. Pero uno se pregunta: ¿cómo es posible que con todas esas sentencias a favor y una mayoría absoluta tantos años disfrutada por el PP, Rita Barberá no haya podido ejecutar ese Plan? En principio no se entiende. O sí. La respuesta es porque lo que dice es, sencillamente, mentira. Una mentira amparada en la complejidad de los distintos procedimientos judiciales.

El Ayuntamiento no ha podido ejecutar el Plan que destruye una parte del barrio porque ha sido declarado ilegal por dañar el patrimonio histórico. Las sentencias a que se refiere la alcaldesa y sus concejales son las relativas a las competencias de urbanismo, pero no a las de protección del patrimonio. Es como si a Domínguez le acusan de asesinato y para defender su inocencia saca la declaración de la renta. Ni cumplir con tus deberes tributarios demuestra que no disparases el arma homicida, ni ejercer tus competencias en urbanismo impide que lo hagas destruyendo el patrimonio histórico (que es lo que ocurre en el Cabanyal).

De modo que el concejal Domínguez airea unas sentencias a su favor (las relativas a su competencia exclusiva en materia urbanística) que ya nada tienen que ver con el conflicto, y además, y esto es fundamental, oculta las sentencias que sí tiene en contra. Estas sentencias, las que le condenan, declaran la ilegalidad del Plan por atentar contra el patrimonio histórico, son posteriores a las famosas “nueve sentencias” y, si nos empeñamos en insistir en la cantidad (aunque esto es irrelevante), resulta que son muchas más.

Domínguez, ya embalado, y a la vista que nadie va a poder probar en contra, afirma (minuto 16:27) que

“…a pesar de las sentencias (las teóricas nueve a su favor, que nada tienen que ver con lo que sigue) el Gobierno del PSOE sacó una Orden paralizando toda la situación … era una Orden que no había derecho a esa Orden … y los tribunales avalaron esa Orden”.

Vaya, así que no había derecho a esa Orden del Ministerio de Cultura (la que declara el Plan ilegal por suponer expolio) pero los tribunales la avalaron. ¿Cómo es esto posible? ¿Si no había derecho cómo es que los tribunales la apoyaron? Es evidente que a estas alturas los vecinos ya están confundidos, y el concejal, al ver sus caras de desconcierto, afirma (minuto 17:00):

“…que no lo entiende nadie… yo el primero”.

Pero Domínguez sí lo entiende, desde luego que lo entiende. Domínguez sabe que la Orden del Ministerio de Cultura no solo es legal, sino que fue obligada. Sabe que esa Orden Ministerial es la consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio a emitirla. Sabe que esa Orden, que él ha impugnado, ha sido declarada legal por la Audiencia Nacional. Lo sabe todo y, sin embargo, actúa como si el varapalo legal que el Ayuntamiento lleva sufriendo varios años ya, no existiera.

Acto seguido, Domínguez, en la teatralización de su impotencia y victimismo llega a decir (minuto 17:30):

“Las nueve sentencias anteriores del Tribunal Supremo al final no han servido para nada… para ganar pleitos, para que al final un ministerio lo haya paralizado…”.

¿Del Supremo? De nuevo el concejal falta a la verdad. Ni el Ayuntamiento ha ganado nueve sentencias en el Supremo, ni un ministerio hubiera podido paralizar lo que el Supremo ordena. La verdad es que el Ayuntamiento ganó una sentencia (convertida en cuatro por ser cuatro los demandantes, pero sobre la misma pregunta), sobre el tema de la competencia urbanística, no sobre la destrucción del patrimonio histórico. Una sentencia que pasó a la historia. Después de esa sentencia favorable (ganada en el año 2006), el concejal y el resto del gobierno municipal han perdido varias veces en el Supremo y en la Audiencia Nacional, sentencias y autos que consideran competente al Ministerio de Cultura para intervenir en el Cabanyal, y que consideran ilegal el Plan por atentar contra el patrimonio histórico. Pero el concejal no nombra ni una de las resoluciones que declaran la ilegalidad de su Plan.

