Si San Bernardo levantase la cabeza (sobre funerales de Estado)

Fernando Flores

Si San Bernardo levantase la cabeza estaría la mar de contento con España, pues comprobaría cómo la doctrina de las dos espadas que inventó allá por el siglo XI sigue vigente y en buena forma.

Ayer, una vez más, y en el contexto de una tragedia tan impactante y demoledora para la sociedad como la del accidente de tren que ha costado la vida a setenta y nueve personas, el Estado español mostró su incompetencia para cumplir adecuadamente el artículo 16 de la Constitución. Como en otras ocasiones (11M, incendio de Guadalajara, víctimas del metro en Valencia…) ni se respetó la aconfesionalidad del Estado, ni se respetó, lo que es especialmente grave, la libertad de conciencia y religiosa de los fallecidos (y familiares) que no profesaban la religión católica.

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A las siete de la tarde los representantes civiles del Estado (los Príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto a su esposa Elvira Fernández, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la duquesa de Lugo, Infanta Doña Elena, que presidieron la misa “oficial”; cuatro ministros, el Fiscal General del Estado, el secretario general del PSOE …) ocupaban sus asientos en la catedral de Santiago. Unos centímetros más arriba de ellos, en el altar, celebraba el Arzobispo Julián Barrio. Esa es la imagen de nuestro país, unas instituciones incapaces de estar a la altura que se requiere, incapaces de consolar a los ciudadanos en sus peores momentos sin un cura de por medio. Suena fuerte pero así es.

Dice el Tribunal Constitucional español, cuyo presidente ocupaba la primera fila de autoridades en el mencionado funeral, que la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual…” (STC 177/1996).

Es lo que se ha dado en llamar vertiente interna o negativa de la libertad religiosa. Junto a ella, y completándola, existiría la dimensión externa de la libertad religiosa, que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, es decir, para mostrar públicamente las mismas.

Pero no nos alejemos de la vertiente interna. El Tribunal Constitucional dice que la libertad religiosa es esgrimible ante “actos de los poderes públicos que, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado, obliguen a una persona a participar en un acto de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales”. Me pregunto si los familiares posiblemente agnósticos o ateos (o judíos, musulmanes, protestantes, budistas…) de las víctimas del accidente tenían opción de abstenerse de asistir al funeral, o estaban “obligados” a presentarse en el mismo. ¿Acaso va a haber otro homenaje de Estado diferente? Además, la sola “opción” de asistir ¿no se entromete ya en la libertad de conciencia del familiar? ¿Dónde queda su “claustro íntimo de creencias vinculado a la propia personalidad y dignidad”, si el hecho de no asistir a la catedral viene a revelar su “posición intelectual ante el fenómeno religioso”?

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El funeral oficiado por un obispo en una catedral católica obliga a los familiares no católicos a renunciar al homenaje del Estado al que tienen derecho, o a asistir a él en el marco de una celebración religiosa que no comparten. Eso vulnera su libertad de conciencia y religiosa. Sucedería lo mismo para los no musulmanes si ese funeral oficial se celebrase por un imam en una mezquita, o para los no judíos si se oficiase por un rabino en una sinagoga.

Se dirá por algunos que no es el momento de hablar de este tema. Nunca lo es. Cuando se argumenta “en caliente”, como es el caso, porque se trata de ruido innecesario que falta el respeto al dolor de los familiares de las víctimas (siempre, claro, que nos refiramos a los familiares católicos y nos olvidemos del dolor del resto, que suman a éste la afrenta de un homenaje a través de un rito ajeno). Cuando se argumenta “en frío”, porque no es un problema que preocupe a la sociedad, porque busca el enfrentamiento y la crispación, porque trata de arrinconar a la Iglesia en lo privado y perseguir a los creyentes.

Sí es el momento, cualquier momento lo es. Al menos habrá de serlo mientras, anclados en el siglo XI, se continúe incumpliendo la exigencia constitucional de neutralidad del Estado (que “veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”, STC 177/1996), y con ella la libertad de conciencia y religiosa de personas que ya tienen suficiente con la tragedia de perder a sus seres más queridos.

