Educación segregada o igualitaria. No da igual

Pepe Reig

La segregación por sexos en la enseñanza, que la democracia había sacado por la puerta, volverá subrepticiamente por la ventana con la LOMCE. Así está el tema. El ministro Wert le ha dado carta de naturaleza al modificar el apartado 3 del artículo 84 de la LOE, que prohibía cualquier discriminación en la admisión de alumnos, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, etc. El proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el pasado 17 de mayo excluye la discriminación por sexo de esa lista. Para ello se acoge a una Convención de la UNESCO del año 1960. Un texto que, para nuestros estándares de igualdad resulta inconstitucional, según los más importantes pedagogos del país reunidos en el Foro de Sevilla.

La ley anterior, Ley Orgánica de Educación, aprobada con un gobierno socialista en 2006, había empezado a inclinar la balanza a favor de las Comunidades que optaban por no subvencionar con conciertos a los colegios segregados, en su mayoría del Opus y otras órdenes ultraconservadoras. Las sentencias de tribunales superiores y del Supremo, que hasta entonces habían sido contradictorias, empezaron a dibujar un compromiso con la escuela mixta, aunque sin ilegalizar las experiencias segregadas. El tema pudo quedar definitivamente atado con el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que entre otras cosas prohibía expresamente concertar con centros segregados. El adelanto electoral dejó en el cajón esta ley y el nuevo Gobierno no será quien la rescate.

Cuando a finales de 2013, se apruebe la LOMCE, los gobiernos autonómicos ya no podrán denegar subvenciones o conciertos a los colegios que segreguen por sexo a sus alumnos.

Del debate jurídico al de género

El debate de fondo es sobre igualdad. La lógica dice que se mezcla para igualar y se separa para mantener desigual, aunque ahora se pretende que también segregando se puede igualar.

María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III y presidenta de EASSE (Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada) cree en un “derecho al pleno desarrollo de la esencia femenina y masculina”. Un derecho que se supone mejor atendido en aulas homogéneas, es decir en una “educación diferenciada”. Ella rechaza el término “segregada” porque, dice, segregar significa “separar a los sexos para dar un trato de inferioridad a uno de ellos”, algo muy distinto de lo que, en su criterio, se logra separando a los chicos de las chicas.

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“Si se considera que cada persona puede ocupar cualquier posición –señala la socióloga y experta en educación Marina Subirats, en las antípodas de la anterior- ¿qué sentido tiene que se las eduque por separado?”. Lo que se pretende en el fondo es mantener roles diferentes según el sexo.

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Fútbol y religión, el acoso

Fernando Flores

Hay gente que se permite afirmar que la cría de un chimpancé sano vale más que un pequeño discapacitado hijo de un hombre.

La asignatura de religión te enseñará por qué se pintaron los cuadros más importantes de la historia, por qué se construyeron los edificios más bellos de Europa, y cómo tener las claves de la crisis que estamos viviendo.

La primera idea o frase, la del chimpancé, es un lamento del arzobispo Rouco en su intervención de anteayer en el Foro Europa. La segunda pertenece al video promocional de la asignatura de religión que circula por las redes desde hace unas semanas.

Mi sincero propósito liberal es el de respetar no solo la libertad religiosa de mis conciudadanos, sino también el de no entrar en su diálogo religioso interno, verlo desde fuera, atender a cómo se desarrolla, y aprender en lo que pueda. En cierto modo es lo mismo que me sucede con el fútbol. Al no ser aficionado, pero sí liberal, admito con deportividad que los informativos le dediquen la tercera parte de su tiempo, y que las celebraciones de las innumerables victorias colapsen con frecuencia el centro de la ciudad. Y es mi propósito no opinar sobre los entrenadores, los fichajes y las alineaciones, sino aprender de lo que de bueno tiene el fútbol como deporte.

En realidad me gustaría que mi relación con éste fuera la de Camús, y poder decir, con él, que lo que más sé acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol.

Y, más allá de mi ateísmo, entendería que las creencias de la gente y su vinculación a la Iglesia fueran la sencilla explicación del miedo del ser humano a la muerte; la esperanza en otra vida, esta vez mejor; el anhelado reencuentro con los seres queridos en el más allá…

Pero nada de esto es así. A pesar de que tanto la Iglesia Católica como la Real Federación Española de Fútbol son entidades asociativas privadas (en principio sin ánimo de lucro), y de que deberían dedicarse a sus asuntos privados, la verdad es que no lo hacen. La verdad es que nos acosan. Y además la segunda lo hace cargada de victimismo, lo que resulta, si cabe, más insultante.

Los grandes clubes de fútbol se muestran como modelos de valores que la sociedad, especialmente los niños, deben emular. Y su ejemplo son el lujo, las malas artes nunca castigadas y el servilismo vergonzante a los patrocinadores (un entrenador agrede a otro en un ojo para provocar una bronca, y le mantienen en su puesto; una estatua emblemática de la ciudad se viste de los colores de un equipo por razones publicitarias).

La Iglesia consigue que se suprima de los colegios públicos la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, e impone la asignatura de religión. Negocia la actividad legislativa del Parlamento. Se financia con dinero público, pero monta negocios particulares, entre ellos medios de comunicación reaccionarios. Está exenta de numerosos impuestos.

Así que me siento como el caminante tranquilo y respetuoso con todos a quien unos energúmenos corpulentos y vocingleros no dejan de dar órdenes, cruzarse en su camino y propinarle codazos. Mientras me exigen que les dé las gracias. Y así me siento cuando leo la barbaridad sin amonestación que dice Rouco para atacar a quienes están en contra de la penalización del aborto (“que hay quienes prefieren a un chimpancé que a un niño discapacitado”), o veo un video tan tramposo y vergonzante como el de la obligada asignatura de religión (que probablemente olvidará explicar a los alumnos la intervención castradora de la Iglesia en la vida y obras de Copérnico, Giordano Bruno, Galileo, El Greco… y tantos otros). Entonces, aunque es poca cosa, hago uso de mi libertad de conciencia, mermada por todo esto, y escribo, bastante indignado, un post.