Llegados a este punto, la conclusión es simple: el Ayuntamiento no quiere cumplir la legalidad que le impide ejecutar su plan destructivo sobre el barrio, y prefiere engañar y confundir a los vecinos antes que buscar una salida consensuada y legal.

Sin embargo, algo está cambiando. El Ayuntamiento marea y confunde a los vecinos en las cuestiones técnicas, pero la grabación demuestra que muchos vecinos ya no se creen la buena fe del gobierno municipal. En este sentido, es más que reveladora la intervención (min.21:18) de un asistente que deja las cosas bastante claras:

“¡¡El PP nos ha engañado, nos ha engañado el PP, totalmente!! Porque un gobierno que está gobernando con mayoría absoluta no se preocupa de esto … esto es política barata todo, y nadie se complica la vida en nada”.

2.      La falta de responsabilidad por el cargo que se ocupa y el daño social que se provoca

Una de las informaciones que nos da la grabación de la reunión con el equipo del Ayuntamiento es que los vecinos plantean cuestiones pertinentes, y que conocen las obligaciones que van aparejadas al ejercicio de lo público. El concejal trata de escapar de su responsabilidad amparándose en la judicialización del conflicto, pero los vecinos no quieren hablar de tribunales, sino de aspectos sociales que nada tienen que ver con los jueces (minuto 21:49):

“Hay una familia extranjera que no está empadronada, que está ensuciando nuestras calles. Los niños no están escolarizados, no trabaja nadie, no sabemos de qué viven, de dónde sacan el dinero… ¿Quién se preocupa de eso? Las mismas personas que no dan licencias (el gobierno municipal, arbitrariamente, se niega a darlas al barrio hasta que no se desbloquee su Plan) se tendrían que preocupar de eso…”.

Sin entrar (por ahora) en la valoración que hace de sus vecinos (empadronados o no, con empleo o no, responsables de la suciedad o no …), la vecina da en el clavo. Ella está apelando a obligaciones del Ayuntamiento que nada tienen que ver con los tribunales, está preguntando por la responsabilidad del concejal. Pero no recibe respuesta, tan solo un capote al político de una de las organizadoras (“yo no vengo aquí a defender al Ayuntamiento…”), preguntándose retóricamente a quién le interesa que esos extranjeros estén ahí, cuántos vecinos se benefician de los alquileres ilegales de las plantas bajas a estas personas. Aún así, otro vecino demuestra que no es tan fácil engañarles, pues señala que cómo no lo va a hacer los vecinos si el propio Ayuntamiento realiza esos alquileres ilegales… (minuto 22:50). Los miembros del gobierno municipal, responsables de la estrategia de deterioro material y social del barrio, guardan silencio.

Todo esto tendría una gravedad relativa si no fuera precisamente por dos cuestiones asociadas que sí son graves, y que se contienen en la última intervención transcrita. El creciente sentimiento de criminalización y odio racial hacia los gitanos y hacia los extranjeros (fundamentalmente rumanos) que se han venido instalando en el barrio, y el sufrimiento de muchos vecinos por el contexto de inseguridad y suciedad creado en él. Ambas circunstancias como elementos de la estrategia central del Ayuntamiento para conseguir su objetivo.

Dice la dirigente vecinal desde la Mesa (minuto 22:55):

“Cada vez tengo más visitantes de otros países, y cada vez la convivencia es más insoportable… entonces no solo es el Ayuntamiento el que se está lucrando, también se están lucrando muchos propietarios…”.