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La Estrategia de Seguridad Nacional y los derechos humanos

Fernando Flores

El martes día 9 de julio el Gobierno, por medio del Jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno (señor Moragas), presentó la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Como cabía esperar, este documento, adoptado el pasado día 31 de mayo por el Consejo de Ministros, pasó por allí sin pena ni gloria y prácticamente desapercibido para los medios de comunicación.

Y aunque esto era lo esperado, llama la atención que así fuera porque, si hacemos caso a las palabras con las que comenzó el señor Moragas su intervención, se trataba de presentar ante el Parlamento nada más y nada menos que el “momento fundacional en política de seguridad nacional” de nuestro país. Así que no se entiende muy bien la razón por la cual el Presidente del Gobierno evitó participar de ese momento histórico, se rebajó el perfil del mismo (su Director de Gabinete tiene rango de Secretario de Estado), y se sustrajo al Pleno de la Cámara el conocimiento y debate sobre cuestión tan relevante. Quizás ese bajo perfil informativo y de discusión era lo esperado porque era lo pretendido.

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Pero ¿qué es la Estrategia de Seguridad Nacional?

Las estrategias de seguridad son documentos programáticos que contienen un marco de referencia global y omnicomprensiva en materia de seguridad, y que sirven para integrar la respuesta de los Estados a problemas que afectan a esa seguridad. Sirven para poner en marcha políticas y mecanismos de gestión de crisis en situaciones complejas que se desarrollan en varios niveles (locales, nacionales, europeos e internacionales), en las que intervienen administraciones públicas y sectores privados y que precisan decisiones urgentes, por lo que requieren una planificación anticipada, estratégica, de los problemas que pueden presentarse y de las respuestas que deben ofrecerse (Felipe Arteaga).

Estos problemas para la seguridad de los que hablamos vienen denominados por las estrategias como “riesgos y amenazas”, y no se reducen a los clásicos problemas que afectan solo al territorio estatal y que tradicionalmente han activado respuestas militares o policiales. Los nuevos riesgos y amenazas, tal y como son concebidos en la actualidad, son generalmente transfronterizos y transversales, afectan a todos los sectores de la sociedad y desde luego repercuten en el bienestar de los ciudadanos.

La Estrategia de Seguridad Nacional (continuadora en lo esencial de la Estrategia Española de Seguridad de 2011) sigue este enfoque –como hacen las estrategias de EEUU, Gran Bretaña o Francia, aunque con algunas diferencias importantes–, y en consecuencia plantea una “visión integral de la seguridad nacional”, identificando doce riesgos y amenazas que la pueden comprometer: los conflictos armados; el terrorismo; las ciberamenazas; el crimen organizado; la inestabilidad económica y financiera; la vulnerabilidad energética; los flujos migratorios irregulares; la proliferación de armas de destrucción masiva; el espionaje; las emergencias y catástrofes naturales; la vulnerabilidad del espacio marítimo; y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales. Después, para cada riesgo y amenaza la ESN define un objetivo y traza unas líneas de acción estratégica, de prevención, precaución, responsabilidad y anticipación.

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Como puede comprenderse, a la vista de los campos tan diferentes que enumera el documento, son varias las perspectivas desde las que la ESN puede analizarse y comentarse, y como éste es un blog que se interesa por los derechos humanos, se entenderá que esa sea la mirada que proyectemos sobre ella. Sin embargo, antes de hacerlo quisiera apuntar una brevísima reflexión en torno a “los riesgos y amenazas globales”.

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Información vs. silencio o “el presidente no está para estos temas”

Pepe Reig

La dimensión propagandística de la política tiende siempre a crear las condiciones psicológicas adecuadas para los objetivos del gobierno de turno. Así, Zapatero quiso durante años transmitir su famoso “optimismo histórico”, hasta que se volvió en su contra porque la realidad apuntaba a una crisis que nadie iba a dejar de ver. Del mismo modo que el gobierno de Aznar había aprovechado los buenos indicadores macroeconómicos heredados de Solbes para inocular aquel mantra del “España va bien”, del que aún pretende vivir, mientras nos metía en la peor burbuja inmobiliaria y financiera de nuestra historia.