Premios Género y Justicia al Descubierto 2013

 Glenys De Jesús Checo

Lul Ali Osman Barake, es una mujer somalí de 27 años de edad que denunció haber sido violada sexualmente por miembros de la Policía Nacional de su país. Después de un proceso judicial que culminó en febrero de 2013 y en donde fueron violentados todos sus derechos de acceso a la justicia, el juez Ahmed Adan Farah, presidente del tribunal en Mogadiscio que conoció del caso, condenó a Lul Ali Osman Barake a un año de prisión por haber afectado con su denuncia el honor de una institución estatal, un crimen en Somalia. La condena fue más tarde revocada en apelación, pero es una sentencia que no debemos olvidar. Primero, porque Abdiaziz Abdinur Ibrahim, el periodista que dio a conocer el caso de Lul Ali, permanece en prisión, también por haber ofendido el honor de las instituciones públicas. Segundo, porque el caso de Lul Ali no es aislado, no sólo ocurre en un país pobre y machista como Somalia.

Muy por el contrario, sentencias judiciales como ésta, basadas en fuertes estereotipos de género, que discriminan y dejan indefensas a las mujeres frente a la violencia, ocurren en todas partes del mundo. Sus consecuencias son terribles, dolorosísimas para las víctimas y sus familias y un espanto para las sociedades que continúan recibiendo por parte de sus representantes públicos mensajes que perpetúan la violencia contra las mujeres.

“Está bien violar, golpear y asesinar a mujeres”, “no existen consecuencias para los perpetradores” y “no hay necesidad de investigar lo que estas quejosas malintencionadas dicen, total: son sólo mujeres y niñas”.

Este es el subtexto de sentencias que se visten con las mejores galas del lenguaje del derecho, que no de la justicia.

Una manera de verificar esta afirmación que hago es visitar la web de los Premios Género y Justicia al Descubierto, creados por la organización internacional de derechos humanos Women’s Link Worldwide, y echar un vistazo a las sentencias judiciales que recogen. Estos Premios castigan o felicitan a las decisiones judiciales más negativas y positivas para la equidad de género, nominadas cada año a través de la web por convocatoria abierta. Los premios castigo son los Garrote y los positivos, los Mallete. Este año, la decisión judicial en el caso de Lul Ali Osman Barake, fue galardonada con el premio de la vergüenza Garrote de Oro a la decisión judicial más retrograda para la equidad de género. Los Garrote de Plata y Bronce no son menos sangrantes.

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Los que no son nadie. (En el Día Internacional de los Refugiados)

Javier De Lucas

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Siguiendo la magnífica metáfora de Ulises ante Polifemo, los periodistas y escritores Nicolás Castellanos Flores y Carla Fibla García-Sala publicaron en 2009 un audiolibro sobre historias de las migraciones, que titularon con esa fórmula: Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo. En puridad, ese viaje no es sólo el de aquellos que conocemos como “inmigrantes económicos”, sino también el de los refugiados, el de los exilados que se ven obligados a abandonar su tierra, su patria, para huir de la persecución.

El artículo 1º de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, (aprobada en Ginebra el 21 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967) los define así:

“Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste.”

Es importante recordar que no se trata de una cuestión humanitaria. El asilo, el derecho con que se responde a la necesidad que viven los refugiados, es mucho más: es, en cierto sentido, el Urrecht que señalara von Zeiller antes incluso de Arendt, el derecho originario. Los refugiados son la más grave anomalía jurídica desde la concepción más clásica del Derecho: seres humanos sin Estado, en el sentido estricto, outlaws, extralegem, fuera de la ley, de la cobertura de la ley. Y por eso darles asilo no es sólo una cuestión del deber básico de hospitalidad: es mucho más, es reconocerles que incluso los seres humanos que son sólo eso, seres humanos, no ciudadanos de un Estado, deben tener derechos. Por eso, la capacidad de reconocer ese derecho es el test que mide la voluntad política de atribuir a un ser humano el mínimo imprescindible de lo jurídico: sin él, no se tiene nombre, no se tiene derecho a tener derechos. Su negación es la negación misma de la universalidad de los derechos humanos, como sostuvo la filósofa alemana.

Dejemos ahora de lado cuestiones conceptuales de indiscutible importancia, como la zona gris que existe entre “inmigrantes económicos” y “refugiados políticos”. Y orillemos también otras discusiones, como la relativa a la insuficiencia de esa noción -acuñada en 1951, recuerdo-  para dar cuenta de los “nuevos” fenómenos de refugiados, como los denominados refugiados “medioambientales”, las poblaciones que huyen como resultado de desastres naturales (muchos causados por el hombre, claro): terremotos, inundaciones, pero también hambrunas…Vamos a algunos datos y cuestiones básicas.

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Propongo a los lectores que aprovechemos el pretexto que nos ofrece este día para revisar algunas preguntas elementales sobre los refugiados, y a las que en no pocas veces respondemos con ideas recibidas, tópicos sin fundamento en los datos y que se revelan como asentados prejuicios –fobotipos, se diría-. Por ejemplo, parecería que la opinión pública está convencida de que vivimos una amenaza de invasión de refugiados, que esperarían  a las puertas de la UE  para poder aprovecharse de nuestra prosperidad, de las garantías que tanto nos ha costado obtener y, por tanto, es necesario ser muy rigurosos y establecer nuestra capacidad de recibirlos sin vernos desbordados, más aún en el contexto de las dificultades provocadas por la crisis y su gestión. ¿Tenemos en Europa un problema de refugiados? ¿y en España? Debemos ocuparnos de ellos? Cómo? Veamos ante todo los hechos.

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CIErrenlos!

Javier De Lucas

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), denominados en otros países Centros de Retención Administrativa (CREA), son una pieza tan esencial como terrible –y poco conocida de las políticas migratorias de la UE y de la mayoría de sus Estados miembros.