Sorprendentemente, quien debería exigir con más fuerza al Ayuntamiento acciones sociales y responsabilidad reconoce con naturalidad delante de los concejales (que no mueven una pestaña) que es la propia Administración la que ha alquilado y alquila ilegalmente casas de propiedad municipal a familias en situación de exclusión social (viviendas sin cédula de habitabilidad, luz, agua…). Sin embargo, ella centra su discurso en lo insoportable que es vivir con los extranjeros (antes ya ha hecho otros comentarios xenófobos). Naturalmente, este argumento encuentra eco en la desesperación de una vecina (minuto 24:55), que relata su contexto: “venta de droga, suciedad, malos tratos, rumanos, gitanos, viviendas sin las mínimas condiciones, los niños no van al colegio, orinan en la calle…” Se nota que no quiere ir contra los extranjeros, pero la realidad es que le hacen la vida imposible. Aún así apunta a los verdaderamente responsables, y acierta:

“¿Ahí no puede llegar sanidad y decir algo? a mi no me ayuda nadie del Ayuntamiento, aquí no se hace nada… no es un tema de partidos, ni PP ni PSOE, aquí ninguno nos ayudaNo se podrá hacer la prolongación, eso tardará más o menos, pero ayudarnos a las personas que están ahí, no lo hacen porque no les da la gana o no les conviene…”.

El aplauso general que recibe obliga al concejal Domínguez a cambiar de estrategia (o engaño o silencio) y a prometer que “toman nota y harán el seguimiento” (minuto 33:00). Pero ya es tarde, una asistente, escéptica, le dice:

“Por mucho que nos digan hágannos llegar, ustedes ya lo saben todo… lo único que estamos pidiendo es voluntad política”.

La gente sí sabe de lo que habla.

Conclusiones

La grabación de esta reunión, de este tipo de reuniones, es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho a la información y a la participación ciudadana, porque sirve para varias cosas:

– Para descubrir qué políticos (y dirigentes vecinales) renuncian a la sinceridad en su relación con los ciudadanos, y hacen uso premeditado de las verdades a medias, o de la mentira directa. El uso de la mentira muestra desprecio al ciudadano.

– Para comprobar cuándo, en vez de aclarar la complejidad de los conflictos sociales (lo que como cargos públicos es su obligación), se amparan en esa complejidad para no responder de los propios errores, inacciones y arbitrariedades, así como para conseguir sus objetivos, aunque estos sean ilegales.

– Para denunciar a los cargos públicos que crean, utilizan y alimentan el conflicto social (polarización vecinal, criminalización racial, xenofobia) en beneficio propio. Es muy revelador que ninguno de ellos matizase o mostrase desaprobación ante las expresiones xenófobas vertidas desde la propia Mesa, por las dirigentes vecinales, y desde el público.

– Para advertir que las mentiras no convencen sino a los entregados, que los ciudadanos sí saben hacer las preguntas acertadas, y que los vecinos exigen que sus políticos, sean del color partidista que sean, respondan (aunque los del gobierno municipal valenciano, por lo visto en el video, no piensan hacerlo por ahora).

– Para demostrar el drama social que provoca el uso perverso de la acción política.

– Para comprobar cómo no todo sucede como los medios de comunicación afines al poder nos cuentan en sus crónicas sectarias.

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* Video de Sergi Tarín

* Sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de 
Cultura a emitir una Orden Ministerial sobre el Plan del Cabanyal

* Orden del Ministerio de Cultura que declara expolio el Plan del 
Ayuntamiento sobre el Cabanyal

Nosotros y Bangla Desh

Por Javier De Lucas

Para los niños de mi generación, Bangla Desh era ante todo Bengala, tierra de aventuras y piratas, cuna de los tigres que llevan su nombre. Luego, para los jóvenes que despertaron en el 68, pasó a ser una nación que luchaba por su independencia (Pakistán este). Un pueblo por el que Georges Harrison y Ravi Shankar organizaron un mítico concierto en verano de 1971, el primer concierto benéfico de la historia contemporánea del pop y rock, y en el que entre otros participaron Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr o Billy Preston. El concierto recaudó más de 250.000 dólares para los refugiados en Bangla Desh y las grabaciones y DVD del mismo incrementaron esos réditos.