Igualmente, la insistencia del gobierno Rajoy en la “terrible herencia” de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, en los sacrificios y el peligro griego, durante su primer año cumplía una función de adormecimiento, muy conveniente para volver aceptable cualquier recorte y estaba en sintonía con aquella “doctrina del shock, que tan buenos servicios ha rendido en la destrucción del Estado del Bienestar.

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La administración de contenidos propagandísticos pesimistas por los portavoces populares tuvo, sin embargo, un punto de inflexión tras la famosa rueda de prensa de los “tres tenores” (Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos) a finales de abril, en la que se dieron datos tan realistas y previsiones tan a la baja, que lograron trasladar la impresión de que “el gobierno tiraba la toalla”. La alarma general que aquello produjo y la airada reacción dentro de sus propias filas de, entre otros, el propio Aznar, indujo el cambio de estrategia que ahora estamos viendo: salvo el uso, totalmente prohibido, del término “brotes verdes”, se nos bombardea ahora con toda clase se esperanzadores signos de recuperación y hasta se anuncia una pronta creación de empleo. Si el esquema no fuera tan obvio, sería inteligente.

Las estrategias de comunicación sobre la crisis acaban siempre en el dilema de si contar lo malo o anunciar lo bueno, pero con la corrupción es otro cantar. Desde que aflora el caso Gürtel, luego convertido en caso Bárcenas, la comunicación del PP ha consistido en negar la evidencia. Del “no hay nada” se pasó sin transición al “no me consta”. De ahí al “ya no trabaja aquí”, “nadie me chantajea” y “el presidente está en otra cosa”. Últimamente parece que llegamos a que “nos preocupa cero” y a que todos los demás son cómplices del tesorero, menos el partido que lo empleaba. En el fondo es pura superstición, creen que no hablando de ello, acabará desapareciendo.

Todo líder desea aparecer asociado a buenas noticias y no a chapapotes o primas de riesgo. Y, puesto que es el propio líder quien elige el contexto y el tema de su aparición, habrá que concederle ese derecho. Pero ¿seguro que un presidente del Gobierno puede desaparecer cuando sube la prima de riesgo o cuando Bárcenas enseña sus contabilidades y otras zarpas?

Bárcenas no existe y Rajoy tampoco

Cuando el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Bárcenas, el ex tesorero del PP, que había sido cerrada por el TSJ de Madrid, con imputaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, Mariano Rajoy atravesaba uno de sus frecuentes barbechos informativos. Hacía 10 días de la última rueda de prensa y aún tardaría otros diez más en comparecer, aunque en forma de “canutazo” (declaración breve) y sin referirse para nada al asunto. Tampoco lo hizo en las fechas siguientes que son las de la huelga general y la amnistía fiscal.

En todo ese año repleto de Gürtel, Bárcenas, amnistía, prima de riesgo, reforma laboral y rescate bancario, el presidente del Gobierno concedió 6 ruedas de prensa en solitario y 12 acompañado por algún ilustre visitante. Los datos, reunidos por 20 Minutos en una útil infografía, muestran el patrón  de conducta del silente Rajoy: evita hablar donde te esperan (podría surgir algún imprevisto) y nunca lo hagas cuando hay problemas, de eso que se ocupe otro. Puro estilo Rajoy.

Aunque el diario amigo, ABC, maquilla los datos para dar la impresión de que Rajoy comparece más que Obama, lo cierto es que de las 46 ruedas de prensa que le atribuye al presidente desde la investidura, sólo 5 son nacionales, es decir, en solitario y sin la típica limitación de dos preguntas por país. Por en medio hemos tenido huidas por el sótano, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en forma de ectoplasma y respuestas del tipo de “ese asunto ya tal”. Puro estilo, puro Rajoy.

Por no hablar de las comparecencias ante el Congreso y el Senado. O mejor dicho de los vetos del PP a que comparezca el presidente. Ocho debates plenarios y 25 sesiones de control, según el recuento entusiasta del ABC. Pocas, tardías, esquivas y con graves síntomas de afasia en la pronunciación del nombre de Bárcenas.