Es verdad que hoy las noticias sobre inmigración parecen haber pasado a segundo plano: vivimos tiempos tan difíciles para la mayor parte de los ciudadanos de los países del Sur de la UE -evidentemente para España-, que el argumento de la “preferencia nacional”, el nosotros, primero y los de fuera que se apañen, que ya nos han costado demasiado, se ha impuesto hasta casi pasar a formar parte del sentido común, un tópico que la opinión pública ha asumido y casi nadie cree necesario argumentar. Parecería como si la inmigración hubiera dejado de ser un elemento definitorio de nuestras prioridades: bastantes problemas tenemos y, además, ya no los necesitamos. Frente al paro, los brutales recortes en derechos y servicios sociales, la corrupción o la deficiencia de nuestra clase política, la gestión de los movimientos migratorios y de su presencia entre nosotros ya no es una prioridad, una preocupación. Sobre todo porque, para sorpresa de algunos, acabamos de descubrir que oficialmente somos de nuevo un país de emigrantes. Y aún más, no es sólo que el saldo migratorio sea de nuevo negativo (salen más personas de las que llegan) sino que cada vez parece más claro que una parte de lo mejor que tiene nuestro país, profesionales preparados y en particular jóvenes, contemplan el proyecto migratorio, ir a vivir de forma estable a otro país, casi en términos de necesidad.

Pero si se me apura, incluso esta última consideración debiera conducirnos a otro tipo de valoración. Ante todo porque frente al espejismo del mensaje que se lanza a la opinión pública, esto es, que se acabó la inmigración, que ya no vendrán más inmigrantes y los que están volverán a sus países de origen, lo cierto es que los movimientos migratorios hacia nuestro país -como destino o como tránsito hacia el resto de la UE, a países europeos menos deprimidos o incluso más prósperos- no van a desaparecer.

Repitámoslo: las migraciones son un fenómeno estructural y aún más, incentivado por la profunda desigualdad que impone el modelo neoliberista de capitalismo de casino en el que vivimos. Y lo que es más importante, en la medida en que esos movimientos migratorios sigan regulados casi exclusivamente bajo la perspectiva del beneficio y del orden público, esto es, la lógica del mercado y la lógica securitaria (que, las más de las veces, es un pretexto, una coartada de consumo partidista interno), los instrumentos jurídicos de esas políticas migratorias, seguirán ofreciendo un déficit insoportable en términos de legitimidad e incluso de eficacia. Quienes han tenido algún contacto con la aplicación de instrumentos jurídicos de las políticas migratorias en Europa saben bien del recurso frecuente a los eufemismos con los que se trata de disimular  la creación de una auténtica legislación de excepción (son tesis bien conocidas desde los trabajos de Agambem o Lochak),  incompatible con exigencias básicas del Estado de Derecho, pues no es sólo que la aplicación de esos recursos jurídicos propicie de facto actuaciones administrativas contrarias a esas exigencias, sino que, de iure, no pocas de las disposiciones jurídicas de las legislaciones de inmigración (mal llamadas de extranjería) suponen el cuestionamiento cuando no la derogación de alguno de sus principios fundamentales: la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, la propia noción de seguridad jurídica y, por supuesto el principio de publicidad sin el que no es posible el control. Pues bien, ese es el caso de los CIE.

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El Tribunal Constitucional como Caballo de Troya

Fernando Flores

Probablemente, uno de los indicios más claros del estado terminal en que se encuentra nuestra Constitución sea el Tribunal Constitucional.

Este blog no está dedicado a las instituciones ni a la política en sentido estricto, sino a los derechos humanos, y por eso he dudado sobre la pertinencia de escribir sobre él. Pero creo que no hay más remedio. Lo que le pasa a nuestro “guardián de la Normal Fundamental” tiene una repercusión directa sobre la protección de nuestros derechos fundamentales, y esa repercusión es, desde hace tiempo, demoledora.

Los tribunales constitucionales nacieron a principios del siglo XX como defensores de la Constitución, es decir, como guardianes de la norma más importante, la que más directamente procede del ejercicio de la soberanía popular. Por eso sus competencias son tan poderosas. Puede anular las leyes que aprueba el Parlamento, por inconstitucionales, y tiene la última palabra en los conflictos que puedan suponer vulneración de los derechos humanos, creando jurisprudencia y obligando a los ciudadanos y a los poderes públicos a respetarlos y comportarse del modo que él decide.

Por lo tanto es un órgano constitucional clave para el sistema democrático y el Estado de Derecho, y por eso está necesitado de la mayor autoridad, la cual, como se sabe, no es lo mismo que el poder. Precisamente es éste, el poder que ostenta, el origen de su degradación, pues los partidos más fuertes (aunque de forma indisimulada el Partido Popular) no han soportado la tentación de hacer de él un instrumento político en provecho propio. El resultado es que el máximo intérprete de la Constitución, el que debe defenderla de los ataques que recibe, se ha convertido en uno de sus mayores problemas. Es como si la guardia pretoriana se hubiera revuelto contra el emperador.

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Lo sucedido ayer (la incorporación al Tribunal del descreído juez ultraconservador Enrique López, que estuvo apunto, pero solo apunto, de ser rechazado por no idóneo al considerar seis magistrados, de doce, que de ninguna manera cumplía el requisito de ser un “jurista de reconocido prestigio”) solo es un paso más, ni siquiera el decisivo, en una escalada de despropósitos dirigidos a la destrucción “material” del Tribunal.

Es verdad que el propio Tribunal tuvo ayer, en las manos de su Presidente Pascual Sala, la oportunidad de realizar un acto en defensa propia, y de hacerlo además por la vía institucional prevista, sin renuncias, dimisiones o inútiles declaraciones a la prensa. El Presidente pudo utilizar su voto de calidad para afirmar lo sabido por todo el mundo, que Enrique López no tiene altura profesional ni moral para formar parte del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo pudo utilizarlo para dar un golpe de efecto a favor del Estado de Derecho y en contra del acto antisistema del Partido Popular, pues no es otra cosa la incorporación de este juez al alto tribunal. Sin embargo, no lo hizo. Sala votó a su favor y a su incorporación (¡quién supiera las “razones de Estado” que habrán de compensar las consecuencias de tal decisión!) y, quizás con ello, nos hizo ver hasta qué punto la situación del Tribunal (y de nuestro sistema) está perdida.