Hoy, Bangla Desh es el séptimo país más poblado del mundo (casi 150 millones de habitantes) y ocupa el lugar 146 en el índice de desarrollo humano. Es además, es el segundo exportador textil del mundo, solo superado por China. El empleo en la industria textil es la única esperanza de las miles de personas que llegan a la ciudades a la búsqueda de trabajo. Se calcula que tres millones de personas trabajan en estas empresas y talleres. Pero lo más relevante para nosotros es que un buen número de marcas de moda y grandes almacenes occidentales –de H&M, Inditex, C&A, Primark, Silver Shop o Mango, a El Corte Inglés- han deslocalizado su producción allí o son importantes compradores de sus productos textiles. Evidentemente, entre otras razones por los bajos costes de producción que incluyen condiciones de precariedad laboral que nos reenvían al dumping social, por no hablar de otros costes, como los de la contaminación ambiental y los de la corrupción sobre los que se asienta el negocio. Baste recordar que el salario mínimo que cobran muchas de los trabajadores empleados en esos talleres es el equivalente a 30 € al mes, es decir, lo que nos viene a costar aquí un par de camisetas de alguna de esas marcas.

Bien puede decirse, como ha escrito Eugenia Rodríguez Palop, que “nuestro sistema productivo se llama hoy Bangla Desh”. Es el emblema del modelo de globalización económica, con todas sus patologías entre las que sobresale la engañifa del low cost. Los 300 muertos  y más de 1.200 heridos que provocó la semana pasada –y no es el primero ni, desgraciadamente, será el último- el derrumbamiento (anunciado) del Rana Plaza, un edificio de Dacca que albergaba casi una docena de talleres textiles en los que trabajaban varios miles de bengalíes, son un coste directo de nuestro modelo de consumo. Como lo son las jornadas de trabajo en locales sin condiciones, en las que se emplean hombres, mujeres y niños, que cobran en la mayoría de los casos, insisto, 1 € al día, y lo ignoran todo sobre los derechos laborales.

De esas condiciones de trabajo son testimonio elocuente las declaraciones de testigos que han salido con vida del accidente y que relataron cómo el día anterior se hicieron visibles grietas en el edificio Rana Plaza, que provocaron una especie de plante de los trabajadores. Pero fueron obligados a entrar a trabajar en esas condiciones: quien no lo hiciera perdería su empleo. Les dijeron. Perdieron su salud, muchos de ellos y varios centenares sus vidas.

Y no es la primera vez. Las compañías occidentales insisten en que han creado manuales de buenas prácticas para esas empresas, a fin de reducir riesgos y mejorar las condiciones. Pero sabemos hoy –entre otros lo ha denunciado el Financial Times– que los sindicatos de Bangla Desh propusieron un plan de establecimiento de un sistema nacional de inspecciones, fuera del control del Gobierno, con poder para comprobar que todas las empresas del país cumplan las normas de seguridad e higiene y para clausurar aquellas que no lo hagan. Cada una de las multinacionales extranjeras lo financiaría con una aportación de unos 500.000 dólares anuales. El plan se presentó en una reunión celebrada en Dacca a la que asistieron varias compañías, como Wal-Mart, Gap y H&M. Pero lo rechazaron. Las razones, al parecer, que lo encontraron demasiado caro.

A estas alturas ya sabemos que no existen milagros en el modelo del mercado global, que no hay altruismos para ofrecer bicocas a los consumidores, ni siquiera a los reyes de los consumidores que somos nosotros, los occidentales: no hay low cost limpio. Pero podemos reaccionar. Podemos optar por ejemplo, por pagar algo más –y comprar algo menos- y acudir a tiendas de comercio justo. Porque detrás de esa mercancía, tan barata para nosotros, lo que hay son trabajadores extremadamente vulnerables, prescindibles, sustituibles: trabajadores low cost.