Lo malo es que el potencial dañino del caso se acaba de multiplicar por mil con el ingreso en prisión del ex tesorero, la aparición de los papeles originales, que ya conocíamos por fotocopias, y las revelaciones sobre la cobertura que el partido y su presidente le han seguido dando al presunto delincuente. Si frente a la crisis había una estrategia, aunque burda, frente a esto no había más que la determinación de Rasell Crow en Una mente maravillosa: “¡No eres real! ¡No eres real!”.

El derecho a la información significa no sólo que se han publicar periódicos y telediarios, sino que las personas al frente de las instituciones han de ser visibles y audibles de modo permanente. Pero aquí, y es cosa que el periodismo y la militancia política tendrían que hacerse mirar, habíamos dejado de ejercer el derecho a preguntar, al tiempo que concedíamos un extraño derecho al silencio. El silencio de las comparecencias sin preguntas, preguntas sin réplica y mentiras sin desmentidos. La explicación, la información, la rendición de cuentas, las preguntas de diputados y periodistas, no son un medio de propaganda de quien está al mando, sino un derecho de quienes le han elegido y tienen el poder de revocarlo.

El rodillo parlamentario acaba de tener su momento de gloria al evitarle a Rajoy una comparecencia sobre el redoblado caso Bárcenas. La siesta veraniega que el Grupo Popular le ha garantizado a su presidente, pasará a la historia como el paradigma de un inexistente “derecho al silencio” que no es otra cosa que la extinción del derecho ciudadano a la información. Todo un síntoma, junto a la televisión de plasma, del deterioro de nuestra democracia. Pero es que había que recordar que la información no era una opción, sino un derecho y, por ende, una obligación.

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La Punta: orgullo y vergüenza

Fernando Flores

La lucha por los derechos está hecha de pequeñas luchas enormes, de gestos insignificantes quizás para un mundo veloz y poco dado a la empatía, pero extraordinarios por la fuerza, el valor y la tenacidad de las personas anónimas que las protagonizan.

El caso de La Punta es uno de los episodios más importantes y dolorosos de vulneración y lucha por los derechos que ha tenido lugar en los últimos años en el desgraciado territorio valenciano. Más de 100 familias desahuciadas, 750.000 metros cuadrados de huerta litoral arrasada, alquerías históricas destruidas, silencio y desprecio a las quejas vecinales, y durísima represión a la resistencia ciudadana.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la nulidad del Plan que produjo todo eso, “por eludir la legislación vigente, obviar un trámite obligatorio como la evaluación ambiental estratégica y seguir adelante con la destrucción de La Punta pese a la sentencia del Tribunal Supremo que en 2009 anulaba el plan y que ahora ratifica el TSJ”.

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A quienes han hecho de la prevaricación su modo de hacer política no les importan ni las leyes ni las sentencias judiciales ni los derechos de los ciudadanos. Destruirán hasta que les dejen. Que les pregunten a los vecinos del Cabanyal, a las víctimas del accidente del Metro, o a las defensores de la huerta.

Así que esa sentencia no va a cambiar nada en las personas y maneras de la política valenciana. Ayer la alcaldesa Barberá visitaba como si nada la zona portuaria con el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien (después de designar a Valencia la primera –otra vez la primera, la mejor y la más grande- ciudad española elegida como ayuntamiento olímpico), afirmó que nuestra ciudad es un “modelo mundial a la hora de entender el deporte”. Y Juan Cotino, el conseller de Medio Ambiente responsable del desastre (de este también) humano y natural se encontraba en paradero desconocido.

La Comunidad Valenciana avergüenza a muchos de los que allí somos. Lo hacía cuando parecía que todo iba bien, cuando la propaganda y el dinero envenenaba, destruyéndolos, instituciones y ciudadanos. Y lo hace en este momento, porque es difícil no sentir vergüenza de lo que nos hemos convertido. Pero también debe reivindicarse con orgullo que fue gente de aquí, y amigos que vinieron de fuera, la que luchó hasta el último día para que los derechos y la dignidad del pueblo no fueran pisoteadas, y eso debe recordarse y decirse. Como declara uno de los desahuciados en las últimas escenas del excelente documental sobre esa lucha –“A Tornallom”:

No asumo el hecho de que me están tirando de casa. No lo asumo. Y lo quieren silenciar y esconder. Que se sepa…

Que se sepa.