¿Y qué tiene que ver esto con la protección de los derechos fundamentales? Mucho, y en dos tiempos, el pasado y el que se nos viene encima.

Respecto del pasado, debería aclararse al público un “malentendido” alimentado en parte por los medios de comunicación. No es cierto que el Tribunal Constitucional haya sido unos años de mayoría progresista y a partir de esta semana lo sea de mayoría conservadora. Hemos tenido un Tribunal conservador que ahora pasa a ser reaccionario.

Algunas sentencias como la que reconoce la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012) han creado una sensación (periodística) de progresismo, pero son engañosas. La sentencia 198/2012 es en realidad un apaño (con alguno de los presuntos progresistas, para alcanzar una mayoría importante) que no dice que el artículo 32 de la Constitución reconoce el matrimonio entre homosexuales. Lo que declara la sentencia es que este tipo de matrimonio no es inconstitucional, y que es el legislador el que puede decidir si en él caben homosexuales o heterosexuales. Es decir, que el Tribunal no constitucionaliza el matrimonio homosexual, sino que lo deja en manos de la mayoría parlamentaria. Así las cosas, la legislación podría reformarse, retornar al año 2005 (¿alguien duda de la posibilidad viendo lo que sucede con la penalización del aborto?) donde solo cabía el matrimonio entre hombre y mujer, y ello no sería inconstitucional.

En otras ocasiones la ausencia de garantismo del Constitucional ha sido puesta en evidencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el caso relativo a la doctrina Parot (sentencia de 10 de julio de 2012), o por los votos particulares de algunos magistrados (en minoría) verdaderamente comprometidos con la protección real de los derechos fundamentales. Así sucede, por ejemplo, en el recurso de amparo sobre torturas a miembros de SEGI (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013 comentada en este blog), o en el que resuelve un recurso de inconstitucionalidad sobre el acceso por parte de la Dirección General de la Policía a los datos de los extranjeros inscritos en el padrón y sobre la regulación de las medidas de seguridad susceptibles de ser puestas en práctica en los centros de internamiento de extranjeros (STC 17/2013, de 31 de enero).

Especialmente dolorosa para la protección de los derechos resultó la resolución de inadmisión por la vía rápida de la cuestión de inconstitucionalidad por un juzgado de Sabadell que impugnaba el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. Un año y medio después el TJUE ha declarado ilegal ese procedimiento por contravenir la Directiva de los derechos de los consumidores, ya que les impide alegar eficazmente (vulnerando la tutela judicial) la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

¿Y en el tiempo futuro, el que se nos viene encima? Además de la ley del aborto (en manos de un numerario del Opus) y la reforma laboral (en manos de quien fue uno de sus redactores), este “nuevo” Tribunal tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de unas reformas en materia de Justicia que se dirigen claramente a perseguir la protesta social y la libertad de expresión, cuando no directamente a desvirtuar el Estado de Derecho (ver aquí el excelente análisis de RIS). ¿Son magistrados como Enrique López, Francisco Hernando o Carlos Ollero los que van a defender la Constitución y los derechos ciudadanos del ataque antisistema del Partido Popular? De sobra sabemos que los mercenarios defienden solo a quien les paga.

Hoy he pasado junto a la sede del Tribunal Constitucional y he comprobado que allí queda el edificio cónico, y la rigurosa policía en la entrada. He imaginado a las amables bibliotecarias en su sala enmoquetada, a las funcionarias en el registro luminoso, a los asesores en sus despachos, y a los doce magistrados que casi nunca son magistradas, deliberando. Pero por mucho que miraba e imaginaba, ya no veía nada del Tribunal Constitucional que prevé nuestra Constitución, de su sentido y de su espíritu. De ese ya no queda nada.

Hacia una abolición universal de la pena de muerte

Ana Valero

Esta semana se celebra en Madrid el V Congreso mundial contra la pena de muerte. Entre los días 12 y 15 de junio se darán cita en la capital más de 1.500 participantes entre políticos, organizaciones y agentes de la sociedad civil, que tratarán de lograr que cada vez más países se sumen a la moratoria de la pena de muerte que impulsa cada dos años la ONU, y elaborar estrategias comunes de presión a nivel internacional para lograr la abolición universal y concienciar a la sociedad.

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Con representación de 90 países, entre los cuales algunos mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, éste es un Congreso de celebración trienal convocado por la organización “Juntos contra la pena de muerte” (ECPM, por sus siglas en francés) y patrocinado en esta ocasión por España, Noruega, Suiza y Francia en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

A día de hoy, 97 Estados han abolido la pena de muerte para todo tipo de crímenes, otros 8 la han abolido sólo para los crímenes de derecho común y 35 respetan una moratoria para las ejecuciones desde hace al menos 10 años. En 2013 son, por tanto, 58 los Estados y territorios donde la pena de muerte todavía es aplicada. Durante el año 2011 se han llevado a cabo 676 ejecuciones por 23 Estados, lo que implica un notable incremento en relación con las practicadas el año anterior, 527.

De los 58 Estados que contemplan todavía la pena de muerte en sus sistemas penales, a excepción de algunas democracias como Estados Unidos y Japón, las condenas a muerte tienen lugar principalmente en países con regímenes autoritarios. Con el 21% de las ejecuciones mundiales y un solo Estado abolicionista, Yibuti, la región MENA (Medio Oriente y África del Norte) es la segunda en el número de ejecuciones después de Asia. Aunque la situación varía según los países. Mientras algunos como Arabia Saudí, Irak, Irán o Yemen practican ejecuciones constantemente, otros como Argelia, Líbano, Marruecos o Túnez son abolicionistas en la práctica pues, aunque el castigo capital sigue vigente en sus legislaciones, hace años que no llevan a cabo ejecuciones. China y Corea del Norte completan este núcleo duro de países llamados “retencionistas”.