Foto: Kai Fosterling

Video: Enric Peris y Videohackers

Google y el derecho a ser olvidados en Internet

Ana Valero

¿Es posible desaparecer de Internet hoy en día? En un caso que se remonta al año 2010, la Audiencia Nacional española formuló esta pregunta a la Justicia europea para resolver un caso que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos y al gigante informático Google, y la respuesta, por ahora, ha sido negativa.

El 25 de junio de 2013, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido un dictamen –no vinculante pero sí seguido por el Tribunal en un 80% de los casos–, en el que afirma que en el marco la legalidad europea vigente no se reconoce el derecho de una persona a pedir a los motores de búsqueda de Internet, esto es, Google en régimen casi de monopolio, que eliminen informaciones que contienen sus datos personales.

Actualmente podríamos decir que cada uno de nosotros posee una “identidad digital”. Así, es impredecible la cantidad de información personal que, como consecuencia de nuestra participación en las redes sociales o de las comunicaciones que llevan a cabo las administraciones públicas y los tribunales de justicia en sus boletines oficiales o las empresas privadas, existe en Internet. Dicha “identidad digital” está progresivamente superando en importancia a nuestra “identidad real”. Y ello porque, cuando tecleamos en buscadores como Google nuestro nombre y apellidos, se arrojan tal cantidad de aspectos de nuestra personalidad que cualquier internauta medianamente atento puede diseñar un perfil de nuestros gustos de consumo, nuestra ideología política, nuestra orientación sexual o nuestras creencias religiosas. A partir de ahí, la cantidad de imputs publicitarios que recibimos en nuestros correos electrónicos es sólo el primer paso de un camino que puede llegar a determinar nuestra reputación social o, incluso, nuestro futuro laboral.

Pero ¿qué sucede si nuestra “identidad digital” está diseñada, además, a partir de actos que pertenecen a nuestro pasado y que han dejado una huella imborrable en la web? ¿Es posible que nuestra “identidad real” no pueda apartarse de una sombra tan alargada?

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El caso que me sirve de excusa para escribir este artículo es un claro ejemplo de ello. Así, un ciudadano español solicitó en el año 2010 a la Agencia Española de Protección de Datos que exigiese a Google la eliminación de los resultados de sus búsquedas de los vínculos a un anuncio publicado en un periódico sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas ya saldadas a la Seguridad Social. La Agencia actuó a petición de tal ciudadano y sancionó a Google exigiéndole la cancelación solicitada, y el gigante informático recurrió tal decisión ante la Audiencia Nacional apelando a la sacro santa libertad de expresión, derecho que se vería lesionado si se le obligase a suprimir dicha información del resultado de sus búsquedas. Entre los argumentos de Google destaca, además, que, según él, corresponde a la fuente original de la información, esto es, al periódico que publicó la noticia en el presente caso, corregirla si es incorrecta.

           Pero ¿qué es el “derecho al olvido” en Internet?

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Vivienda y menores: lejos de un sistema político digno

Fernando Flores

El Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto (marzo 2013), comienza así:

El mundo actual está sumido en una crisis de inseguridad en la tenencia. Si bien el acceso seguro a una vivienda y a tierras es una condición necesaria para la dignidad humana y un nivel de vida adecuado, muchos millones de personas viven bajo la amenaza constante del desahucio o en una situación ambigua en la que las autoridades o algunos agentes privados pueden cuestionar su tenencia en cualquier momento.

La magistrada del Juzgado de Instancia núm.39 de Madrid, Lourdes Menéndez, ha dictado una providencia por la que suspende el desahucio de una familia con tres menores de edad (de 12 años, 11 años y 11 meses), hasta que la Administración (la ejecutante, pues la vivienda pertenece al Ayuntamiento de Madrid) explique qué medidas concretas piensa a adoptar para garantizar el debido alojamiento de los menores afectados por el proceso de ejecución.

Tres meses atrás, el 6 de marzo, la juez había emitido un auto en el que, constatando que concurrían los requisitos para el desahucio (falta de pago de rentas debidas), llamaba la atención sobre la presencia de otras circunstancias normativas también relevantes que afectaban a los derechos de las personas.

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