Cabe destacar, en relación con los países MENA, que los crímenes punibles con la pena de muerte lo son asimismo por la ley Sharia. Yemen mantiene incluso la pena de muerte para la apostasía o el adulterio. Y, en los siete países “retencionistas”, las mujeres embarazadas no están exentas de la ejecución, y sus legislaciones no son lo suficientemente claras y garantistas como para excluir a los menores o personas con enfermedades mentales de la aplicación de la pena capital.

La pena de muerte es el más cruel, inhumano y degradante de los castigos. Representa una inaceptable negación de la dignidad y de la integridad humana. Al ser irrevocable, los sistemas penales que lo contemplan no están exentos de cometer errores y discriminación en su aplicación, y es un hecho que, en la mayor parte de países en los que se aplica, los requisitos de un proceso justo no están garantizados y los condenados que se encuentran en el corredor de la muerte a menudo son sometidos a tratos y condiciones que generan un enorme sufrimiento físico y psicológico.

Algunos de los países que prevén la pena de muerte en sus legislaciones penales han instituido una moratoria en sus ejecuciones. Sin embargo, no han creado condiciones humanas aceptables para los prisioneros que se encuentran en el corredor de la muerte, y han introducido en sus sistemas penales castigos alternativos igualmente inhumanos o degradantes como la prisión perpetua sin revisión o el confinamiento solitario durante largos e indeterminados períodos de tiempo, vulneradores en todo caso de los estándares mínimos del Derecho internacional.

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Es habitual que los gobiernos que mantienen la pena capital consideren que se trata de una cuestión de derecho interno, pero la realidad demuestra que es un asunto que incumbe a las leyes internacionales y que afecta a los principios fundamentales del Derecho. Y ello porque, la pena de muerte a menudo es aplicada con criterios discriminatorios y golpea especialmente las personas pertenecientes a grupos sociales minoritarios y a las personas pobres, sin medios o recursos para defenderse. Además, en determinados países, ha sido y sigue siendo una forma de represión contra opositores políticos y  minorías étnicas y religiosas.

Se trata, pues, de un castigo que atenta contra la esencia de los derechos humanos al ser cruel, brutal y degradante, pues, con independencia del método de ejecución utilizado, constituye una forma de tortura física y psicológica atroz, pues a la ejecución en sí, se añade la tortura que suponen los largos tiempos de espera en el corredor de la muerte.

Es un castigo perteneciente a épocas en las que la justicia era sinónimo de revancha y de venganza pues priva al condenado de cualquier posible resocialización o rehabilitación, alimenta la cultura de la violencia y contradice la idea de aquélla como el instrumento idóneo para pacificar las relaciones sociales. Además, no es un instrumento de castigo adecuado desde la perspectiva de los fines de la pena, al no haberse demostrado su carácter disuasorio o que tenga un efecto real sobre las tasas de criminalidad.

Sin embargo, no todos son sombras en el camino hacia la abolición, pues es un hecho indiscutible que el número de condenas disminuye progresivamente y cada año nuevos países se deciden a abandonar la pena de muerte como castigo legítimo del Estado. Así, Mongolia ha ratificado el segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte en enero de 2012; Letonia ha abolido la pena de muerte para todos los delitos en enero de 2012; Honduras y la República Dominicana han ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, respectivamente, en noviembre de 2011 y enero de 2012; y en los Estados Unidos, Illinois y Connecticut se convirtieron en los estados número 16 y 17 en abolir la pena de muerte en marzo de 2011 y en abril de 2012, respectivamente.

La pena capital sigue siendo hoy un castigo plagado de arbitrariedades, discriminación, capricho y error en su aplicación. Este Congreso es un paso más hacia su “ejecución” irreversible.

Más información en V Congreso mundial contra la pena de muerte

 

 

Conductores y ciclistas: diferentes pero iguales

Jose Antonio García Sáez

Según las estimaciones, en España únicamente entre el 1 y el 2% de la población acude a su lugar de trabajo en bicicleta. No he sido capaz de encontrar datos concretos de la ciudad de Valencia —que es donde pedaleo a diario—, pero para certificar que esa cifra no se aleja demasiado de la realidad les propongo un ejercicio: cualquier día, en cualquier calle, párense a mirar: ¿cuántas bicicletas hay por cada coche? ¿A qué puede deberse que, en una ciudad con las características de Valencia, la bici sea todavía un transporte tan minoritario? Pueden encontrarse, claro, múltiples explicaciones, pero aquí me gustaría plantear el problema como una cuestión de igualdad. Una cuestión de igualdad en derechos entre ciclistas y conductores.

Las leyes de tráfico permiten que las bicicletas circulen por la calzada. Sin embargo, en ese espacio la mayoría de ciclistas no se sienten —aunque lo son— ciudadanos en pie de igualdad con los conductores de vehículos a motor. Si respetamos la regla que prohíbe –en mi opinión, con buen criterio– circular por la acera, y aceptamos que no se puede llegar a cualquier sitio por el carril bici, la conclusión es que quien pedalea debe hacer necesariamente uso de la calzada en algún momento. Esa es precisamente una de las principales circunstancias que hace a muchas personas desistir de utilizar la bicicleta como un medio de transporte habitual: la sensación de sentirse vulnerables dentro de un medio, el tráfico rodado, que discrimina a los ciclistas, situándolos en una condición subordinada, como una anomalía que estorba por circular a menos velocidad. Por eso, decir que la bicicleta es tan vehículo como cualquier otro y que el ciclista es un ciudadano con iguales derechos que el conductor, por obvia, no es una afirmación sin consecuencias.

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Así, considerando el problema en términos de igualdad, me gustaría dejar enunciadas cuatro propuestas que, si los editores de este blog me permiten, desarrollaré más adelante:

La primera tiene que ver con la dimensión formal de la igualdad. Como espacio público, la calzada debe utilizarse en condiciones de igualdad por quienes están autorizados a ello. Aunque los coches han monopolizado ese espacio, cada vez encontramos más bicicletas circulando entre el tráfico rodado, y han llegado para quedarse. En el cosmos de la sociedad vial el coche representa el prototipo de ciudadano “pleno” (varón, blanco, heterosexual y propietario), mientras que la bici es la recién llegada. Como con los inmigrantes, no se trata de que la mayoría tolere a la minoría, sino de que respete a los sujetos que la integran como titulares de los mismos derechos, es decir, como iguales.

La segunda propuesta es una concreción de la primera y consiste en promover la lucha contra la violencia vial, una modalidad de violencia que cada vez suena más entre los colectivos ciclistas. La violencia vial tiene lugar cuando el coche deja de ser un medio de transporte para convertirse en el instrumento mediante el cual se ejerce un poder: el poder de intimidar al ciclista acelerando tras él, adelantándole de forma peligrosa, o increpándole por entorpecer su marcha. Garantizar derechos exige siempre la supresión de ciertos ámbitos de violencia. La vulnerabilidad que sufren los ciclistas es consecuencia directa de su situación desigual; y una forma de disminuirla sería prevenir y sancionar esas conductas agresivas que cada año cuestan demasiadas vidas en nuestras ciudades.

La tercera propuesta se relaciona con la dimensión material de la igualdad. Dos personas diferentes, en situaciones diferentes, requieren tratos diferentes para que la igualdad sea efectiva. Las normas de tráfico hasta ahora han pensado únicamente en los vehículos motorizados. Para que la igualdad en la calzada sea efectiva es necesario entonces adaptar esas normas a las características de la bicicleta. Diferentes prioridades semafóricas y de paso, calles 30 o permisos para circular en ambos sentidos por algunas calles son medidas que ya funcionan en numerosas ciudades europeas.

Por último, cabe mencionar la igualdad en materia de ayudas públicas y estímulos fiscales. En lugar de fomentar una movilidad sostenible, la actual política del gobierno discrimina a los vehículos no contaminantes, subvencionando la compra de automóviles pero ignorando la bicicleta como medio de transporte. En otros países como Reino Unido o Dinamarca existen, en cambio, exitosos programas que promueven la asistencia al trabajo en bicicleta.

El camino para construir una igualdad efectiva entre conductores y ciclistas en el uso del espacio público solo acaba de comenzar. Pero mientras se avanza hacia esa igualdad en el plano normativo, los poderes públicos no deberían perder de vista que en el plano social automóviles y bicicletas no tienen el mismo valor. La bicicleta tiene una función social de la que carece el automóvil: no contamina, no depende del petróleo, no produce atascos y evita el sedentarismo. La bicicleta, en definitiva, mejora la calidad de vida no solo de quien la usa, sino del conjunto de la ciudad. Por eso, quien pedalea de forma consciente y responsable se convierte en un factor de cambio y transmite el mensaje de que un transporte urbano mayoritariamente ciclista no es una utopía, sino una realidad que está llegando.

Normativa básica de la bicicleta

Foto: Fernando Mafé. Valencia en Bici

¿Desahuciar a menores? Humanidad y cumplimiento de la ley

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Ayer por la mañana, mientras el diputado Rafael Blasco (del PP) mantenía su escaño a pesar de que la fiscalía y la abogada de la Generalitat Valenciana pedían cárcel para él (14 y 11 años, respectivamente), la policía intentaba desalojar a una familia sin recursos de un piso público de la misma Generalitat. Que las irregularidades por las que el ex-portavoz del Consell valenciano está imputado comenzaran en la Conselleria de Solidaridad es sólo una coincidencia macabra.

Gloria y Javier ocupan una vivienda del IVVSA desde hace cuatro años, trabajan recogiendo y vendiendo chatarra. Con ellos conviven tres hijos. Pilar, la pequeña, de 7 años, es una niña como todas. Eloy, de 12 años, es un referente en el Colegio Santiago Apóstol como buen estudiante; tiene asma desde que nació. E Isaac, de 17, acaba de salir de la Unidad de Psiquiatría del hospital La Fe, donde ha estado internado cerca de un mes a causa de un brote psicótico. La familia ha intentado negociar con el IVVSA un alquiler solidario, sin éxito. Hace quince días la Administración les comunicó por la vía contenciosa la orden de desalojo que debía producirse ayer. En principio se intentó llevar a cabo el desahucio, y tras la oposición solidaria de un grupo de vecinos, la Policía otorgó una prórroga de ocho días.

¿Ha sido un acto de humanidad o se está cumpliendo la ley?

En los días previos al de la orden de desalojo, la abogada Pilar Serrano elaboró e interpuso recurso de apelación (del auto de orden de desalojo) y solicitud de suspensión cautelarísima del desahucio, a la vista de que concurrían otros intereses más importantes que el del cobro del alquiler por el IVVSA.

En efecto, antes que nada existe el interés del menor. El artículo 158 del Código Civil obliga al juez para que, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dicte las disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, medidas que podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

No es la única norma que se refiere al tema. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, afirma en su artículo 2 que el interés superior de los menores primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Y en su artículo 3, además de extender a los menores los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales (especialmente la Convención de derechos del Niño de Naciones Unidas) ordena a los poderes públicos que garanticen el respeto a sus derechos, y que adecúen sus actuaciones a dicha Ley y a la mencionada normativa internacional. Por último, el artículo 13.1 de la Ley 1/96 obliga a toda persona o autoridad y especialmente a aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, a comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

¿Humanidad o cumplimiento de la ley? Para responder a esta pregunta hemos de averiguar si con el desahucio instado por la Generalitat se provoca algún peligro o perjuicio para los menores implicados en este caso. Así que formulemos otra pregunta: ¿desalojar sin alternativa habitacional a una niña de 7 años, a un menor con asma y a un adolescente recién salido de la Unidad de Psiquiatría puede ocasionar algún trastorno o perjuicio a estos menores?

Quizás sea oportuno señalar que el desarrollo de los menores está vinculado a su derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución española. Y que este derecho a la vivienda, aún formando parte de ese capítulo constitucional (el III del Título I) degradado injusta e inconstitucionalmente por algunos a la absoluta disponibilidad del legislador, da sentido a otros derechos como el de dignidad de la persona (artículo 10 CE), el de la intimidad personal y familiar (artículo 18 CE), el derecho a la educación (artículo 27 CE) o el derecho a la salud (artículo 45 CE). Todos ellos muy presentes en este caso.

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De modo que una aplicación nada forzada de la Constitución y la Ley obliga a unos poderes públicos (la Generalitat, el IVVSA, el juzgado de lo contencioso) a tomar medidas de protección a favor de Pilar, Eloy e Isaac, e impide a otros (la Policía) a llevar a cabo el desahucio. Es curioso que la página web del IVVSA se publicite a sí misma por las viviendas que entrega a familias en riesgo de exclusión social y se permita desahuciar a otras sin los miramientos a los que la ley y los derechos humanos le obligan.

No se trata de pedir lo imposible, ni caridad ni humanidad, sino de cumplir lo que la ley prescribe. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos jueces españoles aplican la Constitución y las leyes que protegen los derechos fundamentales en el caso de desalojos de familias con menores. Sus resoluciones son valientes y deberían ser un referente a seguir por el juzgado que debe resolver la apelación contra el desalojo de Gloria y Javier.

Si al diputado Blasco, que dejó de ser menor de edad hace muchos años, la Generalitat no lo desaloja de su escaño, ¿cómo se atreve a intentarlo con Pilar, Eloy e Isaac?

Video: Sergi Tarín

La ley y la democracia interna de los partidos

Fernando Flores

En las últimas semanas ha tomado fuerza en ciertos ámbitos la idea de que debe elaborarse una nueva ley sobre partidos políticos. Dos iniciativas, el Foro + Democracia y el Manifiesto por una ley de partidos, plantean la necesidad de una nueva norma que obligue a los partidos a cambiar su organización y funcionamiento, pues entienden que de ellos depende la calidad de nuestra convivencia democrática.

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La propuesta de reforma de la Ley de Partidos Políticos tiene interés para este blog porque con ella son varios los derechos fundamentales que están en juego. Al menos lo están los derechos de participación política -art.23 CE-, la libertad de asociación -art.22 CE-, y las libertades de expresión e información -art.20 CE. Así que desde esa perspectiva se exponen a continuación, muy brevemente, algunas reflexiones.

Por qué la reforma

El “toque” a la organización y funcionamiento de los partidos políticos era necesario (necesario para el sistema democrático) desde hace tiempo, pero la realidad es que el tema no interesaba mucho. Esto es importante no olvidarlo, porque los intereses para que el tema languidezca en un futuro menos convulso política y socialmente, van a mantenerse.

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La reacción legisladora actual viene determinada por el éxito de la idea “no nos representan”, del 15M. Una idea acertada en parte y muy disolvente en conjunto cuyo éxito ha hecho temer, con razón, el posible retorno de exitosos populismos antidemocráticos, tal y como sucede ya en Italia y Grecia. Frente a este peligro parece imprescindible reflotar la confianza en los partidos políticos, y eso solo puede hacerse con un cambio profundo y democrático en ellos. Como los “grandes partidos” son incapaces por sí mismos de impulsar esa transformación, se plantea que sea una ley (atención, que ellos mismos deberán aprobar) la que les obligue a hacerlo. Es decir, la nueva ley tendría por objeto reivindicar los partidos como necesarios para el sistema, pero transformándolos en la herramienta democrática que deben ser y que no son.

Desde esta perspectiva el propósito es encomiable, y debe ser apoyado. Obviamente habrá que estar al contenido de esa ley y sobre eso se abre precisamente el debate. Enseguida iremos sobre ello.

Un par de consideraciones previas

Sin embargo, antes de proponer algunas ideas sobre ese contenido creo necesario tener en cuenta un par de cosas.

La primera es que hay que tener cuidado con “la ilusión del jurista”. Las leyes no cambian por sí solas los comportamientos de las personas y los grupos, y menos los de aquellos vinculados al poder, como son los partidos políticos y sus dirigentes. Las actitudes democráticas, la “voluntad constitucional” (los actos concretos para que el poder sea efectivamente controlado por los ciudadanos), no se crean por ley, o al menos no fundamentalmente por ella. Dicho esto, aunque una ley de partidos no sea la panacea, su discusión pública y aprobación puede ayudar a mejorar el sistema político (aunque aquí cabría plantearse si el sistema necesita simplemente mejorar o en realidad exige sufrir un cambio drástico).

La segunda es que una nueva ley de partidos puede ser importante, pero quizás no sea “lo más importante” que haya que aprobar para enderezar el rumbo democrático del sistema. Dejando a un lado que hay otros temas cruciales en la agenda política del país (pero esto va a suceder siempre que se decide abordar un tema, y es que se deja de abordar otros), si nos ceñimos a los estrictos elementos de “lo democrático”, si lo que nos preocupa es la participación ciudadana y la regeneración democrática, si nos apoyamos en “lo que reclama la calle” para tomar la iniciativa… Si todo esto es así, quizás debería prestarse atención a la cuestión participativa y al sistema de partidos en su conjunto (atención a nivel legal y a nivel constitucional).

Por una parte, en relación con lo participativo:

¿No sería una buena señal para los ciudadanos que a la propuesta de ley de partidos se acompañase un paquete de propuestas normativas dirigidas a crear y mejorar procedimientos de participación ciudadana en el ámbito de lo público?

Por otra, en cuanto al sistema de partidos:

¿Será útil a nuestros propósitos de democratización del sistema una ley de partidos que no vaya acompañada de una reforma del sistema electoral? ¿Tendrá el éxito esperado si no se regula una financiación más transparente, más limitada y con control más eficaz? ¿Están los reglamentos parlamentarios preparados para recibir el reflejo de unos partidos más democráticos?

Por último, y aunque parezca ajeno a lo que tratamos (no lo es), al menos una pregunta:

¿Puede sostenerse este equilibrio (porque lo que se propone es un juego de equilibrios) en un contexto de medios de comunicación de masas como el actual, en el que los grandes, los que crean la opinión pública mayoritaria, se mueven fundamentalmente por determinados intereses privados, y en el que no queda ni el reducto de un medio como RTVE que pueda responder al nombre de servicio público?

Sobre el contenido de la nueva ley

La Ley de Partidos Políticos vigente (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio) no trata de regular o promover la democracia interna de los partidos. Esta Ley se adoptó con un único fin, establecer las causas y el procedimiento para declarar la ilegalidad de determinados partidos (artículos 9 y siguientes). Al menos por eso debe ser superada.

Lo natural es empezar preguntándose qué debe contener la nueva Ley, aunque quizás debamos preguntarnos al mismo tiempo qué puede contener la Ley (y con qué alcance) en el marco constitucional.

Esta cuestión tiene sentido porque la intromisión legal en los partidos políticos ha de dirigirse, de una parte, a asegurar que cumplan con sus funciones constitucionales (algo que solo pueden hacer si se organizan y actúan bajo el principio democrático), pero debe hacerlo, de otra, respetando también su libertad de autoorganización, una libertad que forma parte de la de asociación establecida por el artículo 22 de la Constitución (y que ha sido subrayada por STC 56/1995, de 6 de marzo). Es decir, debe saberse que una intromisión legal muy intensa en esa autonomía organizativa y de funcionamiento podría ser impugnada y declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, por no respetar el contenido esencial de la libertad de asociación.

Teniendo esto en cuenta como punto de partida, el contenido de la ley deberá ser coherente con los objetivos que se pretende realizar con ella. Estos objetivos deberían ser, por ejemplo y entre otros:

– Transformar la relación entre ciudadanos, partidos y representantes, recuperando el sentido de la política en democracia (participación horizontal, en red, y control efectivo sobre el Estado y las élites).

– Hacer de los partidos instituciones transparentes (en la formación de su voluntad y adopción de decisiones, en su financiación …).

– Acabar con la endogamia política.

– Proteger de forma efectiva los derechos fundamentales de los electores, simpatizantes, afiliados y militantes en relación con el partido.

– Transformar los partidos en organizaciones del siglo XXI, modernas, digitales, abiertas e innovadoras.

– Dar relevancia y espacio a la participación ciudadana no partidista.

– (…)

Una vez identificados estos objetivos habrá que determinar las obligaciones para los partidos que lleven a su cumplimiento. En este punto habrá que detenerse en la regulación básica del aspecto “estático” y el aspecto “dinámico” de los mismos.

El primero comprende las normas estatutarias (estatutos y reglamentos internos de desarrollo: qué materias deben comprender, el control de su aplicación, su publicidad e interpretación…) y la organización o estructura de los partidos (principios básicos de organización y órganos fundamentales de funcionamiento: los Congresos, los órganos de gobierno, los de control y garantías, su perfil y régimen de funcionamiento…).

El aspecto dinámico comprende los derechos de los ciudadanos en relación con los partidos, una relación que se gradúa en función de la implicación de los unos con los otros y que suele modularse desde la condición de mero elector hasta la de militante, pasando por el simpatizante y el afiliado. Se trata, obviamente, del núcleo que determina de forma esencial el grado de democracia interna de una organización partidista.

Ciertamente, un modelo de partido democrático y moderno debería transformar profundamente su estructura y organización para poder relacionarse de manera diferente (mucho más abierta, digital, fluida, dinámica y horizontal) con el “mero elector” y los grupos en que se integra, con la sociedad y con sus propios militantes. Ahora bien, en este punto surgen algunas preguntas: si bien los partidos son analógicos y parte de la sociedad es digital, ¿qué porcentaje de ésta es todavía analógica y por tanto refractaria a un cambio de relación con los partidos? ¿Puede una ley, en el marco constitucional vigente, obligar a una transformación drástica de aquellas estructuras y de ese modo de relación entre partidos y ciudadanos? ¿Hasta qué punto puede hacerlo respetando el derecho de autoorganización de los partidos políticos? Éste es probablemente uno de los temas que haya de debatirse con detenimiento.

Por supuesto que, además de éste, y en buena medida relacionados con él, habrán de debatirse otros temas esenciales. El régimen interno de los Congresos y otros órganos relevantes (periodicidad, funciones y funcionamiento, elección de sus miembros…). Los procedimientos para la elección de candidatos a esos órganos y de representantes para cargos públicos (tipo de voto, tipo de listas, primarias…). Las rendiciones de cuentas, económicas (transparencia y financiación), políticas (evaluación del programa electoral) y de gestión. El derecho a crear corrientes de opinión que garanticen la pluralidad interna. La consulta sobre los grandes temas. El procedimiento sancionador interno y sus garantías… Y de nuevo habremos de preguntarnos hasta qué punto una nueva ley de partidos puede obligarles a organizarse y funcionar de determinada forma, y desde qué punto habrá que conformarse con determinar que una decisión es sencillamente una “buena práctica” pero que no es obligatoria, es decir no exigible ante los tribunales.

En fin, se trataba solo de dar unas ideas para contextualizar la propuesta de impulsar una nueva ley de partidos políticos. Como se ve la materia es compleja, afecta a varios elementos esenciales del sistema y por sí sola da para mucho. Aún así no debería abordarse en solitario, sin alejar un poco más el foco sobre un escenario político y económico que exige con urgencia reformas y cambios de calado constitucional.